Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 24 de abril de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, debido proceso, “juez natural”, “celeridad” y “legalidad”; debido a que, la Vocal demandada, al pronunciar el Auto de Vista de 20 de octubre de 2022, declarando la improcedencia de su recurso de apelación, se limitó a reiterar los argumentos de la autoridad de primera instancia, expuestos en el Auto Interlocutorio de 5 del referido mes y año. En consecuencia, no valoró la RA 001/2022 y el certificado de antecedentes de 24 de agosto del mismo año, ambos emitidos por la Dirección Departamental de Oruro de la FELCV. Dichos documentos fueron presentados como pruebas con el objetivo de desvirtuar el peligro de fuga subsistente en su situación jurídica, conforme lo previsto en el art. 234.4 del CPP; en el marco de su solicitud de cesación a la detención preventiva. Ante ello, la autoridad demandada refiere que la acción de libertad no constituye una instancia procesal más de revisión de resoluciones y que la jurisdicción ordinaria es la única que puede revisar el fondo de las cuestiones planteadas; además que, en audiencia de 20 de octubre de 2022, respondió a todos los agravios expuestos por el ahora impetrante de tutela, especialmente el referido a la ausencia de valoración de las nuevas pruebas por parte de la autoridad de primera instancia. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 26 de octubre de 2022, cursante de fs. 170 a 176, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme a los razonamientos fácticos y fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0273/2025-S2 Sucre, 24 de abril de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 51410-2022-103-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 26 de octubre de 2022, cursante de fs. 170 a 176, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jesús Abel Barreta Cutipa contra Delina Irma Zurita Herbas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Por escrito presentado el 25 de octubre de 2022, cursante a fs. 1 y 130 a 134 vta., el accionante manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, la Jueza Pública Mixta de Familia e Instrucción Penal Primera de Vinto del departamento de Cochabamba, mediante Auto Interlocutorio de 15 de marzo de 2022, dispuso la aplicación de medidas cautelares personales, fundamentando la existencia del riesgo procesal previsto en el art. 234.4 -entre otros- del Código de Procedimiento Penal (CPP); en base a los siguientes elementos: a) Al momento de los hechos, el imputado no demostró voluntad de someterse a la investigación, ya que fue aprehendido por el padre de la menor y vecinos de la Organización Territorial de Base (OTB) que se encontraban en el lugar, instante en el cual intentó deshacerse de su teléfono celular arrojándolo a un lago; y, b) En su declaración voluntaria omitió señalar que anteriormente había sido denunciado por un hecho de similar naturaleza, también relacionado con una menor de edad.
En ese contexto, solicitó en diversas oportunidades la cesación de su detención preventiva, concretamente el 27 de abril, 4 de agosto y 5 de octubre, todos de 2022. Esta última solicitud fue presentada ante el Juez Público Civil y Comercial, de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Segundo de Vinto del referido departamento -en virtud a que ya existía Resolución de acusación formal-; sin embargo, mediante Auto Interlocutorio de 5 de octubre del referido año, el Juez del citado Juzgado, rechazó nuevamente su solicitud, argumentando que no se había desvirtuado el riesgo procesal previamente identificado, reiterando lo siguiente: 1) Que, al momento de su aprehensión, el imputado fue retenido por el padre del menor y por vecinos de la OTB -que se encontraban en el lugar-, lo que evidenciaría la falta de voluntad del imputado de someterse al presente proceso penal; 2) Que intentó deshacerse de su teléfono celular arrojándolo a un lago; y, 3) Que, en su declaración informativa omitió mencionar que no tendría ningún tipo de antecedentes penales para marzo de 2022. Esta decisión fue asumida a pesar de que presentó nuevos elementos de convicción que no fueron debidamente valorados. Entre estos se encontraban: La Resolución Administrativa (RA) 001/2022 de 25 de julio, que instruye la cancelación de antecedentes policiales; y, el certificado de antecedentes emitido por la División de Certificación de Registro y Antecedentes Policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de 24 de agosto de similar año, en el cual no registra antecedentes “penales” ni policiales. Dichos documentos resultaban relevantes, pues desvirtúan los fundamentos que motivaron la configuración del riesgo procesal previsto en el art. 234.4 del CPP; sin embargo, el Juez a quo concluyó que tales elementos ya habían sido valorados en la audiencia de cesación a la detención preventiva celebrada el 26 de abril de 2022, afirmación que resulta contradictoria; toda vez que, esos certificados fueron emitidos con posterioridad -concretamente el 25 de julio y 24 de agosto del señalado año-; asimismo, el Auto Interlocutorio de 5 de octubre del mencionado año, incluyó un fundamento -el señalado en el punto 1)- que no fue considerado en la aplicación de medidas cautelares de 15 de marzo de ese año. Por otra parte, de acuerdo a lo señalado en el mencionado Auto Interlocutorio, para sustentar su detención, a la fecha de la audiencia de cesación del 5 de octubre del citado año, ya no contaba con antecedentes “penales” ni policiales; lo que evidencia una variación sustancial en las circunstancias que dieron lugar al riesgo de fuga inicialmente establecido. Contra dicha determinación, interpuso recurso de apelación, el cual fue conocido por Delina Irma Zurita Herbas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -hoy demandada-, quien mediante Auto de Vista de 20 de octubre de 2022 declaró la improcedencia de su recurso, limitándose a reiterar los argumentos expuestos por la autoridad de primera instancia, sin realizar una debida fundamentación; toda vez que, no tomó en cuenta lo dispuesto en los arts. 124 y 173 del mencionado Código, así como la jurisprudencia constitucional contenida en las SSCC 0782/2005-R de 13 de julio, 0089/2010-R de 4 de mayo; y, la SCP 0339/2012 de 18 de junio, que establecen la obligación de las autoridades jurisdiccionales de emitir resoluciones debidamente motivadas, con análisis autónomo y razonado de los argumentos y elementos de prueba ofrecidos por las partes, ello debido a que la referida autoridad utilizó argumentos subjetivos, aseverando que la documentación, consistente en el certificado de antecedentes y la RA 001/2022, ya fue revisada anteriormente; empero, son elementos que no fueron valorados por el Juez a quo ni por la Vocal demandada.
El accionante alega la lesión de sus derechos a la libertad, debido proceso, “juez natural”, “celeridad” y “legalidad”; citando al efecto los arts. 115, 116, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se ordene a la autoridad demandada que emita una nueva resolución tomando en cuenta los nuevos elementos de convicción presentados.
Celebrada la audiencia pública virtual el 26 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 168 a 169; se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos expuestos en el memorial de acción tutelar.
Delina Irma Zurita Herbas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por informe escrito, cursante de fs. 165 a 167 vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada; con base en los siguientes fundamentos: i) La acción de libertad no se constituye en una instancia procesal más de revisión de resoluciones; sin embargo, el accionante solicita se consideren los antecedentes del caso y los nuevos elementos de convicción aportados, siendo que la jurisdicción ordinaria es la única que puede revisar el fondo de las cuestiones planteadas; ii) El impetrante de tutela no expone el nexo de causalidad entre los derechos lesionados y las presuntas conductas vulneradoras; y, iii) Que en audiencia de 20 de octubre de 2022 respondió a todos los agravios expuestos por el impetrante de tutela, especialmente el referido a la ausencia de valoración de las nuevas pruebas por parte de la autoridad de instancia y que guardan relación con el riesgo de fuga establecido en el art. 234.4 del CPP y la causal de improcedencia de la detención preventiva prevista en el art. 239.4 del mismo cuerpo Adjetivo Penal.
El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, por Resolución de 26 de octubre de 2022, cursante de fs. 170 a 176, denegó la tutela solicitada; con base en los siguientes fundamentos: a) La Resolución pronunciada por la autoridad demandada es el reflejo del respeto de los “principios” del debido proceso, por cuanto delimita los hechos atribuidos por las partes, señala de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso, describe y valora todos los elementos probatorios producidos, y determina el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de la partes; b) El accionante pretende una nueva interpretación respecto a los alcances del precepto normativo inserto en el art. 234.4 del CPP, aspecto que no es competencia de la jurisdicción constitucional; c) El accionante no puede limitarse a relatar los hechos, sino debe explicar y fundamentar cuáles fueron las infracciones a las reglas de interpretación y cuál es la incongruencia; y, d) La construcción del riesgo procesal previsto en el art. 234.4 del citado Código en el caso en concreto, responde al comportamiento del accionante al momento de su aprehensión, no a la existencia de antecedentes policiales en su contra, en la medida en la que pudiese ser desvirtuado con la cancelación de los mismos. Emitida la determinación, el impetrante de tutela a través de su abogado solicitó se “complemente y explique” dos aspectos: El primero referido a las razones por las cuales “incongruentemente” la autoridad demandada rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva sin valorar las pruebas que demuestran que ya no cuenta con antecedentes policiales; y, segundo, si no hay antecedentes policiales, cómo es que ese comportamiento continúa presente en su situación jurídica. El Juez de garantías declaró no ha lugar a la solicitud, considerando que, la Resolución emitida era clara al establecer que la jurisdicción constitucional no constituye una instancia casacional donde sea posible impugnar la determinación asumida por la Vocal demandada. En consecuencia, ante la falta de una carga argumentativa suficiente por parte del accionante para sustentar la revisión constitucional de la actuación interpretativa de la autoridad demandada, denegó la tutela solicitada.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:
II.1. Cursa Auto Interlocutorio de 15 de marzo de 2022 pronunciado por la Jueza Pública Mixta de Familia e Instrucción Penal Primera de Vinto del departamento de Cochabamba en audiencia de la misma fecha, desarrollada dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Jesús Abel Barreta Cutipa -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de abuso sexual. En dicha determinación, se dispuso como medida cautelar personal la detención preventiva del impetrante de tutela en aplicación del art. 234.4 del CPP -entre otros-(fs. 19 a 21). II.2. Consta RA 001/2022 de 25 de julio mediante la cual, la Dirección Departamental de la FELCV de Oruro aprobó la solicitud de cancelación de antecedentes policiales del ahora accionante (fs. 105 a 107). II.3. Cursa certificado de antecedentes emitido por la División de Certificación de Registro y Antecedentes Policiales de la FELCV de 24 de agosto de 2022, el cual refiere que el impetrante de tutela “NO REGISTRA ANTECEDENTES” (fs. 119 y vta.). II.4. Mediante Auto Interlocutorio de 5 de octubre de 2022, el Juez Público Civil y Comercial, de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Segundo de Vinto del departamento de Cochabamba rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva presentada por el impetrante de tutela debido a la subsistencia del riesgo procesal establecido en el art. 234.4 del CPP -entre otros-. Ante esta decisión, el prenombrado, a través de su abogado, impugnó la Resolución pronunciada (fs. 146 vta. a 150). II.5. Por Auto de Vista de 20 de octubre de 2022, Delina Irma Zurita Herbas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -hoy demandada-, declaró la improcedencia del recurso de apelación incidental presentado por el ahora accionante contra el Auto Interlocutorio de 5 de octubre de 2022 (fs. 158 vta. a 161 vta.).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, debido proceso, “juez natural”, “celeridad” y “legalidad”; debido a que, la Vocal demandada, al pronunciar el Auto de Vista de 20 de octubre de 2022, declarando la improcedencia de su recurso de apelación, se limitó a reiterar los argumentos de la autoridad de primera instancia, expuestos en el Auto Interlocutorio de 5 del referido mes y año. En consecuencia, no valoró la RA 001/2022 y el certificado de antecedentes de 24 de agosto del mismo año, ambos emitidos por la Dirección Departamental de Oruro de la FELCV. Dichos documentos fueron presentados como pruebas con el objetivo de desvirtuar el peligro de fuga subsistente en su situación jurídica, conforme lo previsto en el art. 234.4 del CPP; en el marco de su solicitud de cesación a la detención preventiva. Ante ello, la autoridad demandada refiere que la acción de libertad no constituye una instancia procesal más de revisión de resoluciones y que la jurisdicción ordinaria es la única que puede revisar el fondo de las cuestiones planteadas; además que, en audiencia de 20 de octubre de 2022, respondió a todos los agravios expuestos por el ahora impetrante de tutela, especialmente el referido a la ausencia de valoración de las nuevas pruebas por parte de la autoridad de primera instancia. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 173 del CPP establece que la valoración de la prueba en materia penal es una facultad exclusiva de los jueces y tribunales de sentencia. Esta disposición, en conjunto con el art. 124 del mismo cuerpo Adjetivo Penal, impone a los operadores de justicia el deber de fundamentar debidamente sus resoluciones. Esto implica no solo la adecuación de los hechos al derecho aplicable, sino también la expresión del valor otorgado a cada medio de prueba. Por lo tanto, toda resolución judicial que resuelva una solicitud dentro del régimen de medidas cautelares, conforme al art. 239.1 del CPP, debe analizar los motivos que sustentaron la imposición de la medida cautelar. Además, es crucial que considere los nuevos elementos aportados por el solicitante que puedan desvirtuar dichos motivos o justificar la sustitución por una medida menos gravosa. Ahora bien, en este punto corresponde considerar que, la jurisprudencia de este Tribunal fue consistente al señalar que, como regla general, la valoración de la prueba no es competencia de la justicia constitucional; sin embargo, existen excepciones a esta regla cuando el accionante demuestre el cumplimiento de presupuestos específicos, como ser: “‘…cuando en dicha valoración: a) exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir (SC 0873/2004-R y 0106/2005-R, entre otras), o b) cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales (SC 0129/2004-R, de 28 de enero)…’”, líneas jurisprudenciales señaladas en la SC 0222/2010-R de 31 de mayo.
Delimitado como fue el ámbito de análisis, corresponde remitirnos al Auto Interlocutorio de 15 de marzo de 2022 (Conclusión II.1), donde se advierte que fueron tres los supuestos fácticos que motivaron la incorporación del peligro de fuga inserto en el art. 234.4 del CPP en la situación jurídica del impetrante de tutela y la consecuente determinación de su detención preventiva: “…el imputado en el momento de los hechos no ha mostrado esta voluntad de someterse la investigación, por cuanto al momento de haber sido aprehendido por los ciudadanos, el papá de la menor y los vecinos de la OTB que se encontraba en el lugar, ha pretendido deshacerse del celular votando el mismo a un lago, así también de que el imputado en su declaración de manera voluntaria el mismo no ha señalado que ya con anterioridad habría sido denunciado por otro delito similar a este y que revisados los antecedentes correspondientes, el mismo tiene una denuncia similar a los hechos de una menor también, lo que muestra esta actitud que el imputado a demostrado su voluntad de someterse al mismo por lo que existe este peligro procesal dispuesto en el Art. 234 Núm. 4) del CPP…” (sic). Vale decir, el mencionado riesgo procesal fue incorporado a la situación jurídica del impetrante de tutela, ya que: 1) Se resistió a su aprehensión; 2) Pretendió deshacerse de un celular; y, 3) Que en su declaración informativa no mencionó que, con anterioridad, ya fue denunciado por un hecho similar; aspectos que, en criterio de la autoridad que emitió dicha determinación, demuestran su voluntad de no someterse al proceso.
Ante ello y a fin de conseguir un cambio favorable en su situación jurídica, el impetrante de tutela presentó -entre otras- la RA 001/2022 de 25 de julio y el certificado de antecedentes de 24 de agosto de igual año (Conclusiones II.2 y II.3), pruebas que alega no fueron valoradas en el caso concreto, y que, en su criterio, demuestran que ya no cuenta con antecedentes policiales en su contra y, por lo tanto, desvirtúan los motivos que fundaron la incorporación del peligro de fuga inserto en el art. 234.4 del CPP; sin embargo, el Juez a quo, mediante Auto Interlocutorio de 5 de octubre de 2022, rechazó la solicitud realizada, identificando los presupuestos fácticos antes señalados que motivaron la incorporación del mencionado peligro de fuga en la situación jurídica del impetrante de tutela, para finalmente afirmar que, la expresión fáctica extraída de los elementos aparejados a su solicitud -es decir, la falta de antecedentes policiales del imputado-, ya fueron considerados en la Resolución de “…26 de abril de 2022…” (sic [fs. 148]), donde se rechazó una anterior solicitud de cesación a la detención preventiva realizada por el accionante. Una vez impugnado el Auto Interlocutorio de 5 de octubre de 2022, la Vocal demandada confirmó la decisión adoptada, a través del Auto de Vista de 20 de octubre de 2022, argumentando lo siguiente: De la revisión de antecedentes, se advierte que la prueba presentada por el hoy recurrente para enervar el riesgo procesal -consistente en el cuadernillo de rechazo de una causa penal instaurada en su contra, certificación del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) y el Certificado de No Violencia (CENVI)- ya fueron valorados, no solo en la audiencia del 27 de abril de 2022, como señala el Juez a quo, sino también en la audiencia del 4 de agosto de ese mismo año, oportunidad en la que se reiteró que dicha prueba no desvirtuaba la forma en que se construyó el riesgo de fuga en la audiencia de medidas cautelares. En ese sentido, es correcto el análisis del Juez a quo, quien concluyó que dichos elementos ya habían sido presentados y evaluados sin modificar la configuración del riesgo procesal. No obstante -continúa la Vocal demandada-, cabe precisar que no toda la prueba ofrecida en la audiencia del 5 de octubre de 2022 es reiterativa, ya que la RA 001/2022, emitida por la Dirección Departamental de Oruro de la FELCV, que aprobó la cancelación de antecedentes policiales del recurrente por un caso de abuso sexual, constituye un nuevo elemento no considerado por el Juez a quo; sin embargo, dicha Resolución no desvirtúa el riesgo de fuga previsto en el art. 234.4 del CPP, el cual fue construido a partir del comportamiento del imputado durante su aprehensión y su declaración informativa, en la que mintió sobre la existencia de antecedentes. Aclaró que esta nueva prueba podría haber sido relevante únicamente en relación al riesgo previsto en el art. 234.6 del mencionado Código. En consecuencia, -concluye la Vocal demandada- es correcta la conclusión del referido Juez respecto a la persistencia del riesgo establecido en el art. 234.4 de la citada normativa, y, por tanto, la apelación carece de mérito en este punto. Hechas estas precisiones, se evidencia que, en efecto, la Vocal demandada advirtió oportunamente la omisión valorativa de la autoridad de instancia respecto a la RA 001/2022, pero concluyó en su irrelevancia, toda vez que, la expresión fáctica extraída de su análisis -vale decir, el hecho de que el accionante no cuenta con antecedentes-, fue efectivamente considerada en otras determinaciones, para finalmente concluir que la misma no se relacionaba a los motivos por los cuales se fundó el riesgo procesal en la medida en la que pueda enervarlo. Ahora bien, al promover la presente acción tutelar, el accionante pretende de forma implícita la revalorización de los elementos de pruebas aportados, mismos que ya fueron objeto de pronunciamiento en la jurisdicción ordinaria, lo cual impide su revisión debido al incumplimiento de los presupuestos necesarios para que este Tribunal efectúe dicha labor y que se encuentran identificados en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; puesto que, en el caso concreto, no se cuestionaron los fundamentos valorativos de las autoridades jurisdiccionales, sino que el reclamo estaba dirigido a denunciar una presunta omisión valorativa de los elementos de referencia; por consiguiente, al evidenciarse la existencia de un pronunciamiento por parte de la jurisdicción ordinaria respecto al valor de las pruebas de referencia y así también la expresión fáctica extraída de su análisis, como es la falta de antecedentes policiales del encausado, no es posible sostener la existencia de una omisión arbitraria en su valoración y, menos aún, ingresar a revisar la labor valorativa de las autoridades jurisdiccionales en el caso concreto. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 26 de octubre de 2022, cursante de fs. 170 a 176, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme a los razonamientos fácticos y fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0273_2025-S2.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): fd74491f546b82267fa39984d09f8d2fc6620bb8c5b40d72a99ebd9772a80ef9
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