Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 3 de mayo de 2023
Concede la tutela
El accionante denunció la lesión de su derecho a la inamovilidad laboral vinculado a la restitución de su nivel salarial, toda vez que como consecuencia de la Ley Departamental 422 se redujo su salario, motivo por el cual acudió a la Jefatura Departamental del Trabajo de Tarija, ente administrativo laboral que emitió la MTEPS-JDTT-RPT- 084/2021 de 12 de noviembre, de restitución de nivel salarial, que fue incumplida por la autoridad ahora demandada, por lo que acudió a la justicia constitucional para reparar sus derechos afectados. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 17/2022 de 6 de abril, cursante de fs. 126 a 130, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, conforme los Fundamentos Jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo se cumpla estrictamente la Conminatoria MTEPS-JDTT-RPT- 084/2021 de 12 de noviembre, es decir, la restitución del nivel salarial de Iván Almazán Ríos en el plazo perentorio de cinco días hábiles a partir de su legal notificación con el presente fallo constitucional, debiendo restituirse el mismo nivel salarial que percibía antes del descuento, hasta que su hijo haya cumplido el año de edad. 2º Se exhorta a los Vocales de Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, observar los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sin responsabilidad por ser excusable.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0272/2023-S2 Sucre, 3 de mayo de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional Expediente: 46835-2022-94-AAC Departamento: Tarija En revisión la Resolución 17/2022 de 6 de abril, cursante de fs. 126 a 130, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Iván Almazán Ríos contra Lidia Meza Condori, Directora del Programa Ejecutivo de Rehabilitación de Tierras de Tarija (PERTT) dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija.
Por memoriales presentados el 29 de marzo y 4 de abril, ambos de 2022, cursantes de fs. 31 a 34 vta.; y, 45 a 47 vta., el accionante expresó lo siguiente:
Hasta el 21 de marzo de 2021 estuvo trabajando en el PERTT, en calidad de Administrador, con un salario de Bs6293,42.- (seis mil doscientos noventa y tres 42/100 bolivianos). No obstante a partir del 22 de marzo de ese año, fue designado como Jefe de Unidad y Asesor III dependiente del Servicio Departamental de Empleo del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, conforme al Memorándum GOB/DC/039/2022 de 21 de igual mes, por lo que el salario citado fue reducido a Bs5384,42.- (cinco mil trecientos ochenta y cuatro 42/100 bolivianos) que le fue cancelado a partir del 10 de febrero de 2021. A partir del 10 de febrero de 2021, en sujeción de la Ley Nueva Estructura de Cargos y Escala Salarial del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija -Ley Departamental 422 de 10 de febrero de 2021- aplicaron la reducción al nivel 8 de la estructura salarial, disminuyendo su haber a Bs.5384,42.-, sin considerar su condición de padre progenitor y que gozaba de inamovilidad laboral, vulnerando de esa forma sus derechos laborales reconocidos por el art. 48 de la Constitución Política del Estado (CPE) y el Decreto Supremo (DS) 0012 de 19 de febrero de 2009, toda vez que su hijo AA nació el 11 de noviembre de 2020 y cumplió un año de edad el 11 de noviembre de 2021. Ante la negativa de restituir del nivel salarial que gozaba antes de la promulgación de la Ley Departamental 422, acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo de Tarija, donde interpuso denuncia por inamovilidad laboral al ser padre progenitor, instancia laboral administrativa que emitió la Conminatoria MTEPS-JDTT-RPT- 084/2021 de 12 de noviembre, que resolvió: “ARTÍCULO 1º.- CONMINAR AL SEÑOR RAÚL SAAVEDRA RUIZ DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROGRAMA EJECUTIVO DE REHABILITACION DE TIERRAS TARIJA – PERTT, A LA RESTITUCION DEL NIVEL SALARIAL DEL SR. IVÁN ALMAZAN RÍOS, dentro del plazo de (5) cinco días hábiles a partir de la notificación con la presente Conminatoria, debiendo restituirse el mismo nivel salarial que venía percibiendo antes del descuento” (sic), y en su artículo 2º refirió que ante el incumplimiento de la indicada Conminatoria, el trabajador podría interponer las acciones judiciales y/o constitucionales que correspondan, siendo notificado su empleador el 17 de ese mes y año, sin dar cumplimiento a la misma. Desde la notificación con la Conminatoria MTEPS-JDTT-RPT- 084/2021 de restitución del nivel salarial, pasaron más de cinco meses, sin que se haya cumplido esa resolución y pasó más de un año y cuatro meses desde que le redujeron su nivel salarial. Por lo que reiteró que se vulneró los arts. 48 de la CPE y 1, 2 y 5 del DS 0012.
Señaló como lesionado su derecho a la inamovilidad laboral vinculado a la restitución de su nivel salarial, citando al efecto el art. 48 de la CPE.
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar: a) Se restablezcan sus derechos y garantías constitucionales vulnerados; y, b) El cumplimiento de la Conminatoria MTEPS-JDTT-RPT- 084/2021 de 12 de noviembre, restituyendo su nivel salarial afectado desde el 10 de febrero hasta el 11 de noviembre de idéntico año, más el pago de duodécimas de aguinaldo de once meses.
Celebrada la audiencia pública el 6 de abril de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 124 a 125 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogada, ratificó in extenso el contenido de la demanda de la acción de amparo constitucional.
Lidia Meza Condori, Directora del PERTT, por informe presentado el 6 de abril de 2022, cursante de fs. 121 a 122 vta., y en audiencia pidió se deniegue la tutela manifestando que: 1) Dando respuesta a la política de austeridad del gobierno nacional, la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, sancionó la Ley Departamental 422 que modificó la estructura organizacional de cargos y escala salarial, habiendo reducido el gasto corriente, motivo de la modificación salarial y la asignación de haberes básicos del personal permanente, según disponibilidad financiera; 2) En relación al DS 0012, que establece la inamovilidad laboral de la madre y/o padre progenitor desde la gestación hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad, no pudiendo ser despedidos ni afectarse su nivel salarial o su ubicación en su puesto de trabajo, cabe señalar que en el caso de autos, el accionante no fue despedido; 3) El demandante de tutela se encuentra en el cargo de Jefe de Unidad y Asesor III desde el 9 de febrero al 11 de noviembre de 2021, no habiéndose vulnerado ningún derecho. En cuanto al nivel salarial, si bien su haber básico fue reducido, no obstante el mismo se encuentra sujeta a la política de austeridad establecida por el gobierno nacional a través art. 9 de la Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 2021 -Ley 1356 de 28 de diciembre de 2020-, en cuyo parámetro fue sancionada la Ley Departamental 422 que aprobó la nueva estructura de cargos y escala salarial; 4) El impetrante de tutela, mantenía el cargo y la responsabilidad del mismo, continuando con la relación laboral lo cual implicaba que seguía percibiendo ingresos económicos mensuales con el haber básico, cubriendo económicamente los gastos necesarios y fundamentales de su hijo AA, garantizando los derechos del progenitor; y, 5) La Ley Departamental 422 fue obligatoria a nivel departamental, por tal motivo, no solo afectó al hoy accionante en cuanto a su salario, sino a todos los demás trabajadores, es así que cuando el prenombrado ingresó al Gobierno Autónomo Departamental de Tarija a trabajar mediante memorándum firmado por el Gobernador Autónomo Departamental, Adrián Oliva Alcazar, tenía la escala salarial nivel 7 y, de acuerdo a la Ley Departamental 422, ese nivel corresponde a un Jefe Departamental de Auditoría Interna, situación que no es aplicable al cargo del ahora demandante de tutela, porque es administrador y solo se lo bajó al nivel 8 como Jefe de Unidad y Asesor III.
El representante del Ministerio Público en audiencia señaló que de ser evidente que existe una conminatoria que no fue cumplida y verificado que el accionante gozaba de inamovilidad laboral solicitó que se considere toda la prueba aportada y se conceda la tutela.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante Resolución 17/2022 de 6 de abril, cursante de fs. 126 a 130, denegó la tutela solicitada; con los siguientes fundamentos: i) Sobre el derecho a la estabilidad laboral, seguridad social y un salario justo, señalaron que es un derecho extendido del derecho al trabajo, previsto por el art. 46.I.2 de la CPE; asimismo, indicaron que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio, y que la interpretación de las normas laborales será bajo los principios de protección de los trabajadores y de primacía de la relación laboral, continuidad y estabilidad laboral; ii) Con relación a la eficacia de la conminatoria de reincorporación laboral, se remitió a los fundamentos de la SCP 0564/2019-S4 de 29 de julio, respecto a la “…protección del derecho a la estabilidad laboral cuya vulneración afecta a otros derechos elementales, como son el derecho al trabajo, y por ende, a la subsistencia y a la vida misma de la persona, no solo de la persona individual, sino de todo su grupo familiar que depende de un trabajador o trabajadora, la justicia constitucional debe abstraerse del segundo de los precitados, con el único requisito que previamente acuda ante las Jefaturas mencionadas a denunciar el retiro injustificado y se emita en su favor la conminatoria de reincorporación…”, que constituye la doctrina vinculante que debe ser plasmada por los tribunales y jueces del país; iii) El conflicto trató del incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, que reconoce el derecho al trabajo establecido en el art. 46 de la CPE; es decir, la ejecución de decisiones administrativas es la garantía del ejercicio del derecho fundamental. En ese marco, la conminatoria es de estricto cumplimiento, cuando se refiere a la reincorporación laboral, ya que es la base para precautelar el derecho al trabajo; en ese entendido, la Conminatoria MTEPS-JDTT-RPT- 084/2021, motivo de la acción de defensa, en la parte resolutiva expresó: “…SE CONMINA AL Sr. RAÚL SAAVEDRA RUIZ, DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROGRAMA EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DE TIERRAS TARIJA –PERTT, A LA RESTITUCIÓN DEL NIVEL SALARIAL DEL SR. IVÁN ALMAZÁN RÍOS, dentro del plazo de (5) cinto días hábiles a partir de la notificación con la presente conminatoria, debiendo restituirse el mismo nivel salarial que venía percibiendo antes del descuento…” (sic); iv) El accionante a través de su abogada, reconoció que no fue despedido, ni cesado de su fuente laboral, sino que lo que aconteció fue que ante la promulgación de la Ley Departamental 422, se modificó la estructura salarial de todo el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, no solo de su persona, circunstancia que no alcanza para ser debatida en la acción de amparo constitucional; v) Conforme a la SCP 0321/2021-S1 de 2 de agosto y la sistematización realizada en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, sobre el cumplimiento integral de las conminatorias de reincorporación, en el caso bajo análisis, el peticionante de tutela acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo de Tarija, obteniendo la nombrada Conminatoria para que se le restituya el nivel salarial que percibía al 9 de febrero de 2021, lo cual no obliga a la justicia constitucional a exigir el cumplimiento de esa Conminatoria, porque no tiene el primer presupuesto esencial; es decir, que cuando se exige el pago de sueldos y salarios devengados, primero es la conminatoria de reincorporación laboral.
En otras palabras, si la indicada Conminatoria resolvió porque se cancele y restituya sueldos y salarios devengados, se abre la competencia del Tribunal de garantías o Sala Constitucional para conceder la tutela, que implicaría el estricto cumplimiento de la conminatoria de reincorporación que es el fundamento esencial de protección del derecho al trabajo; y, vi) En el caso en examen, el accionante no demostró que estuviese cesado de la función que cumplía como trabajador, en tal circunstancia, la Conminatoria MTEPS-JDTT-RPT- 084/2021 de restitución del nivel salarial del aludido, no atañe a la jurisdicción constitucional, pudiendo hacer valer lo resuelto en la señalada Conminatoria donde corresponda, sea en la vía administrativa o en la jurisdicción ordinaria laboral.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursan solicitudes de asignaciones familiares de 23 de julio, 24 de agosto y 21 de septiembre, todos de 2020 dirigidas al Encargado de Recursos humanos (RR.HH) del PRTT, así como fotocopia del certificado de nacimiento del menor AA, que consiga como sus padres a Iván Almazan Ríos -ahora accionante- y Marcia Lorena Saracho Tejerina, cuya fecha de nacimiento fue el 11 de noviembre de 2020. (fs. 1 a 4). II.2. Nota CITE: OF. PERTT/D.E/R.S.R./ 133/2021 de 24 de noviembre, de solicitud de informe legal, suscrito por Raúl Saavedra Ruíz, Director Ejecutivo del PERTT dirigida a Valentina Zenteno Rivera, Directora Departamental de RR.HH. del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija (fs. 6) II.3. Cursa Nota CITE: PERTT/ADM/IAR 155/2021 de 7 de septiembre, suscrita por Iván Almazán Ríos, Jefe Administrativo Financiero del PERTT dirigida a Raúl Saavedra Ruíz, Director Ejecutivo del indicado programa, con la referencia “REMITO INFORME DE INAMOVILIDAD Y SOLICITUD DE PAGO DE SUBSIDIO EN ESPECIE” (sic), al ser padre progenitor, apoyando su solicitud en el art. 2 del DS 0012 no pudiendo ser despedido, ni afectarse su nivel salarial, ni ubicación su puesto de trabajo, hasta que su hijo cumpla un año de edad (fs. 9). II.4. Cursa Conminatoria MTEPS-JDTT-RPT- 084/2021 de 12 de noviembre, que considerando entre sus fundamentos que no se puede afectar el nivel salarial del peticionante de tutela por ser padre progenitor de un menor de un año (DS 0012), determinó que existe una colisión con la Ley Departamental 422 que modificó una nueva estructura de cargos y nueva escala salarial dentro del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, debiéndose observar las Sentencias Constitucionales Plurinacional 0177/2012 de 14 de mayo y 0279/2020-S4 de 27 de julio, sobre la aplicación del estándar más alto en la protección de derechos fundamentales del denunciante, por ende resolvió: “ARTÍCULO 1.- SE CONMINA AL Sr. RAÚL SAAVEDRA RUIZ, DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROGRAMA EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DE TIERRAS TARIJA - PERTT, A LA RESTITUCIÓN DEL NIVEL SALARIAL DEL Sr. IVÁN ALMAZAN RÍOS, dentro del plazo de (5) cinco días hábiles a partir de la notificación con la presente Conminatoria, debiendo restituirse el miso nivel salarial que venía percibiendo antes del descuento” (sic) y en su “ARTÍCULO 2. Ante el incumplimiento de la conminatoria, el trabajador podrá interponer las acciones judiciales y/o constitucionales que correspondan” (sic [fs. 10 a 11]). II.5. Cursa Informe Legal GADT-UGPC-INF. 003/2022 de 3 de febrero, de la Asesora Legal de la Unidad de Gestión Procesal Civil, dirigida a Jarehla Jahdy Tarupayo Tejerina, Directora Departamental de Gestión Procesal, con referencia “INFORME LEGAL en respuesta a la Circular Interna No 985/2021” (sic), en el que resalta en sus Conclusiones: “…No corresponde la RESTITUCIÓN DEL NIVEL SALARIAL al funcionario público Iván Almazán Ríos” (sic [fs. 14 a 25]). II.6. Cursa Ley Nueva Estructura de Cargos y Escala Salarial del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija (fs. 86 a 88); asimismo, la Ley 1356 que en su art. 9 regula sobre la política de austeridad del “…Gobierno Nacional, y a objeto de precautelar la sostenibilidad financiera (…) del Sector Público, y (…) se evite duplicidad de objetivos y atribuciones…” (negrillas añadidas) por el que las unidades territoriales autónomas y universidades deberán ajustar sus estructuras organizacionales (fs. 89 a 101).
El accionante denunció la lesión de su derecho a la inamovilidad laboral vinculado a la restitución de su nivel salarial, toda vez que como consecuencia de la Ley Departamental 422 se redujo su salario, motivo por el cual acudió a la Jefatura Departamental del Trabajo de Tarija, ente administrativo laboral que emitió la MTEPS-JDTT-RPT- 084/2021 de 12 de noviembre, de restitución de nivel salarial, que fue incumplida por la autoridad ahora demandada, por lo que acudió a la justicia constitucional para reparar sus derechos afectados. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El derecho a la inamovilidad laboral está reconocido por el art. 46.I.2 de la CPE, que expresamente señala que toda persona tiene derecho: “A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias”. A su vez, el art. 48.VI de la CPE, instituyó el derecho de inamovilidad laboral de la mujer en estado de embarazo y de los padres progenitores del hijo o hija menor a un año de edad. Este Tribunal con referencia a la protección constitucional de los progenitores de hijos menores de un año de edad, expresó a través de la SCP 1043/2013 de 27 de junio, citada por la SCP 1587/2014 de 19 de agosto, el siguiente razonamiento: “El art. 48.VI de la CPE, de manera imperativa garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de gravidez y de los progenitores, hasta que la hija o hijo cumplan un año de edad, precepto relacionado a su vez con la previsión contenida en el art. 60 de la misma Norma Fundamental, que establece como deber del Estado, velar por la sociedad, la familia y por la prioridad del interés superior de la niña, niño adolescente, deber que comprende la preeminencia de sus derechos y la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia. Por su parte el art. 2 del Decreto Supremo (DS) 0012 de 19 de febrero de 2009, expresa: ‘La madre y/o padre progenitores, sea cual fuere su estado civil, gozaran de inamovilidad laboral desde la gestación hasta que su hijo o hija cumpla un (1) año de edad, no pudiendo ser despedidos, afectarse su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo’; precepto concordante con el art. 86 inc. d) del DS 29894 de 7 de febrero de 2009, que efectiviza este derecho cuando dispone que es atribución del Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, promover y garantizar el acceso al trabajo e inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo y del progenitor, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad. Regulando los alcances de este beneficio, el art. 5 del DS 0012, determina que: ‘I. No gozaran del beneficio de inamovilidad laboral la madre y/o padre progenitores que incurren en causales de conclusión de la relación laboral atribuible a su persona, previo cumplimiento por parte del empleador público o privado de los procedimientos que fijan las normas para extinguir la relación laboral. II. La inamovilidad laboral no se aplicará en contratos de trabajo que por su naturaleza sean temporales, eventuales o en contratos de obra; salvo las relaciones laborales en las que bajo éstas u otras modalidades se intente eludir el alcance de esta norma. En este último caso corresponderá el beneficio. III. La inamovilidad laboral del padre y/o madre progenitores se mantendrá siempre y cuando cumplan con sus obligaciones legales y de asistencia para con el hijo o hija’. A objeto de efectivizar el citado beneficio de inamovilidad, el art. 6 de la referida norma previene que: ‘I. En caso de incumplimiento de la inamovilidad laboral, a solicitud de la madre y/o padre progenitores, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social instruirá al empleador, para que cumpla en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles a partir de su notificación, la reincorporación con goce de haberes y otros derechos sociales por el tiempo que duró la suspensión de la relación laboral. II. Sin perjuicio de lo dispuesto en el parágrafo precedente, la afectada o afectado podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de inamovilidad laboral’. Desarrollando los alcances de esta garantía constitucional, el Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la SCP 0086/2012 de 16 de abril expresó lo siguiente: ‘Del nuevo orden constitucional, se infiere su particularidad de disciplinar políticas a favor de sectores vulnerables que necesitan de una protección reforzada por parte del Estado, que debe procurar la validez plena y efectiva de sus derechos; es así que, como valores estructurales del Estado Plurinacional de Bolivia, la «igualdad» y la «justicia» sustentan la matriz axiológica a partir de la cual el constituyente boliviano diseñó políticas afirmativas a favor de la mujer trabajadora en estado de gestación y lactancia, como de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumplan un año de edad. En efecto, el art. 48.VI de la CPE, señala que: «Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos, se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad». Precepto constitucional que converge en una política constitucional positiva que, a entendimiento de la jurisprudencia constitucional, resulta en las siguientes reglas: «a) La prohibición de despido de toda mujer trabajadora en situación de embarazo; b) La inamovilidad de la mujer trabajadora en gestación y por un lapso de un año de edad; y c) La inamovilidad del progenitor varón por un lapso de un año, computable desde el nacimiento de su hijo o hija» (SC 1650/2010-R de 25 de octubre). Bajo ese criterio, se procura, por un lado, evitar la discriminación por la condición de embarazo y, por otro, garantizar la estabilidad laboral de la mujer trabajadora en estado de gestación y lactancia, como también del progenitor varón, independientemente de que se tratasen de empleadas (os) del sector privado, como a funcionarias (os) o servidoras (o) públicas (os); todo esto, en resguardo de la hija o hijo nacido y hasta su primer año de edad, desde el momento de su concepción, como sujeto de derechos en todo lo que pudiera favorecerle. Precisamente, con dicha finalidad y tomando en cuenta los aspectos antes referidos, además del deber del Estado, la sociedad y la familia, de garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados-, es que a través del DS 0012 de 19 de febrero de 2009, complementado por el DS 0496 de 1 de mayo de 2010, se estableció que: (…). En ese orden de ideas, resulta incuestionable que se faculta a la madre en estado de gestación y lactancia, como al progenitor varón, -cuando la hija o hijo fueran menores al año de edad-, el acudir directamente ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en resguardo de su derecho a la inamovilidad, en el caso que se hubiera incumplido la previsión constitucional de resguardo a su estabilidad laboral. Inclusive, admitiéndose el interponer acciones de defensa de este derecho ante esta jurisdicción y conforme a los términos descritos en el artículo de referencia’. De lo señalado, se infiere que la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumplan un año edad, se sustenta en el deber que tiene el Estado de garantizar la prioridad y preeminencia de los derechos de la niña, niño y adolescente, que consiste en la primacía de recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, así también esta garantía se sustenta en el derecho fundamental a la estabilidad laboral; derechos que se encuentran plenamente reconocidos por la Constitución Política del Estado y normas de carácter social infra-constitucionales, como los preceptos contenidos en el referido DS 0012” (las negrillas son nuestras). Por su parte la SCP 1417/2012 de 20 de septiembre, establece que: “Consecuentemente, en aplicación del principio constitucional pro homine, por el cual debe entenderse la norma, en el sentido más amplio y no así en el sentido restringido, se establece que las servidoras públicas de libre nombramiento, que se encuentren en estado de embarazo o en su caso el servidor público de libre nombramiento, que sea progenitor, merecerá la protección del Estado, a través de todas sus instancias y órganos, reconociéndoles el derecho establecido en el art. 48.IV de la CPE; sin embargo, dadas sus características especiales en las que se encuentran, como servidores públicos que no se encuentran en la carrera administrativa, deberá otorgarse la protección -en aplicación de lo dispuesto por el art. 48.IV de la CPE- permitiendo se mantengan desempeñando funciones en la misma institución en la que fueron agradecidas sus labores, hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad; empero, tomando en cuenta que al no gozar ya de la confianza de la autoridad que los eligió, deberán permanecer -excepcionalmente- en otro cargo similar o idéntico, con similar o idéntico sueldo y con reconocimiento pleno de sus derechos a la seguridad social, para que de esta manera cuenten con la certidumbre de que no se les retirará del cargo, por razón del embarazo y que se protegerá el derecho a la vida y salud de su hijo; ello en razón, a que al estar aquellos cargos a decisión y disposición de los electos o designados; y se hubiese perdido la confianza prestada en dicho personal, no podrá obligarse a dicha autoridad, a permanecer con aquel personal con el que ya no goza de aquella confianza. En este tipo de casos, deberá entenderse a la inamovilidad por razón de embarazo, no en el sentido literal de la palabra, cual sería no mover al servidor público del cargo que ocupa, sino más bien, como una forma de estabilidad laboral en la que sí se los podrá mover -excepcionalmente y por única vez- a otro cargo similar o idéntico dentro la misma institución, con la finalidad de precautelar el bienestar del nasciturus, del hijo o hija recién nacida, resguardando su vida y salud hasta que cumpla su primer año de vida puesto que la estabilidad propiamente dicha (al ser el género), no sólo abarca a este tipo de situaciones de inamovilidad (que es la especie), sino al hecho de permanecer en el cargo de acuerdo a normas establecidas y por un tiempo determinado, como sucede en el caso de las servidoras públicas de libre nombramiento embarazadas o que tienen un hijo o hija recién nacido. Dicho criterio deberá aplicarse de igual manera, a los servidores públicos de libre nombramiento progenitores, ya que ellos gozan de igual manera de protección del Estado, en su fuente de trabajo, para que de esta manera se resguarden los derechos de su hijo o hija, por nacer o nacido hasta el primer año de su nacimiento, por lo que deberá mantenerse en un cargo similar o idéntico y con similar o idéntico sueldo en la misma institución, y con pleno reconocimiento de los derechos de la seguridad social hacia su esposa embarazada, por el tiempo establecido en el art. 48.IV de la CPE. El presente criterio constitucional se lo desarrolla, en virtud a que el Estado Plurinacional de Bolivia, tiene como finalidad la de promover, proteger y respetar los derechos establecidos en la Constitución Política del Estado, de acuerdo lo establecido en el art. 13 de la CPE, garantizando su eficacia y cumplimiento por parte de los particulares y autoridades, en todas las esferas del sector público o privado. Además de que, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 109.I de la Ley Fundamental: ‘Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección’, situación por la cual, en el caso que se analiza es de preferente aplicación las normas constitucionales, por encima de cualquier otra norma inferior, que podría estar en contradicción a la presente resolución” (las negrillas son nuestras).
En el marco del Fundamento Jurídico precedente, los antecedentes traídos en revisión, el accionante señaló que su salario fue afectado por la Ley Departamental 422 emitido por el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija que promulgó la Ley Nueva Estructura de Cargos y Escala Salarial del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, motivo por el que acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo de Tarija, que emitió la Conminatoria MTEPS-JDTT-RPT- 084/2021 de 12 de noviembre, que dispuso la “restitución del nivel salarial” del demandante de tutela, resolución incumplida por su empleador, sin considerar su condición de padre progenitor lesionando su derecho a la inamovilidad laboral vinculado a la restitución de su nivel salarial. La conminatoria de reincorporación es una facultad prevista por los Decretos Supremos (DDSS) 0012 y 0496 de 1 de mayo de 2010, por las cuales, las jefaturas departamentales del trabajo tienen la potestad de emitir resoluciones administrativas de conminatoria o instructivas de reincorporación laboral por inamovilidad, con todos sus efectos, ante las denuncias de vulneración a la citada garantía constitucional prevista en el art. 48.VI de la CPE, en este caso de padres progenitores, sea en instituciones públicas o privadas, garantía constitucional que comprende la no afectación al nivel salarial mientras el hijo o hija cumpla un año de vida, como ocurrió en el caso concreto. Bajo ese contexto, en el marco del Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el problema jurídico con relevancia constitucional, es el incumplimiento de la Conminatoria MTEPS-JDTT-RPT- 084/2021 de restitución del nivel salarial del accionante, al ser el peticionante de tutela padre progenitor de un menor de edad y que gozaba de inamovilidad laboral por mandato de los arts. 46.I.1 (fuente laboral estable, que asegure para sí y su familia una existencia digna), 48.VI (inamovilidad laboral) y 60 (interés superior del niño, niña y adolescente) de la CPE, y 2 del DS 0012 respecto a la inamovilidad laboral que comprende entre otros, la no afectación al nivel salarial. Asimismo, el DS 0496 en su artículo único, complementa lo establecido en el DS 0012 con el siguiente texto: “ARTÍCULO 6.- (INCUMPLIMIENTO). I. En caso de incumplimiento de la inamovilidad laboral, a solicitud de la madre y/o padre progenitores, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social instruirá al empleador para que cumpla en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles a partir de su notificación, la reincorporación con goce de haberes y otros derechos sociales por el tiempo que dure la suspensión de la relación laboral. II. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo precedente, la afectada o afectado podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de inamovilidad laboral” (las negrillas son nuestras). Ahora bien, el impetrante de tutela mediante notas de 23 de julio, 24 de agosto y 21 de septiembre, todos de 2020 (Conclusión II.1) solicitó las asignaciones familiares que por ley le corresponden al Encargado de RR.HH del PERTT; asimismo, remitió informe sobre inamovilidad laboral y pago de subsidios (Conclusión II.3) y, en audiencia, como se dio por leída la demanda tutelar, el accionante a través de su abogada rechazó los argumentos de la parte demandada, señalando a su vez que goza de inamovilidad laboral por virtud de los arts. 48 y 49 de la CPE y el DS 0012. Por otro lado, la parte demandada a través de informe escrito presentado, señaló que por efecto de la Ley Departamental 422 que aprobó la nueva estructura de cargos al interior del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija y la escala salarial, en el caso del demandante de tutela que se encontraba con nivel salarial 7, “se lo bajó” a nivel 8 como Jefe de Unidad y Asesor III, pero, que continúa trabajando, no habiendo sido destituido, por lo que no correspondiendo el cumplimiento de la Conminatoria MTEPS-JDTT-RPT- 084/2021. Sin embargo, ingresando al cumplimiento de la precitada Conminatoria que determinó la “Restitución del Nivel Salarial” del peticionante de tutela, en el plazo de cinco días hábiles a partir de la notificación, es decir, esa resolución administrativa emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo de Tarija se basó en el DS 0012; que en su artículo 2 dispone: “En caso de incumplimiento de la conminatoria, el trabajador podrá interponer las acciones judicial y/o constitucionales que correspondan” (sic), motivo por el que el aludido acudió a la justicia constitucional pidiendo el cumplimiento de la Conminatoria MTEPS-JDTT-RPT- 084/2021 de restitución del nivel salarial.
Lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, hace referencia a los arts. 13, 46.I, 48.II, III, IV y VI, 60 y 109.I de la CPE y el DS 0012 que son directamente aplicables, es decir, que los derechos laborales son irrenunciables y son nulas las convenciones que tiendan a burlar sus efectos, así como garantiza la inamovilidad laboral, entendiendo a la inamovilidad laboral como el derecho a que el nivel salarial del trabajador no puede ser afectado hasta que su hijo cumpla un año de edad, menos se podría cambiar de ubicación de su puesto de trabajo, éste último aspecto reconocido por el demandante de tutela y el demandado, ya que se redujo su nivel salarial, aun gozando de la inamovilidad laboral. Correspondiendo en consecuencia conceder la tutela de restitución de nivel salarial y los derechos laborales inherentes como el pago de aguinaldo por duodécimas desde la reducción de nivel salarial hasta el año cumplido de su hijo, que tiene protección reforzada constitucional conforme el art. 60 de la Norma Suprema.
En cuanto a los Vocales de Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, en futuros casos similares deberán observar los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional en relación a la conminatoria, habiendo basado su decisión en la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 y la sistematización de la SCP 0795/2019-S3, no siendo aplicables al caso concreto, llamando la atención por el error incurrido, sin responsabilidad por ser excusable. En mérito a lo expuesto, la Sala Constitucional, al denegar la tutela, actuó de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 17/2022 de 6 de abril, cursante de fs. 126 a 130, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, conforme los Fundamentos Jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo se cumpla estrictamente la Conminatoria MTEPS-JDTT-RPT- 084/2021 de 12 de noviembre, es decir, la restitución del nivel salarial de Iván Almazán Ríos en el plazo perentorio de cinco días hábiles a partir de su legal notificación con el presente fallo constitucional, debiendo restituirse el mismo nivel salarial que percibía antes del descuento, hasta que su hijo haya cumplido el año de edad. 2º Se exhorta a los Vocales de Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, observar los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sin responsabilidad por ser excusable. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0272_2023-S2.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): 6fd21bcebc347ecc4180570d4da308fcb6dca8e87afec420204b2eaebde4c84e
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