B.IA.LEGAL

SCP 0264/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 23 de marzo de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
23 de marzo de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
52820-2023-106-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad; toda vez que, el 22 de diciembre de 2022, repentinamente habría sido agredida por Mary Luz López Torrico, quien con violencia la había conducido a la EPI Sur de Cochabamba, y al llegar al lugar se encontraba Jhonny Delgado Bautista, esposo de la mencionada, funcionario policial que la enmanilló sin mostrar orden o mandamiento de aprehensión, para luego ser conducida al Centro Penitenciario San Sebastián Mujeres de Cochabamba, sin considerar su estado de embarazo de tres meses, que puso en conocimiento; por lo que, ambos son autores de su privación ilegal de su libertad, que pone en riesgo inminente su salud, así como del ser que lleva en su vientre. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 17/2022 de 24 de diciembre, cursante de fs. 46 a 47, pronunciada por La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la emisión del mandamiento de apremio ante el incumplimiento del suministro oportuno de asistencia familiar, sin perjuicio del ejercicio del derecho a la impugnación
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0264/2026-S3 Sucre, 23 de marzo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 52820-2023-106-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 17/2022 de 24 de diciembre, cursante de fs. 46 a 47, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Lizeth Enríquez Andia contra Iveth Quispe Patiño, Jueza Pública de Familia Segunda de la Zona Sur de la Capital del departamento de Cochabamba; Mary Luz López Torrico; y, Jhonny Delgado Bautista.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 23 de diciembre de 2022, cursante a fs. 1 y 9 a 10 vta., la accionante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Tiene dos hijas que estaban bajo su tutela y guarda, y en ocasiones las dejaba a cargo de su hermana menor, pues su padre Bernardo López Torrico de manera permanente le chantajeaba para pagar la asistencia familiar de Bs750.-(setecientos cincuenta bolivianos) haciendo depósitos incompletos; por lo que, a fines de noviembre de 2021 tenía que ausentarse para trabajar, y se fue por dos semanas a Caranavi comunicando al padre de sus hijas, al retornar se enteró por parte de Mary Luz López Torrico -hermana del padre de sus hijas, ahora codemandada-, que su pareja sentimental Franklin Gary Sánchez habría cometido abusos contra su hija menor de edad AA -de diez años-, a ello coadyuvó para que se proceda a la aprehensión del sindicado; aclarando que, su relación sentimental con él terminó en abril de 2021, y no supo más de él; por lo que, jamás descuidó de sus hijas y no advirtió que hubiera ocurrido abusos; la tenencia y custodia de sus hijas se halla a cargo de Mary Luz López Torrico, quien inició demanda de asistencia familiar en su contra ante la Jueza Pública de Familia Segunda de la Zona Sur de la Capital del departamento de Cochabamba -hoy demandada-, en el que se habría librado "mandamiento de detención preventiva" por incumplimiento de pago de asistencia familiar por tres meses, aclarando que en ningún momento se le comunicó con la liquidación del monto a pagar, así como con el Auto que dispone su pago ni siquiera por cédula. El 22 de diciembre de 2022, cuando salía de su domicilio acompañada de su hermana menor de diecisiete años de edad, repentinamente fue agredida por Mary Luz López Torrico y Felipa Arévalo, quienes las insultaron y agredieron; en esas circunstancias les dijo que estaba embarazada, pero haciendo caso omiso y de manera violenta las trasladaron a la Estación Policial Integral (EPI) Sur en un trufi, desde ese momento la privó de su libertad, al llegar a la EPI Sur en inmediaciones se encontraba esperando Jhonny Delgado Bautista -codemandado-, esposo de Mary Luz López Torrico, quien la enmanilló sin mostrar orden o mandamiento de aprehensión, luego fue conducida al Centro Penitenciario San Sebastián Mujeres de Cochabamba, sin considerar su estado de embarazo de tres meses; por lo que, ambos son autores de su privación ilegal de su libertad, que pone en riesgo inminente su salud, así como del ser que lleva en su vientre.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 13.I, 22 y 23.I y III de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 7 núms. 1, 2 y 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) La inmediata libertad de su persona, consignando a la “parte” demandada la reparación de daños y perjuicios ocasionados a calificarse; y, b) La remisión de antecedentes ante el Ministerio Público de los codemandados Mary Luz López Torrico y Jhonny Delgado Bautista por la comisión del delito de privación de libertad.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 24 de diciembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 44 a 45, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola señaló que: 1) En ningún momento se le hizo conocer por qué estaba siendo detenida; desconoce en qué momento la autoridad judicial hubiera ordenado la notificación con la liquidación de pensiones de asistencia familiar; 2) Su defensor de oficio no le comunicó nada acerca de su proceso y mucho menos hizo conocer su embarazo a la Jueza de la causa; y, 3) Estos actos vulneran la Norma Suprema y el art. 232 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que establece la improcedencia de la detención preventiva cuando se trata de mujeres embarazadas; por lo que, pidió se conceda la tutela impetrada.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Iveth Quispe Patiño, Jueza Pública de Familia Segunda de la Zona Sur de la Capital del departamento de Cochabamba, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 14; sin embargo, en el acta de audiencia de garantías, refiere que la autoridad demandada envió informe escrito; empero, el mismo no cursa en el cuaderno constitucional. Mary Luz López Torrico y Jhonny Delgado Bautista, esposos, a través de su abogado, en audiencia de garantías, señalaron que: i) De acuerdo a los antecedentes del proceso ordinario que se ventila en el juzgado de familia, se evidencia que se ha realizado el normal desarrollo del proceso; más allá de que, designó un defensor de oficio, se ha desarrollado la audiencia de conciliación para considerar el monto de asistencia familiar; y más aún, presentó un incidente, mal podría alegar la impetrante de tutela que no tenía conocimiento del proceso; ii) Se encuentran a cargo de la manutención de las menores; iii) Se cuenta con el descargo de la ejecución del mandamiento, por lo que fue conducida al Centro Penitenciario San Sebastián Mujeres de Cochabamba; y, iv) De acuerdo a la SCP 0342/2010-R de 15 de junio; en la que, refiere que se tiene que realizar la ponderación de derechos en las acciones tutelares, en el caso presente la solicitante de tutela no ha demostrado ninguna ponderación sobre los derechos vulnerados, al contrario la misma tiene que cumplir con la asistencia familiar de sus hijos y no se le ha vulnerado ningún derecho; por lo que, pidieron se deniegue la tutela impetrada.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Resolución 17/2022 de 24 de diciembre, cursante de fs. 46 a 47, denegó la tutela solicitada. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: a) La acción de libertad solo tutela la vida, la ilegal persecución, el indebido procesamiento y la privación de libertad personal o de locomoción, mismos que deben estar debidamente expuestos; b) Dentro del proceso de asistencia familiar, en audiencia en la que estuvieron ambas partes, se ha fijado una asistencia familiar de Bs800.- (ochocientos bolivianos), que producto de una liquidación asciende a Bs2 400.- (dos mil cuatrocientos bolivianos), que ha sido notificada a las partes y ante el incumplimiento a su pago, se dispuso la extensión del mandamiento de apremio; y, c) Los hoy codemandados lo que hicieron fue dar cumplimiento a la orden de apremio extendida por autoridad competente; en este caso, la Jueza demandada contra quien la accionante no ha señalado nada en su argumentación; respecto a la manera en que esta autoridad habría vulnerado su derecho a la libertad.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Asimismo, conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistraturas, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa acta de audiencia de fijación de asistencia familiar de 22 de agosto de 2022, llevada a cabo por la Jueza -hoy demandada-, a interposición de demanda de asistencia familiar seguido por Mary Luz López Torrico contra Lizeth Enríquez Andia -accionante-, estando presentes ambas partes acompañadas de sus abogados, acordaron asistencia familiar a favor de las·menores de edad AA y BB, hijas de la accionante, en la suma de Bs800.-; por Resolución de la misma fecha, la autoridad jurisdiccional homologó el acuerdo conciliatorio (fs. 24 y vta.). II.2. Cursa documentación referido al proceso de asistencia familiar interpuesta por Mary Luz López Torrico, en la que Lizeth Enríquez Andia se apersonó mediante memorial de 22 de agosto de 2022, solicitando declinatoria de competencia, que fue declarada no ha lugar en la misma fecha, por estar fuera de plazo (fs. 65 a 67). II.3. Mediante memorial de 3 de noviembre del 2022, Mary Luz López Torrico, solicitó liquidación de asistencia familiar y por decreto de 4 del mismo mes y año, la Jueza demandada, dispuso que se ponga en conocimiento de la obligada la liquidación por la suma de Bs2 400.- del 27 de julio al 27 de octubre del indicado año; determinación con la que la peticionante de tutela fue notificado en su domicilio procesal de su abogado Juan Carlos Cardozo Rodríguez el mismo día -4 de noviembre del 2022- (fs. 31 a 35). II.4. Por memorial presentado el 16 de noviembre de 2022, Mary Luz López Torrico, dentro del proceso de asistencia familiar en contra de la hoy accionante, pidió se apruebe liquidación de asistencia familiar y se conmine a la obligada a cumplir con el pago; mismo que, mereció Auto de la misma fecha, por el cual se aprobó la liquidación en la suma de Bs2 400.- que adeuda la progenitora del 27 de julio a 27 de octubre del mismo año, debiendo pagar dicho monto al tercer día de su notificación, bajo conminatoria de expedirse mandamiento de apremio, actuados notificados a la ahora accionante en la misma fecha (fs. 36 a 38). II.5. Mediante memorial presentado el 23 de noviembre de 2022, Mary Luz López Torrico, dentro del referido proceso de asistencia familiar, solicitó se emita mandamiento de apremio y por Auto de la misma fecha, la autoridad jurisdiccional hoy demandada, ordenó emitir el Mandamiento de apremio contra Lizeth Enríquez Andia, actuados notificados a la ahora impetrante de tutela en la misma fecha (fs. 39 a 40 vta.). II.6. Cursa Mandamiento de Apremio de 1 de diciembre de 2022; por el que, la Jueza demandada ordenó el apremio de la accionante, hasta que pague el monto de Bs2 400.-, por incumplimiento de asistencia familiar; y cursa diligenciamiento de mandamiento de apremio de 22 de mismo mes y año (fs. 41 y 43).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad; toda vez que, el 22 de diciembre de 2022, repentinamente habría sido agredida por Mary Luz López Torrico, quien con violencia la había conducido a la EPI Sur de Cochabamba, y al llegar al lugar se encontraba Jhonny Delgado Bautista, esposo de la mencionada, funcionario policial que la enmanilló sin mostrar orden o mandamiento de aprehensión, para luego ser conducida al Centro Penitenciario San Sebastián Mujeres de Cochabamba, sin considerar su estado de embarazo de tres meses, que puso en conocimiento; por lo que, ambos son autores de su privación ilegal de su libertad, que pone en riesgo inminente su salud, así como del ser que lleva en su vientre. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la emisión del mandamiento de apremio ante el incumplimiento del suministro oportuno de asistencia familiar, sin perjuicio del ejercicio del derecho a la impugnación

Dada la naturaleza de la asistencia familiar, cuyo suministro está destinado a cubrir integralmente las necesidades indispensables del beneficiario, el Estado a través de sus diferentes órganos e instituciones tiene el ineludible deber de garantizar su cumplimiento, al estar destinados estos recursos económicos a la satisfacción de sus necesidades básicas, mereciendo especial atención cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, ya que se constituyen en uno de los derechos de mayor relevancia que tendrá este sector vulnerable. El Código de las Familias y del Procedimiento Familiar prevé el procedimiento para efectivizar el pago de asistencia familiar a favor de los beneficiarios que la requieran, con medidas destinadas a asegurar su suministro, en consideración a que la finalidad de la asistencia familiar, es otorgar a los miembros de la familia que se encuentren en una situación de necesidad, los recursos necesarios que garanticen su alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta; priorizándose el interés de niñas, niños y adolescentes. Es así que, por la importancia que reviste este derecho y obligación, ante el incumplimiento de su oportuno suministro, es posible el uso de los medios compulsivos para su cumplimiento, cuando, a pesar de la conminatoria emitida por la autoridad judicial, previa aprobación de la liquidación de asistencia familiar que cuantifica la misma, ésta no fue cumplida por el obligado; en cuyo caso, podrá disponerse el embargo y venta de sus bienes en la medida necesaria para cumplir el importe de las pensiones devengadas, sin perjuicio de emitir mandamiento de apremio con facultades de allanamiento, conforme dispone el art. 415. I y III del CFPF. En efecto, el art. 127.I del CFPF, prescribe en forma determinante el cumplimiento oportuno e insoslayable de la asistencia familiar en favor de los beneficiarios, en los siguientes términos: “La obligación de asistencia familiar es de interés social. Su oportuno suministro no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno, bajo responsabilidad de la autoridad judicial”, pudiendo ordenarse las medidas compulsivas previstas en el art. 415.II, III y IV en la citada norma procesal, entre ellas, el apremio. Con relación a la emisión del mandamiento de apremio en casos derivados de procesos familiares sobre peticiones de asistencia familiar, la SCP 0828/2018– S2 de 10 de diciembre, estableció que se puede 1 FJ III.2” (…) Por otra parte, el apremio corporal, como medio compulsivo resulta necesario para la satisfacción de la asistencia familiar; puesto que, si bien es cierto que es posible constreñir al cumplimiento de la obligación mediante la ejecución patrimonial de los bienes del obligado; empero, en los casos en los que ello es posible, la realización del crédito alimentario no opera con la prontitud que exige la satisfacción de las necesidades básicas del beneficiario, a la que está destinada la asistencia familiar; toda vez que, los trámites judiciales necesarios, que se requiere para obtener el cobro efectivo de la obligación devengada, implica el transcurso de un tiempo, que no es compatible con la urgencia de la satisfacción de las necesidades a las que está destinada; además, puede demandar de parte de los beneficiarios el gasto de recursos económicos, que son precisamente de los que carece el alimentario o su representante, y que por consiguiente, pueden dificultar el logro del objetivo oportunamente; y en los supuestos en los que el obligado carece de bienes embargables, dicha medida se presenta como la única posible para compeler al obligado a extremar sus esfuerzos, para obtener los recursos económicos que se requiere para cumplir con su obligación alimentaria. Sin embargo, es evidente que para lograr la finalidad que se busca con la asistencia familiar, que fue descrita precedentemente, la autoridad judicial competente, no debe limitarse a expedir el mandamiento de apremio por la asistencia familiar devengada, y esperar que el mismo, cumpla con su objetivo compulsivo; sino, que al tiempo de ordenar el apremio corporal debe procurar la ejecución patrimonial de los bienes del obligado en la medida de lo necesario, en los casos en los que ello sea posible, teniendo en cuenta que el objetivo esencial, es que provea oportunamente a las necesidades básicas del beneficiario. Finalmente, a la luz del principio de proporcionalidad, el legislador propició las necesidades de la o el beneficiario, en razón a que la obligación de asistencia familiar es de interés social, dado el carácter urgente que implica la satisfacción oportuna de las necesidades básicas del alimentario, como son los relativos a su propia alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y restringir el derecho a la libertad física con la ejecución del mandamiento de apremio, previa aprobación de la liquidación de asistencia familiar y el cumplimiento de los requisitos de legalidad material y formal, entendiendo que el apremio corporal como medio compulsivo resulta necesario para el cumplimiento de la asistencia familiar, en razón de la prontitud que exige la satisfacción de las necesidades básicas del beneficiario, a la que se encuentra destinada. En el mismo orden, la SCP 0714/2019- S2, de 21 de agosto, razonó que la liquidación de asistencia familiar aprobada por la autoridad judicial y notificada al obligado, marca el momento del suministro de esta obligación en favor del beneficiario y no puede posponerse o dilatarse, ni condicionarse a plazo o condición alguna, a la resolución de recurso alguno o al cumplimiento de procedimiento alguno, pudiendo acudirse a los medios compulsivos como el apremio corporal. Su Fundamento Jurídico III.2 establece lo siguiente:

La liquidación de asistencia familiar aprobada por la autoridad judicial y notificada al obligado, marca el momento del oportuno suministro de esta obligación en favor del beneficiario, que no puede posponerse o dilatarse, no puede condicionarse a plazo o condición alguna, a la resolución de recurso alguno o al cumplimiento de procedimiento alguno, pudiendo acudirse a los medios compulsivos como el apremio corporal incluso con autorización de allanamiento, rotura de candados o chapas de puerta, arraigo e hipoteca legal de los bienes que conforman el patrimonio del obligado, embargo y venta judicial, para el cumplimiento del importe de la asistencia familiar devengada. Con el añadido que el incumplimiento a este mandato insoslayable por la autoridad judicial, es susceptible de responsabilidad funcionaria (las negrillas son nuestras). La citada Sentencia, también enfatizó que la determinación de las medidas compulsivas no implica la restricción del derecho a impugnar del vestimenta; y en consideración a la prioridad del interés superior de los niños y adolescentes beneficiarios, la preeminencia y primacía de su derechos reconocidos por los arts. 60 de la CPE; y, 6 inc. i) y 220 inc. k) del CFPF; así como de la protección reforzada, de la que son objeto otros beneficiarios que forman parte de grupos vulnerables, como es el caso de personas en situación de discapacidad, adultos mayores y mujeres, que por su condición socioeconómica se encuentran en situación de desventaja; aspectos que hicieron que el legislador se decante por la protección de los derechos de los beneficiarios a la asistencia familiar, permitiendo el apremio corporal del obligado, como medio compulsivo para lograr que el mismo cumpla con su obligación devengada. (…) 2 FJ III.2 “Es decir, la liquidación de asistencia familiar aprobada por la autoridad judicial y notificada al obligado, marca el momento del oportuno suministro de esta obligación en favor del beneficiario, que no puede posponerse o dilatarse, no puede condicionarse a plazo o condición alguna, a la resolución de recurso alguno o al cumplimiento de procedimiento alguno, pudiendo acudirse a los medios compulsivos como el apremio corporal incluso con autorización de allanamiento, rotura de candados o chapas de puerta, arraigo e hipoteca legal de los bienes que conforman el patrimonio del obligado, embargo y venta judicial, para el cumplimiento del importe de la asistencia familiar devengada. Con el añadido que el incumplimiento a este mandato insoslayable por la autoridad judicial, es susceptible de responsabilidad funcionaria. La determinación de las medidas compulsivas para el oportuno suministro de la asistencia familiar, de modo alguno implica la restricción del derecho a impugnar; por cuanto el obligado puede ejercer el derecho a recurrir o a asumir los medios o recursos idóneos para lograr la revisión de la determinación asumida, sin perjuicio del cumplimiento de la asistencia familiar, cuya liquidación se encuentre aprobada y notificada al obligado, con la aclaración que si la resolución del recurso planteado por el obligado, le favorece de alguna manera, de tal forma que haya diferencia cuantitativa o de cálculo a su favor, ésta debe ser tomada en cuenta por la autoridad judicial a tiempo de substanciar la aprobación de las futuras liquidaciones, reconociendo la diferencia que le favorezca.

obligado, quien podrá activar los mecanismos de defensa previstos por Ley, para lograr la revisión de la determinación asumida, sin perjuicio del cumplimiento de la asistencia familiar, cuya liquidación se encuentre aprobada y notificada al obligado, con la aclaración que si la resolución del recurso planteado por el obligado, le favorece de alguna manera, de tal forma que haya diferencia cuantitativa o de cálculo a su favor, ésta debe ser tomada en cuenta por la autoridad judicial a tiempo de substanciar la aprobación de las futuras liquidaciones, reconociendo la diferencia que le favorezca.

III.2. Análisis del caso concreto

La accionante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad; toda vez que, el 22 de diciembre de 2022, repentinamente habría sido agredida por Mary Luz López Torrico, quien con violencia la había conducido a la EPI Sur de Cochabamba y al llegar al lugar se encontraba Jhonny Delgado Bautista, esposo de la mencionada; funcionario policial que, la enmanilló sin mostrar orden o mandamiento de aprehensión, para luego ser conducida al Centro Penitenciario San Sebastián Mujeres de Cochabamba, sin considerar su estado de embarazo de tres meses, que les puso en conocimiento; por lo que, ambos son autores de su privación ilegal de su libertad, que pone en riesgo inminente su salud, así como del ser que lleva en su vientre. Identificada la problemática planteada y la pretensión de la accionante, que motivaron la interposición de esta acción de defensa, es necesario efectuar una síntesis de los antecedentes de los actos procesales de origen; en el que, se habrían suscitado las actuaciones hoy cuestionadas de lesivas de derechos vía acción de libertad; es así que, se verifica que dentro del proceso de asistencia familiar seguido por Mary Luz López Torrico, contra la accionante, se llevó adelante audiencia virtual de fijación de asistencia familiar de 22 de agosto de 2022, ante la Jueza Pública de Familia Segunda de la Zona Sur de la Capital del departamento de Cochabamba, estando presentes ambas partes acompañadas de sus abogados, donde no interpusieron ningún incidente y estando ambas partes de acuerdo en la asistencia familiar a favor de las menores de edad AA y BB hijas de la solicitante de tutela, en la suma de Bs800.-; por Auto de la misma fecha, la Jueza demandada homologó el acuerdo conciliatorio (Conclusión II.1); posteriormente, mediante memorial de 3 de noviembre del 2022, Mary Luz López Torrico, solicitó liquidación de asistencia familiar; y, por decreto de 4 del mismo mes y año, la Jueza demandada, dispuso que se ponga en conocimiento de la obligada, la liquidación por la suma de Bs2 400,- del 27 de julio al 27 de octubre del indicado año; determinación con la que la peticionante de tutela fue notificado en el domicilio procesal de su abogado Jun Carlos Cardozo Rodríguez el mismo día -4 de noviembre del 2022- (Conclusión II.3); más adelante, mediante memorial presentado el 16 de noviembre de 2022, dentro del indicado proceso de asistencia familiar, Mary Luz López Torrico, solicitó se apruebe liquidación de asistencia familiar y se conmine a la obligada a cumplir con el pago; mismo que, mereció Auto de la misma fecha; por el cual, se aprobó la liquidación en la suma de Bs2 400.- que adeuda la impetrante de tutela, del 27 de julio al 27 de octubre de 2022, debiendo pagar dicho monto al tercer día de su notificación, bajo conminatoria de expedirse mandamiento de apremio, actuados notificados a la ahora solicitante de tutela en el domicilio procesal de su referido abogado (Conclusiones II.4); finalmente, Mary Luz López Torrico, dentro del referido proceso de asistencia familiar, solicitó se emita mandamiento de apremio, mediante memorial presentado el 23 de noviembre del citado año; y, por Auto de la misma fecha, la autoridad jurisdiccional hoy demandada, ordenó emitir el mandamiento de apremio contra Lizeth Enríquez Andia, actuados notificados a la ahora accionante en la misma fecha (Conclusiones II.5); expidiéndose el referido mandamiento el 1 de diciembre de 2022; por el que, la Jueza demandada ordenó el apremio de la hoy impetrante de tutela, hasta que pague el monto de Bs2 400.-, por incumplimiento de asistencia familiar (Conclusiones II.6). Ahora bien, conforme se señala en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, cuando el suministro de asistencia familiar es incumplido por el obligado, conforme al procedimiento establecido en el art. 415.I, II y III del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), una vez aprobada la planilla de liquidación, la autoridad judicial debe ejercer los medios compulsivos para su cumplimiento, entendiendo que el apremio corporal como medio compulsivo resulta necesario para el cumplimiento de la asistencia familiar, en razón de la prontitud que exigen las necesidades básicas del beneficiario. En el caso examinado, toda vez que la liquidación de asistencia familiar devengada fue aprobada y fue puesta en conocimiento de la obligada, la misma constituía una obligación plenamente exigible, y su incumplimiento habilitaba el dictado de medidas compulsivas como la emisión del mandamiento de apremio; en tal sentido, la acción tutelar no puede emplearse como vía para suspender el cumplimiento de una obligación alimentaria legítimamente cuantificada, pues ello resulta contraria a la regla constitucional de insoslayabilidad del suministro y desvirtuaría la función protectora que caracteriza a esta obligación, tanto más si tal como establece el art. 127.I del CFPF “Su oportuno suministro no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno, bajo responsabilidad de la autoridad judicial”; finalmente, la hoy accionante, no puede alegar el desconocimiento del proceso de asistencia familiar; al cual, se apersonó de manera personal (Conclusión II.2) y por intermedio de su defensa técnica y conforme se tiene relacionado supra, fue notificada con la solicitud de la liquidación de asistencia familiar e inclusive con la liquidación en su domicilio procesal.

Consiguientemente, la jueza demandada, al haber dispuesto la emisión del mandamiento de apremio ante el incumplimiento del suministro de la asistencia familiar devengada, previo cumplimiento del procedimiento legal previsto en el Código de las Familias y del Proceso Familiar; y estando acreditada la notificación con la solicitud de la liquidación y de la aprobación de la liquidación, no ha incurrido en la conculcación de los derechos a la libertad personal, a la justicia pronta y oportuna, a la protección efectiva; y, al debido proceso del accionante; razón por la cual, corresponde denegar la tutela impetrada respecto a este punto. En cuanto a la codemandada Mary Luz López Torrico, conforme a lo resuelto precedentemente no se advierte de que manera hubiera lesionado los derechos de la hoy accionante, puesto que al respecto no cursa en el cuaderno procesal, ningún elemento de prueba que permita de manera objetiva acreditar la afectación de su integridad física y la privación de su libertad que denuncia que le sea atribuible a dicha codemandada; razón por la cual, corresponde denegar la tutela solicitada. Con relación al codemandado Jhonny Delgado Bautista, de quien se alega que sería el policía que le privó de libertad a la accionante, si bien no consta el nombre del funcionario policial que ejecutó el mandamiento de apremio en la constancia de su diligenciamiento en el reverso de dicha orden; sin embargo, es evidente que la peticionante de tutela fue apremiada precisamente en cumplimiento al referido mandamiento de apremio; por lo que, no es evidente que con su ejecución se hubiera lesionado su derecho a la libertad de manera ilegal e indebida; razón por la cual, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 17/2022 de 24 de diciembre, cursante de fs. 46 a 47, pronunciada por La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0264_2026-S3.pdf · páginas 1 a 11.

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