Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 17 de abril de 2023
Concede en parte la tutela
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, al trabajo, a la seguridad social, a la maternidad segura y a la inamovilidad laboral; puesto que, su empleador el Consejo de la Magistratura, a pesar de conocer su estado de embarazo y consiguiente nacimiento de su hija menor de edad a un año, cometió los siguientes hechos vulneradores: a) Le entregó el Memorando CM -DIR.NAL.RR.HH. - 747/2021 de 2 de agosto, de agradecimiento de servicios, contra el que solicitó su revocatoria; empero, no recibió pronunciamiento alguno a más del ofrecimiento de cambiarle a la Representación del Consejo de la Magistratura Distrital La Paz, con la promesa de mantenerle en el mismo nivel salarial; por lo que, pasó medio mes sin percibir salario alguno hasta su cambio; b) Mediante Memorando CM -DIR.NAL.RR.HH. - 830/2021 de 16 de agosto, le cambiaron el cargo a uno con sede en la ciudad de La Paz y le rebajaron su nivel salarial -faltando a su compromiso de mantenerle el nivel salarial-; y, c) Por segunda vez, le entregaron otro Memorando CM-DIR.NAL.RR.HH. -173/2022 de 28 de enero, de agradecimiento de servicios, contra la cual presentó solicitud para que se deje sin efecto dicho Memorando; puesto que, contaba con inamovilidad laboral, sin tener respuesta al respecto. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR la Resolución 034/2022 de 16 de marzo, cursante de fs. 114 a 118 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en todo, la tutela solicitada, respecto a Marvin Arsenio Molina Casanova, Mirtha Gaby Meneses Gómez, Omar Michel Duran, Consejeros del Consejo de la Magistratura, en cuyo mérito dispone la reincorporación laboral de la accionante en las condiciones laborales que fue designada primigeniamente, manteniendo su nivel salarial y la ubicación del puesto de trabajo, en caso de no ser posible este último aspecto en la ciudad de La Paz, en otro de similares características sin afectar su nivel salarial, así como el pago de sus sueldos devengados y la restitución de todos sus derechos que le corresponde en protección de la garantía de la inamovilidad laboral, por el tiempo que comprende dicha garantía, conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos y justificaciones del presente fallo constitucional.
2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto a Manuel Limbert Rojas Cavero, Director Nacional de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura.
3° Se exhorta al Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social para que en coordinación con el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional generen políticas públicas de protección de las mujeres en estado de embarazo y progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad, en el marco de la garantía de la inamovilidad laboral que incluye a funcionarios provisorios, a través de actos de comunicación administrativa a instituciones públicas y privadas, para cuyo efecto procédase a la notificación de éstas entidades, con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 4° Se impone al Consejo de la Magistratura, la obligación de informar a ésta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, que resolvió la presente acción tutelar, sobre el cumplimiento de ésta Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0268/2023-S3 Sucre, 17 de abril de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 46958-2022-94-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 034/2022 de 16 de marzo, cursante de fs. 114 a 118 vta. pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Yoselin Mireya Peralta Rojas contra Marvin Arsenio Molina Casanova, Mirtha Gaby Meneses Gómez, Omar Michel Durán, Consejeros y Manuel Limbert Rojas Cavero, Director Nacional de Recursos Humanos (RR.HH.), todos del Consejo de la Magistratura.
La accionante por memoriales presentados el 18 de febrero y 3 de marzo de 2022, cursantes de fs. 66 a 77 y 79 a 88 vta., manifestó lo siguiente:
El 22 de junio de 2021, fue designada en el cargo de Técnico I, Secretaria con el Ítem 6304 y con salario de Bs5 689.- (cinco mil seiscientos ochenta y nueve bolivianos), en el Consejo de la Magistratura con sede en Sucre; posteriormente el 29 de julio de igual año, adjuntando certificado médico de la Caja Nacional de Salud (CNS), hizo conocer de su estado de embarazo a dicha institución. El 2 de agosto de 2021, fue sorprendida con el Memorando CM-DIR.NAL.RR.HH. - 747/2021 de la misma fecha, de agradecimiento de servicios. Contra el mencionado Memorando, hizo una representación por vulnerar su garantía de inamovilidad laboral, sin embargo “…no recibí ningún pronunciamiento por parte de las autoridades ahora accionadas respecto a mi solicitud de revocatoria, pese a que fui todos los días a solicitar una respuesta a mi nota” (sic). El 12 de agosto del citado año, le informaron que le cambiarían de distrito sin afectarle su nivel salarial, requiriendo que realice sus trámites de baja en la CNS; ofrecimiento al que accedió por el estado de embarazo en el que se encontraba; puesto que, recibiría las prestaciones en salud que requería y al ser oriunda de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, se trasladó a la misma. El 16 de agosto de 2021, remitieron de la ciudad de Sucre el Memorando CM-DIR.NAL.RR.HH. - 830/2021 de 16 de agosto, refiriendo que mantenían el Ítem 1917; empero, con una rebaja en el nivel salarial y cargo, designándola como Técnico IV-Técnico de Control de Personal con un salario de Bs4 276.-(cuatro mil doscientos setenta y seis bolivianos), notificándola con el mencionado memorando el 19 de agosto de 2021; por lo que pasó medio mes, sin recibir salario alguno, vulnerando su garantía de inamovilidad laboral. Por temor a que se repita el atropello del agradecimiento de servicios, presentó nuevamente todos los documentos que conciernen a su inamovilidad laboral; asimismo, cuando correspondió presentó su baja emitida por la CNS, de incapacidad temporal pre natal y post natal y su Nota de solicitud de horario de lactancia adjuntando el certificado de nacimiento de su hija. A pesar del conocimiento del Director Nacional de RR.HH. del Consejo de la Magistratura, que su persona se encontraba gozando de la garantía de la inamovilidad laboral por tener una hija menor a un año de edad, fue sorprendida nuevamente el 1 de febrero de 2022, con otro memorando de agradecimiento de servicios signado como Memorando CM-DIR.NAL.RR.HH. - 173/2022 de 28 de enero, siendo esta, la segunda oportunidad que vulneran su garantía constitucional por las mismas circunstancias. Hizo la representación del citado memorando; empero, no recibió respuesta alguna hasta la fecha.
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, al trabajo, a la seguridad social, a la maternidad segura y a la inamovilidad laboral; citando al efecto los arts. 45.I y V, 46.I, 48.VI de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia: a) Se deje sin efecto el Memorando CM-DIR.NAL.RR.HH. - 173/2022 de 28 de enero, por afectar la garantía de inamovilidad laboral; b) Le restituyan a su fuente laboral al cargo Técnico I en el Consejo de la Magistratura del Distrito de La Paz, en caso de no existir dicho cargo, a un cargo que conlleve una situación favorable sin afectar su nivel salarial, el pago de sus salarios devengados y derechos sociales devengados, así como el pago de los aportes a la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP), el seguro social y demás derechos sociales; c) El pago de veinte días de salario interrumpidos por el cambio de distrito y la demora del Consejo de la Magistratura en la emisión del memorando respectivo, sin que exista ninguna disminución salarial; y, d) Pago de todos los subsidios de pos natalidad.
Celebrada la audiencia virtual el 16 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 111 a 113 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.
Marvin Arsenio Molina Casanova, Mirtha Gaby Meneses Gómez, y Omar Michel Durán, Consejeros del Consejo de la Magistratura, representados legalmente por Carminia Alejandra Martínez Cusicanqui, Nayda Daniela Mena Alcón y Ezequiel Abdias Villca Guerra, mediante informe presentado el 16 de marzo de 2022, cursante de fs. 108 a 110 vta., manifestaron que: 1) La accionante no agotó los recursos administrativos en el Consejo de la Magistratura; puesto que, solo presentó el recurso de revocatoria para que se considere su situación de inamovilidad laboral, debió formular el recurso jerárquico, conforme previene el Reglamento de Procedimiento Administrativo para la Sustanciación de los Recursos de Revocatoria y Jerárquico en los Entes del Órgano Judicial, aprobado mediante Acuerdo 042/2018 de 10 de mayo; empero, no lo hizo; 2) La designación de Técnico IV, Técnico de Control de Personal - Representación del Consejo de la Magistratura Distrital La Paz, en favor de la accionante, es provisional, transitoria como el de todos los funcionarios públicos del Consejo de la Magistratura; puesto que así lo establece el memorando de designación; es decir, en el marco de la Ley 040 de 1 de septiembre de 2010, en su art. 2 modificó el art. 3.I de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010; y, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional; por lo que no puede acogerse a los derechos previstos para los funcionarios de carrera, cuyo ingreso mediante convocatoria pública y concurso de méritos, es en esa calidad que se le agradeció los servicios de la accionante, sin que se haya vulnerado sus derechos; y, 3) Entonces la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional estableció que por la transitoriedad de los cargos, los servidores jurisdiccionales, administrativos y de apoyo del Órgano Judicial no gozan de inamovilidad y estabilidad laboral, incluso en situación de embarazo, como en el presente caso la designación de la accionante fue provisional y transitorio; por lo que, no le alcanza la protección constitucional que alega. Por lo expuesto, solicitan que se deniegue la tutela.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 034/2022 de 16 de marzo, cursante de fs. 114 a 118 vta., concedió en parte la tutela solicitada en relación a la garantía de la inamovilidad laboral y al Memorando CM-DIR.NAL.RR.HH. - 173/2022 de 28 de enero; y denegó la tutela en relación a los dos primeros actos, el Memorando CM-DIR.NAL.RR.HH. - 747/2021 de 2 de agosto y Memorando CM-DIR.NAL.RR.HH. - 830/2021 de 16 de agosto, por haber advertido esa Sala Constitucional un acto consentido; asimismo, denegó la tutela con relación a Manuel Limbert Rojas Cavero, Director Nacional de RR.HH. del Consejo de la Magistratura; puesto que, carece de legitimación pasiva, así como sin lugar a considerar la estabilidad laboral. Decisión que fue asumida bajo los siguientes fundamentos: i) Con relación a la primera desvinculación laboral mediante Memorando CM-DIR.NAL.RR.HH. - 747/2021 y el cambio de cargo a uno inferior en la ciudad de La Paz, con rebaja de salario mediante Memorando CM-DIR.NAL.RR.HH. - 830/2021, con el que, la accionante fue notificada el 19 de agosto de 2021, la misma estuvo cumpliendo funciones por el resto de la gestión 2021, sin haber cuestionado, reclamado o representado dichos aspectos y “…de lo expresado en la Acción de Amparo Constitucional por razones de necesidad la hoy accionante se ha constituido a cumplir tales funciones, pero independientemente de esas razones ésta Sala entiende que la misma contaba con la facultad de efectuar la reclamación respectiva…” (sic), llevando a concluir a esa Sala Constitucional que la accionante consintió la decisión asumida en el Memorando CM-DIR.NAL.RR.HH. - 830/2021, sometiéndose a las nuevas reglas impuestas por el Consejo de la Magistratura e incurriendo en la causal de improcedencia conocida como actos consentidos, impidiendo su pronunciamiento por la jurisdicción constitucional; ii) Con relación al Memorando CM-DIR.NAL.RR.HH. - 747/2021, esa Sala Constitucional entiende que al haberse emitido el Memorando CM-DIR.NAL.RR.HH. - 830/2021, con diferente cargo y salario rebajado, ha operado la sustracción de materia u objeto procesal; por lo que, no puede pronunciarse al respecto; iii) Con relación al Memorando CM-DIR.NAL.RR.HH. - 173/2022, en principio es preciso concluir que cuando se denuncia la vulneración a la garantía de inamovilidad laboral, que involucra al interés superior del niño, opera la excepción a la subsidiariedad; iv) La transitoriedad de todos los cargos del Órgano Judicial, declarada por disposición legal, está referida de manera exclusiva a los altos cargos del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Vocales de los Tribunales Departamentales de Justicia, en consecuencia era facultad de estas entidades proceder a la contratación de personal de manera provisional; sin embargo, existía un presupuesto que estableció la norma, que se cumplió con la primera designación de los Magistrados de 2012, por lo que este argumento no tiene mérito para desestimar la tutela de la accionante; v) Para el 28 de enero de 2022, de emisión del Memorando CM-DIR.NAL.RR.HH. - 173/2022 y notificación a la accionante el 1 de febrero de ese año, se generó un desconocimiento de la garantía de la inamovilidad laboral de la accionante, con ello los derechos al trabajo, a gozar de una maternidad segura y el acceso a la seguridad social, por los Consejeros de la ahora accionados, a pesar de tener conocimiento de las circunstancias de la inamovilidad laboral de la accionante, al haberse representado dicho Memorando, desconociendo por consiguiente el interés superior del niño, niña y adolescente que le asiste a la hija de la nombrada; y, vi) El acto que debe reencausarse es el Memorando CM-DIR.NAL.RR.HH. -173/2022, debiendo disponerse la reincorporación laboral de la accionante en el cargo de Técnico IV, Técnico de Control de Personal y/o en otro cargo de similar naturaleza con la misma percepción salarial al momento de la desvinculación laboral, la restitución de sus haberes, a la seguridad social, pago de sus subsidios post natal. En la vía de complementación y enmienda, la accionante a través de su bogado, solicitó a la Sala Constitucional que complementen cual es la interpretación constitucional que se otorga al carácter irrenunciable de los derechos laborales y la nulidad de pleno derecho de los actos consentidos con relación a los memorandos de agradecimiento de servicio y el cambio de lugar de trabajo con la rebaja del nivel salarial. En mérito a la solicitud de complementación, la Sala Constitucional Tercera de Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, manifestó que se ratifica en la determinación asumida en el entendido que ante la modificación en el cargo y la rebaja salarial la accionante se sometió a las nuevas reglas que le impuso el Consejo de la Magistratura y en la esfera del derecho Constitucional establecieron a la doctrina de los actos consentidos como causal de improcedencia de la acción de amparo constitucional; por lo que, no ha lugar a la solicitud de complementación.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Memorando CM-DIR.NAL.RR.HH. - 680/2021 de 22 de junio, Yoselin Mireya Peralta Rojas -hoy accionante-, fue designada como Técnico I, Secretaria, Ítem 6304, con un haber mensual de Bs5 689 -mediante una asignación provisional de funciones- en el Consejo de la Magistratura, emitido por Juan Luis Miranda Velásquez, Director Nacional de RR.HH. del Consejo de la Magistratura (fs. 2). II.2. Cursa Certificado Médico de 29 de julio de 2021, emitido por Marubeny Valda López, Especialista en Medicina Familiar, el cual refiere que la accionante dependiente del Consejo de la Magistratura, se encontraba embarazada, con una gestación de diecinueve semanas, con controles prenatales iniciales; estado que puso en conocimiento del Director de RR.HH. del Consejo de la Magistratura, a través de Nota de 29 de julio de 2021, adjuntando el citado Certificado Médico, dicha Nota que fue recepcionada en la misma fecha por la Dirección Nacional de RR.HH. del Consejo de la Magistratura (fs. 3 a 4).
emitido por Manuel Limbert Rojas Cavero, Director Nacional de RR.HH. del Consejo de la Magistratura a.i. -ahora coaccionado-, mediante el cual agradeció a la accionante por los servicios al cargo de Técnico I, Secretaria del Consejo de la Magistratura, siendo que el 2 de agosto de 2021, concluiría la relación laboral de la nombrada con la institución, instruyéndola presentar su informe final de actividades desempeñadas y declaración jurada de bienes y rentas ante la Contraloría General del Estado (fs. 8); contra dicho Memorando, la accionante mediante Nota de la misma fecha, presentó solicitud de revocatoria, alegando que hizo conocer su estado de embarazo con gestación de diecinueve semanas -Nota de 29 de julio de 2021-, solicitando respuesta favorable (fs. 9). II.4. A través de Memorando CM-DIR.NAL.RR.HH. - 830/2021 de 16 de agosto, emitido por el Director hoy coaccionado, la accionante fue designada como Técnico IV, Técnico de Control de Personal, con Ítem 1917, con un haber mensual de Bs4 276.-, -mediante una asignación provisional de funciones- a la Representación del Consejo de la Magistratura Distrital La Paz; con recepción de 19 de agosto de 2021, por la accionante (fs. 12).
Arraya, Encargado de RR.HH. de la Representación del Consejo de la Magistratura Distrital La Paz, la accionante pidió se considere la inamovilidad alegando que es funcionaria pública del Consejo de la Magistratura, cambiada recientemente del distrito de Sucre a La Paz y que cuenta con veintitrés semanas de gestación, con recepción de la misma fecha por RR.HH. de la Representación del Consejo de la Magistratura Distrital La Paz (fs. 13). II.6. Cursa Certificado de Nacimiento expedido por la Oficialía 20105021, Libro
LIBN-16, Partida 89, Folio 89 de 5 de enero de 2022, de la ciudad de El Alto, del departamento de La Paz, por el que se acredita el nacimiento de la menor de edad AA, el 11 de diciembre de 2021, registrada como madre a la accionante y Jorge Andrés Pérez Carranza como padre (fs. 22).
Magistratura Distrital La Paz, la accionante solicitó horario de lactancia, con recepción de la misma fecha por RR.HH. del Consejo de la Magistratura de la referida Distrital (fs. 21). II.8. A través de Memorando CM-DIR.NAL.RR.HH. - 173/2022 de 28 de enero, emitido por el Director ahora coaccionado, mediante el cual agradeció a la accionante por los servicios al cargo de Técnico IV, Técnico de Control de Personal del Consejo de la Magistratura; por lo que, a partir del 1 de febrero de 2022, concluiría la relación laboral de la nombrada con la institución, ordenándola presentar su informe final de actividades desempeñadas y declaración jurada de bienes y rentas ante la Contraloría General del Estado, (fs. 23); contra dicho acto, mediante Nota de 2 de febrero de 2022, la accionante formuló representación del Memorando CM -DIR.NAL.RR.HH. - 173/2022, solicitando se deje sin efecto el mismo; ya que goza de la garantía de inamovilidad laboral, por tener una hija menor de edad a un año, el cual fue recepcionado en la misma fecha por RR.HH. de la Representación del Consejo de la Magistratura Distrital La Paz (fs. 24 y vta.).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, al trabajo, a la seguridad social, a la maternidad segura y a la inamovilidad laboral; puesto que, su empleador el Consejo de la Magistratura, a pesar de conocer su estado de embarazo y consiguiente nacimiento de su hija menor de edad a un año, cometió los siguientes hechos vulneradores: a) Le entregó el Memorando CM -DIR.NAL.RR.HH. - 747/2021 de 2 de agosto, de agradecimiento de servicios, contra el que solicitó su revocatoria; empero, no recibió pronunciamiento alguno a más del ofrecimiento de cambiarle a la Representación del Consejo de la Magistratura Distrital La Paz, con la promesa de mantenerle en el mismo nivel salarial; por lo que, pasó medio mes sin percibir salario alguno hasta su cambio; b) Mediante Memorando CM -DIR.NAL.RR.HH. - 830/2021 de 16 de agosto, le cambiaron el cargo a uno con sede en la ciudad de La Paz y le rebajaron su nivel salarial -faltando a su compromiso de mantenerle el nivel salarial-; y, c) Por segunda vez, le entregaron otro Memorando CM-DIR.NAL.RR.HH. -173/2022 de 28 de enero, de agradecimiento de servicios, contra la cual presentó solicitud para que se deje sin efecto dicho Memorando; puesto que, contaba con inamovilidad laboral, sin tener respuesta al respecto. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La Constitución Política del Estado vigente, consagra la garantía de la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo y progenitores, hasta un año de edad de los hijos, disponiendo en forma expresa por el art. 48.VI “Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad” (las negrillas son nuestras). Concerniente a esta materia, el Decreto Supremo (DS) 0012 de 19 de febrero de 2009, reglamentó las condiciones de esta garantía constitucional en favor de madres o progenitores que trabajen en el sector público o privado, precisando que los beneficiarios de ésta garantía, no pueden ser despedidos, ni afectados en su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo. Sin embargo, esta garantía tiene como antecedente la labor interpretativa y protectora de los derechos del extinto Tribunal Constitucional a través de sus diferentes fallos constitucionales, cuyos razonamientos son vinculantes en tanto no contradigan los postulados de la Constitución Política del Estado vigente y fueron recogidos y sistematizados por la jurisprudencia del actual Tribunal Constitucional Plurinacional, consolidando el régimen reforzado de protección por la garantía de inamovilidad laboral en favor de mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo. En esa comprensión, en un caso de despido injustificado de una dependiente laboral que se encontraba en estado de embarazo, el Tribunal Constitucional razonó que el derecho que se debe proteger no es solo el derecho al trabajo, sino otros derechos primarios de la accionante y el ser en gestación, quienes necesitan protección urgente e inmediata; el retiro intempestivo de la mujer gestante, también importa la supresión del derecho a la seguridad social, que a su vez resguarda y garantiza el derecho a la salud, consiguientemente colocan en riesgo el primer derecho, a la vida. Efectuando una interpretación sistemática y teleológica del art. 1 de la Ley 975 de 2 de marzo de 1988, que a la letra prescribe: “Toda mujer en periodo de gestación hasta un año de nacimiento del hijo, gozará de inamovilidad en su puesto de trabajo en Instituciones públicas o privadas” (las negrillas son nuestras), el anterior Tribunal Constitucional estableció que la protección a la mujer embarazada abarca a las empleadas del sector privado sujetas a la Ley General del Trabajo como a las servidoras públicas, sin exclusión, alcanza a las mujeres trabajadoras o empleadas con contratos indefinidos, contratos a plazo fijo, como a trabajadoras o funcionarias eventuales, porque la finalidad de la norma es la protección de la maternidad por parte del Estado y no se admite distinción alguna entre trabajadoras del sector público o privado, ni respecto a la naturaleza de los contratos a los que están sujetas; es decir, una protección que no reconoce condicionamiento. Complementando el alcance de esta garantía la jurisprudencia constitucional señaló que la finalidad de la inamovilidad laboral, es otorgar a la mujer embarazada o madre de familia con un hijo menor a un año de edad, estabilidad no sólo económica sino también la consiguiente atención médica y emocional; un despido injustificado de la mujer trabajadora de su fuente laboral, indudablemente genera zozobra, incertidumbre y preocupación, lo que afectaría a la mujer embarazada y también a la adecuada formación del ser en gestación, la mujer embarazada no puede ser afectada en su nivel salarial ni tampoco su condición en su puesto de trabajo; por lo que, no puede reducírsele su sueldo ni tampoco postergarse el pago de sueldos adeudados. De manera análoga, el actual Tribunal Constitucional Plurinacional, aplicando una interpretación sistemática y teleológica; además, de la aplicación del principio pro homine por el que debe entenderse la norma, en el sentido más amplio y no así en el sentido restringido, también estableció que la garantía de la inamovilidad laboral de una mujer en estado de embarazo o un progenitor cuya esposa o conviviente está en el mismo estado, corresponde a todas las personas sin discriminación alguna -incluyendo servidores públicos de libre nombramiento-, puesto que, lo 5 Aplicando una interpretación sistemática y teleológica respecto a la protección de la mujer embarazada el extinto Tribunal Constitucional, en la SC 0715/2005-R de 28 de junio, citando las SSCC 310/2000-R, 447/2000-R, 807/2001-R, 483/2002-R, 0785/2003-R y 1331/2003-R, 0572/2005-R de 24 de mayo, entre otros, estableció el siguiente razonamiento: “…abarca tanto a las empleadas del sector privado sujetas a la Ley General del Trabajo como a las funcionarias o servidoras públicas, sin exclusión; asimismo alcanza a las mujeres trabajadoras o empleadas que tengan contratos indefinidos, contratos a plazo definido como a las trabajadoras o funcionarias eventuales, porque el sentido de la norma es la protección de la maternidad por parte del Estado, conforme a lo previsto por el art. 193 de la Constitución Política del Estado, es decir, que no se admite distinción alguna entre trabajadoras del sector público o privado, ni respecto a la naturaleza de los contratos a los que están sujetas…” (las negrillas son añadidas), citado por la SCP 0227/2013-L de 10 de abril, en el Fundamento Jurídico titulado “…La protección constitucional a la mujer trabajadora en estado de embarazo, no reconoce condicionamiento, menos la exigencia de dar aviso previo al empleador sobre dicho estado” y SCP 0338/2013-L de 20 de mayo. 6 Respecto a la inamovilidad laboral la SCP 0424/2012 de 22 de junio, expresa textualmente: “La finalidad de la inamovilidad laboral, es la de otorgar a la mujer y ahora familia con un menor de edad, estabilidad no sólo económica sino también la consiguiente atención médica y emocional. En lo específico a la mujer trabajadora en estado de gestación se busca su protección contra un despido o retiro de su fuente laboral por parte de su empleador, que indudablemente generaría zozobra, incertidumbre y preocupación, lo que afectaría a la mujer embarazada y también a la adecuada formación del ser en gestación. Asimismo, el art. 2 de la Ley 975, sostiene que la mujer embarazada no puede ser afectada en su nivel salarial ni tampoco su condición en su puesto de trabajo, por lo cual no puede reducírsele su sueldo ni tampoco postergarse el pago de sueldos adeudados” (las negrillas son añadidas). 7 Respecto al principio pro homine, la SCP 2233/2013 de 16 de diciembre, establece que: “Este entendimiento tiene su fundamento en lo establecido por los arts. 13.IV y 256 de la CPE, que configuran la obligación de interpretación más favorable en materia de Derechos Humanos, teniendo como parámetros las cláusulas de interpretación contenidas en los Tratados y Convenios Internacionales sobre la materia, entre ellas, el principio pro homine, que establece que el juzgador debe aplicar aquellas normas y criterios de interpretación que resulten más favorables al respeto y goce de los derechos constitucionales de las personas” (las negrillas son añadidas), citado en la SCP 0243/2019-S3 de 5 de julio.
que se precautela en todos estos casos, no es el trabajo simple y llano del trabajador, sino los derechos del nasciturus (interpretación finalista) que se encuentra en el vientre materno o del hijo-hija recién nacido, entre los que se encuentra el derecho primordial a la vida, como también el derecho a la salud; ya que el trabajo, al ser el medio por el cual se procura de los medios de subsistencia para uno mismo y su familia, entendiendo a esta última, no solo a las personas ya nacidas, sino también a las que están por nacer; puesto que, si bien se encuentran aún en el vientre materno, ya llegan a ser miembros integrantes de la familia, la cual de igual manera, debe ser protegida por parte del Estado; siendo por lo tanto, una obligación insoslayable la de proteger a la familia, no pudiendo por ella dejarle en desamparo; razonamientos que pueden ser aplicables a los servidores públicos provisorios en cuanto a la protección de la garantía de la inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo y los derechos involucrados, aplicando una interpretación sistemática y teleológica, además de la aplicación del principio pro homine.
Siguiendo la línea de razonamiento, es preciso enfatizar también que, si bien la acción de amparo constitucional se encuentra regida por el principio de subsidiariedad, que exige el agotamiento previo de los medios o recursos intraprocesales judiciales o administrativos; sin embargo, tratándose de la salvaguarda de los derechos primarios de la mujer trabajadora embarazada y del ser en gestación, cuya protección es urgente e inmediata, ante el retiro intempestivo de su fuente laboral que provoca la supresión del derecho a la seguridad social que a su vez resguarda y garantiza el derecho a la salud, poniendo en 8 Respecto a la inamovilidad laboral de la mujer embarazada o progenitor con esposa en el mismo estado, la SCP 1417/2012 de 20 septiembre, expreso: “…más aún si se trata de casos, en los que una servidora pública, se encuentra en estado de embarazo o un progenitor tenga a su esposa o conviviente en el mismo estado; puesto que lo que se precautela en todos estos casos, no es el trabajo simple y llano del trabajador, sino los derechos del nasciturus (interpretación finalista) que se encuentra en el vientre materno o del hijo-hija recién nacido, entre los que se encuentra el derecho primordial a la vida, reconocido en el art. 15 de la CPE que dice: ‘Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte’; así como también el derecho a la salud, reconocido en el art. 18 de la CPE, que señala: ‘I. Todas las personas tienen derecho a la salud. II. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna’ toda vez que el trabajo, al ser el medio por el cual se procura de los medios de subsistencia para uno mismo y su familia, entendiendo a esta última, no solo a las personas ya nacidas, sino también a las que están por nacer, puesto que si bien se encuentran aún en el vientre materno, ya llegan a ser miembros integrantes de la familia, la cual de igual manera, debe ser protegida por parte del Estado, según lo dispone el art. 62 de la CPE, que dice: ‘El Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad, y garantizará las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral. Todos sus integrantes tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades’ y el art. 64 de la CPE, ‘I. Los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de las hijas e hijos mientras sean menores o tengan alguna discapacidad. II. El Estado protegerá y asistirá a quienes sean responsables de las familias en el ejercicio de sus obligaciones, siendo por ende una obligación insoslayable la de proteger a la familia, no pudiendo por ella dejarle en desamparo’” (las negrillas son añadidas).
riesgo el derecho a la vida que no puede estar condicionado al agotamiento previo de otras vías o instancias legales; es decir, no se sujeta al principio de subsidiariedad, con el fin de tutelar en forma prioritaria e inmediata los derechos a la vida y a la salud como parte de la maternidad.
La jurisprudencia constitucional también estableció que la comunicación oportuna del estado de embarazo no es condición para la protección que brinda esta garantía reconocida por la Constitución Política del Estado, en otros términos, no es necesario dar aviso al empleador sobre la situación de embarazo de la mujer trabajadora para acceder a la protección que brinda la Constitución Política del Estado en su condición de gestante y con niño menor a un año. Ahora bien, un derecho vinculado a la garantía de la inamovilidad laboral, es el derecho fundamental de las mujeres a la maternidad segura, reconocido expresamente por el art. 45.V de la CPE, cuyo texto expresa: “Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal” (las negrillas son nuestras).
La Constitución Política del Estado consagra expresamente en el art. 48.III el carácter irrenunciable de los derechos laborales en los siguientes términos: “Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos” (las negrillas y el subrayado son nuestros). Esta norma 9 Respecto a la excepción a la subsidiariedad en el caso de mujeres trabajadoras embarazadas o padres progenitores, la SC 0558/2011-R de 26 de septiembre, estableció que: “La acción de amparo constitucional, como garantía jurisdiccional extraordinaria hace posible la materialización de los derechos y garantías fundamentales previstos en la Constitución Política del Estado y las leyes, cuando son restringidos, suprimidos o amenazados por particulares o funcionarios públicos y siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para su protección. Se activa ante la inexistencia de otras vías, empero, tratándose de resguardar y/o proteger derechos primarios de la mujer trabajadora embarazada y del ser en gestación, cuya protección es urgente e inmediata, ante el retiro intempestivo de la fuente laboral que provoca la supresión del derecho a la seguridad social que a su vez resguarda y garantiza el derecho a la salud, poniendo en riesgo el derecho a la vida que no puede estar supeditado al agotamiento previo de otras vías o instancias legales, es decir, no se sujeta al principio de subsidiariedad, característica de esta acción, debiendo hacer abstracción del mismo con el fin de tutelar en forma prioritaria e inmediata los derechos a la vida y a la salud como parte de la maternidad” (la negrillas son añadidas), jurisprudencia constitucional reiterada de manera uniforme en las SCP 0673/2013-L de 18 de julio, SCP 0076/2012 de 12 de abril, entre otras. 10 Entendimiento jurisprudencial expresado en la SC 0771/2010-R de 2 de agosto, que constituye un cambio en la línea jurisprudencial establecida en la SC 1416/2004-R de 1 de septiembre, que estableció el deber de la mujer embarazada de comunicar previamente su estado de embarazo al empleador. Confirmada por la SC 1882/2010-R de 25 de octubre, la SCP 1187/2012 de 6 de septiembre, SCP 0081/2018-S2 de 23 de marzo, entre otros.
constitucional tiene como antecedente, el reconocimiento del carácter irrenunciable y la nulidad de cualquier convención contraria que establece el art. 4 de la Ley General del Trabajo (LGT). En ese marco constitucional, sin bien de acuerno a la norma procesal constitucional, los actos consentidos constituyen una causal de improcedencia o denegatoria de la acción de amparo constitucional; empero, de la labor interpretativa del Tribunal Constitucional Plurinacional ha expresado que en el ámbito laboral, los actos consentidos libre y expresamente no operan como causal de improcedencia en la acción de amparo constitucional, en virtud al carácter irrenunciable de los derechos laborales.
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, al trabajo, a la seguridad social, a la maternidad segura y a la inamovilidad laboral; puesto que, su empleador el Consejo de la Magistratura, a pesar de conocer su estado de embarazo y consiguiente nacimiento de su hija menor de edad a un año, cometió los siguientes hechos vulneradores: 1) Le entregó el Memorando CM-DIR.NAL.RR.HH. - 747/2021 de 2 de agosto, de agradecimiento de servicios, contra el que solicitó su revocatoria; empero, no recibió pronunciamiento alguno a más del ofrecimiento de cambiarle a la Representación del Consejo de la Magistratura Distrital La Paz, con la promesa de mantenerle en el mismo nivel salarial; por lo que, pasó medio mes sin percibir salario alguno hasta su cambio; 2) Mediante Memorando CM -DIR.NAL.RR.HH. -830/2021 de 16 de agosto, le cambiaron el cargo a uno con sede en la ciudad de La Paz y le rebajaron su nivel salarial -faltando a su compromiso de mantenerle el nivel salarial-; y, 3) Por segunda vez, le entregaron otro Memorando CM-DIR.NAL.RR.HH. - 173/2022 de 28 de enero, de agradecimiento de servicios, contra la cual presentó solicitud para que se deje sin efecto dicho Memorando; puesto que, contaba con inamovilidad laboral, sin tener respuesta al respecto.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece que la accionante, mediante Memorando CM-DIR.NAL.RR.HH. - 680/2021, fue designada como Técnico I, Secretaria, Ítem 6304, con un haber mensual de Bs5 689.- mediante una asignación provisional de funciones- en el Consejo de la Magistratura, emitido por Juan Luis Miranda Velásquez, Director Nacional de RR.HH. del Consejo de la Magistratura (Conclusión II.1.). Adjuntando documentación médica que acredita su estado de salud, la accionante hizo conocer a su empleador el 29 de julio de 2021, su estado de embarazo con un tiempo de gestación de diecinueve semanas (Conclusión II.2.). Con esos antecedentes, el 2 de agosto de 2021, le comunican a la accionante su desvinculación laboral por Memorando CM-DIR.NAL.RR.HH. - 747/2021 de la misma fecha, mediante el cual se le agradeció por los servicios al cargo de Técnico I, Secretaria del Consejo de la Magistratura, siendo que en la citada fecha, concluiría la relación laboral de la nombrada con la institución, instruyéndola presentar su informe final de actividades desempeñadas y declaración jurada de bienes y rentas ante la Contraloría General del Estado; contra dicho acto, la accionante mediante Nota de la misma fecha presentó solicitud de revocatoria, alegando que hizo conocer su estado de embarazo con diecinueve semanas de gestación -Nota de 29 de julio de 2021-(Conclusión II.3.). El 19 de agosto de 2021, a través de Memorando CM-DIR.NAL.RR.HH. - 830/2021, emitido por el Director hoy coaccionado, la accionante fue designada como Técnico IV, Técnico de Control de Personal, con Ítem 1917, con un haber mensual de Bs4 276.- mediante una asignación provisional de funciones- a la Representación del Consejo de la Magistratura Distrital de La Paz; con recepción de 19 de agosto de 2021, de la accionante (Conclusión II.4.). Mediante Nota de 26 de agosto de 2021, dirigida a Julio Cesar Guerrero Arraya, Encargado de RR.HH. del Consejo de la Magistratura Distrital La Paz, la accionante pidió se considere inamovilidad alegando que es funcionaria pública del Consejo de la Magistratura, cambiada recientemente del distrito de Sucre al distrito de La Paz y que cuenta con veintitrés semanas de gestación, con recepción de la misma fecha por RR.HH. de la Representación del Consejo de la Magistratura Distrital La Paz (Conclusión II.5.); asimismo, cursa Certificado de Nacimiento de la menor de edad AA, de 11 de diciembre de 2021, registrada como madre a la accionante y Jorge Andrés Pérez Carranza como padre (Conclusión II.6.), posteriormente, por Nota de 24 de enero de 2022, dirigida a Dennis Vidal Claros, Encargado de RR.HH. de la Representación del Consejo de la Magistratura Distrital La Paz, la accionante solicitó horario de lactancia, el cual fue recibido en la misma fecha, por RR.HH. de la referida institución (Conclusión II.7.). Concluyendo la relación de hechos con relevancia constitucional, a través de Memorando CM-DIR.NAL.RR.HH. - 173/2022, emitido por el Director ahora coaccionado, mediante el cual agradeció a la accionante por los servicios al cargo de Técnico IV, Técnico de Control de Personal del Consejo de la Magistratura; por lo que, a partir del 1 de febrero de 2022, concluiría la relación laboral de la nombrada con la institución, ordenándola presentar su informe final de actividades desempeñadas y declaración jurada de bienes y rentas ante la Contraloría General del Estado, contra dicho Memorando, mediante Nota de 2 de febrero de 2022, la accionante formuló representación del citado Memorando, solicitando se deje sin efecto el mismo, por gozar de la garantía de inamovilidad laboral y tener una hija menor de edad a un año, el cual fue recibido en la misma fecha, por RR.HH. de la Representación del Consejo de la Magistratura Distrital La Paz (Conclusión II.8.). En ese contexto se revisarán los problemas jurídicos identificados por la accionante, para ese cometido es necesario señalar que los hechos de relevancia jurídico constitucional están vinculados a funcionarios provisorios y al ámbito de la garantía constitucional de la inamovilidad laboral de mujeres embarazadas o de progenitores, hasta que el hijo/a cumpla un año de edad; empero, antes de ingresar al análisis de fondo, corresponde pronunciarse a aspectos de orden procesal presentados por la parte accionada, así como, por los Vocales Constitucionales que resolvieron los problemas jurídicos planteados. Respecto a la presunta subsidiariedad incurrida por la accionante. Esta cuestión fue planteada por los Consejeros del Consejo de la Magistratura ahora accionadas a tiempo de presentar su informe, no obstante a ello, es uniforme la jurisprudencia constitucional al señalar que, tratándose de mujeres embarazadas cuya protección merece atención inmediata y el retiro injustificado en ese estado puede significar ponerlas en riesgo para su salud y vida, y la del hijo por nacer -colocándola en grupos de personas vulnerables de atención prioritaria-, por cuya razón, en estos casos se aplica la excepción del principio de subsidiariedad como se tiene señalado en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; por lo que, no le es exigible a la accionante agotar los medios o recursos en sede administrativa con el objeto de buscar la restitución de sus derechos, pudiendo acudir directamente a la jurisdicción constitucional para la salvaguarda de sus derechos y las de su hija menor de edad a un año. Respecto a la presunta denegatoria por actos consentidos. Es la norma constitucional que de manera expresa y clara establece que los derechos y beneficios reconocidos en favor de los trabajadores no pueden renunciarse, sobre cuya base la jurisprudencia interpretó el alcance de los actos consentidos en el ámbito laboral, concluyendo que en esta materia, los actos consentidos libre y expresamente no operan como causal de improcedencia en la acción de amparo constitucional, en virtud al carácter irrenunciable de los derechos laborales, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional. En esa comprensión tampoco tiene sustento el pronunciamiento de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, para denegar la tutela solicitada fundado en los actos consentidos en que incurrió presuntamente la accionante, correspondiendo ingresar al análisis de fondo del problema planteado. Un aspecto importante a destacar es que los Memorandos de designación de la accionante como Técnico I, Secretaria, Ítem 6304, con un haber mensual de Bs5 689.-, con sede en la ciudad de Sucre y como Técnico IV, Técnico de Control de Personal, Ítem 1917, con un haber mensual de Bs4 276.- con sede en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz; así como los dos Memorandos de desvinculación laboral correspondientes a los cargos descritos en líneas precedentes, no obstante estar emitidos por el Director ahora coaccionado, en su interior señalan expresamente que fueron emitidos dando cumplimiento o por determinación del Pleno del Consejo de la Magistratura, cuyos miembros son los Consejeros ahora accionados en la presente acción de amparo constitucional. En esa comprensión, el desarrollo de la presente causa constitucional no se encuentra afectado por la falta de notificación a Manuel Limbert Rojas Cavero, Director Nacional de RR.HH. del Consejo de la Magistratura ahora coaccionado, por haber cesado en sus funciones según Informe de 14 de marzo de 2022, emitido por el Oficial de Diligencias de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca (fs. 103), tomando en cuenta que, esa autoridad al emitir los Memorandos de desvinculación laboral que hoy se cuestionan, solo ejecutó las determinaciones asumidas por los miembros del Consejo de la Magistratura reunidos en Sala Plena, recayendo en esas autoridades la legitimación pasiva -Consejeros ahora accionados-. Efectuada el pronunciamiento sobre las cuestiones procesales planteadas por los Consejeros ahora accionados y la misma Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, corresponde ingresar al análisis de fondo, dando un pronunciamiento a los problemas expuestos en la acción de amparo constitucional, en esa comprensión es necesario enfatizar que la garantía reforzada de la inamovilidad laboral de mujeres embarazadas o de progenitores, hasta que el hijo/a cumpla un año de edad, a partir de una interpretación desde y conforme a la Constitución Política del Estado, no reconoce condicionamiento o criterio de discriminación, abarca cualquiera sea la modalidad de trabajo, la naturaleza del contrato, condición laboral o calidad de funcionario o trabajador, en todo caso incluyendo a los funcionarios provisorios; puesto que, la finalidad de dicha garantía no solo tiene un carácter protectivo para la madre, sino, para el hijo por nacer o hasta el año de nacimiento, precautelando su bienestar económico, psicológico, con las prestaciones debidas correspondientes a la seguridad social, salud; ésta garantía incluye la prohibición de afectar el nivel salarial o la ubicación del puesto de trabajo, como se tiene explicitado ampliamente en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
Respecto al primer problema planteado. Se encuentra representado por lo siguiente: Se le hizo entrega a la accionante el Memorando CM -DIR.NAL.RR.HH. - 747/2021 de 2 de agosto de agradecimiento de servicios, contra el que solicitó su revocatoria; empero, no recibió pronunciamiento alguno a más del ofrecimiento de cambiarle a la Representación del Consejo de la Magistratura Distrital La Paz, con la promesa de mantenerle en el mismo nivel salarial; por lo que, pasó medio mes sin percibir salario alguno hasta su cambio. La emisión de esa primera desvinculación laboral mediante el Memorando CM-DIR.NAL.RR.HH. 747/2021, de agradecimiento de servicios, comunicada a la accionante el 2 de agosto de 2021, resulta ser vulneratoria de la garantía de inamovilidad laboral de la accionante; puesto que, la nombrada se encontraba en estado de embarazo y unos días antes había puesto en conocimiento de la entidad empleadora -RR.HH. del Consejo de la Magistratura- su estado; extremo que quedó patentizada por la falta de pronunciamiento a la Nota de reclamo presentada el 26 de agosto de 2021, pidiendo se considere su inamovilidad laboral, sin respuesta formal al respecto y dejándola en días posteriores a este hecho, en una total incertidumbre tanto para la accionante como madre y para el hijo por nacer. Respecto al segundo problema planteado. Se expresa en los siguientes términos: Mediante el Memorando CM-DIR.NAL.RR.HH. - 830/2021 de 16 de agosto, le cambiaron el cargo por uno con sede en la ciudad de Nuestra Señora La Paz y le rebajaron su nivel salarial -faltando a su compromiso de mantenerle el nivel salarial-. Ahora bien, el hecho de una nueva designación mediante Memorando CM-DIR.NAL.RR.HH. - 830/2021, en favor de la accionante como Técnico IV, Técnico de Control de Personal, Ítem 1917, con un haber mensual de Bs4 276.- a la Representación del Consejo de la Magistratura Distrital La Paz, comunicada a la nombrada el 19 de agosto de 2021, aparentemente se restituye los derechos y garantías vulnerados de la accionante; sin embargo, es necesario efectuar algunas precisiones importantes; puesto que, la garantía de la inamovilidad laboral no solo implica la continuidad laboral durante el embarazo y por el lapso de tiempo de un año de edad del hijo menor de edad, como ya se señaló, implica la prohibición de afectar su nivel salarial o la ubicación del puesto de trabajo. En ese entendido, claramente se puede advertir que: i) Con la nueva designación, la accionante tuvo una afectación en el puesto de trabajo de Técnico I, Secretaria, Ítem 6304, a Técnico IV, Técnico de Control de Personal, Ítem 1917; ii) Asimismo, tuvo una disminución en su nivel salarial de Bs5 689.- a Bs4 276.-; es decir, las condiciones laborales de la nueva designación tienen características desfavorables para la accionante; y, iii) Por último, resulta evidente que, al haberse consumado la primera desvinculación laboral, el 2 de agosto de 2021, detallada en el anterior punto y haberse procedido a su nueva designación el 19 de agosto de 2021, existe un lapso de tiempo en el que la accionante no tuvo ninguna vinculación laboral con el Consejo de la Magistratura; por lo tanto, sin remuneración alguna. Estos extremos permiten concluir de manera incontrastable que con la nueva designación se vulneró la garantía de la inamovilidad laboral por los Consejeros ahora accionados contra la accionante; puesto que, incumplieron la prohibición de afectar su nivel salarial o la ubicación del puesto de trabajo; consiguientemente, a la vista de los hechos que vulneran la garantía de la inamovilidad laboral de la accionante, con la nueva designación laboral de ninguna manera pudo operarse la sustracción de materia o pérdida de objeto procesal respecto al primer acto lesivo denunciado por la accionante. Respecto al tercer problema planteado. Se encuentra representado por lo siguiente: Por segunda vez, le entregaron a la accionante otro Memorando CM-DIR.NAL.RR.HH. - 173/2022 de 28 de enero, de agradecimiento de servicios, contra la cual presentó solicitud para que se deje sin efecto; puesto que, contaba con inamovilidad laboral, sin tener respuesta al respecto. La segunda desvinculación laboral, se la efectuó mediante Memorando CM-DIR.NAL.RR.HH. - 173/2022, de agradecimiento de servicios, resulta ser el corolario de las vulneraciones a la garantía de la inamovilidad laboral del que goza la accionante, en primer lugar como mujer en estado de embarazo y luego como madre de una hija menor hasta que cumpla un año de edad. Es necesario resaltar un aspecto importante y de máxima preocupación para esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, puede advertirse con meridiana claridad que la primera desvinculación laboral mediante Memorando CM-DIR.NAL.RR.HH. - 747/2021 de agradecimiento de servicios, que se hizo conocer a la accionante el 2 de agosto de 2021, fue concretada inmediatamente después de efectuarse la comunicación del estado de embarazo de la accionante, el 29 de julio de igual año; es decir, unos días después; la segunda desvinculación laboral mediante Memorando CM-DIR.NAL.RR.HH. - 173/2022 de agradecimiento de servicios, que se hizo conocer a la accionante el 1 de febrero de 2022, fue concretada inmediatamente después de presentarse la solicitud de horario de lactancia por la accionante, el 24 de enero de ese año; es decir, unos días después. Estos datos permiten inferir que el Consejo de la Magistratura ahora accionado -entidad empleadora-, asumió una actitud de discriminación respecto a la accionante por su condición de mujer embarazada o madre con hija lactante menor de edad a un año, extremo inconcebible porque infringe la prohibición de discriminación, sin lugar a dudas.
Para restituir los derechos y garantías de la accionante es preciso tomar en cuenta la situación jurídica laboral en la que se encontraba a momento de estar protegida por la garantía de la inamovilidad laboral; es decir, como Técnico I, Secretaria, Ítem 6304, con un haber mensual de Bs5 689.-, conforme al Memorando CM-DIR.NAL.RR.HH. - 680/2021. Consiguientemente, la protección que debe brindar esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, como entidad que vela por el resguardo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de la accionante es el respeto a su inamovilidad laboral, a las condiciones laborales en las que se encontraba, incluyendo el respeto de nivel salarial y la ubicación del puesto de trabajo, si este último aspecto resulta siendo materialmente imposible, de manera excepcional en un otro cargo similar sin afectar su nivel salarial; solo de esa forma ésta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, estará cumpliendo con la función constitucional que le corresponde cumplir, de lo contrario, solamente estará convalidando los abusos y vulneraciones que se cometen por quienes eventualmente cumplen funciones de dirección en las entidades públicas. En consecuencia, Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR la Resolución 034/2022 de 16 de marzo, cursante de fs. 114 a 118 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en todo, la tutela solicitada, respecto a Marvin Arsenio Molina Casanova, Mirtha Gaby Meneses Gómez, Omar Michel Duran, Consejeros del Consejo de la Magistratura, en cuyo mérito dispone la reincorporación laboral de la accionante en las condiciones laborales que fue designada primigeniamente, manteniendo su nivel salarial y la ubicación del puesto de trabajo, en caso de no ser posible este último aspecto en la ciudad de La Paz, en otro de similares características sin afectar su nivel salarial, así como el pago de sus sueldos devengados y la restitución de todos sus derechos que le corresponde en protección de la garantía de la inamovilidad laboral, por el tiempo que comprende dicha garantía, conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos y justificaciones del presente fallo constitucional.
2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto a Manuel Limbert Rojas Cavero, Director Nacional de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura.
3° Se exhorta al Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social para que en coordinación con el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional generen políticas públicas de protección de las mujeres en estado de embarazo y progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad, en el marco de la garantía de la inamovilidad laboral que incluye a funcionarios provisorios, a través de actos de comunicación administrativa a instituciones públicas y privadas, para cuyo efecto procédase a la notificación de éstas entidades, con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 4° Se impone al Consejo de la Magistratura, la obligación de informar a ésta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, que resolvió la presente acción tutelar, sobre el cumplimiento de ésta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
1 La Constitución Política del Estado fue aprobado por la Asamblea Constituyente el 2007, compatibilizado en el Congreso Nacional el 2008, aprobado en Referéndum Nacional el 25 de enero de 2009 y promulgado el 7 de febrero de 2009.
2 El Decreto Supremo (DS) 0012 de 19 de febrero de 2009, que Reglamenta las Condiciones de Inamovilidad Laboral de la Madre y Padre Progenitores que Trabajen en el Sector Público o Privado, establece en su art. 2, el alcance de esta garantía constitucional en los siguientes términos: “La madre y/o padre progenitores, sea cual fuere su estado civil, gozarán de inamovilidad laboral desde la gestación hasta que su hijo o hija cumpla un (1) año de edad, no pudiendo ser despedidos, afectarse su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo” (las negrillas son añadidas).
3 Respecto a la vinculatoriedad de la jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, la SCP 2140/2012 de 8 de noviembre: “…razonamiento que si bien fue efectuado por el extinto Tribunal Constitucional; sin embargo, este resulta plenamente aplicable y coherente por cuanto no contradice a los nuevos postulados de la actual Constitución Política del Estado…” (las negrillas son añadidas).
4 Respecto al ámbito de protección de la inamovilidad laboral de la mujer embarazada la SC 0505/2000-R de 24 de mayo de 2000, ha señalado expresamente: “…por cuanto el derecho que se debe proteger no es solamente al trabajo, sino otros derechos primarios de la recurrente y el ser en gestación, los cuales necesitan protección urgente e inmediata, ya que el retiro intempestivo de la recurrente importa también la supresión del derecho a la seguridad social que a su vez, resguarda y garantiza el derecho a la salud, derechos que con la medida adoptada ponen en riesgo el primer derecho, la vida, que no puede estar pendiente de otros recursos o vías administrativas que establece la Ley” (las negrillas nos pertenecen) Citado por las SSCC 0434/2010-R, 0581/2010-R, 1043/2010-R, 0610/2010-R, 0771/2010-R, 1330/2010-R y 1205/2010-R, entre otras.
11 Respecto a la incompatibilidad de los actos consentidos como causal de improcedencia o denegatoria de la acción de amparo constitucional, por el carácter irrenunciable de los derechos laborales la SCP 0196/2019-S2 de 2 de mayo, expresó: “Asimismo, la SCP 0222/2012 determinó que, en materia laboral, los actos consentidos libre y expresamente no operan como causal de improcedencia en la acción de amparo constitucional, en virtud al carácter irrenunciable de los derechos laborales. En consecuencia, de acuerdo con los razonamientos jurisprudenciales citados, el acto consentido para operar como causal de inactivación de la tutela que brinda la acción de amparo constitucional, debe entenderse objetivamente como cualquier acto o acción que el titular del derecho fundamental realice como emergencia del acto considerado lesivo, dejando advertir que se hubiere conformado con dicho acto o lo hubiese admitido por manifestaciones concretas de su libre voluntad. De modo que no siempre podrá exigirse una manifestación expresa de voluntad, sino que ello podrá ser deducible de las acciones posteriores que realice como emergencia del acto considerado lesivo a sus derechos fundamentales y que para la justicia constitucional son manifestaciones de la voluntad indubitables e inequívocas. Asimismo, en lo que se refiere al ámbito laboral, no existe acto consentido por el carácter irrenunciable de los derechos laborales” (las negrillas nos pertenecen).
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0268_2023-S3.pdf · páginas 1 a 19.
Huella digital del PDF (SHA-256): 626389df3ea7db554d0f1d614f180921d4786cdf4041a513086235c0dd22f018
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