Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 10 de abril de 2025
Concede la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos constitucionales, debido a que la Jueza demandada, en audiencia de medidas cautelares del 23 de septiembre de 2022, declinó competencia por razón de territorio y dispuso la remisión de antecedentes al Juez natural; no obstante, en el mismo acto también ordenó su detención preventiva por ciento ochenta (180) días; ante ello, interpuso apelación incidental y proveyó los recaudos para su tramitación, sin embargo, pese a haber solicitado mediante memoriales la remisión tanto de la apelación como de los antecedentes, no obtuvo respuesta, quedando sin acceso al cuaderno procesal y sin instancia ante la cual acudir en caso de una emergencia médica, situación agravada por una reciente descompensación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se analizarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares; ii) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; y, iii) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 21/2022 de 8 de octubre, cursante de fs. 96 a 98 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia CONCEDER la tutela, en los mismos términos dispositivos establecidos por la referida Jueza de garantías, y conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la expresa aclaración de que la concesión de la tutela se circunscribe exclusivamente a la dilación indebida atribuible a la Jueza demandada, sin que implique pronunciamiento alguno sobre la situación jurídica del accionante, debiendo en todo momento observarse la aplicación de un juzgamiento con perspectiva de género.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0265/2025-S1 Sucre, 10 de abril de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 51176-2022-103-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 21/2022 de 8 de octubre, cursante de fs. 96 a 98 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad presentada por Víctor Antonio Cartagena Tardillo en representación sin mandato de Ernesto Xavier Monroy Vaca contra Janethe Esperanza Castro Martínez, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Cabezas del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 7 de octubre de 2022, cursante a fs. 73 a 81 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Ernesto Xavier Monroy Vaca por la presunta comisión del delito de violación, se presentó imputación formal con aprehensión y solicitud de medidas cautelares, el 23 de septiembre de 2022. Ese mismo día, a las 14:30, se llevó a cabo la audiencia de aplicación de medidas cautelares, en donde la Jueza ahora demandada, se declaró incompetente por razón de territorio, disponiendo la remisión del cuaderno procesal al Juez natural con competencia en la localidad de Warnes. No obstante, inmediatamente después ordenó la detención preventiva del imputado por un periodo de ciento ochenta días en el Centro Penitenciario de Palmasola, en Santa Cruz. Frente a esta decisión, el imputado interpuso apelación incidental y presentó los recaudos necesarios para la reproducción de copias, conforme a lo instruido por la propia Jueza. Posteriormente, mediante memorial de 29 de septiembre de 2022, solicitó el cumplimiento de lo dispuesto por la autoridad judicial, es decir, la remisión del cuaderno procesal al Juez competente y del recurso de apelación interpuesto. Ante la falta de respuesta, el 6 de octubre de igual año, reiteró la solicitud mediante nuevo memorial, pidiendo informe sobre ambas remisiones. Sin embargo, hasta la presentación de esta acción tutelar, no recibió ninguna respuesta, ya sea afirmativa o negativa, por parte de la autoridad jurisdiccional demandada. En ese contexto, el accionante se encuentra en situación de incertidumbre procesal, sin acceso al cuaderno de control jurisdiccional. Si bien se le informó en el Juzgado que dicho cuaderno fue remitido, tras verificar en el sistema de seguimiento del courier del Órgano Judicial, no existe constancia alguna de dicha remisión, ni del cuaderno ni del recurso de apelación. Esta omisión evidencia un actuar negligente por parte de la Jueza demandada, que ha impedido el ejercicio del derecho a la defensa y el acceso a una revisión judicial efectiva, configurando una dilación indebida en el trámite del proceso penal. A ello se suma que la Jueza habría instruido verbalmente a su personal que no se brinde información alguna sobre el presente caso, lo cual refuerza la percepción de un comportamiento irregular que afecta los derechos fundamentales del accionante, particularmente su derecho a la libertad y al debido proceso.
El peticionante de tutela alega la vulneración de sus derechos al debido proceso, al acceso a la justicia, a la libertad y a ser juzgado sin dilaciones indebidas vinculados a los principios de dirección judicial del proceso, “al Juez natural”, seguridad jurídica, legalidad y celeridad; citando al efecto, el arts. 24, 64, 120, 125, 126 y 127 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada y, en consecuencia, restableciendo el debido proceso se ordene y conmine a la autoridad demandada realizar la remisión del cuaderno procesal al Juez natural llamado por ley de la localidad de Warnes, y remitir la apelación incidental de la audiencia de medida cautelar.
Celebrada la audiencia pública y virtual de acción de libertad el 8 de octubre de 2022, conforme consta en el acta de audiencia cursante de fs. 93 a 95, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante sin mandato, ratificó de manera íntegra su demanda tutelar y ampliando sus fundamentos refirió: a) Que ya son quince días sin que se sepan dónde se encuentra el cuaderno de control jurisdiccional, no se sabe nada sobre la situación del recurso de apelación interpuesto; b) Prácticamente se encuentra sin autoridad jurisdiccional que ejerce el control, no tiene a quién recurrir en caso de emergencia y justamente habría sufrido una descompensación un día anterior a la presentación de la demanda tutelar; c) La dilación en que incurre la autoridad demandada les deja en completo estado de indefensión; y, d) Desde el inicio se tenían los datos de que el hecho habría ocurrido en la ciudad de Warnes, por lo que incluso de oficio debería haberse declarado incompetente y remitir el cuaderno ante la autoridad jurisdiccional, pero no lo hizo y llevó a cabo una audiencia de medidas cautelares.
Janethe Esperanza Castro Martínez, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Cabezas del departamento de Santa Cruz; no presentó informe escrito ni se apersonó a la audiencia de consideración de la acción de libertad, pese a su legal notificación cursante de fs. 83 a 85.
La Jueza de Sentencia Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 21/2022 de 8 de octubre, cursante de fs. 96 a 98 vta., concedió la tutela solicitada y dispuso que la autoridad demandada remita de forma inmediata los antecedentes ante el Tribunal de Alzada de turno bajo responsabilidad; y, remita los antecedentes ante el Juez natural de la localidad de Warnes, a objeto que el proceso penal seguido contra el ahora accionante se desarrolle bajo control jurisdiccional, de acuerdo a los siguientes fundamentos: 1) Toda solicitud en la que se encuentra de por medio el derecho a la libertad de una persona, debe ser tramitada de manera inmediata y oportuna a fin de no restringir ilegalmente ese derecho fundamental; 2) La autoridad demandada no ha presentado informe y tampoco ha remitido los actuados a objeto de poder hacer una valoración de los elementos, por lo que se da veracidad a lo manifestado por la parte accionante; 3) Además de que cursa en el expediente constitucional, los memoriales por los cuales se ha solicitado la remisión de la apelación ante el Tribunal de alzada ante el Juez Natural sin ninguna respuesta, incluso en el segundo memorial se hubiera solicitado informe respecto a la remisión; 4) Siendo que la audiencia de medidas cautelares se hubiera desarrollado el 23 de septiembre de 2022, y pese al transcurso del tiempo hasta la presentación de la demanda tutelar no se ha cumplido; y, 5) El art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), establece que los actuados deben ser remitidos en el plazo de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: II.1. Cursa memorial de imputación formal con aprehendido, presentado el 23 de septiembre de 2022 ante la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Cabezas del departamento de Santa Cruz, dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Publico y otra contra Ernesto Xavier Monroy Vaca por la presunta comisión del delito de Violación, en el cual se solicita la aplicación de la medida cautelar de máxima ratio (fs. 52 a 57). II.2. Consta memorial presentado por el ahora accionante en el cual solicita a la Jueza demandada la remisión de apelación y actuados procesales al Juez llamado por ley de la localidad de Warnes, cursando sello de recepción del Juzgado Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Cabezas del departamento de Santa Cruz en fecha 29 de septiembre de 2022 (fs. 70 y vta.). II.3. Corre memorial del ahora accionante, por el cual solicita a la Jueza demandada Informe de secretaria sobre remisión del cuaderno procesal y del recurso de apelación, el mismo lleva sello de recepción del Juzgado Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Cabezas del departamento de Santa Cruz en fecha 6 de octubre de 2022 (71 y vta.)
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos constitucionales, debido a que la Jueza demandada, en audiencia de medidas cautelares del 23 de septiembre de 2022, declinó competencia por razón de territorio y dispuso la remisión de antecedentes al Juez natural; no obstante, en el mismo acto también ordenó su detención preventiva por ciento ochenta (180) días; ante ello, interpuso apelación incidental y proveyó los recaudos para su tramitación, sin embargo, pese a haber solicitado mediante memoriales la remisión tanto de la apelación como de los antecedentes, no obtuvo respuesta, quedando sin acceso al cuaderno procesal y sin instancia ante la cual acudir en caso de una emergencia médica, situación agravada por una reciente descompensación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se analizarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares; ii) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; y, iii) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0012/2018-S2 de 28 de febrero, que sistematiza la jurisprudencia vinculada a las acciones de libertad traslativas o de pronto despacho, asumió el siguiente razonamiento. El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: 1) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; 2) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo 1El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando:
a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.
b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.
c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.
razonable o prudencial; y, 3) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. Complementando dicho entendimiento, la SC 0384/2011-R de 7 de abril incluye dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva; es decir, cuando: “d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP, ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”. De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2012 de 4 de junio, señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el Tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal de apelación.
Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entienden que excepcionalmente es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.
En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre, señala que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del (Código de Procedimiento Penal (CPP); decreto a partir del cual se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del CPP. La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento efectuado en su Fundamento Jurídico III.3:
i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.
ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal.
iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. Página 11 de 14 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.
iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.
v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.
vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte.
Al respecto la SCP 0037/2018-S2 de 6 de marzo, asumió el siguiente entendimiento. La SC 0650/2004-R de 4 de mayo, cuyo entendimiento fue confirmado por las SSCC 0245/2007-R de 10 de abril y 0478/2011-R de 18 de abril; y, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0872/2016-S1 de 20 de septiembre y 0989/2017-S2 de 25 de septiembre, entre otras, establece que:“…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus [ahora acción de libertad] y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso” (las negrillas son nuestras). Asimismo, la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, reiterada por la SC 0038/2011-R de 7 de febrero; y, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0320/2016-S3 de 3 de marzo y 1054/2017-S1 de 11 de septiembre, entre otras, señala que: “…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley” (las negrillas nos corresponden).
En consecuencia, las autoridades demandadas en una acción de libertad, tienen la carga de la prueba y se hallan constreñidas a desvirtuar la lesión o amenaza de lesión del derecho, que se les atribuye, siempre que la denuncia haya sido puesta a su conocimiento y de acuerdo a las formalidades previstas por Ley, en su defecto se tendrían por probados los hechos consignados en la denuncia.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos constitucionales invocados en la presente demanda tutelar, debido a que en audiencia de medidas cautelares celebrada el 23 de septiembre de 2022, la Jueza demandada declinó competencia territorial y ordenó la remisión de antecedentes al Juez natural; sin embargo, en el mismo acto dispuso su detención preventiva por ciento ochenta (180) días. Frente a ello, interpuso apelación incidental, proveyendo los recaudos para su tramitación; no obstante, pese a haber solicitado mediante memoriales la remisión tanto del recurso como de los actuados al Juez competente, no obtuvo respuesta, quedando sin acceso al cuaderno procesal y sin instancia jurisdiccional a la cual acudir en caso de una emergencia médica, situación agravada por una reciente descompensación. Antes de ingresar al análisis de fondo, es preciso remitirnos al Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que establece que, ante la incomparecencia de la autoridad demandada debidamente notificada, la falta de informe y de elementos que desvirtúen los hechos denunciados, corresponde aplicar el principio de veracidad. En el caso concreto, la Jueza demandada, pese a su legal notificación conforme consta en fs. 83 a 85, no asistió a la audiencia de acción de libertad, no presentó informe ni documentación alguna, y tampoco remitió los antecedentes requeridos por la Jueza de garantías; en consecuencia, el análisis debe efectuarse en base a los argumentos y antecedentes aportados por el accionante. De los antecedentes que cursan en el expediente constitucional, se advierte que, en el proceso penal seguido contra Ernesto Xavier Monroy Vaca por el presunto delito de violación, el Ministerio Público presentó imputación formal con aprehendido el 23 de septiembre de 2022 (Conclusión II.1). Ese mismo día, se desarrolló la audiencia de medidas cautelares, en la que la Jueza ahora demandada declinó competencia por razón de territorio, ordenando la remisión de antecedentes al Juez natural de Warnes; sin embargo, también impuso detención preventiva al imputado por ciento ochenta (180) días, ante lo cual éste interpuso apelación incidental, adjuntando los recaudos correspondientes. Mediante memorial de 29 de septiembre de 2022, el accionante solicitó al juzgado de origen la remisión de su recurso y de los actuados procesales al Juez natural (Conclusión II.2); posteriormente, el 6 de octubre del mismo año, requirió mediante otro memorial que la Secretaría informe sobre dicha remisión, manifestando encontrarse en estado de indefensión y sin control jurisdiccional efectivo (Conclusión II.3). En este contexto, corresponde referirse, en primer lugar, a la remisión de la apelación incidental. De acuerdo con el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, una vez interpuesto el recurso, debe ser remitido en un plazo de veinticuatro (24) horas, pudiendo excepcionalmente ampliarse hasta tres días si existe justificación razonada, como sobrecarga laboral, suplencias o pluralidad de imputados. En el presente caso, al haberse interpuesto la apelación el 23 de septiembre de 2022 y no remitirse hasta al menos el 6 de octubre del mismo año, fecha en que el accionante solicitó información, se verifica el incumplimiento de dicho plazo. Por ello, corresponde conceder la tutela, aclarando que no se ingresa al fondo del recurso, cuya resolución corresponde a la vía ordinaria, debiendo considerarse un juzgamiento con perspectiva de género por la naturaleza del delito imputado. Respecto a la remisión del cuaderno procesal al Juez natural, si bien la normativa procesal penal no establece un plazo específico para ello, la acción de libertad de pronto despacho tiene por finalidad evitar dilaciones indebidas que impidan resolver la situación jurídica de personas privadas de libertad. En ese sentido, la omisión en la remisión de los antecedentes afecta el ejercicio del control jurisdiccional, máxime cuando entre la declinatoria y la presentación de la demanda de tutela transcurrieron al menos diez días hábiles, configurándose una dilación indebida. Esta demora también repercute negativamente en los derechos de la víctima, ya que el proceso penal se refiere a la presunta comisión de un delito de violencia en razón de género, contexto en el cual el Estado tiene la obligación de actuar con debida diligencia reforzada. Este principio, desarrollado por la jurisprudencia internacional y acogido por el ordenamiento jurídico interno a través del bloque de constitucionalidad, exige que, en los casos de violencia contra las mujeres, las autoridades adopten medidas inmediatas, efectivas y proporcionales para prevenir la violencia, investigar los hechos, sancionar a los responsables y garantizar reparación a las víctimas. La debida diligencia reforzada implica que los operadores de justicia no solo deben actuar con celeridad, sino que deben hacerlo teniendo en cuenta el impacto diferenciado que estas demoras pueden generar en las víctimas, lo que obliga a eliminar toda carga procesal innecesaria, retraso injustificado o práctica que genere impunidad. En el caso concreto, la omisión de la Jueza demandada al no remitir oportunamente los antecedentes al Juez competente, imposibilitó el avance del proceso penal, retrasando la intervención del juez natural para ejercer control jurisdiccional, situación que no solo afectó al accionante, sino también generó una afectación indirecta a la víctima, al dilatar la posibilidad de que el caso avance hacia una resolución de fondo y, con ello, de obtener justicia. Este tipo de actuaciones contrarias a la debida diligencia, vulneran los compromisos asumidos por el Estado boliviano en virtud de instrumentos como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), así como los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señalan que los Estados deben prevenir razonablemente hechos de violencia de género y, una vez ocurridos, investigarlos con prontitud, sin dilaciones indebidas y con perspectiva de género. Esta demora también perjudica a la víctima, dado que el caso está vinculado a un delito de violencia en razón de género, contexto en el cual el Estado tiene el deber de actuar con la debida diligencia. Finalmente, se precisa que la concesión de tutela se limita a ordenar que la autoridad demandada remita el recurso de apelación y los antecedentes al Juez natural, a fin de que se resuelva la impugnación planteada, sin pronunciarse sobre el fondo de la situación jurídica del accionante, cuya valoración corresponde a la autoridad ordinaria competente, la cual debe garantizar la debida protección de los derechos de la víctima. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 21/2022 de 8 de octubre, cursante de fs. 96 a 98 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia CONCEDER la tutela, en los mismos términos dispositivos establecidos por la referida Jueza de garantías, y conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la expresa aclaración de que la concesión de la tutela se circunscribe exclusivamente a la dilación indebida atribuible a la Jueza demandada, sin que implique pronunciamiento alguno sobre la situación jurídica del accionante, debiendo en todo momento observarse la aplicación de un juzgamiento con perspectiva de género. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
2 El FJ III.4, refiere: “…cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectué el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”. 3El FJ III.4, indica: “…conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0265_2025-S1.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 17ea21060bbc3bdc3fc8f006ea6170c59b8954fb113ae45443a7bcdc4ed420bb
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