Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 15 de abril de 2025
Concede la tutela
La impetrante de tutela, por medio de sus apoderados, denunció la lesión del debido proceso en sus vertientes debida fundamentación, motivación, congruencia y pertinencia; así como, de los principios de eficacia y eficiencia; y, de su derecho a la defensa; debido a que, dentro del proceso penal que instauró contra Simón Emilio Martínez Caballero, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el Vocal demandado mediante Auto de Vista 512, determinó que no se encontraba latente el peligro de obstaculización contenido en el art. 235.2 del CPP, al concluir incoherentemente que no existían elementos objetivos que acreditaran su vigencia, desconociendo el informe psicológico y las conversaciones presentadas que respaldaban aquello; lo cual, ocasionó que se revocara la detención preventiva del sindicado y se le diese medidas sustitutivas a dicha medida. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 12/23 de 13 de febrero de “2022” –siendo lo correcto 2023–, cursante de fs. 270 a 272 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, únicamente con relación al debido proceso en sus vertientes debida fundamentación, motivación, congruencia y pertinencia, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 512 de 3 de noviembre de 2022, debiendo el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz o quien funja en sus funciones al tiempo de ser notificado con este fallo constitucional, dictar una nueva resolución conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, siempre y cuando, la situación jurídica de Simón Emilio Martínez Caballero, no hubiese cambiado por el transcurso del tiempo, a fin de evitar posibles disfunciones procesales.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0267/2025-S4 Sucre, 15 de abril de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional Expediente: 53840-2023-108-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 12/23 de 13 de febrero de “2022” –siendo lo correcto 2023–, cursante de fs. 270 a 272 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Daniela Susana Ochoa Urioste y Ernesto Hugo Murillo Salvatierra en representación legal de Gabriela Adriana Saravia Ochoa contra Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Por memoriales presentados el 20 de diciembre de 2022, cursante de fs. 149 a 154; y, de subsanación de 3 de febrero de 2023 (fs. 161 y vta.), la accionante, mediante sus apoderados; manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia suya en contra de Simón Emilio Martínez Caballero –ahora tercero interesado–, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el 3 de noviembre de 2022, se llevó a cabo la audiencia de apelación planteada por el imputado contra el fallo que dispuso la aplicación de detención preventiva en su contra, en la que señaló como agravios la falta de fundamentación y motivación respecto a los riesgos procesales insertos en los arts. 234.7 y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); dando lugar a la emisión del Auto de Vista 512 de la misma fecha; mediante el que, se declaró admisible y procedente parcialmente el recurso formulado; y, en consecuencia, se dispuso revocar parcialmente el Auto Interlocutorio 642/22 de 18 de octubre de 2022; al concluir que, el peligro de obstaculización contenido en el art. 235.2 del adjetivo penal, no se encontraba latente al establecer que no existía elemento objetivo que lo respaldará, desconociendo el informe psicológico y las conversaciones presentadas donde se demostró la comisión de actos de violencia sistemáticos y recurrentes, llegando inclusive a ser raptada en su propio domicilio; aspectos que, corroboran que el imputado obstaculizó y seguirá obstaculizando el proceso y pretenderá manipular a la víctima; en virtud de lo cual, se tiene que no se realizó una debida fundamentación y motivación por parte del Tribunal de alzada a tiempo de determinar que ya no concurría el merituado riesgo procesal.
La impetrante de tutela, por medio de sus apoderados, denunció la lesión del debido proceso en sus vertientes debida fundamentación, motivación, congruencia y pertinencia; así como, de los principios de eficacia y eficiencia; y, de su derecho a la defensa, citando al efecto a los arts. 115.II, 117.I, 119.II, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga dejar sin efecto el Auto de Vista 512 de 3 de noviembre de 2022, sea con costas y calificación de daños y perjuicios por la gravedad de los hechos.
Celebrada la audiencia pública virtual el 13 de febrero de “2022” –siendo lo correcto 2023–, según consta en el acta cursante de fs. 267 a 269 vta., presente el apoderado y abogado de la solicitante de tutela; así como, el tercer interesado, ausente la autoridad demandada; se produjeron los siguientes actuados:
La accionante, por intermedio de su apoderado, se ratificó íntegramente en los términos esgrimidos en su demanda de esta acción de amparo constitucional.
Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no asistió a la audiencia virtual de esta acción tutelar ni presentó informe alguno, pese a su notificación legal cursante a fs. 166.
Simón Emilio Martínez Caballero, a través de su abogado, en audiencia virtual; manifestó que: a) El peligro de obstaculización previsto en el art. 235.II del CPP, fue basado ante la autoridad de primera instancia en que existiría actos investigativos pendientes; empero, sin identificar cuáles serían estos, es decir, de manera subjetiva; por lo que, reclamando aquello en alzada, se dio curso a su reclamó; pues, el Vocal ahora demandado, advirtió que el informe psicológico mencionado, no señalaba que su persona le hubiese prohibido denunciar a la víctima como expuso la misma; de igual modo, no se adjuntó ningún otro documento que acredite que hubiese influido o pudiese influir sobre la víctima, testigos o peritos; y, b) De acuerdo a lo establecido por el art. 250 del adjetivo penal, el fallo que imponga una medida cautelar o la rechace es revocable o modificable, aún de oficio; en virtud de lo cual, si la impetrante de tutela considera que la decisión cuestionada es errónea, puede pedir su modificación ante el Juez de la causa.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 12/23 de 13 de febrero de “2022” –siendo lo correcto 2023–, cursante de fs. 270 a 272 vta., denegó la tutela solicitada; fundamentando que, no se cumplió con los presupuestos para realizar de manera excepcional una nueva interpretación de la legalidad ordinaria con relación a la decisión cuestionada.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta acta de audiencia de apelación incidental de medida cautelar de 3 de noviembre de 2022, celebrada dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Gabriela Adriana Saravia Ochoa –hoy accionante–, en contra de Simón Emilio Martínez Caballero –ahora tercero interesado–, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, en la que Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz –hoy demandado–, por Auto de Vista 512 de la misma fecha, dispuso declarar admisible y procedente parcialmente el recurso planteado por el sindicado contra el Auto Interlocutorio 642/22 de 18 de octubre de 2022, quedando latente solo el riesgo procesal previsto por el art. 234.7 del CPP; y, en consecuencia, dispuso medidas sustitutivas a la detención preventiva (fs. 116 a 121; y, 121 a 129 vta.).
La impetrante de tutela, por medio de sus apoderados, denunció la lesión del debido proceso en sus vertientes debida fundamentación, motivación, congruencia y pertinencia; así como, de los principios de eficacia y eficiencia; y, de su derecho a la defensa; debido a que, dentro del proceso penal que instauró contra Simón Emilio Martínez Caballero, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el Vocal demandado mediante Auto de Vista 512, determinó que no se encontraba latente el peligro de obstaculización contenido en el art. 235.2 del CPP, al concluir incoherentemente que no existían elementos objetivos que acreditaran su vigencia, desconociendo el informe psicológico y las conversaciones presentadas que respaldaban aquello; lo cual, ocasionó que se revocara la detención preventiva del sindicado y se le diese medidas sustitutivas a dicha medida. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
La SCP 0175/2020-S4 de 21 de julio, reiterando la línea jurisprudencial emitida con relación a la temática de exordio; sostuvo que: “Al respecto la SCP 0551/2019-S4 de 25 de julio, señaló que: ‘Conforme se ha establecido a través de la jurisprudencia emanada por este Tribunal y a la luz de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, el debido proceso alcanza en su aplicación interpretativa una triple dimensión, constituyéndose tanto en derecho, como en garantía y a su vez, en principio procesal. Esta triple dimensión, asegura la protección de todos los derechos conexos que pudieran verse vulnerados por actos u omisiones indebidas en la tramitación de cualquier proceso, sea este judicial o administrativo. Así, el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se constituye en la garantía del sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir una decisión, explicará de manera clara y sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elementos jurídico-legales que determinaron su posición. Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R y 1369/2001-R, entre otras). En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: «…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas», coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente la decisión, puesto que el relacionamiento de estas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere. Ahora bien, de manera imprescindible, el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se encuentra vinculado con el principio de congruencia, entendido como: «…la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación. Esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, y que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume» (SCP 0486/2010-R de 5 de julio); de donde se infiere que las resoluciones judiciales, deben emitirse, en función al sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes procesales. En armonía con los criterios previamente glosados, la Corte Constitucional de Colombia, refiriéndose a la motivación de los fallos, estableció que: «…la motivación suficiente de una decisión judicial es un asunto que corresponde analizar en cada caso concreto. Ciertamente, las divergencias respecto de lo que para dos intérpretes opuestos puede constituir una motivación adecuada no encuentra respuesta en ninguna regla de derecho. Además, en virtud del principio de autonomía del funcionario judicial, la regla básica de interpretación obliga a considerar que sólo en aquellos casos en que la argumentación es decididamente defectuosa, abiertamente insuficiente o, en últimas, inexistente, puede el juez de tutela intervenir en la decisión judicial para revocar el fallo infundado. En esos términos, la Corte reconoce que la competencia del juez de tutela se activa únicamente en los casos específicos en que la falta de argumentación decisoria convierte la providencia en un mero acto de voluntad del juez, es decir, en una arbitrariedad». Respecto a la congruencia de las resoluciones judiciales, como elemento constitutivo del debido proceso, la SCP 0632/2012 de 23 de julio, estableció que: «…uno de los elementos del debido proceso es la congruencia en virtud de la cual la autoridad jurisdiccional o administrativa, en su fallo, debe asegurar la estricta correspondencia entre lo peticionado y probado por las partes; en ese contexto, es imperante además precisar que la vulneración al debido proceso en su elemento congruencia puede derivar de dos causales concretas a saber: a) Por incongruencia omisiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa emite una resolución sin considerar las pretensiones de las partes, vulnerando con esta omisión el derecho a un debido proceso y también el derecho a la defensa; y, b) por incongruencia aditiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa, falla adicionando o incorporando elementos no peticionados o no discutidos por las partes en el decurso de la causa»; razonamiento que nos permite concluir que la congruencia, se traduce en la respuesta expresa a las pretensiones formuladas por las partes, atendiendo todos y cada uno de los puntos en los cuales se sustenta una acción o recurso y que constriñe a la autoridad que los conoce a contestar y absolver cada una de las alegaciones presentadas, debiendo, además de ello, establecer una armonía lógico-jurídica entre la fundamentación y valoración efectuadas por el juzgador y la decisión que asume’. De lo señalado se concluye que la congruencia como elemento del debido proceso, responde a la estructura misma de una resolución, por la cual, toda autoridad jurisdiccional, está obligada a contestar y absolver cada una de las pretensiones expuestas por las partes en su recurso, lo que implica que el fallo emitido debe responder a la pretensión jurídica y expresión de agravios formulados por las partes, y la concordancia que debe existir en todo el contenido de la respectiva resolución, cuyos considerandos y razonamientos deben guardar la debida coherencia y armonía.
Respecto a la fundamentación y motivación como elementos del debido proceso, implica que la autoridad que emite una resolución, debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes, realizar una exposición clara de los aspectos fácticos, describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso, detallar los medios de prueba aportados, valorar de manera concreta todos y cada uno de los medios probatorios asignándoles un valor específico a cada uno de ellos de forma motivada, determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado; empero, la motivación de una resolución que resuelve cualquier conflicto jurídico o administrativo, no necesariamente implica que su exposición deba ser ampulosa o abundante con consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, pues al contrario como se dijo anteriormente una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara cuales las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, adecuados o subsumidos a la fundamentación legal y citando para ello las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución” (las negrillas nos pertenecen).
Precisada que fue la problemática traída en revisión, de los antecedentes y conclusiones del presente fallo constitucional; se tiene que, en audiencia de apelación incidental de medida cautelar de 3 de noviembre de 2022, celebrada dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Gabriela Adriana Saravia Ochoa –hoy solicitante de tutela–, en contra de Simón Emilio Martínez Caballero –ahora tercero interesado–, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz –hoy demandado–, por Auto de Vista 512 de la misma fecha, dispuso declarar admisible y procedente parcialmente el recurso planteado por el sindicado contra el Auto Interlocutorio 642/22 de 18 de octubre de 2022, quedando latente solo el riesgo procesal previsto por el art. 234.7 del CPP; y, en consecuencia, otorgó medidas sustitutivas a la detención preventiva del imputado (Conclusión II.1.). En ese contexto, la accionante, mediante sus apoderados, denunció la lesión del debido proceso en sus vertientes debida fundamentación, motivación, congruencia y pertinencia; así como, de los principios de eficacia y eficiencia;
y, de su derecho a la defensa; debido a que, dentro del proceso penal que instauró contra Simón Emilio Martínez Caballero, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el Vocal demandado mediante Auto de Vista 512, determinó que no se encontraba latente el peligro de obstaculización contenido en el art. 235.2 del CPP, al concluir incoherentemente que no existían elementos objetivos que acreditaran su vigencia, desconociendo el informe psicológico y las conversaciones presentadas que respaldaban aquello; lo cual, ocasionó que se revocara la detención preventiva del sindicado y se le diese medidas sustitutivas a dicha medida. Así, con la finalidad de efectuar el estudio de la problemática planteada, corresponde inicialmente desglosar los fundamentos del Auto de Vista 512, ahora cuestionado (Conclusión II.1.), siendo estos los siguientes: 1) Con relación al riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del indicado Código, es decir, que el imputado pueda constituirse en un peligro efectivo para la víctima o la sociedad, el Tribunal Constitucional Plurinacional estableció claramente que al efecto debía valorarse varios aspectos, no solamente uno, entre ellos, que el procesado tenga o no antecedentes penales y policiales, parámetro que sirve para estimar si el sindicado puede incurrir en hechos similares estando en libertad; por otro lado, también se debe valorar la naturaleza del hecho; así como, sus características y el contexto en cómo ocurrió, la personalidad del imputado, la condición de la víctima, el tipo penal y su quantum de la pena; dado que, mientras más alta la pena, más probabilidad de fuga, extremos que deben ser tomados en cuenta de manera integral para determinar la vigencia del merituado riesgo o no; así, es menester aclarar respecto a las documentales propuestas por la parte apelante, que está permitido presentar prueba en alzada al tratarse de una audiencia de medidas cautelares, donde no se tuvo un tiempo mínimo para recabar la documentación y mucho más si consideramos que la carga de la prueba le corresponde a la parte acusadora; en ese marco, de la revisión del fallo recurrido, respecto al indicado riesgo procesal de fuga, la autoridad judicial valoró la naturaleza del hecho, el contexto en que ocurrió y la entrevista psicológica de la víctima, en la cual indicó que sufrió violencia psicológica sistemática, existiendo un certificado médico forense; a su vez, la parte apelante presentó Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), extendido por el Órgano Judicial, en el que se acredita que el imputado no registra antecedentes de Sentencia condenatoria ejecutoriada, declaratoria de rebeldía o suspensión condicional del proceso; Certificado de No Violencia y Certificado de Antecedentes Policiales para trámite judicial donde se expresa que no tiene antecedentes en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV), Tránsito y Dirección Nacional de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (DIPROVE); y, Certificado de Permanencia y Conducta emitido por el Régimen Penitenciario que certifica que se encuentra doce días privado de libertad y no registra sanción disciplinaria en trasgresión de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión; asimismo, adjuntó un dictamen pericial de 2 de noviembre de 2022, de valoración de riesgo a la violencia en contra de la pareja, realizado por Bory Urdininea Vaca, Psicólogo Forense, el cual en su parte conclusiva expresa: “de acuerdo a la información disponible del señor Simón Emilio Martínez Caballero no presenta una historial delictivo, su ajuste psicosocial es funcional dentro de lo esperable, sus factores de riesgo estáticos y dinámicos no presentan indicadores que conlleven tendencia a la violencia, su historial de violencia contra sus exparejas es inexistente, tomando en cuenta los datos arrojados por dos ex parejas del mismo y los datos arrojados por sujetos cercanos a la relación actual de él con la denunciante y expareja Gabriela Adriana Sarabia Ochoa, se identifica ausencia de conductas o actitudes violentas hacia su expareja, los resultados en la indignación de sus actitudes y comportamientos hostiles son bajos, se muestra sincero dentro de lo esperable, no manifiesta simulación de síntomas para mostrarse víctima, lo que nos lleva a concluir en la probabilidad de un bajo riesgo de cometer violencia en contra de su expareja, amparándonos en la metodología aplicada que es el ‘Método de Juicio Clínico´, estructurado de la cual es parte el SARA, como guía metodológica de valoración del riesgo a la violencia en contra de la pareja, es que se llega a la conclusión arriba mencionada y tomando en cuenta que al ser humano es un sujeto por naturaleza dinámico/cambiante, es que sugiere los siguiente: Terapia psicológica individual, en caso que la relación se retome, terapia de pareja” (sic.); asimismo, presenta una declaración voluntaria realizada ante la Notaría de Pública 31, en la cual el imputado declaró su: “voluntad de reiterar mi ofrecimiento de dar todas las garantías constitucionales a la denunciante y víctima Gabriela Adriana Saravia Ochoa y para todas las personas que se encuentran dentro de este proceso como ser testigos, peritos, asignado al caso, civiles y judiciales, y toda persona que sea necesaria dentro del presente caso” (sic.); de la valoración objetiva de toda esta documentación, efectivamente se acredita que no tiene antecedentes en cuanto a sentencias previas, en cuanto a denuncia de violencia familiar y otros aspectos, también la pericia psicológica presentada acredita que el imputado no sería agresivo; sin embargo, se observa que esta pericia no toma en cuenta el informe psicológico de la víctima, es decir, que los hechos supuestamente hubiesen ocurrido de manera sistemática, basándose únicamente en la declaración de exparejas y del entorno del sindicado; a partir de lo cual, se concluye que la probabilidad de que sería un riesgo para la víctima sería baja; sin embargo, si bien toda esta documentación es positiva en cuanto a la personalidad del imputado, la misma es insuficiente con relación a los hechos esgrimidos por el Ministerio Público en los que se toma en cuenta el informe psicológico referido, donde se denuncia actos sistemáticos de violencia; por lo que, se mantiene vigente dicho riesgo de fuga, mientras no se presente una pericia complementaria respecto al mismo; 2) En cuanto al peligro de obstaculización contenido en el art. 235.2 del CPP, en la parte in fine de este precepto, modificado por la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019 –Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres– ; manda claramente que, dicho riesgo tiene que establecerse de manera racional, fundamentando de manera objetiva sobre qué personas, testigos o peritos el imputado iba a influir y de qué modo, no pudiendo ser determinado bajo simples subjetividades o meras presunciones; por ello, es que la parte acusadora tiene que presentar elementos objetivos y fundamentar de manera racional ante la autoridad jurisdiccional su concurrencia para que se establezca su vigencia; en ese marco, de la revisión de la resolución recurrida; se tiene que, la autoridad jurisdiccional establece este riesgo procesal bajo el fundamento de que, la carga probatoria la tiene el Ministerio Público; en cuyo marco, se consideró el informe psicológico que evidenciaba ciertos actos sistemáticos de violencia hacia la víctima con anterioridad; y, conversaciones presentadas que ratificaban lo expuesto en el informe psicológico; lo cual, denotaría que el imputado influiría para que no se dé a conocer estos hechos de violencia; fundamentación que, es totalmente subjetiva, tomando en cuenta que en dicho informe solo se estableció que los hechos hubiesen ocurrido de manera sistemática; así como, las conversaciones aludidas, es decir, la autoridad jurisdiccional llega a la conclusión de que el imputado hubiera influido en la víctima sin ningún elemento objetivo; puesto que, en el tales pruebas nunca se hizo mención a que el sindicado le hubiera indicado a la víctima que no denuncie o que desista del proceso, no existe tal conducta o comportamiento del imputado, en las conversaciones referidas tampoco se expresa que en algún momento el justiciable hubiese obstaculizado el proceso; por tanto, no se expresó de qué manera se suscitaría la obstaculización señalada, no simplemente llegar a esa conclusión sin indicar de manera clara y precisa sobre la concurrencia de esa conducta negativa del imputado; en consecuencia, no se estableció de qué manera este hubiera obstaculizado o podría obstaculizar el proceso; y, 3) Sobre la necesidad de mantener la detención preventiva o aplicar otras medidas cautelares, en aplicación de lo ordenado por el art. 231 bis. II del CPP, modificado por la Ley 1173, que manda que siempre que el peligro de fuga o de obstaculización pueda ser evitado razonablemente por la imposición de otra medida cautelar menos gravosa que la detención preventiva, la Jueza, el Juez o Tribunal deberá imponer alguna de aquellas, es decir, establecer si conforme a los principios de proporcionalidad y racionalidad sería necesario aplicar una detención preventiva o en su caso otra de las medidas cautelares que pueda garantizar las finalidades de las mismas; en el presente caso, se tiene que realizar una valoración integral de los datos del proceso para aplicar aquello; en tal sentido, se tiene que el Ministerio Público primero a imputado por el delito de violencia familiar o doméstica, el cual tiene un quantum de pena que no es alto; luego, se tiene un informe psicológico que establece que la denunciante hubiera sido víctima de varios sucesos que no fueron denunciados, además que el imputado hubiese sido aprehendido de manera flagrante; otro aspecto que se debe valorar también es que el imputado tiene un arraigo natural, en la audiencia de apelación de medidas cautelares se acreditó que el mismo tiene un domicilio conocido, una familia constituida y un trabajo lícito; por lo que, al haberse establecido que no existía el peligro de fuga inserto en el art. 235.2 del adjetivo penal, manteniéndose latente sólo un riesgo procesal, que sería el contenido en el art. 234.7 del indicado Código; respecto a ello, el imputado también acreditó que no tenía antecedentes penales ni policiales; en ese sentido, se debe hacer una valoración de todos esos aspectos para acreditar o establecer que dentro del marco de la proporcionalidad y razonabilidad, las medidas cautelares establecidas en el art. 231 bis del Código de Procedimiento Penal previstas en sus numerales del 1 al 9, pueden garantizar la presencia del imputado sin riesgo para la víctima; por lo que, bajo una valoración integral de los datos del proceso, se concluye que al haberse desvirtuado los riesgos procesales y subsistiendo solo el peligro de fuga, una detención domiciliaria de veinticuatro horas puede garantizar las finalidades de las medidas cautelares; puesto que, se trata de violencia psicológica y física, donde existieron hechos reiterados hacia la víctima; por lo que, no se puede dejar en libertad al imputado de manera irrestricta, encontrándose justificada la restricción de la libertad del mismo con la finalidad de garantizar tanto los derechos de la víctima como los del sindicado, con las otras medidas cautelares referidas. De este modo, del contraste de los fundamentos esgrimidos en el Auto de Vista cuestionado y lo denunciado en la problemática planteada; se evidencia que, el Vocal ahora demandado, determinó que no se encontraba latente el peligro de obstaculización contenido en el art. 235.2 del CPP, aludiendo la aplicación de la parte in fine del citado precepto; es decir, que no podía fundarse el peligro de obstaculización en meras presunciones; sin embargo, aquello resulta incongruente cuando admite la existencia del informe psicológico que refleja los presuntos actos sistemáticos de violencia ejercidos por el imputado contra la víctima y las conversaciones entre estos presentadas –las cuales ni siquiera fueron desglosadas a cabalidad–, elementos que indudablemente no son meras presunciones sino indicios objetivos que deben ser valorados como tales; por otro lado, omite de igual modo hacer el análisis del peligro de obstaculización señalado, bajo la previsión del mismo; es decir, que el mencionado riesgo se trataba de lo ordenado por el art. 235.2 del CPP, que a su letra manda: “Que el imputado amenace o influya negativamente sobre los partícipes, víctima, testigos o peritos, a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente”, prescripción que guarda relación con la actitud de influencia del imputado sobre la víctima; a partir de lo cual, mal podría tenerse por racional o coherente, el hecho de que no existan palabras literales del sindicado a la víctima sobre que no denuncie los hechos en cuestión; por lo que, se concluye que los fundamentos del Auto de Vista 512, resultan incongruentes e insuficientes con relación a dicho riesgo; consiguientemente, se evidencia que, el fallo de alzada nombrado, no contiene una estructura de forma y fondo, que exprese las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión; es decir, que carece de una debida fundamentación y motivación, lo cual se traduce en la garantía de las partes procesales de que el juzgador al momento de emitir una decisión, explicará de manera clara, completa y sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elementos jurídico-legales que determinaron su posición; aspecto que, también se encuentra vinculado a la congruencia de los fallos, que significa la estricta correspondencia que debe existir entre lo fundamentado y lo resuelto (Fundamento Jurídico III.1.), extremo que no acontece en el caso de análisis; por lo que, corresponde al respecto conceder la tutela impetrada, únicamente en cuanto al debido proceso denunciado y no así con relación al derecho a la defensa; toda vez que, la accionante no se encuentra procesada; y, por ende, el mencionado derecho no se encuentra en riesgo alguno. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de forma parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 12/23 de 13 de febrero de “2022” –siendo lo correcto 2023–, cursante de fs. 270 a 272 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, únicamente con relación al debido proceso en sus vertientes debida fundamentación, motivación, congruencia y pertinencia, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 512 de 3 de noviembre de 2022, debiendo el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz o quien funja en sus funciones al tiempo de ser notificado con este fallo constitucional, dictar una nueva resolución conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, siempre y cuando, la situación jurídica de Simón Emilio Martínez Caballero, no hubiese cambiado por el transcurso del tiempo, a fin de evitar posibles disfunciones procesales. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0267_2025-S4.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): db117ebdd0615469541f63b10f030e923997fadb907772c10990989f742e4624
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