B.IA.LEGAL

SCP 0266/2024-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 18 de junio de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
18 de junio de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
50417-2022-101-AAC
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la tutela judicial efectiva, a la estabilidad laboral, al trabajo, al acceso a la justicia y al debido proceso en sus componentes de valoración probatoria, fundamentación, congruencia e igualdad jurídica de las partes; y, de los principios de taxatividad y proporcionalidad; toda vez que, por Resolución Final de Proceso Sumario J.C.T.S. – G.A.M.Q. 012/2021 de 12 de noviembre, Marco Antonio Cossio Villarroel, ex Jefe Coactivo Tributario Sumariante del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba -demandado-, le impuso la sanción de destitución del cargo que ocupaba, presuntamente porque no cumplía el perfil para ocupar el puesto de Apoyo Técnico de Parques y Áreas Verdes de esa entidad edil, ni el Manual de Funciones; decisión ratificada en la sustanciación y resolución del recurso de revocatoria; y, no obstante que interpuso recurso jerárquico reclamando la aplicación de un Reglamento Interno que no estaba vigente al momento de su ingreso a esa institución y que la prueba de descargo presentada al efecto no fue tomada en cuenta, Héctor Cartagena Chacón, Alcalde del citado Gobierno Autónomo Municipal -demandado-, a través de la Resolución Ejecutiva H.C.CH. 003/2022 de 31 de enero, confirmó en todas sus partes la Resolución de Recurso de Revocatoria J.C.T.S-G.A.M.Q. 007/2021 de 29 de diciembre, manteniendo firme y subsistente la sanción de su desvinculación laboral que fue ejecutada a través del Memorándum Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo CITE: S.M.G. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución RAC-SCIII 137/2022 de 25 de agosto, cursante de fs. 447 a 451 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre el principio de subsidiariedad en las acciones de amparo constitucional
  2. III.2. La protección de la estabilidad laboral debe ser determinada por autoridad competente, previamente al conocimiento de la causa por la justicia constitucional
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0266/2024-S2 Sucre, 18 de junio de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional Expediente: 50417-2022-101-AAC Departamento: Cochabamba En revisión de la Resolución RAC-SCIII 137/2022 de 25 de agosto, cursante de fs. 447 a 451 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Isabel Quispe Saavedra contra Héctor Cartagena Chacón, Alcalde; Boris Milton Mercado Villarroel, Secretario Municipal General; y, Marco Antonio Cossio Villarroel, ex Jefe Coactivo Tributario Sumariante, todos del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 10 de agosto de 2022, cursante de fs. 134 a 151, la accionante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

A denuncia del Sindicato de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba, Marco Antonio Cossio Villarroel, ex Jefe Coactivo Tributario Sumariante de esa entidad edil, dictó en su contra el Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo J.C.T.S.–G.A.M.Q. 024/2021 de 14 de octubre, presuntamente porque su persona no cumplía el perfil para el cargo de Apoyo Técnico Parques y Áreas Verdes ni el Manual de Funciones; sin embargo, dicho Manual no se encontraba vigente cuando ingresó a trabajar a esa institución municipal; por lo que, no podía ser aplicado de manera retroactiva; no obstante, el nombrado emitió la Resolución Final de Proceso Sumario J.C.T.S. – G.A.M.Q. 012/2021 de 12 de noviembre, estableciendo responsabilidad administrativa en su contra y la destituyó de su fuente laboral; ante ello, formuló recurso de revocatoria, que mereció la Resolución de Recurso de Revocatoria J.C.T.S-G.A.M.Q. 007/2021 de 29 de diciembre, que ratificó la citada Resolución Final; por tal motivo, el 6 de enero de 2022, interpuso recurso jerárquico; en consecuencia, Héctor Cartagena Chacón, Alcalde del señalado Gobierno Autónomo Municipal -demandado-, por Resolución Ejecutiva H.C.CH. 003/2022 de 31 de enero, confirmó en todas sus partes la decisión tomada en torno a su destitución. Al respecto, se: a) Aplicó el Manual de Funciones de la entidad edil con carácter retroactivo; lo cual, está prohibido por la Norma Suprema; b) Inobservó el principio de taxatividad; pues, no se precisó cuáles son los actos u omisiones con lo que infringió la norma legal institucional; así como, tampoco las pruebas que la incriminaron; y, c) Siendo que el Manual de Funciones de la citada entidad entro en vigencia después de su ingreso al referido Gobierno Autónomo Municipal; por ello, en aplicación del principio de proporcionalidad, no debió ser sancionada con la destitución; al contrario, correspondía ubicarla en un puesto de trabajo acorde a su formación educativa. Al no hacerlo los demandados lesionaron sus derechos constitucionales; dado que, por Memorándum Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo CITE: S.M.G. 09/2022 de 10 de febrero, se concretizó su destitución del señalado cargo.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la tutela judicial efectiva, a la estabilidad laboral, al trabajo, al acceso a la justicia y al debido proceso en sus componentes de valoración probatoria, fundamentación, congruencia e igualdad jurídica de las partes; y, de los principios de taxatividad y proporcionalidad, citando al efecto los arts. 109, 115, 178 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 6 y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 8 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: 1) Dejar sin efecto la Resolución Ejecutiva H.C.CH. 003/2022, Resolución de Recurso de Revocatoria J.C.T.S-G.A.M.Q. 007/2021, Resolución Final de Proceso Sumario J.C.T.S. – G.A.M.Q. 012/2021 y el Memorándum Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo CITE: S.M.G. 09/2022; 2) El Alcalde demandado en aplicación y respeto del debido proceso, pronuncie una nueva resolución; y, 3) La restitución inmediata a su fuente laboral, con reconocimiento de los sueldos y de los demás derechos de los que fue privada a partir de su ilegal destitución.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 25 de agosto de 2022, según consta en acta cursante de fs. 442 a 446, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La impetrante de tutela por intermedio de su abogado, ratificó los términos de su memorial de acción de amparo constitucional presentado y ampliándolos indicó que: i) El Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo, instauró anteriormente otros procesos disciplinarios en su contra; los que, salieron a su favor; por ello, no le quedó más que reincorporarla a su fuente laboral por tres veces consecutivas en el cargo de Apoyo Técnico de Parques y Áreas Verdes de la indicada entidad edil; ii) Al ver que no podían desvincularla, le iniciaron otro sumario administrativo sustentado en una nota presentada por el Sindicato de Trabajadores de Obras Públicas, quienes manifestaron disconformidad con su reincorporación laboral, denunciando que no cumplía con el perfil del puesto ni con el Manual de Funciones; en el mismo sentido se elaboró un informe legal -no proporcionó datos al respecto-; cuando dicho Manual no existía al momento de su contratación; iii) En la Resolución Final de Proceso Sumario J.C.T.S. – G.A.M.Q. 012/2021, ex Jefe Coactivo Tributario Sumariante demandado estableció anticipadamente un criterio al afirmar “…‘por lo descrito precedentemente se tiene que la servidora Isabel Quispe no cumple con el perfil de requisitos de dicho Ítem y mucho menos con el manual de funciones’…” (sic), sin desglosar los hechos probados, valoración de la prueba de cargo y de descargo, la fundamentación, motivación y demás supuestos legales de taxatividad; con base en lo cual, la destituyó; iv) Con respeto a los derechos laborales de los que goza al encontrarse amparada en la Ley General del Trabajo, debió ser asignada a otro puesto acorde a su formación académica; v) La Resolución de Recurso de Revocatoria J.C.T.S-G.A.M.Q. 007/2021, confirmó su desvinculación laboral sin ponderar los argumentos fácticos y las pruebas que presentó, soslayando el debido proceso en su triple dimensión y la verdad material; vi) La Resolución Ejecutiva H.C.CH. 003/2022, no realizó el más mínimo análisis de los argumentos que esgrimió desde el informe de descargo; en tal sentido, ratificó la sanción de destitución sin valorar la prueba ni establecer la tipificación de la conducta, menos identificó la falta y las normas vulneradas para sustentar la determinación desproporcionada de su despido; y, vii) El demandado -se entiende la ex Jefe Coactivo Tributario Sumariante- en el informe que presentó, manifestó que su persona no cumplía el perfil para el puesto de Apoyo Técnico de Parques y Áreas Verdes del indicado Gobierno Autónomo Municipal; en clara vulneración de sus derechos y garantías constitucionales; toda vez que, el 19 de octubre de 2020, data en la que fue contratada, no se encontraba vigente el Manual de Funciones; por lo cual, no debió ser aplicado de manera retroactiva para iniciar el sumario en su contra y finalmente destituirla.

I.2.2. Informe de los demandados

Héctor Cartagena Chacón, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo, a través de sus representantes presentó informe escrito el 24 de agosto de 2022, cursante de fs. 432 a 435 y en audiencia de garantías manifestó que: a) Los argumentos expuestos por la accionante carecen de fundamento legal; dado que, del Informe CITE:JCTS-G.A.M.Q. 160/2022 de 22 de agosto, emitido por Juan Carlos Fernández Gutiérrez, Jefe Coactivo Tributario Sumariante del citado ente edil; se tiene que, en el proceso disciplinario seguido en contra de la accionante, respetó sus derechos fundamentales y garantías constitucionales contemplados en la Norma Suprema y las que rigen la materia específica; b) Se acreditó que la impetrante de tutela no cumplió el Manual de Funciones; por lo que, fue sancionada con su destitución; c) El Manual de Funciones empleado en el proceso administrativo es de 2020 y la última designación de la nombrada se concretizó en abril de 2021; lo que, demuestra que no fue aplicado de manera retroactiva; y, la mala fe y actitud dolosa de la solicitante de tutela; y, d) Pretender que la mencionada retorne al puesto que ocupaba, implicaría incurrir en el delito de designaciones ilegales; por lo que, solicitó declarar la improcedencia de este mecanismo constitucional; en consecuencia, denegar el amparo pretendido. Marco Antonio Cossio Villarroel, ex Autoridad Sumariante del citado Gobierno Autónomo Municipal, por informe escrito presentado el 24 de agosto de 2022, cursante de fs. 161 a 162 vta. y en audiencia de garantías manifestó que: 1) Dejó de ser servidor público del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo, desde el 2 de febrero de igual año; 2) Conforme determina la Constitución Política del Estado, todo servidor público al momento de asumir funciones debe conocer y cumplir la Ley Fundamental y demás disposiciones legales que rigen en un Estado constitucional de derecho y social; asimismo, la normativa inherente al citado ente edil; 3) La accionante en el memorial de 9 de agosto de 2022, indicó que el proceso administrativo instaurado en su contra fue a sugerencia del Sindicato de Obras Públicas; que no se valoró la prueba que presentó por ser fotocopias simples; no se respetó los principios de taxatividad, congruencia y proporcionalidad, ni su derecho a la defensa; y, se aplicó el Manual de Funciones de la entidad de manera retroactiva; sin embargo, el Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo J.C.T.S.–G.A.M.Q. 024/2021, tiene como fundamento legal el Informe CITE: GAMO/RR.HH. – INT 253/2021 de 16 de septiembre, emitido por la Unidad de Recursos Humanos (RR.HH.); el Formulario de Verificación de Perfil, de Archivos y Escalafón de la entidad; y, demás antecedentes consistentes en formulario de RR.HH., declaración jurada, Manual de Funciones 2020 y designación; 4) La Resolución Final de Proceso Sumario J.C.T.S. – G.A.M.Q. 012/2021 y la Resolución de Recurso de Revocatoria J.C.T.S-G.A.M.Q. 007/2021, tienen una cronología de los hechos, disposiciones legales que se aplicaron, valoración de la prueba de cargo y de descargo, la conducta desplegada por la impetrante de tutela, con base en la sana crítica estableció que ella no cumplió con un perfil de profesional para el cargo que ocupaba conforme estableció RR.HH. y, Archivos y Escalafón de la indicada entidad Edil, al no tener formación de licenciada con título en provisión nacional, egresada de la carrera de Agronomía Ambiental, Desarrollo Rural, Forestal, Técnico Medio o Superior o estudiante de último año en carreras afines y experiencia certificada; al contrario, la prenombrada demostró ser técnico en contabilidad; por lo que, dispuso su destitución; 5) En la sustanciación del proceso administrativo la solicitante de tutela no presentó documentación idónea que permita establecer que tenía la profesión para desempeñar el cargo de Apoyo Técnico de Parques y Áreas Verdes de la entidad edil, tampoco representó la ilegalidad de sus designaciones, ni pidió el cambio de funciones según su formación; incurriendo en actos consentidos, no siendo subsidiaria la acción de amparo constitucional a ese efecto; 6) Le extraña que la peticionante de tutela denuncie que los fallos citados carezcan de fundamentación, motivación, congruencia, taxatividad y proporcionalidad; toda vez que, está demostrado que aplicó un Manual de Funciones de 2020, el mismo que contiene los requisitos y la experiencia necesaria para el ejercicio de ese cargo; y, 7) En el recurso jerárquico “…se hizo la valoración, un análisis, una fundamentación, una motivación hay una taxatividad, es decir, se relacionaron los hechos con la conducta que ha desplegado la Sra. Isabel subsumiendo a ciertos parámetros normativos administrativos que determinan el grado de responsabilidad administrativa, y al existir esta responsabilidad administrativa hay un daño económico y a la imagen institucional de Quillacollo…” (sic).

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Ariel Guarabia Ibáñez, no presentó escrito alguno ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 156.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución RAC-SCIII 137/2022 de 25 de agosto, cursante de fs. 447 a 451 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) La SCP 0857/2018-S4 de 18 de diciembre, señaló que: “‘…3) En aquellos casos en que la trabajadora o trabajador, fuera sometido a un proceso interno dentro el cual se determine su despido por una de las causales establecidas en el art. 16 de la LGT y art. 9 del DR, en su caso por vulneración a su Reglamento Interno, el procedimiento previsto por el DS 0495, no será aplicable; debiendo la trabajadora o trabajador, que estime que su destitución fue ilegal o injustificada, incoar la correspondiente demanda de reincorporación ante la judicatura laboral’…” (sic); y, ii) La accionante denunció que fue sometida a un proceso disciplinario, en el que desde un inicio se vulneró sus derechos y garantías constitucionales; puesto que, el Manual de Funciones y el Reglamento Interno del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo, no se encontraban vigentes cuando ingresó a trabajar a dicha entidad edil; asimismo, señaló que los demandados no valoraron las pruebas aportadas, lesionando sus derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en sus elementos motivación y fundamentación; y, el principio de taxatividad, imponiéndole una sanción desproporcionada; sin embargo, en aplicación de la citada jurisprudencia, debió acudir previamente ante la jurisdicción ordinaria laboral, a efectos de que la autoridad competente determine si el proceso seguido en contra de la peticionante de tutela, vulneró o no los derechos reclamados.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo J.C.T.S.–G.A.M.Q.

024/2021 de 14 de octubre, Marco Antonio Cossio Villarroel, ex Jefe Coactivo Tributario Sumariante del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba -demandado-, dispuso el inicio de proceso administrativo interno contra Isabel Quispe Saavedra -accionante-, por la presunta transgresión e incumplimiento de los arts. 232 y 235.1, 2 y 5 de la CPE; 8 incs. a) y c), 9 incs. a) y c), y 12 del Estatuto del Funcionario Público (EFP) -Ley 2027 de 27 de octubre de 1999-; Manual de Funciones del cargo con Ítem 327 G.A.M.Q.; y, 84, 89 incs. a), c) e i) y 90 incs. a), i) y l) del Reglamento Interno de Personal de la referida entidad edil (fs. 15 a 25). II.2. Por Resolución Final de Proceso Sumario J.C.T.S. – G.A.M.Q. 012/2021 de 12 de noviembre, el nombrado ex Jefe Coactivo Tributario Sumariante estableció la existencia de responsabilidad administrativa en contra de la impetrante de tutela, por no cumplir los principios de eficiencia, responsabilidad y resultados; con el perfil y requisitos del Ítem 327; y, el Manual de Funciones de la entidad, sancionándola con su destitución (fs. 30 a 42). II.3. En virtud a lo señalado, por memorial presentado el 7 de diciembre de 2021, la solicitante de tutela interpuso recurso de revocatoria, resuelto mediante Resolución de Recurso de Revocatoria J.C.T.S-G.A.M.Q. 007/2021 de 29 del mismo mes, por el mencionado demandado ratificando la referida Resolución Final (fs. 43 a 62). II.4. Mediante escrito presentado el 6 de enero de 2022, la peticionante de tutela planteó recurso jerárquico contra la Resolución de Recurso de Revocatoria supra citada; en consecuencia, Héctor Cartagena Chacón, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo -demandado-, por Resolución Ejecutiva H.C.CH. 003/2022 de 31 de enero, resolvió confirmar dicha Resolución de Recurso de Revocatoria en todas sus partes, manteniendo firme y subsistente la sanción de destitución (fs. 63 a 83). II.5. A través del Memorándum Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo CITE: S.M.G. 09/2022 de 10 de febrero, Boris Milton Mercado Villarroel, Secretario Municipal General de esa entidad edil -demandado-, aludiendo los mencionados fallos, agradeció sus servicios a la peticionante de tutela (fs. 95).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la tutela judicial efectiva, a la estabilidad laboral, al trabajo, al acceso a la justicia y al debido proceso en sus componentes de valoración probatoria, fundamentación, congruencia e igualdad jurídica de las partes; y, de los principios de taxatividad y proporcionalidad; toda vez que, por Resolución Final de Proceso Sumario J.C.T.S. – G.A.M.Q. 012/2021 de 12 de noviembre, Marco Antonio Cossio Villarroel, ex Jefe Coactivo Tributario Sumariante del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba -demandado-, le impuso la sanción de destitución del cargo que ocupaba, presuntamente porque no cumplía el perfil para ocupar el puesto de Apoyo Técnico de Parques y Áreas Verdes de esa entidad edil, ni el Manual de Funciones; decisión ratificada en la sustanciación y resolución del recurso de revocatoria; y, no obstante que interpuso recurso jerárquico reclamando la aplicación de un Reglamento Interno que no estaba vigente al momento de su ingreso a esa institución y que la prueba de descargo presentada al efecto no fue tomada en cuenta, Héctor Cartagena Chacón, Alcalde del citado Gobierno Autónomo Municipal -demandado-, a través de la Resolución Ejecutiva H.C.CH. 003/2022 de 31 de enero, confirmó en todas sus partes la Resolución de Recurso de Revocatoria J.C.T.S-G.A.M.Q. 007/2021 de 29 de diciembre, manteniendo firme y subsistente la sanción de su desvinculación laboral que fue ejecutada a través del Memorándum Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo CITE: S.M.G. 09/2022 de 10 de febrero, por Boris Milton Mercado Villarroel, Secretario Municipal General de la misma entidad edil -demandado-. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre el principio de subsidiariedad en las acciones de amparo constitucional

La SCP 1161/2017-S2 de 15 de noviembre, citando a la SCP 0611/2016-S2 de 30 de mayo, señaló que: «…“La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”. En el mismo sentido, respecto al principio de subsidiariedad la SCP 0415/2013 de 3 de junio, asumiendo el entendimiento de la jurisprudencia desarrollada en la SCP 1476/2012 de 24 de septiembre, precisó que: “La acción de amparo constitucional, se configura como una garantía jurisdiccional extraordinaria, de tramitación especial y sumarísima, que tiene por objeto la restitución o restablecimiento de los derechos fundamentales, consagrados en la Constitución Política del Estado, cuando éstos son restringidos, suprimidos o amenazados por parte de particulares o funcionarios públicos y siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para su protección; es decir, que esta acción se activa cuando no existen otros medios o vías idóneas para otorgar la tutela solicitada. Este recurso es una acción de naturaleza subsidiaria, así lo ha establecido el art. 129.I de la CPE que dispone ‘…siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados’, concordante con el art. 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que manifiesta: ‘I La acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo. II Excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción será viable cuando: 1. La protección pueda resultar tardía. 2. Exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse la tutela’. En ese entendido, la jurisprudencia del Tribunal anterior sobre la subsidiariedad dentro la acción de amparo constitucional ha establecido mediante la SC 0273/2010-R de 7 de junio, que: ‘…El Amparo Constitucional no es un instrumento alternativo o sustitutivo de las acciones ordinarias que la Constitución y la ley asignan a las distintas jurisdicciones, según su especialidad, para la protección de los derechos considerados vulnerados, sino, por el contrario, es un mecanismo subsidiario, porque puede instaurarse cuando el lesionado no tiene otro medio de defensa; por lo tanto, cuando hay otros recursos expeditos, éstos deben ser utilizados primero y sólo se concederá el Amparo Constitucional cuando aquéllos resultaren ineficaces para la defensa de los derechos, o cuando se lo conceda como protección inmediata para evitar un daño irreparable”’. En el mismo sentido la SCP 0471/2012 de 4 de julio, respecto a la subsidiariedad, expresó lo siguiente: “…el entonces Tribunal Constitucional a través de la SC 1035/2010-R de 23 de agosto, reiterando el entendimiento asumido por la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, señaló que existen: ‘…reglas y sub reglas de improcedencia de amparo por subsidiariedad cuándo: 1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución…’”» (las negrillas y el subrayado nos corresponden).

III.2. La protección de la estabilidad laboral debe ser determinada por autoridad competente, previamente al conocimiento de la causa por la justicia constitucional

La SCP 0177/2012 de 14 de mayo, en cuanto a la aplicación del DS 0495 de 1 de mayo de 2010 señaló lo siguiente: “…la acción de amparo constitucional por su naturaleza, está revestida de los principios de subsidiariedad e inmediatez, cuyo cumplimiento son requisitos insoslayables para su viabilidad; empero, el extinto Tribunal Constitucional en su frondosa jurisprudencia ha establecido excepciones a esta regla, determinando que en algunos casos puede prescindirse de este principio, dada la naturaleza de los derechos invocados, a la naturaleza de la cuestión planteada y la necesidad de una protección inmediata. Con relación a la protección inmediata en atención a los derechos vulnerados, la SC 0143/2010-R de 17 de mayo, precisó: ‘La norma prevista por el art. 94 de la LTC y la jurisprudencia constitucional, establecen la subsidiariedad del amparo constitucional, cuya naturaleza subsidiaria está reconocida por la actual acción de amparo constitucional, conforme prevé el art. 129 de la CPE, al disponer que la acción de tutela se interpondrá siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, configurándose su carácter subsidiario. Sin embargo, la subsidiariedad de esta acción tutelar no puede ser invocada y menos aún aplicada en el presente caso, que reviste un carácter excepcional en razón de los derechos invocados y la naturaleza de la cuestión planteada de inmediata y urgente protección…’. En base a este entendimiento, la estabilidad laboral es un derecho constitucional cuya vulneración afecta a otros derechos elementales, a este efecto consideramos que se debe abstraer el principio de subsidiariedad en aquellos casos en que una trabajadora o un trabajador demande la reincorporación a su fuente trabajo ante un despido sin causa legal justificada; con el único requisito previo de recurrir a las Jefaturas Departamentales de Trabajo denunciando este hecho, a objeto de que estas entidades una vez establecido el retiro injustificado conmine al empleador a la reincorporación inmediata en los términos previstos por el DS 0495, y ante su incumplimiento se hace viable la tutela constitucional a través de la acción de amparo constitucional. Entendimiento asumido en virtud a que en estos casos no sólo se halla involucrado el derecho al trabajo, sino otros derechos elementales como la subsistencia y a la vida misma de la persona, ya que cuando se afecta el derecho al trabajo a través de una despido injustificado, no sólo se afecta a la persona individual, sino a todo el grupo familiar que depende de un trabajador o trabajadora por cuanto implícitamente se atenta contra la subsistencia de sus hijos o dependientes, de ahí que el derecho al trabajo constituye uno de los principales derechos humanos. Sin embargo, a efecto de consolidar la protección de la estabilidad laboral que rige en el Estado Plurinacional de Bolivia, a partir de la vigencia de la Constitución, se hace necesaria la modulación sobre el tema: En consecuencia, aplicando las normas legales relativas a la estabilidad laboral descritas, se debe considerar los siguientes supuestos: 1) En caso de que una trabajadora o un trabajador, ante un eventual retiro intempestivo sin causa legal justificada opte por su reincorporación, deberá denunciar este hecho ante las Jefaturas Departamentales de Trabajo; entidades que deberán asumir el trámite previsto por el DS 0495, emitiendo si corresponde la conminatoria de reincorporación en los términos previstos en esta norma, y en caso de que el empleador incumpla la conminatoria, el trabajador o trabajadora podrá interponer la acción de amparo constitucional, misma que resulta más idónea en estos casos por las razones antes expuestas. 2) Aclarando que la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en los alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria, conforme previene el referido Decreto Supremo; vale decir interponiendo una acción laboral dentro los alcances establecidos por el art. 65 del Código Procesal del Trabajo (CPT), precepto que otorga la posibilidad al empleador de constituirse en parte demandante en una acción social, instancia en la que en definitiva se establecerá si el despido fue o no justificado, esto debido a que la justicia constitucional sólo viabiliza la tutela inmediata ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo sin causa legal justificada.

3) En aquellos casos en que la trabajadora o trabajador, fuera sometido a un proceso interno dentro el cual se determine su despido por una de las causales establecidas en el art. 16 de la LGT y art. 9 del DR, en su caso por vulneración a su Reglamento Interno, el procedimiento previsto por el DS 0495, no será aplicable; debiendo la trabajadora o trabajador, que estime que su destitución fue ilegal o injustificada, incoar la correspondiente demanda de reincorporación ante la judicatura laboral” (las negrillas son nuestras).

III.3. Análisis del caso concreto

Descrito el marco normativo y jurisprudencial para el examen del presente caso, de los antecedentes que cursan en esta acción de defensa y las alegaciones de los sujetos procesales; se tiene que, por Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo J.C.T.S.–G.A.M.Q. 024/2021 de 14 de octubre, Marco Antonio Cossio Villarroel, ex Jefe Coactivo Tributario Sumariante del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba -demandado-, dispuso el inicio de proceso administrativo interno contra Isabel Quispe Saavedra -accionante-, por la presunta transgresión e incumplimiento de los arts. 232 y 235.1, 2 y 5 de la CPE; 8 incs. a) y c), 9 incs. a) y c), y 12 del EFP; Manual de Funciones del cargo con Ítem 327 G.A.M.Q.; y, 84, 89 incs. a), c) e i) y 90 incs. a), i) y l) del Reglamento Interno de Personal de la referida entidad edil (Conclusión II.1); en consecuencia, mediante Resolución Final de Proceso Sumario J.C.T.S. – G.A.M.Q. 012/2021 de 12 de noviembre, el nombrado demandado estableció la existencia de responsabilidad administrativa por no cumplir los principios de eficiencia, responsabilidad y resultados; con el perfil y requisitos del Ítem 327; y, el Manual de Funciones de la entidad, sancionando a la prenombrada con su destitución (Conclusión II.2); al respecto, por memorial presentado el 7 de diciembre de 2021, interpuso recurso de revocatoria, resuelto mediante Resolución de Recurso de Revocatoria J.C.T.S-G.A.M.Q. 007/2021 de 29 del mismo mes, a través de la cual, el citado ex Jefe Coactivo Tributario Sumariante ratificó la referida Resolución Final (Conclusión II.3); ante ello, por escrito presentado el 6 de enero de 2022, planteó recurso jerárquico y en sustanciación y resolución, Héctor Cartagena Chacón, Alcalde del mencionado Gobierno Autónomo Municipal -demandado-, por Resolución Ejecutiva H.C.CH. 003/2022 de 31 de enero, resolvió confirmar en todas sus partes la referida Resolución, manteniendo firme y subsistente la sanción (Conclusión II.4); en tal contexto, a través del Memorándum Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo CITE: S.M.G. 09/2022 de 10 de febrero, Boris Milton Mercado Villarroel, Secretario Municipal General de la indicada entidad edil -demandado-, agradeció sus servicios a la accionante (Conclusión II.5).

Ahora bien, la impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la tutela judicial efectiva, a la estabilidad laboral, al trabajo, al acceso a la justicia y al debido proceso en sus componentes de valoración probatoria, fundamentación, congruencia e igualdad jurídica de las partes; y, de los principios de taxatividad y proporcionalidad; toda vez que, dentro del proceso sumario administrativo seguido en su contra fue destituida presuntamente por no cumplir el perfil para ocupar el puesto de Apoyo Técnico de Parques y Áreas Verdes de esa entidad edil, ni el Manual de Funciones de la misma, en aplicación de un Reglamento Interno que no estaba vigente al momento de su ingreso a dicha institución y que la prueba de descargo presentada al efecto no fue tomada en cuenta. Al respecto, conforme lo desglosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de amparo constitucional se configura como una garantía jurisdiccional extraordinaria de tramitación especial y sumarísima, que tiene por objeto la restitución o restablecimiento de los derechos fundamentales, consagrados en la Constitución Política del Estado, cuando estos son restringidos, suprimidos o amenazados por parte de particulares o funcionarios públicos, siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para su protección; es decir, que se activa al no existir otros medios o vías idóneas para otorgar la tutela solicitada, ello en aplicación del principio de subsidiariedad establecido en los arts. 129.I de la CPE y 54.I del Código Procesal Constitucional (CPCo); asimismo, la jurisprudencia citada determinó las reglas y subreglas de improcedencia de esta acción tutelar por subsidiariedad, cuando: “…1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución…” (el resaltado es propio [SCP 1161/2017-S2]). En ese orden de cosas, se advierte que en efecto por Resolución Final de Proceso Sumario J.C.T.S. – G.A.M.Q. 012/2021, la accionante fue sancionada con su destitución por transgredir los arts. 232 y 235.1, 2 y 5 de la CPE; 8 incs. a) y c), 9 incs. a) y c), y 12 del EFP; Manual de Funciones del cargo con Ítem 327 G.A.M.Q.; y, 84, 89 incs. a), c) e i) y 90 incs. a), i) y l) del Reglamento Interno de Personal de la indicada entidad edil; y, pese a que formuló los recursos de revocatoria -que mereció la Resolución de Recurso de Revocatoria J.C.T.S.-G.A.M.Q. 007/2021-; y, jerárquico -que concluyó con la Resolución Ejecutiva H.C.CH. 003/2022-, la determinación se mantuvo incólume y se ejecutó a través del Memorándum Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo CITE: S.M.G. 09/2022; por lo que, la impetrante de tutela cuestiona los citados fallos y el mencionado Memorándum; sin embargo, tomando en cuenta la jurisprudencia constitucional indicada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, que, aplicando las normas legales relativas a la estabilidad laboral estableció tres supuestos, el último señaló que: “3) En aquellos casos en que la trabajadora o trabajador, fuera sometido a un proceso interno dentro el cual se determine su despido por una de las causales establecidas en el art. 16 de la LGT y art. 9 del DR, en su caso por vulneración a su Reglamento Interno, el procedimiento previsto por el DS 0495, no será aplicable; debiendo la trabajadora o trabajador, que estime que su destitución fue ilegal o injustificada, incoar la correspondiente demanda de reincorporación ante la judicatura laboral” (SCP 0177/2012 [las negrillas y subrayado son nuestros]); razonamiento que es aplicable en la presente problemática; toda vez que, la impetrante de tutela reclama que sus derechos constitucionales fueron lesionados en el proceso sumario administrativo interno sustanciado en su contra, por inobservancia de su Reglamento Interno al no cumplir el perfil profesional del cargo que ocupaba, así como, las labores descritas en su Manual de Funciones; por lo que, correspondía que con su reclamo acuda a la jurisdicción ordinaria laboral, conforme concluyó también la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, al ser la vía idónea para conocer y resolver su situación laboral, pues como la propia accionante refiere en la ampliación de su demanda en la audiencia de garantías, su relación laboral se encuentra regida por la Ley General del Trabajo, cuyos derechos laborales fueron lesionados. No obstante lo expuesto supra, pretende que a través de este mecanismo de defensa se retrotraiga momentos procesales dejando sin efecto las señaladas Resoluciones, aspecto que no es posible; toda vez que, no se agotó la vía ordinaria para recién acudir a este mecanismo de defensa constitucional; en ese sentido, a la situación descrita se hace aplicable el entendimiento jurisprudencial desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, concurriendo la regla 1 y subregla: “…b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico…” (resaltado añadido [SC 1161/2017-S2]). Al respecto, es pertinente también aclarar que si bien la accionante invoca como lesionados la fundamentación, congruencia y valoración probatoria como parte del debido proceso; empero, sus argumentos y dimensión de reclamo convergen en valoración probatoria, aplicación de la norma a través de los principios de taxatividad y proporcionalidad, tendiente todo ello al análisis de los elementos que configuran su destitución y la definición de su situación laboral con base en los supuestos fácticos y normativos, que refiere le son inherentes y aplicables, por su condición y forma de ingreso al Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo; todo lo cual en efecto corresponde ser conocido por la judicatura laboral, al no estarse cuestionando en todo caso el debido proceso en su núcleo puro. En definitiva, al inobservarse el principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional, corresponde denegar la tutela solicitada; aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática formulada. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución RAC-SCIII 137/2022 de 25 de agosto, cursante de fs. 447 a 451 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0266_2024-S2.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): 909138c3854591dfe975862ad89e0783a288014b2f8bfbaf9c5f08c10d0f2f72

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