B.IA.LEGAL

SCP 0266/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 21 de abril de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
21 de abril de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
51506-2022-104-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la lesión de su derecho a la vida; toda vez que, dentro del proceso penal seguido contra su cónyuge y la madre de éste, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, los demandados no hicieron nada para el cumplimiento de las medidas de protección dispuestas a su favor; encontrándose imposibilitada de volver a su domicilio donde se encuentran los agresores, quienes nuevamente le agredieron y amenazaron de muerte; por lo cual solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) El cumplimiento inmediato de las medidas de protección dispuestas el 11 de octubre de 2022; b) El fiscal demandado informe al juez a cargo de la causa el incumplimiento de dichas medidas; c) Remitir antecedentes al Ministerio Público, para el inicio de investigación por el delito de incumplimiento de deberes, y a la DIDIPI para la investigación disciplinaria, contra el funcionario policial demandado; y, d) Derivar a los testigos de la presente acción a la unidad de víctimas y testigos del Ministerio Público, a objeto que se consigne medidas de protección. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 350/2022 de 30 de octubre, cursante de fs. 16 a 17, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en el marco dispositivo dispuesto por el Juez de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La tutela inmediata del derecho a la vida, en el marco del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación
  2. III.2. Las medidas de protección en casos de violencia familiar
  3. III.3. Sobre el principio de la debida diligencia como deber inherente del Estado Boliviano
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0266/2025-S3 Sucre, 21 de abril de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 51506-2022-104-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 350/2022 de 30 de octubre, cursante de fs. 16 a 17, pronunciada dentro de la acción de libertad presentada por Herminia Maybeline Alanes Lima contra Julio Synclair Acarrafi Revollo, Fiscal de Materia, y Gonzalo Callisaya Quispe, Investigador de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de la Policía Boliviana, ambos del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 28 de octubre de 2022, cursante de fs. 8 a 10, el accionante, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 7 de octubre de 2022, denunció a su cónyuge y a la madre de éste, por el delito de violencia familiar o doméstica, quienes no sólo la maltrataron y golpearon, sino le botaron de su domicilio; caso signado con el Código Único de Denuncia (CUD) 201103052202911 asignado al fiscal ahora demandado, dentro del cual el 11 del mismo mes y año, le otorgó medidas de protección, como “la salida, desocupación, restricción al agresor del domicilio conyugal o donde habite la mujer en situación de violencia…” (sic), encomendando su notificación y cumplimiento al investigador policial hoy demandado; quien recién el 20 de igual mes y año notificó, dichas medidas no se cumplieron; motivo por el cual, cuando solicitó al funcionario policial indicado se cumpla con las medidas de protección, de manera agresiva y pedante le respondió “Tengo 8 días para notificarle, mientras tanto cuídate tú…” (sic), aun sabiendo que se encontraba fuera de su domicilio por temor a ser agredida, lo cual sucedió, no hizo nada al respecto. El 19 de “agosto” – siendo lo correcto octubre- de 2022 acudió ante el fiscal demandado para solicitar el cumplimiento a las órdenes de protección; sin embargo, no le atendió, siendo recibida por su asistente, quien le indicó que llamaría al investigador. A la fecha de presentación de esta acción de defensa, continuaba fuera de su domicilio, porque las medidas de protección no se cumplieron, incluso fue nuevamente agredida y amenazada de muerte por los denunciados en ocasión que intentó sacar ropa de su domicilio; situación que puso su vida en peligro en razón a que el fiscal no hizo cumplir ninguna de las medidas de protección; es más, siguió recibiendo llamadas donde le amenazaron de muerte como a toda persona que le ayude, hecho que demuestra que no se trata de una simple discusión familiar, debido a que los agresores tienen trayectoria delictiva y son bastante peligrosos.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a la vida; citando al efecto el art. 15 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, disponer: a) El cumplimiento inmediato de las medidas de protección dispuestas el 11 de octubre de 2022; b) El fiscal demandado informe al juez a cargo de la causa el incumplimiento de dichas medidas; c) Remitir antecedentes al Ministerio Público, para el inicio de investigación por el delito de incumplimiento de deberes, y a la Dirección Departamental de Investigación Policial Interna (DIDIPI) para la investigación disciplinaria, contra el funcionario policial demandado; y, d) Derivar a los testigos de la presente acción a la unidad de víctimas y testigos del Ministerio Público, a objeto que se consigne medidas de protección.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 30 de octubre de 2022, según se tiene del acta cursante de fs. 14 a 15 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado, ratificó los términos de su acción tutelar, y ampliándola, manifestó que por un lapsus calami en el punto d) del memorial de acción de libertad señaló 19 de agosto de 2022, siendo lo correcto octubre.

I.2.2. Informe de los demandados

Julio Synclair Acarrafi Revollo, Fiscal de Materia del departamento de La Paz, por informe escrito presentado el 30 de octubre de 2022, cursante a fs. 13 y vta., señalo que: 1) Tratándose de un hecho de violencia familiar o doméstica, emitió inmediatamente medidas de protección en favor de la accionante, las cuales fueron notificadas a esta y los denunciados el 19 y 20 de octubre de 2022; medidas de las cuales en el cuaderno de investigación no existe ninguna constancia, informe policial o memorial sobre su incumplimiento; y, 2) Carece de legitimación pasiva porque cumplió con emitir las medidas referidas; y si correspondería se determinará una posible ampliación de acuerdo al avance de las investigaciones e informes de la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Departamental y/o del investigador policial. Gonzalo Callisaya Quispe, Investigador de la FELCV de la Policía Boliviana, mediante su abogado, en audiencia de garantías manifestó: i) La accionante no especificó ni estableció qué tipo de acción de libertad interpuso, inobservancia que incurre en una causal de improcedencia; y, ii) La acción de libertad carece de fundamentación y motivación correcta; debido a que, antes de acudir a la justicia constitucional podía pedir al Ministerio Público verificación al cumplimiento de medidas de protección, por lo que no existe documentación idónea que demuestre el no cumplimiento; pretendiendo tal situación con un audio que supuestamente pertenece al investigador, lo cual no fue demostrado; por lo cual, solicitó se rechace la petición de la accionante, en virtud, además a que la acción de libertad no está sujeta al procedimiento que establece este tipo de acciones constitucionales.

I.2.3. Resolución

El Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, mediante Resolución 350/2022 de 30 de octubre, cursante de fs. 16 a 17, concedió la tutela, disponiendo que, los demandados controlen y materialicen de manera inmediata el cumplimiento efectivo de las medidas de protección otorgadas a la accionante, bajo responsabilidad establecida en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-; decisión asumida con base en el siguiente fundamento: es deber primordial del Estado garantizar el derecho a la vida, la integridad, la seguridad y dignidad de las personas en especial de las mujeres en situación de violencia; en el caso de autos la accionante denunció lesión de su derecho a la vida, debido a que la autoridad fiscal y el funcionario policial demandados ,a la fecha no hicieron cumplir las medidas de protección establecidas a su favor en calidad de víctima de violencia, en el marco de la referida Ley.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de la ahora accionante Herminia Maybeline Alanes Lima, contra Nelson Arturo Miranda Vargas y Nancy Hilaria Vargas Ferrufino, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; mediante Acta de otorgamiento de 11 de octubre de 2022, Julio Synclair Acarrafi Revollo, Fiscal de Materia de la Fiscalía Departamental de La Paz -demandado-, dispuso medidas de protección a su favor; ordenando al investigador policial notificar a las partes, y realizar los actos necesarios para su efectivo cumplimiento (fs. 2). II.2. A través de Informe de 25 de octubre de 2022, Gonzalo Callisaya Quispe, Investigador FELCV de la Policía Boliviana, ahora codemandado, informó al fiscal de materia también demandado, entre otros aspectos, que el 20 del mismo mes y año notificó a los imputados referidos en el acápite anterior, con la orden de citación, directrices de investigación y medidas de protección (fs. 4 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la lesión de su derecho a la vida; toda vez que, dentro del proceso penal seguido contra su cónyuge y la madre de éste, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, los demandados no hicieron nada para el cumplimiento de las medidas de protección dispuestas a su favor; encontrándose imposibilitada de volver a su domicilio donde se encuentran los agresores, quienes nuevamente le agredieron y amenazaron de muerte; por lo cual solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) El cumplimiento inmediato de las medidas de protección dispuestas el 11 de octubre de 2022; b) El fiscal demandado informe al juez a cargo de la causa el incumplimiento de dichas medidas; c) Remitir antecedentes al Ministerio Público, para el inicio de investigación por el delito de incumplimiento de deberes, y a la DIDIPI para la investigación disciplinaria, contra el funcionario policial demandado; y, d) Derivar a los testigos de la presente acción a la unidad de víctimas y testigos del Ministerio Público, a objeto que se consigne medidas de protección. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La tutela inmediata del derecho a la vida, en el marco del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, por regla, esta acción tutelar no se rige por el principio de subsidiariedad; sin embargo, ante la existencia de mecanismos idóneos de protección para los derechos presuntamente lesionados, el agraviado debe acudir previamente a los mismos, solicitando la tutela o la reparación de sus derechos considerados conculcados; y en su defecto, si tales mecanismos fueren ineficaces, inoportunos, inconducentes e inidóneos, es posible activar la jurisdicción constitucional a través de la presente acción tutelar. Más aun considerando la importancia del derecho a la vida, como objeto de protección de la acción de libertad, el entendimiento asumido por este Tribunal señala que, ante la denuncia de su vulneración, no es aplicable la excepción de subsidiariedad; por lo que, es posible activar de manera directa la jurisdicción constitucional, pese a existir mecanismos ordinarios de protección; conforme a lo establecido en el art. 125 de la CPE, que dispone: “Toda persona que considere que su vida está en peligro (…) podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad” (las negrillas nos corresponden). Respecto a esta temática, el razonamiento jurisprudencial reiterado por el Tribunal Constitucional -SSCC 0008/2010-R de 6 de abril, 0080/2010-R de 3 de mayo y 0589/2011-R de 3 de mayo, entre otras- ha precisado que, al tratarse de la tutela del derecho a la vida, de cuyo ejercicio depende el goce de otros derechos, bajo ningún argumento puede aplicarse la excepción de subsidiariedad de la presente garantía jurisdiccional, lo cual compele a esta jurisdicción, efectuar el respectivo trámite, dejando de lado cualquier otro mecanismo ordinario de protección existente para ello. Ahora bien, en relación a qué elementos se adscriben al ámbito de protección del derecho a la vida, la SCP 0033/2013 de 4 de enero refiere que: “…el derecho a la vida más allá de representar la interdicción de la muerte arbitraria, implica la creación de condiciones de vida por parte del Estado; el cual no debe escatimar esfuerzos en todos sus niveles para garantizar en la medida de lo posible, la subsistencia con dignidad de todas las personas, aspirando a consolidar el vivir bien, utilizando todos los mecanismos de los que dispone”. Consecuentemente, garantizar el derecho a la vida no implica solamente el prohibir su privación, sino que conlleva que la persona involucrada acceda a condiciones que le permitan el ejercicio de otros derechos y de todos los componentes imprescindibles para garantizar el goce efectivo de una vida con dignidad. En este contexto, el Estado asume un doble rol; primero, garantizar que las personas no sean privadas de ese derecho; y segundo, implementar simultáneamente políticas para garantizar una vida digna. A partir del desarrollo anterior, se puede establecer que un elemento nocivo al ejercicio de una vida digna, es la desigualdad material a la que se enfrentan las mujeres, debido a que históricamente sobre la diferencia de sexo, se construyeron roles, estereotipos e instituciones desde una visión patriarcal, que ha dado lugar a la discriminación en el ejercicio de los derechos de las mujeres. Frente a ello, el Estado y la sociedad asumen una tarea importante de deconstruir estas concepciones, de erradicar la discriminación y violencia que aqueja a este sector de la población. Por lo que, ante la igualdad formal que reconoce el constituyente -art. 13.III de la CPE- y sobre el hecho que ya existe una importante tradición jurisprudencial que así lo consagra, el problema latente sigue presentándose respecto a una igualdad material o de hecho, que supone reconocer un derecho subjetivo fundamental a recibir un trato jurídico desigual y favorable para conseguir la igualdad en las condiciones reales de la existencia, lo cual se extrae a partir de una interpretación sistemática del texto constitucional. En ese contexto, este Tribunal, al resolver una acción de amparo constitucional, pronunció la señalada SCP 0033/2013, otorgando la tutela de manera directa, en razón que los mecanismos de la vía ordinaria no resultaron efectivos en el establecimiento de medidas de protección a una mujer víctima de violencia; por lo que, correspondía reforzar su protección jurídica, entendimiento que por el carácter tutelar de esta acción, resulta extensivo al trámite de la acción de libertad; más aun, si se toma en cuenta los bienes jurídicos que se hallan inmersos en su ámbito de su protección. Por estas razones, al tratarse de aquellos casos en los que se hallen involucradas mujeres en situación de violencia, que ponga en riesgo su derecho a la vida, es posible acudir directamente a la jurisdicción constitucional en busca de tutela inmediata. Éste entendimiento fue establecido en la SCP 0019/2018-S2 de 28 de febrero.

III.2. Las medidas de protección en casos de violencia familiar

La SCP 0295/2023-S1 de 24 de abril, ha determinado que: [E]n el plano internacional, se estableció un sistema de obligaciones para los Estados, entre ellos, el deber de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, estableciendo procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos. En esa línea, nuestro Estado asumiendo los compromisos internacionales suscritos, destinó una ley específica para garantizar a todas las personas, en particular a las mujeres, el derecho a no sufrir violencia física, sexual y/o psicológica tanto en la familia como en la sociedad, así en relación a las medidas de protección, la Ley 348 inicialmente enumeró algunas de ellas, siendo posteriormente mediante la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres (modificatoria del Código de Procedimiento Penal) que se fortalece la lucha contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres, añadiéndose otras medidas de protección, que en su mayoría están destinadas precisamente a las niñas, niños o adolescentes, siendo por ello que cuando se trate de menores de edad y de medidas de protección debe recurrirse a esta última (sin dejarse de observar de manera complementaria lo establecido en la Ley 348). Asimismo, a efecto de establecer el objeto de las medidas de protección, la normativa interna, mediante la Ley 348 establece lo siguiente: ARTÍCULO 32. (FINALIDAD). I. Las medidas de protección tienen por objeto interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantizar, en caso de que éste se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente.

II. Las medidas de protección son de aplicación inmediata, que impone la autoridad competente para salvaguardar la vida, la integridad física, psicológica, sexual, derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia y los de sus dependientes. Por otra parte, la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, determina que: Artículo 389. (APLICACIÓN). I. Cuando se trate de delitos vinculados a las distintas formas de violencia contra niñas, niños, adolescentes o mujeres, se aplicarán las medidas de protección especial establecidas en los siguientes Artículos, a fin de evitar que el hecho produzca mayores consecuencias, que se cometan nuevos hechos de violencia, reducir la situación de vulnerabilidad de la víctima y otorgarle el auxilio y protección indispensable en resguardo de su integridad. En ese contexto, las medidas de protección tienen por objeto neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la violencia ejercida por la persona agresora, permitiendo a la víctima el normal desarrollo de sus actividades, asegurando su integridad física, psicológica, y sexual, o la de su familia y resguardando además sus derechos patrimoniales, económicos y laborales. Ahora bien, en cuanto a la autoridad competente para aplicar medidas de protección, de manera inicial la Ley 348, determinó lo siguiente: ARTÍCULO 61. (MINISTERIO PÚBLICO). Además de las atribuciones comunes que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público, las y los Fiscales de Materia que ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar en el ejercicio de sus funciones las siguientes medidas: 1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito. (…) Artículo 72 bis (COMPETENCIA DE JUZGADOS DE SENTENCIA EN MATERIA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES). Las juezas y jueces de sentencia en materia de violencia contra las mujeres, tienen competencia para: 4. Imponer de oficio la aplicación de medidas de protección, que permitan a las mujeres en situación de violencia su acceso a casas de acogida, separación temporal de los cónyuges y/o convivientes y prevención de nuevas agresiones y cualquier otra destinada a resguardar sus derechos. De manera posterior con la entrada en vigencia de la Ley 1173, se modificaron e incluyeron algunos artículos del Código de Procedimiento Penal, estableciendo lo siguiente: Artículo 52. (TRIBUNALES DE SENTENCIA). (…) II. Los Tribunales de Sentencia también serán competentes para disponer, ratificar o modificar medidas de protección especial en favor de la víctima. (…) Artículo 53. (JUECES DE SENTENCIA). Las juezas o los jueces de sentencia son competentes para conocer la sustanciación y resolución de: (…) 4. La imposición, ratificación o modificación de medidas de protección especial en favor de la víctima, así como la imposición de sanciones ante su incumplimiento; (…) Artículo 54. (JUECES DE INSTRUCCIÓN). Las juezas o los jueces de instrucción, son competentes para: (…)

11. Disponer, ratificar o modificar medidas de protección especial en favor de la víctima e imponer las sanciones ante su incumplimiento. Asimismo, el Código de Procedimiento Penal en su art. 389 ter. I -incorporado por disposición del art. 14 de la Ley 1173, determina lo siguiente: Artículo 389 ter. (Urgencia y Ratificación) I. En casos de urgencia o habiéndose establecido la situación de riesgo en la que se encuentra la víctima y cuando las circunstancias del caso exijan la inmediata protección a su integridad, las medidas previstas en el Parágrafo I del Artículo precedente podrán ser dispuestas por la o el fiscal, la servidora o el servidor policial o cualquier otra autoridad prevista para la atención a mujeres en situación de violencia y para la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, que tomen conocimiento del hecho, excepto las medidas contempladas en los numerales 5, 6, 11, 12 y 13 tratándose de medidas previstas en favor de niñas, niños o adolescentes, y las contempladas en los numerales 2, 3, 7, 11, 13 y 15 tratándose de medidas previstas en favor de las mujeres, las mismas que deberán ser impuestas por la jueza o el juez.

III.3. Sobre el principio de la debida diligencia como deber inherente del Estado Boliviano

En relación a esta temática, la misma SCP 0012/2025-S3 de 19 de febrero, referida en el acápite anterior, desarrolló el siguiente entendimiento:

La debida diligencia se constituye en un estándar para evaluar si un Estado miembro cumple o no con sus obligaciones de protección de los derechos de las mujeres a gozar de una vida libre de violencia, así quedó establecido en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de Naciones Unidas, de 20 de diciembre de 1993. La Convención de Belém do Pará, de 9 de junio de 1994, a su vez determina como un deber inherente de los Estados signatarios el actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Dicha Convención fue ratificada por el Estado Boliviano mediante Ley 1599 de 18 de agosto de 1994. Consecuentemente, la debida diligencia obliga al Estado y a todas sus autoridades públicas a cumplir un rol de protección proactiva, cuando llega a su jurisdicción un caso en el que se denuncie violencia de género; por lo que, en este tipo de problemáticas debe buscarse en la medida de lo posible la justicia material dentro de las tareas de investigar, sancionar y reparar los daños sufridos por las víctimas. Así quedó determinado en la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, que estableció el siguiente precedente constitucional: [E]n el marco de los estándares internacionales e internos de protección a las mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; debida diligencia que, en la labor de investigación, se traduce en la investigación de oficio de los hechos de violencia hacia las mujeres, la celeridad en su actuación, la protección inmediata a la mujer, la prohibición de revictimización, y que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y no a la víctima. En dicho contexto, la citada Sentencia Constitucional Plurinacional, refiriéndose a normas especiales de la Ley 348, aplicables en los procesos judiciales y administrativos por hechos de violencia en razón de género, resalta que la citada norma, en el Título IV, Persecución y Sanción Penal, Capítulo I, hace referencia a la denuncia, establece en el art. 45, las garantías que debe tener toda mujer en situación de violencia, entre ellos, (3) el acceso a servicios de protección inmediata, oportuna y especializada, desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia, (7) la protección de su dignidad e integridad, evitando la revictimización y maltrato que pudiera recibir de cualquier persona responsable de su atención, tratamiento o de la investigación del hecho, (8) la averiguación de la verdad, la reparación del daño y prevención de la reiteración de los actos de violencia. La misma Ley, en el Capítulo II, hace referencia a la investigación, señalando en el art. 59, que la investigación debe ser seguida de oficio, independientemente del impulso de la denunciante, norma que está vinculada directamente con la consideración de la violencia en razón género dentro del ámbito público y no privado; por ello, conforme ha concluido la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo: [A]ún la víctima desista o abandone la investigación, el Ministerio Público debe seguirla de oficio; por ello, no es sostenible rechazar denuncias por falta de colaboración de la víctima, o porque ésta, una vez efectuada la denuncia, no volvió a oficinas de la FELCV o del Ministerio Público, pues dichas afirmaciones vulneran no sólo la norma expresa contenida en el art. 59 de la Ley 348, sino también el principio de la debida diligencia, y las obligación internacional del Estado de investigar, sancionar y reparar los hechos de violencia hacia las mujeres, y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. En el contexto señalado, el Capítulo III de la Ley 348, Persecución Penal, en el art. 61, establece que además de las atribuciones comunes que dispone la Ley Orgánica del Ministerio Público, las y los Fiscales de Materia que ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar en el ejercicio de sus funciones, entre otras, las siguientes medidas: 1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito. 2. Recolección de las pruebas necesarias, como responsable de la investigación de delitos de violencia en razón de género, sin someter a la mujer a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes que no sean los imprescindibles, debiendo recurrir a métodos de investigación alternativa, científica y con apoyo de la tecnología, a fin de averiguar la verdad. 3. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. En caso de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos, así como por el tratamiento médico y psicológico que la mujer requiera; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios del Sistema de Atención Integral de su jurisdicción. En el orden de ideas señalado, el alcance de la debida diligencia obliga a que las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, encuadren su actuación a la debida diligencia desde el momento que se presenta una denuncia o se conoce sobre un hecho de violencia en razón de género, esto implica que se actúe en el marco de los principios de celeridad, verdad material, economía procesal, protección efectiva y demás principios que se encuentran previstos en la Ley 348. En dicho contexto, los Fiscales de Materia y demás autoridades, a quienes por ley se les ha conferido la facultad de disponer medidas de protección, deberán de actuar no sólo con la celeridad debida, sino también de manera proactiva, sin esperar el impulso de la víctima; por ello, no resulta conducente con la normativa nacional e internacional en vigencia, circunscribir su actuación únicamente a lo que la parte denunciante pueda o no solicitar, debido a que en estos casos no solo corresponde actuar con una debida diligencia, sino también utilizar una perspectiva de género, lo que obliga a investigar los casos de violencia, identificando: i) Las relaciones asimétricas de poder; y, ii) La identificación de las posibles víctimas involucradas, entre ellos, niñas, niños o adolescentes que pueden estar afectados dentro de un ambiente familiar en situación de violencia, respecto de los cuales se deben adoptar las medidas de protección necesarias en el marco de su interés superior6, adoptando una perspectiva especializada también en niñez y adolescencia. Jurisprudencia glosada en la SCP 0012/2025-S3 de 19 de febrero.

III.4. Análisis del caso concreto

Dentro del proceso penal seguido contra su cónyuge y la madre de éste, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, los demandados no hicieron nada para el cumplimiento de las medidas de protección dispuestas a su favor; encontrándose imposibilitada de volver a su domicilio donde se encuentran los agresores, quienes nuevamente le agredieron y amenazaron de muerte. En principio, es preciso referir que, sobre el derecho a la vida el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional establece que, en casos en los que se hallen involucradas 5 El Capítulo III, la Ley 348 establece los principios procesales que deben regir los hechos de violencia contras las mujeres, disponiendo que las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales: 1. Gratuidad. Las mujeres en situación de violencia estarán exentas del pago de valores, legalizaciones, notificaciones, formularios, testimonios, certificaciones, mandamientos, costos de remisión, exhortos, órdenes instruidas, peritajes y otros, en todas las reparticiones públicas. 2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento. 3. Oralidad. Todos los procesos sobre hechos de violencia contra las mujeres deberán ser orales. 4. Legitimidad de la prueba. Serán legítimos todos los medios de prueba y elementos de convicción legalmente obtenidos que puedan conducir al conocimiento de la verdad. 5. Publicidad. Todos los procesos relativos a la violencia contra las mujeres serán de conocimiento público, resguardando la identidad, domicilio y otros datos de la víctima. 6. Inmediatez y continuidad. Iniciada la audiencia, ésta debe concluir en el mismo día. Si no es posible, continuará durante el menor número de días consecutivos. 7. Protección. Las juezas y jueces inmediatamente conocida la causa, dictarán medidas de protección para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia. 8. Economía procesal. La jueza o juez podrá llevar a cabo uno o más actuados en una diligencia judicial y no solicitará pruebas, declaraciones o peritajes que pudieran constituir revictimización. 9.Accesibilidad. La falta de mujeres en situación de violencia, que ponga en riesgo su derecho a la vida, es posible acudir directamente a la jurisdicción constitucional en busca de tutela inmediata. Al respecto, debemos indicar que en el caso en análisis se puede determinar que el asunto de donde emerge la presente acción de defensa trata de un supuesto hecho de violencia familiar o doméstica, donde la accionante es la víctima, condición por la cual cuenta con una protección reforzada que debe ser considerada en todo momento; en el citado proceso penal seguido contra Nelson Arturo Miranda Vargas y Nancy Hilaria Vargas Ferrufino, mediante Acta de otorgamiento de 11 de octubre de 2022, el Fiscal de Materia demandado, dispuso medidas de protección a su favor, entre estas, la “salida, desocupación, restricción al agresor del domicilio conyugal o donde habite la mujer en situación de violencia…”; ordenando al investigador policial notificar a las partes, y realizar los actos necesarios para su efectivo cumplimiento. También se corrobora que, el Investigador FELCV de la Policía Boliviana demandado, a través de Informe de 25 de octubre de 2022, informó al fiscal de materia demandado, entre otros aspectos, que el 20 del mismo mes y año notificó a los imputados referidos en el acápite anterior, con la orden de citación, directrices de investigación y medidas de protección. Las Conclusiones citadas precedentemente, permiten corroborar que, se establecieron medidas de protección; y, por otra parte, que las mismas fueron notificadas a los imputados y a la víctima; sin embargo, hasta el momento de presentación de esta acción tutelar, las mismas no fueron cumplidas; hecho que no fue contradicho ni enervado por los demandados. Ahora bien, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, las medidas de protección tienen por objeto neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la violencia ejercida por el agresor, permitiendo a la víctima el normal desarrollo de sus actividades, asegurando su integridad física, psicológica, y sexual, o la de su familia y resguardando además sus derechos patrimoniales, económicos y laborales. En ese contexto, conforme a los antecedentes de esta acción tutelar, se advierte que la accionante, denuncia que el fiscal a cargo de la investigación y el investigador asignado al caso -debe entenderse- no controlaron ni hicieron seguimiento de las medidas de protección dispuestas, que esencialmente, considera que esta omisión constituye un riesgo para el derecho a la vida.

Cabe referir al Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que establece que, el principio de la debida diligencia no sólo se limita a la adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, sino, en cuanto al Ministerio Público implica la obligación de protección de su dignidad e integridad, evitando la revictimización y maltrato, que deben aplicarse desde el momento que se presenta una denuncia o se conoce sobre un hecho de violencia en razón de género, lo cual implica que su actuación sea en el marco de los principios de celeridad, verdad material, economía procesal, protección efectiva y demás principios que se encuentran previstos en la Ley 348. En ese contexto, de acuerdo al art. 40.8 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), corresponde al fiscal requerir las medidas para que la víctima reciba atención médica y psicológica de urgencia, evitar su revictimización, y que se ponga en peligro su integridad física y psicológica; bajo ese marco, de los antecedentes contenidos en el expediente, se tiene que si bien es evidente que se determinaron las medidas de protección a favor de la accionante; corresponde observar el estándar de la debida diligencia que debe guiar las actuaciones del Ministerio Público, más aún en asuntos vinculados a delitos de violencia por razón de género; sin embargo, esta tarea no se limita únicamente a disponer dichas medidas, sino, a efectuar el control y seguimiento del cumplimiento de las mismas, institución a la que compelía estas labores. En efecto, el Fiscal demandado, de acuerdo a lo expresado anteriormente y conforme dispone el art. 88 de la LOMP, tenía la obligación de requerir a la Dirección de Protección a las Víctimas, Testigos y Miembros del Ministerio Público, que se realice el seguimiento y control del cumplimiento de las medidas de protección impuestas, omisión que repercutió en la seguridad de la víctima de violencia; consecuentemente, amerita la concesión de la tutela respecto a este aspecto. En cuanto a la denuncia contra el investigador policial demandado, si bien es evidente que la accionante sustentó que cuando acudió al policía demandado a solicitar le ayude a regresar a su domicilio y se cumpla con las medidas de protección, este rehusó brindarle cooperación; hecho que tampoco fue desvirtuado por el demandado; sobre el particular, el principio de la debida diligencia referido aplicable a la labor policial, se encuentra comprendida en el art. 54.10 de la Ley 348, que dispone que “Si la mujer en situación de violencia lo solicita, acompañarla y asistirla mientras retira sus pertenencias personales de su domicilio…”, función que eludió, lo cual colocó a la víctima en una situación de riesgo latente y vulnerabilidad, configurando una revictimización por su inacción, al situar a la víctima a vivir con la incertidumbre jurídica de su protección. Por otro lado, el investigador de la FELCV demandado, de acuerdo a lo previsto en el art. 53.I de la Ley 348, actúa bajo la dirección funcional del Ministerio Público, en coordinación con entidades públicas y privadas; asimismo, conforme al art. 54.11 de la Ley referida, le compete hacer seguimiento a la mujer por setenta y dos horas, con el fin de garantizar la eficacia de la protección brindada a la mujer en situación de violencia; atribuciones que también incumplió, en razón a que, al margen que el fiscal demandado le ordenó no sólo notificar a las partes con las medidas de protección, sino, además realizar los actos necesarios para su efectivo cumplimiento, éste inobservó esta directriz, cuando bien podía efectuar el seguimiento al cumplimiento de las mismas, y con su resultado solicitar al fiscal la adopción de medidas, en coordinación con las instituciones de apoyo y de atención a las víctimas; de ahí, que se corrobora que el investigador demandado lesionó el derecho a la vida de la accionante, al no garantizar la debida diligencia para el cumplimiento de las medidas de protección dispuestas, que además vulnera el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; por ello, corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela, aunque con otros fundamentos, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 350/2022 de 30 de octubre, cursante de fs. 16 a 17, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en el marco dispositivo dispuesto por el Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.2, sobre la abstracción de la excepción del principio de subsidieriedad, al hallarse involucrado el derecho a la vida, señala: "El art. 18 de la CPEabrg, instituyó el recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad prevista por el art. 125 de la CPE, como un recurso extraordinario cuya finalidad esencial era la protección a la libertad, ámbito de tutela que ha sido ampliada en el orden constitucional vigente a la vida, que como se ha visto, constituye un derecho primario en sí, inherente al ser humano, y por ende su protección es prioritaria, por constituir un bien jurídico primario y fuente de los demás derechos. Por ello, a diferencia de la tutela a la libertad, y su condicionamiento del agotamiento previo de las instancias intraprocesales, para pedir su protección a través de este medio constitucional idóneo, eficaz e inmediato, respecto a la vida, su tutela puede ser solicitada de manera directa; es decir, que puede acudir a la jurisdicción constitucional, sin tener que agotar previamente la vía jurisdiccional” (las negrillas son añadidas).

2 El art. 14 de la Ley 1173 incorpora en el Título IV “Modificaciones al Procedimiento Común” de la Segunda Parte del Libro II del Código de Procedimiento Penal, Ley 1970 de 25 de marzo de 1999, los Arts. 389, 389 bis, 389 ter, 389 quater y 389 quinquies.

3 Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Resolución 48/104 del 20 de diciembre de 1993; Art. 4 inc. c).

4 Convención de Belém do Pará, de 9 de junio de 1994; Art. 7 inc. b).

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0266_2025-S3.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): 5d4060b9aa4d435b4d80ac0dfc2b3d9f76de5f1cb878464b4089e9fc69c442c8

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