Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 3 de junio de 2024
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, acceso a la justicia e impugnación, así como a los principios de legalidad, presunción de inocencia, celeridad, pro homine, pro persona, favorabilidad y pro actione y seguridad jurídica; puesto que: 1) El Juez ahora coaccionado, a través del Auto de 16 de mayo de 2022, dispuso se amplíe por un mes el plazo de duración de la detención preventiva del accionante; siendo que ya se cumplió más de seis meses de investigación de la etapa preparatoria, sin que exista acusación formal y encontrándose aun con detención preventiva y en vía de enmienda y complementación mediante una respuesta caprichosa sobre la conminatoria que debía realizar al Ministerio Público determinó que su persona no cuenta con derechos mientras se efectivice la misma; y, 2) La Vocal hoy accionada, de forma arbitraria, infundada e inmotivada haciendo uso de un criterio subjetivo, sin considerar todos los aspectos detallados por su impugnación, declaró improcedente el recurso de apelación incidental planteado, por el cual la carga argumentativa que expuso sería insuficiente, criterio superado por la SCP 0748/2019-S2 de 28 de agosto, “omitiendo groseramente” que “hasta el presente” se encuentra con detención preventiva, por seis meses y siete días, término que fue ampliado por un mes más, cuando no existe en ninguna parte del Código de Procedimiento Penal y menos en la Constitución Política del Estado, la ampliación de plazos procesales para una investigación, cuand…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 15 de junio de 2022, cursante de fs. 84 a 88 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0273/2024-S3 Sucre, 3 de junio de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 48487-2022-97-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 15 de junio de 2022, cursante de fs. 84 a 88 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis Miguel Vicente Tola contra Mirtha Mabel Montaño Torrico, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, Luis Fernando Pérez Montaño, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del referido departamento.
El accionante por memorial presentado el 14 de junio de 2022, cursante de fs. 24 a 39 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Paola Cristal Gutiérrez Rocabado contra su persona, por la presunta comisión de los delitos de corrupción de niña, niño y adolescente; corrupción agravada y corrupción de mayores, previstos y sancionados por los arts. 318, 319 y 320 respectivamente del Código Penal (CP), se dispuso su detención preventiva el 9 de noviembre de 2021, por cinco meses, a cumplirse en el Centro Penitenciario El Abra de Cochabamba, siendo radicado en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del referido departamento, debido a la pérdida de competencia de la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del indicado departamento; puesto que, por decreto de 26 de abril de 2022, el Juez ahora coaccionado, radicó su causa señalando que ante la presentación de la ampliación de la investigación y posterior imputación formal por la presunta comisión del delito de abuso sexual, no ameritaba la ampliación de la etapa preparatoria; por consiguiente, el 16 de mayo de igual año, el Juez hoy coaccionado, instaló la .
audiencia de reconsideración de su situación jurídica, en cumplimiento al Auto de Vista 133/2022 de 6 del señalado mes, emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del mencionado departamento -que dispuso revocar el Auto Interlocutorio de 8 de abril del mismo año, de la cesación de su detención preventiva y ordenó que emita una nueva resolución subsanando los agravios omitidos-, donde ordenó se amplíe un mes más el plazo de duración de su detención preventiva, cuando ya se cumplió más de seis meses de investigación de la etapa preparatoria sin que exista acusación formal y encontrándose aun con dicha detención, quebrantando con ello la regla de la extinción de la acción penal en etapa preparatoria y el derecho a la presunción de inocencia, sin respetar el Código de Procedimiento Penal y la Constitución Política del Estado, entrando incluso en contradicción con el decreto de 26 de abril de 2022, asimismo, esa determinación no se encuentra debidamente motivada ni fundamentada y además omite que no existe doble procesamiento por un idéntico hecho. Ante dicha determinación, solicitó enmienda y complementación, pidiendo que se aclare porqué se amplió su detención preventiva por un mes más, señalándole el Juez ahora coaccionado, que recién se realizaría la notificación con la conminatoria al Fiscal Departamental y mientras no esté materializada la indicada notificación su autoridad era competente, cuando no se le cuestionó su competencia, además la respuesta emitida se torna en caprichosa; en razón a que, mientras la referida autoridad judicial no conmine, su persona no tendría derechos; por lo que, podía continuar detenido. Ante la evidente vulneración de sus derechos planteó recurso de apelación incidental contra el Auto de 16 de mayo de 2022, mismo que fue resuelto por la Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -hoy accionada-, mediante Auto de Vista de 3 de junio de igual año, instancia en la que expresó de forma clara y precisa los agravios que sufrió, señalando que la etapa investigativa en la que fundaron la ampliación de su detención preventiva, a un mes más, ya finalizó; en el entendido que, de acuerdo al art. 134 del Código de Procedimiento Penal (CPP), la etapa preparatoria deberá finalizar en el plazo máximo de seis meses; puesto que, se le amplió su detención preventiva; finalizando dicha etapa preparatoria y sin que exista acusación formal. Sin embargo, la Vocal ahora accionada, refirió que el Auto de 16 de mayo de 2022, únicamente respondió al cumplimiento del Auto de Vista 133/2022 emitido por Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del departamento de Cochabamba -que revocó el Auto Interlocutorio de 8 de abril de ese año-, que señaló que debía resolverse la petición de ampliación del plazo de la detención preventiva en el marco del art. 233 del CPP, por la supuesta complejidad del caso, y sin considerar todos los aspectos detallados por su persona, la Vocal hoy accionada declaró improcedente su recurso de apelación incidental; debido a que, la carga argumentativa sería insuficiente al no haberse logrado señalar el derecho y la garantía constitucional que fueron vulnerados, lo que a su criterio no daría posibilidad a una correcta apertura de la competencia de dicho Tribunal de alzada, situación que ya fue superada por la SCP 0748/2019-S2 de 28 de agosto, al .
establecer que la falta de carga argumentativa no es óbice para realizar el correspondiente análisis. Con esa decisión de hecho y no de derecho, la Vocal ahora accionada, “omitiendo groseramente” el Auto de 9 de noviembre de 2021, en la cual se impuso su detención preventiva y “hasta la fecha” -entiéndase de la presentación de esta acción tutelar-, se encuentra en dicha condición, por seis meses y siete días, la cual fue ampliada por un mes más por la complejidad del caso y la existencia de actos pendientes de investigación, cuando no existe en ninguna parte del Código de Procedimiento Penal y menos en la Constitución Política del Estado, la ampliación de plazos procesales para una investigación; puesto que, la investigación tendría que concluir en seis meses; ya que, los actos investigativos pendientes tienen que ir en concordancia con la etapa preparatoria, constituyéndose la decisión asumida en una incongruencia ultra petita; asimismo, inobservó el principio non bis in ídem, que no existe doble procesamiento por un idéntico hecho, demostrando una actitud parcializada. Determinación respecto a la cual interpuso enmienda y complementación, solicitando se aclare el motivo por el cual ratificó el Auto de 16 de mayo de 2022, si los plazos procesales de la etapa preparatoria fenecieron el 9 del mismo mes y año, cumpliendo a cabalidad los seis meses determinados por ley para investigar los actos pendientes que el Ministerio Público requería y que ampliar su detención preventiva bajo la premisa de actos investigativos pendientes se estaría mutando arbitrariamente el plazo de la etapa preparatoria de seis meses a siete meses; recibiendo en respuesta, por la Vocal hoy accionada, que el Auto de 16 del referido mes y año, solo respondió al Auto de Vista 133/2022, emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, demostrando con ello una interpretación errónea del Código de Procedimiento Penal, de la Constitución Política del Estado y de los tratados internacionales sobre el acceso a la justicia pronta y oportuna, cuando la detención preventiva y etapa preparatoria tienen que ir en conjunto, no considerarlo resultaría arbitrario y confuso. Es decir, que el Auto de Vista de 3 de junio de 2022, emitido por la Vocal ahora accionada, es arbitrario, infundado e inmotivado; puesto que, se usó un criterio subjetivo y sesgado al sustentar su decisión en una supuesta carencia de carga argumentativa, cuando expuso coherentemente las razones de su recurso de apelación incidental, no siendo óbice que deba identificar reglas de la sana crítica, ciencia y experiencia más aún considerando el principio iura novit curia, debiendo aplicarse incluso los principios de favorabilidad, pro actione, pro persona, legalidad, celeridad, verdad material y tutela judicial efectiva, debiendo resolver el fondo de dicho recurso con base en los agravios expuestos.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, acceso a la justicia e impugnación, así como a los principios de legalidad, presunción de .
inocencia, celeridad, pro homine, pro persona, favorabilidad, pro actione y seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 8, 22, 23.I, 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga: a) Se restablezca su derecho al debido proceso vinculado a la libertad; y, b) Se anule el Auto de Vista de 3 de junio de 2022, ordenando que la Vocal hoy accionada emita un nuevo auto de vista en el término de cuarenta y ocho horas de su legal notificación, conforme a los fundamentos expuestos, principios constitucionales y jurisprudencia citada.
Celebrada la audiencia virtual el 15 de junio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 82 a 83, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que la Vocal ahora accionada al señalar que existe una ampliación de la investigación dio a entender que existe otro proceso sobre el mismo hecho.
Mirtha Mabel Montaño Torrico, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe presentado el 15 de junio de 2022, cursante a fs. 77 y vta., manifestó que: 1) Para que se cuestione la legalidad ordinaria, se debe tomar en cuenta la SC 1718/2011-R de 7 de noviembre, que señala que debe cumplirse con ciertas exigencias; 2) De acuerdo al art. 398 del CPP y las reglas previstas en el art. 396.3 del citado Código, considerando el Auto de 16 de mayo de 2022 así como lo alegado por el accionante, emitió el Auto de Vista de 3 de junio de igual año, en el cual de forma clara y concreta se respondió al nombrado; 3) Se debe tener presente que el control sobre el término de la etapa preparatoria debe realizarlo el juez de instrucción penal, conforme a los alcances del art. 134 del CPP, al ser una facultad propia de dicha autoridad judicial, que tiene conocimiento de las particularidades del caso, como la fecha de notificación con la imputación formal que se constituye en el punto de computo de la etapa preparatoria o si existe ampliación de la imputación; 4) El accionante no supo identificar los agravios sufridos con relación al Auto de 16 de mayo del mencionado año, pronunciado por el Juez de primera instancia; por lo que, se aclaró en el Auto de Vista de 3 de junio de igual año, así como en el Auto complementario de igual fecha, que el término de la etapa preparatoria no fue tema de debate en la “audiencia de origen”; toda vez que, no podía en audiencia del recurso de apelación incidental introducirse nuevos puntos, tal .
como se dispuso en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1226/2016-S3 de 7 de noviembre y 0276/2018-S2 de 25 de junio y que ese tema debe ser debatido a través del Juez de primera instancia; 5) El Auto de Vista de 3 de junio de 2022, cumple con el art. 124 del CPP, al explicar en términos claros y precisos el porqué de la determinación asumida y en razón a que el término de la etapa preparatoria tiene un propio procedimiento a ser observado; debido a que, implica la posibilidad de extinción de la acción penal ante una posible carencia de emisión de un requerimiento conclusivo, que conlleva a que el Juez de la causa ejerza control sobre dicho plazo, a través de la conminatoria al Ministerio Público para que emita un requerimiento conclusivo, y ante la inobservancia de este se debe poner en conocimiento de la víctima dicho extremo y conminar a que presente acusación particular y de no realizarse la misma, es factible la emisión de una resolución de extinción de la acción penal en etapa preparatoria, aspectos que no pueden ser realizados a través de un recurso de apelación incidental; y, 6) Al no vulnerarse ningún derecho o garantía constitucional, pidió se deniegue la tutela solicitada. Luis Fernando Pérez Montaño, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante informe presentado el 15 de junio de 2022, cursante a fs. 76 y vta., manifestó que: i) El accionante confunde completamente institutos jurídicos, siendo que de forma desordenada cuestiona el Auto de 16 de mayo de 2022 emitido por su autoridad como la que dictó la Vocal ahora accionada -Auto de Vista 3 de junio de igual año-, haciendo alusión al principio iura novit curia y non bis in ídem; empero, no ingresará a considerar esas incongruencias; ii) El Auto de 16 de mayo de 2022, fue emitido en estricto cumplimiento al “Auto de Vista de 16 de mayo de 2022” -lo correcto es Auto de Vista 133/2022 de 6 de mayo-, por el cual se determinó revocar el Auto Interlocutorio de 8 de abril de ese año, y ordenó emitir uno nuevo en el marco de los fundamentos descritos en ese Auto de Vista; es decir, que se remitió el caso para dictar resolución, sin la necesidad de ingresar a la consideración de otros elementos probatorios ajenos a la audiencia de reconsideración de la situación jurídica; iii) El 16 de mayo del citado año el Fiscal Departamental fue notificado a efectos de que remita el correspondiente requerimiento conclusivo; por lo que, no se puede señalar que en esa fecha el Ministerio Público ya no podía realizar actos investigativos; y, iv) Si el accionante consideraba que el plazo de seis meses de su detención preventiva habría concluido se encontraba plenamente facultado a solicitar la cesación de la detención preventiva conforme determina el art. 239 del CPP, modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, y no simplemente esperar la reconsideración de su situación jurídica y ampliación del plazo, más aún cuando en la audiencia de reconsideración de su situación jurídica de 8 de abril de 2022, simplemente transcurrieron cinco meses de la etapa preparatoria, estando el Ministerio .
Público en la posibilidad de pedir la ampliación del plazo de acuerdo a lo establecido por la norma procesal penal.
El Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución de 15 de junio de 2022, cursante de fs. 84 a 88 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: a) En el marco de la SCP “1631” de 4 de octubre, que trata sobre la línea jurisprudencial relativa a la revisión de la actividad de otros tribunales por parte de la jurisdicción constitucional, se tiene que, en el Auto de 16 de mayo de 2022 y Auto de Vista de 3 de junio de igual año, emitidas por el Juez y la Vocal ahora accionados, se pronunciaron con relación a la duración de la detención preventiva del accionante, ampliada por un mes, así como con relación a los puntos apelados, mereciendo un pronunciamiento expreso y favorable por parte de la Vocal ahora accionada haciendo referencia a las características análogas consignadas en las dos imputaciones; b) Es por ello que la presente acción de liberad no tiene mérito, al haberse cumplido con las exigencias normativas previstas en los arts. 124 y 389 del CPP y en aplicación estricta del enfoque interseccional con perspectiva de género en el juzgamiento de las víctimas de agresión sexual; c) Se absolvió cada uno de los puntos observados, no debiendo ser dichas respuestas exageradas y abundantes de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, sino debe ser clara, concisa, y que satisfaga todos los puntos demandados; y, d) Con referencia al doble juzgamiento, el Ministerio Público tiene la facultad de recalificar el delito en la etapa preparatoria, más aún si se están investigando hechos.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio de 8 de abril de 2022, emitido por Karen Irlanda Munguía Barrientos, Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba, disponiendo la cesación de la detención preventiva de Luis Miguel Vicente Tola -ahora accionante- (fs. 14 a 17). II.2. Consta Auto de Vista 133/2022 de 6 de mayo, emitido por María Giovanna Pizo Guzmán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declarando procedente el recurso de apelación incidental interpuesto por la denunciante; en consecuencia, revocó el Auto Interlocutorio de 8 de abril de 2022 y dispuso que la titular del Juzgado Instrucción Penal Tercero de la Capital del referido departamento, en el plazo de cuarenta y ocho horas emita nueva “resolución”, determinándose que la situación jurídica del accionante retorne a la que detentaba antes de la emisión .
de la “resolución” (fs. 10 a 13 vta.). II.3. Mediante Auto de 16 de mayo de 2022, Luis Fernando Pérez Montaño, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba -hoy coaccionado-, determinó se amplíe el plazo de duración de la detención preventiva del accionante, por un mes; en consecuencia, se reprogramó audiencia de reconsideración de la situación jurídica del nombrado para el 16 de igual mes y año, corrigiendo la fecha para el 16 de junio de ese año. El accionante planteó recurso de apelación incidental contra el Auto emitido por el Juez ahora coaccionado; por lo que, la mencionada autoridad judicial ordenó conforme establece el art. 251 del CPP, la remisión de antecedentes a la Sala Penal de turno (fs. 6 a 7 vta.). II.4. Por Auto de Vista de 3 de junio de 2022, emitido por Mirtha Mabel Montaño Torrico, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -hoy accionada-, declaró improcedente el recurso de apelación incidental formulado por el accionante y de momento quedó incólume el Auto de 16 de mayo de igual año (fs. 3 vta. a 5).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, acceso a la justicia e impugnación, así como a los principios de legalidad, presunción de inocencia, celeridad, pro homine, pro persona, favorabilidad y pro actione y seguridad jurídica; puesto que: 1) El Juez ahora coaccionado, a través del Auto de 16 de mayo de 2022, dispuso se amplíe por un mes el plazo de duración de la detención preventiva del accionante; siendo que ya se cumplió más de seis meses de investigación de la etapa preparatoria, sin que exista acusación formal y encontrándose aun con detención preventiva y en vía de enmienda y complementación mediante una respuesta caprichosa sobre la conminatoria que debía realizar al Ministerio Público determinó que su persona no cuenta con derechos mientras se efectivice la misma; y, 2) La Vocal hoy accionada, de forma arbitraria, infundada e inmotivada haciendo uso de un criterio subjetivo, sin considerar todos los aspectos detallados por su impugnación, declaró improcedente el recurso de apelación incidental planteado, por el cual la carga argumentativa que expuso sería insuficiente, criterio superado por la SCP 0748/2019-S2 de 28 de agosto, “omitiendo groseramente” que “hasta el presente” se encuentra con detención preventiva, por seis meses y siete días, término que fue ampliado por un mes más, cuando no existe en ninguna parte del Código de Procedimiento Penal y menos en la Constitución Política del Estado, la ampliación de plazos procesales para una investigación, cuando ya no existe plazo de investigación avalado por ley, al tener que finalizar la investigación en el plazo de seis meses; es decir, que .
los actos investigativos pendientes tienen que ir en concordancia con la etapa preparatoria, debiendo por ello resolver el fondo de su recurso de apelación incidental con base en los agravios expuestos. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0053/2020-S3 de 12 de marzo, reiterando el razonamiento de la SCP 0141/2012 de 9 de mayo, señaló que: «…efectuando un entendimiento sobre los alcances del art. 398 del adjetivo penal concordante con lo previsto por el art. 251 del referido cuerpo normativo, señala que: “…la resolución emanada en audiencia de medidas cautelares, puede ser impugnada a través del recurso de apelación específicamente previsto para tal fin en la disposición procedimental precitada, en cuya instancia el Tribunal de apelación podrá aprobar o revocar la medida impuesta.
‘Artículo 398.- (Competencia) Los Tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución’.
De donde se colige que, sometida a impugnación una resolución, la autoridad superior en grado, deberá centrar su atención a resolver si las lesiones alegadas son evidentes; así lo estable la SCP 0077/2012 de 16 de abril, al señalar ‘De la norma legal precedente [art. 398 del CPP], de manera general es posible concluir que los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir más allá de lo que la parte apelante no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada, dado que el ámbito en el que deben circunscribir su actuación es a resolver los aspectos impugnados de quien tiene derecho de recurrir’.
De la interpretación sistemática y dogmática de la normativa procedimental penal glosada precedentemente, se puede establecer que el recurso de apelación de medidas cautelares, posee las siguientes características:
- Es un recurso de alzada pues es conocido por el órgano jurisdiccional superior en grado del que dictó la resolución impugnada.
- Se dirige contra resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares.
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- No versa sobre cuestiones nuevas sino que está referido al contenido de la resolución impugnada y a aquello que se declaró en el fallo.
En coherencia con lo señalado, es posible concluir que la norma contenida en el art. 251 del CPP, prevé el recurso de apelación contra resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares; por lo mismo, no podría versar sobre cuestiones ajenas a estas en razón a que la competencia del Tribunal de apelación está circunscrito al contenido de la resolución impugnada, es decir, a revisar y modificar en su caso la resolución que impuso dichas medidas. En tal virtud, dada la naturaleza del recurso de apelación de medidas cautelares, éste sólo debe constreñirse a resolver la impugnación de la decisión que determine la aplicación de alguna medida cautelar, entre ellas, la detención preventiva” » (las negrillas nos corresponden).
La SCP 0386/2015-S2 de 8 de abril, estableció que: ‘“…toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R, SC 1369/2001-R, entre otras).
En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: ‘…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’, coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una .
adecuada motivación respecto a los hechos en los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente su decisión, puesto que el relacionamiento de estas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere”’ (las negrillas nos pertenecen).
La SCP 1083/2014 de 10 de junio, respecto al principio de congruencia, estableció que: “…desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión” (el resaltado es nuestro).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, acceso a la justicia e impugnación, así como a los principios de legalidad, presunción de inocencia, celeridad, pro homine, pro persona, favorabilidad y pro actione y seguridad jurídica; puesto que: i) El Juez ahora coaccionado, a través del Auto de 16 de mayo de 2022, dispuso se amplíe por un mes el plazo de duración de la detención preventiva del accionante; siendo que ya se cumplió más de seis meses de investigación de la etapa preparatoria, sin que exista acusación formal y encontrándose aun con detención preventiva y en vía de enmienda y complementación mediante una respuesta caprichosa sobre la conminatoria que debía realizar al Ministerio Público determinó que su persona no cuenta con derechos mientras se efectivice la misma; y, ii) La Vocal hoy accionada, de forma arbitraria, infundada e inmotivada haciendo uso de un criterio subjetivo, sin considerar todos los aspectos detallados por su .
impugnación, declaró improcedente el recurso de apelación incidental planteado, por el cual la carga argumentativa que expuso sería insuficiente, criterio superado por la SCP 0748/2019-S2 de 28 de agosto, “omitiendo groseramente” que “hasta el presente” se encuentra con detención preventiva, por seis meses y siete días, término que fue ampliado por un mes más, cuando no existe en ninguna parte del Código de Procedimiento Penal y menos en la Constitución Política del Estado, la ampliación de plazos procesales para una investigación, cuando ya no existe plazo de investigación avalado por ley, al tener que finalizar la investigación en el plazo de seis meses; es decir, que los actos investigativos pendientes tienen que ir en concordancia con la etapa preparatoria, debiendo por ello resolver el fondo de su recurso de apelación incidental con base en los agravios expuestos. De la revisión de antecedentes que cursan en obrados se tiene que, por Auto Interlocutorio de 8 de abril de 2022, se dispuso la cesación de la detención preventiva del accionante (Conclusión II.1.); empero, a través del Auto de Vista 133/2022 de 6 de mayo, dicho Auto Interlocutorio fue revocado, disponiéndose que la titular del Juzgado Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba, en el plazo de cuarenta y ocho horas emita nueva “resolución” (Conclusión II.2.); es así que, que mediante Auto de 16 de mayo de igual año, el Juez ahora coaccionado, determinó se amplíe el plazo de duración de la detención de la detención preventiva del accionante por un mes, planteando el mencionado recurso de apelación incidental contra el referido Auto; por lo que, la indicada autoridad judicial, ordenó conforme establece el art. 251 del CPP la remisión de antecedentes a la Sala Penal de turno (Conclusión II.3.), el cual fue resuelto por la Vocal hoy accionada, quien emitió el Auto de Vista de 3 de junio del señalado año, declarando improcedente el recurso de apelación incidental formulado por el accionante y dejó incólume el Auto de 16 de mayo del citado año (Conclusión II.4.). Previamente a ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada en revisión, es necesario señalar que se advierte que el accionante identificó también como un acto lesivo a sus derechos, la determinación asumida por el Juez ahora coaccionado; sin embargo, atendiendo los alcances del principio de subsidiariedad, el análisis de la problemática se centrará en el Auto de Vista de 3 de junio de 2022, pronunciado por la Vocal hoy accionada; debido a que, es la autoridad llamada por ley para revisar las decisiones adoptadas en primera instancia.
Por lo que, corresponde verificar si lo denunciado por el accionante es o no evidente, por lo cual se analizará el agravio que sostuvo el nombrado en la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental (fs. 2 a 3 vta.), así como los razonamientos emitidos por la .
Vocal ahora accionada, en el Considerando II. del Auto de Vista de 3 de junio de 2022.
En ese entendido, se tiene que el accionante señaló que, el 9 de “mayo de 2022” se dispuso su detención preventiva durante un plazo máximo de cinco meses, hasta el “09 de mayo”; ya se cumplió los seis meses de dicha detención, el art. 239.2 del CPP, es claro, siendo que hasta la referida fecha no se presentó acusación formal y ni siquiera una ampliación por parte del Ministerio Público; empero, el 16 de mayo de 2022, el Juez ahora coaccionado, emitió un Auto de la misma fecha, donde el Ministerio Público trató de ampliar la etapa preparatoria de seis meses, cuando el art. 134 del CPP, establece que el tiempo límite es de seis meses a menos que se trate de una investigación criminal donde sí se puede ampliar el tiempo establecido; no obstante, en este caso no es el petitorio.
El Juez ahora coaccionado, se contradice con decreto de 26 de abril 2022, donde indicó al Ministerio Público que la ampliación de la imputación formal no amerita la ampliación de la etapa preparatoria; sin embargo, en la audiencia de reconsideración de la situación jurídica de 16 de mayo de igual año, el Juez hoy coaccionado, amplió la detención preventiva del accionante por un mes más, cuando ya se cumplió el tiempo de la etapa preparatoria y no existía acusación, motivo por el cual el Juez ahora coaccionado, debió otorgar la cesación de la detención preventiva al accionante, para que pueda defenderse en libertad, incongruencia del citado Juez que vulnera la presunción de inocencia, el principio de legalidad en concordancia con los principios de pro persona e in dubio pro reo, debido a que al accionante se lo tiene más de veintiséis días detenido preventivamente, cuando ya culminó la etapa preparatoria de acuerdo al art. 134 del CPP.
Al respecto, la Vocal hoy accionada, en el Auto de Vista de 3 de junio de 2022, manifestó que el art. 398 del CPP, reconoce la facultad de los Tribunales de segunda instancia de responder únicamente a los fundamentos de agravio expresados que solo versan sobre el contenido de la resolución impugnada, en el mismo sentido están las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1226/2016-S3 de 7 de noviembre y 0276/2018-S2 de 25 de junio, con esa aclaración el Auto de 16 de mayo de 2022, que apeló, solo hace referencia al cumplimiento del Auto de Vista 133/2022 emitido por la Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que hubiese revocado el Auto Interlocutorio de 8 de abril de igual año y demandaba resolver la petición de ampliación del plazo de la detención preventiva en el marco del art. 233 del CPP, en razón a la complejidad del caso, tomando en cuenta que se hubiera ampliado el proceso de investigación contra el accionante, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, siendo la complejidad del caso que la víctima es una persona .
mujer y es menor de edad, de ahí la necesidad de la ampliación de la detención preventiva por un mes más.
La defensa del accionante señaló que se hubiera cumplido los seis meses de la etapa preparatoria y no podía considerarse una ampliación de la resolución fiscal de imputación formal, por ello no podía procederse a una ampliación de la etapa preparatoria de seis meses que hubiera concluido; empero, si se observa a cabalidad el Auto de 16 de mayo de 2022 en ningún momento fue parte del debate o de la consideración del aparente cumplimiento del término de la etapa preparatoria, lo que hace que no pueda tomarse en cuenta este nuevo alegato directamente a través de un recurso de apelación incidental; puesto que, conforme a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1226/2016-S3 y 0276/2018-S2 solo en el recurso de apelación incidental puede ser motivo de análisis el contenido de la resolución impugnada, es así que el único motivo de debate en la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental de 3 de junio de igual año, fue la ampliación del término de la detención preventiva, así como lo pronunciado por el Auto de Vista 133/2022 de 6 de mayo, emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, el cual señaló que no se hubiese considerado el tema de la complejidad de los actos investigativos y no se hizo referencia alguna a que si hubo o no cumplimiento de la etapa preparatoria; por lo que, no se observa que el abogado defensor en dicha audiencia cumpliera a cabalidad el contenido del art. 396.3 del CPP, que establece cuales hubieran sido los agravios específicos que motivaron el recurso de apelación incidental, los derechos y garantías constitucionales que presuntamente se vulneraron a través de la emisión del Auto de 16 de mayo de 2022, que determinó la ampliación de la detención preventiva del accionante por el periodo de un mes, tomando en cuenta que no supo rebatir la afirmación realizada por el Juez hoy coaccionado en el apelado Auto de 16 de mayo de igual año, que la complejidad del caso ameritaba la prolongación de la detención preventiva del accionante; puesto que, esa falta de carga argumentativa y probatoria no posibilitaba una correcta apertura de la competencia del Tribunal de alzada.
En vía de enmienda y complementación el accionante solicitó que se le aclare porqué se le está ratificando la ampliación de un mes, dando a cabalidad siete meses de etapa preparatoria, cuando la normativa penal claramente establece que son seis meses, y conforme determina el art. 239.2 del CPP, debe otorgársele la cesación de la detención preventiva.
Recibiendo en respuesta el Auto de Vista de 3 de junio de 2022, en el que la Vocal ahora accionada, manifestó que en ningún momento el Auto de 16 de mayo de igual año, consideró el tiempo de seis meses .
como término de la etapa preparatoria o que se hubiera prolongado a siete meses, el Auto de 16 de mayo del mismo año, que fue en recurso de apelación incidental, únicamente consideró la necesidad de ampliar los cinco meses iniciales de detención preventiva, por un mes más, lo que hacía simplemente seis meses de restricción de la libertad, al no haber sido el motivo de debate no puede considerar otros puntos que se introducen como puntos nuevos en la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental; por lo que, no existiría razón para dar curso al pedido de enmienda y complementación, tomando en cuenta que es el juez de instrucción penal el que debe resolver si en el caso en particular, superó o no el tiempo de la etapa preparatoria conforme establecen los arts. 130, 134 y ss. del CPP.
Entendimiento que se encuentra, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional; debido a que, los Tribunales de segunda instancia que conocen recursos de apelación incidental como efecto del art. 251 del CPP, deben considerar los alcances del art. 398 de citado Código, que se refiere a que los mencionados Tribunales sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en el recurso de apelación incidental respecto de la resolución cuestionada, teniendo como una de sus características que no resuelve cuestiones nuevas ajenas al contenido de la resolución impugnada, e incluso al ser esta impugnación específica para resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, tampoco podrá considerar cuestiones distintas a estas determinaciones.
Debido a que, a partir de la lectura del Auto de Vista de 3 de junio de 2022, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional evidencia que la Vocal ahora accionada, para declarar improcedente el recurso de apelación incidental planteado por el accionante manifestó que el apelante no cumplió a cabalidad el art. 396.3 del CPP, respecto al Auto de 16 de mayo del mismo año, -que amplió la detención preventiva del accionante por un mes más-; es decir, que existía falta de carga argumentativa y probatoria que contradiga la afirmación realizada por el Juez de primera instancia en el Auto de 16 de mayo de 2022, referida a que la complejidad del caso ameritaba la prolongación de la detención preventiva del accionante; decisión que inició explicando el alcance del art. 239 del CPP y la jurisprudencia constitucional relacionada a dicha disposición normativa SCP 1226/2016-S3 de 7 de noviembre, que establece que los Tribunales de segunda instancia únicamente conocen y resuelven los agravios expresados que tratan sobre el contenido de la resolución impugnada, para luego señalar cual era el contenido del Auto de 16 de mayo de 2022, mismo que fue apelado por el accionante, señalando que dicho Auto solo cumplió lo dispuesto por el Auto de Vista 133/2022 que ordenó que se resuelva la solicitud de ampliación del plazo de la detención preventiva; puesto que, el caso sería complejo al .
ser la víctima mujer y menor de edad, para luego referirse al agravio expuesto por el accionante al momento de argumentar su recurso de apelación incidental, que versaba sobre la imposibilidad de la ampliación de la etapa preparatoria debido a que se habrían cumplido los seis meses establecidos para esa etapa, para finalmente concluir que de la revisión del Auto de 16 de mayo de 2022, no consideró en ningún momento el cumplimiento del término de la etapa preparatoria; por lo que, no podía considerar ese nuevo agravio de forma directa en un recurso de apelación, señalando que conforme al entendimiento de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales que mencionó en el recurso de apelación incidental solo puede ser motivo de análisis el contenido de la resolución impugnada.
Siendo evidente además que el accionante al fundamentar su recurso de apelación incidental, interpuesto al amparo del art. 251 del CPP, refirió de forma por demás confusa, al querer relacionar la ampliación de su detención preventiva con el cumplimiento de la etapa preparatoria, que el plazo que se dispuso para su detención preventiva se cumplió el 9 de mayo de 2022, sin que el Ministerio Público solicitara ampliación y sin que exista una acusación; por lo que, debió otorgársele la cesación de la detención preventiva, empero el Juez ahora coaccionado, en el Auto de 16 del mismo mes y año -que fue impugnado por el accionante-, amplió la detención preventiva del accionante por un mes más, cuando ya se cumplió el tiempo de la etapa preparatoria, que era de seis meses conforme establece el art. 134 del CPP.
En ese contexto, se concluye que, la Vocal ahora accionada en el Auto de Vista de 3 de junio de 2022, y su Auto complementario de igual fecha, señala claramente que solo se puede analizar las vulneraciones ocasionadas al accionante por el Auto de 16 de mayo del mismo año, y no sobre cuestiones nuevas, las cuales además, conforme a la jurisprudencia citada más adelante, tienen que estar relacionadas al objeto de la impugnación planteada en el marco del art. 251 del CPP que es específica para la apelación de resoluciones sobre medidas cautelares; empero, el agravio expuesto por el accionante al momento de fundamentar su recurso de apelación incidental, no se encontraba sostenido en la existencia de algún agravio ocasionado por la determinación asumida en el Auto de 16 de mayo del mismo año y no se encontraba en el marco del régimen de medidas cautelares, sino que se refería al cumplimiento del plazo máximo de la etapa preparatoria, señalando enfáticamente el accionante que conforme al art. 134 del citado Código, es de seis meses, aspecto que quiso relacionar en el cumplimiento del plazo de la detención preventiva, al señalarse que los actos investigativos pendientes, que pueden dar lugar a la ampliación de la privación de libertad, tienen que ir en concordancia con la etapa preparatoria, cuando únicamente la ampliación del término de la .
detención preventiva del accionante fue el objeto de la emisión del Auto de 16 de mayo de 2022.
Determinación declarada improcedente con relación al recurso de apelación incidental planteado por el accionante, en el cual la Vocal hoy accionada, respaldó con base en una disposición legal y fallos constitucionales, para luego realizar un razonamiento ordenado en el marco de dichos sustentos; por consiguiente, la Vocal ahora accionada expuso motivos de hecho y de derecho en los que fundó su convicción, además mantuvo orden y coherencia entre las partes que conformaron el Auto de Vista de 3 de junio de 2022, quedando desvirtuada también la denuncia de falta de fundamentación, motivación y congruencia, elementos del derecho al debido proceso, relacionado con el derecho a la libertad; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada.
Se debe aclarar que, la SCP 0748/2019-S2 de 28 de agosto, citada por el accionante, en el sentido que a través de la misma se hubiese superado el argumento de la insuficiente carga argumentativa alegada por la Vocal hoy accionada, para declarar improcedente el recurso de apelación incidental interpuesto por él mismo, no es vinculante al presente caso porque no se trata de supuestos fácticos análogos con el caso concreto.
Finalmente, con relación a la denuncia de vulneración a los derechos al acceso a la justicia e impugnación, así como a los principios de legalidad, presunción de inocencia, celeridad, pro homine, pro persona, favorabilidad, pro actione y seguridad jurídica, en el marco de la denegatoria de la tutela solicitada no se tiene evidencia de qué forma los mismos hubiesen sido vulnerados por la Vocal ahora accionada, motivo por el cual corresponde denegar la tutela solicitada respecto a los mismos. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 15 de junio de 2022, cursante de fs. 84 a 88 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
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Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0273_2024-S3.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): 0d14f5566a7e6aa18927984a483f67b1ace74a8d1d797469a89c7eeac788ed0d
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