Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 17 de abril de 2023
Concede la tutela
La parte solicitante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de motivación, fundamentación y congruencia; y a la igualdad procesal; pues consideran que el pago que recibían por su bono de antigüedad en base a un salario mínimo no era correcto, ya que en sus casos correspondería que el cálculo sea en base a tres salarios mínimos, por ende se vieron afectadas también en sus liquidaciones y beneficios sociales a momento de retirarse de la entidad en la cual habían prestado sus servicios (AFP FUTURO DE BOLIVIA S.A.); en ese sentido, plantearon una demanda laboral contra dicha entidad, que en primera instancia declaró probada su pretensión pero fue revocada en apelación, viéndose en la necesidad de recurrir en casación; sin embargo, con la emisión del Auto Supremo 200/2021 las autoridades ahora demandadas incurrieron en una serie de lesiones a sus derechos, al basarse en el Auto Supremo 050 de 28 de abril de 2014 para denegar su pretensión, cuando esta resolución establecía un criterio diferente, constituyéndose en una Resolución lesiva al afirmar que este bono no correspondería ser pagado en empresas de servicios, resultado incoherente sus fundamentos y omitiendo la jurisprudencia sobre el tema. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) El debido proceso; 2) La motivación y fundamentación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos del debido proceso; y, 3) Análisis de…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión resuelve: REVOCAR la Resolución 022/2022 de 01 de febrero, cursante de fs. 152 a 155 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto Supremo 200/2021 de 16 de marzo, y como efecto del mismo, los Magistrados de la Sala Contenciosa Contencioso Administrativo, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia –ahora demandados–, deberán emitir un nuevo pronunciamiento tomando en cuenta los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0270/2023-S1 Sucre, 17 de abril de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 46426-2022-93-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 022/2022 de 01 de febrero, cursante de fs. 152 a 155 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Cinthya Gloria Nina Jiménez, Melvy Villanueva Arano y Melvy Zabalaga Barral contra Carlos Alberto Egüez Añez y Ricardo Torrez Echalar Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia.
Por memorial presentado el 05 y 30 de noviembre de 2021, cursantes de fs. 82 a 88 vta.; y, 95 a 99 vta., las accionantes a través de su apoderado, expusieron los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Señalan que estando bajo dependencia laboral de la AFP FUTURO DE BOLIVIA S.A., por muchos años, durante los cuales dicha entidad les pagó su bono de antigüedad de manera errónea pues era en base al cálculo de sólo un salario mínimo nacional, pues se tenía el criterio equivocado de que era una empresa de servicios y no productiva, cuando correspondía que sea en base de tres salarios mínimos ya que no importaba que tipo de empresa era, resultando de ello y como otro aspecto adverso al momento del pago de sus liquidaciones y beneficios sociales a la culminación de sus empleos; por lo tanto, de acuerdo al principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales, iniciaron una demanda contra dicha institución, solicitando el pago de reintegros de sus bonos de antigüedad y sus beneficios sociales, basándose en las leyes vigentes y jurisprudencia del Tribunal Supremo. El sustento legal, estuvo enmarcado en el art. 60 del DS 21060, reglamentado por el DS 21137, DS 23113 de 10 de abril de 1992, DS 23474 de 20 de abril de 1993, DS 24067 de 10 de julio de 1995 y DS 26450 de 18 de diciembre de 2001; asimismo, se tomó las interpretaciones del Tribunal Supremo de Justicia, mediante los Autos Supremos 207 de 18 de junio de 2008, 468 de 22 de diciembre de 2008, 380/2013 de 7 de octubre de 2013, 390/2012 de 17 de octubre de 2012 y 050 de 28 de abril de 2014 entre otros, que determinaron que lo productivo también congrega a los servicios, por lo que aún se tratara de empresas de servicios debía habérseles pagado sobre la base de tres salarios mínimos, en ese sentido también se pronunció el Auto Supremo (AS) 23474 de 20 de abril de 1993 que “…se promulgó para mejorar el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores, es en ese sentido señalaron que no puede limitarse el entendimiento que se tiene por ‘PRODUCTIVIDAD‘ A SOLAMENTE LA MANUFACTURACIÓN DE PRODUCTOS, DEBIENDO ENTEDER POR ‘PRODUCTIVA’, A TODA EMPRESA QUE PRODUCE UTILIDADES Y GANANCIAS MEDIANTE EL APARATO PRODUCTIVO QUE SE ENCUENTRA CONSTITUÍDO POR TODOS LOS MEDIOS E INSTRUMENTOS CON QUE CUENTA UNA ECONOMÍA PARA PRODUCIR BIENES Y SERVICIOS CUYO RESULTADO LE GENERA GANANCIAS, CUYO RESULTADO SON LOS PRODUCTOS (MANUFACTURAS) Y LOS ‘SERVICIOS’, SEGÚN EL APORTE DE LA MODERNA CIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN, REFERIDA A LA GRADUAL DESAPARICIÓN DE LA FRONTERA ENTRO PRODUCTO FÍSICO Y SERVICIO INTANGIBLE, ES DECIR, QUE LO PRODUCTIVO TAMBIEN CONGREGA LOS SERVICIOS” (sic). Es así que, el Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social Tercero de la Capital del departamento de La Paz, mediante Sentencia 061/2019, declaró probada la demanda aplicando la interpretación del AS 050 de 28 de abril de 2014, determinó que correspondía el pago del bono de antigüedad en base a tres salarios mínimos, entendiendo que la empresa demandada era de servicios y generaba utilidades; por lo que, otorgaba reintegros del bono antigüedad y el recálculo de los beneficios sociales por el cambio que suponía el sueldo promedio indemnizable. Por su parte, la parte demandada recurrió en apelación, siendo en esa instancia revocada la Sentencia e incoherentemente utilizando el AS 050 de 28 de abril de 2014, cuando fue la misma resolución que fue usada en primera instancia pero en este caso, para denegar el pago, señalando que según este Auto Supremo sólo las empresas productivas deber pagar el bono de antigüedad en base a tres salarios mínimos, cuando el citado Auto decía lo contrario; razón por la cual, interpusieron recurso de casación, reclamando la errónea aplicación e interpretación del art. 16 del DS 211137 así como del art. 5 de la Ley 1732 y violación al DS 23474, que fueron interpretados para su aplicación por el referido AS 050 que determinó la correspondencia del pago de bono de antigüedad, sobre los tres salarios mínimos aplicando el concepto “Servucto”, que significa la producción también por servicios e igualmente se reclamó la no aplicación de todos la gran cantidad de Autos Supremos, que afirmaron este pago y finalmente se reclamó una errónea valoración de la prueba que demostraba la obtención de utilidades demandada, por lo que correspondía pagar el bono sobre la base de tres salarios mínimos. De esta manera se pronunció el Auto Supremo 200/2021 de 16 de marzo, por los Magistrados ahora demandados, quienes declararon infundado el recurso de casación, señalando que no procedía el pago pretendido en aquellas empresas de servicios conforme lo establecía el referido AS 050, porque para ellos no podía ser considerada como productiva, debido a que su actividad es prestar servicios y si bien sería privada, el beneficio no sería propio sino para los aportantes, cuando el mismo Auto Supremo 050 expuso un criterio distinto. De lo mencionado concluyeron que las autoridades ahora demandadas, vulneraron sus derechos, pues utilizaron fundamentos irracionales, al afirmar que el bono de antigüedad no correspondía pagarse en base a tres salarios mínimos sino sólo sobre un salario, apoyándose en un Auto Supremo que refiere todo lo contrario y así denegar los pagos pretendidos, “…existiendo una evidente incoherencia en su fundamento lo que conculca el derecho al debido proceso sustantivo que garantiza que las resoluciones judiciales sean razonables y no arbitrarias…”(sic); asimismo, consideran que en el citado Auto Supremo 200/2021, se omitió tomar en cuenta toda la jurisprudencia sobre el tema, no habiendo aplicado la vinculatoriedad horizontal determinada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, como la obligación de las autoridades judiciales de aplicar los criterios anteriormente asumidos en casos iguales, resultando de ello un Auto Supremo incoherente, incongruente, inmotivado, infundado e irrazonable, porque denegó el pago pretendido en base a un Auto Supremo que refiere lo contrario a lo que alega.
Las impetrantes de tutela consideran lesionados sus derechos fundamentales al debido proceso en sus vertientes de motivación, fundamentación y congruencia; y, a la igualdad procesal, citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitan se conceda la tutela, ordenándose a la parte demandada que deje sin efecto el Auto Supremo 200/2021 de 16 de marzo.
La audiencia pública de consideración de la presente acción de amparo constitucional, se realizó el 01 de febrero de 2022; según consta en acta cursante de fs. 150 a 151 vta., produciéndose los siguientes actuados:
La parte impetrante de tutela se ratificó íntegramente en los términos de la acción tutelar presentada, y ampliando los mismos señaló que fueron lesionados sus derechos por dos motivos: el primero al denegar el pago del bono de antigüedad sobre tres salarios mínimos con un argumento arbitrario e irrazonable basado en el AS 050 de 28 de abril de 2014, cuando esta empresa de servicios debió pagar sobre la base referida; y, segundo por omitir jurisprudencia sobre el pago en base a tres salarios mínimos, además que debe tomarse en cuenta la interpretación más favorable de la norma en favor del trabajador.
Carlos Alberto Egüez Añez, Presidente y Magistrado de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, mediante su asistente legal, en audiencia de consideración de la presente acción tutelar, sostuvo lo que a continuación se detalla: a) El Auto Supremo impugnado, fue pronunciado en apego a las normas legales en las que se funda; b) En la presente causa, se casó en parte el Auto de Vista impugnado, porque se consideró que el Tribunal de alzada no aplicó correctamente la normas legales en vigencia; c) El Auto Supremo dio respuesta a cada uno de los puntos reclamados en la demanda, además de haber justificado legalmente con la debida motivación, fundamentación y congruencia que debe contener toda resolución; y, d) De la lectura de la presente acción, se evidenció la disconformidad de la parte solicitante de tutela con la resolución pronunciada, “…pretendiendo que el Tribunal de Garantías, ingrese a la valoración de la legalidad ordinaria” (sic), cuando bien se sabe que esta labor corresponde a la jurisdicción ordinaria.
María Eugenia Castellón Escobar y Edson Torrez Arcos en representación legal de la AFP FUTURO DE BOLIVIA S.A.; a través de memorial presentado el 25 de enero de 2022, cursante de fs. 143 a 149, señalaron lo que a continuación se detalla: 1) No fue cumplida la doctrina de las autorestricciones con relación a la interpretación de la legalidad ordinaria y valoración de la prueba; toda vez que, existiría “…imposibilidad que el Juez o tribunal de Garantías; y el mismo Tribunal Constitucional Plurinacional puedan cuestionar las determinaciones finales asumidas dentro de un proceso judicial…”(sic), modulación vigente a la fecha como precedente en vigor, mediante la Sentencia Constitucional 114/2021-S2 de 10 de mayo, que señala que la justicia constitucional solo podrá revisar la interpretación de la legalidad ordinaria cuando se cumplan ciertos requisitos, siendo dicha modulación antecedida por una serie de Sentencias Constitucionales previas; en el presente caso, no se cumplió por parte de las accionantes, señalar de qué forma el Auto Supremo emitido sería irracional e incoherente, pretendiendo que se interprete y aplique una norma como ser el DS 23113 de 20 de abril de 1992, que dispone la otorgación del bono de antigüedad en base a tres salarios mínimos en empresas productivas, sin explicar por qué la labor interpretativa del Auto Supremo 200/2021 resultó insuficientemente motivado, arbitrario, incongruente, absurdo e ilógico o con error evidente, y menos se identificó las reglas de interpretación que fueron omitidas o debieron aplicarse para resolver la causa; 2) De igual forma, en cuanto a la labor de valoración de la prueba, se encuentra restringida para el Tribunal Constitucional Plurinacional, siempre que no se cumplan una serie de requisitos como ser: i) El de señalar qué prueba fue valorada apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii) Cuál prueba no fue recibida o si fue recibida, no fue producida o compulsada; y, iii) Señalar en qué medida dicha valoración cuestionada de irrazonable e inequitativa no llegó a practicarse, no obstante de haber sido oportunamente solicitada, y que la misma tenga incidencia en la resolución final; al respecto, se pudo advertir que estos requisitos no fueron cumplidos por la parte impetrante de tutela; 3) De igual forma, las peticionantes de tutela no establecieron de qué manera la valoración de la prueba que proponen, cambiaría la decisión final, ello como falta de relevancia constitucional; 4) El Auto Supremo impugnado, realizó la diferenciación argumentada y fundamentada con relación a la naturaleza de las actividades principales de la AFP FUTURO DE BOLIVIA S.A., que no es otra que la administración de aportes a la seguridad social a largo plazo, que no puede compararse con una empresa comercial que tiene como único fin el de obtener utilidades y beneficios, que es la característica que resaltaba el Auto Supremo 050; por lo tanto, no existió incoherencia o contradicción al contrario el Auto Supremo 200/2021 analizó adecuadamente los criterios vinculantes sobre el bono de antigüedad dados por el Tribunal Supremo de Justicia y los aplicó a la causa; y, 5) El Auto Supremo 050 fundamentó y motivó las razones por las cuales decidió aplicar la línea jurisprudencial sobre el bono de antigüedad sobre la base de un salario mínimo, pues entendió que la mencionada AFP realiza una actividad diferente a una empresa comercial de servicios, además que los Autos Supremos que citaron la parte solicitante de tutela, no resultaron análogos a este caso. Por otro lado, interviniendo en audiencia de consideración de la presente acción de defensa, refirió que: a) En la presente acción no se indicó cuál sería la irracionalidad e incoherencia del Auto Supremo impugnado, como tampoco señaló cuales debían ser las reglas de interpretación con las que debía tratarse el mismo y cual el resultado que debería tener; b) Otro tema que tampoco se tomó en cuenta en la presente, fue el referido a la relevancia constitucional, pues no es suficiente identificar los supuestos errores, sino que los mismos modifiquen o cambien la decisión final; c) En el Auto Supremo 200/2021 se explicaron las razones por las cuales debía otorgarse el bono de antigüedad solo en base a un salario mínimo nacional, así como se hizo una diferenciación en cuanto a la labor que realiza la referida AFP, que no puede asimilarse a una empresa de servicios comerciales como pretende la parte accionante, pues ésta cumple una labor social de administración de fondos de pensiones favor de los trabajadores y rentistas, no existiendo por ende un fin comercial o de lucro en sí mismo “…sino que existe una labor que está incluso regulada por la Ley de Pensiones, entonces como ustedes bien saben estas actividades privadas a gana y gusto sino que existe también un control y una fiscalización sobre ella, en ese entendido es esa labora y esa naturaleza la que destaca el Auto Supremo, lo cual la diferencia de todos los autos supremos que se citan en la presente acción …” (sic); y, d) Existe bastante jurisprudencia que señala que el bono de antigüedad debe ser otorgado en el equivalente a un salario mínimo legal en las empresas de servicios como lo es la AFP FUTURO DE BOLIVIA S.A.
La Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz, mediante Resolución 022/2022 de 01 de febrero, cursante de fs. 152 a 155 vta., denegó la tutela solicitada, decisión que fue asumida con base a los siguientes fundamentos: 1) Si bien la interpretación de la legalidad infraconstitucional le corresponde a los tribunales de justicia y no a la vía constitucional, existe excepciones para que la justicia constitucional pueda ingresar a valorar esta actividad; en ese sentido, se debe considerar tres elementos: i) Por lesión al derecho a una resolución congruente y motivada que afecte materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometieron en función de tal vulneración; ii) Que la valoración probatoria se hubiera apartado de los marcos de razonabilidad y equidad; y, iii) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico; 2) Asimismo, para que la jurisdicción constitucional pueda juzgar el criterio jurídico empleado por las autoridades jurisdiccionales, se requiere el cumplimiento de algunos requisitos como ser: a) Que se explique porqué la labor interpretativa impugnada resultaba insuficiente, inmotivada, arbitraria, incongruente, absurda, ilógica o con error evidente o en su caso las reglas de interpretación que fueron omitidas por la autoridad judicial; b) Precisar los derechos y garantías quebrantados por el intérprete, estableciendo el nexo de causalidad entre éstos y la interpretación impugnada, ello para que la problemática planteada tenga relevancia constitucional; y, c) Establecer el nexo causal entre la ausencia de motivación, fundamentación y otra situación por no aplicar la interpretación que se consideró que debió efectuarse y los derechos y garantías que conforme el bloque de constitucionalidad y que fueron lesionados con dicha interpretación, explicando cuál la relevancia constitucional; 3) La parte impetrante de tutela no ha establecido este análisis que señalan las diferentes sentencias constitucionales que han sido emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, para que este Tribunal de garantías ingrese a esa labor; 4) En cuanto a la falta de motivación y fundamentación, al efectuar el análisis, los ahora demandados hicieron referencia a que al emitir el Auto de Vista reconoció el bono de antigüedad conforme la escala prevista en el art. 60 del DS 21060, para señalar que no procedía el pago del bono de antigüedad conforme a tres salarios mínimos y llegar a la conclusión de que la entidad demandada no podía ser considerada productiva; y, 5) Con relación a que hubiera existido lesión al derecho a la defensa, no fue evidente, pues la parte solicitante de tutela tuvo la oportunidad de asumir la misma en la demanda laboral presentada.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa copia de memorial presentado ante el Juez del Trabajo y Seguridad Social de Turno, el 17 de octubre de 2017; mediante el cual Melvi Zabala Barral reclamó el pago del bono de antigüedad por parte de la AFP FUTURO DE BOLIVIA S.A., en base a tres salarios mínimos naciones, pues se estaba pagando en base a sólo un salario mínimo, lo que resultaba incorrecto; por lo que de acuerdo a la premisa de irrenunciabilidad de los derechos laborales, solicitaba el reintegro de ese bono de antigüedad que le había sido pagado en forma incorrecta (fs. 5 a 7 vta.). De igual forma, consta memorial de adhesión y formalización de la misma demanda, interpuesto por Melvy Villanueva Arano (fs. 8 a 11); y, también por Cinthia Gloria Nina Jiménez (fs. 12 a 15 vta.), todas ellas ahora accionantes. II.2. Mediante Sentencia 61/2019 de 22 de mayo, la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Tercera de La Paz, declaró probada en parte la demanda anteriormente señalada, disponiendo que la AFP FUTURO DE BOLIVIA S.A. pague en favor de las impetrantes de tutela Melvy Zabalaga Barral la suma de Bs22 316,91.- (veintidós mil trescientos dieciséis 91/100 bolivianos), de Melvy Villanueva Arano la suma de Bs77 550,92.- (setenta y siete mil quinientos 92/100 bolivianos); y, de Cinthya Gloria Nina Jiménez la suma de Bs74 739,09.- (setenta y cuatro mil setecientos treinta y nueve 09/100 Bolivianos), por concepto de beneficios y derechos sociales(fs.25 a 32). II.3. Consta Auto de Vista 189/2020 de 13 de agosto, pronunciado por los Vocales de la Sala Social Administrativa Contencioso y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, revocaron la Sentencia de primera instancia, y en su lugar declararon improbada la demanda interpuesta por las ahora solicitantes de tutela y probada la excepción de pago (fs. 33 a 34 vta.). II.4. Por memorial de 14 de septiembre de 2020, las ahora peticionantes de tutela plantearon recurso de casación contra el referido Auto de Vista 189/2020 (fs. 35 a 40). II.5. A través de Auto Supremo 200/2021 de 16 de marzo, los magistrados de la Sala Contenciosa Contencioso Administrativo, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia –ahora demandados– declararon infundado el recurso de casación interpuesto por las impetrantes de tutela (fs. 48 a 50).
II.6. Cursa el Auto Supremo 050 de 28 de abril de 2014, emitido por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia; a través del cual los Magistrados de esa sala, declararon infundado el recurso de casación interpuesto por Martha Morales de Ortega y otro en representación de Hilarión Manzano (fs. 52 a 56).
La parte solicitante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de motivación, fundamentación y congruencia; y a la igualdad procesal; pues consideran que el pago que recibían por su bono de antigüedad en base a un salario mínimo no era correcto, ya que en sus casos correspondería que el cálculo sea en base a tres salarios mínimos, por ende se vieron afectadas también en sus liquidaciones y beneficios sociales a momento de retirarse de la entidad en la cual habían prestado sus servicios (AFP FUTURO DE BOLIVIA S.A.); en ese sentido, plantearon una demanda laboral contra dicha entidad, que en primera instancia declaró probada su pretensión pero fue revocada en apelación, viéndose en la necesidad de recurrir en casación; sin embargo, con la emisión del Auto Supremo 200/2021 las autoridades ahora demandadas incurrieron en una serie de lesiones a sus derechos, al basarse en el Auto Supremo 050 de 28 de abril de 2014 para denegar su pretensión, cuando esta resolución establecía un criterio diferente, constituyéndose en una Resolución lesiva al afirmar que este bono no correspondería ser pagado en empresas de servicios, resultado incoherente sus fundamentos y omitiendo la jurisprudencia sobre el tema. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) El debido proceso; 2) La motivación y fundamentación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos del debido proceso; y, 3) Análisis del caso concreto.
El art. 115.II de la CPE, dispone que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; a su vez, el art. 117.I de la Ley fundamental establece que: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…”. El derecho al debido proceso consagrado en la Norma Suprema, se encuentra en armonía con los instrumentos internacionales, de los cuales es signatario el Estado Boliviano, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en cuyos arts. 8 -relacionado con los incs. 2, 3, 4, 5 y 6 del art. 7-; 9, 10, 24, 25 y 27, lo consagra como un derecho humano;
asimismo, está contemplado en el art. 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). En la sustanciación de todo proceso, los litigantes tienen derecho a que las autoridades jurisdiccionales, basen su decisión en sujeción a la ley y a las normas procesales; lo cual, viene a constituirse en el principio de aplicación objetiva de la ley, como componente del debido proceso. Al respecto, la SCP 2203/2012 de 8 de noviembre, que cita a la SC 0295/2010-R de 7 de junio, en su Fundamento Jurídico III.2, señaló que:
…el debido proceso, exige que los litigantes tengan el beneficio de un juicio imparcial ante los tribunales y que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar; es decir, implica el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, lo que importa a su vez el derecho a la defensa, el emplazamiento personal, el derecho de ser asistido por un intérprete, el derecho a un juez imparcial; y por otra parte, se produce también por la infracción de las disposiciones legales procesales, es decir, los procedimientos y formalidades establecidas por ley, garantía y derecho a la vez, aplicable a los procesos judiciales y administrativos en los que se imponga sanciones.
Sobre esta temática, se advierte que el Tribunal Constitucional Plurinacional por medio de la SCP 0014/2018 de 28 de febrero se moduló la línea existente, añadiendo el elemento de la relevancia constitucional, por lo que se tiene que la jurisprudencia siguió la siguiente sistematización: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.
En el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como son:
a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido 2El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”. 3El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cual es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados. En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. 4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: i) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; ii) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; iii) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; iv) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, v) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: a) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; b) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; c) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, d) Por la falta de coherencia del fallo, se da: d.1) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, d.2) En su arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…) (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…) b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´. (…) c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 6El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo.
5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.
dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa. La jurisprudencia contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013, citadas anteriormente, fue 7El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.
9El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación; previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional, por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, indicó que:
Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.
La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de motivación, fundamentación y congruencia; y, a la igualdad procesal; pues consideran que el pago que recibían por su bono de antigüedad en base a un salario mínimo no era correcto, ya que en sus casos correspondería que el cálculo sea en base a tres salarios mínimos, por ende se vieron afectadas también sus liquidaciones y beneficios sociales a momento de retirarse de la entidad en la cual habían prestado sus servicios (AFP FUTURO DE BOLIVIA S.A.); en ese sentido, plantearon una demanda laboral contra dicha entidad, que en primera instancia declaró probada su pretensión, pero fue revocada en apelación, viéndose en la necesidad de recurrir en casación; sin embargo, con la emisión del Auto Supremo 200/2021 las autoridades ahora demandadas incurrieron en una serie de lesiones a sus derechos al basarse en el Auto Supremo 050 de 28 de abril de 2014 para denegar su pretensión, cuando esta resolución establecía un criterio diferente, constituyéndose en una Resolución lesiva al afirmar que este bono no correspondería ser pagado en empresas de servicios, resultado incoherente sus fundamentos y omitiendo la jurisprudencia sobre el tema. De los datos que informan la presente causa, se tiene que la parte impetrante de tutela mediante memoriales de 17 de octubre, 21 de noviembre de 2017; y, de 18 de febrero de 2018, reclamaron el pago del bono de antigüedad que les debería la referida AFP, en base a tres salarios mínimos nacionales, solicitando el reintegro de ese bono de antigüedad que le había sido pagado en forma incorrecta; en ese sentido, mediante Sentencia 61/2019 de 22 de mayo, la Jueza de Partido de Trabajo y Seguridad Social Tercera de La Paz, declaró probada en parte la demanda, disponiendo que la AFP FUTURO DE BOLIVIA S.A., pague en favor de Melvy Zabalaga Barral la suma de Bs22 316,91.- (veintidós mil trescientos dieciséis 91/100 bolivianos), de Melvy Villanueva Arano la suma de Bs77 550,92.-(setenta y siete mil quinientos 92/100 bolivianos); y, de Cinthya Gloria Nina Jiménez la suma de Bs74 739,09.- (setenta y cuatro mil setecientos treinta y nueve 09/100 Bolivianos), por concepto de beneficios y derechos sociales; de igual forma, a través del Auto de Vista 189/2020 de 13 de agosto, los Vocales de la Sala Social Administrativa Contencioso y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, revocaron la Sentencia de primera instancia, y en su lugar declararon improbada la demanda interpuesta por las ahora solicitantes de tutela y probada la excepción de pago; en cuya razón se planteó por memorial de 14 de septiembre de 2020, recurso de casación contra el Auto de Vista 189/2020 que dio lugar a la emisión del Auto Supremo 200/2021 de 16 de marzo; mediante el cual los magistrados de la Sala Contenciosa Contencioso Administrativo, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia –ahora demandados– declararon infundado el recurso interpuesto por las solicitantes de tutela, que ahora demandan de lesivo.
En este sentido, las impetrantes de tutela reclaman de vulneratorio el merituado Auto Supremo 200/2021, pues consideran que dicha decisión erróneamente se basó en el Auto Supremo 050 de 28 de abril de 2014, para señalar que al constituirse la antes mencionada AFP en una entidad de servicios y no productiva, sólo le correspondía pagar el bono de antigüedad en base a un solo salario mínimo, cuando dicha resolución establecía lo contrario, y en su caso, señalaría que las empresas que genere utilidades y ganancias económicas a través de los servicios que prestan, la base de cálculo del bono de antigüedad debe ser pagado en base a tres salarios mínimos legales; en cuya razón, solicitaron se deje sin efecto el referido Auto Supremo 200/2021. Por su parte, las autoridades demandadas, en su defensa sostuvieron que el Auto Supremo que ahora se impugna, fue pronunciado en apego a las normas legales, habiéndose dado respuesta a cada uno de los puntos reclamados en la demanda, además de haber justificado legalmente con la debida motivación, fundamentación y congruencia que debe contener toda resolución, no resultando ser cierto lo alegado por la parte solicitante de tutela.
Ahora bien, identificada la problemática planteada traída en revisión, a fin de establecer si es evidente o no lo señalado por las accionantes, corresponde realizar una contrastación de los puntos impugnados en el recurso casación con los fundamentos que utilizaron en el referido Auto Supremo 200/2021 ahora cuestionado.
En atención a ello, se tiene que en el recurso de casación la parte impetrante de tutela argumentó lo siguiente: i) Según el Auto de Vista impugnado, la AFP FUTURO DE BOLIVIA S.A., no correspondería a una empresa productiva por no transformar materia prima que implique rentabilidad económica, ello según el art. 13 del DS 21137 y art. 5 de la Ley de Pensiones, resultando errada dicha interpretación, pues por el hecho de que la misma sea una Sociedad Anónima con objeto social, no define que por esta denominación, sea considerada como empresa de servicios y por ello, no cumplir con el pago de los tres salarios mínimos, no habiéndose considerado los DS 23113 de 10 de abril de 1992 y 23474 de 20 de abril de igual año, que ampliaban la base del bono de antigüedad, primero a dos y luego a tres salarios mínimos, pues no podría limitarse a la comprensión de que el concepto de productividad sea usada solo para manufacturación de productos o transformación de materia prima, sino que abarque a la producción de utilidades que genere ganancias; en estos casos, se debe pagar en base a tres salarios mínimos nacionales; es decir que lo productivo abarque también a los servicios, así lo hubiera entendido los Autos Supremos 201 de 18 de junio de 2008, 050 de 28 de abril de 2014 entre otros; de ahí que, el Auto de Vista impugnado realizó una incorrecta interpretación del art. 13 del DS 21137 pues no se tomó en cuenta que este fue modificado y ampliado por los DS 23113 y 23474; ii) El Auto de Vista impugnado, sólo consideró un fragmento del Auto Supremo 050 de 28 de abril de 2014; iii) Tampoco se consideró la vinculatoriedad horizontal y vertical de los pronunciamientos judiciales, que obliga a las autoridades de menor rango a aplicar los criterios ya definidos; y si bien es evidente que podrían apartarse del precedente constitucional, ello debe estar debidamente fundamentado y motivado, explicando por qué se apartaría del referido precedente, y por qué no se aplicaría al presente caso; iv) Hubo una errónea valoración probatoria pues de la prueba que se adjuntó se demostraba que la mencionada AFP tiene utilidades y ganancias, y si bien no genera productos como tal, sí genera servuctos, ello demostrado con los finiquitos pagados, beneficios sociales, pago de primas y balances financieros que demostraron esas ganancias; por ende, correspondía que el pago de sus bonos de antigüedad, sean en base a los tres salarios mínimos, conforme al Auto Supremo 050 de 28 de abril de 2014 entre otros; y, v) El Auto de Vista impugnado, señaló que las liquidaciones realizadas a sus personas, debían ser consideradas como quinquenios consolidados; sin embargo, esta figura no se aplica al caso, pues lo que se reclamó desde el inicio fue el pago de bono de antigüedad y el recalculo de indemnización pagada a momento de su desvinculación, “…necesariamente debe darse durante la continuidad de la relación laboral y no finalizar la misma, momento en el cual resulta imposible hablar que pago de quinquenio consolidado cuando se trata de una terminación de la relación laboral pagada…” (sic). Por su lado, las autoridades demandadas, resolviendo el merituado recurso de casación, pronunciaron el Auto Supremo 200/2021 de 16 de marzo, bajo los siguientes fundamentos: a) En cuanto a la valoración probatoria, la parte recurrente estaría pretendiendo una nueva valoración, cuando ésta ya fue dilucidada por la Juez de primera instancia, siendo una atribución privativa de las instancias inferiores, a menos que exista error de hecho que se da cuando se considera que no existe prueba suficiente o error de derecho, que recaiga sobre la existencia e interpretación de una norma jurídica o en su caso que los juzgadores de instancia ignorando el valor que le atribuye la ley, le hubieran dado un valor diferente, aspectos que no concurrieron en el presente caso, pues la denuncia fue de manera general sin identificar de manera concreta qué prueba no habría sido valorada o apreciada o se le hubiera dado un diferente valor, “…al advertirse que el citado tribunal, al haber revocado en parte la sentencia de primera instancia y declarado improbada la demanda de fs. 112 a 114, 182 a 185 y 248 a 251, y probada la excepción de pago, planteada por la parte demandada, argumentó, que la juez a quo, habría concluido que al no existir constancia de pago documentado, sin embargo, contradictoriamente procede a descontar montos cancelados a favor de las demandantes…” (sic); y, b) Se evidencia que existió suficientes elementos de convicción que llevaron al Tribunal de alzada, a tomar la decisión asumida; pues la parte demandada, reconoció el bono de antigüedad conforme la escala dispuesta en el art. 60 del DS 21060, al considerar que no procedía el pago de ese bono en base a tres salarios mínimos nacionales, y que la empresa demandada no puede ser considerada como productiva, pues no se dedica a transformar materia prima que implique rentabilidad económica, ya que su giro o actividad es la de administrar y prestar servicios; y si bien es una entidad privada, el beneficio no es propio sino para los aportantes; por ello, el bono de antigüedad debe ser cancelado en base a un salario mínimo nacional, como estableció el Auto Supremo 050 de 28 de abril de 2014; c) Con relación a la aplicación del art. 2 del DS 522 sobre la consolidación de quinquenios, el tema de la presente fue la reliquidación de beneficios sociales, no de los quinquenios; y, d) De todo lo mencionado, se llegó a la conclusión de que en el Auto de Vista recurrido se valoró correctamente las pruebas aportadas por las partes. En ese marco, analizado el Auto Supremo y en relación a los argumentos expuestos tanto en el recurso de casación como en la presente acción tutelar, concretamente en cuanto al principal reclamo de la parte peticionante de tutela, sobre la ausencia de motivación, fundamentación y congruencia del merituado, al haberse basado erróneamente en el Auto Supremo 050 de 28 de abril de 2014, para señalar que al constituirse la AFP FUTURO DE BOLIVIA S.A., una entidad de servicios y no productiva, sólo les correspondería el pago del bono de antigüedad en base a un salario mínimo, cuando dicha resolución establecía lo contrario; es decir, que en base a este Auto Supremo, les correspondería el pago del bono de antigüedad en base a tres salarios mínimos; al respecto, se pudo evidenciar la lesión al debido proceso en las vertientes reclamadas, por los siguientes motivos: 1) No se observa un razonamiento propio de las autoridades demandadas, pues sus fundamentos resultaron generales y ambiguos; 2) Estos fundamentos utilizados por las autoridades ahora demandadas, no explicaron los motivos y razones para considerar que el Auto Supremo 050 de 28 de abril de 2014, en el cual se basaba, señalaba que las empresas productivas sólo se dedican a la transformación de materia prima y que en ese sentido, no podía pagarse el bono de antigüedad en base a tres salarios mínimos legales, cuando de la lectura del referido Auto Supremo, los fundamentos y conclusiones serían diferentes, pues el mismo sostuvo que se había establecido una nueva línea jurisprudencial que definió como empresa productiva a todas aquellas entidades que producen utilidades y ganancias mediante el aparato productivo constituido por todos los medios e instrumentos con que cuenta una economía para producir bienes y servicios, “…que el hecho que la empresa logre obtener ‘utilidades y beneficios’, además de ganancias económicas a través de servicios con los que cuenta la empresa (…) la base de cálculo del bono de antigüedad se encuentra sujeta a la normativa del DS N° 23474 (…) es decir, que es procedente el cálculo del bono de antigüedad tomando en cuenta tres salarios mínimos nacionales…” (sic). De lo mencionado, se pudo observar también una resolución incoherente, al utilizar una Resolución Suprema contraria a los fundamentos inmersos a momento de resolver; 3) El Auto Supremo impugnado, tampoco dio respuesta a los puntos expuestos en el memorial de recurso de casación, pues hizo un análisis genérico, que como ya se dijo, fue ambiguo, inconsistente y superficial. Del análisis del contenido del referido Auto Supremo impugnado, se concluye que evidentemente no dio respuesta a todas las cuestionantes y problemáticas planteadas por las impetrantes de tutela, situación que vulneró el derecho al debido proceso en su elemento de una debida fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, toda resolución jurisdiccional o administrativa debe estar debidamente fundamentada, además de motivada, en la que debe pronunciarse sobre todos los planteamientos de las partes, dando las razones y el porqué de la decisión asumida, procurando una explicación necesaria para dar tranquilidad a las partes de que la decisión asumida, fue la adecuada; en el presente caso, no se cumplió con este requisito, pues por un lado, en relación a los planteamientos en el recurso de casación, el pronunciamiento fue genérico; y por otro, al haber basado sus fundamentos en un Auto Supremo que establecía precisamente lo contrario respecto al bono de antigüedad. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada, no obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión resuelve: REVOCAR la Resolución 022/2022 de 01 de febrero, cursante de fs. 152 a 155 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto Supremo 200/2021 de 16 de marzo, y como efecto del mismo, los Magistrados de la Sala Contenciosa Contencioso Administrativo, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia –ahora demandados–, deberán emitir un nuevo pronunciamiento tomando en cuenta los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Georgina Amusquivar Moller es de Voto Aclaratorio.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
1 El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma.…consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0270_2023-S1.pdf · páginas 1 a 19.
Huella digital del PDF (SHA-256): 9ac3351022d6f96b5e00c4256faf95281cfc4d8d3b1bb9480a939f115d0fc773
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