Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 23 de marzo de 2026
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de circulación, libertad personal, debido proceso, “no privación de libertad para adulto mayor (ley del adulto mayor)” citando al efecto los arts. 21.7 y 22 CPE, alegando que la autoridad judicial demandada dispuso su privación de libertad mediante mandamiento de apremio dentro de un proceso de asistencia familiar, pese a que la resolución que aprobó la planilla de liquidación devengada fue objeto de recurso de reposición con alternativa de apelación, encontrándose pendiente de resolución.
En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/2023 de 28 de septiembre, cursante de fs. 24 a 26, pronunciada por el Juez del Juzgado de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo con los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0267/2026-S3 Sucre, 23 de marzo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 58344-2023-117-AL Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 08/2023 de 28 de septiembre, cursante de fs. 24 a 26., pronunciada, dentro de la acción de libertad interpuesta por Carmen Rosa Gardeazabal Ben itez en representación sin mandato de Oscar Gardeazabal Benitez contra Sandra Gladys Aldayuz Avilés, Jueza Publica de Familia Segunda de la Capital del departamento de Chuquisaca
Por memorial presentado el 28 de septiembre de 2023, cursante de fs. 14 a 15 vta., el accionante a través de su representante sin mandato expresó lo siguiente:
Dentro del proceso de asistencia familiar seguido en su contra, se aprobó la planilla de liquidación de asistencia familiar devengada; determinación, contra la cual interpuso recurso de reposición con alternativa de apelación, concedido y remitido ante la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, encontrándose pendiente de resolución; no obstante ello, el 27 de septiembre de 2023, fue aprehendido por efectivos policiales en su domicilio y conducido al Centro Penitenciario San Roque de Sucre, en virtud del mandamiento de apremio librado por la Jueza Pública de Familia Segunda de la Capital del citado Tribunal, emergente de la aprobación de la referida planilla de liquidación; con base en ello, la emisión de dicha medida se produjo sin que la resolución de aprobación de la planilla hubiera adquirido firmeza, pese a la existencia de un recurso en trámite, lo que vulneró el debido proceso con incidencia directa en su libertad personal, además de su condición de adulto mayor.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad de circulación, libertad personal, al debido proceso, “no privación de libertad para adulto mayor (ley del adulto mayor)” citando al efecto los arts. 21.7 y 22 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda tutela y se disponga su libertad inmediata.
Celebrada la audiencia virtual el 28 de septiembre de 2023, según consta en acta cursante de fs. 23 a 24, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su representante, reitero íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándolos manifestó que: a) Existió una sola planilla de liquidación de asistencia familiar presentada por la beneficiaria, correspondiente al periodo comprendido entre el 22 de octubre de 2020 y el 10 de noviembre de 2021; b) En el trámite del proceso, mediante informes de secretaría y actuaciones posteriores, se habrían incrementado los montos inicialmente establecidos, incorporando periodos no solicitados; c) Tales actuaciones fueron objeto de observaciones y recursos, persistiendo irregularidades en la determinación del monto de la asistencia familiar; d) La resolución que aprobó la planilla fue impugnada mediante recurso de apelación, el cual se encuentra pendiente de resolución; y, e) En ese contexto, la emisión del mandamiento de apremio resultaría indebida, al no existir un monto definitivo determinado conforme a derecho.
Sandra Gladys Aldayuz Avilés, Jueza Pública de Familia Segunda de la Capital del departamento de Chuquisaca, mediante informe escrito presentado el 28 de septiembre de 2023, señaló que: 1) La planilla de liquidación de asistencia familiar se encontraba debidamente aprobada, emergente de reiterados incumplimientos de pago por parte del obligado; 2) La parte accionante interpuso múltiples recursos, nulidades, reposiciones y apelaciones generando dilaciones indebidas en el cumplimiento de la obligación; 3) El art. 415.VII del Código de las Familias del Proceso Familiar (CFPF)- “de la Ley 603” dispone expresamente que: “EL CUMPLIMIENTO DE LA ASISTENCIA FAMILIAR NO PUEDE DIFERIRSE POR RECURSO O PROCEDIMIENTO ALGUNO BAJO RESPONSABILIDAD DE LA AUTORIDAD JUDICIAL”(Sic); 4) El beneficiario de la asistencia familiar es una persona con discapacidad, titular de protección reforzada; y, 5) La parte accionante fue notificada con los actuados procesales, no existiendo indefensión.
El Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, mediante Sentencia 08/2023 de 28 de septiembre, cursante de fs. 24 a 26, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) La asistencia familiar se encuentra directamente vinculada al derecho a la vida y subsistencia del beneficiario, más aun tratándose de una persona con discapacidad mental, respecto de quien corresponde una protección reforzada; ii) El art. 415.VII de CFPF establece que el cumplimiento de la asistencia familiar no puede diferirse por la interposición de recursos o procedimientos, por lo que la existencia de medios impugnativos pendientes no suspende su ejecución; y, iii) En ese contexto, la autoridad judicial demandada actuó en el marco de los arts. 127 y 415 de la norma supra mencionada, al disponer el libramiento del mandamiento de apremio emergente de la planilla de liquidación aprobada, no evidenciándose vulneración de derechos fundamentales del accionante.
II.1. Cursa Auto interlocutorio de 12 de julio del 2023, mediante el cual Sandra Gladys Aldayuz Avilés, Jueza Publica de Familia Segunda de la Capital del departamento de Chuquisaca -hoy demandada-, confirmó el auto de aprobación de la planilla de liquidación y concedió la apelación alterna en el efecto devolutivo (fs. 9 a 10 vta.)
II.2. De acuerdo a lo manifestado por el accionante, el 27 de septiembre de 2023, fue privado de libertad en ejecución de un mandamiento de apremio emitido por la autoridad judicial demandada. (fs. 14 a 15 vta.)
Mediante el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Asimismo, conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistrados, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de circulación, libertad personal, debido proceso, “no privación de libertad para adulto mayor (ley del adulto mayor)” citando al efecto los arts. 21.7 y 22 CPE, alegando que la autoridad judicial demandada dispuso su privación de libertad mediante mandamiento de apremio dentro de un proceso de asistencia familiar, pese a que la resolución que aprobó la planilla de liquidación devengada fue objeto de recurso de reposición con alternativa de apelación, encontrándose pendiente de resolución.
En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Jurisprudencia asumida, de la Sentencia Constitucional Plurinacional 1334/2025-S3S de 31 de octubre.
Dada la naturaleza de la asistencia familiar, cuyo suministro está destinado a cubrir integralmente las necesidades indispensables del beneficiario, el Estado a través de sus diferentes órganos e instituciones tiene el ineludible deber de garantizar su cumplimiento, al estar destinados estos recursos económicos a la satisfacción de sus necesidades básicas, mereciendo especial atención cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, ya que se constituyen en uno de los derechos de mayor relevancia que tendrá este sector vulnerable.
El Código de las Familias y del Procedimiento Familiar prevé el procedimiento para efectivizar el pago de asistencia familiar a favor de los beneficiarios que la requieran, con medidas destinadas a asegurar su suministro, en consideración a que la finalidad de la asistencia familiar, es otorgar a los miembros de la familia que se encuentren en una situación de necesidad, los recursos necesarios que garanticen su alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta; priorizándose el interés de niñas, niños y adolescentes.
Es así que, por la importancia que reviste este derecho y obligación, ante el incumplimiento de su oportuno suministro, es posible el uso de los medios compulsivos para su cumplimiento, cuando, a pesar de la conminatoria emitida por la autoridad judicial, previa aprobación de la liquidación de asistencia familiar que cuantifica la misma, ésta no fue cumplida por el obligado, en cuyo caso, podrá disponerse el embargo y venta de sus bienes en la medida necesaria para cumplir el importe de las pensiones devengadas, sin perjuicio de emitir mandamiento de apremio con facultades de allanamiento, conforme dispone el art. 415. I y III del CFPF.
En efecto, el art. 127.I del CFPF, prescribe en forma determinante el cumplimiento oportuno e insoslayable de la asistencia familiar en favor de los beneficiarios, en los siguientes términos: “La obligación de asistencia familiar es de interés social. Su oportuno suministro no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno, bajo responsabilidad de la autoridad judicial”, pudiendo ordenarse las medidas compulsivas previstas en el art. 415.II, III y IV en la citada norma procesal, entre ellas, el apremio.
Con relación a la emisión del mandamiento de apremio en casos derivados de procesos familiares sobre peticiones de asistencia familiar, la SCP 0828/2018– S2 de 10 de diciembre, estableció que se puede restringir el derecho a la libertad física con la ejecución del mandamiento de apremio, previa aprobación de la liquidación de asistencia familiar y el cumplimiento de los requisitos de legalidad material y formal, entendiendo que el apremio corporal como medio compulsivo resulta necesario para el cumplimiento de la asistencia familiar, en razón de la prontitud que exige la satisfacción de las necesidades básicas del beneficiario, a la que se encuentra destinada. 1 FJ III.2” (…) Por otra parte, el apremio corporal, como medio compulsivo resulta necesario para la satisfacción de la asistencia familiar; puesto que, si bien es cierto que es posible constreñir al cumplimiento de la obligación mediante la ejecución patrimonial de los bienes del obligado; empero, en los casos en los que ello es posible, la realización del crédito alimentario no opera con la prontitud que exige la satisfacción de las necesidades básicas del beneficiario, a la que está destinada la asistencia familiar; toda vez que, los trámites judiciales necesarios, que se requiere para obtener el cobro efectivo de la obligación devengada, implica el transcurso de un tiempo, que no es compatible con la urgencia de la satisfacción de las necesidades a las que está destinada; además, puede demandar de parte de los beneficiarios el gasto de recursos económicos, que son precisamente de los que carece el alimentario o su representante, y que por consiguiente, pueden dificultar el logro del objetivo oportunamente; y en los supuestos en los que el obligado carece de bienes embargables, dicha medida se presenta como la única posible para compeler al obligado a extremar sus esfuerzos, para obtener los recursos económicos que se requiere para cumplir con su obligación alimentaria. Sin embargo, es evidente que para lograr la finalidad que se busca con la asistencia familiar, que fue descrita precedentemente, la autoridad judicial competente, no debe limitarse a expedir el mandamiento de apremio por la asistencia familiar devengada, y esperar que el mismo, cumpla con su objetivo compulsivo; sino, que al tiempo de ordenar el apremio corporal debe procurar la ejecución patrimonial de los bienes del obligado en la medida de lo necesario, en los casos en los que ello sea posible, teniendo en cuenta que el objetivo esencial, es que provea oportunamente a las necesidades básicas del beneficiario. Finalmente, a la luz del principio de proporcionalidad, el legislador propició las necesidades de la o el beneficiario, en razón a que la obligación de asistencia familiar es de interés social, dado el carácter urgente que implica la satisfacción oportuna de las necesidades básicas del alimentario, como son los relativos a su propia alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta; y en consideración a la prioridad del interés superior de los niños y adolescentes beneficiarios, la preeminencia y primacía de su derechos reconocidos por los arts. 60 de la CPE; y, 6 inc. i) y 220 inc. k) del CFPF; así como de la protección reforzada, de la que son objeto otros beneficiarios que forman parte de grupos vulnerables, como es el caso de personas en situación de discapacidad, adultos mayores y mujeres, que por su condición socioeconómica se encuentran en situación de desventaja; aspectos que hicieron que el legislador se decante por la protección de los derechos de los beneficiarios a la asistencia familiar, permitiendo el apremio corporal del obligado, como medio compulsivo para lograr que el mismo cumpla con su obligación devengada. (…)
En el mismo orden, la SCP 0714/2019- S2, de 21 de agosto, razonó que la liquidación de asistencia familiar aprobada por la autoridad judicial y notificada al obligado, marca el momento del suministro de esta obligación en favor del beneficiario y no puede posponerse o dilatarse, ni condicionarse a plazo o condición alguna, a la resolución de recurso alguno o al cumplimiento de procedimiento alguno, pudiendo acudirse a los medios compulsivos como el apremio corporal. Su Fundamento Jurídico III.2 establece lo siguiente:
La liquidación de asistencia familiar aprobada por la autoridad judicial y notificada al obligado, marca el momento del oportuno suministro de esta obligación en favor del beneficiario, que no puede posponerse o dilatarse, no puede condicionarse a plazo o condición alguna, a la resolución de recurso alguno o al cumplimiento de procedimiento alguno, pudiendo acudirse a los medios compulsivos como el apremio corporal incluso con autorización de allanamiento, rotura de candados o chapas de puerta, arraigo e hipoteca legal de los bienes que conforman el patrimonio del obligado, embargo y venta judicial, para el cumplimiento del importe de la asistencia familiar devengada. Con el añadido que el incumplimiento a este mandato insoslayable por la autoridad judicial, es susceptible de responsabilidad funcionaria (las negrillas son nuestras). La citada Sentencia, también enfatizó que la determinación de las medidas compulsivas no implica la restricción del derecho a impugnar del obligado, quien podrá activar los mecanismos de defensa previstos por ley, para lograr la revisión de la determinación asumida, sin perjuicio del cumplimiento de la asistencia familiar, cuya liquidación se encuentre aprobada y notificada al obligado, con la aclaración que si la resolución del recurso planteado por el obligado, le favorece de alguna manera, de tal forma que haya diferencia cuantitativa o de cálculo a su favor, ésta debe ser tomada en cuenta por la autoridad judicial a tiempo de substanciar la aprobación de las futuras liquidaciones, reconociendo la diferencia que le favorezca.
2 FJ III.2 “Es decir, la liquidación de asistencia familiar aprobada por la autoridad judicial y notificada al obligado, marca el momento del oportuno suministro de esta obligación en favor del beneficiario, que no puede posponerse o dilatarse, no puede condicionarse a plazo o condición alguna, a la resolución de recurso alguno o al cumplimiento de procedimiento alguno, pudiendo acudirse a los medios compulsivos como el apremio corporal incluso con autorización de allanamiento, rotura de candados o chapas de puerta, arraigo e hipoteca legal de los bienes que conforman el patrimonio del obligado, embargo y venta judicial, para el cumplimiento del importe de la asistencia familiar devengada. Con el añadido que el incumplimiento a este mandato insoslayable por la autoridad judicial, es susceptible de responsabilidad funcionaria. La determinación de las medidas compulsivas para el oportuno suministro de la asistencia familiar, de modo alguno implica la restricción del derecho a impugnar; por cuanto el obligado puede ejercer el derecho a recurrir o a asumir los medios o recursos idóneos para lograr la revisión de la determinación asumida, sin perjuicio del cumplimiento de la asistencia familiar, cuya liquidación se encuentre aprobada y notificada al obligado, con la aclaración que si la resolución del recurso planteado por el obligado, le favorece de alguna manera, de tal forma que haya diferencia cuantitativa o de cálculo a su favor, ésta debe ser tomada en cuenta por la autoridad judicial a tiempo de substanciar la aprobación de las futuras liquidaciones, reconociendo la diferencia que le favorezca.”
El accionante denuncia que, dentro del proceso de asistencia familiar seguido en su contra, la autoridad judicial demandada dispuso su privación de libertad mediante mandamiento de apremio, pese a que la resolución que aprobó la planilla de liquidación de asistencia familiar devengada fue impugnada mediante recurso de reposición con alternativa de apelación, encontrándose pendiente de resolución; situación que -a su criterio- vulneró su derecho al debido proceso con incidencia directa en su libertad personal, además de desconocer su condición de adulto mayor.
De la revisión de antecedentes y conforme a los datos consignados en las Conclusiones II.1 y II.2 del presente fallo constitucional, se advierte que dentro del proceso de asistencia familiar seguido contra el ahora accionante, se aprobó una planilla de liquidación de asistencia familiar devengada, contra la cual interpuso recurso de reposición con alternativa de apelación; no obstante ello, en fecha 27 de septiembre de 2023, fue privado de libertad en ejecución de mandamiento de apremio emitido por la autoridad judicial demandada, quien fundó su actuación en el art. 415.VII CFPF, así como en la necesidad de garantizar el cumplimiento de la asistencia familiar a favor de una persona con discapacidad.
Ahora bien, la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, establece que la liquidación de asistencia familiar aprobada por la autoridad judicial y notificada al obligado, marca el momento del oportuno suministro de esta obligación en favor del beneficiario, que no puede posponerse o dilatarse, no puede condicionarse a plazo o condición alguna, a la resolución de recurso alguno o al cumplimiento de procedimiento alguno; asimismo se enfatiza que la impugnación de la liquidación a través del recurso pertinente no impide la ejecución compulsiva de la obligación alimentaria y por consiguiente de la emisión del mandamiento de apremio y su ejecución.
Dicho entendimiento corresponde ser aplicado en el caso examinado, puesto que la apelación alterna interpuesta por el accionante contra el auto que aprobó la liquidación de la asistencia familiar devengada, no impide la emisión ni la ejecución del mandamiento de apremio, ya que al tratarse de una obligación alimentaria su cumplimiento compulsivo no se halla supeditado a la firmeza del auto que aprobó la liquidación, cuya apelación procede en el efecto devolutivo; es decir, no impide la ejecución de su determinación; por lo cual, la expedición del mandamiento de apremio y su ejecución para obtener el pago de la asistencia familiar devengada, a pesar de hallarse pendiente la resolución sobre la apelación alterna interpuesta por el obligado, no vulnera los derechos de la impetrante de tutela, razón por la cual corresponde denegar la tutela solicitada.
En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/2023 de 28 de septiembre, cursante de fs. 24 a 26, pronunciada por el Juez del Juzgado de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo con los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0267_2026-S3.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): f3843ea07de0199d171263aef4b37d4473e9eb23e591e542f160dce3a118d2ef
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