B.IA.LEGAL

SCP 0266/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 2 de julio de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
2 de julio de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
50202-2022-101-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denunció como lesionados sus derechos como persona adulta mayor, a una vejez digna, con calidad y calidez humana y al goce de la renta universal de vejez; toda vez que, ante la emisión de la RA APS/DJ 704/2015 de 20 de junio, se procedió a la suspensión de su renta dignidad por motivo de cobro antes de los sesenta años, sin que hasta la fecha, no obstante contar con setenta y cuatro años de edad, se le hubiera restituido aquel beneficio. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos denunciados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 137/2022 de 11 de agosto, cursante de fs. 45 a 46 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al fondo de la problemática planteada.

2° Exhortar a que la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, derive la solicitud de restitución del derecho a la renta universal de vejez impetrada por la peticionaria de tutela en esta acción de defensa, efectuando todas las gestiones necesarias a fin de que sea la Gestora Pública la que analice de manera la posibilidad de levantar la suspensión del pago de dicho beneficio en favor de la hoy accionante Claudina Condori Cachaca, debiendo flexibilizarse cualquier formalismo que impida su tramitación y materialización, velando en todo momento porque el trámite correspondiente sea ejecutado de manera rápida y oportuna, en respeto y resguardo de los derechos fundamentales de la impetrante de tutela, al tratarse de un persona adulta mayor; y, 3° A tal efecto, corresponderá a la parte peticionaria de tutela apersonarse ante la Gestora Pública a fin de proseguir con el trámite respectivo para el levantamiento de la suspensión del derecho al cobro de la renta dignidad impuesta mediante la Resolución Administrativa APS/DJ 704/2015 de 20 de julio.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional.
  2. III.2. Tutela reforzada en favor de las personas adultas mayores por pertenecer a un grupo de atención prioritaria
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0266/2024-S4 Sucre, 2 de julio de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional Expediente: 50202-2022-101-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 137/2022 de 11 de agosto, cursante de fs. 45 a 46 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Claudina Condori Cachaca contra María Esther Cruz López, Directora Ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 28 de julio de 2022, cursante de fs. 13 a 18, la accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Mediante Resolución Administrativa (RA) 11790/2014-RUI- SEGIP-EA se resolvió autorizar a la Unidad de Saneamiento Documental, el saneamiento de su registro de identidad, quedando como Claudina Condori Cachaca, con fecha de nacimiento de 30 de octubre de 1948 y número de cédula de identidad 2501414 LP; Resolución que dio constancia que su persona llegó a agotar dicha instancia, documento con el cual fue a cobrar su renta dignidad; sin embargo, de manera posterior, mediante RA APS/DJ 704/2015 de 20 de junio, se procedió a la suspensión de dicho beneficio por motivo de cobro antes de los sesenta años, decisión que lesionó sus derechos de adulto mayor, al debido proceso y la seguridad jurídica. Sin que, hasta la fecha, por más de siete años pueda cobrar aquel beneficio, mismo que le coarta su derecho a una vejez con dignidad; ya que, fue injustamente suspendida por dicha institución. A la fecha –se entiende de presentación de esta acción tutelar– su persona cuenta con setenta y cuatro años, cumpliendo a cabalidad con la edad requerida por dicha institución, por lo que, solicitó el cese de su suspensión que le inhabilitó al cobro. La decisión adoptada por la institución que representa la autoridad hoy demandada, fue una medida que afectó su economía y su dignidad humana por ser de la tercera edad; toda vez que, ese dinero le era muy útil para la compra de alimentos y revisiones médicas entre otras, afectando en gran manera su derecho a la vejez digna y al vivir bien.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La accionante denunció como lesionados sus derechos como persona adulta mayor, a una vejez digna, con calidad y calidez humana y al goce de la renta universal de vejez, citando al efecto los arts. 9.4, 13 y 67 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada disponiendo se deje sin efecto la RA APS/DJ 704/2015, de suspensión de su derecho al cobro de la renta dignidad, debiendo el Director Ejecutivo de la APS restituirle su derecho a la renta vitalicia.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 11 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 41 a 44 vta., presentes la accionante y la representante legal de la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La impetrante de tutela ratificó in extenso los términos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

María Esther Cruz López, Directora Ejecutiva de la APS, mediante informe escrito presentado el 11 de agosto de 2022, cursante de fs. 33 a 40, y en audiencia a través de su representante legal, señaló que: a) Mediante nota AA.GG.-1170/2015, la Asociación Accidental La Vitalicia - BISA SAFI, remitió a la APS, el caso de la beneficiaria Claudina Condori Cachaca, con cédula de identidad 2501414, quien presentó sus documentos a objeto de actualizar su registro en la Base de Datos de Beneficiarios de Renta Dignidad, con documentación que acredita su nacimiento el 30 de octubre de 1948; b) En el proceso de análisis para la actualización en la referida Base de Datos, se pudo evidenciar que el registro de la beneficiaria Claudina Condori Cachaca se encontraba con estado de bloqueo “IBL”, debido a que el Servicio de Registro Cívico (SERECI), mediante Cite: SERECI-DN 1924/2012, informó a la APS la existencia de un registro múltiple con el nombre de Paulina Condori Ramos; c) Luego de analizados los documentos presentados para la actualización y la consulta realizada a la Base de Datos del Tribunal Supremo Electoral – SERECI, se observaron ciertas inconsistencias respecto a los registros de Claudina Condori Cachaca y Paulina Condori Ramos, por lo que, la suscrita autoridad emitió el Informe/DPNC/102/2015 de 16 de abril, concluyendo que: “...la Beneficiaria CLAUDINA CONDORI CACHACA cobró RENTA DIGNIDAD de los períodos 2008-01 a 2008-06 con documento de identidad N° 6884139 a nombre de PAULINA CONDORI RAMOS y fecha de nacimiento 15 de octubre de 1940, sin embargo para su actualización presenta Cédula de Identidad N° 2501414 con fecha de nacimiento 30 de octubre de 1948 a nombre de CLAUDINA CONDORI CACHACA, lo que implica que efectuó el cobro de RENTA DIGNIDAD de los períodos 2008-01 a 2008-06 antes de cumplir los 60 años de edad, adecuando su conducta a lo establecido en el artículo 19 del Decreto Supremo N° 29400 de 29 de diciembre de 2007” (sic). Posteriormente se emitió la RA APS/DJ 704-2015, suspendiendo el derecho al cobro de la Renta Dignidad de Claudina Condori Cachaca; d) De conformidad a los arts. 67.II de la CPE, 19.I inc. a) del DS 29400 de 29 de diciembre de 2007, la Ley 3791 de 28 de noviembre de 2007, su Reglamento y el art. 2 del DS 3333 de 20 de septiembre de 2017, a partir del 2 de enero de 2018, y lo señalado en la jurisprudencia constitucional, se tiene que, en la presente acción de amparo constitucional, la impetrante de tutela no cumplió con el principio de subsidiariedad debido a que ésta, en su calidad de beneficiaria, a objeto de aclarar su situación, no acudió ante la Gestora ni interpuso las impugnaciones a la citada Resolución Administrativa, omitiendo cumplir lo dispuesto por el art. 19.II inc. a) del DS 29400, así como lo señalado por la misma RA APS/DJ 704-2015, que en el resuelve primero, parágrafo III señala que los beneficiarios pueden aclarar su situación ante la Asociación Accidental La Vitalicia - BISA SAFI (en ese entonces administrador del Fondo de la Renta Universal de Vejez [FRUV]); es decir que, nunca desvirtuó los motivos que dieron origen a la suspensión ni tampoco adjuntó documentación que demuestre que no concurrieron las causales de suspensión; e) Por otra parte, el cómputo del plazo de los seis meses para la presentación de esta acción de amparo constitucional, debe iniciar a partir de ocurrido el supuesto acto ilegal vulneratorio de derechos o garantías constitucionales, que para el presente viene a ser la emisión de RA APS/DJ 704/2015; momento a partir del cual se computa el referido plazo, mismo que no fue cumplido por la accionante ya que su acción tutelar fue presentada el 28 de julio de 2022; es decir de manera extemporánea; f) Otro aspecto a considerar es la legitimación pasiva al interior de la acción tutelar, puesto que de conformidad con el art. 2 del DS 3333, a partir del 2 de enero de 2018, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo es la entidad encargada de la administración y pago de la Renta Universal de Vejez y Gastos Funerales, por lo que si bien la suscrita autoridad en el uso de sus funciones y atribuciones emitió la RA APS/DJ 704/2015, lo hizo al amparo de lo señalado por la Disposición Transitoria Primera, parágrafo II Del DS 2248; siendo entonces la Gestora la institución a la cual los beneficiarios deben acudir a objeto de regularizar y aclarar su situación en casos de suspensión del beneficio de la Renta Dignidad, aspecto que en el presente caso no ha sucedido; g) Su autoridad conforme las funciones y atribuciones conferidas por el art. 168 inc. b) de la Ley de Pensiones fiscaliza, supervisa, regula, controla, inspecciona y sanciona a la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, Entidad Pública de Seguros, Entidades Aseguradoras u otras entidades bajo su jurisdicción; empero, no administra la Base de Datos de los beneficiarios de la Renta Dignidad, ni tampoco analiza técnicamente los posibles casos relativos a las suspensión o reposición del cobro del beneficio de la Renta Dignidad, siendo esta una facultad inherente al objeto de la Gestora; h) Deberá declararse la improcedencia de la acción de amparo constitucional, considerando que la prenombrada no agotó la vía administrativa y no acudió a la Gestora a objeto de aclarar su situación, ni se notificó a la Gestora en la presente acción constitucional; i) El análisis técnico que sirvió de base para la emisión de la RA APS/DJ 704/2015, que suspende el derecho al cobro de la hoy solicitante de tutela, enfatizó que según el respaldo de pago digitalizado de Renta Dignidad, la beneficiaria Claudina Condori Cachaca, cobró con la cédula de identidad 6884139, nacida el 15 de octubre de 1940 y con el nombre de Paulina Condori Ramos. Posteriormente y para la actualización presentó sus documentos con cédula de identidad 2501414 y fecha de nacimiento 30 de octubre de 1948; j) Habiendo revisado la Base de Datos del Tribunal Supremo Electoral-SERECI, se pudo verificar que existe la partida de nacimiento a nombre de Paulina Condori Ramos en la Oficialía 1049, Libro N00C05, Folio 56 y Partida 56, con fecha de nacimiento 15 de octubre de 1940, hija de Eugenio Condori y Florencia Ramos y no así a nombre de Claudina Condori Cachaca; k) El SERECI La Paz certificó mediante RA 1324/15-LP de 9 de febrero, la cancelación de la partida con fecha de nacimiento 15 de octubre de 1940 a nombre de Paulina Condori Ramos, quedando vigente y válida la partida que consigna la fecha de nacimiento de 30 de octubre de 1948 a nombre de Claudina Condori Cachaca; l) El Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) El Alto, según RA 993/2015 de 28 de enero, “Saneamiento por Multiplicidad de Asignación de Cédula de Identidad en los datos de su Registro de Identificación Personal”, resolvió inhabilitar la cédula de identidad 6884139 LP y consolidar el documento de identidad 2501414-LP a favor de Claudina Condori Cachaca, nacida el 30 de octubre de 1948; m) El SEGIP El Alto mediante RA 11790/2014-RUI-SEGIP-EA de 12 de diciembre de 2014, resolvió el saneamiento del registro de identidad 2501414, modificando el nombre de Paulina por Claudina, apellido materno Ramos por Cachaca y fecha de nacimiento 15 de octubre de 1940, por 30 de octubre de 1948; o) Según la documentación presentada por la beneficiaria Claudina Condori Cachaca, ésta cobró Renta Dignidad de los periodos 2008-01 a 2008-06 con el documento de identidad 6884139 a nombre de Paulina Condori Ramos y fecha de nacimiento 15 de octubre de 1940; sin embargo, para su actualización presentó la cédula de identidad 2501414 con fecha de nacimiento 30 de octubre de 1948 a nombre de Claudina Condori Cachaca, lo que implica que efectuó el cobro de Renta Dignidad de los periodos 2008-01 a 2008-06 antes de cumplir los sesenta años de edad, adecuando su conducta a lo establecido en el art. 19 del DS 29400 de 29 de diciembre de 2007; y, p) Con la emisión de la RA APS/DJ 704/2015, no se vulneraron los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Norma Suprema, por el contrario su autoridad en observancia del inciso a) del art. 168 de la Ley de Pensiones ha cumplido con la previsión del parágrafo II del art. 67 de la CPE.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Tercera de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 137/2022 de 11 de agosto, cursante de fs. 45 a 46 vta., denegó la tutela solicitada; con base en los siguientes argumentos: 1) Del análisis efectuado de la RA 704/2015, el dispositivo primero parágrafo III refiere que: “se salva la posibilidad de que los beneficiarios del listado puedan aclarar su situación ante la Asociación Accidental La Vitalicia SAFI conforme a normativa vigente”; empero, si bien a la fecha ya no sería la Asociación Accidental la Vitalicia la que pueda absolver los reclamos, se tiene a la Gestora Pública de Seguridad Social como entidad facultada al efecto; y, 2) Si bien es obligación del Estado boliviano a través de sus instituciones proteger los derechos de las personas adultas mayores, conforme lo establecen los arts. 67, 68 y 69 de la CPE; entendiendo que de acuerdo a lo previsto por el art. 48.IV de la Norma Suprema, los salarios, sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio sobre cualquier otra acreencia, son inembargables e imprescriptibles. Sin embargo, el pretender que esta Sala Constitucional de manera directa disponga una rehabilitación del pago de la renta dignidad en favor de la hoy accionante, importaría el hecho de que esta instancia constitucional absorba las facultades de la autoridad administrativa y en su mérito discrimine si eventualmente lo obrado en relación a la hoy impetrante de tutela era correcto o incorrecto, teniendo que abordar la labor de establecer la verosimilitud de cambio o la corrección de datos generados en la cédula de identidad de la hoy accionante; labor ésta que no puede ser realizada por esta jurisdicción constitucional a mérito de un único acto, ya que la norma en cuestión apertura, conforme así se identificó en su dispositivo primero parágrafo III, la posibilidad de que los beneficiarios de listado puedan aclarar sus situación ante Asociación Accidental la Vitalicia BISA SAFI; en consecuencia, se entiende que para esta petición de tutela, independientemente de la protección reforzada de derechos de la cual es titular la hoy impetrante de tutela, emergen circunstancias que no pueden ser pasadas por alto, como es el hecho de que la peticionaria de tutela deba acudir a la Gestora Pública de Seguridad Social y efectuar la reclamación que crea pertinente.

CONCLUSIONES De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene el carnet de identidad de Claudina Condori Cachaca, así como su certificado de nacimiento, en el que se consigna su fecha de nacimiento 30 de octubre de 1948 (fs. 2 a 3). II.2. Mediante RA 11790/2014-RUI-SEGIP-EA de 12 de diciembre, emitida dentro del trámite administrativo de rectificación de datos en el registro de identificación personal seguido por Claudina Condori Cachaca ante el SEGIP - El Alto, la Supervisora Jurídica de la Unidad de Saneamiento Documental del SEGIP-El Alto resolvió autorizar a la Unidad de Saneamiento Documental, el saneamiento del registro de identidad 2501414, y en consecuencia, la modificación en la base de datos RUI-SEGIP, debiendo registrar en adelante a la titular como Claudina Condori Cachaca, datos de los padres Eugenio Condori y Florencia Cachaca y la fecha de nacimiento 30 de octubre de 1948 (fs. 11 a 12). II.3. A través de la RA 993/2015-RUI-SEGIP-EA de 28 de enero, dictada al interior del trámite de saneamiento por multiplicidad de asignación de cédula de identidad en los datos de registro de identificación personal, seguido por Claudina Condori Cachaca ante el SEGIP-El Alto, la Supervisora Jurídica de Saneamiento Documental, resolvió inhabilitar la cédula de identidad 6884139 a nombre de Claudina Condori Cachaca, figurando a partir de la fecha el registro de la solicitante vigente, firme y subsistente consignando como datos número de cédula de identidad 2501414, a nombre de Claudina Condori Cachaca con fecha de nacimiento 30 de octubre de 1948 (fs. 25 a 26). II.4. Dentro del trámite administrativo seguido por Elvira Esperanza Ramos Condori –madre de la ahora accionante–, ante el SERECI –La Paz, sobre cancelación de partida de nacimiento, la Jefa de Control Legal de Registro Civil emitió la RA 1324/15-LP de 9 de febrero de 2015; por la que, resolvió autorizar a la Jefatura de Archivo de esa institución proceda a realizar la respectiva nota complementaria de cancelación de la partida de nacimiento registrada en la Oficialía 1049, Libro N00C05/05, Partida 56 con fecha-partida 15/05/2005, siendo su titular Paulina Condori Ramos, disponiendo se proceda a la modificación de la Base de Datos en la partida señalada, figurando la misma como cancelada (fs. 10). II.5. Cursa RA APS/DJ 704/2015 de 20 de julio, a través de la cual, el Director Ejecutivo de la APS, resolvió: “I. Suspender el derecho al cobro de la Renta Dignidad a los Beneficiarios del Listado 0197, identificados con Cédula de Identidad y NUB, quienes cobraron la Renta Dignidad más de una oportunidad por la misma gestión o periodo y/o sin contar con la edad requerida por norma. II. La Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS, deberá proceder a inhabilitar en la Base de Datos de Beneficiarios de la Renta Universal de Vejez (Renta Dignidad), el registro de los Beneficiarios identificados en el Listado adjunto. III. Se salva la posibilidad de que los Beneficiarios del Listado puedan aclarar su situación ante la Asociación Accidental La Vitalicia –BISA SAFI, conforme normativa vigente…” [(sic) fs. 5 a 9].

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denunció como lesionados sus derechos como persona adulta mayor, a una vejez digna, con calidad y calidez humana y al goce de la renta universal de vejez; toda vez que, ante la emisión de la RA APS/DJ 704/2015 de 20 de junio, se procedió a la suspensión de su renta dignidad por motivo de cobro antes de los sesenta años, sin que hasta la fecha, no obstante contar con setenta y cuatro años de edad, se le hubiera restituido aquel beneficio. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos denunciados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. El principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional.

Jurisprudencia reiterada El art. 129.II de la CPE, respecto al principio de inmediatez; establece que, la acción de amparo constitucional podrá ser interpuesta en el plazo de seis meses, computables desde el momento en que ocurrió la vulneración alegada, de notificada la última decisión administrativa o judicial o desde el conocimiento de la parte afectada del acto u omisión que provocó la lesión a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; por su parte, el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo) dispone: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho”. En base a las normas referidas, la SCP 0871/2014 de 12 de mayo, asumiendo criterio uniforme sobre el principio de inmediatez, concluyó que: “La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, desarrolló una interpretación pedagógica, sobre el alcance del principio de inmediatez, estableciendo su comprensión desde un punto de vista positivo y negativo, en función a su naturaleza protectora de derechos y garantías, así como la objetividad de los hechos que deben ser puestos a consideración del Juez o Tribunal de garantías; así la SC 0921/2004-R de 15 de junio, señaló: 'el Tribunal de amparo hizo una incorrecta interpretación de la naturaleza jurídica y alcances del principio de inmediatez, cabe aclarar que dicho principio tiene dos elementos; uno positivo, lo que significa que el amparo constitucional es una vía tutelar para la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados por actos u omisiones ilegales o indebidas, lo que implica que esta vía se activa inmediatamente de haberse producido la lesión, sino hubieren otras vías, o de haber agotado las vías legales ordinarias idóneas y efectivas si es que existen; y otro negativo, lo que significa que la persona titular de los derechos fundamentales vulnerados, debe activar inmediatamente el amparo constitucional, no dejando pasar lapsos de tiempo prolongado que la hagan ineficiente a esta vía tutelar; a cuyo efecto este Tribunal ha establecido, por vía jurisprudencial un plazo razonable de seis meses’. (…)

Finalmente y sobre el principio en análisis, la SCP 1427/2012 de 24 de septiembre, sostiene la siguiente concepción: 'se puede advertir en síntesis que la presentación de la acción de amparo constitucional fuera del plazo de los seis meses, responde al tiempo prudente de tolerancia o aceptación del acto lesivo que se acusa, caso contrario, ante la jurisdicción constitucional opera el principio de preclusión del derecho de acudir a esta acción tutelar; en ese sentido, si la persona supone que se le han vulnerado sus derechos o garantías constitucionales, esta [ésta] de forma diligente y sin esperar que transcurra el tiempo -más de los seis meses-debe dirigirse a la jurisdicción constitucional, caso contrario se considera su interposición como extemporánea, situación que inhabilita el ingreso al análisis de fondo de la problemática planteada’”. Por su parte la SCP 0265/2019-S1 de 22 de mayo, aplicando dichos criterios refirió: “…por mandato constitucional el presente mecanismo de defensa se constituye en el medio idóneo, rápido y eficaz para el restablecimiento de aquellos derechos que fueren conculcados o amenazados de serlo por actos u omisiones de servidores públicos o personas particulares, la protección que brinda se activa ante la observancia de características que hacen a su naturaleza jurídica; así, se tienen los principios de subsidiariedad e inmediatez, este último conforme la jurisprudencia constitucional ha entendido y reiterado, tiene dos facetas, una positiva y otra negativa, la primera implica una tutela inmediata de los derechos y la segunda el plazo para su interposición cuya finalidad es hacer eficiente esta acción tutelar de ahí que quien considere que sus derechos fundamentales y garantías constitucionales le fueron conculcadas no debe esperar que transcurra mucho tiempo para acudir a la justicia constitucional de lo contrario impide a este Tribunal poder ingresar al análisis de fondo y resolver el problema jurídico planteado. Así los arts. 129.II de la CPE y 55.I del CPCo, establecen que el plazo para interponer la acción de amparo constitucional es de seis meses, a computarse desde la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial; es decir, a partir de haber agotado la instancia ordinaria mediante la activación de los mecanismos procesales que el orden jurídico prevé y que además sean los idóneos para el restablecimiento del derecho fundamental o garantía constitucional considerado como vulnerado”.

III.2. Tutela reforzada en favor de las personas adultas mayores por pertenecer a un grupo de atención prioritaria

Al respecto, la SCP 2353/2012 de 16 de noviembre, precisó la dimensión de alcance de protección reforzada ante la lesión de derechos de este grupo vulnerable, señalando: ‘“El art. 1 de la CPE, establece que: «Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario…», en este sentido, la dimensión social de Estado impele a que la otrora igualdad formal ante la ley se convierta en una igualdad material considerando las particularidades y situación específica de cada persona, así la SC 1017/2002-R de 21 de agosto, estableció: «Que, según la doctrina el derecho a la igualdad es la potestad o facultad que tiene toda persona a recibir un trato no discriminado por parte de la sociedad civil y del Estado, según el merecimiento común - la racionalidad y la dignidad - y los méritos particulares; es decir, a recibir el mismo trato que otras personas que se encuentren en idéntica situación o condición…».

En este marco, las personas adultas mayores por su exposición a diferentes riesgos y sus particularidades, cuentan con tutela reforzada constitucional, así el art. 67.I de la CPE, establece «Además de los derechos reconocidos en esta Constitución, todas las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana», de donde además y en coherencia con el principio dignidad puede concluirse que en general a mayor edad y situación de abandono de una persona adulta mayor por parte de su familia, la protección por parte de las autoridades públicas y la sociedad debe ser más intensa. Asimismo y de lo anterior, se extrae que la protección que las autoridades deben brindar a las personas adultas mayores, debe traducirse en la formulación de políticas públicas (generales) pero también a momento de tomar decisiones particulares que afecten a dicho grupo social, ello en virtud al efecto normativo de los derechos de las personas adultas mayores reconocidos en el art. 67 de la CPE, y la prohibición de abandono establecido en el art. 68 de la Norma Suprema, que conforme al art. 108.1 de la Ley fundamental, alcanza a las autoridades jurisdiccionales’”. Respecto a la discriminación de las personas de la tercera edad la SCP 0781/2015-S1 de 18 de agosto, señaló que: ‘…la Ley Fundamental reconoce derechos aplicables para determinados grupos sociales, sin que ello signifique el desconocimiento a la igualdad que propugna la Norma Suprema, sino que por el contrario, tales derechos tienen como meta el lograr materializar la anhelada igualdad de oportunidades y de calidad de vida, entre todos los bolivianos, y en el caso específico de los adultos mayores, a través de los artículos 67 y 68 de la CPE, que establecen que las personas de la tercera edad, tienen derecho a una vejez digna con calidad y calidez humana; a una renta vitalicia de vejez, a la protección, atención, recreación, descanso y ocupación social, de acuerdo con sus capacidades y posibilidades; prohibiendo y sancionando toda forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación. Ésta protección específica, se encuentra vinculada al cuidado especial que merece la condición física y mental de las personas de la tercera edad, circunstancias que constituyen a éste sector poblacional, en un grupo de resguardo reforzada, debido la vulnerabilidad a la que son susceptibles en consideración de las condiciones aludidas, que les significan la imposibilidad de dar una respuesta adecuada o proporcional a situaciones de agresión. Es bajo éste razonamiento, que la jurisprudencia constitucional debe brindar protección fortalecida a los derechos de éste grupo poblacional, especialmente en lo relacionado con el derecho a la salud, seguridad social y alimentación que se encuentran íntimamente ligados a su supervivencia” (el resaltado es nuestro). La Constitución Política del Estado, consagra, garantiza y protege los derechos fundamentales y garantías constitucionales inherentes a las personas, proclamando una protección especial a los adultos mayores de la tercera edad que se encuentran dentro del grupo denominado “vulnerable”, y por tanto de protección reforzada en sus arts. 67 al 69, reconociendo los derechos de los adultos mayores y garantizando su vigencia a través de políticas públicas definidas por el Estado, que tengan como finalidad la protección y resguardo de los mismos, creando las condiciones necesarias para que este grupo de personas que integran los grupos de atención prioritaria, puedan vivir con dignidad humana, a través de una vejez digna, con calidad y calidez humana, dentro de los márgenes o límites legales. En tal sentido, la SC 0989/2011-R de 22 de junio, estableció: “Siguiendo este razonamiento, la Constitución Política del Estado Plurinacional reconoce una diversidad de derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, teniendo en cuenta que estas normas fundamentales no solamente rigen las relaciones entre iguales, sino que tiene como finalidad el proteger a los ostensiblemente más débiles -mejor conocidos en la doctrina como grupos vulnerables- por lo que el Estado, mediante ‘acciones afirmativas‛ busca la materialización de la igualdad (que goza de un reconocimiento formal reconocida en los textos constitucionales y legales pero que en la realidad no se materializa) y la equidad, por lo que se establecen políticas que dan a determinados grupos sociales (minorías étnicas o raciales, personas discapacitadas, mujeres, menores de edad, adultos mayores) un trato preferencial en el acceso a determinados derechos -generalmente de naturaleza laboral- o distribución de ciertos recursos o servicios, así como acceso a determinados bienes, con el fin de mejorarles su calidad de vida y compensarles, en algunos casos, por los perjuicios o la discriminación y exclusión de las que fueron víctimas en el pasado” (las negrillas son nuestras). De igual manera, la SCP 0307/2019-S4 de 29 de mayo, señaló que: “Abordar los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas adultas mayores, implica el reconocimiento de las facultades y potestades de las que éstas gozan para desenvolverse en un ámbito de igualdad de oportunidades y con condiciones que les garantice la calidad y calidez de una vida digna y sin discriminación ni actos de violencia. La Constitución Política del Estado, en sus arts. 67 al 69, reconoce los derechos de los adultos mayores, garantizando su vigencia a través políticas públicas definidas por el Estado, que tengan como finalidad la protección y resguardo de los mismos, creando las condiciones necesarias para que este grupo de personas que integran los grupos de atención prioritaria, puedan vivir con dignidad humana. Así la SCP 1567/2013 de 16 de septiembre, en cuanto a la protección constitucional de los derechos del adulto mayor, señaló que: ‘El art. 1 de la CPE, establece que: «Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario…», en este sentido, la dimensión social de Estado impele a que la otrora igualdad formal ante la ley se convierta en una igualdad material considerando las particularidades y situación específica de cada persona, así la SCP 2353/2012 de 16 de noviembre, citando a la SC 1017/2002-R de 21 de agosto, señalando que: «…según la doctrina el derecho a la igualdad es la potestad o facultad que tiene toda persona a recibir un trato no discriminado por parte de la sociedad civil y del Estado, según el merecimiento común - la racionalidad y la dignidad - y los méritos particulares; es decir, a recibir el mismo trato que otras personas que se encuentren en idéntica situación o condición…». Ahora bien, bajo el razonamiento precedentemente referido, permite su flexibilización cuando el mismo va a ser contrastado en escenarios de vulnerabilidad, teniendo en cuenta, que: «el principio favor debilis, aplicable en virtud de lo previsto en los arts. 13.IV, 256 y 410.I de la CPE, obliga a considerar con especial atención a la parte que, en su relación con la otra no se encuentra en igualdad de condiciones con la otra, tales los casos de los grupos de prioritaria atención como son los niños, las mujeres, las personas con capacidades especiales, comúnmente conocidas como personas con discapacidad, adulto mayor, los pueblos indígenas, entre otros, que por su carácter de desigualdad merecen un trato diferente, que permita nivelar y atender sus condiciones, entendiendo sus situaciones específicas y particulares que por sus grados de vulnerabilidad manifiesta merecen una protección diferenciada» (SCP 0292/2012 de 8 de junio), concordante con el art. 67.I de la CPE, que indica: «Además de los derechos reconocidos en esta Constitución, todas las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana».

(…)

En consecuencia, del contenido expresado en la justicia constitucional respecto de las personas adultas mayores con sus particularidades y por estar expuestas a diferentes riesgos, cuentan con tutela reforzada constitucional, complementándose con los principios y valores del Estado Plurinacional, referente en concreto al principio de dignidad y la realidad de los adultos mayores, recordando que mientras más edad tenga una persona es más propensa al abandono por su familia; hecho que convoca al Estado a disminuir ese penoso escenario, proporcionando la protección requerida, traducidas en políticas públicas, desde luego que también la sociedad debe generar mayor espacio y oportunidad de participación, según sus características pero ante todo revitalizando los conocimientos que tan ampliamente tienen, asumiendo actitudes en torno a la concepción cíclica de la vida‛” (las negrillas nos pertenecen).

III.3. Análisis del caso concreto

La accionante denunció como lesionados sus derechos como persona adulta mayor, a una vejez digna, con calidad y calidez humana y al goce de la renta universal de vejez; toda vez que, ante la emisión de la RA APS/DJ 704/2015 de 20 de junio, se procedió a la suspensión de su renta dignidad por motivo de cobro antes de los sesenta años; sin que hasta la fecha, no obstante contar con setenta y cuatro años de edad, se le hubiera restituido aquel beneficio. Con carácter previo, importa señalar que, conforme se tiene puntualizado en el apartado de Conclusiones II.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se advierte que la ahora impetrante de tutela nació el 30 de octubre de 1948; contando al presente con setenta y seis años de edad, lo que le hace parte de una población vulnerable y de protección constitucional reforzada por ser adulta mayor, en cuyo caso, teniendo incluso abierta la posibilidad de acudir directamente al amparo constitucional en procura de la protección inmediata de sus derechos, haciendo abstracción del principio de subsidiariedad; siendo esta tutela reforzada constitucional, complementada con el principio de dignidad y la realidad de los adultos mayores, que obliga al Estado a disminuir cualquier penoso escenario, que implique la vulneración de los derechos fundamentales de este grupo de personas. Bajo ese marco constitucional, revisados los antecedentes que acompañan esta acción tutelar, se tiene que mediante RA 11790/2014-RUI-SEGIP-EA de 12 de diciembre de 2014, emitida dentro del trámite administrativo de rectificación de datos en el registro de identificación personal seguido por Claudina Condori Cachaca ante el SEGIP - El Alto, la Supervisora Jurídica de la Unidad de Saneamiento Documental del SEGIP-El Alto resolvió autorizar el saneamiento del registro de identidad 2501414, y en consecuencia, la modificación en la base de datos RUI-SEGIP, debiendo registrar en adelante a la titular como Claudina Condori Cachaca, datos de los padres Eugenio Condori y Florencia Cachaca y la fecha de nacimiento 30 de octubre de 1948. Así, a través de la RA 993/2015-RUI-SEGIP-EA, dictada al interior del trámite de saneamiento por multiplicidad de asignación de cédula de identidad en los datos de registro de identificación personal, seguido por Claudina Condori Cachaca ante el SEGIP-El Alto, la Supervisora Jurídica de Saneamiento Documental, resolvió inhabilitar la cédula de identidad 6884139 a nombre de Claudina Condori Cachaca, figurando a partir de la fecha el registro de la solicitante vigente, firme y subsistente consignando como datos número de cédula de identidad 2501414, a nombre de Claudina Condori Cachaca con fecha de nacimiento 30 de octubre de 1948. Posteriormente, dentro del trámite administrativo seguido por Elvira Esperanza Ramos Condori –madre de la ahora accionante–, ante el SERECI –La Paz, sobre cancelación de partida de nacimiento, la Jefa de Control Legal de Registro Civil, emitió la RA 1324/15-LP; por la que, resolvió autorizar a la Jefatura de Archivo de esa institución proceda a realizar la respectiva nota complementaria de cancelación de la partida de nacimiento registrada en la Oficialía 1049, Libro N00C05/05, Partida 56 con fecha-partida 15 de mayo de 2005, siendo su titular Paulina Condori Ramos, disponiendo que se proceda a la modificación de la Base de Datos en la partida señalada, figurando la misma como cancelada. En virtud a dicha rectificación y/o modificación, el Director Ejecutivo de la APS, emitió la RA APS/DJ 704/2015, resolviendo suspender el derecho al cobro de la Renta Dignidad a los Beneficiarios del Listado 0197 –en el que se encuentra inserto el nombre de la hoy accionante– identificados con Cédula de Identidad y NUB, quienes cobraron la Renta Dignidad más de una oportunidad por la misma gestión o periodo y/o sin contar con la edad requerida por norma, ordenando se proceda a inhabilitar en la Base de Datos de Beneficiarios de la Renta Universal de Vejez (Renta Dignidad), el registro de los Beneficiarios identificados en el referido Listado; y salvando la posibilidad de que los Beneficiarios del Listado puedan aclarar su situación ante la Asociación Accidental La Vitalicia –BISA SAFI, conforme normativa vigente. Por su parte, la autoridad demandada, en su defensa, señaló que mediante nota AA.GG.-1170/2015, la Asociación Accidental La Vitalicia -BISA SAFI, remitió a la APS, el caso de la beneficiaria Claudina Condori Cachaca, con cédula de identidad 2501414, quien presentó sus documentos a objeto de actualizar su registro en la Base de Datos de Beneficiarios de Renta Dignidad, con documentación que acredita su nacimiento el 30 de octubre de 1948; proceso en el cual, se evidenció que el registro de la beneficiaria Claudina Condori Cachaca se encontraba con estado de bloqueo "IBL", debido a que el SERECI, mediante Cite: SERECI-DN 1924/2012, informó a la APS la existencia de un registro múltiple con el nombre de Paulina Condori Ramos; en mérito a lo cual, la autoridad hoy demandada, emitió el Informe/DPNC/102/2015, concluyendo que la beneficiaria Claudina Condori Cachaca cobró la renta dignidad de los periodos 2008-01 a 2008-06 con el documento de identidad 6884139 a nombre de Paulina Condori Ramos y fecha de nacimiento 15 de octubre de 1940; sin embargo, para su actualización presentó la Cédula de Identidad 2501414 con fecha de nacimiento 30 de octubre de 1948, a nombre de Claudina Condori Cachaca, de cuya actualización se concluyó que la prenombrada había efectuado el cobro de renta dignidad antes de cumplir los sesenta años de edad, adecuando su conducta a lo establecido en el art. 19 del DS 29400, lo que dio origen a la emisión de la RA APS/DJ 704/2015, de suspensión de cobro de renta dignidad. Determinado lo anterior; se advierte que conforme establecen los arts. 129.II de la CPE y 55.I del CPCo, la acción de amparo constitucional podrá interponerse en el plazo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho; así en el caso concreto, se tiene que el plazo de la inmediatez para la activación de la presente acción tutelar, empezó a computarse a partir de la emisión de la RA APS/DJ 704/2015 de 20 de julio; concluyendo el mismo, seis meses después; sin embargo, Claudina Condori Cachaca –ahora solicitante de tutela– activó esta jurisdicción constitucional recién el 28 de julio de 2022; es decir, siete años después de la presunta comisión de la vulneración alegada y fuera del plazo establecido en la normativa procesal constitucional, operando con ello, el principio de inmediatez que impide ingresar, por principio de seguridad jurídica que es base del sistema de justicia boliviano, al análisis de un acto o resolución (RA APS/DJ 704/2015) que adquirió firmeza hace más de siete años, sin que la accionante hubiese realizado reclamo alguno contra dicha determinación; no pudiendo en consecuencia, analizarse el fondo la problemática planteada, al haberse constatado la inobservancia de este principio para la activación de la acción de amparo constitucional, correspondiendo la denegatoria de la tutela impetrada. No obstante a ello, al tratarse de una persona adulta mayor que merece una protección reforzada acorde a los estándares internacionales y nacionales, que le garantizan el vivir en condiciones dignas, y al constituirse la renta dignidad la fuente principal para su sustento diario, dicha protección adquiere mayor relevancia ante la situación de vulnerabilidad manifiesta en la que se encuentra la accionante; lo que hace necesario efectuar las siguientes aclaraciones a la autoridad demandada: Si bien la RA APS/DJ 704/2015, dispuso la suspensión de la renta dignidad al advertir que la beneficiaria efectuó su cobro de los periodos 2008-01 a 2008-06, antes de cumplir los sesenta años de edad, adecuando su conducta a lo establecido en el art. 19 del DS 29400 de 29 de diciembre de 2007; no es menos cierto que el Estado a través de sus instituciones como la APS y la Gestora Pública, bajo el principio favor debilis, aplicable en virtud de lo previsto en los arts. 13.IV, 256 y 410.I de la CPE, se encuentra obligada a considerar con especial atención la situación de la hoy accionante, debiendo analizar sus particularísimas circunstancias de manera pronta y oportuna, ya que por su grado de vulnerabilidad, manifiesta merece una protección diferenciada y reforzada. Bajo ese contexto, resulta importante considerar que si bien la decisión de suspender el cobro de la renta dignidad de la hoy solicitante de tutela, devino del incumplimiento del requisito de edad para beneficiarse con la pensión universal; sin embargo, ello no implica que la prenombrada se encuentre prohibida de recibir este beneficio de manera indefinida, ya que, conforme también lo estableció la autoridad demandada, tiene abierta la posibilidad de regularizar y aclarar su situación ante la Gestora Pública, instancia ante la cual, la APS, por economía procesal y en resguardo al principio de celeridad, al ser la institución que fiscaliza, supervisa, regula, controla, inspecciona y sanciona a la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, se encuentra impelida a derivar la solicitud de restitución del derecho a la renta universal de vejez impetrada por la peticionaria de tutela en esta acción de defensa, efectuando todas las gestiones necesarias a fin de lograr una solución oportuna para levantarse la suspensión del pago de dicho beneficio en favor de la hoy accionante Claudina Condori Cachaca, ello en virtud a que la indicada repartición, en la actualidad, es la encargada de administrar la base de datos de los beneficiarios de la renta dignidad, y la que analiza los casos relativos a las suspensión o reposición del cobro de este beneficio. Para dicho cometido, deberá flexibilizarse cualquier formalismo que impida su tramitación y materialización, incumbiendo a la APS velar en todo momento porque el trámite correspondiente sea ejecutado de manera rápida y oportuna, en respeto y resguardo de los derechos fundamentales de la impetrante de tutela, al tratarse de una persona adulta mayor que integra un grupo vulnerable. En consecuencia, la Sala Constitucional, al haber denegado la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 137/2022 de 11 de agosto, cursante de fs. 45 a 46 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al fondo de la problemática planteada.

2° Exhortar a que la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, derive la solicitud de restitución del derecho a la renta universal de vejez impetrada por la peticionaria de tutela en esta acción de defensa, efectuando todas las gestiones necesarias a fin de que sea la Gestora Pública la que analice de manera la posibilidad de levantar la suspensión del pago de dicho beneficio en favor de la hoy accionante Claudina Condori Cachaca, debiendo flexibilizarse cualquier formalismo que impida su tramitación y materialización, velando en todo momento porque el trámite correspondiente sea ejecutado de manera rápida y oportuna, en respeto y resguardo de los derechos fundamentales de la impetrante de tutela, al tratarse de un persona adulta mayor; y, 3° A tal efecto, corresponderá a la parte peticionaria de tutela apersonarse ante la Gestora Pública a fin de proseguir con el trámite respectivo para el levantamiento de la suspensión del derecho al cobro de la renta dignidad impuesta mediante la Resolución Administrativa APS/DJ 704/2015 de 20 de julio. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0266_2024-S4.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): 6f215d515e2ee6349cb50d649ab524cf615ff13724bbbab41253af173c43c968

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