Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 9 de marzo de 2026
Deniega la tutela
La accionante alega la lesión de su derecho a la libertad y a la garantía del debido proceso; toda vez que: i) El Juez codemandado emitió el Auto Interlocutorio 158/2023, rechazando su solicitud de levantamiento de arraigo; no obstante, de forma ultra petita dispuso su detención domiciliaria con salida laboral, medida más restrictiva que la inicialmente dispuesta en el Auto Interlocutorio 368/2021; y, ii) El Vocal demandado, mediante Auto de Vista 001/2024 declaró improcedente las cuestiones planteadas y confirmó los fundamentos del Auto Interlocutorio 158/2023. Ante ello, el Juez codemandado, señaló que la detención domiciliaria con salida laboral se impuso a la accionante debido al incumplimiento de las medidas sustitutivas impuestas; además, su decisión ya fue revisada, llegando a ser confirmada por el Tribunal de alzada. A su turno, Sussel Natividad Márquez Moreno, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz manifiesta que el Vocal demandado ya no ejerce funciones, por lo que carece de legitimación pasiva; asimismo, sostuvo que los actos cuestionados fueron resueltos en posteriores resoluciones judiciales. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2026 de 16 de enero, cursante de fs. 60 a 61 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Octavo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0268/2026-S2 Sucre, 9 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 80912-2026-162-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 01/2026 de 16 de enero, cursante de fs. 60 a 61 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por María Guennadievna Postnikova contra Félix Orlando Rojas Alcón, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y Jaime Arteaga Balderrama, Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Vigésimo de la Capital del mismo departamento.
Por memorial presentado el 14 de enero de 2026, cursante a fs. 1, 15 a 17, la accionante manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra a instancia del Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, por el supuesto delito de violencia familiar o doméstica, el Juez Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de La Paz emitió el Auto Interlocutorio 368/2021 de 13 de mayo, mediante el cual dispuso la aplicación de medidas cautelares personales menos gravosas; entre ellas, el mandamiento de arraigo, la presentación de un garante solvente y la prohibición de acercamiento o comunicación con las víctimas menores de edad. Posteriormente, con la finalidad de realizar un viaje fuera del país por razones de trabajo, solicitó el levantamiento temporal de la medida cautelar de arraigo; sin embargo, por Auto Interlocutorio 158/2023 de 5 de junio, Jaime Arteaga Balderrama, Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Vigésimo de la Capital del departamento de La Paz -hoy codemandado-, declaró improcedente dicha solicitud y, de forma ultra petita, dispuso su detención domiciliaria con salida laboral, medida más gravosa que la originalmente determinada. Contra el citado Auto Interlocutorio, interpuso recurso de apelación incidental, alegando falta de fundamentación y proporcionalidad en la imposición de una medida más restrictiva a su libertad; además, sostuvo que la audiencia se llevó a cabo cuando el viaje ya se habría efectuado -a Montevideo-, considerándose su pretensión de forma extemporánea. Como resultado, Félix Orlando Rojas Alcón, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -demandado-, emitió el Auto de Vista 001/2024 de 3 de enero, estableciendo que: “…no consideró lo arbitrario e incoherente emergente de una solicitud de desarraigo temporal para permiso de viaje, por lo que no se valoró la detención domiciliaria indebida e ilegalmente impuesta a mi persona y así no se dieron el tiempo de considerar y revocar la misma, que se me habría impuesto en la audiencia apelada, en la que me niega el desarraigo para realizar el viaje y me impone una detención domiciliaria, que nace de su inventiva, por lo cual se entiende que la instancia queda extinguida ante el tribunal competente, a momento de ratificar de manera tacita…” (sic); en consecuencia, declaró improcedente el recurso de apelación incidental; confirmando el Auto Interlocutorio 158/2023.
Denuncia la lesión de su derecho a la libertad y a la garantía del debido proceso; citando al efecto el art. 116 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada, ordenando que el Juez codemandado restablezca su derecho fundamental a la libertad, disponiendo el levantamiento de la detención domiciliaria con salida laboral.
Celebrada la audiencia virtual el 16 de enero de 2026, según consta en el acta cursante de fs. 57 a 59, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso su acción de libertad y, ampliando en audiencia, señaló que las autoridades demandadas no explicaron las razones por las cuales ordenaron su detención domiciliaria con salida laboral, pues “…el juzgador se confundió por lo extenso del caso; o sea son 9 o 10 cuerpos en total, y existen dentro del caso por el cual los hijos de la patrocinada han logrado mediante alienación paterna la detención domiciliaria…” (sic).
Sussel Natividad Márquez Moreno, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe cursante de fs. 53 a 54, señaló que Félix Orlando Rojas Alcon -demandado-, ya no funge como Vocal de la Sala; de modo que, no tiene la legitimación pasiva para ser demandado. En ese antecedente, solicitó se deniegue la tutela impetrada, manifestando que el Auto de Vista 001/2024 no causa estado, toda vez que existe una nueva disposición judicial que debe ser cumplida por la impetrante de tutela; por ende, no cumplió con los requisitos para interponer la presente acción tutelar, máxime cuando tampoco señala el derecho o garantía constitucional que se hubiese vulnerado a raíz de la emisión de dicho Auto de Vista. Por su parte, Jaime Arteaga Balderrama, Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Vigésimo de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia, solicito se deniegue la tutela, manifestando lo siguiente: a) No existió procesamiento indebido ni detención ilegal en la medida en que la accionante estaba sometida a la jurisdicción de autoridad competente desde la etapa preparatoria de la investigación, sin que haya sido recluida en un centro penitenciario; por ende, la presente acción de libertad no se adecua a lo previsto por el art. 125 de la CPE; b) El Auto Interlocutorio 158/2023 modificó las medidas cautelares; dado que, se incumplió las disposiciones establecidas en el Auto Interlocutorio 368/2021, circunstancia previamente advertida por el Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, instancias que inclusive solicitaron la revocatoria de las medidas impuestas y la consiguiente aplicación de la detención preventiva; c) La peticionante de tutela no cumplió con la presentación del garante o la fianza, ni con la verificación de la detención domiciliaria correspondiente; pese a ello, no se dispuso su detención preventiva; d) El Auto Interlocutorio 158/2023 fue apelada de manera incidental, dando como resultado el Auto de Vista 001/2024, que confirmó la determinación en primera instancia; asimismo, de la revisión del cuaderno procesal, se evidencia que la accionante realizó diversas solicitudes de modificación y revocatoria de medidas cautelares; de las cuales existen varias resoluciones durante el desarrollo del proceso; y, e) La Resolución ahora cuestionada fue emitida conforme a lo previsto en los arts. 235 ter y 250 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que facultan a la autoridad judicial a modificar o revocar medidas cautelares cuando concurren los presupuestos para ello; asimismo, se sustenta en lo dispuesto por el art. 60 de la CPE, en función a la prueba presentada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.
El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Octavo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 01/2026 de 16 de enero, cursante de fs. 60 a 61 vta., denegó la tutela solicitada, con base a los siguientes fundamentos: 1) Desde que se emitió el Auto Interlocutorio 368/2021, mediante el cual se impuso las medidas cautelares, han transcurrido más de cuatro años; asimismo, también se emitió el Auto de Vista 001/2024, que confirmó la decisión en primera instancia hace aproximadamente dos años; durante ese tiempo, la accionante presentó distintas solicitudes de modificación de medidas cautelares, ratificadas en instancia de apelación; 2) La acción de libertad carece de fundamentación suficiente, pues no precisa que derechos o garantías constitucionales fueron vulnerados, ni identifica agravios específicos que sean atribuibles a las autoridades demandadas, limitándose a realizar alegaciones genéricas; 3) La presente acción tutelar se dirige contra una ex autoridad y no contra los actuales Vocales de la Sala Penal Tercera, quienes pueden revisar o corregir la supuesta vulneración alegada, constatando así una falta de legitimación pasiva; asimisimo, el Juez codemandado carece de legitimación pasiva, máxime cuando el Auto Interlocutorio cuestionado fue objeto de apelación incidental; y, 4) Al haber transcurrido más de dos años desde que fue emitido el Auto de Vista 001/2024, se entiende que la impetrante de tutela aceptó lo determinado por el Juez codemandado; de modo que, existe incongruencia en los aspectos planteados dentro la acción de libertad; más aún, cuando presentó otras solicitudes igualmente ratificadas por el Tribunal de alzada, por lo que no corresponde retrotraer actuaciones ni revisar resoluciones firmes ante la inexistencia de vulneración concreta de derechos fundamentales.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-01/2022 de 4 de febrero, se dispuso la priorización en el sorteo de casos relativos a violencia feminicida; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa (fs. 64 a 69).
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto Interlocutorio 158/2023 de 5 de junio, Jaime Arteaga Balderrama, Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Vigésimo de la Capital del departamento de La Paz -codemandado- dispuso la detención domiciliaria con salida laboral contra María Guennadievna Postnikova -ahora accionante-, rechazando su solicitud de levantamiento de arraigo (fs. 5 a 7). II.2. Por Auto de Vista 001/2024 de 3 de enero, Félix Orlando Rojas Alcón, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -demandado- confirmó el Auto Interlocutorio 158/2023; en consecuencia, declaró improcedente el recurso de apelación incidental planteado por la impetrante de tutela (fs. 9 a 10).
II.3. Cursa Auto Interlocutorio 254/2025 de 10 de septiembre, emitido por la autoridad codemandada, mediante el cual declaró infundado e improcedente la solicitud de modificación de medida cautelar y el levantamiento de arraigo requerido por la peticionante de tutela (fs. 45 a 48). II.4. A través de memorial presentado el 16 de septiembre de 2025, la accionante solicitó la aplicación de una medida sustitutiva a la detención “preventiva” y el levantamiento de arraigo (fs. 22 a 26); la cual mereció el Auto Interlocutorio 289/2025 de 30 de septiembre, donde la autoridad codemandada rechazó dicha solicitud, y mantuvo la medida cautelar de detención domiciliaria con salida laboral (fs. 28 a 32); dicha determinación fue recurrida en grado de apelación, que dio como resultado el Auto de Vista 974/2025 de 10 de octubre, emitido por Regina Santa Cruz Silva, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia, mediante el cual dispuso dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 289/2025 y ordenó a la autoridad codemandada emita una nueva resolución, sin que ello perjudique el desarrollo del juicio oral (fs. 33 a 35).
La accionante alega la lesión de su derecho a la libertad y a la garantía del debido proceso; toda vez que: i) El Juez codemandado emitió el Auto Interlocutorio 158/2023, rechazando su solicitud de levantamiento de arraigo; no obstante, de forma ultra petita dispuso su detención domiciliaria con salida laboral, medida más restrictiva que la inicialmente dispuesta en el Auto Interlocutorio 368/2021; y, ii) El Vocal demandado, mediante Auto de Vista 001/2024 declaró improcedente las cuestiones planteadas y confirmó los fundamentos del Auto Interlocutorio 158/2023. Ante ello, el Juez codemandado, señaló que la detención domiciliaria con salida laboral se impuso a la accionante debido al incumplimiento de las medidas sustitutivas impuestas; además, su decisión ya fue revisada, llegando a ser confirmada por el Tribunal de alzada. A su turno, Sussel Natividad Márquez Moreno, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz manifiesta que el Vocal demandado ya no ejerce funciones, por lo que carece de legitimación pasiva; asimismo, sostuvo que los actos cuestionados fueron resueltos en posteriores resoluciones judiciales. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Con relación a este fundamento, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, sostuvo lo siguiente: “Tercer supuesto: Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar. En lo atinente a este tercer supuesto, este entendimiento significa una modulación al asumido en la SC 0010/2007-R de 8 de enero, cuando manifestó que: “una vez pronunciada la resolución de apelación en contra de un auto de medidas cautelares, el justiciable se encuentra habilitado para acudir a la jurisdicción constitucional”, dado que ahora, dicho razonamiento se complementa con el hecho de que el agraviado, debe activar inmediatamente la acción libertad, empero, si en lugar de hacerlo, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, como se tiene explicado precedentemente, en virtud al principio de lealtad procesal y de equilibrio, ya no puede acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la resolución de apelación” (Las negrillas nos corresponden).
Delimitado el ámbito de análisis, previamente corresponde señalar que, si bien la accionante sostiene que el Juez codemandado emitió el Auto Interlocutorio 158/2023 de 5 de junio, disponiendo la detención domiciliaria con salida laboral -medida más restrictiva que la inicialmente impuesta por Auto Interlocutorio 368/2021 de 13 de mayo-, dicho agravio fue oportunamente impugnado mediante apelación incidental; en efecto, este recurso fue resuelto por el Vocal demandado, a través del Auto de Vista 001/2024 de 3 de enero (Conclusiones II.1 y II.2). En ese sentido, el Auto de Vista 001/2024, al haber confirmado la detención domiciliaria con salida laboral y, en consecuencia, denegado el levantamiento del arraigo, constituye la decisión de cierre en la jurisdicción ordinaria respecto de dicha determinación; por consiguiente, en lo que respecta al Juez codemandado, corresponde denegar la tutela, toda vez que el análisis en la presente acción se circunscribirá a la última resolución emitida, esto es, el Auto de Vista 001/2024. Aclarado lo anterior, si bien el Auto de Vista 001/2024 confirmó las medidas cuestionadas, la situación jurídica de la impetrante de tutela no quedó estática ni consolidada; toda vez que, posteriormente, promovió nuevas solicitudes de modificación de medidas cautelares, concretamente el levantamiento de la detención domiciliaria con salida laboral y del arraigo; como resultado de dichas solicitudes, se dictaron nuevas resoluciones; así, se tiene el Auto Interlocutorio 254/2025 de 10 de septiembre, que declaró infundada e improcedente la solicitud de levantamiento del arraigo y mantuvo la detención domiciliaria con salida laboral (Conclusión II.3); asimismo, ante una nueva solicitud de similar naturaleza, el Auto Interlocutorio 289/2025 de 30 de septiembre rechazó el levantamiento de ambas medidas, decisión que fue apelada, dando lugar al Auto de Vista 974/2025 de 10 de octubre, que dejó sin efecto la resolución recurrida y ordenó la emisión de una nueva (Conclusión II.4). De esta secuencia procesal se advierte que la situación cautelar de la accionante continúa siendo objeto de revisión y control en la jurisdicción ordinaria, sin encontrarse definida; de modo que la peticionante de tutela pretende que la justicia constitucional retrotraiga el análisis hasta el Auto de Vista 001/2024, soslayando las actuaciones posteriores -orientadas al levantamiento del arraigo y de la detención domiciliaria- que han venido redefiniendo su situación jurídica; sin embargo, conforme al Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, si consideraba que el citado Auto de Vista resultaba lesivo a sus derechos, la accionante debió activar de manera oportuna la acción de libertad; por el contrario, optó por promover nuevas solicitudes ante la jurisdicción ordinaria, procurando una reconsideración de las medidas cautelares impuestas en su contra. En ese marco, este Tribunal se encuentra impedido de ingresar al análisis de fondo de lo cuestionado, pues lo contrario implicaría generar disfunciones procesales y el riesgo de emitir decisiones contradictorias frente a actuaciones aún en trámite o revisión; a ello se suma que la presente acción tutelar fue interpuesta aproximadamente tres años después de la emisión del Auto de Vista cuestionado, lapso durante el cual la impetrante de tutela promovió reiteradas solicitudes de modificación de medidas cautelares, lo cual hace evidente que ahora pretenda cuestionar una resolución que ha sido procesalmente superada. No obstante, ello no exime a la jurisdicción ordinaria de su obligación de motivar debidamente sus decisiones, garantizar los derechos fundamentales y resolver con la debida celeridad las solicitudes planteadas; sin perjuicio de ello, tales aspectos no enervan la conclusión previamente expuesta, por lo que corresponde denegar la tutela solicitada.
En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2026 de 16 de enero, cursante de fs. 60 a 61 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Octavo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0268_2026-S2.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): f520694a23f3c49574ba1d08cc38723552eed386f94dd84cac97e33638bcf53a
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