Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 9 de marzo de 2026
Concede en parte la tutela
La parte accionante denuncia la lesión de su derecho a la vida e integridad; toda vez que, la detención preventiva impuesta a su madre, Cynthia Teresa Contreras Nuñez, quien además ejerce la tutela legal de su hermano declarado interdicto, afecta directamente su cuidado, protección y bienestar. Por su parte, la autoridad demandada informó que la detención preventiva fue dispuesta tras establecerse los presupuestos legales previsto en los arts. 233.1, 2 y 3 del CPP; asimismo, pendiente de resolución la apelación interpuesta por la prenombrada, la cual formuló en la misma audiencia de medidas cautelares. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 323/2025 de 8 de diciembre, cursante de fs. 73 a 78 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia:
1º CONCEDER en parte la tutela de forma provisional hasta y mientras se revise la decisión de detención preventiva, conforme lo desarrolla en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional; 2º DENEGAR, respecto a dejar sin efecto la medida de detención preventiva, al existir un recurso pendiente de resolución; y,
3° DISPONER que por Secretaría General se remita una copia legalizada de los antecedentes del caso y la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, conforme lo desarrollado en esta resolución constitucional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0267/2026-S2 Sucre, 9 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 80579-2026-162-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 323/2025 de 8 de diciembre, cursante de fs. 73 a 78 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Mónica Grisel Arispe Méndez en representación de Enrique Alejandro Contreras Núñez y AA, BB y CC contra Hugo Huacani Chambi, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimoprimero de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 8 de diciembre de 2025 cursante a fs. 1; y, 60 a 62, la parte accionante manifiesta lo siguiente:
En el marco del proceso penal seguido por el Ministerio Público por “…presuntos delitos de corrupción…” (sic), fs. 60, -lo correcto y en adelante es favorecimiento al enriquecimiento ilícito-, Cynthia Teresa Contreras Núñez, madre de AA, BB y CC y tutora de Enrique Alejandro Contreras Núñez -su hermano-, declarado interdicto por autoridad judicial y en estado vegetativo persistente, -ahora accionantes- fue sometida a audiencia de medidas cautelares ante la autoridad demandada, la cual dispuso en su contra detención preventiva. Sin embargo, dicha determinación pone en riesgo su vida, integridad y desarrollo, porque ella sería su única cuidadora principal, pues los niños prenombrados de 4 y 6 años de edad, demandan atención constante, mientras que el accionante interdicto, quien tiene pronóstico neurológico irreversible y vital reservado, depende para su alimentación y medicación, además del manejo de las crisis epilépticas que lo afectan.
Asimismo, esos aspectos fueron expuestos en audiencia de medidas cautelares, incluyendo una denuncia presentada por Cynthia Teresa Contreras Núñez ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción, en la que se habría alertado sobre allanamientos ilegales que afectaron la tranquilidad del hogar y los pusieron en riesgo; sin embargo, el Juez demandado omitió pronunciarse sobre esas situaciones de vulnerabilidad al concluir la audiencia.
Denuncia la lesión de sus derechos a la vida, a la integridad física, a la libertad personal y a la libertad de circulación, citando al efecto los arts. 14, 15, 35, 58, 59 y 60 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, el principio de presunción de inocencia previsto en el art. 116 de la citada norma fundamental. Afirma que, se vulneran específicamente los derechos de los niños vinculados a su protección reforzada e interés superior, indicando afectación al derecho a la vida, así como a la integridad física, salud, familia y desarrollo integral; y, respecto de la persona interdicta, alega afectación al derecho a la vida “…en su componente más amplio…” (sic), fs. 61, mencionando contenidos como integridad, salud y dignidad. Asimismo, señala la transgresión del principio de presunción de inocencia por la forma en que el Juez demandado habría razonado, respecto a los riesgos procesales y elementos del caso en etapa cautelar.
Solicita se conceda la tutela, disponiendo: a) Se revoque la detención preventiva a Cynthia Teresa Contreras Núñez, en su condición de madre de los niños y tutora legal de la persona declarada interdicta, ahora accionantes; y, b) Se apliquen medidas sustitutivas acordes a la realidad procesal, incluyendo el arresto domiciliario con monitoreo.
Celebrada la audiencia pública el 8 de diciembre de 2025, según consta en el acta cursante de fs. 69 a 72, se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliando manifestó que: la problemática central se vincula a la vida y a la protección reforzada de los impetrantes de tutela menores de edad, enfatizando que la autoridad demandada, al dictar la medida cautelar cuestionada, no realizó una adecuada valoración o ponderación acerca de los mismos, añadió que: AA de 4 años presenta algún grado autismo; BB de 6 años sería igualmente dependiente de los cuidados de la madre; y, CC de 10 años sufriría un grado de depresión severa. Asimismo, Enrique Alejandro Contreras Nuñez, persona declarada interdicta, se encuentra en estado vegetativo persistente, que “solo respira” y está conectado a máquinas. De igual forma, ante las preguntas de los Vocales, señaló que los niños, por el momento, estaban bajo los cuidados de los abuelos, precisando que éstos son personas adultas mayores; asimismo, que no se pretendía reabrir la discusión sobre “riesgos procesales” sino que el acto reclamado se enfocaba en la emisión de la resolución sin considerar los criterios de protección hacia los menores de edad, reiterando que el elemento central alegado era la vida.
Hugo Huacani Chambi, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimoprimero de la Capital del departamento de La Paz, por informe escrito cursante de fs. 67 y vta., sostuvo que: 1) La detención preventiva determinada mediante Auto Interlocutorio 619/2025 de 6 de diciembre, se fundamentó en la concurrencia de los presupuestos previstos del art. 233.1, 2 y 3 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, esto es, la probabilidad de autoría, la concurrencia de peligros de obstaculización y el elemento referido al plazo de la detención preventiva; agregando que, la imputada, Cynthia Teresa Contreras Nuñez, se encuentra comprendida en la excepción prevista en el art. 232.III del citado Código, por tratarse de un delito de corrupción; y, 2) Se encuentra pendiente de resolución un recurso de apelación interpuesto por la prenombrada en la audiencia de medidas cautelares, misma que radicó en la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento; razón por la cual, la acción tutelar interpuesta estaría siendo utilizada de manera paralela a dicho recurso.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 323/2025 de 08 de diciembre, cursante de fs. 73 a 78 vta., denegó la tutela solicitada, disponiendo, sin embargo, que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Municipio de La Paz, adopte de manera inmediata medidas de protección integral en favor de los tres niños y el Juzgado Público de Familia que conoció la interdicción de Enrique Alejandro Contreras Núñez revise de oficio la situación de tutela, con base en los siguientes fundamentos: i) La detención preventiva no recae directamente sobre los accionantes; respecto de éstos, la afectación sería indirecta, derivada de la privación de libertad de su cuidadora principal; ii) No se acreditó un peligro actual a la vida o integridad en los términos alegados, y que, Enrique Alejandro Contreras Núñez se encontraría en un centro médico, extremo por el cual se descarta el riesgo invocado; y, iii) La interposición de apelación incidental contra la resolución cautelar objeto de la pretensión principal de Cynthia Teresa Contreras Nuñez, devela que se activó la vía impugnativa en la jurisdicción ordinaria.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, cursante de fs. 83 a 88, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes, con el fin de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha disposición, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, sin guardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa certificado médico de 21 de octubre de 2025, emitido por Edna Catherine Serrano Arancibia -médico neuróloga-, que consigna como paciente a Enrique Alejandro Contreras Núñez -ahora accionante- y refiere diagnóstico de estado vegetativo permanente, además de atrofia cerebral severa y epilepsia secundaria, entre otros datos clínicos. Asimismo, el certificado médico de igual mes y año, suscrito por Artemio Terrazas Rodríguez -médico- refiere que el prenombrado se encuentra en estado vegetativo permanente, señalando además que permanece internado en el Hospital Petrolero Obrajes de la Caja Petrolera de Salud (CPS), desde el 21 de mayo de 2024, transferido de terapia intensiva (fs. 3 y vta.). II. 2. Consta acta de juramento de tutor de interdicto de 2 de diciembre de 2025, prestado por Cynthia Teresa Contreras Núñez ante el Juzgado Público de Familia Tercero de la Capital del departamento de La Paz, en la que acepta constituirse en tutora del interdicto (fs. 23). Respecto a sus tareas de cuidado cursa el Plan General de Gestión Tutelar de 6 de noviembre de 2025 en la que se consiga que la nombrada tutora, a partir de su juramento, debe hacerse cargo del cuidado físico del prenombrado, así como todos los gastos para tal fin, tomar decisiones que faciliten la mejora en su salud, vigilar las condiciones de atención de salud, realizar las gestiones administrativas necesarias ante instituciones competentes, entre otras (fs. 8 vta. y 9 vta.). II.3. Se tienen los certificados de nacimiento que consignan la filiación materna y paterna de: a) AA, con fecha de nacimiento 14 de enero de 2021; b) BB, con fecha de nacimiento 27 de marzo de 2019; y, c) CC, con fecha de nacimiento 27 de enero de 2015 (fs. 4 a 5 vta.). II.4. A través de Acta de Declaración Informativa de Sindicado de 4 de diciembre de 2025, dentro del caso con Código Único de Denuncia (CUD)
201102012506206, se recibe la declaración de Cynthia Teresa Contreras Nuñez, en calidad de sindicada, quien se acoge al derecho constitucional a guardar silencio, y ante la pregunta de si deseaba agregar algo, manifestó que hizo conocer que era tutora legal de su hermano con discapacidad en estado vegetativo, expresando preocupación por el efecto que esa situación podría tener respecto de sus hijos menores de edad y dicha tutela (fs. 56 a 59 vta.). II.5. A través de la Resolución de Imputación A.J.M.M. 016/2025 de 5 de diciembre, emitida por Adolfo Johan Muñoz Mejia, Fiscal de Materia de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Tributarios y Aduaneros de la ciudad de La Paz, se solicita aplicación de medidas cautelares personales dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción y el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, contra Cynthia Teresa Contreras Nuñez y otros, por la presunta comisión del delito de favorecimiento al enriquecimiento ilícito, previsto en el art. 29 de la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” -Ley 004 de 31 de marzo de 2010- ( (fs. 36 a 54).
La parte accionante denuncia la lesión de su derecho a la vida e integridad; toda vez que, la detención preventiva impuesta a su madre, Cynthia Teresa Contreras Nuñez, quien además ejerce la tutela legal de su hermano declarado interdicto, afecta directamente su cuidado, protección y bienestar. Por su parte, la autoridad demandada informó que la detención preventiva fue dispuesta tras establecerse los presupuestos legales previsto en los arts. 233.1, 2 y 3 del CPP; asimismo, pendiente de resolución la apelación interpuesta por la prenombrada, la cual formuló en la misma audiencia de medidas cautelares. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Debe recordarse que, a lo largo de la vida, todas las personas necesitamos ser cuidadas, cuidar y ejercer el autocuidado, pues la interdependencia es una condición propia de la vida humana. Desde una perspectiva amplia el derecho al cuidado se proyecta en diversos mandatos constitucionales vinculados a niñez y adolescencia, familia, corresponsabilidad en el hogar, y protección reforzada de personas con discapacidad y personas adultas mayores (arts. 59.II y IV, 62, 64.I y II, 67, 68, 70.1 y 71, de la Constitución Política del Estado); y, además, se refuerza con los deberes constitucionales de asistencia a hijas e hijos y de protección a ascendientes (art. 108 nums. 9 y 10 del mismo cuerpo legal). En ese marco, corresponde recordar que la privación de libertad no supone la supresión de todos los derechos de la persona detenida ni tampoco implica que se exima de todos sus deberes; de forma que, cuando un privado de libertad se encuentra a cargo de una persona interdicta, la administración penitenciaria debe adoptar las medidas necesarias para garantizar, en lo posible, el cumplimiento de sus obligaciones como tutor, padre o madre. En este marco, si la persona cuidadora se encuentra privada de libertad, la obligación estatal se proyecta hacia la no interrupción del cuidado de terceros dependientes, sea mediante la priorización de medidas alternativas o sustitutivas, o, si ello no fuera posible, mediante la adopción de medidas efectivas que aseguren la continuidad del cuidado.
La acción de libertad no tiene, en principio, un carácter subsidiario; sin embargo, la jurisprudencia de este Tribunal, a partir de las SSCC 0008/2010-R de 6 de abril y SCP 0482/2013 de 12 de abril, señaló la necesidad de acudir previamente a los mecanismos procesales específicos cuando éstos resulten idóneos, eficaces y oportunos para la tutela inmediata del derecho reclamado. A su vez, la SCP 1121/2017-S2 de 23 de octubre enfatizó la necesidad de resguardar los límites entre la justicia constitucional y la jurisdicción ordinaria, evitando intromisiones indebidas que generen vías paralelas. En coherencia con ello, la jurisprudencia desarrolló la subsidiariedad excepcional, particularmente en supuestos de activación simultánea de la acción de libertad con medios ordinarios de impugnación. Al respecto, de manera expresa, la SC 0608/2010-R de 19 de julio, en su Fundamento Jurídico III.3, indicó: “…es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que procede tampoco esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, debido a ello a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se creará una disfunción procesal contraria al orden jurídico” (las negrillas fueron añadidas), entendimiento recogido, entre otras, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0003/2012, 0110/2016-S2, 0582/2017-S3 y 1121/2017. No obstante lo anterior, la jurisprudencia de este Tribunal también precisó que, cuando la denuncia se vincula al derecho a la vida y se acredita un riesgo que requiere tutela urgente, la acción de libertad no queda supeditada al agotamiento de medios ordinarios, en tanto éstos pueden resultar inoportunos para evitar un daño irreparable, línea desarrollada, entre otras, por la SCP 2468/2012 de 22 de noviembre. Ahora bien, esa habilitación excepcional no opera de manera automática por la sola invocación del derecho a la vida. En ese sentido, la SCP 1278/2013 de 2 de agosto, estableció que: “…es la justicia constitucional la que deberá analizar si realmente se está ante una lesión o peligro directo al derecho a la vida tutelable a través de la acción de libertad, pues su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción”, entendimiento que fue reiterado por la SCP 0038/2025-S2 de 24 de febrero.
En consecuencia, corresponde en revisión verificar, por un lado, si los hechos denunciados evidencian una afectación constitucional tutelable a través de la acción de libertad por riesgo a la vida e integridad de los accionantes, vinculada a la detención preventiva de su madre y tutora; y, por otro, si en el caso concurre o no la subsidiariedad excepcional que habilite el análisis de fondo respecto a la medida de la detención preventiva, pese a la existencia del recurso de apelación incidental ya activado, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada. Del Informe de 8 de diciembre de 2025 suscrito por Hugo Huacani Chambí, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimoprimero de la Capital del departamento de La Paz, -ahora demandado- se advierte que, la resolución cautelar que dispuso la detención preventiva de la madre y tutora de los accionantes fue impugnada mediante recurso de apelación incidental interpuesto en la misma audiencia, y que posteriormente el cuaderno procesal habría sido remitido a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, encontrándose la impugnación activada en la vía ordinaria. En ese marco, conforme a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional sobre subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, no es admisible activar simultáneamente la jurisdicción ordinaria y la justicia constitucional para que ambas conozcan y resuelvan los mismos agravios, pues ello genera una disfunción procesal mediante la apertura de una vía paralela. En el presente caso, de los antecedentes se advierte, que se interpuso apelación incidental contra la determinación que dispuso la detención preventiva de Cynthia Teresa Contreras Nuñez, constituyéndose dicho medio impugnativo en la vía prevista por el ordenamiento procesal penal para la revisión de la medida cautelar personal; por lo que, corresponde que sea la autoridad ordinaria competente la que conozca y resuelva esa impugnación, incluyendo, en su caso, la ponderación que resulte pertinente conforme a los estándares desarrollados en el Fundamento Jurídico III.2. En consecuencia, siendo que los motivos vinculados a la revisión de la detención preventiva se encuentran sometidos a la vía ordinaria mediante el recurso referido, los cuales son similares a los planteados en esta acción de defensa, aunque con otros actores, este Tribunal no puede ingresar a resolver ni analizar los argumentos relativos a modificar la medida de detención preventiva de Cynthia Teresa Contreras Núñez, pues ello implicaría revisar la medida cautelar personal, con el consiguiente riesgo de emitir un pronunciamiento paralelo o contradictorio respecto de un extremo cuya competencia de revisión recae en la jurisdicción ordinaria, conforme a la jurisprudencia citada, que a la fecha de interposición de la acción de libertad se encontraba pendiente de resolución. Pese a lo anteriormente referido, de antecedentes se tiene que Enrique Alejandro Contreras Núñez -ahora accionante- cuenta con diagnóstico de estado vegetativo permanente y que su cuidado físico, la cobertura de sus gastos médicos, así como la vigilancia de las condiciones de atención en salud, además de las gestiones administrativas necesarias, se encuentran a cargo de Cynthia Teresa Contreras Núñez en su condición de tutora legal (Conclusiones II.1 y II.2). Por otra parte, se tiene constancia de que AA, BB y CC, de 4, 6 y 10 años de edad, respectivamente, -también accionantes- se encuentran bajo el cuidado principal de la prenombrada, su madre (Conclusiones II.3 y II.4) y que, tras su detención, estarían al cuidado de sus abuelos, personas adultas mayores. Por consiguiente, dado que la medida cautelar de detención preventiva en cuanto a respecto de la prenombrada se encuentra pendiente de revisión, conforme a lo expuesto en el punto anterior, corresponde asegurar de manera provisional la continuidad de las condiciones de cuidado de los accionantes y, a la vez, precautelar el derecho de cuidar y el deber de asistencia de aquella respecto de los mismos, mientras se define la subsistencia de la medida cautelar. Con este fin, corresponde que la intervención de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, ordenada por la Sala Constitucional, se enfoque en asegurar la continuidad del cuidado; más aún considerando que, en audiencia, se afirmó que AA, de 4 años de edad, presentaría algún grado de autismo y que CC, de 10 años, atravesaría un cuadro de depresión, presuntamente vinculado a la exposición del caso en medios de prensa; circunstancia que, si bien no se acompañó con elementos objetivos, resulta indispensable verificar tales extremos. Con relación al accionante interdicto con discapacidad severa y en situación de dependencia absoluta, mientras el Juez a cargo determine su situación de tutela, conforme fue ordenado por la Sala Constitucional, corresponde garantizar el ejercicio del derecho al cuidado por parte de su tutora y hermana, Cynthia Contreras Núñez, a fin de precautelar y efectivizar los cuidados que requiere. Adicionalmente, corresponde que, de acuerdo a las competencias exclusivas municipales en materia de personas con discapacidad del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de La Paz a través de la unidad especializada prevista en el art. 42 de la Ley General para Persona con Discapacidad -Ley 223 de 2 de marzo de 2012- realice el acompañamiento necesario y emita los informes pertinentes, a fin de asegurar la adecuada atención, protección y tutela que requiere el prenombrado, quien se encuentra en estado vegetativo. Asimismo, la autoridad demandada debe priorizar y resolver con carácter urgente, las solicitudes de autorización o de salidas extraordinarias judiciales estrictamente necesarias, a fin de que la tutora de Enrique Alejandro Contreras Núñez, pueda realizar los actos indispensables vinculados a su cuidado y atención. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 323/2025 de 8 de diciembre, cursante de fs. 73 a 78 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia:
1º CONCEDER en parte la tutela de forma provisional hasta y mientras se revise la decisión de detención preventiva, conforme lo desarrolla en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional; 2º DENEGAR, respecto a dejar sin efecto la medida de detención preventiva, al existir un recurso pendiente de resolución; y,
3° DISPONER que por Secretaría General se remita una copia legalizada de los antecedentes del caso y la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, conforme lo desarrollado en esta resolución constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0267_2026-S2.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 37668991ac3b76489e9188189318f0f0097ddfb06c8c40ca4af6ea6ab3ac7fbd
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →