B.IA.LEGAL

SCP 0268/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 3 de mayo de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
3 de mayo de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
47003-2022-95-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral por discapacidad y a la salud; alegando que, el entonces Comandante General de la FAB admitió su renuncia voluntaria, pronunciando la Resolución del Tribunal del Personal de la FAB 020/2017 de 11 de abril, sin considerar que debido a las enfermedades mentales que padece, no tiene plena conciencia de sus actos; por lo que, debió comunicar esa decisión a su familia, para que de forma oportuna impugnen la misma. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 039/2022 de 3 de marzo, cursante de fs. 112 a 116, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional
  2. III.2. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0268/2023-S2 Sucre, 3 de mayo de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional Expediente: 47003-2022-95-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 039/2022 de 3 de marzo, cursante de fs. 112 a 116, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Fanny Mónica Salazar de Lara en representación de Narda Ingrid Salazar Acha contra Marcelo Juan Heredia Cuba, Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 14 y 28 de enero de 2022, cursantes de fs. 51 a 55; y, 58 y vta., la accionante a través de su representante, expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 7 de junio de 2000, ingresó a trabajar a la FAB mediante “…Resolución Ministerial Nro. 00726…” (sic); empero, el 2002 sufrió una agresión por parte de un miembro del trabajo; lo que, desencadenó en alucinaciones auditivas, paranoia, depresión, insomnio y estados depresivos; posteriormente, fue diagnosticada con “…BUFFE DELIRANTE, CEFALEA MIXTA ESQUIZOFRENIFORME…” (sic); enfermedad “CRIPTO GLANDULAR”, “PROLACTINOMA”, entre otros; empero, pese a su estado de salud y el acoso laboral que sufrió debido a la molestia que generó su internación y la constante atención médica que recibía, procuró cumplir con las funciones que le eran asignadas. En un momento de crisis extrema y de falta de conciencia presentó renuncia voluntaria a su fuente laboral; ante lo cual, el entonces Comandante General de la FAB sin considerar su estado de salud mental, aceptó la misma a través de la Resolución del Tribunal del Personal de la FAB 020/2017 de 11 de abril, obrando de mala fe y causándole perjuicio.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral por discapacidad y a la salud, citando al efecto los arts. 48 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Su reincorporación laboral; y, b) El pago de sueldos devengados desde abril de 2017 “hasta la fecha”.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 3 de marzo de 2022, según consta en acta cursante de fs. 106 a 111 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su representante y abogado, ratificó el tenor íntegro del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo señaló que: 1) El demandado no comunicó de forma oportuna a su familia sobre la aceptación de la renuncia que presentó, impidiendo que puedan impugnar esa determinación; además, debió transferirla a una unidad médica especializada, considerando que conoció su caso clínico; y, 2) Realizó el tratamiento necesario bajo el cuidado de sus parientes, alcanzando la estabilidad emocional adecuada para atender sus situaciones laborales y personales; por lo que, solicitó se le restituya su derecho a la inamovilidad laboral que gozaba al momento de su desvinculación laboral. Ante las consultas de Carmiña Ninoska Vera Márquez, Vocal de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, respondió que: i) El demandado cometió una omisión al momento de tener conocimiento de su renuncia; ya que, correspondía se la remita a una unidad médica; empero, contrario a ello, dictó la Resolución del Tribunal del Personal de la FAB 020/2017, pese a su evidente estado de salud; ii) El 24 de diciembre de 2018, fue declarada “discapacitada” y su diagnóstico de esquizofrenia data del 2011, aspecto que no tomando en cuenta por la FAB; iii) Desde el 2013, percibe una renta por invalidez de la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP), por los aportes de la FAB; y si bien, continuó recibiendo tratamiento médico psiquiátrico, medicación constante y permanente, ya se encuentra en una situación emocionalmente estable; y, iv) No existe precedente administrativo o norma alguna que regule sobre si una persona declarada interdicta, pudiera ejercer como funcionario público; no obstante, al mejorar su estado de salud, su familia estaría en proceso de revocar la declaración judicial de interdicción. A las consultas de Rubén Ramírez Conde, Vocal de la referida Sala Constitucional, contestó que: a) La Ley de Pensiones indica que una persona con invalidez puede percibir un estipendio por esa causa y también un salario del Estado; y, b) Desde el 2017, momento de su desvinculación laboral, presentó varias solicitudes escritas a la FAB, requiriendo su reincorporación; empero, las mismas fueron extraviadas.

I.2.2. Informe del demandado

Marcelo Juan Heredia Cuba, Comandante General de la FAB a través de sus representantes, por memorial presentado el 14 de enero de 2022, cursante de fs. 93 a 98, y en audiencia de garantías manifestó que: i) De acuerdo a lo previsto en el art. 85.3.d de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA), y en resguardo al derecho a la salud de la impetrante de tutela, se le otorgó la letra “D” (Disponibilidad) para que realice su tratamiento médico; empero, el 22 de marzo de 2017, presentó memorial suscrito junto a su abogado, solicitando su retiro voluntario conforme lo estipulado en el art. 90 de la citada norma, el cual establece que “…Procederá a solicitud del interesado sin derecho a ser reincorporado…” (sic); petición que fue tratada en reunión del Tribunal del Personal de la FAB, emitiendo la Resolución del Tribunal del Personal de la FAB 020/2017, notificada personalmente a la prenombrada el 8 de mayo del citado año, en la que resolvieron su desvinculación sin derecho a reincorporación y procedieron a cancelarle el salario de abril de 2017; es decir, no vulneraron el derecho a la inamovilidad laboral por discapacidad; ii) Después de dos años de dicha decisión, la representante de la peticionante de tutela interpuso contra la FAB, requiriendo su reincorporación y pago de beneficios sociales; por lo que, formuló excepción de “impersonería” -siendo lo correcto incompetencia-, que fue declarada probada mediante el Auto de Vista A.I. 190/2020 de 24 de julio, por los Vocales de la Sala Social Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; puesto que, la Ley General del Trabajo no resulta aplicable al personal incorporado a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) que está sujeto al régimen especial de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y sus reglamentos, imposibilitando la continuación de dicha causa; iii) La solicitante de tutela incumplió con el principio de inmediatez, establecido en el art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo); pues, el presunto acto lesivo fue notificado en 2017, habiendo transcurrido más de los seis meses señalados en el citado precepto normativo; y, iv) Si bien en el memorial de esta acción de defensa, la accionante identificó la legitimación pasiva contra el Comandante General demandado, debió considerar que la Resolución del Tribunal de Personal de la FAB 020/17 fue dictada también por el Vicepresidente, Vocales, Director de Asuntos Jurídicos y Secretario de Actas del referido Tribunal de la FAB, los cuales no tuvieron conocimiento de la presente acción de amparo constitucional.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 039/2022 de 3 de marzo, cursante de fs. 112 a 116, denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: a) La accionante identificó como acto lesivo, la omisión en la que incurrió el demandado en el 2017, al aceptar la renuncia voluntaria que presentó, ello por tratarse de una persona declarada interdicta, de acuerdo a lo resuelto en la Sentencia 377/2018 de 17 de julio, pronunciada por la Jueza Pública de Familia Sexta de la Capital del citado departamento; asimismo, solicitó su reincorporación y el pago de salarios devengados, alegando que ya estaría estable emocionalmente; b) De la relación de hechos plasmados en el memorial de esta acción de defensa, no existe nexo de causalidad con los derechos conculcados ni el petitorio y, sobre la presunta infracción cometida por el demandado, tampoco se advirtió prueba idónea que demuestre el reclamo oportuno de reincorporación de la peticionante de tutela y cómo pretendió que esta Sala Constitucional actúe supliendo las funciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social o del juez laboral; y, c) La presente acción de tutela, careció de los elementos básicos en cuanto al cumplimiento de requisitos, distorsionando su finalidad y confundiéndola como una instancia de fiscalización de actos administrativos; si bien, en el caso concreto se trata de una persona declarada interdicta, no se acreditó que esa situación hubiese sido modificada; por lo que, su pretensión era de imposible ejecución e improponible cumplimiento, considerando que la Resolución del Tribunal del Personal de la FAB 020/2017, fue emitida el 11 de abril del citado año, habiendo transcurrido más de cuatro años hasta la interposición de este mecanismo constitucional, tiempo que excedió lo previsto en el principio de inmediatez; ya que, superó los seis meses que estipula el art. 55 del CPCo, entendiendo que ello se debió a la negligencia y desinterés de la accionante, aspecto que se constituyó en una causal de improcedencia, que impidió ingresar a analizar el fondo de la problemática planteada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Memorándum “C” DEPTO. I-EMGFAB 262/00 de 7 de junio de 2000, Álvaro Valdivia Casanovas, entonces Comandante General de la FAB, comunicó a Narda Ingrid Salazar Acha -accionante-, que se dispuso su incorporación a la señalada institución, al subescalafón administrativo del escalafón civil con nivel V, para desempeñar las funciones de Secretaria en el Departamento IV Logística (fs. 2). II.2. A través de memorial de 22 de marzo de 2017, la impetrante de tutela solicitó al Comandante General de la FAB, su retiro voluntario de acuerdo a lo dispuesto en el art. 90 de la LOFA (fs. 19). II.3. Por Resolución del Tribunal del Personal de la FAB 020/2017 de 11 de abril, Erwin Fanor Bonilla Castellón, Presidente; Iván Guillermo Pérez Rojas, Vicepresidente, Miguel Ángel Albis Martínez, Gonzalo Sempertegui Maldonado, Pablo Arturo Guerra Camacho, Wilfredo Viscafe Paredes, Humphrey Armando Roca Becerra, Jorge Gonzalo Terceros Lara y Edwin Antonio Angulo Delgadillo, Vocales; Jhonny Danschin Almendras, Secretario de Actas; Mario Omar Guzmán Arnez, Director General de Asuntos Jurídicos; y, Edgar Orlando Navarro Oquendo, Asesor Jurídico del Depto. I-Pers. EMGFAB, todos miembros del Tribunal del Personal de la FAB, resolvieron conceder la solicitud de retiro voluntario de la peticionante de tutela, sin derecho a reincorporación. Notificado de forma personal a la aludida el 8 de mayo del citado año (fs. 20 a 21 y 95 vta.). II.4. Mediante Sentencia 377/2018 de 17 de junio, dentro del proceso familiar de interdicción, seguido por Marcio Ángel Salazar Acha contra la accionante, el Juez Público de Familia Sexto de la Capital del departamento de La Paz, declaró interdicta a la prenombrada por su estado de salud demostrado judicialmente, designando como tutora definitiva a Fanny Mónica Salazar de Lara -su hermana- (fs. 3 a 4). II.5. Por Auto de Vista A.I. 190/2020 de 24 de julio, Delfín Esteban Mamani Mamani y Víctor Luis Guaqui Condori, Vocales de la Sala Social Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, resolvieron en grado de apelación la Resolución 437/2019 de 26 de noviembre, pronunciada dentro del proceso laboral sobre reincorporación y cobro de sueldos devengados, interpuesto por la impetrante de tutela, revocando la Resolución impugnada y declarando probada la excepción previa de incompetencia propuesta por la FAB (fs. 26 a 27).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral por discapacidad y a la salud; alegando que, el entonces Comandante General de la FAB admitió su renuncia voluntaria, pronunciando la Resolución del Tribunal del Personal de la FAB 020/2017 de 11 de abril, sin considerar que debido a las enfermedades mentales que padece, no tiene plena conciencia de sus actos; por lo que, debió comunicar esa decisión a su familia, para que de forma oportuna impugnen la misma. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional

Al respecto, la SCP 1463/2013 de 22 de agosto, señaló que: “Los arts. 128 y 129 de la CPE, establecen que la acción de amparo constitucional constituye un medio de tutela de carácter extraordinario y se rige esencialmente por los principios de subsidiariedad e inmediatez, que hacen a su naturaleza jurídica. El principio de inmediatez se caracteriza por tener una doble dimensión; positiva y negativa, la primera consistente en que el amparo constitucional es la vía idónea para la protección inmediata de derechos fundamentales y garantías constitucionales restringidos o suprimidos indebida o ilegalmente; la segunda, la activación de esta garantía jurisdiccional depende que su interposición se realice en un plazo razonable, que la Norma Fundamental fijó en seis meses computables a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida del servidor público o del particular, o de notificado con la última decisión judicial o administrativa”. Así también, la SC 1214/2010-R de 6 de septiembre, haciendo mención al entendimiento adoptado en la SC 1438/2002-R de 25 de noviembre, respecto al plazo de interposición de la acción de amparo constitucional, precisó que: “…se estableció su cómputo desde el conocimiento del acto ilegal u omisión indebida, siempre que no existan otros recurso[s] o medios para impugnarlos o, si existieran, a partir del momento en que se agotó la última instancia (SC 0560/2003-R); último criterio que con claridad se observa en la SC 1155/2003-R de 15 de agosto: ‘…la persona que se considera agraviada debe activar la jurisdicción constitucional máximo hasta los seis meses de tener conocimiento del acto ilegal u omisión indebida o después de haberse agotado los medios y recursos que se tengan para hacer cesar los mismos, los cuales también deben ser utilizados oportunamente…’. De acuerdo a la jurisprudencia constitucional, la inobservancia de dicho plazo de caducidad determina la improcedencia de la acción de amparo constitucional” (las negrillas fueron añadidas).

III.2. Análisis del caso concreto

Se colige de antecedentes que la accionante ingresó a trabajar a la FAB, a través del Memorándum “C” DEPTO. I-EMGFAB 262/00 de 7 de junio de 2000, emitido por Álvaro Valdivia Casanovas, entonces Comandante General de la referida institución (Conclusión II.1); asimismo, por memorial de 22 de marzo de 2017, la impetrante de tutela solicitó al Comandante General de la FAB, su retiro voluntario de acuerdo a lo dispuesto en el art. 90 de la LOFA (Conclusión II.2); petición atendida mediante Resolución del Tribunal del Personal de la FAB 020/2017 de 11 de abril, concediendo su requerimiento sin derecho a reincorporación (Conclusión II.3); actuado que se notificó de forma personal a la aludida el 8 de mayo del citado año. Contextualizado el problema jurídico, previo a ingresar al análisis de la problemática planteada, corresponde en grado de revisión, determinar si concurre el principio de inmediatez como causal de improcedencia, que sostienen tanto el demandado como los Vocales de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; en ese sentido, de la lectura del memorial de esta acción de defensa, se entiende que el acto lesivo es la Resolución del Tribunal del Personal de la FAB 020/2017. En ese sentido, se advierte de obrados que, la peticionante de tutela a través de su tutora, instauró contra la FAB, demanda laboral sobre reincorporación y cobro de salarios devengados; proceso sustanciado ante la Jueza de Partido de Trabajo y Seguridad Social Segunda de la Capital del departamento de La Paz, quien pronunció la Resolución 467/2019 de 26 de noviembre, declarando improbada la excepción previa de incompetencia, así como, la de imprecisión y contradicción en la demanda; determinación objeto de apelación que fue concedida en efecto devolutivo y mereció el Auto de Vista A.I. 190/2020 de 24 de julio, dictada por los Vocales de la Sala Social Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento, quienes argumentaron que: “…se infiere en el caso de autos, la parte actora plantea ilegalmente su demanda de Reincorporación más el pago de sueldos devengados, en apego a normas laborales sujetas a la Ley General del Trabajo y el D.S. 28699 y que tampoco su condición de persona con discapacidad se constituye en un elemento o causal que determine que su vínculo con la Fuerza Aérea Boliviana esté enmarcado dentro del ámbito de competencia de la jurisdicción ordinaria-laboral; (…) no siendo ésta la instancia donde deba resolverse la procedencia o improcedencia de lo que reclama” (sic); resolviendo revocar la decisión judicial impugnada y declarando probada la excepción previa de incompetencia (Conclusión II.5). Ahora bien, resulta necesario hacer énfasis que la Sentencia 377/2018 de 17 de junio, por la cual se declara la interdicción de la impetrante de tutela, fue posterior a su solicitud de renuncia voluntaria de 22 de marzo de 2017, así como, de la Resolución del Tribunal del Personal de la FAB 020/2017, emitida el 11 de abril de igual año; en consecuencia, para ese momento jurídico, la prenombrada gozaba de capacidad de obrar y no requería de la intervención de su tutora o de su aquiescencia. Aclarado el punto anterior, se tiene que el acto lesivo fue notificado de forma personal a la solicitante de tutela el 8 de mayo de 2017, momento en el que se inicia el cómputo de los seis meses previstos en los arts. 129.II de la CPE y 55 de la CPCo, pudiendo activar esta acción de defensa hasta el 8 de noviembre del mismo año; empero, recién la presentó el 14 de enero de 2022, demostrando una conducta pasiva y negligente en causa propia; lo que, contraviene la inmediatez con la que debe actuar ante la vulneración de sus derechos, dando a entender, que no tuvo interés para que estos sean restituidos o reparados; por lo que, en el marco de la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, respecto al principio de inmediatez como uno de los axiomas que rige la acción de amparo constitucional, corresponde denegar la tutela impetrada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 039/2022 de 3 de marzo, cursante de fs. 112 a 116, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0268_2023-S2.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): f76e9b58f1eb3af0c694a877357a073ce7e1a787433ee6760746f42c434dbf2a

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →