B.IA.LEGAL

SCP 0273/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 9 de marzo de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
9 de marzo de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
59418-2023-119-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante, a través de sus representantes, denuncia la lesión de la garantía del debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; toda vez que, los Magistrados demandados, a través del AS 0536/2022, declararon infundado el recurso de casación que interpuso, confirmando el otorgamiento de la renta de viudedad a favor de la solicitante -ahora tercera interesada-, incurriendo en: i) Omisión de la valoración de la prueba consistente en los Informes Sociales 132 y SENASIR CBBA. T.S. 64/2021, los cuales evidenciaban la inexistencia de convivencia y asistencia mutua entre los esposos durante los dos últimos años previos al fallecimiento del causante, fundamentando, sobre la duda que tendría el SENASIR respecto a la la validez del certificado de matrimonio, que previamente se debe demostrar la nulidad del mismo, cuando en realidad no se cuestionó su autenticidad, sino la efectiva convivencia conyugal, conforme a los deberes y derechos entre cónyuges establecidos por los arts. 63.I de la CPE; 160, 161 y 175 del CFPF; 52 del CSS; 103 de su Reglamento; y, 32 y 34 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición, que sustentaron la desestimación de la solicitud de la renta de viudedad; ii) Falta de fundamentación y motivación arbitraria, toda vez que los arts. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 182/2023 de 20 de octubre, cursante de fs. 394 a 396 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0273/2026-S2 Sucre, 9 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 59418-2023-119-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 182/2023 de 20 de octubre, cursante de fs. 394 a 396 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Calep Taceo Costa y Pablo Guzmán López, en representación legal de Jorge Álvaro Trigo Torrico, Director General Ejecutivo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR) contra María Cristina Díaz Sosa y Carlos Alberto Egüez Añez, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 21 de septiembre y 2 de octubre de 2023, cursantes de fs. 77 a 86; y, 89, la parte accionante, a través de sus representantes, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Mediante memorial presentado el 24 de febrero de 2021, Hilaria Machuca Rodríguez de Murquite -ahora tercera interesada- solicitó al SENASIR, el otorgamiento de la renta de viudedad por el fallecimiento de su esposo Genaro Murquite Impa, ocurrido el 16 de febrero de 2020, ante lo cual, por Resolución 0001861 de 23 de junio de 2021, la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto del SENASIR desestimó su solicitud. Dicha determinación que fue impugnada por la prenombrada mediante recurso de reclamación, siendo confirmada a través de la Resolución Comisión de Reclamación 254/21 de 21 de septiembre de 2021. Frente a ello, la apoderada de la solicitante formuló recurso de apelación, que fue resuelto mediante Auto de Vista 22 de 14 de marzo de 2022, por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que determinó Revocar la Resolución Comisión de Reclamación 254/21 y la Resolución 0001861, ordenando a la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto del SENASIR otorgar la renta de viudedad a favor de la ahora tercera interesada. Contra dicha decisión, el SENASIR interpuso recurso de casación, que mereció el Auto Supremo (AS) 0536/2022 de 7 de noviembre, por el cual María Cristina Díaz Sosa y Carlos Alberto Egüez Añez, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia -ahora demandados-, declararon infundado el mencionado recurso, omitiendo valorar la prueba consistente en: a) El Informe Social 132 de 23 de febrero de 2021, elaborado por la Trabajadora Social de la Administración Regional Santa Cruz que en lo sustancial refiere: “‘Sobre la diferencia de direcciones mi cédula la saque en Cochabamba porque una vez estuve por allá, mi cedula había vencido y necesitaba renovar, como era muy complicado ir hasta Santa Cruz a sacar CI; la dirección de CBBA (Francisco Bedregal), es una casa mi esposa donde vive uno de sus hijos mayores’ (Testimonio de la Sra. Hilaria Machuca). ‘Se casaron hace 14 años, el 12 de agosto de 2006. el domicilio de mis papas era en Cochabamba los últimos años mayormente; mi papá prefería estar en Cochabamba, y mi mamá procuraba ayudarme con mi hijita; los dos me ayudaron por ser madre sola; yo les agradezco mucho y siempre íbamos a visitarlo. En Cochabamba lo atendía uno de sus nietos de nombre Aidé. Mi papá tenía su propio cuarto en esa casa y tenía su propia vida, paraba solo con sus amigos, desde el 2017 los feriados íbamos a estar con él, el no venía porque no le gustaba viajar tenía su manera de hacer de hacer sus cosas hasta de lavarse su ropa’. (Testimonio de su hija Janeth Murquite Machuca)” (sic); y, b) El Informe Social SENASIR CBBA. T.S. 64/2021 de 25 de mayo, elaborado por la Trabajadora Social de la Administración Regional Cochabamba, que refirió: “…yo desconocía del matrimonio de mi padre con la Sra. Hilaria Machuca me enteré después del entierro. (...) Mi papá desde que ha dejado de trabajar hace ocho años aprox. vive conmigo y mis sobrinos pero alguna vez viajaba a Comarapa la verdad no sé pero yo lo acompañaba a la parada, durante ese tiempo la Sra. Hilaria llego unas tres veces a visitarlo a mi papa se quedaba dos días así salían a pasear. (...) Mi papá desde que vive conmigo últimos ocho años viajaba a Comarapa unas cuatro veces en el año”. (Testimonio de su hijo Frans Omar Murquite Delgadillo). ¿Sabe usted con quien (es) vivió el Titular de Renta los últimos dos años anteriores a su fallecimiento? Vivía permanente estos últimos cuatro años en el domicilio del frente vivía con sus hijos y nietos. (Testimonio de Reina Lozada de Chirinos, vecina)” (sic). De lo anterior, se evidencia la inexistencia de convivencia y asistencia mutua entre los cónyuges durante el matrimonio los dos últimos años previos al fallecimiento del causante, ya que fue asistido por su hijo y nietos en el departamento de Cochabamba; sin embargo, el AS 0536/2022, en contraposición, fundamenta sobre la duda que tendría el SENASIR sobre la validez del certificado de matrimonio, indicando que previamente se debe demostrar la nulidad del certificado de matrimonio, cuando en realidad no se cuestionó su autenticidad, sino la efectiva convivencia conyugal, conforme a los deberes y derechos entre cónyuges establecidos por los arts. 63.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 160, 161 y 175 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF); 52 del Código de Seguridad Social (CSS); 103 de su Reglamento; y, 32 y 34 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición aprobado mediante Resolución Secretarial 10.0.0.87 de 21 de julio de 1997, que sustentaron la desestimación de la solicitud de la renta de viudedad. Asimismo, los Magistrados demandados incurrieron en falta de fundamentación y motivación arbitraria, toda vez que los arts. 63.I de la CPE; 160, 161 y 175 del CFPF, establecen los derechos y deberes entre cónyuges, normativa que fue expuesta en su recurso de casación; empero, fue omitida en su análisis, supliéndola por consideraciones de orden legal como progresividad del derecho a la seguridad social y fundamentos retóricos basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno. Además, se vulneró el principio de congruencia, puesto que no se fundamentó sobre la duda de la validez del certificado de matrimonio, señalando que el SENASIR tendría que demostrar la nulidad del certificado de matrimonio, cuando no se cuestionó la autenticidad del mismo sino la convivencia como esposos, aspectos que no guardan correspondencia entre lo peticionado y lo resuelto.

I.1.2. Garantía supuestamente vulnerada

Denuncia la lesión de la garantía del debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se deje sin efecto el AS 0536/2022, debiendo los Magistrados demandados emitir uno nuevo.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 20 de octubre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 388 a 394, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional; y, ampliando en audiencia señaló que: 1) En las resoluciones emitidas por el SENASIR se invocó los precedentes contenidos en los Autos Supremos 128 de 14 de mayo de 2018 y 481 de 26 de noviembre de igual año, que mencionan puntos importantes de la normativa aplicable para la concesión o desestimación de la renta de viudedad, considerando que dicho beneficio es financiado por el Tesoro General de la Nación (TGN). Así, el AS 481 establece que la renta del de cujus corresponde a la esposa o concubina con la que convivió los dos últimos años, brindándole asistencia y auxilio, independientemente de que el matrimonio sea legal y no exista una separación declarada judicialmente, argumento sobre el cual se omitió pronunciamiento en el AS 0536/2022, vulnerando así la garantía del debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, puesto que ni siquiera se mencionaron las pruebas que se señaló en el recurso de casación; y, 2) El AS 0536/2022 adolece de incongruencia, toda vez que el SENASIR, nunca cuestionó la validez de “los certificados” a los que se hace referencia en el Auto de Vista impugnado, sino que sus observaciones se centraron en el incumplimiento de los plazos y condiciones de convivencia exigidos por la normativa vigente para acceder al beneficio, por lo que, pide se deje sin efecto el Auto Supremo ahora cuestionado y se ordene la emisión de una nueva resolución que se ajuste a la Norma Suprema, al Código de las Familias y del Proceso Familiar, y a una valoración adecuada de la prueba mencionada tanto en las Resoluciones emitidas por el SENASIR como en el recurso de casación formulado.

I.2.2. Informe de la parte demandada

María Cristina Díaz Sosa y Carlos Alberto Egüez Añez, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, por informe escrito cursante de fs. 382 a 386, solicitaron se deniegue la tutela impetrada, manifestando lo siguiente: i) La presente acción de amparo constitucional, carece de sustento técnico-jurídico suficiente, limitándose a formular una denuncia genérica sin precisar qué fundamentos del Auto Supremo cuestionado habrían lesionado los derechos alegados; ii) La parte accionante pretende que la jurisdicción constitucional revise la aplicación e interpretación de la normativa ordinaria, atribución que corresponde de manera exclusiva a la jurisdicción ordinaria; iii) En relación a la supuesta falta de valoración de los Informes Sociales 132 y SENASIR CBBA T.S. 64/2021, el recurso de casación se limitó a cuestionar de manera genérica que el Auto de Vista impugnado solo consideró las pruebas ofrecidas por la hoy tercera interesada y no las pruebas cursantes en el expediente, sin considerar que el Tribunal de casación está inhibido de valorar prueba, por tratarse de una atribución exclusiva de los jueces de instancia, conforme a los arts. 1286 del Código Civil (CC), 145.II del Código Procesal Civil (CPC) y bajo el principio de la sana crítica; por lo que, cuando se denuncia una indebida valoración de la prueba, el recurrente debe demostrar la existencia de errores de hecho o de derecho, conforme al art. 271-I del CPC, lo cual no fue cumplido en el recurso de casación; iv) En el AS 0536/2022 se realizó una revisión minuciosa de los antecedentes bajo el principio de verdad material, constatando la existencia del certificado del matrimonio celebrado el 12 de agosto de 2006 y la procreación de tres hijos comunes, evidenciándose una convivencia de treinta y cinco años, por lo que, el titular de la renta solicitó la inserción de su esposa como beneficiaria, siendo reconocida por parte del propio SENASIR mediante Auto 0014319 de 27 de noviembre de 2009; v) Aun cuando el recurso de casación no cumplía con las exigencias sobre la forma de presentación, a fin de que exista conformidad del recurrente se dio una explicación debidamente motivada, fundamentada y coherente a sus reclamos, analizando la normativa aplicable, la jurisprudencia constitucional y doctrina referidas a la técnica recursiva, la vinculación del derecho procesal laboral a los principios del derecho a la seguridad social, en concordancia con los arts. 8, 9 y 45.II de la CPE, considerando además la especial protección que el Estado debe brindar a sectores en situación de vulnerabilidad; y, vi) Respecto al segundo agravio, se reitera que del análisis conjunto del recurso de apelación y del recurso de casación, se tuvo plenamente demostrada la convivencia de treinta y cinco años entre los esposos, reconocida incluso por la entidad accionante, siendo contradictoria su postura actual.

I.2.3. Intervención de la tercera interesada

Hilaria Machuca Rodríguez Vda. De Murquite, a través de su abogada, en audiencia de garantías, solicitó se deniegue la tutela impetrada, refiriendo que: a) De la revisión del AS 0536/2022 “página 2/11” se evidencia que se consideró el Informe SENASIR CBBA T.S. 64/2021 y se desarrollaron las normas legales, doctrina y jurisprudencia invocadas en el “punto 3” del recurso de casación; en ese entendido, se mencionó el art. 63 de la CPE, respecto al carácter jurídico del matrimonio y el deber de atender en igualdad de condiciones el mantenimiento y responsabilidad del hogar, educación y formación integral de las hijas e hijos mientras sean menores o tengan alguna discapacidad; b) El AS 0536/2022 declaró infundado el recurso de casación con base en los razonamientos contenidos en el Auto de Vista impugnado que estableció la legalidad del certificado de matrimonio; c) El art. 175 inc. c) del CFPF establece “‘…la fijación del domicilio conyugal o que señale uno separado para ella o él con los hijos o hijas que les sean confiados por razones de salud o enfermedad…’” (sic), siendo aplicable a su caso, de conformidad al principio de verdad material, ya que se acreditó mediante fotografías que ambos cónyuges se encontraban delicados de salud, pues en el tiempo que su esposo se enfermó igualmente fue intervenida quirúrgicamente siendo portadora de marcapasos, situación por la cual quedó al cuidado de su hija; d) La presente acción de defensa responde a una intención de dilatar la otorgación de la renta de viudedad que le corresponde ya que se esperó seis meses para su interposición, pese a que estuvo durante meses requiriendo el cumplimiento del fallo; e) En cuanto a la supuesta vulneración de múltiples normas constitucionales y legales, todas ellas se encuentran expresamente analizadas y valoradas en el AS 536/2022, por lo que, no existe la omisión denunciada; y, f) Cuenta con setenta años de edad y se encuentra delicada de salud, es diabética y utiliza marcapasos, requiriendo además una cirugía para no perder la vista y no cuenta con seguro médico; además, la renta de viudedad no constituye un gasto para el TGN, sino que es un derecho adquirido derivado de los aportes realizados por su esposo.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 182/2023 de 20 de octubre, cursante de fs. 394 a 396 vta., denegó la tutela solicitad; con base en los siguientes fundamentos: 1) La parte accionante pretende que la justicia constitucional revise una cuestión que ya fue conocida y resuelta en el ámbito de competencia de la jurisdicción ordinaria; al respecto, la abundante jurisprudencia sobre la interpretación de la legalidad ordinaria delimitó la atribución de la justicia constitucional únicamente a verificar si, en dicha labor, se vulneraron principios o derechos constitucionales, fijando requisitos ampliamente conocidos para que esta última pueda intervenir, por lo que, más allá de las cuestiones de fondo ya explicadas en el “…voto emitido por el Vocal Juan José Subieta Claros...” (sic), no corresponde ingresar a considerar dichos aspectos, al no advertirse una transgresión que sobrepase las barreras constitucionales; y, 2) De acuerdo a la documentación que fue presentada se evidencia que “…la labor que ha realizado el Tribunal Supremo, a través de su Sala Contenciosa hoy accionada, ha cumplido o cumple con los presupuestos Constitucionales respecto a la forma de interpretar y valorar cuestiones que hace...” (sic). En vía de enmienda, complementación y aclaración, la parte la parte accionante señaló que no se desarrolló una interpretación constitucional suficiente respecto a los argumentos expuestos, ya que las resoluciones emitidas por el SENASIR se sustentaron en normativa constitucional aplicable y disposiciones del Código de Familia y del Proceso Familiar relativas a las obligaciones matrimoniales, habiéndose demostrado la inexistencia de convivencia entre los cónyuges conforme a los informes sociales y testimonios recabados, destacando que la hoy tercera interesada optó por residir junto a su hija, pese a que su esposo se encontraba delicado de salud, cuando la normativa exige parámetros de convivencia para demostrar la relación conyugal. En respuesta, la Sala Constitucional manifestó que la resolución emitida fue suficientemente clara en la exposición de los fundamentos que sustentan el fallo, por lo que rechazó la referida solicitud.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Auto Constitucional (AC) 218/2025-CA/S de 27 de noviembre, cursante de fs. 418 a 421, ante la solicitud efectuada por la accionante de adelanto de sorteo (fs. 404 a 405), en lo pertinente, se resolvió declarar HA LUGAR el referido requerimiento.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Resolución 0001861 de 23 de junio, la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto del SENASIR, desestimó la renta de viudedad solicitada por Hilaria Machuca Rodríguez -ahora tercera interesada- (fs. 24 a 28); decisión que siendo objeto de recurso de reclamación fue confirmada a través de la Resolución Comisión de Reclamación 254/21 de 21 de septiembre de 2021, emitida por el Director General Ejecutivo de la referida entidad pública (fs. 32 a 43). II.2. Por Auto de Vista 22 de 14 de marzo de 2022, la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa y Tributaria Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, atendiendo el recurso de apelación presentado por la tercera interesada, revocó la Resolución Comisión de Reclamación 254/21 y la Resolución 0001861; y, deliberando en el fondo, ordenó a la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR otorgar la renta de viudedad a favor de la prenombrada, en su calidad de esposa, y derecho habiente de Genaro Murquite Impa (fs. 47 a 49). II.3. Mediante memorial presentado el 19 de mayo de 2022, Jorge Álvaro Trigo Torrico, Director General Ejecutivo del SENASIR -accionante-, interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo contra el Auto de Vista 22 (fs. 50 a 54), que mereció el AS 0536/2022 de 7 de noviembre, por el cual, María Cristina Díaz Sosa y Carlos Alberto Egüez Añez, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, declararon infundado dicho recurso (fs. 296 a 301), decisión que fue notificada a la parte impetrante de tutela el 20 de marzo de 2023 (fs. 295).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante, a través de sus representantes, denuncia la lesión de la garantía del debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; toda vez que, los Magistrados demandados, a través del AS 0536/2022, declararon infundado el recurso de casación que interpuso, confirmando el otorgamiento de la renta de viudedad a favor de la solicitante -ahora tercera interesada-, incurriendo en: i) Omisión de la valoración de la prueba consistente en los Informes Sociales 132 y SENASIR CBBA. T.S. 64/2021, los cuales evidenciaban la inexistencia de convivencia y asistencia mutua entre los esposos durante los dos últimos años previos al fallecimiento del causante, fundamentando, sobre la duda que tendría el SENASIR respecto a la la validez del certificado de matrimonio, que previamente se debe demostrar la nulidad del mismo, cuando en realidad no se cuestionó su autenticidad, sino la efectiva convivencia conyugal, conforme a los deberes y derechos entre cónyuges establecidos por los arts. 63.I de la CPE; 160, 161 y 175 del CFPF; 52 del CSS; 103 de su Reglamento; y, 32 y 34 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición, que sustentaron la desestimación de la solicitud de la renta de viudedad; ii) Falta de fundamentación y motivación arbitraria, toda vez que los arts. 63.I de la CPE; 160, 161 y 175 del CFPF, establecen los derechos y deberes entre cónyuges, normativa que fue expuesta en su recurso de casación; empero, fueron omitidos en su análisis, supliéndolos por consideraciones de orden legal como progresividad del derecho a la seguridad social y fundamentos retóricos basadas en conjeturas que carecen de sustento probatorio y jurídico; y, iii) Incongruencia, puesto que no se fundamentó sobre la duda de la validez del certificado de matrimonio, señalando que el SENASIR tendría que demostrar la nulidad del certificado de matrimonio, cuando no se cuestionó la autenticidad del mismo sino la convivencia como esposos, aspectos que no guardan correspondencia entre lo peticionado y lo resuelto. Por su parte, las autoridades demandadas señalan que: a) La parte accionante no identificó qué fundamentos del AS 0536/2022 impugnado habrían vulnerado los derechos alegados, siendo su pretensión que se revise la interpretación y aplicación de normativa ordinaria, atribución que corresponde exclusivamente a la jurisdicción ordinaria; b) Respecto a la falta de valoración de los Informes Sociales, el recurso de casación se limitó a los cuestionamientos sobre la valoración probatoria realizada en segunda instancia, sin que se haya cumplido con la carga procesal de demostrar errores de hecho o de derecho; y, c) En el referido Auto Supremo se efectuó una revisión minuciosa de los antecedentes bajo el principio de verdad material, constatando la existencia del certificado de matrimonio celebrado el 2006, la procreación de tres hijos, una convivencia de treinta y cinco años y el reconocimiento previo de la esposa como beneficiaria por parte del propio SENASIR, por lo que, se encuentra debidamente motivada y fundamentada. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional

Al respecto, la SCP 1463/2013 de 22 de agosto, sostuvo que: “Los arts.

128 y 129 de la CPE, establecen que la acción de amparo constitucional constituye un medio de tutela de carácter extraordinario y se rige esencialmente por los principios de subsidiariedad e inmediatez, que hacen a su naturaleza jurídica. El principio de inmediatez se caracteriza por tener una doble dimensión; positiva y negativa, la primera consistente en que el amparo constitucional es la vía idónea para la protección inmediata de derechos fundamentales y garantías constitucionales restringidos o suprimidos indebida o ilegalmente; la segunda, la activación de esta garantía jurisdiccional depende que su interposición se realice en un plazo razonable, que la Norma Fundamental fijó en seis meses computables a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida del servidor público o del particular, o de notificado con la última decisión judicial o administrativa.

Respecto del cómputo del plazo de los seis meses, el texto constitucional dispone en el art. 129.II, que: ‘La acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial’ de manera coherente el art. 55.I del CPCO, prescribe: ‘La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho’...” (el énfasis es agregado).

Asimismo, con relación a la notificación de los Autos Supremos y el cómputo de plazo para interponer la acción de amparo constitucional, la jurisprudencia establecida en la SC 0347/2010-R de 15 de junio, determinó que: “...que dictado el Auto Supremo 95, por la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia, éste fue notificado a los hoy accionantes en Secretaria de Cámara el 28 de marzo de 2006, fecha a partir de la cual se inicia el cómputo del término de los seis meses, previstos por el art. 129.II de la CPE y la jurisprudencia constitucional, al constituir precisamente la última decisión judicial relacionada con los actos que se consideran ilegales, pues esa es la Resolución judicial de cierre o de última instancia que podría afectar al fondo de lo resuelto, con mayor razón si los accionantes son quienes interpusieron el recurso de casación y por tanto era su deber el seguimiento respectivo al recurso activado por ellos mismos, puesto que de los datos del expediente, el 5 de enero de 2005, (fs. 150 y vta. del anexo) fueron notificados con la admisión del recurso de casación y la orden de remisión a la Corte Suprema de Justicia, que está en otro Distrito Judicial; en consecuencia, tenían el deber de actuar con lealtad y responsabilidad ante el órgano jurisdiccional que representa al Estado Plurinacional, dado que el impulso procesal no sólo es atribución de las autoridades jurisdiccionales, sino también de ambas partes o sujetos procesales, puesto que en el proceso y recurso como tal se define su situación jurídica; en ese sentido y teniendo en cuenta que la presente acción de amparo constitucional fue presentada el 1 de noviembre de 2006, se concluye que la misma ha sido interpuesta de manera extemporánea, fuera de los seis meses; y por tanto, no es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática expuesta y denunciada como ilegal, correspondiendo la denegatoria de la tutela solicitada” (las negrillas y el subrayado son nuestros).

III.2. Análisis del caso concreto

Dentro del trámite administrativo de renta de viudedad seguido por Hilaria Machuca Rodríguez -ahora tercera interesada-, consta que mediante Resolución 0001861 de 23 de junio, la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto del SENASIR, resolvió desestimar la renta de viudedad que solicitó la prenombrada, decisión contra la cual interpuso recurso de reclamación que fue resuelto a través de la Resolución Comisión de Reclamación 254/21 de 21 de septiembre de 2021, que concluyó que no corresponde otorgar dicho beneficio a la misma, ya que no cumplió con sus obligaciones de asistencia, auxilio y convivencia con el causante durante los dos últimos años en un mismo domicilio antes del deceso del asegurado, por lo que, confirmó el fallo de primera instancia (Conclusión II.1).

Contra dicha determinación, la tercera interesada interpuso recurso de apelación, que fue resuelto por Auto de Vista 22 de 14 de marzo de 2022, por el cual, la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa y Tributaria Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, revocó los antedichos fallos, considerando que todas las observaciones realizadas por el SENASIR solo llevaron a dilatar la solicitud de renta de viudedad de la apelante, toda vez que, las pruebas presentadas por la beneficiaria demuestran de manera fehaciente que es esposa legítima del causante, hasta que no se demuestre lo contrario; asimismo, deliberando en el fondo, ordenó a la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR otorgar la renta de viudedad a favor de la prenombrada, en su calidad de esposa, y derecho habiente de Genaro Murquite Impa (Conclusión II.2). Ante ello, el SENASIR formuló recurso de casación en la forma y en el fondo, que dio lugar a la emisión del AS 0536/2022 de 7 de noviembre, por el que, María Cristina Díaz Sosa y Carlos Alberto Egüez Añez, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia -hoy demandados-, declararon infundado el mencionado recurso (Conclusión II.3). Bajo este contexto, se advierte que la parte impetrante de tutela, identifica como acto lesivo de sus derechos al AS 0536/2022, solicitando en lo principal, se deje sin efecto el mismo, disponiéndose la emisión de una nueva resolución; sin embargo, efectuada la compulsa de los antecedentes, se evidencia que la parte accionante fue notificada con dicho actuado en Secretaría de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, el 20 de marzo de 2023 (Conclusión II.3); fecha a partir de la cual se inicia el cómputo del término de los seis meses, previstos por el art. 129.II de la CPE y 55.I del CPCo, al constituir precisamente la última decisión judicial relacionada con los actos que se consideran ilegales -Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional-, plazo que fenecía el 20 de septiembre del mismo año; empero, conforme se evidencia del Certificado del Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), la presente acción fue interpuesta recién el 21 de igual mes y año (fs. 86); es decir, seis meses y un día desde que se tuvo conocimiento de la comisión del supuesto acto vulneratorio. Por consiguiente, la parte accionante incumplió el principio de inmediatez exigido para la procedencia de la presente acción de defensa constitucional, no obstante, considerando que ya pasó la etapa procesal de admisibilidad de la presente acción tutelar, ante este estado de la causa corresponde denegar la tutela solicitada con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 182/2023 de 20 de octubre, cursante de fs. 394 a 396 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0273_2026-S2.pdf · páginas 1 a 11.

Huella digital del PDF (SHA-256): 343d488770f666093530c9a384f2d3c4b42b4e8dc9c123dd4031653ae2034f2b

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