Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 21 de abril de 2025
Concede la tutela
El accionante a través de su representante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, y los principios de presunción de inocencia, de favorabilidad, in dubio pro reo, de legalidad, de verdad material, de objetividad, alegando una errónea valoración de la prueba; toda vez que, dentro del proceso de violencia familiar seguido en su contra, en audiencia pública la autoridad judicial demandada dispuso su detención preventiva por cuatro días en el Centro Penitenciario de San Antonio de Cochabamba, atribuyéndole el supuesto incumplimiento de las medidas de protección impuestas, a través de presuntos mensajes de amenazas contra una de las víctimas. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 08/2022 de 28 de octubre, cursante de fs. 73 a 80, pronunciada por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada dejando sin efecto el Auto de 26 de octubre de 2022, disponiendo que la autoridad demandada emita una nueva resolución dentro de los cánones del debido proceso; salvo que por el transcurso del tiempo el proceso penal haya arribado a alguna de sus formas de conclusión. 2° Ordenar la notificación del Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, a fin que remita copia de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional a todos los Jueces y Tribunales del Estado Plurinacional de Bolivia, para su estricto cumplimiento.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0269/2025-S3 Sucre, 21 de abril de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 51391-2022-103-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 08/2022 de 28 de octubre, cursante de fs. 73 a 80, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Henry Cristhian Enríquez Mendoza en representación sin mandato de Diego Aníbal Salazar Suarez contra Elena Veizaga Mollinedo, Jueza de Instrucción Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba.
Por memorial presentado el 27 de octubre de 2022, cursante de fs. 51 a 62 vta.; el accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la supuesta comisión del delito de violencia doméstica contenido en el art. 272 bis del Código Penal (CP), a denuncia de Juddy Carol de la Fuente Vargas y Karen Aracely García Vargas; la Fiscal de Materia, Lizeth Aizamani Quinteros, el 7 de septiembre de 2022, dispuso medidas de protección para las víctimas, que le fueron notificadas el 22 del mismo mes y año. Ese mismo día, una de las denunciantes; informó a la autoridad Fiscal el supuesto incumplimiento de las medidas de protección, en ese contexto la autoridad del Ministerio Público requirió que: “‘CON CARÁCTER PREVIO SE DISPONGA QUE EL INVESTIGADOR ASIGNADO AL CASO PROCEDA A VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN’” (sic).
La misma fecha Daniel Nacho Ramírez, Investigador asignado al caso, procedió a la recepción de la declaración informativa policial ampliatoria de la denunciante Juddy Carol de la Fuente Vargas, quien manifestó que recibió amenazas de números de celulares no identificados, atribuyéndole subjetivamente y sin prueba alguna la autoría de dichos mensajes; por lo que, el 4 de octubre de igual año, el referido Investigador recepcionó los celulares de las presuntas víctimas, identificando veinticuatro números de celulares, desde los cuales se estaría realizando mensajes de amenazas a una de ellas, pero que en obrados no se tiene identificado de manera objetiva y material quién o quiénes serían los propietarios de esas veinticuatro líneas de telefonía celular. Señaló que en la audiencia de consideración de incumplimiento de medidas de protección, la autoridad demandada le atribuyó a su persona, de manera subjetiva la responsabilidad por el envío de dichos mensajes, ordenando así su detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Antonio del departamento de Cochabamba por el lapso de cuatro días, de modo que considera que se ha vulnerado de manera flagrante el debido proceso y los principios de inocencia, de favorabilidad, de in dubio pro reo, de legalidad, de verdad material y de objetividad, pero sobre todo la mala valoración de la prueba, razón por la que, en consecuencia, se le conceda la tutela por encontrarse detenido en el recinto penitenciario ya referido.
Denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso y los principios de presunción de inocencia, de favorabilidad, de in dubio pro reo, de legalidad, de verdad material y de objetividad; sin citar específicamente artículo alguno de la Constitución Política del Estado, además denuncia una mala valoración de la prueba.
Solicita se conceda la tutela. Durante la audiencia virtual, a través de su representante solicitó “…el restablecimiento de su derecho a la vida, a la seguridad física y a la libertad” (sic), y que “en el día” se libre el correspondiente mandamiento de libertad.
Celebrada la audiencia pública virtual, el 28 de octubre de 2022 según consta en el acta cursante de fs. 71 a 72 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante sin mandato, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: a) Se encuentra detenido por el presunto incumplimiento de las medidas de protección dispuesta por la autoridad demandada; empero, dicha detención vulneraría sus derechos y garantías, consagrados no solamente en la Constitución Política del Estado sino también en los Tratados y Convenios Internacionales; b) Por lo que, al amparo del art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE) y la jurisprudencia constitucional citada en el escrito de la acción de libertad y las disposiciones internacionales, pide el restablecimiento de sus derechos a la vida, a la seguridad física y a la libertad; y, c) La medida de la detención preventiva, ordenada por la autoridad recurrida, ante el incumplimiento de las medidas de protección no resultaría proporcional; toda vez que, con total falta de objetividad se le habría atribuido la autoría de los presuntos mensajes de amenazas en contra de una de las víctimas.
Elena Veizaga Mollinedo, Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba; presente en la audiencia virtual solicitó se deniegue la tutela y verbalmente informó que: a) Los argumentos del accionante carecen de fundamentación con relación a la naturaleza de una acción de libertad, por cuanto el procesado estaría desconociendo los alcances del incumplimiento de medidas de protección establecidas en el art. 389 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-; b) Su decisión para imponer la medida extrema de la detención preventiva ha sido ampliamente analizada y ha realizado una ponderación de los derechos del imputado con los derechos de la víctima haciendo una correcta valoración de la prueba a tiempo de emitir la resolución cuestionada, ya que a ambas partes se les habría concedido el uso de la palabra; c) El accionante no señaló en dicha oportunidad datos precisos que permitan generar duda respecto a la autoría de los mensajes de amenazas enviados a la víctima, y que mediante esta acción de libertad estaría pretendiendo subsanar dichas omisiones; d) Enfatizó que la resolución emitida estaría enmarcada en el principio de legalidad, observado en todo momento el cumplimiento de la ley; e) El accionante estaría confundiendo el procedimiento común con el procedimiento especial que aplican los juzgados de violencia contra la mujer; y, f) Para la aplicación de la medida extrema, consideró el contenido de los mensajes enviados a una de las víctimas sobre aspectos que sólo serían de conocimiento del imputado y la víctima, y que estos serían atentatorios a su integridad física y psicológica.
La Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías denegó la tutela solicitada, mediante Resolución 08/2022 de 28 de octubre, cursante de fs. 73 a 80; con base en los siguientes fundamentos: 1) De la revisión de antecedentes del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el ahora accionante, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, tipificado en el art. 272 bis del CP, se tiene que por memorial de 4 de octubre de 2022, la Fiscal de Materia Lizeth Aizamani Quinteros, puso en conocimiento de la autoridad hoy demandada el incumplimiento de medidas de protección, misma que fue considerada en audiencia celebrada el 26 de igual mes y año, donde la autoridad demandada a tiempo de resolver el problema jurídico planteado en dicha oportunidad, dispuso la detención preventiva del accionante Diego Anibal Salazar Suárez, por el lapso de cuatro días, por el incumplimiento de las medidas de protección de conformidad al art. 389 quinquies del Código de Procedimiento Penal (CPP); 2) Si bien en las acciones de libertad vinculadas al debido proceso rige la subsidiariedad excepcional cuando no se han agotado los medios defensa eficaces o idóneos en su momento, conforme a la “SC 0160/2005-R”; sin embargo, en el presente caso, de la revisión de la resolución de incumplimiento de medidas de protección de 26 de octubre de 2022, se advierte que la autoridad recurrida no observó lo dispuesto en el art. 123 del adjetivo penal, referido al anuncio en la resolución judicial de que si la misma es o no recurrible, impidiendo así que su determinación pueda ser impugnada ante el superior en grado; por consiguiente, no es posible considerar la subsidiariedad excepcional y abstraerse de resolver el fondo de la cuestión; 3) Analizando los argumentos expuestos por el accionante con relación a la vulneración de sus derechos y garantías constitucionales, corresponde establecer que si bien el accionante manifestó en forma genérica que la resolución emitida por la Jueza demandada, de 26 de octubre de 2022, vulneró sus derechos y garantías consagrados tanto en la Constitución Política del Estado como en Tratados y Convenios Internacionales; el mismo no identificó en principio qué derecho es el que concretamente se le habría vulnerado, omisión que no ha sido subsanada en su intervención oral en la audiencia tutelar, tampoco precisó qué derecho fundamental o garantía constitucional se habría lesionado con la resolución judicial previamente señalada, reiterando únicamente la vulneración de los principios del debido proceso, de presunción de inocencia entre otros, empero, no se identificó de qué forma se transgredió el debido proceso, es decir, en cuál de sus elementos, omisión de carga argumentativa que impide a este tribunal de garantías verificar las presuntas vulneraciones de derechos; si bien pidió el restablecimiento inmediato de su derecho a la vida, la seguridad y la libertad, no señaló de ninguna forma que las mismas hayan sido afectadas y de qué manera por la autoridad demandada, omisiones que no pueden ser suplidas por el Tribunal de garantías; y, 4) Con relación al argumento que se hubiera efectuado una mala valoración de la prueba, no se ha establecido qué elementos probatorios habría aportado el accionante en la audiencia de consideración de incumplimiento de medidas de protección y cuál de estas pruebas habrían sido omitidas en su valoración; toda vez que, la jurisdicción constitucional no puede efectuar una valoración sobre la labor valorativa de la jurisdicción ordinaria; para ello deben concurrir necesariamente los requisitos establecidos en la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, es decir, se debe identificar con precisión que en la valoración de la prueba se hubiese incurrido en una flagrante vulneración de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y objetividad, así como también se debe identificar la omisión de valoración probatoria en que hubiera incurrido la autoridad accionada; en el caso que nos ocupa, el accionante no identificó cuáles serían los elementos probatorios que hubiera aportado en la audiencia de consideración de incumplimiento de medidas de protección y que no habrían sido valorados por la autoridad jurisdiccional en ese entendido, el accionante debió identificar el iter lógico de la valoración probatoria efectuada en la Resolución de 26 de octubre de 2022, aspectos que tampoco han sido identificados ni desarrollados en el escrito de acción de libertad ni a tiempo de intervenir en la audiencia; motivo por el que no corresponde a Tribunal de garantías constitucionales subsidiar las mismas.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Requerimiento de medidas de protección, de 7 de septiembre de 2022; Lizeth Aizamani Quinteros, Fiscal de Materia asignada a la Fiscalía Especializada de Delitos en Razón de Género y Justicia Penal Juvenil-Central; dispuso medidas de protección, en aplicación del art. 389 bis -en su parte referida “para mujeres”- de la Ley 1173, prohibiendo al imputado las acciones contenidas en los numerales 4, 5 y 6 del citado artículo (fs. 23). II.2. Cursa Memorial de informe de incumplimiento a las medidas de protección, presentado por Juddy Carol de la Fuente Vargas, el 22 de septiembre de 2022 ante la Fiscal de Materia (fs. 12). II.3. Consta Acta de audiencia y Auto de incumplimiento de medidas de protección, realizada el 26 de octubre de 2026, en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, que ordenó la detención preventiva del accionante por el lapso de cuatro días, por el incumplimiento de medidas de protección de conformidad al art. 389 quinquies -del CPP-. (fs. 14 a 16). II.4. Se tiene Mandamiento de detención preventiva, librado por Elena Veizaga Mollinedo, Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, ordenando la detención preventiva del imputado “Diego Anibal Salazar Suarez” por el lapso de cuatro días en cumplimiento a lo dispuesto por Auto de 26 de octubre de 2022 (fs. 17).
El accionante a través de su representante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, y los principios de presunción de inocencia, de favorabilidad, in dubio pro reo, de legalidad, de verdad material, de objetividad, alegando una errónea valoración de la prueba; toda vez que, dentro del proceso de violencia familiar seguido en su contra, en audiencia pública la autoridad judicial demandada dispuso su detención preventiva por cuatro días en el Centro Penitenciario de San Antonio de Cochabamba, atribuyéndole el supuesto incumplimiento de las medidas de protección impuestas, a través de presuntos mensajes de amenazas contra una de las víctimas. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela.
Con relación al derecho a la doble instancia La impugnación constituye un principio constitucional inherente a la función de impartir justicia, reconocido en el art. 180.II de la CPE, que textualmente señala: “Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales”. Recurriendo a instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, en aplicación del Bloque de Constitucionalidad previsto en el art. 410 de la CPE, podemos citar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su art. 8.2.h consagra el “derecho a recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior”, como elemento de una garantía judicial mínima, de igual manera reconoce el derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo en su art. 25, bajo la denominación jurídica de “protección judicial”, establece que: “1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales; 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades del recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso”.
En ese marco, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la Sentencia del Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú Sentencia de 30 de mayo de 1999 (Fondo, Reparaciones y Costas), al respecto expresó que: “El derecho de recurrir del fallo, consagrado por la Convención, no se satisface con la mera existencia de un órgano de grado superior al que juzgó y condenó al inculpado, ante el que éste tenga o pueda tener acceso”. En la Sentencia del Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica de 2 de julio de 2004 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), expresó que: “…es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. El derecho de interponer un recurso contra el fallo debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Se busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona”. En el ámbito interno, se tiene la SCP 0041/2018-S2 de 6 de marzo, misma que estableció que el derecho a recurrir o la garantía de la doble instancia: “…admite el disenso con los fallos, permite a una autoridad de jerarquía superior a la inicialmente competente, evaluar, revisar, compulsar y en definitiva corregir los defectos existentes en la decisión pronunciada, permitiendo un acceso irrestricto a la justicia, al posibilitar se reclamen aspectos específicos que considera injustos a sus pretensiones, fundamentando el grado en que estas omisiones afectan sus derechos, siendo obligación del juez o tribunal de segunda instancia, dar respuesta a todos los agravios denunciados, al encontrarse íntimamente ligado al derecho a la defensa…”. (las negrillas nos pertenecen). En esa comprensión, se puede concluir que la eficacia del derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo, se encuentra vinculado con el derecho inviolable a la defensa, prevista en el art. 119.II de la CPE, que según el razonamiento de la SCP 373/2021-S2 de 26 de julio, reiterando lo establecido por la SCP 0647/2012 de 2 de agosto, señalo que el derecho a la defensa se entiende como la “…potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos”. Con relación a las medidas de protección y su incumplimiento La Ley 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, en cuanto a la regulación de las medidas de protección, dispone en el art. 35.18: “ARTÍCULO 35. (MEDIDAS DE PROTECCIÓN). Las medidas de protección que podrá dictar la autoridad competente son las siguientes: (…) 18. Disponer cualquier medida cautelar de protección a las mujeres que se encuentran en situación de violencia señalada en el Código de Procedimiento Penal y el Código de Procedimiento Civil” (las negrillas son nuestras). Ahora bien, respecto a la aplicación de las mismas, la normativa procedimental, mediante la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres determinó: “Artículo 389. (APLICACIÓN). I. Cuando se trate de delitos vinculados a las distintas formas de violencia contra niñas, niños, adolescentes o mujeres, se aplicarán las medidas de protección especial establecidas en los siguientes Artículos, a fin de evitar que el hecho produzca mayores consecuencias, que se cometan nuevos hechos de violencia, reducir la situación de vulnerabilidad de la víctima y otorgarle el auxilio y protección indispensable en resguardo de su integridad” (énfasis añadido). De donde se infiere que las medidas de protección tienen por objeto neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la violencia ejercida por la persona denunciada, permitiendo a la víctima el normal desarrollo de sus actividades, procurando su integridad física; de igual manera debe tenerse presente que las medidas de protección no son una sanción, sino que tienen una naturaleza eminentemente cautelar y preventiva. Dicho análisis debe basarse en el acervo probatorio disponible, evitando con ello decisiones subjetivas o excesivas, En ese marco normativo, la autoridad competente se encuentra facultada para aplicar cualquier medida de protección, incluyendo la detención preventiva -se reitera- como medida de protección que no puede ser confundida como medida cautelar propiamente dicha, que se sustenta en otros supuestos de hecho y la concurrencia de los riesgos procesales instituidos por ley. Previendo la inobservancia a las medidas de protección dictadas para resguardar la seguridad e integridad de la persona que se encuentra en situación de riesgo, el Código de Procedimiento Penal, estableció de manera clara que su incumplimiento será sancionado, textualmente estableció: “Artículo 389 quinquies. (Incumplimiento). En caso de incumplimiento de las medidas de protección especial, impuestas por la jueza o el juez, a efecto de hacer efectivo el resguardo de los derechos de la vida, integridad física o psicológica de las víctimas, de oficio o a solicitud del fiscal, la víctima, representante legal, querellante o la instancia de defensa de los derechos de la niñez y adolescencia o de las mujeres, en audiencia, la autoridad jurisdiccional dispondrá detención preventiva del infractor de un mínimo de tres (3) a un máximo de seis (6) días, según la gravedad.”. De donde se infiere que la normativa sustantiva penal, otorga a la autoridad judicial la potestad de imponer sanciones, frente al incumplimiento de las medidas de protección dispuestas como resguardo de los derechos de la víctima. Del recurso idóneo respecto a la resolución que determina sanción por incumplimiento a medidas de protección Si bien la normativa procesal penal, establece la sanción ante el incumplimiento de las medidas de protección, no contempló la posibilidad de plantear un reclamo ante dicha sanción; es decir, no reguló específicamente sobre la instancia donde el afectado pueda presentar su impugnación ante la sanción impuesta o el procedimiento que deba aplicarse para materializar la garantía de la doble instancia, haciendo evidente que se trata de una situación que no ha sido prevista, en cuya circunstancia se presenta un vacío normativo que genera incertidumbre jurídica. En ese sentido, a pesar que la normativa procesal tiene la característica de establecer regulaciones de una manera general y no puede ingresar en la casuística y suponer a cabalidad las posibilidades que vayan a emerger de su aplicación, se debe considerar que la jurisdicción constitucional en su labor de intérprete de la Constitución Política del Estado ha identificado vacíos normativos en diversas áreas, aspectos que deben ser analizados vía interpretación de normas existentes o la ampliación de la misma aplicadas a situaciones análogas. Ante la falta de regulación, respecto a la posibilidad de impugnar la Resolución que determina el incumplimiento de medidas de protección y la consiguiente imposición de la sanción consistente en la detención preventiva, se debe recurrir al art. 251 del CPP; que regula una situación análoga, consistente en la posibilidad de impugnación de la privación de la libertad emergente de la detención preventiva como medida cautelar, que refiere que la Resolución que disponga las medidas cautelares, será apelable; entonces a fin de abordar el vació normativo corresponde ampliar la aplicación del art. 251 del CPP, y hacer extensiva el derecho a un recurso efectivo contra la Resolución que disponga la detención preventiva como resultado del incumplimiento de medidas de protección, pudiendo las mismas ser impugnadas mediante el recurso de apelación incidental, materializando así el derecho a la impugnación, como garantía procesal a la cual tienen acceso todos los sujetos que son parte de un proceso judicial, puesto que conforme lo manifestado en la naturaleza del derecho a la defensa y a la doble instancia no es posible restringir o privar al afectado, de un recurso efectivo cuando considere que sus derechos han sido vulnerados. Consiguientemente, en el marco del derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, es viable la aplicación del régimen de la apelación incidental prevista en el art. 251 CPP, contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen el incumplimiento a las medidas de protección, en el plazo y forma previsto en la citada norma. Los razonamientos precedentemente esgrimidos en torno al recurso de apelación incidental contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen el incumplimiento de medidas de protección, quedan reforzados en vista de la observancia del principio pro actione que constituye un parámetro de interpretación que enfatiza el deber de interpretar las normas procesales en el sentido más favorable a la aplicación de la normativa y el principio de prevalencia del derecho sustancial al derecho formal, que implica que el reconocimiento de la finalidad superior de la justicia, no puede resultar sacrificada por las consideraciones de forma, que no sean las estrictamente indispensables para resolver el fondo de los casos que se somete a la competencia del juez, puesto que el derecho formal o adjetivo establece la forma de la actividad jurisdiccional con la finalidad de la realización o eficacia de los derechos substanciales. Lo contrario implicaría una afectación no solo del derecho a un recurso, sino, el derecho a la defensa. Debiendo considerar que la aplicación de este entendimiento se genera de forma prospectiva al presente caso.
Al respecto, se pronunció la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, que señaló: “El entendimiento que asumió este Tribunal respecto a la revisión de la valoración de la prueba, tiene como antecedes a las SSCC 0129/2004-R de 28 de enero y 0873/2004-R de 8 de junio, en las cuales se establece que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, abrió la posibilidad que la justicia constitucional pueda realizar el control tutelar de constitucionalidad, cuando la autoridad hubiere omitido la valoración de la prueba o se hubiere apartado de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; ambos supuestos fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R de 2 de octubre. Posteriormente, la SC 0115/2007-R de 7 de marzo, sostiene que también era posible revisar la valoración de la prueba cuando la decisión de la autoridad se basó en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento. En ese marco, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, resume los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades: 1) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia: …se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente. En este entendido y de la precedente contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, debe considerarse que una de las principales funciones de la justicia constitucional es la tutela de derechos fundamentales y garantías constitucionales; en consecuencia, debe ser una premisa en esta su labor el garantizar un real acceso a la justicia constitucional.
A partir de lo señalado, esta Sala concluye que es posible efectuar la revisión de la valoración de la prueba, conforme a los siguientes criterios: i) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; ii) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: ii.a) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii.b) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, ii.c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; iii) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, iv) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales”.
El accionante a través de su representante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, y los principios de presunción de inocencia, de favorabilidad, in dubio pro reo, de legalidad, de verdad material, de objetividad, alegando una errónea valoración de la prueba; toda vez que, dentro del proceso de violencia familiar seguido en su contra, en audiencia pública la autoridad judicial demandada dispuso su detención preventiva por cuatro días en el Centro Penitenciario de San Antonio de Cochabamba, atribuyéndole el supuesto incumplimiento de las medidas de protección impuestas, a través de presuntos mensajes de amenazas contra una de las víctimas. De la compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se llega a evidenciar que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Juddy Carol de la Fuente Vargas y Karen Aracely García Vargas contra Diego Aníbal Salazar Suarez -hoy accionante-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del CP; la Fiscal de Materia mediante requerimiento fiscal de 7 de septiembre de 2022, dispuso las medidas de protección a favor de la víctima, establecidas en los numerales 4, 5 y 6 del art. 389 bis de la Ley 1173 (Conclusión II.1). Posteriormente, Juddy Carol de la Fuente Vargas, denunció ante la Fiscal de Materia, el incumplimiento de las medidas de protección impuestas (Conclusión II.2), aspecto que fue sustanciado ante la Jueza
-ahora demandada-, quien en audiencia emitió el Auto de 26 de octubre de 2022, ordenando la detención preventiva por el plazo de cuatros días a partir de su ejecución, en el Centro Penitenciario San Antonio del departamento de Cochabamba del ahora accionante, por incumplimiento a las medidas de protección, librando para el efecto, el respectivo mandamiento (Conclusión II.4.) En ese contexto, el impetrante de tutela denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso, básicamente en lo referido a la valoración de la prueba, puesto que la autoridad judicial le atribuyó con criterios subjetivos la responsabilidad del envío de mensajes de amenaza en contra de la referida víctima. A fin de ingresar al examen de fondo de la presenta causa por lesión al debido proceso vinculado con la libertad, de antecedentes se tiene que el Auto de 26 de octubre de 2022, ordenó la detención preventiva del imputado ahora accionante, restringiendo su derecho a la libertad de forma directa; asimismo, el hecho que la autoridad jurisdiccional no haya advertido al accionante la posibilidad de hacer uso del recurso de apelación, lo coloca en un estado de indefensión, presupuestos que habilitan el examen de fondo de la problemática planteada, extremo que amerita un especial pronunciamiento conforme a lo siguiente. Como se advirtió en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es evidente que la incorporación de las medidas de protección y las sanciones por su incumplimiento no previeron de forma expresa la forma en que el imputado podría ejercer el derecho a la impugnación contenido en el art. 180.II de la CPE contra la resolución que disponga su detención preventiva -se reitera- por incumplimiento a las medidas de protección; empero, esta omisión legislativa no puede obstruir la materialización de dicha garantía a través del recurso de apelación incidental previsto en el art. 251 del CPP, medio idóneo aplicable por extensión e interpretación jurisprudencial para hacer efectivo el acceso a un recurso eficaz; de ahí que, la exigencia de la interposición de dicho medio de defensa previo a la interposición de la acción de libertad, cobra efecto en forma prospectiva a la emisión del presente fallo, sin que sea reprochable al ahora accionante el no haber interpuesto dicho recurso, ni a la autoridad demandad el no haber advertido la impugnabilidad de dicha resolución, razón por la cual, en el presente caso, corresponde ingresar al examen de fondo. Ahora bien, la controversia se centra en el Auto de 26 de octubre de 2022, que el accionante acusa de vulnerador de su derecho a la libertad, relacionado con la lesión de la garantía de la presunción de inocencia y al debido proceso, principalmente por la errónea valoración de la prueba; en este entendido conforme se tiene del Fundamento Jurídico III.2 de este fallo, la justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: “ii.a) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii.b) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, ii.c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado en la argumentación”; en el caso en análisis corresponde inexcusablemente revisa el razonamiento probatorio expresado por el Juez ahora demandado, de ahí se tiene que el hecho atribuido al imputado fue que la emisión de mensajes de amenaza y amedrentamiento contra Juddy Carol de la Fuente Vargas, por medio de WhatsApp, al respecto, la autoridad jurisdiccional emitió la siguiente conclusión determinativa: “Que si bien el abogado del denunciado ha tratado de hacer ver como que no existiría una probabilidad de autoría de que él sea quien envía los mensajes la Juez va a estar en contraposición dado que su matrimonio que solo el señor conoce, hay datos que él conoce como ser con qué pareja actualmente está, conoce que la pareja de su ex esposa va al gimnasio, conoce como se viste y que ropa usa y el color de calza que se puso en día de la amenaza, tratando de hacer ver que serian otras terceras personas…” (sic); empero, la autoridad jurisdiccional no individualizó ni fundamentó qué medio probatorio material sustentó dicha conclusión determinativa. Como consecuencia de la otorgación de la tutela, es aplicable el art. 50 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que instituye el derecho del accionante a la reparación de daños y perjuicios, aspecto que deberá ser sometido al periodo de prueba al que se refiere la parte in fine del art. 39.I del citado Código. Por consiguiente, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 08/2022 de 28 de octubre, cursante de fs. 73 a 80, pronunciada por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada dejando sin efecto el Auto de 26 de octubre de 2022, disponiendo que la autoridad demandada emita una nueva resolución dentro de los cánones del debido proceso; salvo que por el transcurso del tiempo el proceso penal haya arribado a alguna de sus formas de conclusión. 2° Ordenar la notificación del Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, a fin que remita copia de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional a todos los Jueces y Tribunales del Estado Plurinacional de Bolivia, para su estricto cumplimiento. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0269_2025-S3.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): 69c3ad90ebb89421a4424ba1f565eb1335569fd8a43219f927fba1c266debe38
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