B.IA.LEGAL

SCP 0267/2024-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 19 de junio de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
19 de junio de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
50453-2022-101-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El peticionante de tutela considera lesionado su derecho a la petición vinculado al derecho al trabajo; en razón a que, habiéndose dictado a su favor el requerimiento conclusivo de sobreseimiento mediante la Resolución LATC-006/2015, el 1 de febrero de 2019, presentó memorial al Ministerio de Educación, solicitando la reincorporación a su fuente laboral y el pago de haberes devengados desde diciembre de 2018; sin embargo, hasta la interposición de la presente acción tutelar -4 de agosto de 2022-, no recibió respuesta alguna; de igual modo, los memoriales que presentó el 2 de agosto de 2022 -con similares pretensiones que las descritas-, una vez que se emitió la Resolución FDLP/ARVM/S-415/2022, que determinó ratificar el requerimiento conclusivo de sobreseimiento emitido a su favor, tampoco obtuvieron ninguna contestación oportuna. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 154/2022 de 31 de agosto, cursante de fs. 329 a 331 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración de no haber ingresado al fondo de la problemática planteada; sin embargo, se exhorta al Ministro de Educación y al Director Departamental de Educación de La Paz, a que en el plazo de tres días desde la notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, procedan a la notificación personal con las respuestas emitidas a las solicitudes efectuadas por el accionante, salvo que esto por el transcurso del tiempo ya se hubiera efectuado; y, 2° Exhortar a Heriberto Verónico Pomier Madriaga y Miryam Virginia Aguilar Rodríguez, Vocales de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a que en posteriores actuaciones observen los plazos establecidos en la norma, a fin de la resolución inmediata de las causas puestas en su conocimiento, conforme se tiene explicado en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de inmediatez en la interposición de la acción de amparo constitucional
  2. III.2. Del contenido esencial del derecho de petición y de los presupuestos para su tutela
  3. III.3. Análisis del caso concreto
  4. III.4. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0267/2024-S2 Sucre, 19 de junio de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 50453-2022-101-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 154/2022 de 31 de agosto, cursante de fs. 329 a 331 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ricardo Chura Choquehuanca contra Edgar Pary Chambi, Ministro de Educación y Carmelo López Valda, Director Departamental de Educación de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 4 de agosto de 2022, cursantes de fs. 115 a 129, el accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Por Memorándum DDE-M 27/2018 de 5 de diciembre, fue suspendido del cargo que desempeñaba como Director Encargado de la Unidad Educativa Quillima Titicachi del Distrito de Educación de Mocomoco, provincia Camacho del departamento de La Paz, a consecuencia del proceso penal iniciando en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, donde se emitió a su favor el requerimiento conclusivo de sobreseimiento -Resolución LATC-006/2015 de 24 de marzo-, pronunciado por el Fiscal de Materia, que posteriormente fue ratificado mediante la Resolución FDLP/ARVM/S-415/2022 de 12 de mayo, emitida por la Fiscalía Departamental de La Paz. No obstante, al encontrarse sin una fuente laboral e injustamente suspendido sin goce de haberes, el 1 de febrero de 2019, mediante memorial solicitó al entonces Ministro de Educación, la reincorporación a su fuente laboral y el pago de haberes devengados desde diciembre de 2018, en aplicación del art. 3 del Decreto Supremo (DS) 1302 de 1 de agosto de 2012 -modificado por el DS 1320 de 8 de idéntico mes y año-, que expresa: ‘“en caso de sobreseimiento emitido por autoridad competente o sentencia absolutoria, la o el director, docente a administrativo, será restituido en sus funciones con la totalidad de sus haberes devengados”’ (sic); sin embargo, hasta la interposición de la presente acción tutelar no obtuvo ninguna respuesta, lesionando de esa manera su derecho a la petición, situación que también coartó su derecho al trabajo, tomando en cuenta que a “la fecha” -se entiende 4 del citado mes de 2022- no puede ejercer su profesión. En ese sentido, ante la inminente lesión de sus derechos y sin tener autoridad a quien recurrir a fin del restablecimiento de los mismos, debe prescindirse del principio de subsidiariedad; ello, considerando que fue denunciado de manera injusta, demostrando su inocencia con la Resolución LATC-006/2015 -de sobreseimiento- emitida a su favor; sin embargo, se encuentra suspendido de sus funciones laborales educativas desde el 5 de diciembre de 2018, hasta la “fecha”; y, a pesar de solicitar a la parte accionada la reincorporación a su fuente laboral y el pago de los haberes correspondientes, dicha petición no fue atendida de manera oportuna; motivo por el cual, interpone el presente mecanismo de defensa.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la petición vinculado al derecho al trabajo, citando al efecto los arts. 24 y 47 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, XXIV de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre (DADDH). En audiencia de garantías invocó los arts. 46.I y II, y 48.III y IV de la citada norma constitucional; y, XIV de la DADDH.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga: a) La inmediata reincorporación a su fuente de trabajo como “Director” de la Unidad Educativa Quillima Titicachi del Distrito de Educación de Mocomoco; y, b) El pago retroactivo de los haberes correspondientes desde diciembre de 2018 al “presente”.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 31 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 320 a 328, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela, por intermedio de su abogado, ratificó los términos expuestos en la demanda de acción de amparo constitucional y ampliando en audiencia manifestó que, al no existir ninguna contestación a la solicitud presentada el 1 de febrero de 2019, adjuntando la Resolución FDLP/ARMV/S-415/2022 -jerárquica de sobreseimiento- dispuesta a su favor, el 2 de agosto de 2022, envió escritos a los ahora accionados.

Asimismo, en respuesta al informe presentado por la parte accionada; señaló que, sin bien el Ministerio de Educación alega que emitió una respuesta a través de Nota Cite DDELP/UAJ 2989/2022 de 10 de igual mes y año, la misma es posterior a la interposición de esta acción tutelar; además, carece de legalidad, porque fue contestada en referencia a una circular que fue emitida el 9 de agosto de 2019, y no así a lo que solicitó, lesionando por segunda vez su derecho a la petición.

I.2.2. Informe de la parte accionada

Edgar Pary Chambi, Ministro de Educación, a través de sus representantes, por informe escrito, cursante de fs. 148 a 153 vta., y en audiencia, refirió que: 1) Con relación al memorial presentado el 1 de febrero de 2019, del cual aduce el accionante no se habría dado una respuesta; cabe mencionar que, desde esa fecha hasta la interposición de la presente acción tutelar -4 de agosto de 2022- transcurrieron tres años y seis meses, tiempo que el precitado dejó pasar de manera pasiva, cuando el derecho para activar este mecanismo de defensa precluyó al haber sido interpuesto de manera extemporánea; por lo que, en el caso es aplicable el principio de inmediatez; 2) Del mismo modo, el peticionante de tutela no efectivizó ante la referida instancia los mecanismos administrativos, lo cual conlleva a la imposibilidad de pronunciarse sobre lo ahora pretendido; asimismo, el prenombrado intenta activar la procedencia de la presente acción tutelar por "VÍAS O MEDIDAS DE HECHO" (sic), sin tomar en cuenta que para configurarse la misma se debe actuar de manera oportuna e inmediata, lo cual no ocurrió dentro del presente caso; 3) En cuanto al memorial presentado el 2 de agosto de 2022, solicitando la reincorporación a su fuente de trabajo como profesor de la Unidad Educativa Quillima Titicachi y la suspensión de la anotación preventiva del rótulo en el Registro Docente Administrativo (RDA) “observado preventivo-medida cautelar”, se emitió el Informe IN/VER 0185/2022 de 16 de agosto; por el cual, el Viceministerio de Educación Regular, señaló que mediante Nota Cite NE/VER 1092/2022 de 8 de dicho mes, pidió a la Dirección Departamental de Educación de La Paz, la remisión de un informe pormenorizado y documentado, mencionando que lo impetrado por el interesado será respondido cuando se tenga la información del caso; 4) Previo a la reincorporación y pago de haberes devengados, el impetrante de tutela debe cumplir los requisitos establecidos en los arts. 17 y 19 de la Resolución Ministerial (RM) 1239/2018 de 14 de diciembre, y una vez realizado aquello, la indicada Dirección Departamental de Educación procederá a la emisión de los actuados correspondientes, y remitirá los mismos a esa Cartera de Estado para su procesamiento; y, 5) Conforme los argumentos citados, pide se deniegue la tutela solicitada, por incumplimiento de los principios de inmediatez y de subsidiariedad, al haber demostrado que no existe ninguna vulneración a los derechos al trabajo y a la petición. Carmelo López Valda, Director Departamental de Educación de La Paz, por informe escrito, cursante de fs. 265 a 270, y en audiencia, pidiendo se deniegue la tutela impetrada, expresó que: i) Con relación a la solicitud del accionante de 1 de febrero de 2019, de reincorporación a su fuente de trabajo, pago retroactivo de haberes y suspensión de anotación preventiva del rótulo RDA “observado preventivo-medida cautelar”, como consecuencia de la emisión del requerimiento conclusivo de sobreseimiento; se debe considerar que, al ser el mismo susceptible de impugnación y al no existir una resolución jerárquica, en dicha gestión no se podía dar curso a la mencionada pretensión; además, en los arts. 17 y 19 de la RM 1239/2018 se establece los requisitos que el precitado debe cumplir para requerir lo impetrado; ii) En cuanto al escrito presentado el 2 de agosto de 2022, de solicitud de reincorporación y suspensión de la anotación preventiva del “rotulo RDA”, como consecuencia de la Resolución FDLP/ARVM/S-415/2022, que ratificó el sobreseimiento emitido en favor del impetrante de tutela, se emitió dentro del plazo legal la Nota CITE: DDELP/UAJ 2982/2022 de 10 del citado mes; indicando que, previamente conforme lo establece la normativa en vigencia, dé cumplimiento a lo establecido en la RM 1239/2018, que en el art. 19 señala los requisitos para la reincorporación al Sistema Educativo Plurinacional (SEP), solicitando al interesado presente los requisitos ahí establecidos, encontrándose “al presente” la Dirección Departamental de Educación La Paz, a la espera de los mismos para disponer lo que corresponda de acuerdo a normativa vigente; iii) Asimismo, una vez recepcionada la Nota CITE NE/VER 1092/2022, suscrita por Bartolomé Puma Velásquez, Viceministro de Educación Regular, por la que remite los antecedentes para inicio de proceso de investigación, se emitió el Informe Legal DDELP/UAJ/ 405/2022 de 12 de igual mes; y, iv) Elementos de orden material que evidencian de forma clara y objetiva la atención pronta, oportuna y prioritaria que se otorgó al caso del accionante; quien por el contrario, debe observar el conducto administrativo y los requisitos previos a objeto de encontrar respuesta por parte de la mencionada Dirección.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Rubén Santos Quispe Ali y Beatriz Quispe Sonco, a pesar de su notificación cursante a fs. 289, conforme fue dispuesta en audiencia suspendida de 17 de agosto de 2022, no remitieron escrito alguno; empero, el primero de los nombrados se hizo presente en la audiencia de consideración de este mecanismo de defensa, señalando, por intermedio de su abogado, que la determinación adoptada por la Fiscalía Departamental de La Paz, le genera agravios a sus derechos, decisión contra la cual en su debido momento interpondrá una acción de amparo constitucional; por lo que, allanándose a lo requerido por la parte accionada, también solicita se deniegue la tutela impetrada.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 154/2022 de 31 de agosto, cursante de fs. 329 a 331 vta., denegó la tutela solicitada bajo los siguientes fundamentos: a) Con relación a la denuncia de omisión de respuesta al memorial presentado el 1 de febrero de 2019; cabe referir que, lo impetrado no puede ser objeto de análisis, considerando que el accionante tenía la posibilidad y oportunidad de activar este mecanismo de control tutelar desde finales del referido mes y año; empero, al no haber obrado de esa manera dejó precluir el principio de inmediatez, situación que impide pronunciarse sobre actos presuntamente lesivos que acontecieron fuera del margen de los seis meses que manda el art. 129 de la CPE; a ello, se añade que el mérito postulado en la aludida gestión no era pertinente ni congruente, ya que el proceso penal iniciado aún se encontraba en etapa de investigación preliminar vigente, sin que exista una resolución administrativa o judicial firme que hubiese librado de toda responsabilidad al accionante; toda vez que, la Resolución FDLP/ARVM/S-415/2022 -jerárquica-, data de 12 de mayo; b) Si bien el peticionante de tutela en su demanda de acción de amparo constitucional no hace mención a los memoriales de 2 de agosto de 2022; empero, materialmente cursan en antecedentes, y respecto a estos plantea una omisión en que hubiere incurrido la parte accionada; sin embargo, conforme se advierte de la RM 1239/2018, arts. 17, 18 y 19, que lo impetrado debe ser atendido inicialmente en sede de la Dirección Departamental de Educación de La Paz, no siendo tuición del Ministerio de Educación. Asimismo, en respuesta a dicho escrito, se tiene Nota CITE DDELP/UAJ 2982/2022, donde se hace conocer que lo requerido se encuentra observado y que debe adjuntar ciertos requisitos, siendo puesta en conocimiento del accionante el 10 de igual mes y año; c) A objeto de precisar si existe o no la lesión del derecho a la petición, corresponde remitirnos a los diversos entendimientos emitidos por el Tribunal Constitucional Plurinacional, siendo uno de ellos que la autoridad accionada no hubiese atendido con la suficiente prontitud el requerimiento expuesto por el administrado; en el caso, se tiene la solicitud de 2 de agosto de 2022, y la activación de esta acción tutelar data de 4 de igual mes y año; es decir, dos días después de presentado el memorial, actuación a partir de la cual no se advierte que se hubiese inobservado el principio del plazo razonable para atender lo impetrado; en consecuencia, la Dirección Departamental de Educación de La Paz, tampoco generó lesión alguna al derecho a la petición; y, d) En cuanto a la vinculación con el derecho al trabajo, cabe referir que la materialización de la percepción salarial se encuentra supeditada al cumplimiento y presentación previo de los documentos establecidos en la referida Resolución Ministerial, requisitos que de acuerdo a lo evidenciado y no refutado por el accionante, aún no fueron cumplidos a objeto que la referida Dirección Departamental de Educación imprima el trámite que en derecho corresponda; consiguientemente, la lesión del citado derecho no resulta ser evidente.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Memorándum DDE-M 27/2018 de 5 de diciembre, a través del cual Edwin Félix Limachi Amaru, Director Distrital de Educación de Mocomoco, perteneciente a la Segunda Sección Municipal de la provincia Camacho del departamento de La Paz, dispuso la suspensión de funciones laborales educativas, sin goce de haberes, de Ricardo Chura Choquehuanca -hoy accionante-, en su calidad de Director Encargado de la Unidad Educativa Quillima Titicachi, en el marco del DS 1302 modificado por el DS 1320 “Artículo 3 (Medida de Seguridad y Protección)” (sic [fs. 10]). II.2. Mediante memorial presentado el 1 de febrero de 2019, ante el entonces Ministro de Educación, el accionante a consecuencia del requerimiento conclusivo de sobreseimiento -Resolución LATC-006/2015 de 24 de marzo-, emitido a su favor por Lenar Amílcar Tiñini Calle, Fiscal de Materia, aseverando que el mismo no había sido impugnado por la partes, pidió: 1) La reincorporación a su fuente de trabajo como profesor de la Unidad Educativa Quillima Titicachi del Distrito de Educación de Mocomoco; 2) La cancelación retroactiva de los haberes de diciembre de 2018 y enero de 2019, así como de “febrero” si le corresponde; 3) Reintegración del pago del doble aguinaldo; y, 4) La suspensión de la anotación preventiva del rótulo “RDA Observado Preventivo-Medida Cautelar” (sic), en atención a nota CITE: DDELP/UAJ 1490/2018 de 13 de noviembre (fs. 8 a 9). II.3. Se tienen notas presentadas el 1 y 7, ambos de febrero de 2019, dirigidas a Juan Churata Cosme, Director Departamental de Educación de La Paz y Edwin Félix Limachi Amaru, Director Distrital de Educación de Mocomoco; mediante las cuales, el hoy impetrante de tutela puso a su conocimiento la copia del memorial dirigido al Ministerio de Educación -descrita precedentemente-, anunciando que demostraba su absoluta inocencia en el caso falsamente denunciado “pidiendo tener presente” (fs. 18 a 19). II.4. Por Resolución FDLP/ARVM/S-415/2022 de 12 de mayo, Aly Rosario Venegas Miranda, Fiscal Departamental de La Paz en S.L., determinó ratificar el requerimiento conclusivo de sobreseimiento -Resolución LATC-006/2015-, decretado a favor del hoy accionante, por la probable comisión del hecho adecuado al tipo penal de abuso sexual con agravante, previsto y sancionado por el art. 312 en relación al art. 310 inc. 4) ambos del Código Penal (CP), disponiendo la conclusión del proceso, la cesación de las medidas cautelares que se le hubiera impuesto al prenombrado y la cancelación de antecedentes policiales en relación a dicha causa (fs. 4 a 7 vta.). II.5. Cursan memoriales presentados el 2 de agosto de 2022, dirigidos a Edgar Pary Chambi, Ministro de Educación y Carmelo López Valda, Director Departamental de Educación de La Paz -ahora accionados-; a través de los cuales, el accionante en aplicación del art. 3.III del DS 1302, (medidas de seguridad y protección) que establece: “En caso de sobreseimiento emitido por Autoridad Competente o sentencia absolutoria, la o el director, docente o administrativo, será restituido en sus funciones con la reposición de la totalidad de sus haberes devengados” (las negrillas son nuestras), y en el marco de sus derechos a la petición y al trabajo, solicitó: i) La reincorporación a su fuente de trabajo como Profesor de la Unidad Educativa Quillima Titicachi del Distrito de Educación de Mocomoco; y, ii) La suspensión de la anotación preventiva del rótulo RDA “observado preventivo-medida cautelar” (fs. 39 a 44). II.6. En respuesta a la mencionada solicitud, el Viceministro de Educación Regular, dependiente del Ministerio de Educación, emitió el Informe IN/VER 0185/2022 de 16 de agosto, señalando que mediante Nota Cite: NE/VER 1092/2022 de 8 de igual mes, pidió a la Dirección Departamental de Educación La Paz, la remisión de un informe pormenorizado y documentado sobre las acciones asumidas en el caso del accionante, indicando además que aún no se respondió formalmente al interesado, debido a que no se cuenta con la información requerida, y una vez se cuenta con la misma, se contestará conforme corresponda (fs. 181 a 183). II.7. La Dirección Departamental de Educación de La Paz, en respuesta al memorial del accionante de 2 de agosto de 2022, emitió la Nota CITE: DDELP/UAJ 2982/2022 de 10 de dicho mes, indicando que previamente conforme lo establece la normativa vigente dé cumplimiento a lo determinado en la RM 1239/2018, que en su art. 19 señala los requisitos para la reincorporación al SEP -sin constancia de recibido por el precitado- (fs. 204). Asimismo, en respuesta a la Nota Cite NE/VER 1092/2022, la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Dirección Departamental de Educación de La Paz, emitió el Informe Legal DDELP/UAJ/ 405/2022 de 12 de agosto, por el que haciendo conocer los antecedentes del proceso de referencia, concluyó que la mencionada Dirección se encuentra a la espera de la presentación de los requisitos señalados en el citado art. 19, para disponer lo que corresponda, literal recibida por el Ministerio de Educación el 15 del referido mes de 2022 (fs. 211 a 215).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El peticionante de tutela considera lesionado su derecho a la petición vinculado al derecho al trabajo; en razón a que, habiéndose dictado a su favor el requerimiento conclusivo de sobreseimiento mediante la Resolución LATC-006/2015, el 1 de febrero de 2019, presentó memorial al Ministerio de Educación, solicitando la reincorporación a su fuente laboral y el pago de haberes devengados desde diciembre de 2018; sin embargo, hasta la interposición de la presente acción tutelar -4 de agosto de 2022-, no recibió respuesta alguna; de igual modo, los memoriales que presentó el 2 de agosto de 2022 -con similares pretensiones que las descritas-, una vez que se emitió la Resolución FDLP/ARVM/S-415/2022, que determinó ratificar el requerimiento conclusivo de sobreseimiento emitido a su favor, tampoco obtuvieron ninguna contestación oportuna. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El principio de inmediatez en la interposición de la acción de amparo constitucional

Al respecto, la SCP 0941/2021-S3 de 18 de noviembre, haciendo referencia a la SC 0128/2010-R de 10 de mayo, estableció que: “El recurso de amparo constitucional, actualmente acción de amparo constitucional, instituido por el art. 128 de la CPE, contra los actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman, o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley; constituye un medio de tutela de carácter extraordinario, que está regido por los principios de subsidiariedad e inmediatez. El principio de inmediatez en el ámbito procesal, entendido como el requisito de solicitar la tutela en forma pronta, oportuna y sin dilaciones innecesarias, es decir, una vez que se opere la vulneración del derecho y se agoten las vías legales ordinarias; se encuentra previsto en el art. 129.II de la CPE, que señala: ‘La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial’. El plazo encuentra sentido cuando se tiene en cuenta que la jurisdicción constitucional no puede aguardar de manera indefinida a que el titular del derecho solicite su protección, pues en su propio interés debe ser diligente en cuanto al respeto y vigencia de sus derechos que sufren menoscabo, por ello tiene el derecho y el deber de acudir sin ningún tipo de espera o dilación en busca de la protección requerida. Razonamiento que conforme a lo señalado por la SC 0770/2003-R de 6 de junio: ‘...resulta lógico, puesto que responde no sólo al principio de inmediatez sino también a los principios de preclusión y celeridad, los mismos que no sólo dependen de los actos de la autoridad sino también del peticionante, quien debe estar compelido por su propio interés a realizar el seguimiento que corresponda a su solicitud, de modo que cuando no ha sido diligente en propia causa no se puede pretender que esta jurisdicción esté supeditada en forma indefinida para otorgarle protección’.

Este plazo establecido a través de la jurisprudencia constitucional ya estaba vigente a momento de la interposición de la acción tutelar que hoy es objeto de revisión, y constituye una línea trazada, que la actual Constitución Política del Estado la ha recogido y constitucionalizado. En consecuencia, de conformidad a lo señalado por el art. 4.II de la Ley 003, el razonamiento jurisprudencial en torno al plazo, es aplicable al caso que se analiza. El principio procesal de inmediatez también implica el seguimiento del recurso o reclamo, y la reacción oportuna ante el silencio a los mismos, puesto que el uso de los medios impugnativos previos a la acción de amparo constitucional, sean éstos en la vía judicial o administrativa antes de interponer el amparo, no debe ser en forma circunstancial u ocasional, sino, una vez activados los mismos, se debe exigir una respuesta oportuna y dentro de plazo, o en su defecto, si no hay un plazo específico, reiterar oportunamente el pedido, y si se mantiene la actitud lesiva, acudir a la jurisdicción constitucional como un medio reparador de tales derechos. Lo cual significa, que no es posible que el agraviado deje pasar cierto tiempo sin prestar atención al trámite, es decir actuando sin interés en causa propia, y después de un tiempo, nuevamente vuelva a reclamar y luego otra vez abandonar su reclamo o medio impugnativo, y así sucesivamente sólo para interrumpir o dejar en suspenso el plazo de caducidad, sin que frente a una falta de definición se acuda rápidamente al amparo como mecanismo de protección inmediata. Estos aspectos no pueden pasar inadvertidos, pues cada acción de un ciudadano tiene una consecuencia jurídica, y la actitud desidiosa no puede encontrar respaldo en esta jurisdicción que no actúa de oficio, sino a instancia de parte. Al respecto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la ya citada SC 0770/2003-R aplicable al presente caso, señaló que: ‘…el principio de inmediatez no importa la utilización discontinua o esporádica de los medios y recursos previos a la interposición del amparo, pues los reclamos deben ser interpuestos ante la instancia ordinaria o administrativa competente oportunamente, debiendo el agraviado por la lesión, hacer el seguimiento respectivo de su reclamo hasta agotar todas las instancias en el tiempo razonable, y para el caso de no obtener respuesta ni la cesación de la vulneración podrá acudir en el plazo de seis meses ante la jurisdicción constitucional a fin de que se compulse la amenaza, restricción o supresión al derecho fundamental’” (las negrillas corresponden al texto original).

III.2. Del contenido esencial del derecho de petición y de los presupuestos para su tutela

Sobre la petición y los presupuestos de su activación, la SCP 0903/2020-S3 de 16 de diciembre, asumiendo los entendimientos desarrollados por la jurisprudencia constitucional, señaló: [Al respecto la SCP 0201/2017-S2 de 13 de marzo, sostuvo: «Conforme a la norma constitucional, el derecho a la petición puede ser ejercido de manera oral o escrita, sin la exigencia de formalidades en la presentación de la petición, pues sólo se requiere la identificación del peticionario. En cuanto a su contenido esencial, la Constitución hace referencia a una respuesta formal y pronta, entendiéndose que ésta, entonces debe ser escrita, dando una respuesta material a lo solicitado ya sea en sentido positivo o negativo, dentro de plazos previstos en las normas aplicables o, a falta de éstas, en términos breves, razonables. Así recordó el entendimiento contenido en las SSCC 0981/2001-R y 0776/2002-R, entre otras, que establecieron que “el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado está obligado a resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa”. También recordó que forma parte de su contenido esencial el derecho a una respuesta motivada, conforme entendieron las SSCC 0776/2002-R, 1121/2003-R, al señalar que este derecho se estima lesionado “…cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley, de forma que cubra las pretensiones del solicitante, ya sea exponiendo las razones del por qué no se la acepta, explicando lo solicitado o dando curso a la misma, en cualquiera de estos casos donde se omita dar los motivos sustentados legalmente o de manera razonable, se tendrá como se dijo vulnerado el derecho”. Lo que significa que debe existir una respuesta material a la solicitud, según estableció la SC 1159/2003-R de 19 de agosto, al indicar que: “…el derecho de petición se encuentra satisfecho no únicamente por una respuesta emitida por la autoridad, sino una vez que dicha autoridad haya resuelto o proporcionado una solución material y sustantiva al problema planteado en la petición, sin que se limite a una consecuencia meramente formal y procedimental”. De otro lado, también debe recordarse que dentro del contenido esencial de este derecho se encuentra la obligación por parte de las autoridades y servidores públicos de comunicar al peticionante la respuesta a la petición. Así lo estableció la SC 0843/2002-R de 19 de julio, al determinar: “…que la exigencia de la autoridad pública de resolver prontamente las peticiones de los administrados, no queda satisfecha con una mera comunicación verbal, sino que es necesario que el peticionante obtenga una respuesta formal y escrita, que debe ser necesariamente comunicada o notificada, a efecto de que la parte interesada, si considera conveniente, realice los reclamos y utilice los recursos previstos por Ley”, porque “…no puede quedar en la psiquis de la autoridad requerida para resolver la petición, ni al interior de la entidad a su cargo, sino que debe ser manifestada al peticionante, de modo que este conozca los motivos de la negativa a su petición, los acepte o busque impugnarlos en otra instancia que le franquee la Ley” según razonaron las SSCC 1541/2002-R y 1121/2003-R. Finalmente, la citada SC 119/2011-R, al referirse a los requisitos para que se otorgue la tutela por lesión al derecho de petición, recordó que: “…la SC 0310/2004-R de 10 de marzo, sistematizó los criterios señalados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, conforme al siguiente texto: '…a fin de que se otorgue la tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, demuestre los siguientes hechos: a) la formulación de una solicitud expresa en forma escrita; b) que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente; c) que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable y d) se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión”’». Más adelante, el referido fallo constitucional, concluyó señalando que: «“Consecuentemente, para que la justicia constitucional ingrese al análisis de fondo de la presunta lesión al derecho de petición, es exigible: 1. La existencia de una petición oral o escrita; 2. La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y 3. La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición”. La SCP 1673/2013 de 4 de octubre, reiterando dichos entendimientos jurisprudenciales también concluyó: “…la jurisprudencia constitucional ha dejado establecido que forman parte del contenido esencial del derecho de petición: 1) El derecho a formular una petición escrita u oral y a obtener una respuesta formal, pronta y oportuna; 2) El derecho a que la respuesta sea motivada y que se resuelva materialmente el fondo de la petición, sea en sentido positivo o negativo; 3) El derecho a que la respuesta sea comunicada al peticionante formalmente; y, 4) La obligación por parte de la autoridad o persona particular de comunicar oportunamente sobre su incompetencia, señalando cual la autoridad o particular ante quien el peticionante debe dirigirse. Además se ha señalado que constituyen presupuestos para que la justicia constitucional ingrese al análisis de fondo de la presunta lesión de este derecho cuando se evidencia: a) La existencia de una petición oral o escrita; b) La falta de respuesta material en tiempo razonable; y, c) La inexistencia de medios de impugnación expresos que puedan hacer efectivo el reclamo de este derecho”»] (las negrillas nos corresponden).

III.3. Análisis del caso concreto

Determinado el objeto procesal de la presente acción de defensa, corresponde referirnos al cumplimiento del principio de inmediatez característico de este mecanismo de defensa, cuestionado por la parte accionada. Al respecto, se debe tener presente los razonamientos asumidos en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional -sostenidos en los arts. 129.II de la CPE y 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo)-, en los que se estableció que la acción de amparo constitucional puede interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial, tiempo luego del cual el derecho a presentar dicha acción tutelar caduca, y por tal motivo no es posible ingresar al análisis de fondo de la pretensión. En dicho contexto, como primera parte de la problemática jurídica el accionante denuncia que el Ministerio de Educación -accionado-, no otorgó ninguna respuesta al memorial presentado el 1 de febrero de 2019, por el que a consecuencia del requerimiento conclusivo de sobreseimiento emitido a su favor -Resolución LATC-006/2015 de 24 de marzo-, y con el fin de contar con su fuente de trabajo para asegurar el sustento de su familia, requirió: a) La reincorporación a su fuente de trabajo como Profesor de la Unidad Educativa Quillima Titicachi del Distrito de Educación de Mocomoco; b) La cancelación retroactiva de los haberes correspondientes; c) Reintegración del pago del doble aguinaldo; y, d) La suspensión de la anotación preventiva del rótulo RDA “observado preventivo-medida cautelar”. Escrito que, fue puesto en conocimiento de Juan Churata Cosme, Director Departamental de Educación de La Paz y Edwin Félix Limachi Amaru, Director Distrital de Educación de Mocomoco, el 1 y 7 de febrero de 2019 (Conclusiones II.2 y II.3); sin embargo, hasta la interposición de la presente acción tutelar -4 de agosto de 2022-, no recibió respuesta alguna. Posteriormente, tras el pronunciamiento de la Resolución FDLP/ARVM/S-415/2022 de 12 de mayo, por la Fiscal Departamental de La Paz en S.L., que determinó ratificar el referido requerimiento conclusivo de sobreseimiento, por memoriales presentados el 2 de agosto de 2022, dirigidos a los accionados, pidió: 1) La reincorporación a su fuente de trabajo como Profesor de la mencionada Unidad Educativa; y, 2) La suspensión de la anotación preventiva del citado rótulo RDA; empero, tampoco obtuvo ninguna contestación oportuna (Conclusiones II.4 y II.5).

Sobre lo descrito cabe remarcar que, si bien el accionante estima vulnerado su derecho a la petición con la ausencia de una respuesta escrita a la solicitud presentada el 1 de febrero de 2019, debió efectuar su reclamo de manera oportuna, teniendo el plazo de seis meses a partir de la indicada fecha para formular la presente acción de amparo constitucional; empero, al haberla interpuesto recién el 4 de agosto de 2022, se observa que el prenombrado, ante la falta de respuesta a su petición asumió una actitud pasiva, permitiendo transcurrir el plazo que rige el principio de inmediatez y que resulta aplicable al caso. Por consiguiente, esta instancia constitucional se encuentra impedida de ingresar a efectuar un pronunciamiento de fondo sobre el problema jurídico planteado; motivo por el cual, corresponde denegar la tutela invocada, con relación a la falta de respuesta al memorial presentado el 1 de febrero de 2019, por no cumplirse con el principio de inmediatez. Ahora bien, con relación a la segunda parte de la problemática jurídica, relativa a la falta respuesta a los memoriales que el accionante presentó el 2 de agosto de 2022, ante Edgar Pary Chambi, Ministro de Educación y Carmelo López Valda, Director Departamental de Educación de La Paz -ahora accionados-, mediante los cuales con igual contenido que la primera petición antes descrita, una vez que se emitió la Resolución FDLP/ARVM/S-415/2022, que determinó ratificar el requerimiento conclusivo de sobreseimiento emitido a su favor -Resolución LATC-006/2015-, pidió nuevamente se disponga de manera inmediata: i) La reincorporación a su fuente de trabajo como Profesor de la Unidad Educativa Quillima Titicachi del Distrito de Educación de Mocomoco; y, ii) La suspensión de la anotación preventiva del rótulo RDA “observado preventivo-medida cautelar”. Al respecto, el Ministro de Educación accionado, adjuntando documentación desglosada en la Conclusión II.6 del presente fallo constitucional; manifestó que, con relación a la solicitud impetrada al memorial presentado el 2 de agosto de 2022, se emitió el Informe IN/VER 0185/2022 de 16 de agosto, por el cual el Viceministerio de Educación Regular, señaló que mediante Nota Cite NE/VER 1092/2022 de 8 de igual mes, pidió a la Dirección Departamental de Educación de La Paz, la remisión de informe pormenorizado y documentado, mencionando que lo solicitado por el interesado será respondido apenas se tenga la información del caso; por lo que, en su criterio no existe ninguna vulneración al derecho a la petición.

Asimismo, expresó que previamente a la reincorporación y pago de haberes devengados, el accionante debe cumplir los requisitos establecidos en los arts. 17 y 19 de la RM 1239/2018, para que posteriormente la mencionada Dirección Departamental, proceda a la emisión de los actuados correspondientes, y remita los mismos al Ministerio de Educación para su procesamiento. Por su parte, el Director Departamental hoy coaccionado, refirió que la solicitud impetrada por el peticionante de tutela el 2 de agosto de 2022, fue respondida dentro de un plazo razonable, emitiéndose la Nota CITE: DDELP/UAJ 2982/2022 de 10 de idéntico mes; indicando que, previamente conforme lo establece la normativa vigente dé cumplimiento a lo establecido en la RM 1239/2018, que en su art. 19 señala los requisitos para la reincorporación al SEP, encontrándose dicha Dirección a la espera de la presentación de tales requisitos para disponer lo que corresponda. De igual manera, una vez recepcionada la Nota CITE: NE/VER 1092/2022, suscrita por el Viceministro de Educación Regular, se emitió el Informe Legal DDELP/UAJ/ 405/2022 de 12 del citado mes, que fue recibido por el Ministerio de Educación el 15 del mencionado mes y año. Elementos a partir de los cuales, se debe remarcar que desde la fecha de las últimas solicitudes -2 de agosto de 2022-, hasta la interposición de la presente acción de amparo constitucional -4 del referido mes y año-, no se advierte lesión del derecho a la petición del impetrante de tutela, en su elemento respuesta pronta, en virtud a que no es razonable exigir que los accionados respondan la referida solicitud en menor tiempo que el transcurrido (menos de cuarenta y ocho horas); en consecuencia, también corresponde denegar la tutela impetrada. No obstante lo señalado, en observancia del principio de verdad material, no puede dejarse de considerar que posterior a la interposición de la presente acción de defensa, luego de haberse citado a las autoridades accionadas con la acción de amparo constitucional -16 de agosto de 2022 (fs. 132)-, se llevaron a cabo ciertos actos encaminados a responder la solicitud efectuada por el impetrante de tutela, entre ellas las notas: Cite: NE/VER 1092/2022 y Cite: DDELP/UAJ 2982/2022, emitidas el 8 y 10 agosto, así como el Informe Legal DDELP/UAJ/ 405/2022 e Informe IN/VER 0185/2022, que datan de 12 y 16 de dicho mes (Conclusiones II.6 y II.7), sin que se advierta que los mismos hayan sido puestos en conocimiento del accionante, concretamente la Nota CITE: DDELP/UAJ 2982/2022, que fue emitida en respuesta a la solicitud presentada el 2 del mencionado mes y año, en la que se indicó que previamente conforme lo establece la normativa vigente, el impetrante de tutela debía dar cumplimiento a lo establecido en la RM 1239/2018, que en su art. 19 señala los requisitos para la reincorporación al SEP; empero, se reitera, dicha respuesta no fue comunicada al prenombrado a fin de conocer su contenido; circunstancias a partir de las cuales, corresponde exhortar a las autoridades accionadas, que den a conocer dichas documentales de manera formal a la parte accionante, a menos que por el transcurso del tiempo ya lo hubiesen hecho. Finalmente, en el caso de examen se tiene que el impetrante de tutela también identificó como vulnerado su derecho al trabajo; al respecto, corresponde remarcar que su consideración se encuentra supeditada a la falta de respuesta identificada al fondo de las peticiones realizadas por el prenombrado, conforme ya fue analizado; de ahí que, este Tribunal no puede emitir ningún análisis sobre el citado derecho. Resueltas las temáticas planteadas, corresponde aclarar que teniendo en cuenta el petitorio realizado en la presente acción tutelar, a partir del cual el accionante pretende que este Tribunal disponga: a) La inmediata reincorporación a su fuente de trabajo como “Director” de la Unidad Educativa Quillima Titicachi del Distrito de Educación de Mocomoco; y, b) El pago retroactivo de los haberes correspondientes desde diciembre de 2018 al “presente”, conforme se analizó y considerando el contenido esencial del derecho de petición que fue invocado como vulnerado, ello no corresponde ser determinado de manera directa por esta jurisdicción constitucional, circunscribiéndose el análisis del derecho de petición a verificar si existió una petición oral o escrita que no fue contestada, si la respuesta se encuentra o no motivada resolviendo materialmente el fondo de la petición, ya sea en sentido negativo o positivo, si se cumplió con el deber de la comunicación formal de la respuesta por parte de la autoridad; y, si se señaló la autoridad competente a quien recurrir si la instancia a la que se acudió se considera incompetente; razón por la cual, la referida solicitud no encaja dentro del marco de protección del derecho de petición.

III.4. Otras consideraciones

De la verificación de los antecedentes que cursan en el expediente, respecto al trámite desplegado en la presente acción tutelar por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se tiene que la demanda tutelar fue presentada el 4 de agosto de 2022, siendo admitida por Auto de 8 del mismo mes y año, en el que se fijó audiencia para el 17 del citado mes y año (fs. 130); empero, dicho acto fue suspendido por falta de notificación a los terceros interesados (fs. 285 a 286 vta.), reprogramándolo para el 31 de ese mes y año, y ser resuelto en esa fecha; es decir, fuera del plazo previsto en el art. 56 del CPCo, que dispone que la audiencia de esta acción de amparo constitucional debe tener lugar dentro de las cuarenta y ocho horas de su interposición, sobrepasando con esta determinación el límite legal establecido.

En tal sentido, corresponde exhortar a los miembros componentes de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a que en posteriores actuaciones observen el plazo establecido en la norma a tiempo de fijar la audiencia de garantías, a efecto de que la acción interpuesta pueda resolverse con la inmediatez que requiere su tratamiento, en atención al resguardo y protección de los derechos fundamentales. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 154/2022 de 31 de agosto, cursante de fs. 329 a 331 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración de no haber ingresado al fondo de la problemática planteada; sin embargo, se exhorta al Ministro de Educación y al Director Departamental de Educación de La Paz, a que en el plazo de tres días desde la notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, procedan a la notificación personal con las respuestas emitidas a las solicitudes efectuadas por el accionante, salvo que esto por el transcurso del tiempo ya se hubiera efectuado; y, 2° Exhortar a Heriberto Verónico Pomier Madriaga y Miryam Virginia Aguilar Rodríguez, Vocales de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a que en posteriores actuaciones observen los plazos establecidos en la norma, a fin de la resolución inmediata de las causas puestas en su conocimiento, conforme se tiene explicado en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0267_2024-S2.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): 51a41804891f99755305d4b779460ffa924776ad0eaf00c3a3842a9b389abf6c

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