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SCP 0271/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 21 de abril de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
21 de abril de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
51407-2022-103-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad y al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación en razón a que, habiendo formulado recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 573/2022 de 1 de septiembre que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva, el Vocal demandado mediante Auto de Vista 258/2022 de 15 de septiembre, declaró improcedente y confirmó el fallo cuestionado manteniendo vigente el peligro de fuga previsto por el art. 234.7 del CPP, sin la debida fundamentación y motivación, con base en argumentos retóricos y meras presunciones abstractas e inobservando el razonamiento expuesto en la SCP 0756/2021-S3. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 14/2022 de 27 de octubre, cursante de fs. 39 a 42, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La obligación de los tribunales de apelación de motivar y fundamentar sus resoluciones sobre medidas cautelares, conforme al alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0271 /2025-S3 Sucre, 21 de abril de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 51407-2022-103-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 14/2022 de 27 de octubre, cursante de fs. 39 a 42, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Oscar Ferrer Ayala Rocabado en representación sin mandato de Oscar Mauricio Tapia Tastaca contra Daniel Rolando Copa Roque, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 26 de octubre de 2022, cursante de fs. 7 a 14 vta., el accionante a través de su representante, expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de homicidio, la autoridad judicial en audiencia de aplicación de medidas cautelares, a través del Auto Interlocutorio 284/2022 de 5 de mayo, determinó la concurrencia del riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP) con el fundamento que al ser organizador de eventos habría ordenado a los guardias de seguridad que agredan de forma violenta a la víctima hasta que falleció; por lo que, se constituía en un peligro para la sociedad. Fallo que en apelación fue confirmado con el mismo razonamiento. En tal sentido formuló solicitud de cesación de la detención preventiva presentando nuevos elementos de convicción que tenían por objeto acreditar que ya no cumpliría labores vinculadas a la organización de eventos; empero, a través de Auto Interlocutorio 573/2022 de 1 de septiembre, fueron rechazados con el argumento que la documentación adjuntada, era insuficiente; toda vez que, el riesgo de peligro para la sociedad se fundó no solo por la condición de encargado de fiestas que tenía el imputado, sino también la naturaleza del ilícito presuntamente cometido. Por tal motivo formuló recurso de apelación incidental que mereció el Auto de Vista 258/2022 de 15 de septiembre, declarando la improcedencia del indicado mecanismo de impugnación y confirmando el Auto Interlocutorio cuestionado, con base en argumentos retóricos y meras presunciones abstractas, pese a que el Tribunal Constitucional Plurinacional prohibió establecer la concurrencia de los riesgos procesales en función a una determinada conducta, como ser el argumento expuesto por el Juez inferior que fue confirmado por el Tribunal de alzada para mantener latente dicho riesgo procesal al indicar “…que las agresiones darían lugar a la acreditación de la peligrosidad y también el hecho de referir ‘Saquenle la mierda’…” (sic) -se entiende a la víctima-, evadiendo de esa forma realizar un análisis individual para verificar la concurrencia del riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP y omitir fundamentar el Auto de Vista ahora cuestionado conforme prevé el art. 398 del Código Adjetivo Penal.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus componentes fundamentación y motivación, citando al efecto los arts. 14.III, 23.I, 115.II y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8, 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUCH); y, 7.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista 258/2022, ordenando se emita uno nuevo que no violente el principio de presunción de inocencia y que sea acorde a las líneas jurisprudenciales pronunciadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 27 de octubre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 36 a 38 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado ratificó el contenido de su demanda tutelar y ampliándolo señaló que: a) En cumplimiento del art. 239.I del CPP en la audiencia de cesación de la detención preventiva cursante “…en el cuerpo 19, folio 3676…” (sic), presentó nuevos elementos de convicción con el fin de acreditar que las circunstancias que fundaron la decisión para que se aplique la medida extrema en su contra, se modificaron, tal es así, que al haber señalado el Juez cautelar que era un peligro efectivo para la sociedad porque en su condición de organizador de eventos podría continuar agrediendo a otras personas, además que en el ilícito investigado existía una persona fallecida; puso a consideración de esa autoridad, un contrato a futuro que acreditaba que ya no cumplirá esa actividad laboral, sino otra -no especificó cuál- adjuntando a su vez la SCP 0756/2021-S3 de 15 de octubre, no obstante dichas documentales fueron rechazadas al ser considerado insuficiente, refiriendo que el citado fallo constitucional no era aplicable a su caso, razonamientos expuestos que contradicen el principio de presunción de inocencia; y, b) A partir del cambio de actividad laboral correspondía que el Vocal demandado explique por qué continuaba latente el riesgo de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP; sin embargo, no lo hizo limitándose a repetir lo expresado por el Juez inferior y que “…en estos eventos se habrían agredido de manera violenta a la víctima mencionando ‘sáquenle la mierda’…” (sic).

I.2.2. Informe del demandado

Daniel Rolando Copa Roque, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, a través de informe escrito presentado el 27 de octubre de 2022, cursante de fs. 23 a 24, indicó que: 1) El accionante omitió indicar bajo qué modalidad presentó esta acción de defensa, no pudiendo formularla solo con el argumento que el Auto de Vista 258/2022 carece de la debida fundamentación, adjuntando la SCP 0756/2021-S3 con el argumento que se trata de un caso análogo; 2) En la audiencia de cesación de la detención preventiva se debe desvirtuar los riesgos procesales que establecieron la procedencia de dicha medida extrema, los cuales, en el caso concreto se encuentran descritas en el Auto Interlocutorio 284/2022; 3) En la acción de defensa, el impetrante de tutela denunció que no se habría dado una respuesta fundamentada a los agravios expuestos en el recurso de apelación incidental, lo cual no es evidente, por cuanto en el Auto de Vista 258/2022 “…se explicó que de la situación del art. 234.7 del CPP han sido ratificadas y confirmadas, en una primera instancia…” (sic); por lo que, conforme al art. 239.1 del CPP correspondía presentar nuevos elementos probatorios que enerven ese riesgo procesal; no siendo suficiente, que se haya adjuntado la SCP 0756/2021-S3 indicando que debía razonarse de igual forma, sin considerar que dicho fallo constitucional se emitió en la revisión de un fallo que dispuso la aplicación de medidas cautelares y no así de una que resolvió la solicitud de cesación de dicha medida extrema donde ya se encuentra consolidado el riesgo procesal instituido en el art. 234.7 del CPP; y, 4) En el caso concreto, el Juez inferior determinó la concurrencia del señalado riesgo procesal en función de la naturaleza del hecho y de la gravedad del delito investigado, por cuanto existe una persona fallecida y se demostró que la actitud del imputado contra la humanidad de la víctima fue agresiva y violenta; por lo que, concluyó que el cambio de actividad laboral no era suficiente para desvirtuar el peligro efectivo para la sociedad; es decir, mantuvo vigente dicho riesgo procesal por la conducta asumida por el sindicado en ese entonces.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Oruro, mediante Resolución 14/2022 de 27 de octubre, cursante de fs. 39 a 42, denegó la tutela impetrada, decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) En la presenta acción de libertad se denunció que el Juez de la causa y el Vocal demandado, a su turno, resolvieron la solicitud de cesación de la detención preventiva planteada por el impetrante de tutela sustentadas en meras presunciones subjetivas, precisando que el Auto de Vista 258/2022 carece de la debida fundamentación; ii) El peticionante de tutela no explicó bajo qué modalidad interpuso la presente acción de defensa ni con base a qué presupuesto de activación, advirtiéndose la inexistencia de una carga argumentativa que acredite que la cesación de la detención preventiva se configuró en una decisión arbitraria; iii) No todas las lesiones al debido proceso deben ser reparadas a través de la acción de libertad, sino solo aquellas en que los actos denunciados estén directamente vinculados con el derecho a la libertad; y, iv) En el caso concreto se denuncia la lesión de los derechos a la libertad física y de locomoción por supuestas vulneraciones al debido proceso; empero, se omitió señalar cómo esa falta de fundamentación en el Auto de Vista 258/2022 cuestionado, se constituye en la causa directa para la privación de libertad del peticionante de tutela; en ese sentido, no se puede pronunciar sobre el fondo de la problemática planteada, correspondiendo ser sustanciada a través de otro tipo de acción tutelar.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto de Vista 258/2022 de 15 de septiembre, pronunciado por el Vocal de la Sala Panel Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -Vocal demandado- declarando improcedente el recurso de apelación incidental sustentada en el art. 239.1 del CPP que formuló Oscar Mauricio Tapia Tastaca -hoy accionante- contra el Auto Interlocutorio 573/2022 de 1 de septiembre, que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva interpuesta por el prenombrado (fs. 2 a 6).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad y al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación en razón a que, habiendo formulado recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 573/2022 de 1 de septiembre que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva, el Vocal demandado mediante Auto de Vista 258/2022 de 15 de septiembre, declaró improcedente y confirmó el fallo cuestionado manteniendo vigente el peligro de fuga previsto por el art. 234.7 del CPP, sin la debida fundamentación y motivación, con base en argumentos retóricos y meras presunciones abstractas e inobservando el razonamiento expuesto en la SCP 0756/2021-S3. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La obligación de los tribunales de apelación de motivar y fundamentar sus resoluciones sobre medidas cautelares, conforme al alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP

Sobre el particular, el art. 398 del CPP establece que: “…Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”. Siguiendo ese marco normativo, la SCP 0513/2024-S2 de 21 de agosto, precisó que: [Al respecto, la SCP 0031/2022-S3 de 25 de febrero, asumiendo los entendimientos desarrollados por la jurisprudencia constitucional sobre el particular, señaló que: «En cuanto a la exigencia de cumplimiento de estos parámetros del debido proceso, la SCP 0025/2020-S3 de 12 de marzo, citando a la SCP 0339/2012 de 18 de junio, sostuvo que: “El Tribunal Constitucional, ha desarrollado amplia jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga una medida cautelar de carácter personal de detención preventiva de un imputado y/o imputada, a través de la SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo que: ‘...la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes’. En cuanto al Tribunal de apelación, la citada SC 0089/2010-R, señaló: ‘…está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva’. Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: ‘Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar’. De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP”». Asimismo, la SCP 0317/2022-S3, de 22 de abril, citando a su vez la jurisprudencia desarrollada respecto al alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP en relación a la actuación de los Tribunales de alzada, señaló que: «Sobre el particular, la SCP 1134/2019-S1 de 28 de noviembre citando a la SCP 0077/2012 de 16 de abril, sostuvo que: “…la norma contenida en el art. 398 del citado cuerpo legal, establece que ‘Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución ’”. De la norma legal precedente, de manera general es posible concluir que los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir más allá de lo que la parte apelante no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada, dado que el ámbito en el que deben circunscribir su actuación es a resolver los aspectos impugnados de quien tiene derecho de recurrir. Sin embargo, tratándose de la aplicación de medidas cautelares, dicha normativa no debe ser entendida en su literalidad sino interpretada en forma integral y sistemática, por lo que también cabe referirse a lo establecido en el art. 233 del CPP, modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, cuando señala que: “Realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiera constituido en querellante, cuando concurran los siguientes requisitos: 1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad”. Finalmente, cabe remitirse a lo previsto en el 236 del CPP, entre cuyos requisitos del auto de detención preventiva se encuentran: “3) La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables”. En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP»] (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad y al debido proceso en su elemento de fundamentación y motivación en razón a que, habiendo formulado recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 573/2022 de 1 de septiembre, que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva, el Vocal demandado mediante Auto de Vista 258/2022 de 15 de septiembre, declaró improcedente y confirmó el fallo cuestionado manteniendo vigente el peligro de fuga previsto por el art. 234.7 del CPP, sin la debida fundamentación y motivación, con base en argumentos retóricos y meras presunciones abstractas e inobservando el razonamiento expuesto en la SCP 0756/2021-S3. Descrita la problemática planteada, de la revisión de antecedentes se colige que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Oscar Mauricio Tapia Tastaca y otros por la presunta comisión del delito de homicidio, el Juez inferior pronunció el Auto Interlocutorio 284/2022 de 5 de mayo determinando su detención preventiva, el cual habiendo sido objeto de apelación fue confirmado en alzada. En virtud a ello, el impetrante de tutela solicitó la cesación de la detención preventiva con base en el art. 239.1 del CPP, siendo rechazada por el Juez de la causa a través de Auto Interlocutorio 573/2022, en tal sentido, interpuso recurso de apelación incidental, que fue declarado improcedente por el Vocal demandado a través de Auto de Vista 258/2022 y por ende confirmó en su integridad el fallo cuestionado (Conclusión II.1). Realizada esa necesaria relación de los antecedentes, a efecto establecer si la lesión de los derechos invocados resulta o no evidente, amerita precisar los agravios expresados por el accionante, extraídos del contenido del Auto de Vista 258/2022, coligiéndose lo siguiente: a) El accionante solicitó la cesación de la detención preventiva con base en el art. 239.1 del CPP, adjuntando la SCP 0756/2021-S3 que también trata de la investigación de un delito de homicidio, con el objeto que en su caso -respecto al riesgo procesal del peligro efectivo para la sociedad- se analice y resuelva conforme a los lineamientos establecidos en dicho fallo constitucional, por existir analogía, b) Pese a que presentó documentación acreditando que a futuro -cuando salga de la “cárcel”- tendrá una actividad laboral diferente al de organizador de eventos, el Juez de instancia no cambio su fundamento y mantuvo vigente el riesgo previsto en el art. 234.7 del CPP; y, c) El Juez inferior no puede fundar el riesgo procesal de peligro efectivo para la sociedad con el argumento que se habría agredido a la víctima con patadas y que hubiere expresado algunos términos; toda vez que, conforme a la línea jurisprudencial en vigencia no se tendría que considerar “…los hechos que se investiga y en la causa que se investiga” (sic). En respuesta a los fundamentos expuestos, la defensa técnica de los familiares de la víctima precisó lo siguiente: 1) En su momento se realizó la valoración de los documentos presentados por el imputado para desvirtuar el art. 234.7 del CPP, fallo que fue confirmado en alzada; por consiguiente, el hecho que el sindicado ya no se dedicará a organizar eventos, no condice con el fundamento para que no sea considerado como un peligro para la sociedad, debiéndose reflexionar en su lugar cómo perdió la vida la víctima, más aun cuando de manera uniforme los testigos en la entrevista señalaron la actitud que asumió el sindicado en los hechos investigados; y, 2) En la audiencia de aplicación de medidas cautelares se consideró el riesgo procesal inserto en el art. 234.7 del CPP, donde se estableció cuál fue el comportamiento que asumió el imputado; por ende, los elementos probatorios y los fundamentos expuestos por el sindicado deben estar dirigidos a enervar ese riesgo procesal, de acuerdo a cómo se fundó, advirtiéndose que no se cambió la actitud del imputado.

Con base en lo expresado el Vocal demandado mediante Auto de Vista 258/2022 razonó que: i) Considerando que se trata de una solicitud de cesación de la detención preventiva, se debe realizar un análisis de los fundamentos expuestos en la audiencia de aplicación de medidas cautelares a través del Auto Interlocutorio 284/2022, en el que estableció la concurrencia del riesgo procesal 234.7 del CPP, aclarando que, pese a que dicho fallo fue objeto de un recurso de apelación incidental sus razonamientos fueron confirmados. A ese efecto, advirtió que el Juez a quo en la audiencia de aplicación de medidas cautelares determinó que el imputado tenía como actividad principal la organización de eventos y que actuó de forma violenta contra la integridad de la víctima, pues lo empujó a un auto y después lo agredió con puñetes y patadas, por lo que consideró que era un peligro efectivo para la sociedad; en tal sentido, en la solicitud de cesación de la detención preventiva “…la carga probatoria tienen que ir dirigidas a desvirtuar este riesgo procesal tal cual ha sido fundado y que dicha situación amerita que con relación [a] la documental que se ha presentado, donde el imputado ya no desempeñará a la ocupación de organizador de eventos, sino que su trabajo será almacenador, lo cual en realidad no es no es una parte nuclear de la decisión asumida por el Juez A quo, ya que dentro de ese contexto del cual se entiende se establece que se ha tomado en cuenta de ese aspecto, tal cual el Juez A quo en su misma Resolución va señalando, cuál es la conducta asumida por el imputado en este hecho que el Ministerio Público investiga y que indudablemente ha tenido una consecuencia, el cual es fallecimiento de una persona y del cual se está procediendo a la investigación correspondiente…” (sic), concluyéndose, en el Auto Interlocutorio 573/2022 -que resolvió la solicitud de cesación de la detención preventiva-que la prueba presentada de cambio de actividad laboral no era suficiente para desvirtuar el art. 234.7 del CPP, toda vez que dicho presupuesto procesal no solo se fundó en el trabajo que ejercía el imputado, sino también la conducta asumida por el mismo conforme se explicó en el Auto Interlocutorio 284/2022, ii) Efectuada esa contextualización, el Vocal demandado, señaló que el Juez de instancia realizó una explicación clara y objetiva del motivo por cual se debía mantener latente el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP, expresando que el mismo se constituye en un peligro real y material verificable “…es ahí donde se puede señalar, incluso se ha puntualizado en la primera audiencia, cuál ha sido esa conducta desplegada por el imputado en el hecho que se investiga y refiriéndose, no señalando de plano de que él imputado fuese el autor definitivo del hecho que se hubiere suscitado, sino la conducta que asumió, en esa virtud, tampoco existe una situación de duda de qué es lo que hubiese pasado realmente, sino aspectos en el Auto interlocutorio que estamos analizando donde el Juez A quo va señalando otros aspectos, como por ejemplo en el caso que se nos ha señalado de manera concreta en la Sentencia Constitucional que señala: ‘…en primer lugar lo hace sobre la base de presunciones, cuando señala que los familiares de la víctima podían ser objeto de represalia, sin una base objetiva; asimismo, basó su determinación en la gravead del hecho y en la circunstancia que las imputadas hubieran tenido un chuchillo con el que atacaron a la víctima, afirmación que vulnera el principio de presunción de inocencia…’. En este caso, es distinto en cuanto al análisis concreto que se realiza, ya que al margen de las dos imputadas, había otro que es el padre, quien también ha intervenido en la causa; situación que no estaba determinada, como en este caso, que se analiza, ahí se puede establecer que el Tribunal Constitucional analizando el caso concreto, evidentemente ha encontrado en el caso Orosco Rocha, una cierta determinación arbitraria, solamente en base a presunciones, empero este caso es distinto ya que se analiza, el cual se tienen las conductas que han ido desarrollando en dicho hecho que está investigando, donde existe la intervención del ahora imputado en la presente causa” (sic [las negrillas son nuestras]); y, iii) Finalmente refirió que, se debía considerar que la cesación de la detención preventiva, “…ya es una fase superada con relación al análisis de la aplicación de medida cautelar, otra cosa hubiese sido cuando este análisis se lo estuviera realizando cuando se estuviese aplicando medidas cautelares de carácter personal vía apelación…” (sic) precisando que se analizó dicho cuestionamiento en función a la SCP 0756/2021-S3, advirtiendo que no se trataría de un caso análogo, por cuanto la indicada Sentencia Constitucional Plurinacional fue pronunciada dentro de una solicitud de aplicación de medida cuartelar y el caso en análisis trata de una cesación de la medida extrema que tiene parámetros distintos a la primera figura jurídica mencionada.

Ahora bien, a efecto de resolver la problemática planteada, que se centra en la falta de fundamentación y motivación del Auto de Vista 258/2022, en virtud a que no se habría expresado de forma fundamentada y motivada los motivos para mantener vigente el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP e inobservó la aplicación del razonamiento expuesto en la SCP 0756/2021-S3, es pertinente traer a colación el razonamiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional referente a la obligación que tiene el juez o tribunal de alzada de resolver el recurso de apelación incidental en el marco del derecho al debido proceso; es decir, señalando los elementos de convicción que sustentan su decisión y exponiendo en forma clara, concisa y precisa los motivos de hecho y derecho sobre la concurrencia de los riesgos procesales para la imposición o subsistencia de una medida cautelar, a objeto de dar certeza a las partes de las razones que llevaron a asumir esa decisión; no pudiéndose justificar su omisión en los límites establecidos por el art. 398 del CPP, habida cuenta que, dicha previsión legal no puede ser interpretada de forma literal, sino de forma integral y sistémica. De lo expuesto, así como lo descrito en el Considerando II del Auto de Vista 258/2022, este Tribunal concluye que la denuncia formulada por el impetrante de tutela, no es evidente; toda vez que, a fin de responder los agravios expuestos consistentes en cuestionar el criterio del Juez de primera instancia, respecto a la subsistencia del riesgo procesal inserto en el art. 234.7 del CPP que fue realizada con el argumento que la documentación presentada con el objeto de acreditar el cambio de actividad laboral del imputado no era suficiente para enervar dicho riesgo procesal, por cuanto se debía considerar también la naturaleza y gravedad del ilícito presuntamente cometido, contrariamente a lo indicado por la SCP 0756/2021-S3 que prohibió establecer la concurrencia de los riesgos procesales en función a una conducta determinada; el Vocal demandado al encontrarse impelido de compulsar los antecedentes del cuaderno de investigación, analizó el Auto Interlocutorio 284/2022 que impuso la aplicación de medidas cautelares, con el objeto de conocer las razones que fundaron la concurrencia del peligro efectivo para la sociedad, para en forma posterior proceder a examinar los razonamientos del Auto Interlocutorio 573/2022, que resolvió la solicitud de cesación de la detención preventiva, y concluir que el Juez inferior emitió el fallo cuestionado en alzada con la debida fundamentación y motivación, además de haber realizado una adecuada compulsa de los antecedentes, en virtud a que en la audiencia de aplicación de medidas cautelares a través de Auto Interlocutorio 284/2022 la citada autoridad judicial precisó que la conducta desplegada por el imputado en el hecho que se investiga fue agresiva y que en su condición de organizador de eventos atentó en forma violenta en la integridad de la víctima, ya que lo empujó a un auto para después agredirlo con puñetes y patadas, y manifestar a los guardias de seguridad “sáquenle la mierda”, lo cual fue demostrado por las declaraciones de las personas que presenciaron los hechos.

Por consiguiente, habiéndose formulado la cesación de la medida extrema en previsión del art. 239.1 del CPP que establece “Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida”(énfasis añadido), el Vocal demandado concluyó que la carga de la prueba presentada por el impetrante de tutela debía estar destinada a desvirtuar los razonamientos que el Juez de la causa precisó para fundar el riesgo de peligro efectivo para la sociedad, de allí que sostuvo que si bien se presentó documentación para acreditar el cambio de actividad laboral del accionante a futuro; es decir, una vez que se encuentre en libertad, ya no fungiría labores de organizador de eventos, sino de encargado de almacenes; no obstante, determinó que ello no era suficiente para enervar el indicado riesgo procesal, por cuanto, no quedaría totalmente desvirtuado de acuerdo a los razonamientos expuestos por el Juez a quo en el Auto Interlocutorio 284/2022, ya que también se cuestionó la actitud violenta y agresiva que asumió el accionante en los hechos investigados, la cual fue demostrada con la declaración de las personas que presenciaron el hecho, aclarando que con dicho análisis “…no [se estaba] señalando de plano de que él imputado fuese el autor definitivo del hecho que se hubiere suscitado, sino [la] conducta que asumió…” (sic [énfasis añadido]). Finalmente, respecto a que la autoridad demandada habría inobservado la SCP 0756/2021-S3, que resuelve un caso análogo respecto a la aplicación del riesgo de peligro efectivo para la sociedad dentro de una investigación de un ilícito de homicidio, el Vocal demandado a través del Auto de Vista 258/2022 determinó que no se trataría de un caso análogo al que se estaba resolviendo, en razón a que el mismo fue pronunciado dentro de una aplicación de medida cautelar y el caso en análisis trataba de una cesación de la medida extrema, el cual tiene parámetros distintos a la primera figura jurídica mencionada. Conforme a todo lo anotado, queda claro para este Tribunal que el Auto de Vista 258/2022 pronunciado por el Vocal demandado analizó de forma adecuada el recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio 573/2022 que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva, resolviéndolo con la debida fundamentación y motivación, de forma congruente con lo pedido y respondido por los sujetos procesales en el marco del art. 398 del CPP, expresando de forma clara, concisa y precisa de forma suficiente los motivos y normas jurídicas que sustentaron su determinación, revisando los antecedentes del caso y analizando los elementos de convicción presentados a efectos de mantener vigente el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP; toda vez que, al tratarse de una solicitud de cesación de la medida extrema el análisis realizado por las autoridades judiciales debe responder a un examen integral y no aislado de los elementos probatorios y la motivación expresada para fundar los riesgos procesales, así como de todas las resoluciones que resolvieron la situación jurídica del accionante, advirtiéndose también que explicó de forma clara y concisa por qué el entendimiento establecido en la SCP 0756/2021-S3 no podía ser aplicado al caso concreto, teniéndose por ello que el Auto de Vista cuestionado fue pronunciado de acuerdo a los parámetros establecidos en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, correspondiendo denegar la tutela. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 14/2022 de 27 de octubre, cursante de fs. 39 a 42, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0271_2025-S3.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 3d13bd56c5d0bb9abee49fe7f29750b999d4e61423e3ee00b62de1fa2a19e4b8

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