B.IA.LEGAL

SCP 0267/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 10 de abril de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
10 de abril de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
51205-2022-103-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

Los demandantes de tutela, a través de su representantes sin mandato, alegan la lesión de sus derechos a la vida, a la libertad, al debido proceso y a la presunción de inocencia, vinculados al principio de celeridad; toda vez que, el Fiscal de Materia ahora demandado, dentro del proceso penal seguido en su contra emitió la resolución de Imputación Formal por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, cuando los denunciantes Adolfo Santiago y Octavio ambos Laura Serrano, son varones y no pertenecen a un grupo vulnerable, por lo que, no se encuentran protegidos por la Ley 348; de manera que, correspondía imputarlos por el delito inserto en el art. 271 del CP. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La tutela del derecho a la vida vía acción de libertad; b) Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad. Vías paralelas; y, c) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 16/2022 de 5 de octubre, cursante de fs. 54 a 56, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Novena de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La tutela del derecho a la vida vía acción de libertad
  2. III.2. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad. Vías paralelas
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0267/2025-S1 Sucre, 10 de abril de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 51205-2022-103-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 16/2022 de 5 de octubre, cursante de fs. 54 a 56, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Roberto Laura Serrano, María Paulina Huallpa Aduviri de Laura y Reynaldo Laura Huallpa contra Omar Condori Mamani, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 4 de octubre de 2022, cursante de fs. 44 a 47 vta., los impetrantes de tutela, a través de su representante sin mandato, expresaron los siguientes argumentos de hecho y de derecho.

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señalan que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Adolfo Santiago y Octavio ambos Laura Serrano -sobrinos de los ahora demandantes de tutela-, en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, fueron imputados por los tipos penales referidos a denuncia de sus familiares prenombrados, por lo que sí existe y se reconoce el vínculo familiar; sin embargo, no son población vulnerable para merecer protección por la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- y que sean juzgados como se si tratara de violencia familiar o doméstica, siendo que no se cumplen los arts. 2 y 5 de la mencionada norma y tampoco los preceptos de la SCP 0346/2018-S2 de 18 de julio, que modula y ratifica quienes son los protegidos.

A tal efecto, interpusieron incidente de actividad procesal defectuosa cual fue negado por un formalismo, como la ausencia de firma o exposición de pruebas en la pantalla en audiencia; no obstante que, las partes fueron notificadas con toda la prueba, por lo que ha primado el derecho formal por encima del material; señalando que, “estando ilegalmente procesados y viendo peligrar nuestra vida” (sic), ante una inminente detención ilegal, porque el art. 271 del CP no contempla detención preventiva y el 272 Bis del Código Penal (CP), amenaza su libertad. En la problemática, en el cauce de la persecución ilegal deberá determinarse si en la especie existió actos como la orden de detención, captura o aprehensión que no cumpla con los presupuestos procesales establecidos para su legal emisión, destinados a suprimir, restringir o limitar el derecho a la libertad física de los ahora solicitantes de tutela.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Los peticionantes de tutela denuncian la lesión de sus derechos a la vida, a la libertad, al debido proceso, a la presunción de inocencia, vinculados al principio de celeridad; citando al efecto, el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda la tutela; y en consecuencia se disponga lo que en derecho corresponda.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Efectuada la audiencia de manera virtual de la presente acción tutelar, el 5 de octubre de 2022, según consta el acta cursante de fs. 51 a 53 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los impetrantes de tutela, a través de su representante sin mandato, se ratificaron de manera íntegra en los términos de su acción tutelar y ampliando los mismos, en audiencia, señalaron que: a) En el presente caso el Fiscal de Materia imputó a los ahora demandantes de tutela por un delito inexistente, vulnerando su derecho a la libertad y al debido proceso, dado que la Constitución Política del Estado, la Ley 348, y la jurisprudencia, dan lineamientos específicos para la prosecución de un proceso penal; sin embargo, en el presente caso, las víctimas son varones por lo que la citada ley no los protege, pese a ello los imputaron por el delito inserto en el art. 272 Bis del CP, cuando no son autores de este tipo penal, lo justo y correcto era que si había elementos de convicción se los impute por el art. 271 del CP; toda vez que, las otras víctimas no son parientes consanguíneos y tampoco se demostró que los denunciantes eran víctimas; b) El riesgo es inminente porque la representación fiscal solicitó la detención preventiva por seis meses para una familia completa, estando a vísperas de una audiencia de medidas cautelares; c) Si bien hay mujeres víctimas a quienes supuestamente agrede la madre, la hermana y el hermano de María Paulina -ahora también solicitante de tutela-, pero todos éstos están siendo imputados por el art. 271 del CP; d) En un proceso similar tramitado en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, la autoridad jurisdiccional, mediante Auto Interlocutorio 259/2022, declinó competencia; y, e) Solicita se concede la tutela y en consecuencia se ordene reformular, replantear y corregir la imputación formal.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Omar Condori Mamani, Fiscal de Materia, en audiencia señaló: 1) Los peticionantes de tutela han planteado un incidente de actividad procesal defectuosa que fue declarado infundado por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, resolución que fue apelada y todavía no se tiene el pronunciamiento por parte de la Sala Penal de Turno, por lo que no se ha cumplido con el principio de subsidiariedad; 2) Respecto al proceso de Pucarani donde los imputados serían víctimas, ellos tienen las vías idóneas para hacer valer sus pretensiones planteando excepciones de conexitud o incidente que establece la norma y no así directamente plantear acción de libertad, 3) El Ministerio Público no investiga delitos sino hechos, en este proceso existe multiplicidad de sujetos, son siete imputados y cinco víctimas dentro de las que se tiene a personas de sexo femenino y masculino, en ese sentido de la revisión de la imputación formal, en el romano II, se establece de manera concreta quiénes habrían agredido a quienes, sin embargo, se tiene pendiente la inspección técnica ocular donde se establecerá el grado de participación de cada uno de los imputados; 4) Con relación a otro caso que señalan los ahora impetrantes de tutela, al respecto, una resolución emitida por un juez no es jurisprudencia, por lo que no corresponde sea considerado; con la imputación formal, se abre la etapa preparatoria y una vez concluida la misma, se emitirá el requerimiento conclusivo que corresponde, si los demandantes de tutela demuestran que no tiene ningún grado de parentesco o relación afectiva, seguramente solicitarán al Ministerio Público diferentes requerimientos a objeto de establecer esos hechos, sin embargo, el art. 272 Bis en su numeral 3 del CP es claro, los ascendentes o descendientes, hermanos, hermanas, parientes consanguíneos o afines en línea directa y colateral hasta el cuarto grado, sin embargo, ello no se resuelve en dicha audiencia, donde se pueda dilucidar el tipo penal, será el juez quien conoce la causa, quien valorará la autoría y los riesgos procesales; y, 5) Los solicitantes de tutela, el 18 de julio de 2022, ya presentaron otra acción de libertad bajo similares fundamentos, que fue resuelta por el Juez de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, quien declaró infundado los argumentos vertidos; por lo que, solicita se declare “infundada” la presente acción tutelar.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Novena de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 16/2022 de 5 de octubre, cursante de fs. 54 a 56, denegó la tutela solicitada con base a los siguientes fundamentos: i) De la resolución de imputación formal se tiene que fue presentado el 12 de julio de 2022, mediante la cual se imputa a los peticionantes de tutela por el delito de violencia familiar o doméstica tipificado y sancionado por el art. 272 Bis núm. 3 del CP y en consecuencia solicita la aplicación de la detención preventiva por el plazo de seis meses; ii) Del acta de audiencia del incidente de actividad procesal defectuosa de 28 de septiembre de 2022, se tiene que la citada audiencia fue suspendida para el lunes 3 de octubre de igual año, que según los ahora impetrantes de tutela y la autoridad demandada, el incidente fue declarado infundado y ante el mismo, los solicitantes de tutela habrían interpuesto recurso de apelación incidental, que hasta la fecha no se tendría una respuesta; iii) Conforme a la línea jurisprudencial citada no corresponde plantear esta acción sin antes haber agotado la vía ordinaria, puesto que si bien plantearon incidente de actividad procesal defectuosa ante la autoridad de control jurisdiccional y al haber sido declarado infundado recurrió en apelación incidental, pero no esperó a que el señalado recurso sea resuelto por el Tribunal de alzada, sino interpuso la acción de libertad activando a la vez ambas vías, lo cual no está permitido; iv) El hecho que el Fiscal demandado hubiera presentado imputación formal en su contra por el delito de violencia familiar o doméstica solicitando la detención preventiva de seis meses no puede ser asumido como un acto que ponga en riesgo su derecho a la libertad, ya que contra el mismo puede plantarse incidentes o excepciones, tampoco es que se va disponer directamente su detención, sino que el mismo va ser considerado en audiencia por la autoridad judicial; y, v) En cuanto a que estaría en peligro su vida, el mismo no ha sido fundamentado, ni demostrado para ingresar al análisis de fondo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan obrados se establece lo siguiente: II.1. Consta imputación formal y solicitud de medidas cautelares presentado por el Fiscal de Materia ahora demandado el 12 de julio de 2022, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público a denuncia de Adolfo Santiago y Octavio ambos Laura Serrano, y otros contra de Roberto Laura Serrano, María Paulina Huallpa Aduviri de Laura, Reynaldo Laura Huallpa -ahora peticionantes de tutela- y otros por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica y lesiones graves y leves (fs. 34 a 43). II.2. Cursa acta de audiencia de incidente de actividad procesal defectuosa de 28 de septiembre de 2022, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Publico a denuncia de Adolfo Santiago y Octavio ambos Laura Serrano y otros contra de Roberto Laura Serrano, María Paulina Huallpa Aduviri de Laura, Reynaldo Laura Huallpa -ahora impetrantes de tutela-por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica y lesiones graves y leves; en el cual, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz suspende el actuado (fs. 2 a 4).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los demandantes de tutela, a través de su representantes sin mandato, alegan la lesión de sus derechos a la vida, a la libertad, al debido proceso y a la presunción de inocencia, vinculados al principio de celeridad; toda vez que, el Fiscal de Materia ahora demandado, dentro del proceso penal seguido en su contra emitió la resolución de Imputación Formal por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, cuando los denunciantes Adolfo Santiago y Octavio ambos Laura Serrano, son varones y no pertenecen a un grupo vulnerable, por lo que, no se encuentran protegidos por la Ley 348; de manera que, correspondía imputarlos por el delito inserto en el art. 271 del CP. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La tutela del derecho a la vida vía acción de libertad; b) Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad. Vías paralelas; y, c) Análisis del caso concreto.

III.1. La tutela del derecho a la vida vía acción de libertad

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0363/2018-S2 de 24 de julio, asumió el siguiente razonamiento: El contenido del derecho a la vida consagrado en innumerables artículos de la Constitución Política del Estado y de las normas del bloque de constitucionalidad, se extiende no solo a representar la interdicción de la muerte arbitraria, sino que implica la creación de condiciones de vida digna, que involucra, en lo conducente a la acción de libertad, a otros derechos conexos e interdependientes que no se encuentran en el ámbito de su protección, como por ejemplo: 1) El derecho a la salud y la integridad personal de los privados de libertad; 2) El derecho a la salud en problemas jurídicos vinculados con el derecho a la libertad de locomoción y arraigos; 3) El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia en cualesquiera de sus formas; incluso 4) Cambiando la tradición jurídica civilista de considerar persona solo a las existentes físicamente; es decir, la consideración de sujeto de derecho y derechos a la persona fallecida y a su dignidad, en una visión plural del derecho a la vida digna en contextos de retenciones de cuerpos de pacientes en centros hospitalarios, entre otros supuestos; razón por la cual, el Estado asume un doble rol; primero, garantizar que las personas no sean privadas de ese derecho; y segundo, implementar simultáneamente políticas para garantizar una vida en condiciones acordes a su dignidad; resumiéndose estas obligaciones en dos sentidos; vale decir, su respeto y su protección, respectivamente.

El alcance amplio que se otorgó al derecho a la vida, su concepción como derecho autónomo, empero también interdependiente con otros derechos en virtud del art. 13.I de la CPE, dio lugar a que este Tribunal emita numerosas Sentencias favoreciendo el acceso a la justicia constitucional a través de la acción de libertad, cuando se invoca este derecho como lesionado, señalando que: i) La protección del derecho a la vida a través de la acción de libertad es posible, aun no exista vinculación directa ni indirecta con el derecho a la libertad física, personal o de locomoción -por todas, la SCP 2468/2012 de 22 de noviembre-, superando una tradición jurisprudencial que persistía en la necesidad de su vinculación; ii) Tratándose del derecho a la vida, la parte accionante es la que debe asumir la decisión de formular una acción de libertad o de amparo constitucional, así refiere la SCP 1278/2013 de 2 de agosto; y, iii) Respecto al derecho a la vida, de cuyo ejercicio depende el goce de otros derechos, con ningún argumento puede aplicarse la subsidiariedad excepcional -por las demás, las SSCC 0008/2010-R, 0080/2010-R y 0589/2011-R-.

Los señalados precedentes constitucionales son vinculantes conforme lo dispuesto por el art. 203 de la CPE y dan concreción al principio de informalismo que rige la acción de libertad, con contenidos favorables y progresivos que protegen de mejor forma el derecho de acceso a la justicia constitucional; es decir, son lineamientos jurisprudenciales mínimos para los jueces y tribunales de garantías, a partir de los cuales, en el marco de los principios de favorabilidad contenido en los arts. 13.IV y 256 de la CPE; y, de progresividad de los derechos y prohibición de regresividad de los mismos, resguardados en el art. 13.I de la CPE, pueden ser reforzados y ampliados, máxime si la obligación de vinculatoriedad a los lineamientos jurisprudenciales mínimos, tanto respecto del derecho de acceso a la justicia como los emitidos en protección de los derechos individuales y colectivos, forman parte también del cumplimiento de las obligaciones generales del Estado, previstas en el art. 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

III.2. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad. Vías paralelas

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0241/2018-S2 de 12 de junio, asumió el siguiente razonamiento: El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad; ya en el marco de la Constitución Política del Estado vigente a partir de 10La SCP 2233/2013 de 16 de diciembre, en el FJ III.3 sostiene: “Nos referimos, con la expresión estándar más alto de la jurisprudencia constitucional, para resaltar aquélla o aquéllas decisiones del Tribunal Constitucional que hubieran resuelto un problema jurídico recurrente y uniforme, pero de manera progresiva a través de una interpretación que tiende a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad. El método de identificación del estándar más alto en la jurisprudencia constitucional, es a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, de tal forma que el precedente constitucional en vigor se constituirá en aquél que resulte de dicha comparación” (la negrillas son nuestras). Luego, la SCP 0087/2014-S3 de 27 de octubre, siguiendo tal entendimiento, enfatizó que la: “…forma de identificación del precedente constitucional en vigor a través de la lectura contextualizada de la línea jurisprudencial que requería como única condición el criterio temporal del precedente, resultando el último en términos de fecha de emisión por el Tribunal Constitucional (que hubiere cambiado, modulado o reconducido un determinado entendimiento) tuvo una evolución significativa, por cuanto a partir de la SCP 2233/2013 de 16 de diciembre, la justicia constitucional entendió que el precedente constitucional en vigor, resulta aquél que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocado, provocando con ello, que la invocación y aplicación de un precedente sea escogido dentro del contexto de la línea jurisprudencial ya no solamente fijándose el criterio temporal del mismo, sino sobre todo aquél que sea exponente del estándar más alto de protección del derecho”. 11El FJ III.1.2., señal: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida.

En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria”.

2009, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, señaló que la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria.

Posteriormente, la SC 0105/2010-R de 10 de mayo señaló que cuando quien recurre de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aun en el supuesto que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, no procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad; puesto que de lo contrario, se crearía una disfunción procesal opuesta al orden jurídico. Más adelante en la SC 0687/2011-R de 16 de mayo se denegó la tutela en razón a que el accionante activo paralelamente las jurisdicciones ordinaria y constitucional, luego la SCP 0160/2014-S2 de 20 de noviembre, 12El FJ III.4, menciona: “Bajo la premisa expuesta, los medios de defensa, y en este caso la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria; por ello, y sin que implique una restricción a sus alcances, ni desconocimiento al principio de favorabilidad, sino para que no pierda su esencia misma de ser un recurso heroico, se ha establecido que en los casos, que en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, a través de la acción de libertad, hay aspectos que se deben tener en cuenta, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones, en los siguientes supuestos:

Primer supuesto:

Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación.

Segundo Supuesto:

Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física.

Tercer supuesto:

Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar”. 13El FJ III.3, indica: “En ese sentido, para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico”.

también denegó la tutela por activación paralela de las jurisdicciones ordinaria y constitucional.

Conforme a lo anotado, se evidencia que la jurisprudencia constitucional mantuvo uniforme el entendimiento de la no procedencia de la acción de libertad cuando el impetrante de tutela activa simultáneamente las jurisdicciones ordinaria y constitucional, en mérito a la subsidiariedad excepcional.

III.3. Análisis del caso concreto

Los peticionantes de tutela, a través de su representantes sin mandato, alegan la lesión de sus derechos a la vida, a la libertad, al debido proceso y a la presunción de inocencia, vinculados al principio de celeridad; toda vez que, el Fiscal de Materia ahora demandado, dentro del proceso penal seguido en su contra emitió la resolución de Imputación Formal por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, cuando los denunciantes Adolfo Santiago y Octavio ambos Laura Serrano, son varones y no pertenecen a un grupo vulnerable, por lo que, no se encuentran protegidos por la Ley 348; de manera que, correspondía imputarlos por el delito inserto en el art. 271 del CP. De los antecedentes señalados en las Conclusiones del presente fallo constitucional, se advierte que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Adolfo Santiago Laura Serrano y otros, contra Roberto Laura Serrano y otros, cursa imputación formal y solicitud de medidas cautelares por la presunta comisión de los delitos de violencia familiar o doméstica y lesiones graves y leves, presentada por el Fiscal de Materia demandado con fecha 12 de julio de 2022 (Conclusión II.1). Asimismo, dentro del mismo proceso penal, consta el acta de audiencia de incidente de actividad procesal defectuosa de 28 de septiembre de 2022, en la que, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto, departamento de La Paz, dispuso la suspensión del actuado (Conclusión II.2). Efectuadas estas precisiones, corresponde establecer que, conforme al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional -relativo a la excepción a la subsidiariedad por afectación al derecho a la vida-, debe realizarse un análisis específico del caso concreto para determinar si es procedente ingresar al fondo de la acción. En el caso que nos ocupa, se advierte que los actos cuestionados no están relacionados con una afectación directa al derecho a la vida. Por el contrario, se trata de actos procesales dentro de un proceso penal en el que los ahora impetrantes de tutela fueron imputados formalmente y se solicitó la aplicación de medidas cautelares por el plazo de seis meses. La sola emisión de una imputación formal no constituye, por sí misma, un riesgo real o inminente contra la vida, razón por la cual no corresponde ingresar de manera directa al fondo del asunto. Respecto al agravio relacionado con la imputación formal por el delito de violencia familiar o doméstica -a pesar de que los denunciantes son varones y que no pertenecerían, según los demandantes de tutela, a un grupo vulnerable ni estarían protegidos por la Ley 348-, se advierte que dicha observación fue planteada como incidente de actividad procesal defectuosa, el cual fue resuelto y declarado infundado, conforme al acta correspondiente. Dicha resolución fue objeto de recurso de apelación, el cual se encuentra en trámite. Lo anterior demuestra que los ahora solicitantes de tutela activaron dos vías paralelas para resolver el mismo conflicto: la jurisdicción ordinaria y la constitucional, en forma simultánea. Cabe señalar que el incidente fue resuelto el 3 de octubre de 2022, mientras que la acción tutelar fue interpuesta el 4 del mismo mes y año.

En ese marco, cuando se activan paralelamente dos vías con el mismo objeto -una ordinaria y otra constitucional-, esta última se encuentra impedida de ingresar al análisis de fondo, en resguardo del principio de subsidiariedad y para evitar una duplicidad de fallos sobre un mismo asunto, lo que generaría una disfunción procesal. Este entendimiento se encuentra desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional. Por las razones expuestas, no corresponde ingresar al fondo del agravio planteado por los peticionantes de tutela. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 16/2022 de 5 de octubre, cursante de fs. 54 a 56, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Novena de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Notas al pie

1 La SCP 0033/2013 de 4 de enero, en el FJ III.1, dentro de una acción de amparo constitucional, refiere: “…el derecho a la vida más allá de representar la interdicción de la muerte arbitraria, implica la creación de condiciones de vida por parte del Estado; el cual no debe escatimar esfuerzos en todos sus niveles para garantizar en la medida de lo posible, la subsistencia con dignidad de todas las personas, aspirando a consolidar el vivir bien, utilizando todos los mecanismos de los que dispone”. 2Tribunal Constitucional Plurinacional. SCP 1977/2013 de 4 de noviembre. 3La SCP 0618/2012 de 23 de julio, en su FJ III.4, manifiesta que a través de la acción de libertad, es posible tutelar el derecho a la salud e integridad personal de privados de libertad, cuando se encuentra en directa conexión con el derecho a la vida.

4 La SC 0023/2010-R de 13 de abril, prevé la protección de los derechos a la salud y a la vida en vinculación con el derecho a la libertad de locomoción, en problemas jurídicos vinculados a arraigos. 5Tribunal Constitucional Plurinacional. SCP 0033/2013, FJ III.2. 6Tribunal Constitucional Plurinacional. SCP 2007/2013 de 13 de noviembre. 7Tribunal Constitucional Plurinacional. SC 0687/2000-R de 14 de julio y SCP 033/2013. 8La SCP 0044/2010-R de 20 de abril, en el FJ III.5, establece que la protección del derecho a la vida vía acción de libertad, está íntimamente relacionada con el derecho a la libertad personal; que fue confirmada, entre otras, por la SCP 0813/2012 de 20 de agosto, precisando que la acción de libertad tutela el derecho a la vida siempre y cuando se encuentre vinculado con la libertad física o de locomoción. 9El FJ III.2, sobre la abstracción de la excepción del principio de subsidieriedad, al hallarse involucrado el derecho a la vida, señala: "El art. 18 de la CPEabrg, instituyó el recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad prevista por el art. 125 de la CPE, como un recurso extraordinario cuya finalidad esencial era la protección a la libertad, ámbito de tutela que ha sido ampliada en el orden constitucional vigente a la vida, que como se ha visto, constituye un derecho primario en sí, inherente al ser humano, y por ende su protección es prioritaria, por constituir un bien jurídico primario y fuente de los demás derechos. Por ello, a diferencia de la tutela a la libertad, y su condicionamiento del agotamiento previo de las instancias intraprocesales, para pedir su protección a través de este medio constitucional idóneo, eficaz e inmediato, respecto a la vida, su tutela puede ser solicitada de manera directa; es decir, que puede acudir a la jurisdicción constitucional, sin tener que agotar previamente la vía jurisdiccional” (las negrillas son añadidas).

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0267_2025-S1.pdf · páginas 1 a 11.

Huella digital del PDF (SHA-256): f2255a0b5a4480365092b59b181d914d19e5639ffbb21c2830ef85d1db7fe9af

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