B.IA.LEGAL

SCP 0264/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 10 de abril de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
10 de abril de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
51160-2022-103-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El demandante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, dignidad humana y debido proceso; toda vez que, la autoridad jurisdiccional y la funcionaria de apoyo jurisdiccional, por más de un mes, no recogieron los cuadernos del proceso penal seguido en su contra, de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, para posteriormente remitirlo al juzgado que conocerá su causa. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; b) El plazo en el que el Tribunal de apelación debe devolver los antecedentes ante el juez de origen c) La legitimación pasiva en la acción de libertad; y, d) Análisis del caso en concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:

CONFIRMAR la Resolución 21/2022 de 15 de octubre, cursante de fs. 38 a 42 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida
  2. III.2. El plazo en el que el Tribunal de apelación debe devolver los antecedentes ante el juez de origen
  3. III.3. La legitimación pasiva en la acción de libertad
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0264/2025-S1 Sucre, 10 de abril de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 51160-2022-103-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 21/2022 de 15 de octubre, cursante de fs. 38 a 42 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por “Graciela V. de Espinoza” en representación sin mandato de Marco German López Huanca contra Mónica Judid Cuentas Silva, Jueza y Nelly Jenny Canaviri Salto, Secretaria, ambas del Tribunal de Sentencia Penal, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 14 de octubre de 2022, cursante de fs. 3 a 4 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Doris Elia Choque en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, está ilegalmente detenido en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, hace nueve meses. Hace más de un mes, los cuadernos de control jurisdiccional permanecen en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, debido a que la parte ahora demandada no gestionó su oportuna devolución, lo que le impidió realizar actos procesales orientados a obtener su libertad; no obstante, que solicitó a la Secretaria -ahora demandada- el recojo de los mismos, dicha funcionaria no actuó conforme a lo requerido. Esta omisión compromete la responsabilidad de la autoridad jurisdiccional y la prenombrada funcionaria de apoyo, quienes tienen el deber de garantizar que los cuadernos no permanezcan indebidamente fuera del despacho jurisdiccional. Por lo que, se encontraría frente a una situación arbitraria de un Juzgado que vulneraría sus derechos, principios y garantías constitucionales, dado que al tener el cuaderno de control jurisdiccional fuera del Juzgado y no remitir al juzgado respectivo para radicar dicha causa, acciones que le causarían perjuicio para acceder a su libertad.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, considera como lesionados sus derechos a la libertad, dignidad humana y debido proceso, citando al efecto los arts. 7, 8.I, 22, 23.I, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 9.1 y 14.3 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se ordene a las ahora demandadas, que en el plazo de veinticuatro horas recojan el cuaderno de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, sea con sanción y denuncia al Consejo de la Magistratura.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 15 de octubre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 9 a 12 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El solicitante de tutela por intermedio de su abogada, en la audiencia pública virtual, ratificó el contenido la acción de defensa y ampliando la misma, señaló que: Hace más de dos semanas atrás que se llevó una audiencia, y que mientras no se devuelvan estos documentos al Juzgado respectivo no podrá radicar la causa, siendo varios los pedidos a la referida Secretaria, para que recoja el cuaderno, quien hizo caso omiso a dichos requerimientos y ni la Jueza dispuso que se retire esa documentación; pues la presente acción tutelar buscaría la efectividad del principio de celeridad, porque las demandadas vulneraron el debido proceso no cumpliendo plazos procesales, ya que no actúan diligentemente; sin embargo, el principio de celeridad obliga a quienes administran justicia, eviten retardaciones o dilaciones indebidas en aquellos casos vinculados a personas que se encuentran detenidas preventivamente.

I.2.2. Informe de la autoridad y funcionaria judicial demandadas

Mónica Judid Cuentas Silva, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz, presentó informe escrito cursante de fs. 13 a 14, señalando: a) Que el referido proceso contaría con recurso de apelación y recusación, habiéndose elevado en consulta a las Salas Penales, conforme las copias adjuntas, y del informe verbal de la Secretaria, se tendría que los mismos no fueron devueltos al Tribunal de origen; b) La Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010- en su art. 94 en concordancia con el art. 56 del Código de Procedimiento Penal (CPP), es específico respecto a las obligaciones del Secretario, no pudiendo la autoridad judicial omitir esta normativa y realizar las funciones del personal de apoyo jurisdiccional, entre ellas, las notificaciones, remisiones, entre otras, siendo estas funciones exclusivas del personal de apoyo jurisdiccional; toda vez que, al ser servidor público, su actuar se enmarca en la Ley del Estatuto del Funcionario Público -Ley 2027 de 27 de octubre de 1999-, lo contrario sería desnaturalizar la labor jurisdiccional que debe cumplir; c) El accionante refirió que la autoridad jurisdiccional debió abandonar su asiento judicial para constituirse en La Paz y recoger su cuaderno de apelación, desconociendo que es obligación del Secretario, Auxiliar u Oficial de un determinado juzgado o sala, devolver los cuadernos al juzgado de origen cuando ya se hubiese resuelto, no siendo función del Juez hacer el seguimiento de las causas y recoger de determinados juzgados, desconociendo su persona si la apelación y recusación promovida en este caso hubiesen sido resueltas, por lo que no fue devuelto al Tribunal de origen, d) Se debería tener presente que los juzgados de provincia no cuentan con Auxiliar, el Tribunal de Sentencia hace más de medio año que no tiene Oficial de Diligencias, encontrándose únicamente con Secretaria y es uno de los asientos judiciales con más carga procesal, por ello que se encontraría en transición en mérito al proceso de refuncionalización de Tribunales de Sentencia; y, e) No causó agravio, ni vulneró derechos y garantías constitucionales que tengan que ver con la libertad del demandante de tutela; por lo que solicita se rechace la acción interpuesta. Nelly Jenny Canaviri Salto, Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz, presentó informe escrito cursante de fs. 22 a 24, refiriendo que: 1) Lo expuesto en la acción de libertad es totalmente falso e irracional, dado que el 7 de octubre de 2022 se apersonó ante las Salas Penales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz para coordinar y recoger las apelaciones que tenían que ser devueltas al indicado Tribunal de Sentencia, y que solo la Sala Penal Tercera del mencionado Tribunal Departamental de Justicia le entregó; 2) El 14 de octubre del mismo año, nuevamente se presentó a las cuatro Salas Penales para recoger los procesos de debían ser devueltos, recogiéndose de todas, pero ninguna de ellas le devolvió el proceso del impetrante de tutela Marco German López Huanca, más aun la Sala Penal Segunda no tenía ningún otro proceso para devolver, por lo que sería totalmente fuera de la realidad el reclamo que efectúa el peticionante de tutela;

3) El 11 de octubre de igual año, la abogada del demandante de tutela de manera insistente le llamó indicando que tendría que recoger, caso contrario informaría al Consejo de la Magistratura y acudirían ante el Juez de garantías, pero se le indicó que la Sala en cuestión no la llamó indicándole que el caso ya estaría resuelto o en su caso estaría observado, para que sea recogido y hasta esa fecha el referido proceso no se encontraba para ser devuelto; 4) Que el Tribunal de Sentencia no contaría con Oficial de Diligencias hace más de cinco meses, por lo que tendría que asistir a audiencias presenciales, virtuales, atención al público, remisión, entre otros y pretender hacer salir de viaje de manera inmediata y sin tener certeza que el proceso se encuentra para devolver es totalmente irracional; y, 5) Tampoco se tendría listo el legajo de recusación que cursa en la Sala Penal Primera del precitado Tribunal Departamental, revisado el Libro de Sorteos de Recusación, éste no se encuentra descargado, tampoco está listo para ser devuelto; por lo que solicita, se deniegue la tutela.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 21/2022 de 15 de octubre, cursante de fs. 38 a 42 vta., denegó la tutela solicitada con los siguientes fundamentos: i) Se establecería que si bien el solicitante de tutela se encuentra detenido por más de nueve meses en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; sin embargo, esa privación de libertad fue dispuesta por la autoridad judicial con jurisdicción y competencia legalmente establecidas, por lo que no existiría una detención ilegal; ii) En el presente caso, el supuesto acto ilegal de las ahora demandadas no tendría una directa relación con la privación de libertad que mantiene al accionante en el referido Centro Penitenciario, ya que no hay una solicitud de cesación de medidas cautelares realizada en el Juzgado de las demandadas, ni menos demostró algún elemento de prueba que evidencie dicho extremo, sino simplemente es una afirmación del peticionante de tutela que no estaría sustentada con algún elemento de prueba que pueda valorar esta autoridad, para establecer si en efecto la conducta de las demandadas vulneraría su derecho a acceder a la libertad; iii) Por el contrario, del informe de la Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Caranavi del citado departamento, se establecería que no existe una disposición de la autoridad superior en grado que hubiera ordenado la remisión de antecedentes al Juzgado de origen, por lo que no hay una lesión directa del derecho a la libertad atribuible a la Secretaria demandada; iv) Con relación a la Jueza, la acción de libertad fue mal planteada, por cuanto ella no tendría legitimación pasiva, extremo que se evidencia en la Ley del Órgano Judicial, ya que la labor del Juez es enteramente jurisdiccional, no siendo su obligación realizar el seguimiento personal de las causas en los tribunales de apelación, pues ello implicaría vulneración al principio de imparcialidad; v) Conforme a la información remitida tanto por el solicitante de tutela como por las demandadas, el cuaderno de control jurisdiccional se encontraría en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del indicado departamento, autoridad que no habría devuelto mediante una nota los antecedentes y el Auto de Vista a la autoridad A quo, hasta el 14 de octubre de 2022; pues así lo evidenciaría el informe de la Secretaria, que no ha sido desvirtuado por el impetrante de tutela, no demostró con elemento de prueba alguna que el Vocal hasta antes de la audiencia tutelar haya emitido una nota de devolución de antecedentes al prenombrado Tribunal de Sentencia de Caranavi, por lo que la dilación en la remisión del cuaderno de control jurisdiccional no es atribuible a las autoridades demandadas, sino al superior en grado, más cuando el demandante de tutela señaló que hace dos semanas se llevó a cabo la audiencia de fundamentación de apelación de medidas cautelares, razón por la que el accionante debió dirigir su demanda a la Sala Penal Segunda del indicado Tribunal Departamental de Justicia, por la demora en la devolución del cuaderno de juicio al Juzgado de origen, por lo que operaría la ausencia de legitimación pasiva. En vía de enmienda y complementación, la parte demandante de tutela solicitó se aclare sobre la legitimación pasiva, ya que se habrían apersonado a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y le indicaron que el Tribunal de Sentencia Penal, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Caranavi del citado departamento, no recogió los antecedentes del recurso de apelación y que además el recurso fue observado y tardó para llevarse a cabo la audiencia; por lo que, las autoridades demandadas debieron enviar al juzgado nuevo con todos los antecedentes y al no hacerlo más de un mes y medio, se vulneraría el derecho a la libertad del accionante, para que pueda obtener la cesación a la detención preventiva o cualquier tipo de actuado. Se vincularía al debido proceso por existir dilaciones de la Secretaria del precitado Tribunal de Sentencia, al no recoger el cuaderno, pues su informe es muy confuso y no cumplió sus obligaciones. En respuesta, el Juez de garantías refirió que fue claro al emitir la Resolución, dado que operaría la ausencia de legitimación pasiva en el presente caso, ya que el cuaderno se encontraría en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y no existiría una nota por la que la autoridad superior en grado disponga la remisión de los antecedentes al Juzgado de origen, no se presentó prueba que evidencie aquel extremo para ser valorado y se pueda conceder o no la tutela, solo existiría el informe de la referida Secretaria que se habría apersonado ayer 14 de octubre de 2022, a la Sala Penal Segunda del indicado Tribunal Departamental de Justicia, donde le indicaron que no salió de despacho; por lo que, se consideró que la dilación es atribuible al superior en grado y no así a las demandadas.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa CITE OF. 3367/2022 de 16 de agosto, mediante el cual se remite el expediente del proceso penal interpuesto por el Ministerio Público contra Marco German López Huanca -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, a la Sala Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con sello de recepción en plataforma de 17 de agosto de 2022 (fs. 15).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El demandante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, dignidad humana y debido proceso; toda vez que, la autoridad jurisdiccional y la funcionaria de apoyo jurisdiccional, por más de un mes, no recogieron los cuadernos del proceso penal seguido en su contra, de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, para posteriormente remitirlo al juzgado que conocerá su causa. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; b) El plazo en el que el Tribunal de apelación debe devolver los antecedentes ante el juez de origen c) La legitimación pasiva en la acción de libertad; y, d) Análisis del caso en concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, reiterada por la SCP 0332/2021-S1 de 12 de agosto -entre otras-, asumió el siguiente razonamiento: La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubreefectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho; a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Con ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.

III.2. El plazo en el que el Tribunal de apelación debe devolver los antecedentes ante el juez de origen

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0589/2019-S2 de 22 de julio, asumió el siguiente razonamiento entre otras:

Respecto al plazo en el cual, el Tribunal de apelación debe devolver los antecedentes al juzgado de origen luego de revolver la apelación, en la SCP 2077/2012 de 8 de noviembre, en su Fundamento Jurídico III.3. establece:

…el art. 251, modificado e incorporado por la Disposición final segunda de la LSNSC, señala que una vez remitido el expediente ante el Tribunal de apelación, éste “resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior, debiendo incluirse dicho entendimiento bajo los argumentos expuestos del principio de celeridad, debido proceso y prohibición de dilación en el proceso, indicando que una vez el Tribunal de apelación dentro del plazo de tres días de recibidas las actuaciones, resuelva la apelación; deberá remitir el expediente, el acta y la Resolución correspondiente al Juzgado o Tribunal de origen dentro del plazo máximo de 24 horas".

III.3. La legitimación pasiva en la acción de libertad

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0078/2018-S2 de 23 de marzo, asumió el siguiente entendimiento: Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 0691/2001-R de 9 de julio, definió la legitimación pasiva señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, la SC 0010/2010-R de 6 de abril estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 18 de agosto. Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo, se refuerza el entendimiento antes señalado y se precisa que para la procedencia de esta acción tutelar es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en 3En su Cuarto Considerando, indica: “Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción, lo que no ocurre en el presente caso…”. 4El FJ III.5, determina: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”. 5El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción.

En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”.

concreto, es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción. Asimismo, la SC 1651/2004-R de 11 de octubre estableció que para la procedencia del hábeas corpus -ahora acción de libertad- es imprescindible que la misma esté dirigida contra la autoridad que cometió el acto ilegal o la omisión indebida lesiva del derecho a la libertad, ya que la inobservancia de este entendimiento, en aplicación del presupuesto procesal de la legitimación pasiva, impide al control de constitucionalidad ingresar al análisis de fondo de la problemática, entendimiento que fue ratificado en la SC 0330/2013-L de 16 de mayo, que señaló que no existe legitimación pasiva cuando la autoridad o persona demandada no participó en la vulneración de los derechos invocados. Como se puede advertir, la jurisprudencia que señala que no existe legitimación pasiva cuando la autoridad o persona demandada no participó en la vulneración de los derechos alegados, se mantuvo a lo largo de toda la historia de la jurisprudencia constitucional.

III.4. Análisis del caso concreto

El demandante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, dignidad humana y debido proceso; toda vez que, la autoridad jurisdiccional y la funcionaria de apoyo jurisdiccional, por más de un mes, no recogieron los cuadernos del proceso penal seguido en su contra, de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, para posteriormente remitirlo al juzgado que conocerá su causa. De los antecedentes anotados en las Conclusiones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Marco German López Huanca por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, mediante CITE OF. 3367/2022 de 16 de agosto, se remitió el expediente a la Sala Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, cuyo sello de recepción en plataforma consigna 17 de agosto de igual año (Conclusión II.1), de 6El FJ III.1, menciona: “La uniforme jurisprudencia constitucional dictada por este Tribunal ha establecido el principio general según el cual, para la procedencia del hábeas corpus es ineludible que el recurso sea dirigido contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, su inobservancia neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados, ello debido a la falta de legitimación pasiva, calidad que de acuerdo a lo sostenido por la SC 691/2001-R, de 9 de julio reiterada en las SSCC 817/2001-R, 139/2002-R, 1279/2002-R y otras, se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción. En ese sentido se tienen, entre otras, las SSCC 233/2003-R y 396/2004-R, 807/2004-R”. 7El FJ III.5, refiere: “…sobre el particular, se advierte, de los hechos que motivaron la acción, que éste último no tuvo participación en la vulneración de los derechos invocados; toda vez que, no hace mención a la forma en que hubiera esta autoridad restringido su derecho a la libertad y locomoción; por lo que, carece de legitimación pasiva…”.

lo que se constata que efectivamente los antecedentes del recurso de apelación incidental fueron remitidos al Tribunal de alzada el 17 de agosto de 2022 (Conclusión II.1). Ahora bien, efectuadas las precisiones precedentes, corresponde abordar la problemática planteada, la cual radica en la dilación indebida en el recojo de los antecedentes del recurso de apelación incidental resuelta por el Tribunal de alzada, dado que la Jueza y la Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz -ahora demandadas-, no habrían cumplido su obligación de recoger los antecedentes que fueron remitidos en grado de apelación. Al respecto, con la finalidad de resolver el problema jurídico planteado, se debe considerar que conforme se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física o personal, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho. En ese entendido, en el caso de la tramitación de una apelación de medidas cautelares, la celeridad que debe imprimirse no se limita al señalamiento de audiencia y resolución, sino también al trámite posterior; es decir, el principio de celeridad no comprende solamente el conocimiento del trámite del recurso de apelación incidental de la decisión que resuelva una medida cautelar hasta llevar a cabo la audiencia, sino también en forma posterior al trámite de devolución de los antecedentes del recurso de apelación al juzgado o tribunal de origen; en este punto, si bien el art. 251 del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, -Ley 1173 de 8 de mayo de 2019-, establece un trámite sumario a efectos de considerar los recursos de apelación de medidas cautelares; empero, no prevé el plazo para que el Tribunal de alzada, devuelva el expediente ante el juez o tribunal de origen, tampoco cuál es la autoridad encargada de remitir, o cómo se solicita en el presente caso, recoger dichos antecedentes; sin embargo, la jurisprudencia constitucional referida en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, ante dicho vacío legal -que se mantuvo incluso con la modificación anotada- y siendo que no se puede dejar en incertidumbre al imputado, sostuvo que una vez que el Tribunal de alzada dentro del plazo de tres días de recibidas las actuaciones, resuelva la apelación; debiendo devolver el expediente, el acta y el Auto de Vista correspondiente al juzgado o tribunal de origen dentro del plazo máximo de veinticuatro horas -en el entendido de que las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, conforme el art. 203 de la CPE-, por los Vocales y el Secretario del Tribunal de alzada, que son los encargados de dicha devolución. Ahora bien, tomando en cuenta el memorial de interposición de la presente acción de libertad, lo desarrollado en la audiencia tutelar, el informe evacuado por la autoridad judicial y Secretaria demandadas, se tiene que una vez remitido el legajo en grado de apelación, éste no fue devuelto al Juzgado de origen, desconociéndose si se celebró la audiencia de fundamentación del recurso de apelación incidental. No obstante, el trámite de devolución al Juzgado de origen -ahora demandado- se tiene que realizar con la debida celeridad y dentro del plazo de veinticuatro horas, conforme se desarrolló en el Fundamento

Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; en consecuencia, prima facie tanto el Vocal como el Secretario, ambos de la indicada Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, tendrían responsabilidad en cuanto a la dilación indebida para el caso de no haberse devuelto oportunamente el expediente; empero, dichos funcionarios no fueron demandados a través de la presente acción de libertad, haciendo inviable la tutela de los derechos del ahora accionante, contra los funcionarios que realmente tendrían la obligación de actuar con prontitud y celeridad en el trámite de devolución de la causa. En ese contexto, la Jueza y Secretaria demandadas, no tienen legitimación pasiva para ser demandadas en la presente causa, de conformidad al Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, por cuanto ellas no están en la obligación de devolver el expediente del proceso, pues ésta recae exclusivamente en el Vocal y Secretario de Sala del Tribunal de alzada correspondiente, quienes son los encargados para efectuar la devolución; en consecuencia, no se advierte vulneración alguna de las demandadas a los derechos invocados por el ahora impetrante de tutela, por lo que corresponde denegar la tutela solicitada en su contra. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:

CONFIRMAR la Resolución 21/2022 de 15 de octubre, cursante de fs. 38 a 42 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”. El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”. El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”.

2 El FJ III.5, indica: “El primer (instructivo); hace referencia a los supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física. Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0264_2025-S1.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): 850bab2d5b4e148620e63e03cacb70e0cc320d5dcc55b310e2ee10415c2bfb8b

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