B.IA.LEGAL

SCP 0266/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 11 de julio de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
11 de julio de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
50361-2022-101-AAC
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La impetrante de tutela alega la lesión de sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral; toda vez que, pese a que desde el 3 de mayo de 2016, ejerció funciones como Administradora del Complejo Deportivo Pampa Ingenio de la Unidad de Deportes, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Humano del GAM de Potosí; sin embargo, cuando ya operaba la conversión de contrato a plazo indefinido, debido a que suscribió aproximadamente veinticinco contratos continuos a plazo fijo; el 20 de julio de 2022, prescindieron de sus servicios, sin un proceso interno previo y sin causal justificable; por lo que, acudió ante el Director Departamental de Trabajo de Potosí, quien emitió la Resolución Administrativa Conminatoria de Reincorporación JDTP-HRF 33/2022 de 5 de agosto, conminando al citado GAM para que en el plazo de tres días improrrogables a partir de su notificación, la reincorpore al mismo puesto que ocupaba, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan; empero, dicha Conminatoria no fue acatada por la entidad ahora demandada hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar; razón por la cual, acude a la jurisdicción constitucional solicitando se conceda la tutela, ordenando el cumplimiento de la precitada Resolución Administrativa Conminatoria de Reincorporación JDTP-HRF 33/2022 y por consiguiente su inmediata reincorporación a su mismo cargo, con igual salario y con todos los beneficios sociales y la cancelación de sueldos devengados, restituyendo así el ejercicio de sus derechos y garantías conculcados, sea con costas.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 43/2022 de 12 de septiembre, cursante de fs. 77 a 81, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Potosí; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, bajo los mismos términos dispuestos por la referida Sala Constitucional y en base a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la doctrina de Unificación Jurisprudencial respecto al incumplimiento de las Conminatorias de reincorporación laboral, denunciado a través de la acción de amparo constitucional
  2. III.2. Presentación directa de la acción de amparo constitucional ante incumplimiento de las conminatorias de reincorporación
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0266/2024-S1 Sucre, 11 de julio de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 50361-2022-101-AAC Departamento: Potosí En revisión la Resolución 43/2022 de 12 de septiembre, cursante de fs. 77 a 81, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Paola Alejandra Gonzales Mendoza contra Jhonny Llally Huata, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 7 de septiembre de 2022, cursante de fs. 38 a 56, la accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que ingresó a trabajar desde el 3 de mayo de 2016, en calidad de Administradora del Complejo Deportivo Pampa Ingenio de la Unidad de Deportes, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Humano del GAM de Potosí, trabajo realizado a cuenta ajena, con un salario mensual de Bs4 500.- (cuatro mil quinientos bolivianos), en el horario establecido de horas 08:00 a 12:00 y de 14:30 a 18:30, llegándose a inferir que su relación laboral se regulaba por la Ley del Trabajo, haciendo conocer que desde el inicio su persona suscribió con dicho GAM aproximadamente veinticinco contratos continuos a plazo fijo, y conforme la normativa laboral ya operaba la conversión de contrato a plazo indefinido; empero, el 20 de julio de ese año, la nueva Responsable de esa Unidad, Mabel García Mamani, le indicó que se prescindirían de sus servicios al requerir un equipo de confianza, sin que exista un proceso interno previo y sin causal justificable inmersa en los arts. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT) y 9 de su Reglamento, decidiendo intempestivamente retirarla de su fuente laboral, poniendo a otra persona para que cumpla con sus funciones, vulnerando su derecho a la estabilidad laboral y al trabajo.

En ese sentido, acudió ante la Dirección Departamental del Trabajo, al amparo de las Leyes 321 de 20 de diciembre de 2012 y 1156 de 13 de marzo de 2019, teniéndose determinado que funcionarios que prestan servicios manuales y servicios técnicos operativo administrativos al interior de los gobiernos autónomos municipales, son transferidos del Estatuto del Funcionario Público a la Ley General del Trabajo. Desde la fecha de su designación -que es posterior a la puesta en vigencia de esa norma legal- de acuerdo al nivel salarial y al trabajo que desempeñaba se encontraba en un nivel técnico superior, realizando trabajos técnicos operativo administrativos, por lo que en aplicación de la Ley 321 de 18 de diciembre de 2012 modificada por la Ley 1156 de 12 de marzo de 2019, fue transferida a la Ley General del Trabajo, debiendo por ello para viabilizar un retiro o despido justificado, observar la concurrencia de las causales de desvinculación contenidas en los arts. 16 de la LGT y 9 de su Reglamento.

Otro argumento planteado ante la Jefatura Departamental de Trabajo de Potosí, es que su persona contaría con veintitrés contratos sucesivos; volviéndose su relación laboral por tiempo indefinido con el GAM de Potosí, conforme lo establece el art. 2 del Decreto Ley (DL) 16187 de 16 de febrero de 1979.

El servicio que prestó fue en una actividad propia y competencia privativa y exclusiva de dicha institución pública, ya que el Complejo Pampa Ingenio al ser un bien de dominio público, perteneciente al Municipio de Potosí, debe ser administrado por el mismo GAM, conforme lo establecen los arts. 302 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 64 y ss. de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” -Ley 031 de 19 de julio de 2010-; así como la Ley 482 de 9 de enero de 2014.

El argumento de la parte empleadora es que no se tratan de contratos laborales, por cuanto serían contratos administrativos, teniéndose establecido en casos similares, que pretenden imponer o dar validez a contratos simulados, porque los mismos fueron suscritos para evadir la ley y los derechos laborales del trabajador, sin tomar en cuenta que en la relación laboral entre su persona y el GAM de Potosí concurren todas las características correspondientes, de lo cual se tendría que se trataría de contratos simulados que no surtirán efectos, debiendo prevalecer el principio de realidad, como lo establece el art. 5 del Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006.

De dicha normativa, los contratos supuestamente administrativos son solo contratos simulados, donde concurren todas las características de una relación laboral, existiendo una relación de dependencia de parte de su persona hacia el GAM de Potosí, estando demostrado que el trabajo que realizaba como Administradora del Complejo Deportivo Pampa Ingenio de la Unidad de Deportes, era a cuenta ajena y con una remuneración mensual de Bs4 500.-, por lo que conforme al principio de primacía de la realidad, debe prevalecer la relación laboral, teniéndose establecido en el art. 4 del DS 28699, que se constituye una relación que simula una modalidad no laboral, pero que en la misma hayan concurrido las características de una relación de trabajo, ésta se considera como una relación laboral en todos sus efectos.

En ese sentido, de conformidad al procedimiento contenido en el Artículo Único del DS 495 de 1 de mayo de 2010 y arts. 1, 2, 3, 4 y ss. del Reglamento aprobado por la Resolución Ministerial (RM) 868/10 de 26 de octubre de 2010, el Director Departamental de Trabajo de Potosí, emitió la Resolución Administrativa Conminatoria de Reincorporación JDTP-HRF 33/2022 de 5 de agosto, resolviendo conminar a la autoridad ahora demandada, para que en el plazo de tres días improrrogables a partir de su notificación, en cumplimiento a la precitada RM 868/10, reincorpore a la ahora accionante al mismo puesto que ocupaba, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan a la fecha.

Pese a la determinación antes referida, la autoridad demandada incumplió ese deber legal, aún siendo notificado el 9 de agosto de 2022, con la Resolución Administrativa Conminatoria de Reincorporación JDTP-HRF 33/2022; extremo que le obligaba a cumplir dicha Conminatoria y la correspondiente reincorporación laboral hasta el 12 de igual mes y año; empero, no lo hizo, situación verificada el 25 de ese mes y año, por un funcionario de la Jefatura Departamental de Trabajo de Potosí, quien al entrevistarse con Álvaro Gamboa Romay, le indicó que el ejecutivo del GAM de dicho departamento, determinó no reincorporarla.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral, citando los arts. 46.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene el cumplimiento de la Resolución Administrativa Conminatoria de Reincorporación JDTP-HRF 33/2022 de 5 de agosto; y por consiguiente, su inmediata reincorporación a su mismo puesto de trabajo, con igual salario y con todos los beneficios sociales y la cancelación de sueldos devengados, restituyendo así el ejercicio de sus derechos y garantías conculcados, sea con costas.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia de acción de amparo constitucional el 12 de septiembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 70 a 76 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La demandante de tutela, a través de su abogado en audiencia, ratificó y reiteró todos los argumentos contenidos en su memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de la autoridad municipal demandada

Jhonny Llally Huata, Alcalde del GAM de Potosí, a través de su abogado, en audiencia de acción de amparo constitucional, manifestó lo siguiente: a) En efecto, la ahora accionante era Administradora del Complejo Deportivo de Pampa Ingenio, mencionándose también que la nombrada se encontraría dentro de la Ley General del Trabajo; empero, se realizó una mala interpretación por parte de la Jefatura Departamental de Trabajo de Potosí, ya que la Ley 321 establece que los profesionales no están inmersos para poder ingresar a esa Ley, determinando que se incorpora al ámbito de la indicada Ley a los trabajadores y trabajadoras asalariados, exceptuándose los servidores y servidoras públicos electos y de libre nombramiento; teniéndose de la estructura de cargos del GAM ocupen cargos de directores, secretarías generales, ejecutivas, jefaturas, asesores y profesionales; lamentablemente la Jefatura Departamental de Trabajo de Potosí no valoró esa situación, ya que como manifestó la parte accionante era Responsable, tenía un cargo que estaba dentro de lo profesional y también se demostró en su momento que la impetrante de tutela tenía un salario de profesional, por lo tanto el primer punto que no se valoró en la precitada Jefatura fue que la nombrada no debería estar incorporada en la mencionada Ley; b) En cuanto a que la peticionante de tutela tendría varios contratos, corresponde señalar que los contratos administrativos son los que realiza el GAM de Potosí, y claramente el DS 521 de 26 de mayo de 2010, determina la no concurrencia de la tácita reconducción en contratos administrativos, ni la conversión de los mismos al indefinido, por lo que hubo una mala interpretación y valoración de parte de la Jefatura Departamental de Trabajo de Potosí, habiéndose aclarado ese extremo a la demandante de tutela; c) La SCP 0562/2017-S2 de 5 de junio, también estableció que no opera en el sector público la conversión de un contrato de trabajo a plazo fijo en uno indefinido, por existir más de dos contratos establecidos dentro del GAM, eso no implicaría que sea directamente valorado como si fuese un contrato indefinido, extremo que tampoco consideró la Jefatura Departamental de Trabajo de Potosí; d) La accionante conocería el procedimiento de las contrataciones que realiza el municipio, sabría muy bien cuáles son las obligaciones; debiéndose considerar que si no existe un contrato administrativo firmado, no se tiene una relación con el GAM de Potosí; e) Ante la mala interpretación realizada por la Jefatura Departamental de Trabajo de Potosí, en cuanto a la mencionada normativa aplicable al caso concreto, se debería realizar una valoración correspondiente, considerando que el referido GAM no quebrantó ningún derecho; al contrario, solo cumplió con el contrato administrativo, el cual indicaría un principio y un final; f) El GAM de Potosí se ratificaría en el sentido de que no corresponde la reincorporación laboral, al no haberse valorado en ese marco por la Jefatura Departamental de Trabajo de Potosí, por lo que nuevamente debería hacerlo respecto a esa situación; y, g) En la Resolución Administrativa Conminatoria de Reincorporación JDTP-HRF 33/2022, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo de Potosí se indicó el pago de sueldos devengados y beneficios sociales a favor de la ahora accionante, cuando no tendría competencia para ello, reiterando que la nombrada no puede estar dentro de la Ley General del Trabajo, por lo tanto no goza de algunos derechos laborales.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del departamento de Potosí, a través de la Resolución 43/2022 de 12 de septiembre, cursante de fs. 77 a 81, concedió la tutela solicitada a favor de la accionante, disponiendo en consecuencia que en el plazo de tres días, la parte demandada cumpla con lo establecido en la Resolución Administrativa Conminatoria de Reincorporación JDTP-HRF 33/2022 de 5 de agosto, en la misma forma que dispone; es decir, reincorpore a la ahora impetrante de tutela al mismo puesto que ocupaba, el pago de salarios devengados y demás derechos sociales que le corresponda; decisión que fue asumida sobre la base de los siguientes fundamentos: 1) De los antecedentes cursantes en el expediente y del informe de la autoridad demandada, se tiene que se dictó la Resolución Administrativa Conminatoria de Reincorporación JDTP-HRF 33/2022 a favor de la accionante, a ser cumplida en el plazo de tres días y esa situación no fue cumplida por la autoridad demandada, extremo que se establece del informe del Inspector del Trabajo; 2) Si los aspectos fueron valorados en forma correcta o no por la autoridad administrativa, eso no es competencia de la Sala Constitucional, tal como establece la doctrina que se dio lectura, esos asuntos corresponden a la autoridad administrativa u ordinaria, seguramente la entidad que fue demandada tiene todos los derechos para validar o para anular, para dejar sin efecto, mediante las vías que corresponda; vale decir, el recurso revocatorio y jerárquico, pero independientemente a eso la doctrina señala que la referida Sala debe limitarse al análisis del cumplimiento o no de la Conminatoria, teniéndose de los hechos que la misma no fue cumplida; y, 3) En ese sentido, se vulneraron los derechos de la demandante de tutela, debiéndose resaltar que la determinación que la presente Sala asuma será de carácter provisional, mientras se decida ante las instancias que corresponda de manera definitiva.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. El 13 de julio de 2022, Paola Alejandra Gonzales Mendoza -ahora accionante-, solicitó al Jefe Departamental de Trabajo de Potosí, se conmine al GAM de Potosí, a objeto que el mismo proceda a su reincorporación laboral y el pago de sueldos devengados (fs. 18 a 20 vta.).

II.2. Cursa Resolución Administrativa Conminatoria de Reincorporación JDTP-HRF 33/2022 de 5 de agosto, emitida por el Jefe Departamental de Trabajo de Potosí, a través de la cual se conminó a Jhonny Llally Huata, Alcalde del GAM de Potosí, para que en el plazo de tres días improrrogables a partir de su notificación, en cumplimiento a la RM 868/10, reincorpore a la ahora impetrante de tutela, al mismo puesto que ocupaba, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales que le correspondan a la fecha (fs. 12 a 15 vta.); misma que fue notificada al mencionado GAM el 9 de agosto de 2022 (fs. 29).

II.3. Consta Informe de Verificación de Reincorporación MTEPS-JDT-PT-BQA-009-INF/22 de 25 de agosto, suscrito por Bismarck Quispe Aviza, Inspector de Trabajo, dirigido al Jefe Departamental de Trabajo de Potosí, respecto a la verificación de cumplimiento de la precitada Resolución Administrativa Conminatoria de Reincorporación, señalando que en esa fecha se constituyó en las oficinas del GAM de Potosí apersonándose con Álvaro Gamboa Romay, en oficinas de Recursos Humanos (RR.HH) del GAM de Potosí, manifestándose que no se reincorporó a la ahora demandante de tutela a su fuente laboral (fs. 17 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La impetrante de tutela alega la lesión de sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral; toda vez que, pese a que desde el 3 de mayo de 2016, ejerció funciones como Administradora del Complejo Deportivo Pampa Ingenio de la Unidad de Deportes, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Humano del GAM de Potosí; sin embargo, cuando ya operaba la conversión de contrato a plazo indefinido, debido a que suscribió aproximadamente veinticinco contratos continuos a plazo fijo; el 20 de julio de 2022, prescindieron de sus servicios, sin un proceso interno previo y sin causal justificable; por lo que, acudió ante el Director Departamental de Trabajo de Potosí, quien emitió la Resolución Administrativa Conminatoria de Reincorporación JDTP-HRF 33/2022 de 5 de agosto, conminando al citado GAM para que en el plazo de tres días improrrogables a partir de su notificación, la reincorpore al mismo puesto que ocupaba, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan; empero, dicha Conminatoria no fue acatada por la entidad ahora demandada hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar; razón por la cual, acude a la jurisdicción constitucional solicitando se conceda la tutela, ordenando el cumplimiento de la precitada Resolución Administrativa Conminatoria de Reincorporación JDTP-HRF 33/2022 y por consiguiente su inmediata reincorporación a su mismo cargo, con igual salario y con todos los beneficios sociales y la cancelación de sueldos devengados, restituyendo así el ejercicio de sus derechos y garantías conculcados, sea con costas.

Corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se abordarán los siguientes temas: i) La Doctrina de Unificación Jurisprudencial respecto al incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral denunciado a través de la acción de amparo constitucional; ii) Presentación directa de la acción de amparo constitucional ante el incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral y el estándar jurisprudencial más alto; y, iii) El análisis del caso concreto.

III.1. Sobre la doctrina de Unificación Jurisprudencial respecto al incumplimiento de las Conminatorias de reincorporación laboral, denunciado a través de la acción de amparo constitucional

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las SSCCPP 0206/2021-S1 de 25 de junio, y 0321/2021-S1 de 2 de agosto -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento:

En todos los casos en los que se denunciaron despidos ilegales, como el incumplimiento de las Resoluciones de Conminatoria de reincorporación laboral emitidas por las Jefaturas Departamentales de Trabajo, este despacho siempre tuvo como uno de sus principales objetivos el tratar de materializar los derechos fundamentales a la estabilidad laboral y el derecho al trabajo, en beneficio de las trabajadoras y los trabajadores, disponiendo el cumplimento integral de las conminatorias de reincorporación laboral, que se vieron reflejados en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0016/2018-S2 de 28 de febrero, 0814/2018-S2 de 11 de diciembre, 0985/2019-S2 de 21 de octubre (cumplimiento integral de conminatoria), como también en los Votos Disidentes a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0318/2018-S2 de 9 de julio, 0214/20018-S2 de 22 de mayo, 0133/2018-S2 de 16 de abril, 0260/2019-S2 de 21 de mayo y 0789/2018-S2 de 26 de noviembre, entre otras.

Lo que implica que siempre hubo una actitud consecuente sobre la necesidad de tutelar los derechos de estabilidad laboral y al trabajo, mediante la aplicación del estándar más alto de protección tal y como lo estableció la SCP 0814/2018-S2 de 11 de diciembre, que sistematizó y contextualizó la línea jurisprudencial sobre este tema en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012, 0177/2012 y 1608/2012, 0016/2018-S2, 0028/2018-S2, 0058/2018-S2 y 0060/2018-S2.

Posteriormente, con el objeto de unificar la línea jurisprudencial de los precedentes constitucionales emitidos por las Salas de este Tribunal, respecto al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral y sobre todo para lograr la materialización del derecho al trabajo de toda persona, reconocido por instrumentos internacionales como por nuestra Constitución Política del Estado, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en Sala Plena, a través de la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, unificó la línea jurisprudencial sobre esta temática:

a) En cuanto al cumplimiento integral de la conminatoria de reincorporación, esto es además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, precautelando el derecho al trabajo del cual derivan otros derechos conexos, conforme a los entendimientos y la sistematización realizada en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, es decir:

1) Cuando una trabajadora o trabajador sea despedido injustificadamente o por causas no contempladas en el art. 16 de la LGT, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación;

2) Es posible interponer directamente la acción de amparo constitucional -abstrayendo el principio de subsidiariedad- cuando la trabajadora o el trabajador demande el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo por parte de su empleador;

3) La referida conminatoria no constituye una resolución definitiva respecto a la situación laboral de la trabajadora o el trabajador siendo netamente provisional la otorgación de la tutela puesto que las autoridades administrativas o judiciales en materia laboral son las idóneas para resolver en el fondo y con carácter definitivo la situación laboral tanto para el empleador como para el trabajador;

4) El prenombrado tiene el deber de dar cumplimiento inmediato a la conminatoria precitada aunque hubiera planteado recurso de revocatoria o jerárquico que este pendiente de resolverse o hubiera interpuesto cualquier otro recurso en la vía judicial o administrativa;

5) La justicia constitucional se encuentra imposibilitada de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar -incluyendo la prueba-, ameritaban tal determinación, debido a que ese aspecto le corresponde a la jurisdicción ordinaria; y,

6) La conminatoria de reincorporación antedicha debe ser acatada en su integridad, sin omitir ninguna de las determinaciones dispuestas.

A partir de los precedentes establecidos ut supra y, con la facultad prevista en la norma procesal constitucional, este Tribunal en la parte resolutiva de dicho fallo de doctrina constitucional, dispuso:

UNIFICAR la línea jurisprudencial relativa al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral denunciada a través de la acción de amparo constitucional, en los siguientes términos:

1° En cuanto al alcance de la conminatoria de reincorporación laboral de trabajadoras y trabajadores en general, que contemple además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, se dispone la vigencia de los entendimientos y la sistematización asumidos en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, correspondiendo a la jurisdicción constitucional velar por el cumplimiento integral de la conminatoria sin omitir ninguna de sus determinaciones (…)

III.2. Presentación directa de la acción de amparo constitucional ante incumplimiento de las conminatorias de reincorporación

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0127/2022-S1 de 25 de abril -entre otras-, precedida por el Voto Disidente de la SCP 0123/2018-S2 de 16 de abril, estableció el siguiente razonamiento:

El Tribunal Constitucional Plurinacional en numerosas oportunidades se pronunció sobre el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral dispuesta por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, señalando que en estos casos procede directamente la acción de amparo constitucional. Así, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012 de 4 de mayo y 0177/2012 de 14 de mayo, establecen que debe hacerse abstracción del principio de subsidiariedad en aquellos casos en los que una trabajadora o trabajador demande la reincorporación a su fuente laboral ante un despido sin causa legal justificada, con el único requisito previo de recurrir a las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo denunciando este hecho, a objeto que estas entidades, una vez establecido el retiro injustificado, conminen al empleador la reincorporación inmediata, en los términos previstos por el Decreto Supremo (DS) 0495 de 1 de mayo de 2010; y, ante su incumplimiento, se hace viable la tutela constitucional a través de la acción de amparo constitucional. El anterior razonamiento fue modulado en la SCP 2355/2012 de 22 de noviembre, señalando que para el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación a través de la acción de amparo constitucional, se exige como presupuesto adicional que ésta se encuentre debidamente fundamentada y motivada. Más adelante, la SCP 0900/2013 de 20 de juniomoduló el entendimiento inicial contenido en las referidas Sentencias interponer la acción de amparo constitucional, misma que resulta más idónea en estos casos por las razones antes expuestas.

2) Aclarando que la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en los alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria, conforme previene el referido Decreto Supremo; vale decir interponiendo una acción laboral dentro los alcances establecidos por el art. 65 del Código Procesal del Trabajo (CPT), precepto que otorga la posibilidad al empleador de constituirse en parte demandante en una acción social, instancia en la que en definitiva se establecerá si el despido fue o no justificado, esto debido a que la justicia constitucional sólo viabiliza la tutela inmediata ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo sin causa legal justificada.

3) En aquellos casos en que la trabajadora o trabajador, fuera sometido a un proceso interno dentro el cual se determine su despido por una de las causales establecidas en el art. 16 de la LGT y art. 9 del DR, en su caso por vulneración a su Reglamento Interno, el procedimiento previsto por el DS 0495, no será aplicable; debiendo la trabajadora o trabajador, que estime que su destitución fue ilegal o injustificada, incoar la correspondiente demanda de reincorporación ante la judicatura laboral”. 2Este entendimiento se sustenta en la aplicación de los principios del derecho laboral, vinculados con la problemática jurídica suscitada: “En este contexto de carácter doctrinario, nuestra legislación con el objeto de otorgar una efectiva protección jurídica al trabajador, ha incorporado los referidos principios en el art. 48.II de la CPE, que establece: `Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador´. En este mismo sentido el DS en su art. 4 ratifica la vigencia plena en las relaciones laborales del principio protector con sus reglas del in dubio pro operario y de la condición más beneficiosa, así como los principios de continuidad o estabilidad de la relación laboral, de primacía de la realidad y de no discriminación. Por su parte el art. 11.I del citado precepto establece: `Se reconoce la estabilidad laboral a favor de todos los trabajadores asalariados de acuerdo a la naturaleza de la relación laboral, en los marcos señalados por la Ley General del Trabajo y sus disposiciones reglamentarias´” (SCP 0177/2012 de 14 de mayo, FJ III.2). 3El FJ III.2, indica: “Bajo el entendido de que las SSCCPP 0138/2012 y 0177/2012, obligan a la justicia constitucional a efectivizar conminatorias laborales de reincorporación del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social sin atender a su contenido, al menos deben desarrollar las razones que fundamentan la conminatoria y por supuesto una conminatoria clara, es decir, no resulta lógico que la justicia constitucional ejecute una resolución que no respeta estándares del debido proceso, pues en ciertos casos implicaría inclusive consagrar la violación de derechos;

Si bien la justicia constitucional en atención a las SSCCPP 0138/2012 y 0177/2012, debe otorgar tutela transitoria disponiendo la reincorporación provisoria de la o el trabajador no puede hacerlo si la orden no cuenta con los mínimos elementales que la hagan efectiva, lo contrario resultaría inejecutable, debiendo en su caso, previamente subsanarse en la vía administrativa previamente a que la justicia constitucional disponga su ejecución”. 4El FJ III.4.1, refiere: “…el Tribunal Constitucional Plurinacional, no es una instancia más dentro del proceso administrativo laboral iniciado ante las Jefaturas Departamentales de Trabajo, si bien, dichas instituciones pretenden precautelar los derechos de los trabajadores a la estabilidad laboral, empero, al emitirse una resolución que conmine la reincorporación, ello no debe significar que de manera inmediata, la jurisdicción constitucional, haga cumplir Constitucionales Plurinacionales 0138/2012 y 0177/2012, estableciendo que a efectos de conceder la tutela, debe efectuarse una valoración completa e integral de los hechos y datos del proceso, las circunstancias y los supuestos derechos vulnerados, haciendo prevalecer la verdad material sobre la formal; señalando expresamente que:

“…la sola conminatoria de reincorporación del trabajador a su fuente laboral por parte de las Jefaturas Departamentales de Trabajo, no provoca que, este Tribunal deba conceder la tutela y ordenar su cumplimiento, en su caso, se hará una valoración completa e integral de los hechos y datos del proceso, de las circunstancias y de los supuestos derechos vulnerado”. Finalmente, a través de la SCP 1712/2013 de 10 de octubre, el Tribunal Constitucional Plurinacional moduló el entendimiento contenido en la citada SCP 0900/2013 y recondujo la línea jurisprudencial a la SCP 2355/2012; en ese sentido, estableció que la conminatoria de reincorporación laboral es de cumplimiento inmediato; por lo que, su inobservancia habilita la actuación inmediata de esta jurisdicción constitucional, a menos que en la tramitación del proceso administrativo se evidencien violaciones del derecho al debido proceso. No obstante a las modulaciones referidas, posteriores Sentencias Constitucionales Plurinacionales a la emitida el 2012, -Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0609/2016-S2, 0813/2016-S1, 1312/2016-S1, entre otras-, continuaron aplicando el entendimiento establecido en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012 y 0177/2012, que conceden la tutela provisional, sin exigir requisitos la misma tal cual se refirió, como si fuera una instancia más, que ordene la automática reincorporación del trabajador a su fuente laboral, en su caso, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la revisión de los procesos puestos en su conocimiento, debe hacer una valoración integral de todos los datos del proceso, los hechos y los supuestos derechos vulnerados, y después de ello, haciendo prevalecer la “verdad material” sobre la verdad formal, emitirá un criterio, mediante una decisión justa y armónica con los principios, valores, derechos y garantías, contenidos en el texto Constitucional y en la ley, normas en la cual, el Tribunal debe circunscribir sus decisiones” (las negrillas son añadidas). 5El FJ III.2, manifiesta: “De lo señalado, se evidencia que si bien existe un mandato normativo expreso para que la jurisdicción constitucional haga cumplir los mandatos de reincorporación, en atención a la naturaleza del derecho al trabajo en el Estado Social de Derecho, la tutela constitucional no puede emitirse a ciegas cual si la conminatoria por sí misma fuere ya un instrumento que obliga a esta instancia constitucional a brindar una tutela constitucional. Puesto que no debe perderse de vista que la naturaleza de la jurisdicción constitucional dista mucho del ejercicio de funciones de policía, de ahí que para concederse una tutela constitucional debe analizarse en cada caso la pertinencia de la conminatoria, al efecto, cabe establecer que a esta instancia constitucional no le compete ingresar al fondo de las problemáticas laborales que se le presentan, pues no es sustitutiva de la jurisdicción laboral ni mucho menos tiene la amplitud probatoria conducente a por sí misma para arribar a una verdad material; sin embargo, tampoco puede pretenderse la ejecutoria de conminatorias que emergen de procesos administrativos desarrollados al margen de la razonabilidad de un debido proceso.

Por todo ello, mal podría pretenderse que esta jurisdicción llegue al convencimiento de que el despido fue o no justificado, pues el acervo probatorio con el que cuenta no le permitiría llegar a verdades históricas materiales, así como tampoco corresponde reemplazar a toda la judicatura laboral con la jurisdicción constitucional; justamente de este escenario proviene el hecho de que la conminatoria es de cumplimiento inmediato, y que su incumplimiento vulnera el núcleo esencial del derecho al trabajo, desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, situación que habilita a la actuación inmediata de esta jurisdicción constitucional a menos que se evidencie en la tramitación del proceso administrativo violaciones del debido proceso que impidan que esta jurisdicción constitucional haga ejecutar una conminatoria que emerge de vulneración de derechos fundamentales, lo que implica una modulación de la SCP 0900/2013 de 20 de junio”.

adicionales vinculados a la fundamentación de la conminatoria o el análisis integral del caso. Ahora bien, en los casos que este Tribunal concedió la tutela ante incumplimiento de conminatorias de reincorporación, también se pronunció sobre los sueldos devengados y otros beneficios sociales establecidos por ley, por entender que forman parte de la reparación que debe brindar la justicia constitucional ante la lesión a los derechos fundamentales. En ese sentido, por ejemplo, la SCP 0177/2012 aprobó la Resolución del Tribunal de garantías que concedió la tutela y dispuso la cancelación de los sueldos devengados y demás beneficios sociales. De manera expresa, la SCP 1608/2012 de 24 de septiembre, entre otras, luego de conceder la acción de amparo constitucional, dispuso la cancelación de sueldos devengados. No obstante lo anotado precedentemente, la SCP 0083/2014-S3 de 27 de octubre, refirió que la jurisdicción constitucional no puede dimensionar el alcance de los sueldos devengados y otros beneficios, con el argumento que son las autoridades administrativas o judiciales las que deben realizar dicha labor; entendimiento que fue reiterado por la SCP 1130/2017-S3 de 31 de octubre, entre otras. Efectuada la contextualización jurisprudencial anterior, debe recordarse una de las características de los derechos humanos contenida en el art. 13.I de la Constitución Política del Estado (CPE), cuál es su progresividad, que implica, por una parte, que los derechos humanos reconocidos en la Norma Suprema y en los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos, no son un catálogo cerrado, sino que, de manera permanente se amplían en cuanto al reconocimiento de nuevos derechos, como también se desprenden de la cláusula abierta prevista en el art. 13.II de la Ley Fundamental. Por otra parte, el principio de progresividad supone que las conquistas alcanzadas respecto a un derecho, ya sea a nivel normativo o jurisprudencial, no pueden luego ser desconocidas; lo que significa que en materia de derechos humanos, no corresponde la regresividad; es decir, el retroceder en la protección de los derechos humanos. El principio de progresividad fue desarrollado por la jurisprudencia constitucional a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2491/2012, 0210/2013, 1617/2013, entre muchas otras. Así, en la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, el Tribunal Constitucional Plurinacional señaló que este principio amerita la responsabilidad para el Estado boliviano, de no desconocer los logros y el desarrollo alcanzado en materia de derechos humanos en cuanto a la ampliación en número, al desarrollo de su contenido y al fortalecimiento de los mecanismos jurisdiccionales para su protección, con el afán de buscar el progreso constante del derecho internacional de derechos humanos que se inserta en nuestro sistema jurídico a través del bloque de constitucionalidad -art. 410.II de la CPE-. Conforme a lo anotado, las medidas adoptadas por los órganos estatales que tienden a menoscabar derechos ya reconocidos o desmejorar una situación jurídica favorable vinculada a un derecho, constituyen una afectación al principio de progresividad. En el marco del principio de progresividad, el Tribunal Constitucional Plurinacional pronunció las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembrey 0087/2014-S3 de 27 de octubre, que razonaron sobre la teoría del estándar jurisprudencial más alto, como metodología para definir la sentencia aplicable en un determinado caso, ante una pluralidad de entendimientos; metodología que a partir de los arts. 13 y 256 de la CPE, estableció que el precedente constitucional en vigor o vigente, resulta aquél que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocada, esto es, aquella decisión que hubiera resuelto un problema jurídico de manera más progresiva a través de una interpretación que tiende a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Norma Suprema y en los tratados internacionales de derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad; estándar que se escoge después del examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, ya no solamente a partir del criterio temporal de las sentencias constitucionales -si fue anterior o posterior- que hubiere cambiado, modulado o reconducido un determinado entendimiento jurisprudencial, sino sobre todo, aquél que sea exponente del estándar más alto de protección del derecho.

Por lo señalado y en el marco de la contextualización de la línea jurisprudencial vinculada a la tutela directa de la acción de amparo constitucional por incumplimiento de la conminatoria de reincorporación, cabe mencionar que el estándar jurisprudencial más alto se encuentra en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012, 0177/2012 y 1608/2012, al contener razonamientos que aseguran la máxima eficacia de los derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y a la reparación; por cuanto, por una parte, se concede la tutela ante el incumplimiento de la conminatoria, sin necesidad de efectuar otras consideraciones como la fundamentación o la legalidad de la misma, exigencias que no toman en cuenta los principios que informan la materia laboral, que se encuentran reconocidos en el art. 48 de la CPE, que establece que las normas laborales se interpretarán sobre la base de los principios, entre otros, de protección de las trabajadoras y trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; y, de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y trabajador. Cabe aclarar, que lo señalado no implica una negación del derecho a la defensa de la parte empleadora, quien, como lo señaló la jurisprudencia, podrá acudir a la jurisdicción laboral denunciando la supuesta ilegal conminatoria, con independencia de la concesión de la tutela. Este entendimiento, por otra parte, ya está contenido en la SCP 0015/2018-S4 de 23 de febrero, que en el marco del estándar jurisprudencial más alto, recondujo el entendimiento que exigía el análisis 9El FJ III.3, dispone: “Conforme a ello y considerando el desarrollo jurisprudencial constitucional, sobre la protección del derecho al trabajo, a través del cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, emitida en área administrativa, es posible concluir que, la efectiva materialización del derecho al trabajo, en observancia de los principios de estabilidad y continuidad laboral; y, de protección, constituye el entendimiento que, en observancia de la modificación introducida por el DS 0495, a su similar 28699, otorga la posibilidad, al trabajador, de acudir a la jurisdicción constitucional, antes de la activación de la vía jurisdiccional ordinaria y la culminación del procedimiento administrativo, con el objeto de lograr la tutela de su derecho al trabajo, ante el incumplimiento, de parte del empleador, de la conminatoria de reincorporación laboral emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo, Empleo y Previsión Social, en el entendido de que el legislador, en mérito a la importancia del derecho fundamental citado, cuyo respeto implica no sólo un bienestar individual del trabajador, sino del de todo su entorno familiar, asumió que las acciones constitucionales -acción de amparo constitucional para este tipo de problemáticas- constituyen el medio eficaz e inmediato para materializar el cumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral.

Es así, que no es posible suponer que en la tarea de verificar una denuncia de incumplimiento de la conminatoria, lesivo del derecho al trabajo, se conciba al Tribunal Constitucional Plurinacional como una instancia de ejecución de decisiones administrativas o como un órgano de policía, encargado de hacer cumplir las mismas, sino como un garante del ejercicio del derecho fundamental en cuestión, asumiéndose que en el marco del principio protector del trabajador, la instancia laboral administrativa, actuó conforme al marco constitucional y legal previsto para viabilizar el retiro o despido de un trabajador, encontrándose imposibilitada esta jurisdicción de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar, ameritaban tal determinación, debido a que eso corresponde a la jurisdicción ordinaria que contiene una etapa amplia de producción de prueba y potestad de valorar la misma, posibilidad que está al alcance del empleador, en caso de disentir con la decisión de la instancia de administración laboral, lo que de ningún modo le posibilita incumplir la determinación de reincorporación; en contrario, este Tribunal tiene atribuciones limitadas estrictamente a verificar el respeto de los derechos fundamentales o garantías constitucionales; en consecuencia, corresponde reconducir el razonamiento jurisprudencial desarrollado sobre esta problemática, volviendo a sumir el previsto en la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, con la finalidad de otorgar una pronta e idónea protección del derecho al trabajo”.

de la fundamentación y legalidad de la conminatoria, al razonamiento contenido en la SCP 0177/2012, indicando que ante el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación, se hace viable la tutela constitucional a través de la acción de amparo constitucional, señalando expresamente que ésta se constituye en el medio eficaz e inmediato para materializar el cumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral y proteger el derecho al trabajo; aclarando además, que a la justicia constitucional no le corresponde ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación al tiempo de determinar la reincorporación o si los datos, hechos y circunstancias ameritaban su decisión; pues, dicho análisis corresponde ser realizado por la jurisdicción ordinaria. Por otra parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012, 0177/2012 y 1608/2012, como se analizó, se pronunciaron sobre los sueldos devengados y otros beneficios sociales, conforme a los principios de interpretación referidos en el anterior párrafo y considerando que toda concesión de la tutela supone la reparación de la lesión del derecho o la garantía constitucional invocada como vulnerada, en el marco de lo señalado por el art. 113.I de la CPE, que establece: “La vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna”; disposición constitucional que es coherente con las normas internacionales sobre Derechos Humanos, en concreto, con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) -que forma parte del bloque de constitucionalidad- la que desarrolló la reparación como concepto genérico que contiene a varios elementos. Así, para la Corte IDH, la reparación supone la restitución integral del derecho que fue lesionado; es decir, su restablecimiento a la situación anterior a su violación; pero también, implica la adopción de otras medidas como la indemnización, que es la reparación por daños materiales físicos o mentales, los gastos incurridos, las pérdidas de ingreso, entre otros; la rehabilitación, en los casos que corresponda, comprendiendo la atención médica y psicosocial requerida; la satisfacción pública, que consiste en el reconocimiento de la responsabilidad; y, las garantías de no repetición que tienen por objeto adoptar medidas estructurales para evitar la repetición de las vulneraciones a derechos.

Entonces, a partir de todo lo desarrollado, se tienen las siguientes subreglas respecto al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación pronunciada por la autoridad del trabajo: i) Procede la acción tutelar de manera directa, lo que significa que el trabajador no requiere agotar previamente la jurisdicción laboral ni la vía administrativa; ii) La competencia de la jurisdicción constitucional se limita a verificar el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación, sin que corresponda analizar la fundamentación o la legalidad de dicha determinación; pues, esa labor es propia de la jurisdicción laboral, que podrá ser activada por el empleador si considera que la conminatoria resulta ilegal, con independencia de la concesión de la tutela por la justicia constitucional; pues esta concesión resulta provisional, hasta que la jurisdicción laboral defina la situación de la o el trabajador; y, iii) La concesión de la tutela supone la adopción de medidas de reparación como la indemnización, en concreto, tratándose de incumplimiento de conminatoria de reincorporación; la cancelación de los sueldos devengados desde la desvinculación ilegal constatada por la autoridad de trabajo; y, demás beneficios sociales que le correspondan al trabajador. Entendimiento que también fue asumido en la SCP 0328/2018-S2 de 9 de julio.

III.3. Análisis del caso concreto

La impetrante de tutela alega la lesión de sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral; toda vez que, pese a que desde el 3 de mayo de 2016, ejerció funciones como Administradora del Complejo Deportivo Pampa Ingenio de la Unidad de Deportes, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Humano del GAM de Potosí; sin embargo, cuando ya operaba la conversión de contrato a plazo indefinido debido a que suscribió aproximadamente veinticinco contratos continuos a plazo fijo; el 20 de julio de 2022, prescindieron de sus servicios, sin un proceso interno previo y sin causal justificable; por lo que acudió ante el Director Departamental de Trabajo de Potosí, quien emitió la Resolución Administrativa Conminatoria de Reincorporación JDTP-HRF 33/2022 de 5 de agosto, conminando al citado GAM para que en el plazo de tres días improrrogables a partir de su notificación, la reincorpore al mismo puesto que ocupaba, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales que le correspondan; empero, dicha Conminatoria no fue acatada por la entidad ahora demandada hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar; razón por la cual, acude a la jurisdicción constitucional solicitando se conceda la tutela, ordenando el cumplimiento de la referida Resolución Administrativa Conminatoria de Reincorporación JDTP-HRF 33/2022 y por consiguiente su inmediata reincorporación a su mismo cargo, con igual salario y con todos los beneficios sociales y la cancelación de sueldos devengados, restituyendo así el ejercicio de sus derechos y garantías conculcados, sea con costas.

Habiendo establecido la problemática jurídica del caso de autos, misma que recae sobre el incumplimiento de la precitada Conminatoria por estabilidad laboral a favor de la peticionante de tutela, corresponde remitirnos a la documental cursante en obrados; de ello, se tiene que el 13 de julio de 2022, la ahora accionante, solicitó al Jefe Departamental de Trabajo de Potosí, conmine al GAM de dicho departamento, su reincorporación laboral y el pago de sueldos devengados (Conclusión II.1). En ese sentido, mediante Resolución Administrativa Conminatoria de Reincorporación JDTP-HRF 33/2022, emitida por dicha Jefatura Departamental de Trabajo, se conminó a Jhonny Llally Huata, Alcalde del GAM de Potosí, para que en el plazo de tres días improrrogables a partir de su notificación, en cumplimiento a la RM 868/10, reincorpore a la nombrada, al mismo puesto que ocupaba, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales que le correspondan a la fecha; misma que fue notificada al mencionado GAM el 9 de agosto de 2022 (Conclusión II.2); sin embargo, a través del Informe de Verificación de Reincorporación MTEPS-JDT-PT-BQA-009-INF/22 de 25 de agosto, suscrito por Bismarck Quispe Aviza, Inspector de Trabajo, dirigido al Jefe Departamental de Trabajo de Potosí, respecto a la verificación de cumplimiento de la citada Resolución Administrativa de Conminatoria de Reincorporación, se tiene que en esa fecha se constituyó en las oficinas del GAM de Potosí, apersonándose a las oficinas de RR.HH., donde le manifestaron que no se reincorporó a la ahora demandante de tutela a su fuente laboral (Conclusión II.3).

En ese sentido, de la documentación precedentemente indicada, se evidencia que entre la emisión y notificación con la indicada Resolución Administrativa de Conminatoria de Reincorporación a favor de la accionante y la fecha de presentación de la acción tutelar objeto de autos, transcurrió aproximadamente un mes, resultando que de forma injustificada el demandado dilató el cumplimiento de dicha Resolución Administrativa, sin haber considerado que en la misma se señala de forma expresa que la reincorporación dispuesta debía ser en el plazo de tres días improrrogables a partir de su notificación; consecuentemente, no fue cumplida la disposición de la Jefatura de Trabajo de Potosí, que hace al caso en análisis.

Resulta pertinente señalar que lo vertido y argumentado por el demandado en audiencia de la presente acción de defensa, a través de su representante legal, se circunscribe a indicar que dicho incumplimiento se debería a que la Jefatura Departamental de Trabajo de Potosí realizó una incorrecta interpretación de la normativa aplicable al caso, respecto a si concurriría o no la tacita reconducción en contratos administrativos y la conversión de los mismos al indefinido; dicho argumento se trasunta en una simple excusa para incumplir dicha disposición y mantener a la impetrante de tutela expectante y sin recibir el pago de sus sueldos y salarios devengados, y demás derechos laborales que le corresponden hasta el día de su efectiva reincorporación; extremo del cual, se puede inferir una actitud renuente por parte del demandado hacia lo resuelto por la entidad administrativa a favor de la peticionante de tutela.

Bajo ese contexto, resulta imperante señalar que la jurisdicción constitucional no es la vía para cuestionar o impugnar una conminatoria de reincorporación laboral; debido a que, existen los procedimientos de impugnación administrativos ante la misma Jefatura Departamental de Trabajo de Potosí, o en su caso la jurisdicción ordinaria laboral; resultando que dentro ésta jurisdicción corresponde verificar si se cumplió con la reincorporación dispuesta por la citada Jefatura Departamental, ello en razón a que el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, unificó la línea jurisprudencial de los precedentes constitucionales en relación al cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, el cual es de cumplimiento obligatorio e integral; es decir, que además de proceder a la reincorporación, se debe acatar lo dispuesto en relación al pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, no pudiéndose acatar solo en relación a la reincorporación e incumplir los demás puntos dispuestos; toda vez que, una conminatoria no se trasunta en una resolución definitiva sobre la situación laboral del trabajador; considerando que la misma tiene carácter provisional en tanto las autoridades administrativas o judiciales en materia laboral resuelvan en definitiva el fondo de la situación laboral correspondiente; consecuentemente, -se reitera- al ser la jurisdicción constitucional la encargada únicamente de verificar el estricto cumplimiento de la Conminatoria que ordena la reincorporación laboral, al evidenciar que no se lo hizo, corresponde conceder la tutela impetrada, en estricta sujeción a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.

En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 43/2022 de 12 de septiembre, cursante de fs. 77 a 81, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Potosí; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, bajo los mismos términos dispuestos por la referida Sala Constitucional y en base a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.3, señala: “… aplicando las normas legales relativas a la estabilidad laboral descritas, se debe considerar los siguientes supuestos: 1) En caso de que una trabajadora o un trabajador, ante un eventual retiro intempestivo sin causa legal justificada opte por su reincorporación, deberá denunciar este hecho ante las Jefaturas Departamentales de Trabajo; entidades que deberán asumir el trámite previsto por el DS 0495, emitiendo si corresponde la conminatoria de reincorporación en los términos previstos en esta norma, y en caso de que el empleador incumpla la conminatoria, el trabajador o trabajadora podrá

6 El FJ III.2.1, manifiesta: “No obstante sobre el pago de sueldos devengados, se debe establecer que la justicia constitucional no se encuentra habilitada a determinar la dimensión ni la cuantía, pues si bien es posible materializar una eventual reincorporación; el pago de salarios, no puede operativizarse a través de esta justicia constitucional, ya que deberán ser la propias autoridades administrativas y/o judiciales que determinen en qué medida corresponden dichos pagos, pues ellos deben emerger de un acervo probatorio en el que se pueda demostrar la justa medida de los mismos, así al establecerse en la conminatoria de manera genérica el pago de sueldos devengados y demás derechos laborales, deberá ser la propia autoridad administrativa o la jurisdicción laboral la que dimensione el alcance esa disposición”.

7 Tribunal Constitucional Plurinacional, Sistematización de la Jurisprudencia Constitucional, SCP 2233/2013. 8El FJ III.1, establece: “Esta forma de identificación del precedente constitucional en vigor a través de la lectura contextualizada de la línea jurisprudencial que requería como única condición el criterio temporal del precedente, resultando el último en términos de fecha de emisión por el Tribunal Constitucional (que hubiere cambiado, modulado o reconducido un determinado entendimiento) tuvo una evolución significativa, por cuanto a partir de la SCP 2233/2013-de 16 de diciembre, la justicia constitucional entendió que el precedente constitucional en vigor, resulta aquél que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocado, provocando con ello, que la invocación y aplicación de un precedente sea escogido dentro del contexto de la línea jurisprudencial ya no solamente fijándose el criterio temporal del mismo, sino sobre todo aquél que sea exponente del estándar más alto de protección del derecho”.

10 La Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Sentencia de 21 de julio de 1989 sobre Reparaciones y Costas, Serie C N° 007, sostuvo: “26. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional consiste en la plena restitución (restitutio in integrum), lo que incluye el restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo el daño moral. 27. La indemnización que se debe a las víctimas o a sus familiares en los términos del artículo 63.1 de la Convención, debe estar orientada a procurar la restitutio in integrum de los daños causados por el hecho violatorio de los derechos humanos. El desiderátum es la restitución total de la situación lesionada, lo cual, lamentablemente, es a menudo imposible, dada la naturaleza irreversible de los perjuicios ocasionados, tal como ocurre en el caso presente. En esos supuestos, es procedente acordar el pago de una `justa indemnización´ en términos lo suficientemente amplios para compensar, en la medida de lo posible, la pérdida sufrida”.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0266_2024-S1.pdf · páginas 1 a 19.

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