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SCP 0273/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 2 de julio de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
2 de julio de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
50243-2022-101-AAC
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela denunció la lesión de los derechos a la valoración de la prueba, al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación, y congruencia; en virtud a que, la autoridad demandada al resolver una apelación dentro del trámite de cesación a la detención preventiva emitió una resolución arbitraria, efectuando una mera transcripción de actuados, sin responder a todos los agravios planteados y omitiendo valorar la prueba documental para desvirtuar el riesgo procesal de peligro efectivo para la sociedad, careciendo de esta manera de una debida fundamentación, motivación y congruencia; ya que, en sus conclusiones, expuso simples generalidades. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 96/2022 de 7 de septiembre, cursante de fs. 41 a 48 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la acción de amparo constitucional y su ámbito de protección:
  2. III.2. La acción de libertad y su ámbito de protección
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0273/2024-S4 Sucre, 2 de julio de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional Expediente: 50243-2022-101-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 96/2022 de 7 de septiembre, cursante de fs. 41 a 48 vta., pronunciado dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Erick Rodrigo Galvez Cabrera contra Asunta Montenegro Melgar, Vocal de la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Domestica Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Beni.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 5 de septiembre de 2022, cursante de fs. 1; y, 9 a 14 el accionante, expuso los siguientes argumentos:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra a instancias del Ministerio Público, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas, cohecho activo, concusión propia, alteración o sustitución de objeto del delito, asociación delictuosa, incumplimiento de deberes, uso indebido de bienes, y servicios públicos, al encontrarse con detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, ejerciendo sus derechos procesales como justiciable, planteó solicitud de cesación a la detención preventiva; misma que, fue rechazada por la autoridad en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal y Anticorrupción Cuarto del departamento de Beni, en audiencia mediante Auto 241/2022 de 13 de julio de 2022.

Contra dicha determinación, el 1 de septiembre de 2022, interpuso recurso de apelación, solicitando la revocatoria de la Resolución apelada; siendo resuelto el mismo por Auto de Vista 177/2022 de la misma fecha; por el cual, Asunta Montenegro Melgar Vocal de la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Domestica Pública del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento –autoridad demandada–, determinó “LA REVOCABILIDAD PARCIAL” del Auto 241/2022 desvirtuando los riesgos procesales contenidos en el Código de Procedimiento Penal (CPP) en su art. 235 nums. 1) y 2) y manteniendo persistente el riesgo procesal del art. 234 num. 7) porque no fue posible revocar su vigencia; lo cual, no sería evidente porque dando cumplimiento a la resolución emitida por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, instancia que analizó la impugnación a la aplicación de medidas cautelares, manifestando a través de su decisión que no bastaría haber adjuntado certificados de antecedentes penales y documentos similares; sino que, se extrañaría la ausencia de informe socioeconómico y psicológico; aspectos que, no fueron analizados por la autoridad demandada.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante, alegó la lesión de su derecho al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación, congruencia, defensa, impugnación, coherencia y valoración de la prueba; citando al efecto los arts. 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE), 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH); y, el 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, disponer la nulidad parcial del Auto de Vista 177/2022 de 1 de septiembre, ordenando se emita una nueva resolución.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual, el 7 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 34 a 40 y vta., presentes el accionante asistido por su abogado, el representante legal del Ministerio Público y los terceros interesados; y ausente la autoridad judicial demandada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela, ratificó en su integridad los argumentos expuestos en su demanda de acción de defensa interpuesta, y ampliando la misma, señaló que: a) La Vocal hoy demandada no valoró correctamente la prueba aportada; puesto que, se refiere al informe socioeconómico y al psicológico, pero no relaciona dicha prueba con la pretensión jurídica; y, b) Se limitó a expresar su decisión sin explicar porque mantiene subsistente el riesgo procesal del art. 234 num. 7) del CPP; y, c) No expuso las razones de su decisión, tampoco asumió las consideraciones esgrimidas por la Sala Penal y no respondió cabalmente a los agravios denunciados.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Asunta Montenegro Melgar, Vocal de la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Domestica Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, fue legalmente notificada tal cual consta a fs. 18 vta. de obrados; sin embargo, no presentó informe escrito alguno, así como tampoco participo de la presente audiencia.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

José Carlos Vargas Chávez en su condición de representante legal del Ministerio Público, en audiencia manifestó que la Resolución hoy cuestionada se encuentra correctamente motivada, no se puede corroborar incongruencia alguna; así como, tampoco se evidencia de la vulneración ejercida contra algún bien jurídico que goce de protección constitucional; por lo que, se debe mantener firme y subsistente la decisión cuestionada.

I.2.4. Intervención de las terceras interesadas

Marcela María Patiño Delgado, Jimena Ángela Pérez Urzagaste y Delia Trujillo apoderadas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), en la misma audiencia, coincidió al manifestar que el Auto de Vista ahora cuestionado no vulnera ningún derecho o precepto constitucional alguno; el accionante no detallo de manera precisa cual derecho se le habría vulnerado a través de dicha decisión judicial, solicitando se deniegue la tutela impetrada. Silvana Karyn Vaca Ruiz representante legal del Ministerio de Gobierno, argumentó que el Auto de Vista hoy en cuestión, se encuentra debidamente fundamentado y motivado.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, mediante Resolución 96/2022 de 7 de septiembre, cursante de fs. 41 a 48 y vta., concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 177/2022, debiendo la autoridad demandada emitir un nuevo fallo observando los criterios de la mencionada Sala Constitucional; ello con base en los siguientes fundamentos: 1) Se deja sin efecto la resolución cuestionada únicamente con relación al riesgo procesal mantenido en relación al art. 234 num. 7 del CPP; 2) La ausencia de valoración de un medio probatorio tal cual se había realizado por el Vocal de la Sala Penal Haider Echalar en la Resolución 131/2022 de 9 de julio, en relación a la norma antes detallada debe ser enmendada por la jurisdicción constitucional; y, 3) La presente Sala Constitucional, sin valorar, entiende que la ausencia de un pronunciamiento certero, y la valoración concreta de los medios probatorios por parte del Órgano Judicial, lesiona el derecho fundamental al debido proceso en su elemento motivación del ahora solicitante de tutela.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Erick Rodrigo Galvez Cabrera, en su condición de imputado dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, ejerciendo su derecho a la impugnación interpuso recurso de apelación contra el Auto 241/2022 de 13 de julio de 2022, que expedido por la autoridad a cargo del Juzgado de Instrucción Penal y Anticorrupción Cuarto del departamento de Beni, dentro del trámite de solicitud de cesación a la detención preventiva; a consecuencia de haberse activado dicho mecanismo procesal de revisión de actuaciones de la autoridad inferior en grado, en su rol de revisión Asunta Montenegro Melgar, Vocal de la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Domestica Pública del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento –ahora autoridad judicial demandada–, emitió el Auto de Vista 177/2022 de 1 de septiembre mediante el cual dispuso: “…LA REVOCABILIDAD PARCIAL del Auto No 241/2022 de 13 de julio de 2022 (…) dictado por la juez a quo, teniéndose como desvirtuado los riesgos procesales descritos en los arts. 235-1 y 2 del CPP, manteniéndose subsistente y latente el riesgo procesal del art. 234-7 del CPP, por no haber sido desvirtuado”(sic [fs. 2 a 8]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela denunció la lesión de los derechos a la valoración de la prueba, al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación, y congruencia; en virtud a que, la autoridad demandada al resolver una apelación dentro del trámite de cesación a la detención preventiva emitió una resolución arbitraria, efectuando una mera transcripción de actuados, sin responder a todos los agravios planteados y omitiendo valorar la prueba documental para desvirtuar el riesgo procesal de peligro efectivo para la sociedad, careciendo de esta manera de una debida fundamentación, motivación y congruencia; ya que, en sus conclusiones, expuso simples generalidades. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. De la acción de amparo constitucional y su ámbito de protección:

Todos los demás derechos no protegidos por otras acciones de defensa

Las garantías jurisdiccionales y las acciones de defensa, materializan la protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, entre las que se encuentran: la acción de libertad, la acción de amparo constitucional, la acción de protección a la privacidad, la acción de inconstitucionalidad, la acción popular, la acción de cumplimiento y el recurso directo de nulidad; las cuales, según su naturaleza tienen distintos ámbitos de tutela; en ese marco, con relación a la acción de amparo constitucional la SCP 0087/2020-S4 de 14 de julio; estableció que: “Conforme (…) el art. 128, la acción de amparo constitucional ‘…tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley´. De acuerdo a ello, se puede afirmar que la citada acción, es un mecanismo constitucional de defensa con un amplio margen de protección, por cuanto no especifica de manera concreta, detallada y limitada qué derechos son susceptibles de ingresar a su ámbito de resguardo; sin embargo, en el Código Procesal Constitucional, se establecen ciertas restricciones en concordancia con las demás acciones de defensa constitucional reconocidas por la Constitución Política del Estado. Así, como una de las causales de improcedencia, prevé ‘Cuando los derechos o garantías vulnerados correspondan ser tutelados por las Acciones de Libertad, de Protección de Privacidad o Popular’ (art. 53.5), entendiéndose de ello que todos los demás derechos no protegidos por las otras acciones constitucionales, son amparados por la presente acción tutelar” (las negrillas y el subrayado son nuestros).

III.2. La acción de libertad y su ámbito de protección

De igual manera, la precitada SCP 0087/2020-S4, en cuanto a la temática de exordio, reiterando entendimientos anteriores; concluyó que: “La acción de libertad, por otra parte, conforme se tiene del art. 125 de la CPE, está al alcance de ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal (…) y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’. Respecto a la naturaleza jurídica de la acción de libertad y tomando en cuenta que la referida disposición constitucional establece la activación de dicho mecanismo de defensa constitucional ante la vulneración del derecho a la vida y a la libertad, la SCP 0003/2012 de 13 de marzo, entre otras, asumió que: ‘La acción de libertad, es un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando ésta se encuentra afectada o amenazada por la restricción o supresión de la libertad’. Conforme al art 46 del CPCo: ‘La Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro’. En la SCP 0212/2012 de 24 de mayo, se estableció que: ‘…para la consideración y resolución de la acción de libertad, debe tenerse en cuenta que los ámbitos de protección se diferencian por el derecho que protegen: i) Derecho a la vida; ii) Derecho de locomoción, en tanto esté amenazado el derecho a la libertad personal; iii) Derecho al debido proceso, en cuanto esté restringido el derecho a la libertad personal; y, iv) Derecho a la libertad personal, por haberse privado al margen de la Norma Fundamental y la Ley”’ (las negrillas y subrayado nos pertenecen).

III.3. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela identifica como acto lesivo a sus derechos fundamentales invocados en esta acción de defensa, al tramitarse la solicitud de cesación a la detención preventiva y el Auto de Vista 177/2022, pronunciado por la Vocal ahora demandada, quién al emitir su decisión eliminó el peligro de obstaculización y dispuso mantener el peligro de fuga en su vertiente de considerar al imputado un peligro efectivo para la sociedad y con ello mantenerlo con detención preventiva, sin fundamentar ni motivar sobre la prueba aportada (informes socioeconómico y psicológico), ni la concurrencia de los riesgos procesales. Ya establecido el contexto, de los antecedentes procesales cursantes en obrados; se advierte que, dentro del proceso penal de acción pública seguido por el Ministerio Público contra Erick Rodrigo Galvez Cabrera –ahora impetrante de tutela–, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas, cohecho activo, concusión propia, alteración o sustitución de objeto del delito, asociación delictuosa, incumplimiento de deberes, uso indebido de bienes, y servicios públicos y al habérsele aplicado la extrema medida cautelar de la detención preventiva, a través del Auto 241/2022, la autoridad a cargo del Juzgado de Instrucción Penal y Anticorrupción Cuarto del departamento de Beni, rechazó la solicitud de cesación de detención preventiva y consecuencia de ello, el ahora accionante planteó recurso de apelación, dicha impugnación fue resuelta mediante el Auto de Vista 177/2022, expedido por la autoridad demandada dejando sin efecto parcialmente la resolución recurrida, al haberse desvirtuado únicamente un riesgo procesal y manteniendo firme y subsistente el peligro de fuga establecido en el art. 234.7 del CPP por considerar al imputado un peligro efectivo para la sociedad (Conclusión II.1). Ahora bien, con carácter previo a ingresar a realizar cualquier consideración de fondo, resulta necesario tener presente que si bien de acuerdo al contexto de la demanda, el cuestionamiento traído a materia a través de esta acción de amparo constitucional versa en presuntos defectos de fundamentación y motivación, generados a raíz de haberse desvirtuado un riesgo procesal y mantener vigente otro lo que ha generado la permanencia como detenido preventivo al ahora accionante; no obstante, al hallarse dicha medida bajo el régimen de medidas cautelares previstas en el Código de Procedimiento Penal; es evidente que, se encuentra en directa vinculación con su situación jurídica y por ende con su derecho a la libertad; en ese entendido, cabe resaltar que si bien la acción tutelar se constituye en un mecanismo constitucional de defensa con contenido amplio, al proteger todos los derechos fundamentales de acuerdo a lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; no obstante, el diseño constitucional vigente en Bolivia, reconoce de manera expresa otras acciones tutelares regidas bajo propias configuraciones, entre ellas, la acción de libertad estatuida como el medio constitucional de defensa que protege el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad personal y libertad de locomoción; la cual, posee una naturaleza carente de formalismos y rigurosidades que hace posible en caso de ser pertinente, la tutela inmediata y eficaz ante la lesión de los aludidos derechos fundamentales, conforme previene el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional. Bajo esa línea de análisis, es evidente la concurrencia de la causal de improcedencia de esta acción de amparo constitucional, prevista en el art. 53.5 del Código Procesal Constitucional (CPCo), al no encontrarse los derechos fundamentales y garantías constitucionales hoy reclamados de lesión, dentro del ámbito de su protección; pues, de acuerdo a lo explanado, los mismos se encuentran directamente vinculados con el derecho a la libertad del impetrante de tutela; por lo que, se concluye que el mecanismo constitucional idóneo a efectos de resolver la problemática planteada, es la acción de libertad, pues las vulneraciones denunciadas, obedecen a una detención preventiva impuesta por autoridad competente, razones que hacen inviable el control tutelar de lo reclamado, lo que conlleva deba denegarse la tutela impetrada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Por consiguiente, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 96/2022 de 7 de septiembre, cursante de fs. 41 a 48 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0273_2024-S4.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): 97bcfa6cf5580167d844cb003526c5988be9e78034dcf8a8ac207067bd148219

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