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SCP 0270/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 9 de marzo de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
9 de marzo de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
57321-2023-115-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a libertad de locomoción, a la vida e integridad física; toda vez que, en atención a lo dispuesto por el Auto de Vista 588/2023 -respecto a su solicitud de cesación de la detención preventiva-, solicitó que se proceda con la verificación de su domicilio ubicado en la localidad de Apolo; no obstante, el Secretario codemandado se rehusó, argumentando que el domicilio debe encontrarse en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, para finalmente no pronunciarse más, pese a que el Juez demandado dispuso que proceda con la verificación domiciliaria correspondiente. Ante ello, el Juez demandado y Secretario codemandado señalan que la verificación domiciliaria no es un acto jurisdiccional, por lo que el viaje para tal fin debió ser coordinado entre el abogado del impetrante de tutela y el personal subalterno mencionado. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 212/2023 de 26 de julio, cursante de fs. 31 a 34, pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER en todo la tutela solicitada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Procedencia de la acción de libertad traslativa frente a la inidoneidad de los recursos ordinarios
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0270/2026-S2 Sucre, 9 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 57321-2023-115-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 212/2023 de 26 de julio, cursante de fs. 31 a 34, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Germán Sánchez Lipa contra Andrés Franz Zabaleta Callisaya, Juez; y, Edwin Quispe Nina, Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 25 de julio de 2023, cursante a fs. 1 y 3 a 4 vta., el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Su solicitud de cesación a la detención preventiva al amparo del art. 239.I -del Código de Procedimiento Penal (CPP)- fue rechazada por Auto Interlocutorio 229/2023 de 7 de junio, emitido por Andrés Franz Zabaleta Callisaya, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado-, razón por la cual interpuso recurso de apelación incidental, mismo que fue resuelto a través del Auto de Vista 588/2023 de 3 de julio, disponiendo una medida menos gravosa consistente en “…la detención domiciliaria (…) una fianza económica de Bs.40.000, mandamiento de arraigo, la obligación de presentarse cuantas veces la autoridad lo decida, y otras disposiciones” (sic). Conforme a lo determinado, mediante memorial presentado el 18 de julio de 2023, solicitó que se realice la verificación domiciliaria correspondiente; no obstante, Edwin Quispe Nina, Secretario del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de La Paz -ahora codemandado-, se rehusó señalando de forma arbitraria que presente un domicilio en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, pese a que la detención domiciliaria fue dispuesta en la localidad de Apolo. El 19 de julio de 2023, presentó otro memorial solicitando al Juez demandado, mayor celeridad en el trámite de obtención de detención domiciliaria antes de tener que remitirse a la vía constitucional, adjuntando un “verificativo domiciliario” emitido por la policía de la localidad, el cual hasta la “fecha” no tiene respuesta.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a libertad de locomoción, a la vida e integridad física, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia: a) Se cumpla en el día la verificación domiciliaria; y, b) Se extienda el mandamiento de detención domiciliaria.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 26 de julio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 29 a 30 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliando en audiencia de garantías, señaló que: 1) Presentó el pago de la fianza económica y el mandamiento de arraigo exigidos para que se proceda con la detención domiciliaria; y, 2) A través de su abogado se ofreció un vehículo para trasladar al Secretario codemandado a efectos de que pueda realizar la verificación domiciliaria correspondiente.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Andrés Franz Zabaleta Callisaya, Juez; y, Edwin Quispe Nina, Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de La Paz, por informe escrito, cursante de fs. 10 a 11, manifestaron que: i) El peticionante de tutela no dio cumplimiento a la verificación domiciliaria que debió ser efectuada por el personal del despacho judicial, delegado al secretario conforme a los arts. 54 y 55 de la Ley de Abreviación Procesal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; toda vez que este no constituye un acto jurisdiccional; y, ii) El accionante, a través de su abogado debió coordinar el viaje hacia la localidad de Apolo, toda vez que le corresponde proporcionar la ubicación del lugar de su domicilio.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 212/2023 de 26 de julio, cursante de fs. 31 a 34, concedió la tutela solicitada respecto al Secretario codemandado y denegó respecto al Juez demandado; decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: a) La autoridad demandada carece de legitimación pasiva; b) Pese a que dicha movilización implica la gestión de todo el aparato administrativo para ambos funcionarios demandados -declaraciones en comisión, viáticos y suplencias-, corresponde comunicar al accionante cuál es la situación que impide acatar lo dispuesto a efectos de que se encuentre una solución; y, c) En virtud a los arts. 136 y 137 del CPP, es oportuno solicitar la cooperación del Secretario del Juzgado con asiento en la localidad de Apolo a efectos de que pueda efectuar la correspondiente verificación, razón por la cual no es necesaria la intervención de la justicia constitucional.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 43 a 47); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 23/2023 de 11 de enero, emitido por Andrés Franz Zabaleta Callisaya, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado-, por el que se determinó la detención preventiva de Germán Sánchez Lipa -hoy accionante- en el Centro Penitenciario San Pedro del referido departamento, por el periodo de cinco meses, fijando audiencia de consideración de su situación jurídica para el 13 de junio de mismo año (fs. 12 a 15.). II.2. Consta Auto Interlocutorio 229/2023 de 7 de junio, emitido por el Juez demandado, mediante el cual se rechaza la solicitud de cesación a la detención preventiva formulada por el impetrante de tutela (fs. 16 a 18.). II.3. Por Auto de Vista 588/2023 de 3 de julio, Nataly Emma Vargas Vargas, Vocal de Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dispuso entre otras medidas cautelares: “La detención domiciliaria del imputado (…) las 24 horas sin salidas laborales domicilio que debe ser acreditado también ante la autoridad A quo sea verificado por funcionarios de apoyo judicial del Juzgado A quo…” (sic [fs. 19 a 22 vta.]). II.4. Mediante memorial presentado el 18 de julio de 2023, el peticionante de tutela solicitó al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de La Paz, “…SE EMITA MANDAMIENTO DE DETENCIÓN DOMICILIARIA” (sic [fs. 24 y vta.]). II.5. A través de memorial presentado el 19 de julio de 2023, con suma:

“ANTES DE ACUDIR A LA VIA DE ACCION DE LIBERTAD TRASLATIVA O DE PRONTO DESPACHO, SOLICITA VERIFICACIÓN DOMICILIARIA…” (sic), el accionante persistió en que el Juez demandado, “…ORDENE A PERSONAL DE SU JUZGADO PROCEDA A REALIZAR LA VERIFICACIÓN DOMICILIARIA” (sic [fs. 26 y vta.]). II.6. Por decreto de 19 de julio de 2023, emitido por el Juzgado de Instrucción

Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de La Paz, se dispuso que, “…por secretaría de este despacho judicial, procédase a la verificación domiciliaria…” (sic [fs. 28]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a libertad de locomoción, a la vida e integridad física; toda vez que, en atención a lo dispuesto por el Auto de Vista 588/2023 -respecto a su solicitud de cesación de la detención preventiva-, solicitó que se proceda con la verificación de su domicilio ubicado en la localidad de Apolo; no obstante, el Secretario codemandado se rehusó, argumentando que el domicilio debe encontrarse en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, para finalmente no pronunciarse más, pese a que el Juez demandado dispuso que proceda con la verificación domiciliaria correspondiente. Ante ello, el Juez demandado y Secretario codemandado señalan que la verificación domiciliaria no es un acto jurisdiccional, por lo que el viaje para tal fin debió ser coordinado entre el abogado del impetrante de tutela y el personal subalterno mencionado. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SCP 0096/2025-S2 de 10 de marzo, señaló que: “El art. 115.II de la CPE establece que: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’; en consecuencia, consagra el principio de celeridad como un componente esencial del debido proceso, lo cual exige que toda causa -sea esta judicial o administrativa- se tramite sin demoras innecesarias; es decir, de manera oportuna. Por su parte, los arts. 178.I y 180.I de la Norma Suprema, instituyen de manera explícita la aplicación del citado principio en la potestad de impartir justicia. Con referencia a la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: ‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…’” (las negrillas son agregadas).

III.2. Procedencia de la acción de libertad traslativa frente a la inidoneidad de los recursos ordinarios

La SCP de Avocación 0003/2026 de 25 de febrero, establece que las dilaciones indebidas pueden manifestarse en dos modalidades, a saber: 1) Por acción, regulada en el Fundamento Jurídico II.3.1 de la referida Sentencia Constitucional Plurinacional de Avocación, que establece la interposición del recurso de reposición en supuestos en los cuales la dilación es atribuida a verbigracia un señalamiento de audiencia lejano; y, 2) Por omisión regulada en el Fundamento Jurídico II.3.2 de la indicada Sentencia Constitucional Plurinacional de Avocación, que ocurre ante la inacción de las autoridades demandadas, por ejemplo cuando estas no señalan audiencia o no remiten el legajo de una apelación de resolución de medidas cautelares.

Ahora bien, el propósito de la SCP de Avocación 0003/2026 es la de acreditar que la autoridad judicial, en el marco de su competencia, tuvo la posibilidad y oportunidad de tomar las medidas adecuadas para corregir actos u omisiones que demoran la tramitación de solicitudes de las cuales depende la libertad de procesados penales; entonces, frente a omisiones, la referida Avocación estableció el deber de asegurarse que el juez competente conoció sobre la demora y no adoptó las medidas idóneas para corregir la misma, en este sentido señaló: “…frente a demoras en el cumplimiento de los plazos establecidos por la ley que incidan en la libertad, es la parte la que debe acreditar que efectuó reclamo escrito, dejó constancia en el libro del litigante, presentó denuncia disciplinaria, efectuó reclamo al vocal semanero o utilizó otro mecanismo de reclamo establecido por el Órgano Judicial frente a dicha inacción previamente a interponer la acción de libertad”; entonces, desde el momento que la autoridad judicial conoce de la demora, tienen el plazo establecido en la norma o, en su defecto, el de veinticuatro horas, que es el tiempo para responder solicitudes simples, para adoptar las medidas correctivas que subsanen dicha dilación de forma inmediata, entendiéndose que, pasado dicho término, y habiéndose acreditado la inidoneidad del recurso, se habilita, entonces, la facultad de interposición de la acción de libertad por la parte procesal afectada. Asimismo, se aclara que dicho entendimiento jurisprudencial, por decisión de la mayoría de Sala Plena del órgano de control de constitucionalidad, será aplicable a futuros casos en la medida en la que se entendió que las avocaciones no tendrán efecto retroactivo; y, si bien el suscrito Magistrado relator no comparte ese razonamiento, comprendiendo que la jurisprudencia contradictoria no genera derecho alguno, respeta la decisión.

III.3. Análisis del caso concreto

De la revisión de los antecedentes, se advierte que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Germán Sánchez Lipa -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de explotación ilegal de recursos minerales, con CUD 201102012208736, la autoridad demandada dispuso su detención preventiva mediante Auto Interlocutorio 23/2023 de 11 de enero (Conclusión II.1). Posteriormente, solicitó la cesación de dicha medida cautelar; sin embargo, su petición fue rechazada mediante Auto Interlocutorio 229/2023 de 7 de junio (Conclusión II.2); razón por la cual, interpuso recurso de apelación incidental, mismo que fue resuelto por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista 588/2023 de 3 de julio (Conclusión II.3), disponiéndose la sustitución de la detención preventiva por detención domiciliaria, situación que no aconteció dada la presunta omisión en la cual incurrieron el Juez y Secretario demandados.

Bajo ese contexto, de la compulsa de obrados se evidencia que, mediante memorial presentado el 18 de julio de 2023, el impetrante de tutela solicitó al Juez demandado la emisión del correspondiente mandamiento de detención domiciliaria, petición que no fue respondida (Conclusión II.4), razón por la cual, mediante memorial presentado el 19 de igual mes y año con la referencia: “ANTES DE ACUDIR A LA VIA DE ACCION DE LIBERTAD TRASLATIVA O DE PRONTO DESPACHO, SOLICITA VERIFICACIÓN DOMICILIARIA…” (sic), el accionante insistió en que dicha autoridad “ORDENE A PERSONAL DE SU JUZGADO PROCEDA A REALIZAR LA VERIFICACIÓN DOMICILIARIA” (sic [Conclusión II.5]); y, adjuntó un registro domiciliario emitido por la policía rural y fronteriza de la localidad de Apolo. Asimismo, señala haber ofrecido personalmente un vehículo que transporte al Secretario codemandado para tal finalidad. En ese sentido, se advierte que el peticionante de tutela fue diligente en lo concerniente a la ejecución de su detención domiciliaria; toda vez que, los memoriales presentados acreditan que hizo uso de los mecanismos disponibles ante la dilación indebida respecto de su situación jurídica. Respecto al Juez demandado, se tiene que inicialmente atendió a lo solicitado por el accionante en la medida en que, a través del decreto de 18 de julio de 2023, dispuso que “…por secretaría de este despacho judicial, procédase a la verificación domiciliaria…” (sic [Conclusión II.6]), medida que no estableció mecanismos idóneos para subsanar la demora y que en los hechos, deslindó su responsabilidad, lo cual denota que acudir al juez en el caso concreto no se constituyó en un recurso idóneo y que da lugar a la procedencia de la acción de libertad. Finalmente, respecto al Secretario codemandado, la SCP 0162/2026-S2 de 25 de febrero haciendo alusión a la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, señaló que: “…si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo…” (las negrillas son añadidas). Bajo tal premisa, se evidencia que el Secretario codemandado asumió una conducta negligente ante lo delegado a través de lo providenciado, puesto que, al encontrarse imposibilitado de cumplir con lo dispuesto, tenía el deber de informar oportunamente dicha situación a la autoridad jurisdiccional, para que le permita solicitar formalmente la cooperación judicial a las instancias competentes de la localidad de Apolo y evitar así una dilación innecesaria en la tramitación de la causa. En conclusión, se advierte que tanto el Juez como el Secretario demandados son responsables de la dilación aludida en la tramitación de la causa; toda vez que, el primero omitió adoptar medidas eficaces de supervisión para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto, mientras que el segundo no comunicó oportunamente la imposibilidad de ejecutar la diligencia encomendada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar -en parte- la tutela impetrada, obró de manera parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 212/2023 de 26 de julio, cursante de fs. 31 a 34, pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER en todo la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0270_2026-S2.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): 21fb68701372ac697198ccd96b590e1616729cfec71119fbe7f62dad3b87095c

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