Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 17 de abril de 2023
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; toda vez que, el Fiscal Departamental de Tarija por Resolución RJ/RS/WTT/1296-2021 de 3 de septiembre, revocó la Resolución fiscal de rechazo de 11 de agosto de 2021, incurriendo en las siguientes ilegalidades: a) La descripción de la relación fáctica no especificó los supuestos hechos o actos ilícitos ejecutados por su persona; b) En total incongruencia, al analizar la Resolución fiscal de rechazo describió argumentos no consignados en la Resolución conclusiva; es decir, esta determinación jerárquica, refiere que todos los elementos de convicción no configuran el delito de violencia familiar; c) Dispuso la continuación de la investigación, que no fue solicitada por la parte objetante, que pidió se revoque el rechazo y se emita la imputación formal, sin guardar coherencia entre lo pedido y lo dispuesto; y, d) No justificó que el trabajo pericial solicitado por el Fiscal de Materia, estuviera destinado a verificar la legalidad de los documentos presentados por su persona al proceso de contratación, cuando el mismo estaba destinado a corroborar la legalidad de los documentos presentados por otras empresas: d.1) Al momento de revocar la Resolución fiscal de rechazo, argumentó que dicho fallo no valoró todos los elementos de prueba, sin señalar ni detallar cuáles serían aquellos elementos de convicción.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 35/2022 de 21 de marzo, cursante de fs. 45 a 48 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Tarija; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al derecho al debido proceso, en sus vertientes de fundamentación, motivación (arbitraria e insuficiente), congruencia y valoración de la prueba, por los argumentos expuestos en las problemáticas expuestas en los Fundamentos Jurídicos III.5.1, III.5.2, III.5.4 y III.5.4.1 de este fallo constitucional, disponiendo la nulidad de la Resolución RJ/RS/WTT/1296-2021 de 3 de septiembre, debiendo la autoridad demandada emitir una nueva en el plazo establecido por el art. 324 del Código de Procedimiento Penal, siempre y cuando hasta la fecha no se hubiera resuelto su situación jurídica. 2° DENEGAR la tutela solicitada, con relación al derecho al debido proceso en su componente de congruencia, de conformidad a la problemática expuesta en el Fundamento Jurídico III.5.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0271/2023-S1 Sucre, 17 de abril de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 46470-2022-93-AAC Departamento: Tarija En revisión la Resolución 35/2022 de 21 de marzo, cursante de fs. 45 a 48 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Robert Willan Zurita Fernández contra Elizabeth Sandra Gutiérrez Salazar, Fiscal Departamental de Tarija.
Por memoriales presentados el 11 y 17 de marzo de 2022, cursantes de fs. 19 a 23; y, 26 a 27, el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Dentro del proceso penal iniciado en su contra por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, luego de haberse desarrollado los actos investigativos y colectado las pruebas en lo que respecta a su persona, el 11 de agosto de 2021, el Ministerio Público emitió Resolución fiscal de rechazo, aplicando el art. 304.3 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en razón a que no se aportaron elementos para fundar una imputación en su contra, constatando que los documentos presentados para la adjudicación del servicio de limpieza, desinfección y fumigado de recintos electorales para la realización de las elecciones generales 2020 FASE I, debido al COVID-19, no serían falsos; empero, ante la impugnación de dicho fallo por parte de la víctima, el Fiscal Departamental de Tarija, revocó el mismo a través de la Resolución RJ/RS/WTT/1296-2021 de 3 de septiembre, ordenando continuar con la investigación, vulnerando de esta manera sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia, por ser arbitraria.
La Resolución fiscal de rechazo de 11 de agosto de 2021 resulta clara; toda vez que, efectuó una relación precisa de los hechos, individualizando la participación de su persona como de los elementos colectados, fundamentando y motivando el rechazo en virtud del art. 304.3 del CPP, ya que los documentos presentados para la adjudicación del servicios de limpieza, fumigado y desinfección de recintos electorales por el COVID-19, requerido para las elecciones generales de 2020 Fase I, no son falsos, y si bien la referida documental no era requerida en las especificaciones técnicas, no implica que fueran falsos; sin embargo, la Resolución jerárquica ahora cuestionada, apartada de toda lógica determinó la revocatoria de la Resolución fiscal de rechazo, puesto que en la relación fáctica, en ninguna parte se refirió a los hechos o actos ilícitos tipificando su conducta antijurídica, supuestamente ejecutados por su persona, siendo el fallo arbitrario porque vulnera su derecho al debido proceso. En el considerando II de esa Resolución, respecto al fundamento de la resolución de rechazo se indicó que el representante del Ministerio Público disponía el rechazo de la denuncia en favor de la persona sindicada, argumentando que de la prueba aportada y recolectada durante la etapa preliminar de la investigación se realizaron todas las actuaciones, conforme los protocolos de actuación, coligiendo que no configuran elementos de violencia familiar; y, que de acuerdo a los antecedentes cursantes en el cuaderno de investigaciones, serían elementos de convicción insuficientes. La Resolución Jerárquica precitada, resulta incongruente, ya que describió argumentos que no fueron analizados por el Fiscal asignado al caso al momento de emitir la Resolución fiscal de rechazo de denuncia, incluso citando otro delito como es el de “violencia familiar”. Otra arbitrariedad radica en que la víctima a momento de objetar la Resolución fiscal de rechazo pidió se revoque la misma y se emita imputación formal en su contra, pero el fallo jerárquico, sin ningún fundamento dispuso se continúe con la investigación, no guardando coherencia entre lo pedido y lo resuelto. Por otra parte, para revocar la decisión inicial, fundamentó su decisión con el siguiente argumento:
Que, del análisis del caso en concreto, se puede advertir que no se agoto con los actos de investigación, considerando que de la revisión de los actuados se advierte que la fiscal “mediante requerimiento fiscal de fecha 16 de junio de 2021”, dispuso la realización de un trabajo pericial, empero en el cuaderno de investigación, no se verifica que se haya emitido algún dictamen pericial, siendo indispensable dicha actuación investigativa a los efectos de buscar la averiguación material e histórica de los hechos conforme el principio de verdad material previsto en elart.180 de la CPE. También se puede inferir de la resolución fiscal de rechazo, que no se realizó una valoración integral a todos los elementos de convicción que cursan en el cuaderno de investigación, incumpliéndose lo que establece el art. 73 del CPP, consiguientemente es evidente los agravios denunciados en la oportunidad (sic). Ese argumento, además de arbitrario no contiene ningún elemento de motivación, puesto que no estableció si la pericia requerida, estaba destinada a verificar los documentos presentados por su persona en el proceso de contratación, o únicamente a corroborar la legalidad de los documentos presentados por otras empresas. Así también, el pronunciamiento jerárquico refirió que se incumplió con lo dispuesto por el art. 73 del CPP, por el supuesto que no se realizó una valoración integral de los elementos de convicción, cursantes en el cuaderno de investigaciones, empero, sin señalar cuáles serían los elementos o pruebas que no fueron valorados por el Ministerio Público, consideraciones retóricas en la que incurrió el Fiscal Departamental, decisión que contendría una motivación arbitraria.
Denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; citando al efecto los arts. 115.II, 116.I y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela, disponiendo dejar sin efecto la Resolución RJ/RS/WTT/1296-2021 de 3 de septiembre y se emita una nueva debidamente fundamentada, motivada y congruente, efectuando una correcta valoración de la prueba y contrastando los argumentos insertos en la Resolución fiscal de rechazo de 11 de agosto de 2021, confirmando la misma.
Celebrada la audiencia pública el 21 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 41 a 44 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogada, ratificó los argumentos expuestos en su acción de amparo constitucional.
Elizabeth Sandra Gutiérrez Salazar, Fiscal Departamental de Tarija, mediante informe escrito presentado el 21 de marzo de 2022, cursante a fs. 38 y vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, con los siguientes argumentos: a) Se advierte que la Resolución RJ/RS/WTT/1296-2021, ahora cuestionada de ser carente de fundamentación, motivación omisiva e incongruente, por no haber respondido a todos los agravios formulados en la objeción, fue emitida por Wilson Tito Torrez, ex Fiscal Departamental de Tarija, dentro del caso seguido contra Víctor Jesús Molina Antelo y otros, por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica; b) La doctrina estableció que: “…la identidad de la resolución debe medirse entre el fallo y lo que se pide, y no entre lo resuelto y lo argumentado, pues la obligación del juez no comprende la respuesta a todas las argumentaciones de los justiciables, más aún cuando estas son impertinentes, vagas o redundantes (Razonamiento Judicial / José Luís Castillo Alva / ARA Editores / Pág. 488” (sic); c) El Auto Supremo 297/2012-RRC de 20 de noviembre, señaló que debe exigirse el cumplimiento de los siguientes requisitos para la concurrencia del fallo corto:
i) Que la omisión denunciada se encuentre vinculada a aspectos de carácter jurídico y no a temas de hecho o argumentos simple; ii) Que las pretensiones ignoradas se hayan formulado claramente y en el momento procesal oportuno; iii) Que se traten de pretensiones en sentido propio y no de meras obligaciones que apoyan una pretensión; y, iv) Que la resolución emitida no se haya pronunciado sobre problemáticas de derecho, en sus dos modalidades; la primera que la omisión este referida a pretensiones jurídicas, y la segunda cuando del conjunto de los razonamientos contenidos en la Resolución judicial puede razonablemente deducirse no solo que la autoridad jurisdiccional ha valorado la pretensión deducida, sino además los motivos que fundamentan la respuesta tácita” (sic). d) En cuanto al argumento de falta de fundamentación y motivación, la cuestionada Resolución jerárquica absolvió de manera intrínseca, resolviendo de forma clara los razonamientos que fueron considerados a momento de su emisión el 3 de septiembre de 2021, puesto que se circunscribió al no agotamiento de los actos de investigación, ya que por Requerimiento fiscal de 16 de junio de igual año, se dispuso la realización de un trabajo pericial, también considerando que no se efectuó una valoración integral de los elementos de convicción colectados durante la investigación; e) Conforme establece el art. 34.17 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, el Fiscal Departamental está facultado para conocer y resolver la objeción de la resolución de rechazo, pudiendo revocar o confirmar el acto de acuerdo a los elementos de convicción cursantes en la causa; f) Un aspecto preponderante para revocar la Resolución de rechazo, recayó en que no se agotaron los actos investigativos; g) La acción tutelar, no identificó el supuesto derecho y garantía conculcado, siendo la misma genérica, considerándose que la Resolución RJ/RS/WTT/1296-2021 está debidamente fundamentada, motivada y congruente, ya que se expresaron los motivos de forma precisa, extremo que derivó en su revocatoria; y, h) La SC 1365/2005-R de 31 de octubre, establece que: “…cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas”.
Ivone del Rosario Martínez Benítez, Presidenta del Tribunal Electoral Departamental de Tarija, no presentó informe escrito, pero a través del asesor legal de esa institución, en audiencia señaló que la investigación recae sobre el daño económico que sufrió esa entidad, siendo que el ahora accionante se adjudicó una de las fases de fumigado por un monto elevado; razón por la que la Fiscalía, a momento de emitir la Resolución de rechazo, no hizo un correcto enlace de las pruebas aportadas y el análisis normativo, extremo que derivó en la objeción de dicho fallo, que posteriormente revocó el Fiscal Departamental de Tarija por falta de argumentación fáctica y legal de la Fiscal de Materia. Víctor Jesús Molina Antelo, coimputado en la causa, por intermedio de su defensa técnica, expresó que: 1) Si bien no interpuso la presente acción de amparo constitucional, empero, se adhirió a los fundamentos del accionante, en razón a que la Resolución fiscal de rechazo, también lo favorece; 2) La Fiscalía Departamental de Tarija revocó la señalada Resolución de rechazo, vulnerando el derecho al debido proceso del accionante y de su persona, bajo los mismos argumentos y fundamentos e igual valoración de los diferentes elementos de prueba existentes en el cuaderno de investigación; 3) Respecto a sus declaraciones informativas no se les indicó cual sería el documento falso, ni cual se hubiera utilizado, extremo que derivó en la emisión del rechazo de denuncia; y, 4) La Resolución jerárquica ahora impugnada estableció que no se concluyó con la investigación, existiendo actos pendientes como la realización de una pericia en auditoría forense que viene enlazada al cumplimiento de requisitos por parte de los proponentes en diferentes procesos de contratación.
La Sala Constitucional Segunda del departamento de Tarija, por Resolución 35/2022 de 21 de marzo, cursante de fs. 45 a 48 vta., denegó la tutela solicitada bajo los siguientes fundamentos: i) La Resolución jerárquica cuestionada, en su considerando primero, contiene una relación fáctica donde desarrolla varios antecedentes; en su considerando segundo, menciona fundamentos de la Resolución de rechazo; en el tercero, refiere cuatro incisos de los agravios formulados por la víctima en su memorial de objeción, y en el cuarto, el análisis jurídico y la valoración; ii) En un primer inciso señala que no se agotaron los actos de investigación; un segundo inciso sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones, señalando jurisprudencia constitucional, la Ley Orgánica del Ministerio Público y el art. 297 del CPP, así como otra normativa relacionada a la acción penal pública; un tercer inciso referente a las atribuciones y el funcionamiento del Ministerio Público en sentido que las resoluciones fiscales deban elevarse de manera fundamentada, primando la legalidad y verdad material; iii) En su inciso e) indicó: “…que surge la noticia de un hecho delictivo, por lo general se sabe muy poco acerca de este y de las circunstancias, lo que hace evidente la necesidad de investigar con el fin de reconstruir el mismo, buscando la averiguación material e histórica de los hechos, para comprobar si se trató o no de una conducta punible…” (sic); el caso presente explicó la existencia de actuaciones investigativas pendientes por realizar, siendo imperiosas para buscar la averiguación de la verdad histórica de los hechos, extremo que derivó en la revocatoria de la Resolución de rechazo; iv) En cuanto a la debida fundamentación y motivación, si bien es una parte importante del debido proceso, ello no implica que la misma resulte en explicaciones ampulosas, ni amplias, pudiendo ser breves, claras y concisas, tal como describe en su inciso e), y que la parte accionante no comparta los criterios vertidos, es una situación que no puede ser considerada como vulneratoria de derechos y garantías constitucionales; y, v) No se interrumpieron los marcos de razonabilidad que debe tener una resolución, tampoco se evidenció la existencia de relevancia constitucional para revalorizar o reconsiderar todo el contenido de la Resolución cuestionada, siendo aplicable la autorrestricción.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución fiscal de rechazo de 11 de agosto de 2021, emitida por la representación del Ministerio Público, por la cual se dispuso el rechazo de la denuncia interpuesta contra Víctor Jesús Molina Antelo -ahora tercero interesado- y Robert Willan Zurita Fernández -ahora accionante-, por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, bajo el sustento de lo establecido en el art. 304 inc. 3) del CPP (fs. 3 a 8). II.2. A través de memorial de 2 de septiembre de 2021, el Tribunal Electoral Departamental de Tarija -entidad ahora tercera interesada-, formuló objeción contra la Resolución fiscal de rechazo de 11 de agosto de igual año, señalando que:
…el Ministerio Público debe regir sus funciones al hecho de investigar delitos que se subsuman a la conducta del sujeto activo que lo cometió, solicitando la sanción que corresponda conforme a ley, “que para existencia de un delito deben concurrir los elementos esenciales: la acción, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y punibilidad, la inconcurrencia de cualquiera de ellos hace inexistente el delito como ocurre en el presente caso evidenciándose que si existe el nexo de causalidad en la comisión de los delitos” Tomando en cuenta que la resolución impugnada resulta arbitraria, incongruente, absurda e ilógica con un error evidente y que esa interpretación vulnera los derechos del TED-Tarija, a la igualdad y a la seguridad jurídica de la garantía del debido proceso. Por todo lo expuesto precedentemente y lo fundamentos antes señalados y en aplicación estricta del artículo 305 del Código Procesal Penal, impugno la Resolución Fiscal de Rechazo de denuncia emitido por su autoridad, de fecha 11 de agosto de 2021, impetrando se eleve antecedentes al Fiscal del Distrito a objeto de que dicha autoridad y declare admisible nuestra fundamentación y REVOQUE la Resolución de Rechazo y en consecuencia conmine al señor Fiscal encargado del caso a emitir la imputación fiscal en contra de los sindicados VICTOR JESUS MOLINA ANTELO y ROBERT WILLAN ZURITA, por los delitos de FALSEDAD IDEOLÓGICA Y USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO previstos en el Art. 199 y 203 del Código por los delitos señalados (sic [fs. 9 a 15]).
Fiscal Departamental de Tarija resolvió “revocar” la Resolución fiscal de rechazo, disponiendo continuar con las investigaciones, conforme al principio de celeridad que rige la función fiscal; fallo que fue dictado bajo los siguientes fundamentos:
a) Que, del análisis del caso concreto, se puede advertir que no se agoto con los actos de investigación, considerando que de la revisión de los actuados se advierte que la fiscal “mediante requerimiento fiscal de fecha 16 de junio de 2021”, dispuso la realización de un trabajo pericial, empero en el cuaderno de investigación, no se verifica que se haya emitido algún dictamen pericial, siendo indispensable dicha actuación investigativa a los efectos de buscar la averiguación material e histórica de los hechos conforme el principio de verdad material previsto en el art. 180 de la CPE. También se puede inferir de la resolución fiscal de rechazo, que no se realizó una valoración integral a todos los elementos de convicción que cursan en el cuaderno de investigación, incumpliéndose lo que establece el art. 73 del CPP, consiguientemente es evidente los agravios denunciados en la oportunidad. b) Por otro lado, sobre la “motivación y fundamentación” de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público, se tiene la SCP 0498/2018-S2 de 27 de agosto, que preciso: El deber de fundamentar y motivar las resoluciones sean judiciales o administrativas, por parte de las autoridades que las emiten en sus respectivos ámbitos, también alcanza a los representantes del Ministerio Público, en sus diferentes jerarquías. En este sentido se ha pronunciado la jurisdicción constitucional al establecer en la SC 1523/2004-R de 28 de septiembre que: "toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de los que se investiga debe ser necesariamente motivada a lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las existencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas. En particular en lo relativo al contenido de fondo, no solo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver. Si no proceden de esa forma y dictan una resolución sin respetar la estructura señalada, resulta obvio que su decisión será arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión. Como se extrae de la jurisprudencia constitucional glosada precedentemente, el deber de motivación y fundamentación de las resoluciones alcanza no solo a las autoridades judiciales y administrativas, sino también a los fiscales que están obligados a fundamentar sus decisiones, de conformidad con lo que dispone el art. 73 del CPP, que establece: “Los fiscales formularán sus requerimientos y resoluciones de manera fundamentada y específica”.
De igual forma es oportuno mencionar el art. 70 del CPP (Funciones del Ministerio Público) que refiere: Corresponderá al Ministerio Público dirigir la investigación de los delitos y promover la acción penal pública ante los órganos jurisdiccionales. Con este propósito realizará todos los actos necesarios para preparar la acusación y participar en el proceso, conforme a las disposiciones previstas en este Código y en su Ley Orgánica. En coherencia el art. 297 del CPP, también refiere que, la fiscalía ejerce la dirección funcional de la actuación policial en la investigación del delito. En el mismo sentido el art. 8 de la Ley 260, indica: Las y los Fiscales, bajo su responsabilidad, promoverán de oficio la acción penal pública, toda vez que tengan conocimiento de un hecho punible donde se encuentre flagrancia. c) En el marco constitucional y legal establecido a través de la Ley Orgánica del Misterio Público, que regula la organización, atribuciones y funcionamiento del Ministerio Público en el país, como una institución constitucional, que representa a la sociedad ante las órganos jurisdiccionales para velar por el respeto de los derechos y las garantías constitucionales; es necesario tener presente que el mismo, tiene por finalidad defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, ejercer la acción penal pública e interponer otras acciones en el marco establecido por la Constitución Política del Estado, los tratados y convenios internacionales en materia de Derechos Humanos, y las leyes. Tiene autonomía funcional, administrativa y financiera. d) Que, si bien las resoluciones lineales deben elevarse de manera fundamentada, sin embargo sobre talo deben primar los principios fundamentales de legalidad, responsabilidad, transparencia, eficiencia, verdad material, como rectores de la motivación fiscal y que nos lleva hacer hincapié en le VERDAD MATERIAL, mismo obliga a las autoridades - administradores de la justicia – a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, en estricto cumplimiento de las garantías procesales, en efecto, considerar de manera categórica, la realización de los hechos en el mundo exterior, en este caso como las acciones por el encausado hacia la víctima, con acreditación evidenciable fehaciente, que coloquen al hecho en tela de juicio. e) Se debe tener presente cuando surge la noticia de un hecho delictivo por lo general se sabe muy poco a cerca de este y de sus circunstancias, lo que hace evidente la necesidad de investigar con el fin de reconstruir el mismo buscando la averiguación material e histórica de los hechos para comprobar si se trató o no de una conducta punible, en el caso presente como se explicitó precedentemente existe actuaciones investigativas pendientes por realizar, siendo imperiosas para buscar la averiguación histórica de los hechos (fs. 16 a 17 vta.).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; toda vez que, el Fiscal Departamental de Tarija por Resolución RJ/RS/WTT/1296-2021 de 3 de septiembre, revocó la Resolución fiscal de rechazo de 11 de agosto de 2021, incurriendo en las siguientes ilegalidades: a) La descripción de la relación fáctica no especificó los supuestos hechos o actos ilícitos ejecutados por su persona; b) En total incongruencia, al analizar la Resolución fiscal de rechazo describió argumentos no consignados en la Resolución conclusiva; es decir, esta determinación jerárquica, refiere que todos los elementos de convicción no configuran el delito de violencia familiar; c) Dispuso la continuación de la investigación, que no fue solicitada por la parte objetante, que pidió se revoque el rechazo y se emita la imputación formal, sin guardar coherencia entre lo pedido y lo dispuesto; y, d) No justificó que el trabajo pericial solicitado por el Fiscal de Materia, estuviera destinado a verificar la legalidad de los documentos presentados por su persona al proceso de contratación, cuando el mismo estaba destinado a corroborar la legalidad de los documentos presentados por otras empresas: d.1) Al momento de revocar la Resolución fiscal de rechazo, argumentó que dicho fallo no valoró todos los elementos de prueba, sin señalar ni detallar cuáles serían aquellos elementos de convicción.
En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: i) Sobre la fundamentación y motivación como elementos del debido proceso y su exigencia en las resoluciones emitidas por el Ministerio Público; ii) Sobre el contenido esencial de la fundamentación y motivación; y, la arbitrariedad en la fundamentación y motivación; iii) El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso; iv) La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional; y, v) Análisis del caso concreto.
La Constitución Política del Estado a través de su art. 115.II de la CPE, prevé: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; y, su art. 117.I señala: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…”; por lo que, a partir de estos preceptos legales se tiene que el derecho al debido proceso se encuentra reconocido en el texto constitucional, y de las interpretaciones efectuadas por el Tribunal Constitucional, se reconoció que este derecho comprende una triple dimensión, es decir como principio, garantía jurisdiccional y derecho fundamental -SC 0316/2010-R de 15 de junio-, con el cual se procura garantizar la sujeción estricta a las reglas procesales establecidas en el orden jurídico de cada materia, a cuyo efecto busca la materialización de los valores justicia e igualdad, en la labor de impartir justicia.
En ese sentido, entre los elementos que conforman el debido proceso están la fundamentación, motivación y congruencia, los cuales en una concepción general se constituyen en una exigencia ineludible para las autoridades que vayan a emitir una resolución, sea en el ámbito judicial o administrativo, puesto que el correcto desarrollo de éstos, permitirá al justiciable entender y comprender el porqué de la decisión respecto de su pretensión; es decir, podrá conocer el sustento normativo sustantivo y adjetivo, además de las razones claras y concretas del porque dicho respaldo normativo se ajusta al caso concreto y finalmente, la certidumbre de que todas sus pretensiones fueron consideradas en coherencia con lo peticionado y lo resuelto. Así, la SCP 0469/2018-S2 de 27 de agosto, efectuando una breve sistematización de la distinción entre los elementos de fundamentación y motivación desarrollada en la SCP 1291/2011-R de 26 de septiembre; y, citando a la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, señaló que la misma desarrolló el siguiente entendimiento sobre la distinción de estos dos elementos del debido proceso:
Esta distinción jurisprudencial entre fundamentación y motivación desde la protección del contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada -Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 de 8 de noviembre y 0100/2013 de 17 de enero- no sólo visibiliza un uso diferenciado de términos, sino una distinción conceptual que incide en la exigencia de justificación de toda decisión; toda vez que: a) La fundamentación se refiere a la obligación de las autoridades, en especial de las jurisdiccionales, de citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos en los que se apoye su determinación, así como de justificar la utilización de dichas disposiciones normativas o de interpretarlas de una determinada manera; es decir, consiste en la justificación normativa de la decisión que da por resultado la construcción de la premisa normativa; en cambio; y, b) La motivación hace referencia a la serie de razonamientos lógico-jurídicos que permiten entender, porqué un determinado caso se ajusta a la hipótesis normativa planteada en el mismo, significa que la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión que el acto concreto que se trate, se encuentra por una parte, probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las que considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra, explicando el por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal, elementos con los cuales se realiza la justificación fáctica de la decisión y se construye la premisa fáctica. Bajo esos preceptos y consideraciones jurisprudenciales sobre el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, se tiene que su observancia es de igual forma exigible en las resoluciones emitidas por el Ministerio Público, puesto que, resulta de vital importancia que éstos expresen las razones y motivos por los que asumen una determinación, sin que sea suficiente un simple enunciado general, dado que la labor de dirigir la investigación constituye una función clave en el sistema penal para asegurar la imparcialidad judicial y para permitir que la investigación se realice con parámetros eficientes. Entonces, al corresponderle al Fiscal asumir decisiones acerca del inicio, desarrollo y futuro de la investigación, y entre otros aspectos, resolver su continuación, decidir su suspensión u otras medidas, éstas deben ser adoptadas en resoluciones que justifiquen y expliquen fundamentada y motivadamente el por qué y cómo se llegó a la decisión tomada. Sobre la motivación y fundamentación de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público, la SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, sostuvo que:
…cabe señalar que toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas. En particular en lo relativo al contenido de fondo, no sólo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver.
Si no proceden de esa forma y dictan una resolución sin respetar la estructura señalada, resulta obvio que su decisión será arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión; y de incurrirse en esta omisión al disponer sobreseimiento a favor de la parte imputada, la víctima podrá impugnar el requerimiento ante el superior jerárquico, y si éste igualmente incurre en la misma omisión, quedará abierta la jurisdicción constitucional para que acuda a la misma en busca de protección a sus derechos a la seguridad jurídica y de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, cuyo alcance no abarca, como se dijo, a que la parte acusadora pretenda que este Tribunal obligue a un Fiscal a presentar obligatoriamente la acusación si no únicamente a que dicha autoridad emita su requerimiento conclusivo debidamente fundamentado como lo exigen las normas previstas por los arts. 45. 7) de la LOMP, 73 y 323.3 del CPP (las negrillas son añadidas). En esa misma línea, la SCP 0426/2014 de 25 de febrero, reiteró dichas exigencias y complementando la misma señaló que, la fundamentación y motivación debe ser emitida de manera clara y concreta, bajo un sustento apegado en derecho que permita conocer y convencer al justiciable las razones de la determinación, estableciendo que tal obligación también debe ser observada por la autoridad fiscal jerárquica. Bajo ese uniforme razonamiento seguido por este Tribunal, la SCP 0641/2018-S2 de 15 de octubre, explicó que, siendo el Ministerio Público la instancia que ejerce la acción penal pública cumpliendo el mandato inserto en el art. 225 de la CPE, lo cual le obliga a desarrollar sus funciones y facultades, respetando los derechos fundamentales y garantías constitucionales, y bajo el principio de objetividad, entre otros, que se encuentran contemplados por la Norma Suprema; en tal sentido, sus determinaciones conclusivas luego de la etapa de investigación, deben ser emitidas cumpliendo los parámetros del debido proceso, puesto que éstos son requisitos ineludibles a cumplir por cualquier autoridad judicial o administrativa de la cual no está exenta el Fiscal; así, en el marco de esos preceptos la citada SCP 0641/2018-S2, estableció que:
Consecuentemente, cuando el Ministerio Público tome una determinación que resuelva la situación jurídica del ciudadano al que se le atribuye la comisión de un delito, pudiendo ser: i) Rechazo de una querella; ii) Imputación formal; y, iii) Sobreseimiento; son supuestos, en los cuales debe tener en cuenta todos los elementos probatorios presentados por las partes; es decir, de cada medio probatorio, sea éste, testifical, documental, pericial, entre otros; valorando la información que extrae de cada uno de ellos de manera individual, y en conjunto de forma integral, cuya apreciación debe estar acorde con las reglas de la sana crítica; es decir, no debe contradecir las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia o los conocimientos científicos, que necesariamente deben estar plasmados en la resolución a través de una debida motivación y fundamentación, conforme lo exige el art. 40.11 de la LOMP, en el marco del principio de objetividad contenido en el art. 225.II de la CPE, de lo dispuesto en el art. 5.3 de la referida LOMP y del art. 72 del CPP. Este estándar, debe ser necesariamente observado en cualquiera de las formas de decisión de fondo, que asuma el Ministerio Público, pues la motivación y fundamentación que se realice, debe satisfacer conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico precedente, estableciendo que, tanto las resoluciones dictadas por los fiscales de materia como por los fiscales de distrito -ahora departamentales-, deben hallarse debidamente fundamentadas y motivadas, expresando de manera clara y concreta, sustentada en derecho, las causas por las cuales se tomó determinada decisión; caso contrario, una resolución carente de estos elementos fundamentales que hacen al fondo del decisorio, impiden al litigante, tener la certeza plena del porqué del contenido de la decisión y lesionan el debido proceso, haciendo procedente la tutela constitucional que otorga la acción de amparo constitucional” (resaltado agregado). 5 “En ese sentido, si bien el ejercicio de la acción penal es una competencia otorgada por el constituyente al Ministerio Público conforme lo dispuesto en el art. 225 CPE, constituyéndose en un Órgano sometido a la Norma Suprema; esa facultad de decidir si ejerce o no la acción penal, no puede ser asumida de modo arbitrario. Por lo tanto, cualquier determinación del Ministerio Público, que en los hechos resuelva la situación jurídica del ciudadano, al que se le atribuye la comisión de un hecho delictivo, tales como: 1) Rechazo de una querella; 2) Imputación; y, 3) Sobreseimiento, entre otros; debe estar debidamente motivada y fundamentada; es decir, tiene que explicar en su resolución, las razones que le sirven de base para emitir su determinación, de tal manera que los involucrados en una investigación, sepan qué elementos consideró para asumir tal determinación, dicho de otro modo, la resolución debe hacer conocer las razones de hecho y derecho, para sustentarla (las negrillas son añadidas). (…)”
tanto al querellante como al querellado; y por lo mismo, tiene que ser exigido por el fiscal departamental cuando revisa una objeción a las resoluciones de los fiscales de materia (las negrillas son agregadas).
En tal sentido, las decisiones tomadas por los representantes del Ministerio Público, deben tener una base racional y seguir lo establecido en el nuevo modelo constitucional y el ordenamiento jurídico, respetando los derechos de los involucrados, para que no quede ni la menor duda que lo resuelto está acorde a derecho, observancia que deberá ser plasmada a través de una resolución que contenga una debida motivación, desde un punto de vista racional como razonable, garantizando a la persona que la decisión que ha obtenido -sea o no favorable a sus intereses-, es producto de un razonamiento correcto, en el que además, se hayan considerado los valores y principios contemplados en la Constitución, dando lugar a una decisión objetivamente justa.
La Constitución Política del Estado a través de su art. 115.II de la CPE, prevé: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”, y en su art. 117.I, señala: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…”; por lo que, a partir de estos preceptos legales se tiene que el derecho al debido proceso se encuentra reconocido en el texto constitucional y comprende una triple dimensión, es decir, como principio, garantía jurisdiccional y derecho fundamental, con el cual se busca garantizar la sujeción estricta a las reglas procesales establecidas en el orden jurídico de cada materia, a cuyo efecto busca la materialización de los valores justicia e igualdad en la labor de impartir justicia. En ese marco, y siendo que el debido proceso es un derecho fundamental que toda persona tiene a un normal, pronto y oportuno proceso judicial o administrativo justo, en el que deben ser respetados y protegidos los derechos, principios y garantías establecidos en la Constitución Política del Estado y las leyes específicas, éste debe entenderse como la máxima expresión de la jurisdicción judicial y administrativa en un Estado Constitucional de Derecho; en tal razón, y por la fuerza fundamental que tiene como garantía, el debido proceso contiene numerosos elementos que lo configuran, siendo alguno de ellos: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la defensa material y técnica, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la fundamentación, motivación y congruencia de las decisiones.
Ahora bien, este importantísimo derecho fundamental en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, como exigencias ineludibles en la emisión de toda resolución sea esta judicial, administrativa o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, u otros, que resuelva un conflicto o una pretensión, ha merecido un desarrollo especial por la jurisprudencia constitucional, efectuándose interpretaciones amplias y protectoras de este derecho, otorgando parámetros para su consideración y aplicación en la administración de justicia; así se fueron emitiendo líneas uniformes sobre su alcance; entre ellas, es menester citar a la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la cual se constituye en precedente en vigor, ya que efectuó un desarrollo interpretativo sobre el contenido esencial de estos elementos de la fundamentación y motivación, con el fin de que a través de la aplicación directa de los mismos se garantice el respeto y eficacia plena de los elementos constitutivos de ese contenido esencial o núcleo duro de derechos; por lo que, identificando cuatro finalidades determinantes para el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada, desarrolló las mismas, siendo las siguientes:
(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución (conformada por: a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad art. 410.II) y a la ley, de la autoridad -Juez, autoridad administrativa, etc.- o persona privada; es decir, de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir sobre conflictos o pretensiones, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad. En el Estado Constitucional de Derecho asumido por la Constitución, el principio de legalidad se encuentra en sumisión a un principio más alto: El principio de 6 En su F.J. III.1 “El derecho a una resolución fundamentada y motivada es una de las garantías mínimas del debido proceso reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). El respeto y protección del debido proceso y, por ende, de sus garantías constitutivas, no sólo es aplicable en el ámbito judicial, sino también lo es en el ámbito de la potestad sancionadora de la administración pública.
Así lo ha entendido la uniforme jurisprudencia del Tribunal Constitucional (SSCC 0042/2004 y 0022/2006) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, casos: a) Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá (Sentencia de 2 de febrero de 2001, Fondo, Reparaciones y Costas); b) Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú (Sentencia de 31 de enero de 2001, Fondo, Reparaciones y Costas). Las sentencias nombradas fueron desarrolladas en la SCP 0140/2012, de 9 de mayo.
En ese orden de ideas, conforme refirió la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre: “La teoría constitucional ha desarrollado la técnica del contenido esencial de los derechos fundamentales, a partir de la cual, la aplicación directa de los mismos debe asegurar el respeto y eficacia plena de los elementos constitutivos de ese contenido esencial o núcleo duro de derechos.
En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son:
“1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad.”
constitucionalidad. Este supone la vinculación a los valores, principios y derechos consagrados en la Constitución, más allá, o incluso sobre la ley. La Constitución reconoce a ambos principios (de constitucionalidad y de legalidad), empero, desplaza al principio de legalidad y otorga supremacía al principio de constitucionalidad. Esto se verifica en el art. 410.I, que señala: “Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución”, añadiendo el segundo parágrafo que: La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa…”. Además, estipula como fines y funciones esenciales del Estado, entre otros, el garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución (art. 9.4 de la CPE) y, manda como deberes de los bolivianos y bolivianas el conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en la Constitución, y la práctica de los valores y principios que proclama la Constitución (art. 108 numerales 1, 2 y 3 de la CPE). (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. Entonces, cuando todo órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir, pretende hacer uso de facultades discrecionales o arbitrarias alejadas de la razonabilidad (principio de razonabilidad), éste se convierte en una directriz valiosa estrechamente relacionada a la justicia (valor justicia), porque se manifiesta como un mecanismo de control y barra de contención de la arbitrariedad (principio de interdicción de la arbitrariedad), cuya comprensión es multidimensional: a) Por una parte, la arbitrariedad, es contraria al Estado de derecho (Estado Constitucional de Derecho) y a la justicia (valor justicia art. 8.II de la CPE). En efecto, en el Estado de Derecho, o “Estado bajo el régimen de derecho” con el contenido asumido por la Constitución bajo la configuración de “Estado Constitucional de Derecho”, cuya base ideológica es “un gobierno de leyes y no de hombres”, existe expresa proscripción que las facultades que ejercite todo órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir sean arbitrarias y, por el contrario, existe plena afirmación de que el ejercicio de esas facultades deben estar en total sumisión a la Constitución y a la ley visualizando, con ello, claramente el reverso del ya sepultado “Estado bajo el régimen de la fuerza”. En ese sentido, Pedro Talavera señala: “...la justificación de las decisiones judiciales constituye uno de los pilares del Estado de Derecho frente a las arbitrariedades del Antiguo Régimen”. Del mismo modo, Horacio Andaluz Vegacenteno, sostiene: “La justificación de las decisiones judiciales es una exigencia del Estado de Derecho, no un elemento lógico del sistema jurídico. Sólo en el Estado de Derecho se considera que una decisión no está suficientemente justificada por el solo hecho de haber sido dictada por una autoridad competente”. b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una “decisión sin motivación”, o extiendo esta es b.2) Una “motivación arbitraria”; o en su caso, b.3) Una “motivación insuficiente”. b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una “decisión sin motivación”, debido a que “decidir no es motivar”. La “justificación conlleva formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente de decisión]” . b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una “motivación arbitraria”. Al respecto el art. 30.11 de la Ley del Órgano Judicial -Ley 025- “Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales”. En efecto, un supuesto de “motivación arbitraria” es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso (SC 0965/2006-R de 2 de octubre), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión. En este sentido, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, dentro de un proceso administrativo sancionador señaló: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan co procesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una “motivación insuficiente”. Si el órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir incurre en cualesquiera de esos tres supuestos: “decisión sin motivación”, o extiendo esta, “motivación arbitraria”, o en su caso, “motivación insuficiente”, como base de la decisión o resolución asumida, entonces, es clara la visualización de la lesión del derecho a una resolución fundamentada o motivada, como elemento constitutivo del debido proceso. Los tres casos señalados, son un tema que corresponderá analizar en cada caso concreto, debido a que sólo en aquéllos supuestos en los que se advierta claramente que la resolución es un mero acto de voluntad, de imperium, de poder, o lo que es lo mismo de arbitrariedad, expresado en decisión sin motivación o inexistente, decisión arbitraria o decisión insuficiente, puede la justicia constitucional disponer la nulidad y ordenar se pronuncie otra resolución en forma motivada. c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación. El principio de congruencia, ha sido desarrollado por varias sentencias constitucionales: La SC 1312/2003-R de 9 de septiembre, respecto al proceso como unidad; la SC 1009/2003-R de 18 de julio, con relación a la coherencia en la estructura de la decisión entre la parte motiva y la resolutiva. En ese sentido también está la SC 0157/2001-R y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0747/2012 y 0858/2012, referidos a la congruencia entre la parte motiva y resolutiva en acciones de defensa; la SC 1797/2003-R de 5 de diciembre, cuando se resuelven recursos, sobre la pertinencia entre lo apelado y lo resuelto (las negrillas son agregadas). En tal sentido, estas dos primeras finalidades del contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o motivada, contienen un desarrollo explicativo claro sobre el contenido esencial de estos elementos, y que se podría decir son la base primordial para el ejercicio de los demás derechos, garantías y principios que forman parte del debido proceso -como los que vamos a ver en la tercera y cuarta finalidades, derecho a la impugnación y principio de publicidad-; pues a través de ellos, se tiene los parámetros para su verificación en cuanto a la exigencia de que los fallos contengan explícitamente los hechos concretos y comprobados a través de la prueba ofrecida por las partes y éstas deben ser subsumidas específicamente al derecho, ese procedimiento debe ser debidamente justificado mediante la motivación e inclusive la argumentación, ya que la ausencia de estos elementos; es decir, la falta de motivación de las resoluciones judiciales conduce a la arbitrariedad, y la ausencia de fundamentación supondría una resolución situada fuera del ordenamiento jurídico, en el entendido de que la Constitución Política del Estado es la Norma Suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa; por ello es que, estas exigencias constitucionales, sobre todo la de motivar debe presidir en todo el proceso hasta la decisión judicial, evitando el juzgador incurrir en contradicciones en su razonamiento y no construir decisiones manifiestamente contradictorias, ajenas a la lógica de la norma aplicada a las premisas fácticas del caso concreto, lo que conllevaría también a que se quebrante el principio de congruencia.
En ese orden y continuando con el desarrollo de las finalidades del contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, la citada SCP 2221/2012, también explica como ya lo habíamos dicho, que el cumplimiento de estas exigencias de parte de toda autoridad que emita una resolución resolviendo una situación jurídica en cualquier esfera, garantiza el derecho a la impugnación, ya que en la medida de que una decisión contenga estos elementos del debido proceso, posibilita al justiciable conocer los motivos que la sustentan, así como de evaluar los mismos, y si se creyere agraviado pueda activar los mecanismos de impugnación pertinentes, todo ello, siempre en observancia del principio de publicidad al que está compelido la administración de justicia; así, dicho fallo señala que:
(3) Otra de las finalidades que justifica la exigibilidad de una resolución motivada es la de garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión - judicial, administrativa, etc.- por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación, debido a que permite a las partes procesales conocer las razones que fundamentan las resoluciones, para poder evaluarlas y, en su caso, plantear los recursos pertinentes contra ellas, por ello, la doctrina sostiene que el conocimiento de la justificación decisoria es precondición para accionar contra una decisión. Entonces, la “decisión sin motivación”, además de lesionar el derecho a una resolución motivada y fundamentada, vulnera el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior, constitutivo del derecho al debido proceso reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE y 8.2.h) de la CADH y 14.5 del PIDCP. (…) (4) La exigencia de una resolución motivada también tiene la finalidad de permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad, demostrando ante ella que es verificable objetivamente que las decisiones están en sumisión a la Constitución, debido a que: “…la exigencia de justificar sus decisiones hace posible el control democrático sobre los tribunales”, proscribiendo la decisiones con motivaciones, que por estar ancladas en el fuero interno del juzgador, se tornan en secretas. Esta circunstancia es predicable respecto de todos los jueces, empero, es, especialmente relevante con relación de los Tribunales jurisdiccionales de cierre (Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental, Tribunal Supremo) u órganos que tienen la capacidad de decidir conflictos e intereses como el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público, etc. cuando por ejemplo, en ejercicio de su potestad administrativa sancionadora emiten resoluciones. El principio de publicidad rige la potestad de administrar justicia de la pluralidad de jurisdicciones, conforme prescribe el art. 178. I de la CPE y está desarrollado en las leyes correspondientes. Así el art. 3.9 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, señala: “Los actos y decisiones de la justicia constitucional son de acceso a cualquier persona que tiene derecho a informarse, salvo caso de reserva expresamente fundada en la ley”. En ese mismo sentido la Ley del Órgano Judicial, en su art. 3.5 referido al principio de publicidad señala: “Los actos y decisiones de los tribunales y jueces son de acceso a cualquier persona que tiene derecho a informarse, salvo caso de reserva expresamente fundada en ley”. De ahí que, la circunstancia que otorga legitimidad democrática a la función judicial, administrativa, etc. a tiempo decidir un conflicto, reclamo o solicitud es, precisamente, la verificación que las decisiones pronunciadas por esas autoridades estén fundamentadas, justificadas, constituyéndose, los argumentos en Derecho, un instrumento de control de la arbitrariedad. La SC 0088/2006-R de 25 de enero, conceptualizando el principio de publicidad y vinculando con la motivación de la decisión señaló que este: “…informa y enseña que no debe haber justicia secreta, ni procedimientos ocultos, en cuanto, a la discusión de las pruebas, la motivación del fallo, la intervención de las partes o sus apoderados, la notificación con las providencias y otras. La publicidad del proceso y de todo lo actuado en él, surge como un derecho constitucional del sindicado y una garantía jurídica, en razón de que las actuaciones judiciales -en el caso administrativas- son públicas, -salvo las excepciones que señale la ley-, además de constituirse en una manifestación del derecho a obtener información y del derecho a acceder a los documentos públicos. El propósito fundamental de la publicidad de los procesos es evitar las arbitrariedades en que puedan incurrir las autoridades judiciales o administrativos, y proporcionar al acusado un juicio justo e imparcial....” Así se tiene que, este desarrollo jurisprudencial realizado en la SCP 2221/2012, sobre las finalidades implícitas del contenido esencial que debe estar inmerso en una resolución para que la misma sea considerada como debidamente fundamentada o motivada, fue confirmada y complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero, que incorporó una quinta finalidad, que tiene que ver con la exigencia de la observancia del principio dispositivo vinculado al principio de congruencia, en relación a que toda petición derivada de la pretensión de las partes debe guardar correspondencia con la parte dispositiva del fallo, caso en el cual se dará por cumplido este principio dispositivo a efectos de una resolución fundamentada o motivada; en ese sentido, este citado fallo constitucional estableció que:
(5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos. Conceptualmente las pretensiones son distintas a los alegatos o argumentos que esgrima la parte procesal. Para su distinción, debe tenerse en cuenta el petitum, la petición de la pretensión; es decir, qué es lo que se pide; por lo que si el juzgador se aparta de las exigencias derivadas de las pretensiones formuladas por las partes a la hora de aplicar e interpretar la norma que servirá de sustento jurídico a su decisión incurrirá en lesión al derecho a una resolución motivada o derecho a una resolución fundamentada. De ahí que se cumple el principio dispositivo, como un elemento del contenido esencial de una resolución fundamentada o resolución motivada, cuando existe congruencia, es decir, una relación entre la pretensión de las partes con la parte dispositiva de la sentencia. Por ello, estará satisfecho el principio dispositivo, cuando exista estricta correspondencia entre la parte dispositiva de la sentencia, sustentada en los fundamentos de la misma, y las pretensiones oportunamente planteadas por las partes, imponiendo una barra de contención al juzgador a efectos de que no decida más allá de lo debatido o deje de fallar el caso sometido a su conocimiento.
En esa línea jurisprudencial, se tiene que, estos elementos del debido proceso mencionados, como son la fundamentación, motivación y congruencia, se constituyen en requisitos fundamentales en toda resolución emitida por las autoridades judiciales y/o administrativas; en tal razón, este Tribunal vio la necesidad de establecer pautas para su consideración y aplicación en su labor de verificación y control constitucional de todas estas resoluciones impugnadas a través de las acciones tutelares, puesto que, el desarrollo del contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, posibilitará a identificar las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, cuando se denuncia decisiones discrecionales o arbitrarias alejadas de la razonabilidad.
El debido proceso se encuentra consagrado en nuestro orden constitucional en su art. 115.II, al establecer como deber del Estado, garantizar el debido proceso; asimismo, según la voluntad del constituyente, ninguna persona puede ser condenada sin ser oída y juzgada previamente en un debido proceso tal como se encuentra dispuesto en el art. 117.I de la Norma Suprema. Bajo esa comprensión constitucional, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional concluyó que el debido proceso se ha constituido en una garantía general para asegurar la materialización del valor justicia, así como el proceso se constituye en un medio para asegurar, en la mayor medida posible la solución justa de una controversia; los elementos que marcan el contenido de esta garantía son: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in ídem, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; los elementos mencionados, no agotan el contenido del debido proceso, puesto que en atención al principio de progresividad, pueden ser incorporados nuevos elementos que la jurisprudencia y doctrina vaya desarrollando.
En ese marco, respecto al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, esta instancia constitucional comprendió que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; empero, esta idea general no es limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que, la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. Consecuentemente, es posible concluir que, la congruencia como componente esencial de las resoluciones judiciales debe ser comprendida desde dos acepciones:
a) La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena derecho a no declarar contra si mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (SSCC 0082/2001-R, 0157/2001-R, 0798/2001-R, 0925/2001-R, 1028/2001-R, 1009/2003-R, 1797/2003-R, 0101/2004-R, 0663/2004-R, 022/2006-R, entre otras); sin embargo, esta lista en el marco del principio de progresividad no es limitativa, sino más bien enunciativa, pues a ella se agregan otros elementos que hacen al debido proceso como garantía general y que derivan del desarrollo doctrinal y jurisprudencial de este como medio para asegurar la realización del valor justicia, en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: "En opinión de esta Corte, para que exista "debido proceso legal" es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. El desarrollo histórico del proceso, consecuente con la protección del individuo y la realización de la justicia, ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales. (…) Es así como se ha establecido, en forma progresiva, el aparato de las garantías judiciales que recoge el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que pueden y deben agregarse, bajo el mismo concepto, otras garantías aportadas por diversos instrumentos del Derecho Internacional" (las negrillas son nuestras).
Así configurado, es preciso recordar que el derecho y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino que es extensiva a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad (SSCC 0042/2004 y 1234/2000-R entre otras)”. 8La SC 0486/2010-R de 5 de julio, en su F.J. III.4.1, señaló que: “De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.
De otra parte, respecto de la congruencia como principio constitucional en el proceso civil, se indica que: “…la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia “ultra petita” en la que se incurre si el Tribunal concede “extra petita” para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; “citra petita”, conocido como por “omisión” en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc.” (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438).
Es decir que, en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita” en los que el juez o tribunal decide cuestiones que han quedado consentidas y que no fueron objeto de expresión de agravios (extra petita); y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).
El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia”.
correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido; tampoco puede incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes. b) La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.
9 La SCP 0055/2014 de 3 de enero en su F.J. III.2.2, estableció que: “La congruencia de las resoluciones judiciales integra los componentes del debido proceso. En ese contexto, a partir de una concepción doctrinal, su análisis se orienta desde dos acepciones: externa, entendida como principio rector de toda resolución judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y respuesta) y lo resuelto por las autoridades judiciales, sin que el juzgador tome en cuenta aspectos ajenos a la controversia; interna, porque entendida la resolución como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.
En ese sentido, la uniforme jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1494/2011-R de 11 de octubre, señaló: “…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.
(…).
De lo expuesto se confirma, que el órgano encargado de dictar la resolución, debe circunscribir su fallo a lo peticionado y no resolver más allá de lo pedido, que sería un pronunciamiento ultra petita, o, conceder algo distinto a lo solicitado por las partes, conocido en doctrina procesal como un pronunciamiento extra petita”. En el mismo sentido, la SC 0863/2003-R de 25 de junio, precisó que: “…el juez o tribunal ad quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”, entendimiento reiterado en las SSCC 1009/2003-R, 1312/2003-R y 0358/2010-R. Posteriormente, respecto a la pertinencia de las resoluciones pronunciadas por autoridades judiciales de segunda instancia, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, puntualizó: “…implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. En esa misma línea, la SC 2017/2010-R de 9 de noviembre, señaló: “…la pertinencia entre el recurso de apelación, resolución apelada y lo resuelto en el auto de vista, es una condición esencial para asegurar a los justiciables que en la decisión de su recurso los superiores en grado tienen delimitado su campo de acción para emitir su resolución, limite que se expresa precisamente en la fundamentación de agravios prevista por el art. 227 del Código de Procedimiento Civil (CPC), como por el contenido de lo resuelto en la sentencia apelada, marco del cual el tribunal de alzada no puede apartarse”. Estos razonamientos fueron reiterados posteriormente en la SCP 0037/2012 de 26 de marzo y, desarrollados ampliamente en la SCP 1111/2012 de 6 de septiembre”.
Sobre esta línea jurisprudencial esta Magistratura, efectuó un cambio de razonamiento, a partir de la SCP 0307/2020-S1 de 12 de agosto, sustentado en el apego a la fuerza vinculante del precedente jurisprudencial con el estándar más alto (Fundamento Jurídico III.2), entendido este, como aquella interpretación a través de la cual este Tribunal Constitucional Plurinacional resolvió un problema jurídico de forma más progresiva, que permita efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstos en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad, cuya identificación se la realiza a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, y una vez detectada es obligación del juzgador vincularse al estándar más alto bajo esa comprensión y razonamientos que además están contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre; en ese entendido la SCP 0307/2020-S1 iniciando el análisis integral de la línea jurisprudencial respecto a la valoración de la prueba en sede constitucional, comenzó citando a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0092/2018-S1, 0343/2018-S1, 0526/2018-S1, 0615/2018-S1, 0640/2018-S1 y 1021/2019-S1, en las cuales esta Magistratura fue asumiendo una línea de carácter restrictivo, por cuanto si bien se establecía, que de manera excepcional 10 “…los únicos supuestos para que la jurisdicción constitucional ingrese a revisar la valoración realizada por dichas autoridades: 1) Cuando en dicha valoración exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir y 2) Cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales, es decir en el primer supuesto cuando en la labor valorativa se apartan del procedimiento establecido valorando arbitraria e irrazonablemente y en el segundo, que actuando arbitrariamente no se haya procedido a la valoración de la prueba, por cuya omisión se vulneren derechos y garantías fundamentales.
(…)
En ese orden de razonamiento para que este Tribunal pueda cumplir con esta tarea, es necesario que la parte procesal, que se considera agraviada con los resultados de la valoración efectuada dentro de un proceso judicial o administrativo, invocando la lesión a sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y precisa en los fundamentos jurídicos que sustenten su posición (recurso de amparo) lo siguiente:
Por una parte, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas; para ello, será preciso, que la prueba no admitida o no practicada, se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos, solicitud, que en todo caso, no faculta para exigir la admisión de todas las pruebas que puedan proponer las partes en el proceso, sino que atribuye únicamente el derecho a la recepción y práctica de aquellas que sean pertinentes, correspondiendo a los órganos judiciales ordinarios, el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas solicitadas, debiendo motivar razonablemente la denegación de las pruebas propuestas. Por supuesto, una vez admitidas y practicadas las pruebas propuestas declaradas pertinentes, a los órganos judiciales, les compete también su valoración conforme a las reglas de la lógica y de la sana crítica, según lo alegado y probado.
Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se hubiera valorado razonablemente la compulsada; puesto que resulta insuficiente, para la viabilidad del recurso de amparo, la mera relación de hechos; porque sólo en la medida en que el recurrente exprese adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos, la jurisdicción constitucional podrá realizar la labor de contrastación, que amerita este tema de revisión excepcional de la labor de la valoración de la prueba realizada por la jurisdicción ordinaria; máxime si se tiene en cuenta que el art. 97 de la LTC, ha previsto como un requisito de contenido, el exponer con precisión y claridad los hechos que le sirvan de la jurisdicción constitucional podía revisar la labor probatoria desarrollada en las distintas jurisdicciones ordinarias; empero, condicionaba su apertura a exigencias que los justiciables debían cumplir, teniendo así a la SC 0965/2006-R de 2 de octubre que señala:
….qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas… ….en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final… (las negrillas nos pertenecen). Exigencias que al no ser cumplidas de manera expresa, generaba que esta vía constitucional se vea impedida de realizar la revisión excepcional de la labor valorativa efectuada por los jueces o tribunales ordinarios, derivando en la denegación de la tutela y por ende, se vea restringido el real acceso a la justicia constitucional; así, la citada SCP 0307/2020-S1 reflexionó que tales condicionamientos no guardaban armonía con los principios y valores consagrados en la Constitución Política del Estado y que en atención precisamente al mandato constitucional conferido en el art. 196 de la Norma Suprema, por el cual este Tribunal Constitucional Plurinacional tiene la misión de velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado, ejercer el control de constitucionalidad en resguardo y protección de los derechos y garantías fundamentales -los cuales gozan de igual jerarquía-, así como de los principios y valores; teniendo entre otros, al principio de progresividad, que identificó una segunda línea jurisprudencial que contiene una interpretación más amplia y favorable de los derechos que garantiza el ejercicio legítimo de los mismos, que en este caso tiene que ver con el debido proceso en su elemento de valoración de la prueba. En tal sentido, citó a la SCP 0297/2018-S2 de 25 de junio, fallo constitucional en el cual, a través de una contextualización de la línea fundamento y precisar los derechos o garantías que se consideren restringidos, suprimidos o amenazados, señalando en qué consiste la restricción o supresión” (negrillas agregadas). 11 “En ese antecedente, y considerando la misión constitucional conferida al Tribunal Constitucional Plurinacional otorgada por el constituyente mediante el art. 196.I de la CPE, esta instancia de control constitucional y garante de los derechos fundamentales, tiene la misión de ejercer una labor hermenéutica en los diferentes tipos de control constitucional, como el tutelar en su función revisora de casos remitidos por los jueces y tribunales de garantías; en esa ruta, se tiene que, conforme se describió precedentemente, la jurisprudencia constitucional, estableció que excepcionalmente, se podría efectuar una función revisora de la actividad probatoria de las diferentes jurisdicciones; empero, condicionado a que las o los accionantes señalen concretamente y de forma precisa qué pruebas fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad, o cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas; y, señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final.” 12 “Ahora bien, a través de la SCP 0297/2018-S2 de 25 de junio, luego de efectuar contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, al respecto se concluyó que:
'Al respecto, la citada SC 0965/2006-R, estableció determinados presupuestos para efectuar la revisión de la valoración de la prueba, exigiendo que la o el accionante debía: i) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad jurisprudencial referida a la valoración de prueba, señaló que el Tribunal desde sus inicios, fue estableciendo presupuestos para efectuar la revisión de la valoración de la prueba, bajo el criterio que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; dichos presupuestos, fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R que exigía al accionante 1) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, 2) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final; argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad; refirió que posteriormente, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, estableció los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades; i) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, iii) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento; estableciendo además, la relevancia constitucional al exigir que el accionante debe demostrar la lógica consecuencia de que el incumplimiento de los presupuestos para la valoración de la prueba, le ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales. Así, establecidos tanto los supuestos de procedencia de revisión de valoración, como los presupuestos para efectuar la revisión de la misma, la citada SCP 0297/2018-S2, continuando con ese análisis dinámico, señaló que esa línea jurisprudencial fue modulada por la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, que eliminó el requisito de la carga argumentativa, que se exigía para el análisis de fondo de la problemática en cuanto a la valoración de la prueba, señalando que las reglas impuestas a la parte accionante referidas a: “…explicar de modo sistemático y metódico la irrazonabilidad, inequidad, omisión arbitraria, o valoración equivocada de la prueba (…) constituyen instrumentos argumentativos, no causales de denegatoria de la acción de amparo constitucional…”
Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la KJ valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia:
…se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente (las negrillas son añadidas).
Bajo tales razonamientos y luego de un análisis e interpretación de los entendimientos contenidos en dichos fallos que fueron generando línea jurisprudencial en cuanto a la valoración de la prueba en sede constitucional, la tantas veces reiterada sentencia constitucional concluyó que la revisión de la labor valorativa efectuada por la jurisdicción ordinaria se efectuará bajo los siguientes criterios:
a) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas. b) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando:
b.1) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad;
b.2) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, b.3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación. c) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, d) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.
Criterios que fueron acogidos por esta relatoría en la ya mencionada SCP 0307/2020-S1, al considerar que la SCP 0297/2018-S2 se constituye en el estándar más alto, al haber también asumido un entendimiento más favorable como el contenido en la SCP 0410/2013, que al eliminar la carga argumentativa como exigencia para que esta jurisdicción efectúe la revisión excepcional de la labor valorativa realizada por los jueces y tribunales ordinarios, posibilitó a este Tribunal garantizar un efectivo acceso a la justicia constitucional en resguardo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales; razones por las cuales, esta Magistratura determinó ajustar sus razonamientos al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales consagrados en los arts. 13.I y 256.I de la CPE. Finalmente, en el marco de todo lo descrito, la SCP 0307/2020-S1 que se describe, concluyó que, esta instancia constitucional se encuentra habilitada para efectuar la revisión de la actividad probatoria de otras jurisdicciones sin necesidad de exigir el cumplimiento de presupuestos como:
i) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, ii) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final, argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad; En esa labor el juez constitucional debe considerar los siguientes criterios: Primero.- La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas, jueces y de las autoridades administrativas; Segundo.- La justicia constitucional puede revisar la valoración cuando: i) las autoridades se apartan de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii) De manera arbitraria omiten considerar las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, iii) Basan su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; Tercero.- La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, Cuarto.- Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando incidan en el fondo de lo demandado y sea la causa de la lesión de derechos y/o garantías constitucionales.
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; toda vez que, el Fiscal Departamental de Tarija por Resolución RJ/RS/WTT/1296-2021 de 3 de septiembre, revocó la Resolución fiscal de rechazo de 11 de agosto de 2021, incurriendo en las siguientes ilegalidades: a) La descripción de la relación fáctica no especificó los supuestos hechos o actos ilícitos ejecutados por su persona; b) En total incongruencia, al analizar la Resolución fiscal de rechazo describió argumentos no consignados en la Resolución conclusiva; es decir, esta determinación jerárquica, refiere que todos los elementos de convicción no configuran el delito de violencia familiar; c) Dispuso la continuación de la investigación, que no fue solicitada por la parte objetante, que pidió se revoque el rechazo y se emita la imputación formal, sin guardar coherencia entre lo pedido y lo dispuesto; y, d) No justificó que el trabajo pericial solicitado por el Fiscal de Materia, estuviera destinado a verificar la legalidad de los documentos presentados por su persona al proceso de contratación, cuando el mismo estaba destinado a corroborar la legalidad de los documentos presentados por otras empresas: d.1) Al momento de revocar la Resolución fiscal de rechazo, argumentó que dicho fallo no valoró todos los elementos de prueba, sin señalar ni detallar cuáles serían aquellos elementos de convicción.
Identificada la problemática, incumbe remitirnos a los antecedentes; así, se tiene que: Por Resolución jerárquica de rechazo de 11 de agosto de 2021, el Ministerio Público dispuso el rechazo de la denuncia interpuesta contra el ahora accionante y otro, por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, bajo el sustento de lo establecido en el art. 304 inc. 3) del CPP; posteriormente, el 2 de septiembre de igual año, el Tribunal Electoral Departamental de Tarija formuló objeción contra la citada Resolución de rechazo, señalando que ésta sería arbitraria, incongruente, absurda e ilógica, además de vulnerar sus derechos a la igualdad, a la “seguridad jurídica” y al debido proceso, requiriendo revocar la misma para que se emita imputación formal contra los sindicados; finalmente por Resolución RJ/RS/WTT/1296-2021, el Fiscal Departamental de Tarija revocó el fallo impugnado y dispuso continuar con las investigaciones (Conclusiones II.1, II.2 y II.3). Previamente a ingresar al asunto traído en revisión, corresponde establecer que, si bien la Resolución jerárquica ahora cuestionada fue emitida por el ex Fiscal Departamental de Tarija, y la presente acción de defensa se interpuso contra la actual autoridad representante del Ministerio Público, no obstante, conforme expresa el razonamiento asumido en la SCP 0675/2018-S2 de 12 de agosto, es posible ingresar al fondo de la causa en cuestión, en razón de haber adquirido legitimación pasiva la actual autoridad, que si bien no podría asumir las responsabilidades personalísimas que podría establecerse, pero sí estaría facultada para dar cumplimiento a la determinación que se asuma. Con esos antecedentes, corresponde analizar, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; es así, que conforme se tiene de la delimitación de las problemáticas, se establece que:
El accionante señala que, la Resolución RJ/RS/WTT/1296-2021, al momento de describir la “relación fáctica”, no describió los supuestos hechos o actos ilícitos ejecutados por su persona. Por su parte la autoridad accionada apoyándose en la doctrina establecida en el Razonamiento Judicial de José Luis Castillo Alva, señaló que: “…la identidad de la resolución debe medirse entre el fallo y lo que se pide, y no entre lo resuelto y lo argumentado, pues la obligación del juez no comprende la respuesta a todas las argumentaciones de los justiciables, más aún cuando estas son impertinentes, vagas o redundantes” (sic). Bajo tales argumentos, corresponde en primera instancia remitirnos al Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, que señala la congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de éstos, la interpretación de las normas y los efectos 14 Con relación a la legitimación pasiva en caso de sucesión o cambio de autoridades, la línea jurisprudencial se contextualiza de la siguiente manera: La SC 0264/2004-R de 27 de febrero, estableció que la demanda debe estar dirigida contra la autoridad que ostente el cargo, desde el cual se realizó el acto ilegal o se incurrió en la omisión indebida; lo que sin embargo no implicaba que asumiera las responsabilidades personalísimas que pudieran determinarse. Dicho entendimiento, fue modulado por la SCP 0134/2012 de 4 de mayo, la cual indicó que la demanda podía ser presentada contra la autoridad que cometió el acto ilegal, aun ya no ostente el cargo o la función en la que se encontraba; y que en general, es posible demandar contra el cargo o la función pública, en cuyo ejercicio se cometió el supuesto acto ilegal. Por su parte, la SCP 0142/2012 de 14 de mayo, señaló que tanto para la fase de la admisibilidad como para la deliberativa y de decisión, donde se analiza la legitimación pasiva, es suficiente identificar el cargo o la función pública, en cuyo ejercicio se cometieron los supuestos actos ilegales, en los casos de cesantía de servidores públicos; posteriormente, la SCP 0402/2012 de 22 de junio, realizando otra modulación determinó que la acción de amparo constitucional puede ser presentada, de manera alternativa, contra la exautoridad que cometió el acto ilegal, la nueva autoridad o contra el cargo o la función pública, en cuyo ejercicio se cometieron los actos supuestamente ilegales. En síntesis, en los casos de sucesión de autoridades, la acción de amparo constitucional puede ser presentada, alternativamente contra la exautoridad que cometió el acto, la que se encuentra en funciones o contra el cargo o la función pública.
de la parte dispositiva; evitando de esta forma que, en una resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión; por su parte, en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se estableció que la motivación hace referencia a la serie de razonamientos lógico-jurídicos que permiten entender por qué un determinado caso se ajusta a la hipótesis normativa planteada en el mismo; es decir, la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión que el acto concreto que se trate, se encuentra por una parte, probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las que considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra, explicando por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal, elementos con los cuales se realiza la justificación fáctica de la decisión y se construye la premisa fáctica. En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una “decisión sin motivación”, o existiendo, esta es: b.2) Una “motivación arbitraria”, o en su caso, b.3) Una “motivación insuficiente”. Preliminarmente cabe establecer que toda resolución debe estructurarse mínimamente conteniendo antecedentes, descripción de hechos, base legal, valoración jurídica y disposición, que si bien la Ley Orgánica del Ministerio Público no describe de manera concreta el contenido de las resoluciones administrativas, sin embargo por analogía, es menester aplicar lo establecido en el art. 236 del CPP, modificada por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-. Al respecto, al contraste de la Resolución ahora cuestionada, se evidencia que de la descripción de hechos que realizó el Fiscal Departamental de Tarija, no se encuentra antecedentes en los que haga referencia particularmente a la participación del ahora accionante, y si bien se detallan antecedentes de la causa donde están inmiscuidas otras personas y empresas que al final tienen relación con el acto denunciado, sin embargo, carece de la debida individualización respecto al mismo, desestructurándose de esta manera el fallo, ya que termina siendo una unidad incoherente, descuidando el hilo conductor que hace al orden y racionalidad de la determinación. De igual forma no resulta coherente, porque el presente caso respecto a la hipótesis planteada, se ajusta a la razón de la decisión final de revocar el rechazo de denuncia, cuando no existe desarrollo concreto del hecho en cuanto a la participación del ahora peticionante de tutela. En consecuencia, se establece que tal denuncia termina siendo válida, puesto que el desarrollo descrito en el parágrafo primero de la Resolución cuestionada recae en incongruencia interna, siendo irracional desde la parte considerativa de los hechos en razón de que se omitió individualizar la participación del accionante y enlazarlo al acto criminoso; asimismo, carece de motivación porque pasó por alto los elementos con los cuales se realiza construcción de la premisa fáctica que hacen a la razón de la decisión, resultando arbitraria. Por los fundamentos vertidos, es que corresponde conceder la tutela solicitada respecto a esta primera problemática planteada.
El ahora accionante, indica que: la autoridad demandada en total incongruencia, a momento de analizar el rechazo describió argumentos no consignados en dicha resolución conclusiva; refiriendo que todos los elementos de convicción no configuran el delito de “violencia familiar” Al respecto, evidentemente la Resolución RJ/RS/WTT/1296-2021 (Conclusión II.3) en su segundo punto “FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN DE RECHAZO” (sic), refirió que:
Que, el representante del Ministerio Público dispone el rechazo de la denuncia en favor de la persona sindicada, bajo los siguientes argumentos: a) De la prueba aportada y recolectada durante la etapa preliminar de la investigación dentro de la presente causa se ha realizado todas las actuaciones conforme los protocolos de actuación del análisis integral de todos los elementos de convicción se colige que no se configuran los elementos de violencia familiar… (sic).
Con dicho antecedente, corresponde referir que el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, estableció que existirá incongruencia interna cuando no se cuide el hilo conductor de la resolución que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, hasta la identificación de los agravios, el análisis y la decisión. Bajo dicha premisa constitucional, cabe establecer que si bien la autoridad accionada, a momento de realizar una descripción en cuanto a los fundamentos que derivaron en el rechazo de denuncia, por equivocación señaló otro delito como es el de “violencia familiar”, distinto al que se investiga en la presente causa, sin embargo, analizando la integridad del contenido, se colige que la misma respondería simplemente a un error de redacción, que no afectaría el fondo de lo que intentó proferir la autoridad fiscal y que no hace inentendible el contenido de lo que se proyecta, pues la misma, en síntesis refiere a un antecedente, en el cual se indica que en el transcurso de la investigación preliminar, se realizaron todas las actuaciones conforme a los protocolos de actuación del análisis integral de todos los elementos de convicción; empero, no existe concordancia con el considerando primero de la Resolución jerárquica cuestionada, y tal cual se desarrolló y explicó en la problemática primera, donde se evidenció que en los antecedentes del proceso investigativo, no se individualizó ni se hizo referencia concreta sobre la participación del ahora accionante, demostrándose así una contradicción o incongruencia interna. Por lo señalado, es que corresponde conceder la tutela solicitada respecto a esta segunda problemática.
La parte impetrante de tutela, refiere que: la Resolución jerárquica RJ/RS/WTT/1296-2021, dispuso la continuación de la investigación, que no fue solicitada por la parte objetante, que pidió se revoque el rechazo y se emita la imputación formal, no guardando coherencia entre lo pedido y lo dispuesto. De la Conclusión II.2 del presente fallo, se extrae que la parte objetante de rechazo y víctima del hecho, requirió: “…REVOQUE la Resolución de Rechazo y en consecuencia conmine al señor Fiscal encargado del caso a emitir la imputación fiscal en contra de los sindicados VICTOR JESUS MOLINA ANTELO y ROBERT WILLAN ZURITA… ” (sic [las negrillas nos pertenecen]). A su oportunidad, la autoridad fiscal demandada, resolvió “REVOCAR LA RESOLUCIÓN DE RECHAZO, ordenando en consecuencia, continuar con la investigación…” (sic [las negrillas son añadidas]) -Conclusión II.3-. El Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, si bien determinó que existirá incongruencia externa cuando la resolución concede algo distinto o fuera de lo solicitado; o se torna ultra petita concediendo o atendiendo algo no pedido; también extra petita atendiendo algo distinto o fuera de lo solicitado, debe establecerse al respecto, que conforme determina el art. 305 del CPP en la que tácitamente señala, que si el Fiscal Departamental dispone la revocatoria ordenará la continuación de la investigación; así también debe quedar claro que el resolver la imputación formal termina siendo una atribución concedida a los Fiscales de Materia, tal cual señala el art. 40.11 de la LOMP; en el presente caso se infiere, que conforme establece el art. 65 de la misma Ley los Fiscales Departamentales, al momento de resolver la objeción de rechazo de denuncia, tienen la obligación y deber de realizar una valoración integral de las resoluciones de primera instancia; por lo que, no se puede referir que sobre este punto, la misma manifieste algún tipo de incongruencia, puesto que al considerar necesaria la continuación de la investigación, más allá de encontrarse cumpliendo con su deber, estuviera garantizando que la investigación se desarrolle de manera adecuada, precautelando estabilidad en cuanto a los derechos que asiste a cada una de las partes, lo cual no puede ser considerado como un atentado al derecho al debido proceso, ya que el Ministerio Público en general tiene como finalidad defender la legalidad, los intereses del Estado y de la sociedad en su conjunto. En consecuencia, de forma semejante a lo resuelto ut supra, se establece que tal argumento es válido y no recae en incongruencia externa por conceder algo diferente o fuera de lo solicitado -incongruencia extra petita desarrollada por el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional-, puesto que el Fiscal Departamental en su función jerárquica de control de las actuaciones y en consideración a sus atribuciones y en cumplimiento al citado art. 305 del CPP, puede disponer la continuación de las actuaciones y ordenar la realización de actuados investigativos a momento de resolver la objeción al rechazo, con el propósito de que la investigación cumpla su fin correspondiente; puesto que la dirección de la investigación en delitos de acción pública, es una atribución conferida específicamente a los Fiscales de Materia. Por todos los fundamentos vertidos, es que corresponde denegar la tutela solicitada respecto a esta tercera problemática planteada.
El accionante refiere que la resolución jerárquica no justificó que el trabajo pericial solicitado por el Fiscal de Materia, estuviera destinado a verificar la legalidad de los documentos presentados por su persona al proceso de contratación, cuando el mismo estaba destinado a corroborar la legalidad de los documentos presentados por otras empresas. Al contraste, la Resolución cuestionada en cuanto a este punto en específico, el inciso a) del parágrafo IV (ANÁLISIS JURÍDICO Y VALORACIÓN), textualmente señala:
“…mediante requerimiento fiscal de fecha 16 de junio de 2021”, dispuso la realización de un trabajo pericial, empero en el cuaderno de investigación, no se verifica que se haya emitido algún dictamen pericial, siendo indispensable dicha actuación investigativa a los efectos de buscar la averiguación material e histórica de los hechos conforme el principio de verdad material previsto en el art. 180 de la CPE…
En cuanto a esta denuncia, corresponde volver a remitirnos a lo desarrollado en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, los cuales establecieron que la motivación hace referencia a la serie de razonamientos lógico-jurídicos que permiten entender por qué un determinado caso se ajusta a la hipótesis normativa planteada en el mismo, ello significa que la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión que el acto concreto que se trate, se encuentra por una parte, probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las que considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra, explicando por qué el caso se encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal, elementos con los cuales se realiza la justificación fáctica de la decisión y se construye la premisa fáctica. En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una “decisión sin motivación”, o existiendo ésta es: b.2) Una “motivación arbitraria”; o en su caso, b.3) Una “motivación insuficiente”.
Bajo dicha descripción constitucional, se infiere que la Resolución RJ/RS/WTT/1296-2021, si bien expone la necesidad de realizar una pericia inconclusa que se hubiera instruido anteriormente mediante requerimiento fiscal, para llegar a la averiguación material e historia de los hechos; empero, dicha afirmación más allá de ser genérica, no tiene mayor incidencia, porque aquel estudio resultaría necesario para el caso, pues no pone en manifiesto la valoración que aquella prueba supondría indispensable. Por otra parte el accionante señaló que aquella pericia ordenada mediante el requerimiento fiscal de “16 de junio de 2021”, estaba destinada a corroborar la legalidad de los documentos presentados por otras empresas -proponentes- a los procesos de contratación requeridos por el Tribunal Departamental Electoral Tarija, más no así concretamente a los documentos presentados por su persona, por el cual se adjudicó el servicio de limpieza, fumigado y desinfección de los recintos electorales por COVID-19 en las elecciones generales de la gestión 2020; entonces, aquel razonamiento no resulta lógico, porque el presente caso, en cuanto a lo desarrollado en la indicada Resolución jerárquica, no se ajusta a la razón de la decisión asumida, donde sin detallar el motivo, se estableció la necesidad de aquel estudio especializado (pericia) para el correcto desarrollo de la investigación, extremo equívoco que incidió para revocar el rechazo de denuncia.
En consecuencia, se establece que tal cuestionamiento resulta cierto, en razón de que el argumento inserto en la primera parte del inciso a) del parágrafo IV del fallo cuestionado, contiene una motivación insuficiente, porque pasó por alto los elementos sobre los cuales construye la premisa fáctica que hace a la razón de la decisión, poniéndose de manifiesto la valoración de la prueba efectuada.
Por los fundamentos vertidos, corresponde conceder la tutela requerida respecto a esta cuarta problemática.
La autoridad judicial accionada, al momento de revocar la Resolución fiscal de rechazo, argumentó que dicho fallo no valoró todos los elementos de prueba, sin señalar ni detallar cuales serían aquellos elementos de convicción. La Resolución RJ/RS/WTT/1296-2021, en su parágrafo cuarto inciso a), detalló lo siguiente: “…También se puede inferir de la resolución fiscal de rechazo, que no se realizó una valoración integral a todos los elementos de convicción que cursan en el cuaderno de investigación, incumpliéndose lo que establece el art. 73 del CPP, consiguientemente es evidente los agravios denunciados en la oportunidad” (sic [las negrillas son nuestras]). Sobre este argumento indicado por la parte ahora accionante, corresponde remitirnos al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, que citando a la SCP 0426/2014, determinó que la fundamentación y motivación debe ser emitida de manera clara y concreta bajo un sustento apegado en derecho que permita conocer y convencer al justiciable las razones de la determinación, estableciendo que tal obligación también debe ser observada por la autoridad Fiscal Jerárquica. Es decir, se establece que toda resolución fiscal, que resuelva sobre el fondo de un asunto debe encontrarse debidamente fundamentada y motivada; otorgándose al fiscal jerárquico -Fiscales Departamentales para el presente caso- el deber de analizar que la misma cumpla con la exigencia de la fundamentación y motivación; además que todas las resoluciones emitidas por el Ministerio Público que definan una situación de fondo, no solo deben circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes, sino también a citar las pruebas aportadas, exponiendo su criterio sobre el valor que les dan a cada una de ellas. En ese sentido, deben tener en cuenta todos los elementos probatorios presentados por las partes, valorando la información que extrae de cada uno de ellos de manera individual y en conjunto de forma integral, realizando una apreciación acorde con las reglas de la sana crítica. Por su parte, el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, estableció que una resolución será arbitraria, cuando una decisión sin motivación sea arbitraria o insuficiente. Así también, considerando que la parte peticionante de tutela solicita se ingrese a analizar la valoración probatoria, el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional, determinó la posibilidad de esta instancia constitucional de ingresar a revisar la valoración de la prueba cuando existe un apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad, se omite considerar las pruebas total o parcialmente, o cuando las autoridades judiciales basan su decisión en una prueba inexistente, o que refleje un hecho diferente al usado en la argumentación. Es así que, en el presente caso, es evidente la denuncia realizada a través de esta acción de amparo constitucional, toda vez que la Resolución RJ/RS/WTT/1296-2021, en su considerando cuarto inciso a) parte in fine, señala de manera genérica que “…no se realizó una valoración integral a todos los elementos de convicción que cursan en el cuaderno de investigación, incumpliéndose lo que establece el art. 73 del CPP…” (sic [las negrillas son añadidas]), si bien, el fallo ahora cuestionado para apoyar su determinación generó labor argumentativa citando el art. 73 del CPP, empero no describió concretamente cuáles serían aquellos elementos de prueba “señalados”, que consideró la Resolución inferior, para así revocar la Resolución fiscal de rechazo. Llama ampliamente la atención, el hecho de que la Resolución RJ/RS/WTT/1296-2021, se enfoque en establecer una necesidad sin sustento; puesto que, la actividad del Ministerio Público ante la emisión de un elemento de prueba cuya validez por aspectos de forma se cuestiona, es la de verificar la idoneidad de tal información, ejecutando las labores de investigación pertinentes que nieguen o afirmen el indicio con el cual se funda la pretensión del solicitante, pues solo de esta forma, se ejercerá adecuadamente la acción penal pública; en esa comprensión, se advierte que el Fiscal Departamental de Tarija, no justificó su razonamiento, el cual debe resultar lógico y coherente, siendo carente de fundamentación y motivación; a su vez no efectuó una valoración integral de los antecedentes que cursan en la causa penal, incurriendo por lo tanto en una incoherencia en cuanto a la valoración de la prueba y en el incumplimiento del deber de valoración integral de las actuaciones. Por lo que, al respecto, corresponde conceder la tutela solicitada. Por lo expuesto, habiendo identificado la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia -en parte-, y valoración de la prueba; por los fundamentos vertidos, corresponde conceder en parte la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, actuó de forma parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 35/2022 de 21 de marzo, cursante de fs. 45 a 48 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Tarija; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al derecho al debido proceso, en sus vertientes de fundamentación, motivación (arbitraria e insuficiente), congruencia y valoración de la prueba, por los argumentos expuestos en las problemáticas expuestas en los Fundamentos Jurídicos III.5.1, III.5.2, III.5.4 y III.5.4.1 de este fallo constitucional, disponiendo la nulidad de la Resolución RJ/RS/WTT/1296-2021 de 3 de septiembre, debiendo la autoridad demandada emitir una nueva en el plazo establecido por el art. 324 del Código de Procedimiento Penal, siempre y cuando hasta la fecha no se hubiera resuelto su situación jurídica. 2° DENEGAR la tutela solicitada, con relación al derecho al debido proceso en su componente de congruencia, de conformidad a la problemática expuesta en el Fundamento Jurídico III.5.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo es de Voto Aclaratorio.
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
1 En su F.J.III.3.2. “La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía…”
2 El FJ III.2, señala: “…el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que el juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia”.
3 La SC 0969/2003-R de 15 de julio, en su F.J. III.2 refiere que. El art. 73 CPC dispone que: “Los Fiscales formularán sus requerimientos y resoluciones de manera fundamentada y específica. Procederán oralmente en las audiencias y en el juicio y, por escrito, en los demás casos”. La disposición legal transcrita concuerda con el art. 61 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), resultando de vital importancia conocer las razones y motivos por los que el Fiscal asume una determinación, sin que sea suficiente un enunciado general al efecto, dado que la función de dirigir la investigación es uno de los aspectos novedosos del nuevo modelo procesal penal y constituye una función clave en el nuevo sistema para asegurar la imparcialidad judicial y para permitir que la investigación se realice con parámetros de mayor eficiencia. De tal modo, al Fiscal le corresponde asumir diversas decisiones acerca del inicio, desarrollo y futuro de la investigación y, entre otros aspectos, resolver su continuación, decidir su suspensión u otras medidas que deben ser adoptadas en resoluciones que justifiquen y expliquen su razón de ser”.
4 “A partir de este entendimiento y efectuando una interpretación del mismo a la luz de los nuevos principios ordenadores del derecho como el debido proceso en su componente de una debida fundamentación, resta complementar este razonamiento
7 La jurisprudencia constitucional expresada en la SC 0902/2010-R de 10 de agosto, refiere respecto a los elementos que componen a la garantía general del debido proceso en los siguientes términos: “En consonancia con los tratados internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes;
y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, ii) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final; argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad. En similar sentido, la señalada SCP 1215/2012, refirió que en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia que el incumplimiento de los presupuestos para la valoración de la prueba ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional.´”
13 “…la suscrita Magistrada, en atención a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de este fallo, considera que, en un Estado constitucional de derecho, como lo asumido por el nuestro, que por voluntad del constituyente, se incorporaron en la Constitución Política del Estado, un conjunto de derechos y garantías constitucionales en favor de las
personas, que constituyen al Estado Plurinacional de Bolivia, en un Estado garantista; lo cual, implica que, el Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme al art. 196 de la CPE en su misión de precautelar por la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, debe ajustar sus razonamientos al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales (arts. 13.I y 256.I de la CPE); en ese entender, es imperioso aplicar entendimientos y razonamientos más favorables y menos restrictivos para el acceso a la justicia constitucional en cuanto a su invocación de tutela; razón por la cual, respecto a las denuncias de vulneraciones relacionadas a la valoración de la prueba, esta Magistratura luego de advertir dos entendimientos diferentes al respecto, en apego a la jurisprudencia constitucional desarrollada en el citado Fundamento Jurídico III.2.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, opta por seguir y aplicar las razones jurisprudenciales desarrolladas en la SCP 0297/2018-S2, que se constituyen en el estándar más alto conforme lo desplegado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de este fallo.”
15 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL “Artículo 236. (COMPETENCIA, FORMA Y CONTENIDO DE LA DECISIÓN). El auto que disponga la aplicación de una medida cautelar personal, será dictado por la jueza, el juez o tribunal del proceso y deberá contener: 1. Los datos personales del imputado o su individualización más precisa; 2. El número único de causa asignada por el Ministerio Público y la instancia jurisdiccional correspondiente; 3. Una sucinta enunciación del hecho o hechos que se le atribuyen; 4. La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la medida, con las normas legales aplicables; (…)
16 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL Artículo 305º.- (Procedimiento y efectos). Las partes podrán objetar la resolución de rechazo, en el plazo de cinco días a partir de su notificación, ante el fiscal que la dictó quien remitirá antecedentes al fiscal superior en jerarquía, dentro de las veinticuatro horas siguientes. El fiscal superior en jerarquía, dentro de los diez días siguientes a la recepción de las actuaciones, determinará la revocatoria o ratificación del rechazo. Si dispone la revocatoria ordenará la continuación de la investigación y en caso de ratificación, el archivo de obrados.
17 LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO N° 260 ARTÍCULO 40. (ATRIBUCIONES). Las y Los Fiscales de Materia tienen las siguientes atribuciones: (…) 11. Resolver de manera fundamentada la imputación formal, el rechazo, el sobreseimiento, acusación formal en los plazos que establece la Ley (…)
18 ARTÍCULO 65. (RECURSO JERÁRQUICO). La impugnación al rechazo o sobreseimiento será resuelta por la o el superior jerárquico, valorando integralmente el contenido de las actuaciones y de manera fundamentada, en el plazo que establece la Ley, bajo su responsabilidad.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0271_2023-S1.pdf · páginas 1 a 39.
Huella digital del PDF (SHA-256): 90dde2d1a4c4dddba301a2482017df0bf8b51b7d0023b0966b74ae1a2816fb7c
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