Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 8 de mayo de 2023
Deniega la tutela
El impetrante de tutela denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; alegando que la Vocal ahora demandada al emitir el Auto de Vista 214, y resolver los recursos de apelación planteada por ambas partes procesales, revocó el Auto Interlocutorio impugnando deponiendo su detención preventiva con una motivación arbitraria, y argumentos incongruentes que no se ajustan a los agravios expuestos; asimismo no tuvo presente sus argumentos, situaciones cursantes en el proceso, y omitió valorar prueba; además consideró la concurrencia de riesgos procesales como si se tratase de una audiencia cautelar, situación que ya fue analizada con anterioridad.
En consecuencia, corresponde verificar si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 14/2022 de 25 de junio, cursante de fs. 48 a 51, emitida por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0275/2023-S4 Sucre, 8 de mayo de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 48747-2022-98-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 14/2022 de 25 de junio, cursante de fs. 48 a 51, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jorge Rafael Galvarro Gómez en representación sin mandato de Marcelo Mario Salas Viruez contra Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 24 de junio de 2022, cursante de fs. 1 a 3, el impetrante de tutela través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra –por la presunta comisión del delito de estafa con agravación de víctimas múltiples– en audiencia de medidas cautelares realizada el 25 de marzo de 2021, se desvirtuó los riesgos procesales; habiendo demostrando contar con familia, trabajo y domicilio; por ende, un arraigo natural; respecto al peligro procesal de fuga y obstaculización se mencionó que éstos no concurrían debido a que no sería posible obstaculizar la averiguación de la verdad; toda vez que, el proceso ya se encuentra en etapa de juicio, encontrándose todas las pruebas bajo el resguardo del Juzgado, no existiendo ninguna actuación investigativa pendiente de realización; en consecuencia, el Juez de Sentencia Penal Segundo del departamento de Santa Cruz, haciendo una correcta valoración de todos los elementos dispuso la aplicación de medidas cautelares como es la presentación en el Juzgado una vez por mes y la fianza económica de Bs10 000.- (diez mil bolivianos).
La parte acusadora, solicitó que las medidas cautelares antes mencionadas sean revocadas, al amparo del art. 247.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), ya que por su estado delicado de salud no acudió al Juzgado a realizar las firmas mensuales impuestas; en la audiencia convocada al efecto, presentó la documentación que acredita dicho extremo, haciendo presente que todas las personas tienen derecho a la salud, siendo obligación del Estado de proteger este derecho en todos sus niveles, promoviendo políticas orientadas a mejorar la calidad de vida; dado que, con dichos argumentos y la documental presentada se demostró que no fue su intención incumplir con la medida impuesta. Sin embargo, la parte acusadora, solicitó se imponga su detención preventiva amparándose en hechos, pruebas ya compulsadas por el Juez a quo hace más de un año atrás, pretendiendo se realice una segunda audiencia cautelar con hechos, riesgos procesales y pruebas ya valorados; por lo que, el Juez a cargo advirtiendo estos extremos, mantuvo su libertad modificando solo la cuantía de la fianza económica. No obstante, una vez planteado el recurso de apelación por la parte acusadora, la Vocal ahora demandada emitió el Auto de Vista disponiendo su detención preventiva, con consideraciones incongruentes que no se ajustan a los hechos apelados, menos a los elementos de convicción arrimados a lo largo del proceso; por otro lado, tampoco consideró los elementos de convicción y argumentos expuestos por su parte en el verificativo celebrado al efecto, existiendo incongruencia omisiva, y falta de motivación en dicha Resolución.
El impetrante de tutela denunció la lesión de su derecho a la libertad; citando al efecto, el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga dejar sin efecto el Auto de Vista 214 de 23 de junio de 2022 pronunciado por la Vocal demandada; así como el mandamiento de detención preventiva.
Celebrada la audiencia pública el 25 de junio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 44 a 47 vta., presente la parte accionante y ausente la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:
El solicitante de tutela a través de su representante sin mandato, ratificó los términos de su acción de libertad y ampliándolos señaló que: a) La audiencia de revocatoria se llevó a cabo el 20 de mayo de 2022, en la cual el Juez a quo, actuando de forma correcta y viendo los antecedentes del caso, modificó las medidas cautelares, indicando que las firmas de control serían cada quince días y la fianza de Bs100 000.- (cien mil bolivianos) decisión que fue apelada por ambas partes; b) El 22 de junio de 2022, curiosamente la Vocal ahora demandada confundió el acto, como si se tratara de nuevo de una audiencia de medidas cautelares; toda vez que, valoró pruebas que no conocía, e indicó que no tendría trabajo, pese a estar acreditado y ejecutoriado tal extremo, señalando además, que existe riesgo de fuga y obstaculización y que tiene favoritismo por parte del Juez que llevó la causa, ya que, se había llevado a cabo la audiencia de revocatoria de forma virtual; que la revocatoria de las medidas se habría solicitado el mes de febrero; empero, la audiencia se llevó a cabo recién en mayo, ello, con la intención que pueda cumplir con las medidas impuestas; argumentos que no fueron sustentados de forma legal, además en audiencia se procedió a dar lectura un sin número de carátulas de procesos, siendo los elementos por los cuales sustenta que estuviera latente el peligro de fuga y obstaculización; sin embargo, esa audiencia no era de revisión de medidas cautelares sino de una apelación por solicitud de revocatoria de medidas por incumplimiento de las mismas; c) Al emitir el Auto de Vista de 23 de junio de 2022, se incurrió en motivación arbitraria y en omisión de valoración de datos actuales que cursan en el proceso; se indicó que no tendría trabajo, cuando estos elementos fueron demostrados el 25 de marzo de 2021; otra motivación arbitraria radica en que, para revocar las medias cautelares y decidir por la detención preventiva, la autoridad demandada refirió que el Juez a quo habría expresado un sistemático favoritismo hacia su persona; sin embargo, las medidas cautelares se basan en función al comportamiento del imputado y no de terceras personas, y mucho menos de un supuesto favoritismo, tampoco manifestó cuales serían los motivos de dicho favoritismo; es así que, la imposición de la detención preventiva no es automática, sino, conforme a la línea jurisprudencial, para ello se debe hacer una valoración integral de todas las circunstancias que sustentan la imposición de dicha medida; y, d) El Juez de primera instancia hizo una valoración y agravó las medidas cautelares; empero, la Vocal demandada fue más allá, decidiendo por su detención preventiva con una Resolución con motivación arbitraria y omisión valorativa, siendo una decisión totalmente abusiva.
Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante informe presentado el 25 de junio de 2022, cursante de fs. 29 a 43 vta., manifestó que: 1) El control de legalidad ordinaria, es decir la aplicación de la ley respecto a una materia específica, en el caso presente en materia penal, es facultad exclusiva de los Jueces y Tribunales ordinarios, estando el Tribunal de garantías obligado a aplicar los principios que establece la Constitución Política del Estado, es decir proteger los derechos y garantías individuales a la competencia que ejercen como Tribunal de alzada, a menos que la lesión del derecho a la libertad sea groseramente contraria a la Ley y la Norma Suprema; lo cual en el caso presente no ocurrió; sino que, el accionante pretende utilizar como una instancia más para que éste Tribunal revise los actos de la autoridad demandada; y, 2) El impetrante de tutela cuestiona el Auto de Vista 214, sin señalar las razones del porqué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada e arbitraria, sino durante todo el memorial de acción de libertad, simplemente realizó una relación de antecedentes y citó jurisprudencia constitucional; sin considerar que la labor interpretativa y decisión en cuanto a atender una apelación de medidas cautelares es una atribución privativa de los jueces y tribunales ordinarios en materia penal, separación básica que el abogado del impetrante de tutela no supo diferenciar; por lo que, no corresponde ingresar analizar el fondo de lo peticionado Teniéndose seguidamente una trascripción del Auto de Vista cuestionado.
El Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 14/2022 de 25 de junio, cursante de fs. 48 a 51, concedió la tutela solicitada disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista de Vista 214 de 23 de junio de “2023” –lo correcto es 2022–, debiendo la Vocal demandada, en el plazo de veinticuatro horas, emitir una nueva resolución debidamente fundamentada y motivada, circunscrita únicamente a los agravios que constan y deben reflejarse del Auto de 20 de mayo de igual año, con respecto al art. 247 del CPP; y, asimismo, considerando que se dejó sin efecto el Auto de Vista, queda sin efecto también el mandamiento de detención preventiva; decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) El art. 398 del CPP, establece con claridad la competencia que tiene el Tribunal de alzada “los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”, así el art. 247 del mismo Código, refirió que las causales de revocación de las medidas cautelares de carácter personal; teniéndose que revisado el Auto de Vista cuestionado, que la Vocal demandada fue un poco más allá de lo pedido por la parte civil, actuando “ultrapetita”; incluso en el presente proceso, el accionante se encuentra con sentencia condenatoria, pese a esa situación está sometido al proceso; cabe aclarar que este Tribunal de garantías desconoce si cumplió o no estas medidas que se le agravan; debiendo considerarse que estamos en un Estado constitucional de derecho, es decir que se debe ir más allá de la letra muerta de la ley, teniendo que realizarse una valoración de los antecedentes de toda resolución, no solo como se ve en el Auto de Vista, que plasma todo lo manifestado por la parte apelante, donde inclusive hay una lista de procesos posiblemente con número de “ianus” que no hizo referencia la parte apelante; por lo que, este Tribunal considera que la autoridad demandada se excedió y no fue objetiva, tampoco dio cumplimiento a lo previsto en el art. 398 del CPP; y, ii) En un Estado constitucional de derecho se debe usar la razón y la lógica para pronunciar fallos apegados a la justicia, y justicia, no es enviar a alguien a “palmasola”, sino que, se debe aplicar el bloque de constitucionalidad; toda vez que, evidentemente se tiene que el imputado incumplió una medida; sin embargo, sigue en el proceso, y “se ha demostrado según dice el auto de vista con certificado médico…” (sic); teniéndose en ese mérito, que la Vocal ahora demandada debe estar a lo que establecen los arts. 233.1 y 2 y 247, y no realizar una simple lectura de lo que acontece o aconteció en la etapa preparatoria, indicando los procesos que tiene acusación formal, un acta de audiencia de medida cautelar, memoriales y otros aspectos que están plasmados en el citado Auto de Vista, haciendo presumir que existen nuevos riesgos procesales, cuando lo único que se hizo es apelar a una medida de revocatoria; por lo que, debió conocer y analizar el Auto que dictó el Juez a quo, resolviendo conforme establece la norma procesal.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Acta de Audiencia de Apelación incidental a la Revocatoria de Medidas Cautelares, de 23 de junio de 2022, acto procesal desarrollado en la Sala Penal Segundo del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a cargo de la Vocal, Arminda Méndez Terrazas; asimismo, se tiene el Auto de Vista 214 de igual data, en el que se declaró admisible e improcedente el recurso interpuesto por Mario Marcelo Sala Viruez –ahora accionante– y admisible y procedente el recurso de apelación incidental planteado por Cesar Ramiro Andrade como parte civil; en consecuencia, se dispuso la revocatoria del Auto Interlocutorio 95/2022 de 20 de mayo, emitido por el Juez de Sentencia Penal Segundo del mismo departamento (fs. 16 a 28).
El impetrante de tutela denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; alegando que la Vocal ahora demandada al emitir el Auto de Vista 214, y resolver los recursos de apelación planteada por ambas partes procesales, revocó el Auto Interlocutorio impugnando deponiendo su detención preventiva con una motivación arbitraria, y argumentos incongruentes que no se ajustan a los agravios expuestos; asimismo no tuvo presente sus argumentos, situaciones cursantes en el proceso, y omitió valorar prueba; además consideró la concurrencia de riesgos procesales como si se tratase de una audiencia cautelar, situación que ya fue analizada con anterioridad.
En consecuencia, corresponde verificar si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 743/2022-S4 de 12 de julio, al respecto y enunciando la SCP 0336/2019-S4 de 5 de junio, refirió que: “La garantía del debido proceso, se encuentra prevista en el art. 115.II de la CPE, cuyo texto señala: 'El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones'; asimismo, se encuentra reconocido como un derecho humano por instrumentos internacionales en la materia, en los arts. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), instrumentos comprendidos dentro del bloque de constitucionalidad conforme al art. 410.II de la CPE En ese sentido, la jurisprudencia constitucional precisó que el debido proceso es: '…el derecho de toda persona a un proceso justo, oportuno, gratuito, sin dilaciones y equitativo, en el que, entre otros aspectos, se garantice al justiciable el conocimiento o notificación oportuna de la sindicación para que pueda estructurar eficazmente su defensa, el derecho a ser escuchado, presentar pruebas, impugnar, el derecho a la doble instancia, en suma, se le dé la posibilidad de defenderse adecuadamente de cualquier tipo de acto emanado del Estado, donde se encuentren en riesgo sus derechos, por cuanto esta garantía no sólo es aplicable en el ámbito judicial, sino a todos los procesos según la naturaleza de los mismos y las normas que lo regulan' (SC 0250/2010-R de 31 de mayo).
(…)
En cuanto a la congruencia, la jurisdicción constitucional estableció abundante jurisprudencia al respecto; así, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, sostuvo que ésta implica: '…la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes.
no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió.
Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia…
Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” (SC 1365/2005-R de 31 de octubre, citada y reiterada por las SSCC 0871/2010-R, 2017/2010-R, 1810/2011-R y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0405/2012, 0666/2012, 2039/2012, 0527/2015-S3, entre otras)'
Los anteriores precedentes jurisprudenciales, resaltan la importancia del deber de las autoridades judiciales, respecto a la tarea de motivar y fundamentar sus resoluciones; pues, a través del cumplimiento de tales componentes del debido proceso, optimizan el adecuado ejercicio del derecho a la defensa en favor de las partes litigantes; también, constituye un elemento que permite analizar, verificar y controlar de manera eficaz el desempeño de las funciones jurisdiccionales, ya que el deber de justificar y/o argumentar las resoluciones a través de la motivación y fundamentación configurando una estructura de hecho y de derecho, permite dar a conocer a las partes en forma clara y sencilla el porqué de una determinada decisión y los alcances de la misma respecto a un determinado reclamo o a una pretensión procesal formulada; aspecto relacionado con el deber de garantizar el principio de congruencia, dado que la resolución debe enmarcarse en lo pretendido o solicitado por las partes, permitiendo además, realizar un control efectivo de las diferentes instancias y etapas del proceso, a través de los medios de impugnación que la ley reconoce a los sujetos intervinientes en un litigio judicial” (las negrillas nos pertenecen).
De obrados se tiene que, el impetrante de tutela fue procesado penalmente por la presunta comisión del delito de estafa con agravación de víctimas múltiples, previsto y sancionado por el art. 335 del Código Penal, –el cual se encuentra con sentencia condenatoria en primera instancia–; habiéndose dispuesto en su contra la aplicación de medidas personales por Auto Interlocutorio de 25 de marzo de 2021, como son la presentación en sede judicial una vez por mes a firmar un libro de asistencia y una fianza económica de Bs10 000.-; Ante ello, la parte acusadora solicitó la revocatoria de dichas medidas considerando que las mismas fueron incumplidas, llevándose a cabo el verificativo señalado al efecto, el 20 de mayo de 2022, emitiéndose el Auto interlocutorio 95/2022 de igual fecha, en el que se hubiere dispuesto –a decir de las partes ya que no se adjuntó dicha Resolución– la detención domiciliaria del accionante en horario nocturno de 22.00 a 5:00 considerando no afectar su derecho al trabajo, y firma de asistencia en el despacho judicial, cada quince días así como la ampliación de la finanza económica en Bs100 000.-; decisión ante la cual, ambas partes procesales interpusieron su respectivo recurso de apelación, el que fue resuelto por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz a cargo de la Vocal ahora demandada mediante el Auto de Vista 214 de 23 de junio de 2022, declarando admisible e improcedente el recurso de apelación incidental interpuesto por Mario Marcelo Sala Viruez –ahora accionante– y admisible y procedente el recurso de apelación incidental planteado por Cesar Ramiro Andrade como parte civil; disponiéndose en consecuencia, la revocatoria del Auto Interlocutorio 95/2022, emitido por el Juez de Sentencia Penal Segundo del mismo departamento, y en ese mérito, la detención preventiva del impetrante de tutela (Conclusión II.1).
Ahora bien, ingresando al análisis de fondo de la problemática deducida mediante la presente acción de defensa, a efectos de determinar la existencia o no de la lesión del derecho a la libertad alegada, traducida en una presunta incongruencia omisiva, y falta de fundamentación del Auto de Vista cuestionado, en el cual, la autoridad demandada hubiere considerado prueba y riesgos procesales ya analizados en audiencia cautelar, y vertido argumentos subjetivos sin asidero legal.
En ese marco, remitiéndonos al Acta de Audiencia de Apelación de la audiencia de Revocatoria de Medida Cautelar, cursante en la Conclusión II.1 del presente fallo constitucional; en cuyo acto, de manera oral se presentó la apelación incidental por parte del accionante; se advierte que la misma se fundó en los siguientes agravios: a) En la audiencia de revocatoria de medida cautelar, el Juez a quo dispuso como fianza económica la suma de Bs 100 000.- por lo que se considera que el Auto Interlocutorio recurrido no se encuentra debidamente fundamentado ni motivado, ya que dicha autoridad no explicó cuál es la razón de su decisión de forma objetiva, imponiendo una suma de imposible cumplimiento; b) Se omitió valorar que el accionante tiene una empresa, la cual sigue vigente pese a la pandemia; empero, no cuenta con los recursos fijados para la fianza, que ya fue impuesta anteriormente y cumplida en su oportunidad; manifestando nuevamente que no existe fundamentación legal para haber elevado el monto, más aun considerando que la única finalidad de dicha medida es asegurar la presencia del imputado dentro de un proceso; empero, en el presente proceso ya se cuenta con sentencia en primera instancia la cual aún no está ejecutoriada, sino en fase de apelación; y, si la finalidad es de asegurar una posible reparación de daños y perjuicios no se argumentó nada al respecto; por lo que, solicita se revoque la fianza que fue modificada y se mantenga la que fue impuesta en audiencia cautelar; c) –en respuesta al recurso de apelación de la parte querellante refirió–, la parte ahora accionante manifestó su sorpresa por la confusión respecto al motivo de la audiencia, ya que no se trata de una audiencia cautelar para que se analice sobre la concurrencia de riesgos procesales, sino una audiencia de apelación planteada contra el Auto Interlocutorio que proviene de una revocatoria de medida cautelar; en esa oportunidad el Juez valoró la documental existente y se acreditó familia, trabajo y domicilio, así como desvirtuó los riesgos procesales alegados; razón por la cual, se otorgó medidas sustitutivas y dicho Auto Interlocutorio quedó ejecutoriado; d) Es evidente que se solicitó la revocatoria de las medidas conforme el art. 247.1 del CPP; empero, se pone a conocimiento que en el trascurso del proceso se presentó varios certificados médicos y exámenes complementarios por los que se demostraba su estado delicado de salud, y que, una vez recuperado pudo cumplir la medida conforme se había dispuesto; y que, el accionante estuvo presente de forma virtual en todos los llamados de la autoridad en la etapa de juicio; y, finalmente; y, e) Refirió que, no se va a manifestar respecto a si tiene familia, trabajo o domicilio porque no corresponde a esa audiencia, solicitando se confirme el Auto Interlocutorio cuestionado, con la modificación que fue apealada y argumentada por su parte, siendo el incumplimiento invocado solo respecto a la firma de asistencia al Juzgado, situación que ahora viene cumpliendo, conforme lo dispuso el Juez -dos veces al mes–, pudiéndose requerir informe a Secretaría del Juzgado al respecto.
Por su parte, el querellante planteó su recurso de apelación contra el mismo Auto Interlocutorio 95/2022, exponiendo los siguientes agravios: 1) Se lesionó el debido proceso en su elemento fundamentación, siendo dicha resolución totalmente incongruente y contradictoria en sus argumentos; toda vez que, el Juez a quo, no obstante advertir el incumplimiento de la medida impuesta por el Auto Interlocutorio de 25 de marzo de 2021, de presentarse ante su autoridad los meses de mayo a diciembre de 2021 y enero de 2022, y, que conforme establece el art. 247 del CPP la medida cautelar se revocará cuando se incumpla las obligaciones impuestas en el inc. 1) de la citada norma; no ordenó la detención preventiva del ahora accionante, con fundamentos incongruentes y subjetivos; 2) Se acompañó documental conforme el art. 173 del CPP, que demostró la concurrencia del art. 234.1 y 2 respecto al elemento trabajo ya que se obtuvo la certificación de 2 de febrero de 2022, expedida por la Cámara de Construcción en la que se establece que el imputado no cuenta con registro en dicha institución como constructor, conforme se tenía establecido en la audiencia cautelar; por lo que, se demostró que dicho sujeto procesal no cuenta con actividad lícita en el país, teniendo las facilidades para abandonarlo e incluso permanecer oculto, mas cuando existe una sentencia en primera instancia, en la que se demostró que fue autor del delito de estafa realizada a todas las víctimas en una suma de más de un millón de dólares; por lo que, cuenta con los recursos económicos para fugarse o permanecer oculto; 3) Con referencia al art. 234.4) del CPP, se demostró que el acusado incumplió a los señalamientos de audiencia, siendo la razón por la que recién se cuenta con una sentencia después de cinco años; 4) Se demostró con el historial de denuncias ante el Ministerio Público, varios proceso en su contra, incluso se le aplicó una salida alternativa por el delito de estafa, por lo que concurre el riesgo previsto en el art. 234.5) del CPP; así se tiene latente el peligro de obstaculización hasta la ejecutoria de la sentencia que pesa en su contra conforme el art. 235.2 del mismo Código; y, 5) No se estableció la instrumentalidad y variabilidad de las medidas cautelares establecidas en el art. 221 del CPP, que instaura la posibilidad de restringir la libertad dentro de un proceso cuando sea indispensable asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley, para que se desarrolle y aplique correctamente la imposición de la penal hasta su ejecutoria, pues ante la existencia de peligro de fuga y obstaculización, y la existencia de una sentencia de primera instancia es procedente la detención preventiva; argumentos que no fueron considerados por el Juez a quo, quien simplemente alega de manera contradictoria que si existió el incumplimiento en las firmas correspondientes pero no concurren los riesgos procesales de fuga y obstaculización, omitiendo valorar descriptiva y selectivamente las documentales aportadas al efecto; sin embargo, modifica las medidas cautelares imponiendo la presentación a su despacho cada quince días y la detención domiciliaria en horario nocturno de 22:00 a 5:00 considerando no afectar el derecho al trabajo, finalmente modifica la fianza económica en la suma de Bs100 000.- siendo por lo tanto, una resolución sin fundamentación al no haber descrito y valorado la documental y prueba acompañada por las partes, solicitando en consecuencia se revoque las medidas cautelares impuestas en mérito al art. 247.1 y 2 del CPP, y el 398 y, se disponga la detención preventiva del acusado en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palmasola por el plazo de seis meses.
Ahora bien, analizado el Auto de Vista cuestionado, se tiene que la autoridad demandada, fundamentó su determinación de revocar el Auto interlocutorio impugnado, y disponer la detención preventiva del accionante, sobre la base de los siguientes argumentos: i) Se acreditó de manera fehaciente con el Informe emitido por la Secretaria del Juzgado, que, de la revisión del cuaderno firmas, el acusado no habría firmado el libro correspondiente, siendo la única firma del 19 de abril de 2021; correspondiendo la revocatoria de las medidas cautelares al haber quebrantado la instrumentalidad de dicha medida, demostrándose que no se tiene seguridad en la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley, al contarse ya con una sentencia condenatoria; ahora bien, el Juez a quo argumentó que sí habría firmado los meses de febrero a mayo de 2022; empero, ello fue de manera posterior a la solicitud de revocatoria que fue el 2 de febrero del citado año, y la audiencia fue llevada a cabo después de tres meses y dieciocho días, por lo que, tuvo la oportunidad de firmar el libro en el Juzgado, advirtiéndose que incurrió en lo previsto por el art. 247 del CPP; ii) Se presentó certificación de 2 de febrero de 2022, por la que se acreditó que el acusado no tendría empresas registradas a su nombre, demostrándose en juicio oral que, a través de dicha actividad –constructor- estafó a las víctimas; asimismo, el acusado se negó refutar dichas pruebas que se encuentran en antecedentes; concluyéndose que el encausado no cuenta con actividad lícita en el país; habilitándose el art. 234.2 del CPP; iii) Respecto al comportamiento del acusado en el proceso, en la medida que implica la voluntad de someterse al mismo; se tienen audiencias que fueron suspendidas dentro del caso, como son las de febrero, marzo y abril de 2022, demostrando así un comportamiento reticente dentro del proceso, más cuando ahora cuenta con una sentencia condenatoria; lo que también fue reconocido por el Juez a quo; iv) El Juez de primera instancia, evitó dar respuesta respecto a la prueba presentada, indicando que no se pidió habilitar este riesgo en audiencia cautelar, sin considerar las características de las medidas cautelares, teniéndose la concurrencia del art. 234.5) y 6) del CPP; toda vez que, se advierte que el acusado cuenta con varias denuncias por los delitos de instrumento falsificado, sentencia condenatoria por peculado, y otros procesos penales por estafa con agravante de víctimas múltiples, pruebas que no fueron valoradas por el Juez de forma negativa o positiva, por lo que, realizando una valoración integral de las mismas, se tiene la concurrencia de actividad delictiva reiterada o anterior, debidamente acreditada; y que, el peligro de obstaculización se encuentra latente, dado que si bien existe sentencia condenatoria, la misma no fue ejecutoriada; v) Con relación al agravio expuesto por la parte acusada –ahora accionante–de que el Juez de primera instancia no fundamentó su Resolución por qué realizó la modificación de la fianza económica y que la misma sería de imposible cumplimiento; el apelante no hizo conocer con documentación fehaciente que demuestre su insolvencia económica, correspondiéndole la carga probatoria; por lo que, no se da lugar a su petición; concluyéndose en consecuencia, que el sentenciado no cuenta con un arraigo natural ni uno impuesto por el Juez a quo, y que, incumplió las medidas impuestas mediante Auto Interlocutorio 36/2021 de 25 de marzo, conforme el art. 247 del CPP; teniéndose habilitado los riesgos procesales previstos en los arts. 234.1, 4, 5 y 6 y 235.2 del citado Código, encontrándose en total indefensión la víctima en dicho proceso, puesto que si bien existe una sentencia la misma no está ejecutoriada y la finalidad de las medidas cautelares debe cumplirse; y que, vi) Considerando los antecedentes del caso se tiene que el acusado gozó de mucha permisibilidad, siendo contradictorio que se le impuso la media y que puede salir a trabajar y que de acuerdo a los documentos médicos que presentó, no se advierte que padezca una enfermedad terminal, además puede ser atendido en cualquier otro lugar. Sobre cuyos fundamentos la autoridad demanda, determinó revocar la medida y disponer la detención preventiva del accionante ante la infracción del art. 247 del CPP y la existencia de riesgos de fuga y obstaculización fundamentados y formalizados por la parte querellante, no correspondiendo la imposición de dicha medida por el plazo de seis meses sino lo que corresponde es desvirtuar los riesgos procesales existentes.
Así, analizado que fue el Auto de Vista 214 pronunciado por la Vocal ahora demandada, no se advierte que las denuncias efectuadas por el accionante mediante la presente acción de tutela sean evidentes, dado que, contrariamente a lo alegado, la resolución cuestionada no tiene vicios de arbitrariedad alguno, ya que la determinación asumida, fue dictaminada en respuesta específica a los agravios deducidos por las partes apelantes, y en lo que respecta a la parte ahora accionante; la aludida autoridad concluyó que al no haberse acreditado la insolvencia del accionante en relación al monto de la fianza dispuesta no correspondía dar curso a lo impetrado, es decir a su modificación; fundando los riesgos procesales de fuga y obstaculización precisamente en la actitud del acusado de incumplir con las medidas destinadas a asegurar su presencia durante el proceso así como el cumplimiento de la ley, máxime si en su contra se contaría con una sentencia condenatoria en etapa de recursos; argumentos que, sumados a los elementos aportados por la parte querellante, en torno a la actividad del procesado y la concurrencia de actividad delictiva reiterada o anterior por parte de éste, es que se determinó su detención preventiva; determinación que en criterio de esta Sala se encuentra debidamente fundamentada puesto que, conforme se tiene del Fundamento Jurídico precedente, una debida fundamentación no implica ampulosas consideraciones, sino la resolución cierta y precisa de los aspectos cuestionados, así como la expresión clara de las razones de determinativas de la decisión adoptada, en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; no siendo evidente la incongruencia omisiva alegada, pues del contenido del Auto de vista glosado ut supra, se tiene que la autoridad demandada, consideró y dio respuesta puntual y precisa a lo reclamado tanto por la parte querellante, como la ahora accionante, cuya pretensión de ésta última, radicaba únicamente en la supuesta imposibilidad de cumplimiento de la fianza, aspecto que, -se reitera- fue respondido en los márgenes de la sana critica del juzgador al considerar que no se había cumplido con la carga probatoria requerida al efecto.
Finalmente, en lo que respecta a la presunta agravación de las medidas cautelares en perjuicio del accionante, a raíz de la consideración de aspectos supuestamente ajenos a la naturaleza del verificativo convocado, incumbe remitirnos al razonamiento sentado por este Tribunal, entre otras, en la SCP 1365/2022-S4 de 3 de octubre, la cual, respecto a la revocatoria de medidas sustitutivas y la procedencia de la detención preventiva, estableció que: “…el juez o tribunal que conoce la causa y que disponga la revocatoria de las medidas sustitutivas, deberá hacerlo previa verificación de la existencia de uno de los supuestos establecidos en los arts. 233, 234, 235 y 236 del CPP (…) o cuando compruebe que el imputado efectúa un inadecuado uso de su libertad realizando actos en busca de obstaculizar la averiguación de la verdad o actos preparatorios de fuga; de actuar en contrario, podría incurrir en detención indebida vulnerando el principio de presunción de inocencia, toda vez que la determinación de revocar las medidas sustitutivas e imponer la detención preventiva del imputado debe responder a una valoración objetiva sobre si concurren o no, las causales para ello, a cuyo efecto la Resolución que disponga dicho extremo deberá encontrarse, en resguardo de los derechos y garantías del procesado, debidamente fundamentada, situación que permitirá a las partes procesales tener conocimiento respecto a las razones que llevaron a la autoridad jurisdiccional a pronunciar la resolución de revocatoria...” (negrillas corresponde al texto original); de cuyo extracto se advierte que, la determinación de revocatoria de una medida entonces, sustitutiva, debe discurrir de manera integral todas las circunstancias en torno a los supuestos previstos en los aludidos preceptos legales, entre los cuales se encuentran los riesgos de fuga y obstaculización denunciados como ilegalmente considerados en el Auto de Vista cuestionado; cuando en contrario, la autoridad, por mandato legal y jurisprudencial, a los fines de definir la situación jurídica de una persona, debe necesariamente considerar todos los elementos que resulten conducentes y pertinentes a lo impetrado, en cuyo marco; la actuación de la Vocal demandada, trasuntada en la emisión de la cuestionada resolución de alzada, no evidencia la vulneración del derecho a la libertad alegada, pues la misma cumple con la debida fundamentación y motivación requeridas como elemento del debido proceso; no advirtiéndose la incongruencia omisiva denunciada; así como tampoco la exposición de criterios “subjetivos” conforme se denuncia, pues la referencia al proceder del juez a quo en relación a la parte accionante, responde, conforme se tiene del merituado Auto de Vista, a un razonamiento contradictorio de dicha autoridad, en constatar el incumplimiento de las medidas dispuestas y no determinar la revocatoria de las mismas.
Correspondiendo entonces, sobre la base de todo lo analizado, denegar la tutela impetrada, al no advertirse la vulneración de los derechos alegados.
En consecuencia, el Tribunal, al conceder la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 14/2022 de 25 de junio, cursante de fs. 48 a 51, emitida por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0275_2023-S4.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): d6b46d91a0ecbc0f4f1d3e2d98244337f87d1235e7218525d7531772ae73d22d
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