B.IA.LEGAL

SCP 0264/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 26 de junio de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
26 de junio de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
48615-2022-98-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La parte impetrante de tutela, a través de su representante si mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad y de locomoción; toda vez que, la Jueza demandada, por decreto de 17 de junio de 2022, dispuso se libre mandamiento de apremio en su contra, a pesar de los poderes de representación que fueron otorgados y puestos bajo su conocimiento; razón por la cual, se presentó memorial donde se le comunicó a la citada autoridad, que no es Director de IABSA, sino Secretario de Actas, no teniendo facultad de disposición de recursos económicos y manejo de personal, siendo esta atribución exclusiva del Presidente del Directorio y del Gerente General de la referida empresa; empero, la autoridad demandada por medio de la providencia de 22 de igual mes y año, señaló que: “no corresponde modificar lo ordenado en el decreto de fecha 17 de junio de 2022,” (sic.). En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si lo alegado es evidente, a fin conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 012/2022 de 24 de junio, cursante de fs. 66 a 69 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada; manteniendo los efectos de la concesión otorgada por el Tribunal de garantías, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El apremio ante el incumplimiento de obligaciones laborales contra el representante legal de la empresa
  2. III.2. Del mandamiento de apremio laboral cuando hay nuevo representante legal
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0264/2024-S4 Sucre, 26 de junio de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 48615-2022-98-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 012/2022 de 24 de junio, cursante de fs. 66 a 69 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Viviana Castellanos Duran en representación sin mandato de Eddy Mamani Jancko contra Carla Fabiola Coria Prieto, Jueza de Partido de Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario Segunda del departamento de Tarija.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 23 de junio de 2022, cursante de fs. 5 a 8 vta., el accionante, por medio de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario Segundo del departamento de Tarija, cursan procesos laborales en contra de la empresa Industrias Agrícolas de Bermejo Sociedad Anónima (IABSA); mismos que, fueron signados bajo los siguientes Números de Registro Judicial (NUREJ), 6037679-Raymundo Tejerina Areco, 201700507-Alberto Alvarado Ortiz, 201702910-Rufino Cisneros Zeballos, 201703790-Paulino Choque Navarro, 6035651-Napoleón Choque Navarro; y, 201607290-Arcil Sandoval Fernández. Consiguientemente; la Jueza demandada, como consecuencia de los mencionados procesos, mediante decreto de 17 de junio de 2022; dispone que, independientemente de los poderes de representación que se otorgaron dentro de la sociedad IABSA, se libre mandamiento de aprehensión en contra de Eddy Manani Jancko -ahora accionate-; por lo que, en respuesta se presentó memorial por el cual se comunicó a la autoridad judicial que el precitado no es Director de IABSA; sino, Secretario de Actas, no teniendo facultad de disposición de recursos económicos y manejo de personal, siendo esta atribución exclusiva del Presidente del Directorio y del Gerente General de la referida empresa; empero, por medio de decreto de 22 de igual mes y año la autoridad jurisdiccional señala que; “no corresponde modificar lo ordenado en el decreto de fecha 17 de junio de 2022,” (sic.); toda vez que, la administración de la sociedad está a cargo de sus Directores.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante, por medio de su representante sin mandato, denunció como lesionado su derecho a la libertad y de locomoción; citando al efecto los arts. 22 y 23 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se le conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga que la Jueza hoy demandada deje sin efecto los decretos de 17 y 22 de junio de 2022; los cuales, cursan en los siguientes procesos con NUREJ, 6037679-Raymundo Tejerina Areco, 201700507-Alberto Alvarado Ortiz, 201702910-Rufino Cisneros Zeballos, 201703790-Paulino Choque Navarro, 6035651-Napoleón Choque Navarro; y, 201607290-Arcil Sandoval Fernández.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 24 de junio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 64 a 65 vta., presente el accionante asistido de su abogado defensor; y, ausente la autoridad demandada; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte solicitante de tutela, por intermedio de su abogado, en audiencia, ratificó íntegramente los fundamentos contenidos en su demanda de acción tutelar, y ampliándola, manifestó que: a) Previamente ofreció en calidad de prueba para ser analizada en la acción tutelar, la documental consistente en: Memorial que origino los decretos de 17 y 22 de junio de 2022, el poder de representación del representante legal y gerente general de Einar Lima Mamani, memoriales por los cuales se pone a conocimiento de la Jueza que existe un representante en la empresa AIBSA, Fundación para el Desarrollo Empresarial (FUNDAEMPRESA) y en el “SEGPREC” (sic.) del representante legal y gerente general de la indicada empresa; b) Mediante las dos providencias antes indicadas, la autoridad demandada, libra mandamiento de apremio en su contra, siendo el mismo un simple Secretario de Actas dentro el directorio de la empresa precitada; sin embargo, a decir de la Jueza demandada, la decisión asumida fue en base al Auto de Vista 67/2022; empero, este no es aplicable; ya que, está dirigido contra el Presidente de la empresa IABSA, quien tiene la facultad de ejercer la administración y disposición de recursos económicos; c) El Estatuto de la empresa ya mencionada, en su art. 49 establece que la representación legal judicial y extrajudicial lo tiene el representante de esta; no obstante, la autoridad demandada en su informe realizó una mala interpretación del art. 50 ; toda vez que, el presidente del directorio es al mismo tiempo representante de este, teniendo la atribución “de representar legal judicialmente y extrajudicialmente pudiendo delegar esta facultad, la cual ha sido delegada al señor EINAR LIMA MAMANI quien no solo es gerente general de la empresa representante legal sino actual presidente de la empresa IABSA, situación que es de conocimiento de la juez Fabiola Coria” (sic.); d) El impetrante de tutela como Secretario de Actas, controla la asistencia en las reuniones, elabora los libros de actas y otras funciones, donde está consignada la facultad de administración y disposición de recursos; e) De conformidad al art. 69 y 71 del Estatuto, el Gerente General es la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la sociedad, organiza y dirige las operaciones financieras y administrativas; es así, que EINAR MAMANI LIMA de acuerdo al Testimonio de Poder tiene facultad de disponer recursos económicos y la administración de personal, lo cual le faculta para dar cumplimiento a la sentencia; y, f) La Resolución de Directorio evidencia que EINAR MAMANI LIMA fue designado como Presidente, hasta que se convoque a nuevas elecciones de acuerdo a lo establecido en el Estatuto de la empresa IABSA; además que, el apersonamiento de este ya fue admitido.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Carla Fabiola Coria Prieto, Jueza de Partido de Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario Segunda del departamento de Tarija, por informe escrito de 24 de junio de 2022, cursante de fs. 13 a 15, indicó lo siguiente: 1) Se sigue a IABSA procesos laborales de pago de beneficios sociales, los mismos están signados con los NUREJ, 6037679 - Raymundo Tejerina Areco, 201700507-Alberto Alvarado Ortiz, 201702910-Rufino Cisneros Zeballos, 201703790-Paulino Choque Navarro, 6035651-Napoleón Choque Navarro; y, 201607290-Arcil Sandoval Fernández, encontrándose todos en etapa de ejecución de sentencia; por lo que, conforme el art 204 del Código Procesal de Trabajo, se ordenó se libre mandamiento de apremio, en contra de quién ejercía la representación legal; 2) William Rene Angles Cordova, en su calidad de Presidente y el Vicepresidente, ambos del Directorio de AIBSA, presentaron renuncia a sus cargos, por lo cual, se libró el mandamientos de apremio contra el “Sr. EDDY MAMANI otro de los DIRECTORES” (sic.), conforme el art. 50 de su Estatuto; ya que, los cinco Directores tienen responsabilidad de representar judicial y extrajudicialmente, independientemente que se otorguen poderes de representación, pues al tratarse de una Sociedad Anónima (S.A.), el DIRECTORIO no puede eludir sus facultades contenidas en su Estatuto y el Código de Comercio; por lo que, solicitó declare no ha lugar la acción tutelar planteada.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 012/2022 de 24 de junio, cursante de fs. 66 a 69 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad demandada deje sin efecto el mandamiento de apremio en contra del accionante y el decreto de fecha 22 de junio de 2022, con relación a la orden que abría emitido, más allá de que no se haya librado el correspondiente mandamiento; determinación en base a los siguientes fundamentos: i) Esta acción de libertad es preventiva, considerando que existe una amenaza inminente de perder la libertad; ya que, no se ha demostrado que exista físicamente un mandamiento de apremio y en el informe la autoridad demandada, refiere que no ha sido elaborado; y, ii) Si bien es cierto que el solicitante de tutela como Secretario es parte del Directorio de la empresa IABSA; sin embargo, no tiene facultad de disposición ni manejo de recursos económicos, conforme lo indica el art. 52 del Estatuto de la referida empresa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta decretos de 17 y 22 de junio de 2022; por el cual, la Jueza de Partido de Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario Segunda del departamento de Tarija autoridad –hoy demandada–; dispuso, en el primero se libre mandamiento de apremio en contra Eddy Mamani Jancko –ahora accionante–; y, en el segundo ratificó lo dispuesto en el primer decreto de la data precitada (fs. 18 y 19). II.2. Cursa Poder 007/2022 de 5 de enero, labrado por el Notario de Fe Pública 3 de Bermejo; por el cual, a tiempo de Revocar el Poder 563/2021; Williams René Angles Córdova, Diego Rodrigo Butrón Verastegui y Eddy Mamani Jancko, en calidad de Presidente, Vicepresidente y Secretario del Directorio respectivamente, confieren poder general de administración de IABSA a favor de Heynar Lima Mamani (fs. 20 a 23) II.3. Por memoriales de 24 de junio de 2022, Heynar Lima Mamani, se apersona ante el Juzgado de Partido, de Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario Segunda del departamento de Tarija, en los procesos laborales signados bajo los siguientes NUREJ, 6037679-Raymundo Tejerina Areco, 201700507-Alberto Alvarado Ortiz, 201702910-Rufino Cisneros Zeballos, 201703790-Paulino Choque Navarro, 6035651-Napoleón Choque Navarro, 201607290-Arcil Sandoval Fernández; y, proceso seguido por Carlos Navor Quiroga Quiroga (fs. 24 a 30)

II.4. Mediante Resolución de Directorio de IABSA 00772022 –no consigna fecha–, fue nombrado Heynar Lima Mamani como Presidente a.i., hasta que se convoque a nuevas elecciones del directorio de la aludida empresa (fs. 31).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte impetrante de tutela, a través de su representante si mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad y de locomoción; toda vez que, la Jueza demandada, por decreto de 17 de junio de 2022, dispuso se libre mandamiento de apremio en su contra, a pesar de los poderes de representación que fueron otorgados y puestos bajo su conocimiento; razón por la cual, se presentó memorial donde se le comunicó a la citada autoridad, que no es Director de IABSA, sino Secretario de Actas, no teniendo facultad de disposición de recursos económicos y manejo de personal, siendo esta atribución exclusiva del Presidente del Directorio y del Gerente General de la referida empresa; empero, la autoridad demandada por medio de la providencia de 22 de igual mes y año, señaló que: “no corresponde modificar lo ordenado en el decreto de fecha 17 de junio de 2022,” (sic.). En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si lo alegado es evidente, a fin conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El apremio ante el incumplimiento de obligaciones laborales contra el representante legal de la empresa

Respecto al apremio por el incumplimiento de obligaciones laborales en ejecución de sentencia, la SCP 0182/2012 de 18 de mayo, refirió que: “La Norma Fundamental de nuestro Estado Plurinacional, protege ampliamente los derechos del trabajador. Así, en su art. 48.III señala: ‘Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos’. En esa línea, el art. 213 del CPT, establece que ‘Las sentencias ejecutoriadas se harán cumplir por el juez de primera instancia, que concederá a la parte perdidosa un plazo de tres días para el efecto’; y, el art. 216 del dicho Código, prescribe: ‘Si transcurridos los tres días para la ejecución de la sentencia, el litigante perdidoso no cumple su obligación, el juez librará mandamiento de apremio del ejecutado’.

De manera excepcional, como estableció la Ley de Abolición de Prisión y Apremio Corporal por Obligaciones Patrimoniales, el incumplimiento de ciertas obligaciones patrimoniales, hace viable la restricción del derecho a la libertad física de la persona, en materias laboral, familiar y seguridad social. Sin embargo, la restricción de este derecho debe ser acorde a los límites establecidos en la ley, tal cual prescribe el art. 23.I de la CPE, por ello es imprescindible la intimación por escrito por autoridad competente y la expedición del mandamiento, previo cumplimiento de los requisitos, formalidades y condiciones previstas en el ordenamiento jurídico.

En el marco de ese entendimiento, la autoridad judicial previamente a emitir el mandamiento de apremio contra el obligado, inexcusablemente debe notificar con la conminatoria al pago dentro del plazo previsto por ley, sea en forma personal o por cédula en el domicilio señalado a efectos del proceso. Así, la SC 0393/2003-R de 26 de marzo, reiterando el entendimiento asumido en la SC 0239/2003-R de 27 de febrero, expresó: ‘…en ejecución de sentencia el litigante perdidoso debe ser notificado con la conminatoria previamente al cumplimiento de la obligación en el término que le fija, vencido el cual y al no hacer efectiva la misma se dispone su apremio’.

Ahora bien, en la tramitación de un proceso laboral, la autoridad judicial debe emitir el mandamiento de apremio contra quien esté investido de la calidad de empleador y tratándose una persona jurídica, contra quien acredite la representación legal de la empresa; empero, en uno y otro caso, deben tener suficientes facultades de administración, gestión y disposición patrimonial en relación al giro comercial de la empresa, que denoten precisamente su calidad de empleador; no así, contra quien acredite una mera representación a los efectos de un proceso laboral concreto, con potestades relacionadas únicamente al trámite de la causa judicial, puntualmente establecidas en el instrumento de poder que ha sido expresamente conferido, sin potestad alguna para intervenir en el giro comercial de la empresa.

Consecuentemente, tratándose de mandamientos de apremio para el cumplimiento de lo dispuesto en sentencias ejecutoriadas dictadas en procesos laborales, corresponde expedir el mismo contra quien intervino en el proceso propiamente como empleador y tratándose de personas jurídicas, contra su representante legal que intervino en el mismo, ostentando facultades en los términos expuestos precedentemente; esto es, de gestión, administración, disposición patrimonial y otras inherentes al giro de la empresa, salvo el caso que la condición de personero legal haya sido sustituida por otra persona y aceptada por la autoridad judicial, en cuyo caso la medida compulsiva será librada contra el nuevo representante legal.

Ahora bien, corresponde señalar que la Constitución Política del Estado en actual vigencia, es más garantista en cuanto a la protección de los derechos del trabajador, asumiendo que el trabajo debe asegurar para el trabajador y su familia una existencia digna, por ello el precepto contenido en su art. 48.II manda que la normas laborales deban interpretarse y aplicarse bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad.

En ese orden, con el propósito de materializar los derechos del trabajador, como en este caso los beneficios sociales, la norma adjetiva laboral en su art. 216, ante el incumplimiento de la obligación de pago de beneficios sociales determinados en sentencia, en ejecución de la misma estableció la potestad de emitir mandamiento de apremio contra el ejecutado. Esta medida restrictiva del derecho a la libertad, no debe ser entendida como una sanción o punición en contra del empleador, al contrario, el espíritu de esta medida se caracteriza por ser estrictamente compulsiva, cuya finalidad es de asegurar el cumplimiento de la obligación social a favor del trabajador” (las negrillas son nuestras).

III.2. Del mandamiento de apremio laboral cuando hay nuevo representante legal

La jurisprudencia constitucional, a partir del AC 0377/99-R de 1 de diciembre de 1999, señala que constituye: “…un requisito procesal inexcusable el apersonamiento del nuevo apoderado dentro de todo proceso y asumir él mismo el lugar en que se encuentra el mandatario sustituido con el objeto de que el Juez, previa revisión del documento, acepte o rechace su personería y será recién a partir de la providencia de aceptación que el nuevo representante podrá asumir la representación en el juicio y hacerse responsable tanto de las obligaciones como de los derechos que pudieran emerger de la causa, de conformidad al art. 114 del Código Procesal del Trabajo”.

Este entendimiento fue asumido, entre otras, por las SSCC 0736/2002-R, 0235/2003-R, 0970/2003-R, 1766/2004-R y 1341/2005-R. Esta última Sentencia enfatiza además que conforme a los precedentes citados ha quedado “…por demás clara la línea jurisprudencial en sentido de que el mandamiento de apremio como medida compulsiva en materia laboral, cuando sea emergente de un proceso seguido contra una persona jurídica, debe ser emitido contra el representante o representantes legales que asumieron defensa por esa persona, salvo que en ejecución de sentencia se presente otro personero legal, cuya personería sea aceptada o admitida por el Juez de la causa, pues ante esta nueva representación es lógico suponer que el Juez deberá dejar sin efecto el mandamiento emitido en contra del anterior representante legal y deberá emitir un nuevo contra el actual. A contrario sensu, cuando no sea aceptada la personería de la persona que se presente alegando ser el nuevo representante legal, es lógico que el mandamiento de apremio emitido o por emitirse deberá ser ejecutado contra los representantes que asumieron defensa por la persona jurídica demandada” (las negrillas nos corresponden).

La SC 0065/2011-R de 7 de febrero, complementando este entendimiento asumido en cuanto al mandamiento de apremio contra el representante legal, refirió: “…se dan situaciones en que está en trámite el apersonamiento del nuevo representante legal; es decir, en conocimiento de la autoridad judicial a quien sólo le resta pronunciarse, entonces, si ya existe conocimiento material de que hay un nuevo representante legal y que ha acudido ante la autoridad competente y ésta todavía no se ha pronunciado, no es posible que pese a ello, a ultranza se ordene librar mandamiento de apremio contra quien si bien se siguió el proceso; empero, con el nuevo apersonamiento tiene cuestionada su representación. En estos casos, la autoridad judicial debe tomar en cuenta que el nuevo apersonamiento está ligado estrictamente a la libertad física, toda vez que, de la respuesta que vaya a dar dependerá la supresión o no de la libertad del anterior representante, por ello, debe imprimir un trámite inmediato y sin dilaciones, y una vez analizada la documental aparejada debe pronunciarse por la admisión o rechazo de la personería del nuevo representante.

Asimismo, mientras dure este trámite que se reitera es breve y casi inmediato, una vez presentada la solicitud de nuevo apersonamiento, en ese ínterin, no es posible ordenar el apremio de la persona cuya representación se está cuestionando o reemplazando; en todo caso, el juez debe resolver y en base a ello de inmediato disponer contra qué persona ordenará el apremio; de lo contrario se podría generar una situación jurídica lesiva a derechos fundamentales, y si bien el apremio es una medida legal; no obstante, su uso no debe ser irracional, sino en un plano objetivo, como medida compulsiva y no como castigo.

En consecuencia, en ejecución de sentencia ante el incumplimiento al pago dispuesto judicialmente, como derechos o beneficios sociales, el juez de la causa está facultado para ordenar que se libre mandamiento de apremio contra:

1) El representante legal apersonado y que asumió defensa durante el proceso.

2) En caso de que exista otro representante legal; necesariamente se debe apersonar ante la autoridad judicial. En caso de admisión de dicho apersonamiento, corresponde dejar sin efecto y/o no emitir, orden de apremio contra el anterior representante, sino contra el actual.

3) Una vez presentada la solicitud de apersonamiento de quien adujere ser el actual representante legal; la autoridad judicial, sin mayor trámite a la brevedad posible debe pronunciarse al respecto; no pudiendo librarse o ejecutarse el apremio contra quien se prosiguió el proceso si todavía el juez de la casusa no ha resuelto el nuevo apersonamiento” (énfasis añadido).

Posteriormente, la SCP 0182/2012 de 19 de mayo del 2012, moduló el anterior razonamiento indicando que no es suficiente el apersonamiento para la aceptación de la personería del nuevo apoderado; sino que, el juez debe analizar si el representante legal de la empresa, tiene: “…suficientes facultades de administración, gestión y disposición patrimonial en relación al giro comercial de la empresa, que denoten precisamente su calidad de empleador; no así, contra quien acredite una mera representación a los efectos de un proceso laboral concreto, con potestades relacionadas únicamente al trámite de la causa judicial…”.

III.2.1. Necesidad de complementar el entendimiento asumido sobre la orden de apremio contra el representante legal

No obstante, lo expuesto en el punto precedente, se dan situaciones en que el nuevo representante legal en ejecución de sentencia, no realiza el correspondiente apersonamiento ante la autoridad judicial; por lo que, ante dicha omisión, y considerando el último representante legal que asumió defensa en el proceso, que dentro del mismo se pone en riesgo sus derechos fundamentales –como a la libertad–, corresponde a este controvertir su representación ante la autoridad judicial correspondiente, dando a conocer documentalmente la cesación de su representación legal, a efecto de que la autoridad judicial, imprimiendo un trámite inmediato y sin dilaciones, previa revisión de la documentación aparejada, se pronuncie al respecto; y en caso de admitir la nueva representación legal, deberá dejar sin efecto el mandamiento de apremio o no emitir el mismo en contra del anterior representante legal, sino contra el actual.

En ese razonamiento, no es posible ordenar librar mandamiento de apremio contra Eddy Mamani Jancko –hoy accionate-; toda vez que, si bien se sigue un proceso laboral en su contra, se tiene cuestionada su representación ante el cese de su cargo y/o la existencia de un nuevo represente legal de la empresa IABSA. En estos casos, la autoridad judicial debe tomar en cuenta que al estar controvertida la representación legal de la sociedad mencionada, ante la existencia de un nuevo representante, el mismo se encuentra ligado estrictamente a la libertad física; por lo que, como se dijo deberá imprimir un trámite inmediato y sin dilaciones, y una vez analizada la documental aparejada de manera inmediata deberá pronunciarse por la admisión o rechazo de la personería del nuevo representante legal, pues de la respuesta que vaya a dar dependerá la restricción o no de la libertad del anterior comisionado; de lo contrario se podría generar una situación jurídica lesiva a derechos fundamentales; y, si bien el apremio es una medida legal; no obstante, su uso debe estar dentro de los marcos legales previstos para la materia no debiendo ser irracional, sino en un plano objetivo, como medida compulsiva contra la persona legalmente responsable.

III.3. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad y de locomoción; toda vez que, la Jueza demandada, por decreto de 17 de junio de 2022, dispuso se libre mandamiento de apremio en su contra, a pesar de los poderes de representación que fueron otorgados y puestos bajo su conocimiento; razón por la cual, se presentó memorial donde se le comunicó a la citada autoridad, que no es Director de IABSA, sino Secretario de Actas, no teniendo facultad de disposición de recursos económicos y manejo de personal, siendo esta atribución exclusiva del Presidente del Directorio y del Gerente General de la referida empresa; empero, la autoridad demandada por medio de la providencia de 22 de igual mes y año, señaló que: “no corresponde modificar lo ordenado en el decreto de fecha 17 de junio de 2022,” (sic.). Ahora bien, de la revisión de antecedentes desarrollado en Conclusiones de este fallo constitucional, consta los dos decretos antes referidos, donde la Jueza demandada indica que, si bien se dispuso se libre mandamiento de apremio, no obstante este no fue elaborado; se evidencia el Poder 007/2022, por el cual, Williams René Angles Córdova, Diego Rodrigo Butrón Verastegui y Eddy Mamani Jancko, en calidad de Presidente, Vicepresidente y Secretario del Directorio confieren poder general de administración de IABSA a favor de Heynar Lima Mamani, los memoriales de apersonamiento de fecha 24 de junio de 2022 que este presenta a la hoy demandada en los diferentes procesos laborales donde le hace conocer que es el nuevo Presidente a.i. de la empresa IABSA, adjuntándose para el efecto la Resolución de Directorio 007/2022; por lo que, de la contratación de la documental referida, se puede establecer que los memoriales precitados fueron presentados a la autoridad judicial demandada antes de la audiencia de consideración de la presente acción tutelar; y, que el informe labrado por la misma fue data del mismo día de la audiencia sin remitir el cuaderno procesal.

Se tiene que, varios trabajadores siguen en contra IABSA procesos laborales por pago de beneficios sociales, los mismos están signados con los NUREJ, 6037679-Raymundo Tejerina Areco, 201700507-Alberto Alvarado Ortiz, 201702910-Rufino Cisneros Zeballos, 201703790-Paulino Choque Navarro, 6035651-Napoleón Choque Navarro; y, 201607290-Arcil Sandoval Fernández, encontrándose todos en etapa de ejecución de sentencia; en consecuencia, la Jueza hoy demandada ante la renuncia del Presidente y Vicepresidente del Directorio de la empresa prenombrada, dispuso por decreto de 17 de junio de 2022, se emita mandamiento de apremio en contra de Eddy Mamani Jancko –ahora parte solicitante de tutela-, conforme al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional que indica: “…en ejecución de sentencia el litigante perdidoso debe ser notificado con la conminatoria previamente al cumplimiento de la obligación en el término que le fija, vencido el cual y al no hacer efectiva la misma se dispone su apremio” .

Ahora bien, ante la orden de emisión de mandamiento de apremio dispuesto por la autoridad ahora demandada en contra del accionante, éste mediante memorial, solicita se deje sin efecto el decreto precitado, indicándole que ocupa el cargo de Secretario dentro del Directorio de IABSA; por lo tanto, no es el representante legal de la empresa referida; y, que dentro las funciones que ocupa en el Directorio, no tiene facultad de disposición de recursos económicos y manejo de personas; a lo que, la autoridad demandada por decreto de 22 de junio de 2022, ratifica in extenso el decreto de 17 de igual mes y año precitado. Con base a dichos antecedentes debe tenerse presente que, de acuerdo a la Jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.2 el mandamiento de apremio como medida compulsiva en materia laboral, cuando sea emergente de un proceso seguido contra una persona jurídica, debe ser emitido contra el representante o representantes legales que asumieron defensa por esa persona; salvo que, en ejecución de sentencia se presente otro personero legal, cuya personería sea aceptada o admitida por el Juez de la causa, pues ante esta nueva representación es lógico suponer que la autoridad judicial dejara sin efecto el mandamiento en contra del anterior representante legal y deberá emitir uno nuevo contra el actual. A contrario sensu, cuando no sea aceptada la personería de quien alegue ser el nuevo representante legal, es lógico que el mandamiento de apremio emitido o por emitirse deba ser ejecutado contra los representantes que asumieron defensa por la persona jurídica demandada. Asimismo, mientras dure este trámite que se reitera es breve y casi inmediato, una vez presentada la solicitud de nuevo apersonamiento; en ese ínterin, no es posible ordenar el apremio de la persona cuya representación se está cuestionando o reemplazando; en todo caso, el Juez debe resolver tal situación; y, en base a ello disponer contra qué persona ordenará el apremio; de lo contrario se podría generar una situación jurídica lesiva a derechos fundamentales, y si bien el apremio es una medida legal; no obstante, su uso no debe ser arbitraria y/o desproporcional, sino en un plano objetivo, como medida compulsiva y no como castigo; por otra parte, es de fundamental consideración que se tome en cuenta, la Fundamentación Jurídica ut supra mencionada en lo referente a que no es suficiente el apersonamiento para la aceptación de la personería del nuevo apoderado; sino que, la autoridad judicial debe analizar si el representante legal de la empresa, tiene suficientes facultades de administración, gestión y disposición patrimonial en relación al giro comercial de la empresa, que denoten precisamente su calidad de empleador; no así, contra quien acredite una mera representación a los efectos de un proceso laboral concreto, con potestades relacionadas únicamente al trámite de la causa judicial.

Finalmente por los Fundamentos Jurídicos III.2.1, expuestos en el presente fallo constitucional y la jurisprudencia constitucional, a partir del AC 0377/99-R de 1 de diciembre de 1999, señala que constituye: “…un requisito procesal inexcusable es el apersonamiento del nuevo apoderado dentro de todo proceso y asumir él mismo el lugar en que se encuentra el mandatario sustituido con el objeto de que el Juez, previa revisión del documento, acepte o rechace su personería y será recién a partir de la providencia de aceptación que el nuevo representante podrá asumir la representación en el juicio y hacerse responsable tanto de las obligaciones como de los derechos que pudieran emerger de la causa, de conformidad al art. 114 del Código Procesal del Trabajo”; consecuentemente, por los memoriales de apersonamiento presentados justo antes de la celebración de la audiencia de consideración esta acción tutelar, por parte de HEYNAR LIMA MAMANI como nuevo Representante legal de IABSA, corresponde tomar en cuenta los presupuestos de subsidiariedad excepcional en los que se rige esta acción tutelar pues, al haberse activado con los memoriales de apersonamiento un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, en la vía ordinaria y que a tiempo de la resolución de la consideración tutelar estaba pendiente del pronunciamiento de la jueza sobre la aceptación o rechazo del mismo lo que constituye en un óbice para resolver el fondo, pues podría generarse fallos contradictorios ante la activación paralela de recursos en la jurisdicción constitucional y la ordinaria.

Ahora bien, sin perjuicio de lo resuelto en atención al principio pro actione en virtud a estar en riesgo la libertad del accionante, corresponde dimensionar los efectos de la presente resolución manteniendo lo dispuesto por el tribunal de garantías constitucionales en sentido de que, ante la existencia de apersonamientos en los diferentes procesos laborales que se encuentran pendientes de pronunciamiento por parte de la autoridad demandada, y que al están ligados estrictamente a la libertad física; corresponde que la autoridad se pronuncie de manera inmediata pues de ello dependerá la libertad o no del ahora solicitante de tutela, toda vez que de dicho resulta deberá disponer contra qué persona se ordenará el apremio, para asegurar el cumplimiento de la obligación social a favor del trabajador.

En base a los fundamentos expuestos, corresponde denegar la tutela impetrada, dimensionando los efectos manteniendo lo dispuesto por el tribunal de garantías en tanto la autoridad demandada se pronuncie aceptando o rechazando, el apersonamiento del nuevo representante legal de AIBSA. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 012/2022 de 24 de junio, cursante de fs. 66 a 69 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada; manteniendo los efectos de la concesión otorgada por el Tribunal de garantías, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0264_2024-S4.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 375b0489b7d4e296935796ec22f2d510fb19d320b97eb874c839d3211bf94528

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