Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 21 de abril de 2025
Concede en parte la tutela
El peticionante de tutela a través de sus representantes sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, en sus elementos de fundamentación y motivación de las resoluciones, “inaplicación de jurisprudencia” y libertad; así como al principio de legalidad; debido a que, el Vocal accionado por Auto de Vista de 18 de octubre de 2022 declaró la improcedencia del recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio de 2 del citado mes y año, que dispuso su detención preventiva; sin embargo incurrió en motivación arbitraria, debido a que: i) Ignoró lo establecido en la SCP 0276/2018 que asigna al Ministerio Público la obligación de aportar toda prueba para sustentar la petición de medidas cautelares personales; ii) Omitió que el art. 235.2 del CPP exige que el peligro de obstaculización no puede fundarse en presunciones abstractas sino en información precisa y circunstanciada, inexistente en el caso, que demuestre razonablemente que el imputado impedirá la averiguación de la verdad durante la investigación; iii) No tomó en cuenta la ausencia de antecedentes objetivos, informes, declaraciones y otros; que acrediten la participación de terceros en el hecho, solo se remitió a “fs. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución de 26 de octubre de 2022, cursante de fs. 39 a 42 vta., pronunciada por la Jueza de Pérdida de Dominio Primera de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia:
1° CONCEDER la tutela solicitada, ante la evidenciada lesión del derecho al debido proceso en sus elementos motivación y congruencia de la resolución vinculado a la libertad del accionante, en el marco de lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional;
2° Dejar sin efecto el Auto de Vista de 18 de octubre de 2022 pronunciado por el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, hoy accionado, debiendo dicha autoridad emitir una nueva resolución dentro de las veinticuatro horas siguientes a su notificación con este fallo constitucional y de conformidad a los fundamentos desarrollados en esta Sentencia Constitucional Plurinacional, siempre y cuando, ello no se hubiera ya cumplido en ejecución a lo dispuesto por la Jueza de garantías; y/o variado la situación jurídico procesal del accionante por el carácter temporal e instrumental de las medidas cautelares personales; y,
3° DENEGAR la tutela impetrada con relación a los derechos al debido proceso en su elemento fundamentación del fallo e “inaplicación de jurisprudencia”; así como al principio de legalidad; y, a la solicitud de reparación de los daños y perjuicios, conforme los argumentos desarrollados precedentemente.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0272/2025-S2 Sucre, 21 de abril de 2025 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 51383-2022-103-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 26 de octubre de 2022, cursante de fs. 39 a 42 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ademar Giovanni Gonzales Paniagua y Elsa Gabriela Ortega Sarmiento en representación sin mandato de Rolando Orellana Marín contra Oscar Florero Florero, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Por memorial presentado el 25 de octubre de 2022, cursante a fs. 1; y, 11 a 12 vta., el accionante a través de sus representantes sin mandato manifiesta lo siguiente:
En el proceso penal seguido en su contra -por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas- se determinó mediante Auto Interlocutorio de 2 de octubre de 2022 su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones del departamento de Cochabamba, basada en la concurrencia de un solo riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Ante ello, planteó recurso de apelación incidental que fue resuelto mediante Auto de Vista de 18 del señalado mes y año emitido por Oscar Florero Florero, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora accionado- quien validó la decisión inicial al “rechazar” el citado recurso, pues existiría información de funcionarios policiales sobre la participación de terceras personas que obstruirían la investigación del Ministerio Público.
Empero, dicha autoridad judicial incurrió en argumentación errónea, pues para sustentar la concurrencia del riesgo procesal: a) No existe elemento objetivo en el que pueda basarse el juez de instancia; b) Omitió que el art. 235.2 del CPP exige que el peligro de obstaculización no puede fundarse en presunciones abstractas sino en información precisa y circunstanciada, inexistente en el caso, que demuestre razonablemente que el imputado impedirá la averiguación de la verdad durante la investigación; c) No consideró que en un procedimiento inmediato el plazo de la detención solo procede para la pericia de sustancias controladas, no para investigar a terceros; d) Ignoró lo establecido en la SCP 0276/2018-S2 -se infiere de 25 de junio- que asigna al Ministerio Público la obligación de aportar toda prueba para sustentar su petición de medidas cautelares -personales-; y, e) No tomó en cuenta la ausencia de antecedentes objetivos -informes, declaraciones u otros- que acrediten la participación de terceros en el hecho, solo se remitieron los mismos a “fs. 12”, evidenciando que el Ministerio Público no aportó elementos para fundamentar el riesgo procesal.
El accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, en sus elementos fundamentación y motivación de las resoluciones, “inaplicación de jurisprudencia” y a la libertad; así como al principio de legalidad; sin citar precepto constitucional que los contenga.
Solicita se conceda la tutela impetrada y, en consecuencia, se disponga lo siguiente: 1) Que el Vocal accionado emita un nuevo Auto de Vista en el plazo de veinticuatro horas, que considere los aspectos cuestionados, bajo apercibimiento de remitirse los antecedentes al Ministerio Público por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes; y, 2) La reparación de los daños y perjuicios causados, según lo establecido en los arts. 39 y 50 del Código Procesal Constitucional (CPCo).
Celebrada la audiencia pública virtual el 26 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 38 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogada, ratificó los argumentos de la acción tutelar y ampliando en audiencia precisó que, el Auto de Vista de 18 de octubre de 2022 deriva de -se entiende la impugnación a- una resolución de medidas cautelares -personales- fundada en el “...num. 1 del Art. 239 del CPP...” (sic). Asimismo, denunció que la autoridad accionada al validar la decisión del Juez inferior, basado en informes policiales sobre terceros implicados que impedirían al Ministerio Público esclarecer los hechos, continuó con la vulneración a sus derechos.
Oscar Florero Florero, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a través de informe escrito, cursante de fs. 31 a 32 vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, manifestando que: i) Las Sentencias Constitucionales 0718/2005-R, 0085/2006-R y 2869/2010-R, establecieron los criterios y requisitos para el control de constitucionalidad sobre interpretación de la legalidad ordinaria. Así también, la SCP 1235/2012 de 7 de septiembre, delimitó la competencia de la jurisdicción constitucional a resolver exclusivamente vulneraciones de derechos constitucionales, excluyendo pronunciamientos sobre materias de la jurisdicción ordinaria por transgredir las funciones constitucionales y legales asignadas; ii) La detención preventiva del accionante emana de una resolución firme de medidas cautelares emitida por el Juez a cargo del control jurisdiccional, cuya apelación se limitó a observar estrictamente el “...Núm. 1) del Art. 239 del Código de Procedimiento Penal...” (sic) y la SCP 0244/2018-S2 de 12 de junio; iii) El Auto de Vista impugnado no vulnera el debido proceso en su vertiente fundamentación y motivación, al expresar las razones fáctico-jurídicas que determinaron la procedencia “en parte” del recurso de apelación incidental y mantener la detención preventiva. De igual manera, dicho recurso fue analizado en el marco del art. 398 del CPP, absolviendo cada punto cuestionado por el apelante con motivación suficiente; así como, conforme los arts. 124 y 239.1 del citado Código; la SCP 0244/2018-S2 y los antecedentes del caso; iv) El impetrante de tutela no especifica cómo la restricción a su libertad se vincula con el Auto de Vista de 18 de octubre de 2022, limitándose a realizar una relación de actos procesales y pretendiendo que la jurisdicción constitucional reexamine antecedentes, lo cual es una labor propia de la jurisdicción ordinaria, pues lo contrario la convertiría en instancia revisora de elementos ya valorados en la audiencia de cesación de detención preventiva de 3 de marzo de 2020; y, v) Las medidas cautelares no causan estado, son revisables y modificables aún de oficio, de acuerdo al art. 250 del CPP, existiendo vía expedita para solicitar su revisión.
La Jueza de Pérdida de Dominio Primera de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución de 26 de octubre de 2022, cursante de fs. 39 a 42 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo: a) La nulidad del Auto de Vista de 18 de octubre de 2022; y, b) Que el Vocal accionado señale audiencia en veinticuatro horas desde su notificación para emitir nueva resolución fundamentada y motivada que considere los elementos aportados por el accionante. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) Mediante Auto Interlocutorio de 2 de octubre de 2022 se dispuso la detención preventiva del peticionante de tutela por treinta días, fijando audiencia de reconsideración de su situación jurídica para el 1 de noviembre del citado año; dicho Auto fue impugnado mediante recurso de apelación incidental resuelto por Auto de Vista de 18 del mismo mes y año, que declaró su improcedencia y confirmó la medida cautelar dispuesta; no obstante, el acta de audiencia omitió consignar los fundamentos sustanciales de las partes y el Ministerio Público, que justificaron la medida cautelar, registrando solo un resumen sintético y escueto. Además, no se adjunta ningún elemento de prueba, pues únicamente se consigna datos personales en la Resolución de Imputación Formal, “…observación que debió ser realizada en su momento por la defensa ante la incongruencia de la resolución emitida la cual debió ser considerada por el Tribunal de Alzada” (sic); 2) En la prueba que se adjunta a esta acción de defensa, se tiene el informe elaborado de 30 de septiembre de 2022, que “evidencia” el hallazgo de sustancias controladas en la av. Petrolera "Km. 4" y la aprehensión del accionante; sin embargo, dicho elemento no fue ofrecido en la Resolución de Imputación Formal para sustentar la detención preventiva; y, 3) Se vulneró el debido proceso en su dimensión fundamentación y motivación, así como el derecho a libertad personal del nombrado; de manera que, la jurisdicción ordinaria debe realizar la valoración y fundamentación, conforme a la normativa procesal vigente y los principios de razonabilidad y equidad.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares de 2 de octubre de 2022 y Auto Interlocutorio de la misma fecha emitido por el Juez de Instrucción Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de Cochabamba -de turno semanal- que, en el proceso penal que sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por los arts. 48 con relación al 33 inc. m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1988-, que dispuso la detención preventiva de Rolando Orellana Marín -hoy impetrante de tutela- en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones del citado departamento, por un plazo de treinta días, fijándose audiencia de reconsideración de su situación jurídica para el 1 de noviembre del indicado año. Asimismo, en dicha audiencia la defensa técnica interpuso recurso de apelación incidental contra el referido Auto Interlocutorio (fs. 6 a 8 vta.).
II.2. Se tiene acta de audiencia pública virtual de 18 de octubre de 2022; y, Auto de Vista de la mencionada fecha, pronunciado por Oscar Florero Florero, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora accionado- que declaró improcedente el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante y confirmó el Auto Interlocutorio de 2 del señalado mes y año (fs. 28 a 30 vta.).
El peticionante de tutela a través de sus representantes sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, en sus elementos de fundamentación y motivación de las resoluciones, “inaplicación de jurisprudencia” y libertad; así como al principio de legalidad; debido a que, el Vocal accionado por Auto de Vista de 18 de octubre de 2022 declaró la improcedencia del recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio de 2 del citado mes y año, que dispuso su detención preventiva; sin embargo incurrió en motivación arbitraria, debido a que: i) Ignoró lo establecido en la SCP 0276/2018 que asigna al Ministerio Público la obligación de aportar toda prueba para sustentar la petición de medidas cautelares personales; ii) Omitió que el art. 235.2 del CPP exige que el peligro de obstaculización no puede fundarse en presunciones abstractas sino en información precisa y circunstanciada, inexistente en el caso, que demuestre razonablemente que el imputado impedirá la averiguación de la verdad durante la investigación; iii) No tomó en cuenta la ausencia de antecedentes objetivos, informes, declaraciones y otros; que acrediten la participación de terceros en el hecho, solo se remitió a “fs. 12”; y, iv) No consideró que en un procedimiento inmediato el plazo de la detención sólo procede para la pericia de sustancias controladas, no para investigar a terceras personas. En respuesta al acto lesivo que se le atribuye, el Vocal accionado argumentó que: a) La detención preventiva del accionante emana de una resolución firme de medidas cautelares emitida por el juzgado de control jurisdiccional; b) El Auto de Vista impugnado no vulnera el debido proceso en su vertiente fundamentación y motivación, al expresar las razones fáctico-jurídicas que determinó la procedencia “en parte” del recurso de apelación incidental y mantener la detención preventiva. De igual manera, dicho recurso fue analizado en el marco del art. 398 del CPP, absolviendo cada punto cuestionado por el apelante con motivación suficiente; c) El peticionante de tutela no especifica cómo la restricción a su libertad se vincula con el Auto de Vista cuestionado, limitándose a realizar una relación de actos procesales y pretendiendo que la jurisdicción constitucional reexamine los antecedentes, lo cual es una labor propia de la jurisdicción ordinaria; y, d) Las medidas cautelares no causan estado, son revisables y modificables aún de oficio, de acuerdo al art. 250 del CPP.
En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0133/2020-S3 de 17 de marzo, citando la SCP 0893/2014 de 14 de mayo, sostuvo que: «La motivación es una exigencia constitucional de las resoluciones -judiciales y administrativas o cualesquiera otras, expresadas en una resolución en general, sentencia, auto, etc.,- porque se viola la garantía del debido proceso (art. 115.I de la CPE) sin ella.
(…) en la SCP 2221/2012, el Tribunal Constitucional ha desarrollado las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, señalando: “la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) una ‘decisión sin motivación’, o extiendo esta es b.2) una ‘motivación arbitraria’; o en su caso, b.3) una ‘motivación insuficiente’, desarrollando más adelante, el contenido de cada una de ellas”. b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una ‘decisión sin motivación’, debido a que ‘decidir no es motivar’. La ‘justificación conlleva formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente de decisión]’.
b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una ‘motivación arbitraria’. Al respecto el art. 30.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) “Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales”.
En efecto, un supuesto de ‘motivación arbitraria’ es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso (SC 0965/2006-R), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión.
(…)
b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una ‘motivación insuficiente’. (…) En cuanto al componente de congruencia como elemento del debido proceso, la SCP 0712/2015-S3 de 3 de julio, estableció que: “La congruencia fue definida como un principio normativo que limita facultades resolutorias del juez, por el cual debe existir identidad entre lo resuelto y controvertido, oportunamente, por los litigantes, y relación con los poderes atribuidos en cada caso al órgano jurisdiccional por el ordenamiento jurídico, con la finalidad de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y lo pretendido. De esta forma es pacífica la noción de congruencia como la debida correspondencia entre las partes que componen un todo. A contrario sensu se entiende como resolución incongruente a aquella que no guarda una resolución lógica entre lo solicitado y lo resuelto”» (las negrillas son nuestras).
De los antecedentes que cursan en el expediente se tiene que, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Rolando Orellana Marín -hoy peticionante de tutela- por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, el Juez de Instrucción Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, a través de Auto Interlocutorio de 2 de octubre de 2022, determinó su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones del citado departamento, por un lapso de treinta días, fijándose audiencia de reconsideración de su situación jurídica para el 1 de noviembre del mencionado año. Contra esta decisión, la defensa técnica del impetrante de tutela planteó en la referida audiencia un recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 2 de octubre de 2022, que fue resuelto mediante Auto de Vista de 18 de igual mes y año pronunciado por Oscar Florero Florero, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora accionado-declarando improcedente el señalado recurso y confirmando el Auto Interlocutorio impugnado (Conclusiones II.1 y II.2). Siendo el Auto de Vista de 18 de octubre de 2022 el acto judicial que el accionante considera lesivo a sus derechos. En tal sentido, corresponde ingresar a efectuar el control de constitucionalidad tutelar sobre el mismo, en el orden de las reclamaciones identificadas en el objeto procesal.
procesal previsto en el art. 235.2 del CPP sobre la base de presunciones abstractas y subjetivas, sin que el Ministerio Público aporte prueba que la sustente El peticionante de tutela alega que, el Vocal accionado al dictar el Auto de Vista de 18 de octubre de 2022: 1) Ignoró lo establecido en la SCP 0276/2018-S2 -se infiere de 25 de junio-, que asigna al Ministerio Público la obligación de aportar toda prueba para sustentar la petición de medidas cautelares; 2) Omitió que el art. 235.2 del CPP exige que el peligro de obstaculización no puede fundarse en presunciones abstractas, sino en información precisa y circunstanciada, inexistente en el caso, que demuestre razonablemente que el imputado impedirá la averiguación de la verdad durante la investigación; y, 3) No tomó en cuenta la ausencia de antecedentes objetivos; informes, declaraciones u otros; que acrediten la participación de terceros en el hecho, solo se remitió a “fs. 12”. En este marco, aunque el accionante identificó como vulnerada la fundamentación como elemento del debido proceso, conceptualmente expresado como la estructura jurídico-legal del fallo; el planteamiento constitucional evidencia que el presunto acto lesivo atribuido al Vocal accionado se relaciona sustancialmente con la argumentación fáctica o motivación de la resolución, constituyendo este el eje del análisis subsiguiente en este acápite. Por ello, respecto al debido proceso en su vertiente fundamentación de la resolución, corresponde denegar la tutela solicitada. Ahora bien, para el examen constitucional pertinente, resulta hermenéuticamente relevante determinar, en primer lugar, si los agravios fueron alegados en el recurso de apelación incidental interpuesto por el peticionante de tutela; ello definirá si la autoridad judicial accionada tuvo oportunidad efectiva de analizarlos y pronunciarse sobre los mismos; y, de ser así, si el Auto de Vista hoy cuestionado incurrió en vulneración de derechos constitucionales en los términos planteados. En ese orden de ideas, se pudo extraer los siguientes alegatos de impugnación propuestos por el recurrente -hoy impetrante de tutela-:
“…sostiene la vulneración del debido proceso consagrado en el Art. 115 de la CPE por una errónea fundamentación y errónea aplicación de la SC. N°276/2018-S2, falta de fundamentación y motivación en la construcción del peligro procesal sustentado en el Núm. 2) del Art. 235 Procesal; Menciona que la detención preventiva dispuesta en el Auto apelado contaría con un solo riesgo procesal, que el mismo se habría basado en que el imputado conocería a terceras personas en las cuales podría influir, construcción que contrastada con la norma señala que la autoridad de A quo se habría equivocado, por cuanto considera que no existe elemento que sustente este argumento, asimismo hace referencia que de antecedentes tan solo se cuenta con la imputación formal, no hay acta, no hay ningún elemento de convicción, ningún informe que dé cuenta o pueda corroborar la construcción de este peligro procesal, señala que la norma aludida vale decir el Art. 235 procesal, no puede basarse en meras suposiciones abstractas…” (sic).
Este desglose demuestra que los agravios de la apelación incidental se encuentran centrados en impugnar la argumentación fáctica del Juez de primera instancia para imponer la detención preventiva sin elementos objetivos que acrediten el riesgo procesal del art. 235.2 del CPP y la exigencia que aparentemente incumplió el Ministerio Público de aportar medios probatorios. Precisados los agravios planteados en instancia de apelación, corresponde examinar los argumentos del Auto de Vista de 18 de octubre de 2022. En este sentido, de su contenido se tiene que, el Vocal accionado estableció en el CONSIDERANDO I, los presupuestos competenciales para resolver el recurso incidental conforme a los arts. 396.3 y 398 del CPP; la obligación de pronunciarse exclusivamente sobre los puntos cuestionados de la resolución de primera instancia; la delimitación de los agravios para circunscribir su análisis; y, finalmente, consideraciones doctrinales y jurisprudenciales sobre la potestad reglada en medidas cautelares junto con la facultad de aplicar las reglas de la sana crítica. A partir de ello, se adentró al análisis de la impugnación, concluyendo que el fallo del Juez a quo, se encuentra debidamente argumentado, con base en los siguientes fundamentos:
“…bajo el nuevo enfoque filosófico desarrollado en la Ley 1173, podemos deducir que la carga de la prueba en efecto le corresponde a quien solicita la aplicación de medidas cautelares, obligación que no se limita a la acreditación del presupuesto material, sino también es extensible a la construcción del presupuesto procesal. Ahora bien, a efectos de verificarse si lo alegado por la parte recurrente en verdad constituye agravio, corresponde a este Tribunal de Alzada remitirse al fundamento intelectivo desarrollado por la autoridad de instancia, en lo que respecta al peligro de obstaculización, el mismo se puede extraer a fs. 11 segundo párrafo del cuadernillo incidental, en el que refiere lo siguiente: ‘Con relación al Núm. 2 del 235 del CPP., el Ministerio Público justifica su exposición haciendo relación a los investigadores Rolando Romay, Sargento Salinas, el investigador Mamani, personas que han estado en el momento de la aprensión del ahora imputado y estos funcionarios policiales han referido de que no solamente el imputado aparentemente a estado involucrado en el hecho ilícito ya que supuestamente estaba esperando a otras personas y ese elemento objetivamente hace que concurra el Núm. 235 del CPP., en razón a que el imputado conoce quienes son esas terceras personas que ha hecho referencia el Ministerio Público y bajo esas circunstancias es lógico advertir que el imputado está influyendo en esas otras personas para que el Ministerio Público no pueda llegar a la verdad procesal del hecho, por lo que concurre el Núm. 2 del 235 del CPP.’, conclusión que a criterio de este Tribunal de Alzada se torna razonable el fundamento lógico-jurídico de la autoridad de instancia, por cuanto claramente se ha identificado cual es la acción entorpecedora que ha sido exteriorizada por el imputado, y el mismo se sustenta en el hecho de que el imputado no es el único involucrado en este hecho investigado, ya que estaría esperando a otras personas, y que lógicamente el imputado conoce a esas terceras personas, de ahí la conducta entorpecedora del imputado y que fue plenamente identificado de forma razonable por la autoridad de instancia, no siendo evidente lo alegado por la parte recurrente de que la resolución pronunciada por la autoridad de instancia carece de la debida fundamentación o motivación o existe una errónea aplicación de la jurisprudencia…” (sic). Nótese del despliegue argumentativo descrito que, en efecto, el Vocal accionado incurrió en motivación arbitraria, pues pese a reconocer formalmente que la carga probatoria para acreditar los presupuestos de la detención preventiva -incluido el riesgo procesal bajo el art. 235.2 del CPP- recae exclusivamente en el Ministerio Público (en los términos que el accionante le da a lo establecido en la SCP 0276/2018-S2), omitió especificar cuáles fueron los elementos de prueba aportados, ya que, luego de esta referencia genérica a dicha atribución, se limitó a transcribir y validar mecánicamente los argumentos del Juez de primera instancia en el Auto Interlocutorio de 2 de octubre de 2022 recurrido, mediante una declaración de razonabilidad de la supuesta existencia de una conducta entorpecedora del imputado, configurando una aplicación defectuosa del componente motivación del fallo, ello relacionado con la necesidad de sustento argumentativo suficiente que demuestre la explícita aportación efectiva o no de prueba por el Ministerio Público para sustentar la petición de medidas cautelares personales -punto i) del objeto procesal-. Ahora bien, la relevancia de esta omisión adquiere plena dimensión al contrastarla y complementarla con el segundo y tercer punto de reclamada lesividad planteado por el accionante -puntos ii) y iii) del objeto procesal- ya que, el fallo cuestionado identifica como acción entorpecedora -presumiblemente asumida como influencia negativa- la siguiente circunstancia: “...el hecho de que el imputado no es el único involucrado en este hecho investigado, ya que estaría [al momento de la aprehensión] esperando a otras personas, y que lógicamente el imputado conoce a esas terceras personas…” (sic). Sin embargo, el Vocal accionado omitió bajo un adecuado armazón argumentativo ejercer un control al proceso inferencial que sobre la prueba fue efectuado por el Juez inferior que justificaría la presunta influencia sobre terceros, al efectuar una mera transcripción y validación acrítica de argumentos expuestos en el fallo recurrido; así como afirmaciones subjetivas carentes de sustento expositivo objetivo; y, aunque aludió de forma genérica circunstancias que, supuestamente acreditarían el carácter entorpecedor de la conducta, dicha aproximación incurre en manifiesta arbitrariedad, pues por un lado, omitió referencia precisa a tales circunstancias o antecedentes objetivos que demostrarían la participación de terceros; y, por otro lado, no identificar cuál es el respaldo probatorio concreto para acreditar las referidas circunstancias. En este sentido, bajo los lineamientos establecidos en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que refuerzan que las autoridades judiciales a tiempo de emitir sus resoluciones deben exponer adecuadamente las razones de su decisión, entre otros aspectos, justificando las premisas de tipo fáctico, conforme a lo cual, cuando la decisión se funda en conjeturas argumentativas que carecen de sustento probatorio, minando la confiabilidad de las hipótesis fácticas que sustentaron la determinación asumida; o en la eventualidad de que existieran elementos de prueba, dichas razones fácticas queden en el fuero interno del juzgador, se incurre en la afectación del componente de la motivación, cuya vigencia en temática de medidas cautelares personales se encuentra revestida además de la integralidad del examen jurisdiccional. Por lo expuesto, el Auto de Vista de 18 de octubre de 2022 adolece de arbitrariedad, pues en su composición argumentativa se abstrajo de respaldar el sustento motivacional con la individualización de los elementos de convicción aportados por el Ministerio Público y considerados en primera instancia; omitiendo verificar el proceso inferencial realizado por el Juez inferior sobre las pruebas que acrediten el riesgo procesal considerado concurrente; y, basando sus conclusiones en presunciones no explicitadas con el necesario respaldo expositivo y fáctico.
De manera que, se puede concluir la lesión del debido proceso en su vertiente motivación de la resolución vinculado a la libertad del accionante, correspondiendo conceder la tutela solicitada, en este acápite de verificación constitucional.
Como se estableció en la identificación del objeto procesal, otro punto que es objeto de denuncia a través de esta acción de libertad, es el relativo a que, en el Auto de Vista de 18 de octubre de 2022, no se consideró que, en un procedimiento inmediato, el plazo de detención preventiva aplica exclusivamente para la realización de la pericia de sustancias controladas, no para la investigación de terceros. Pues bien, al contrastar el fallo impugnado, se observa que este agravio fue planteado en los alegatos de impugnación en los siguientes términos:
“… hace referencia a que el Ministerio Público solicitó procedimiento inmediato, por consiguiente la imposibilidad de que pueda investigarse otros aspectos …” (sic). De lo anterior, se tiene que la impugnación efectivamente cuestionó que la investigación en procedimiento inmediato -requerido por el Ministerio Público- fuera utilizada de manera improcedente para investigar a terceros, lo cual debió recibir pronunciamiento expreso en la resolución. No obstante, al examinar los argumentos del fallo recurrido, se evidencia que el Vocal accionado omitió resolver este agravio o referirse a él en cualquier sentido, pese a guardar relación directa con el motivo que sustenta la detención preventiva, incurriendo así en un fallo que no guarda correspondencia entre lo solicitado y lo resuelto en cuanto a esta denuncia; por tal razón, corresponde conceder la tutela al derecho al debido proceso en su elemento congruencia en la resolución, en el marco de lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional; aclarando que, aunque no fue expresamente precisado como elemento vulnerado, ello se desprende implícitamente de la relación fáctica y resulta verificable en virtud del principio de informalismo al guardar relación con esta denuncia.
Bajo el marco resolutorio asumido en las problemáticas ut supra analizadas, cabe aclarar que, la protección constitucional tutelar dispuesta únicamente es asumida a los fines de que el Vocal accionado subsane los defectos jurisdiccionales advertidos vinculados con el debido proceso en sus componentes motivación y congruencia, empero, de forma alguna implica una decisión en la esfera constitucional que defina la forma cómo debe ser resuelto el recurso de apelación incidental promovido contra la determinación inicial de imposición de la detención preventiva. Por otra parte, en cuanto a la alegada vulneración del principio de legalidad se constata que, tanto en el memorial de acción de libertad como durante la audiencia de consideración a este mecanismo de defensa, el accionante no desarrolló argumentalmente cómo dicho principio se vería efectivamente afectado, limitándose a una mera enunciación genérica del mismo, sin establecer además el nexo concreto con el acto lesivo y con alguno de los bienes jurídicos que se encuentran dentro del ámbito de protección de esta acción de defensa; correspondiendo en consecuencia, denegar la tutela solicitada, lo propio con referencia a la “inaplicación de jurisprudencia”, el cual si bien eventualmente podría ser vinculado para su resguardo con la lesión del principio de seguridad jurídica -en el marco extensible que pudiera ser aplicable-, sin embargo, el nombrado no proporcionó elementos para concluir de manera específica cómo se lesionó el mismo en interrelación con algún derecho acogido en el campo de acción de esta vía tutelar. Finalmente, con relación a la solicitud de reparación de daños y perjuicios, la misma no es adoptada ante la concesión parcial de la tutela impetrada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder -se deduce en todo- la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución de 26 de octubre de 2022, cursante de fs. 39 a 42 vta., pronunciada por la Jueza de Pérdida de Dominio Primera de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia:
1° CONCEDER la tutela solicitada, ante la evidenciada lesión del derecho al debido proceso en sus elementos motivación y congruencia de la resolución vinculado a la libertad del accionante, en el marco de lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional;
2° Dejar sin efecto el Auto de Vista de 18 de octubre de 2022 pronunciado por el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, hoy accionado, debiendo dicha autoridad emitir una nueva resolución dentro de las veinticuatro horas siguientes a su notificación con este fallo constitucional y de conformidad a los fundamentos desarrollados en esta Sentencia Constitucional Plurinacional, siempre y cuando, ello no se hubiera ya cumplido en ejecución a lo dispuesto por la Jueza de garantías; y/o variado la situación jurídico procesal del accionante por el carácter temporal e instrumental de las medidas cautelares personales; y,
3° DENEGAR la tutela impetrada con relación a los derechos al debido proceso en su elemento fundamentación del fallo e “inaplicación de jurisprudencia”; así como al principio de legalidad; y, a la solicitud de reparación de los daños y perjuicios, conforme los argumentos desarrollados precedentemente.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0272_2025-S2.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): eb42cc0fe173ed0f920e02d8785cb2fcb5d3335605b1627f899aa49f5e26ada3
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