Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 17 de abril de 2023
Concede la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral; puesto que, el Alcalde ahora accionado, pese a conocer que tiene un hijo menor a un año de edad y con problema de pie bot bilateral, no cumplió con la Conminatoria M.T.E.P.S. –J.D.T.OR–D.S.V.G–03/2022 de 25 de enero de 2021, emitida por la Jefatura Departamental de Oruro del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social en su favor, con el pretexto de que dicha conminatoria tiene defectos e inconsistencias; por lo que, su despido fue justificado. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 45/2022 de 5 de abril, cursante de fs. 111 a 114, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los términos dispuestos por la referida Sala Constitucional, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0264/2023-S3 Sucre, 17 de abril de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 46876-2022-94-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 45/2022 de 5 de abril, cursante de fs. 111 a 114, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Genaro José Poma Ramírez contra Adhemar Wilcarani Morales, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro.
El accionante, por memorial presentado el 31 de marzo de 2022, cursante de fs. 43 a 50 vta., manifestó lo siguiente:
Por una falsa acusación de su ex pareja, le sometieron a una audiencia de medidas cautelares el 23 de junio de 2021, en la que dispusieron su detención preventiva, ingresando en cuarentena forzosa a causa de la pandemia por el Coronavirus (COVID-19); empero, mediante su esposa presentó dos notas dirigidas al Alcalde ahora accionado solicitando compensación de dos días por la feria Oruro Moderno. Cuando ya estuvo en comunicación con su esposa, el 3 de julio de 2021, volvió a presentar notas dirigidas al Alcalde hoy accionado, solicitando su inamovilidad laboral por tener un hijo menor a un año de edad (tres meses), quien tiene problemas de pie bot bilateral y justificando su ausencia laboral por esos días; puesto que, se encontraba con detención preventiva, pidió solidaridad, comprensión y ayuda; ya que, es el único sostén de su familia y su hijo menor de edad necesita tratamiento especializado; sin embargo, no recibió respuesta alguna.
Encontrándose en libertad desde el 7 de septiembre de 2021, presentó nota de solicitud de reincorporación laboral, adjuntando documentación y justificaciones para la inamovilidad laboral; no obstante, recién el 26 de octubre del indicado año, fue notificado con la respuesta adjuntando un informe -Criterio Legal D.A. J /G.A.M.O/m.r.l./ 868/21 de 6 de octubre de 2021- basado en una normativa que no se encontraba vigente, Reglamentos Internos que no estaban aprobados por el Ministerio de Trabajo, en la que concluyó que la inasistencia injustificada por más de seis días continuos se considera como retiro voluntario tácito, sin pronunciarse a las justificaciones de su ausencia, tampoco a su inamovilidad laboral por tener un hijo menor a un año de edad que padece del problema de pie bot bilateral. Asimismo, tuvo que acudir a la Jefatura Departamental de Oruro del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, instancia que emitió la Conminatoria M.T.E.P.S. –J.D.T.OR–D.S.V.G–03/2022 de 25 de enero de 2021 -corregido en cuanto al año de su emisión-, disponiendo su inmediata reincorporación a su fuente laboral, más el pago de las asignaciones familiares, los sueldos devengados desde el mes de junio y todos sus derechos sociales.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral; citando al efecto los arts. 46, 48 y 49.III de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela y en consecuencia, el Alcalde ahora accionado proceda a la inmediata reincorporación a su fuente laboral, más el pago de asignaciones familiares y sueldos devengados, conforme a la Conminatoria M.T.E.P.S. –J.D.T.OR–D.S.V.G–03/2022 de 25 de enero de 2021 -corregido en cuanto al año de su emisión- emitida por la Jefatura Departamental de Oruro del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
Celebrada la audiencia pública el 5 de abril de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 106 a 110 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.
Adhemar Wilcarani Morales, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, a través de su representante legal mediante informe presentado el 5 de abril de 2022, cursante de fs. 103 a 105, así como en audiencia manifestó que: a) No hay vulneración del derecho al trabajo ni a la estabilidad laboral; puesto que, el accionante fue trabajador regular asalariado del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro y su desvinculación laboral se debió a las faltas injustificadas por seis días continuos en un mes a su fuente laboral, desde el 23 al 30 de junio de 2021, que constituye retiro voluntario tácito, previsto por la Ordenanza Municipal “ 33/69”, si bien fue derogada por el art. 16 incs. d) y f) de la Ley General del Trabajo (LGT); empero, fue restituida por el Decreto Supremo (DS) 1562 de 19 de abril de 1949; b) El accionante interpuso una denuncia extemporánea ante la Jefatura Departamental de Oruro del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; ya que, para ese efecto tiene seis meses para reclamar su derecho, en ese entendido el accionante fue desvinculado el 23 de junio de 2021, la denuncia fue presentada el 15 de diciembre de igual año, signado como “Caso N° 12/22” y extrañamente la notificación es de 13 de enero de 2022 (veintiún días después), por lo que en la Conminatoria M.T.E.P.S. –J.D.T.OR–D.S.V.G– 03/2022, existen datos cronológicos inconsistentes -la fecha real de la denuncia es el 6 del citado mes y año aproximadamente- e irregularidades que afectan el fondo, la indefensión del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, la vulneración del derecho al debido proceso, el principio de verdad material y la seguridad jurídica; c) La Conminatoria M.T.E.P.S. –J.D.T.OR–D.S.V.G–03/2022, sustenta su decisión en una norma errónea, alude al Decreto Ley (DL) 38 de 7 de febrero de 1944, Ley 3352 de 21 de febrero de 2006, referidas al fuero sindical; empero, el accionante no es parte del Directorio de ningún sindicato del municipio de Oruro; y, d) La discapacidad aludida no está debidamente respaldada; puesto que, solo hizo referencia a un certificado médico y no al certificado de discapacidad emitido por la instancia pertinente. Por lo expuesto pidió se deniegue la tutela solicitada, siendo que el despido fue justificado.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Resolución 45/2022 de 5 de abril, cursante de fs. 111 a 114, concedió la tutela solicitada, disponiendo que el Alcalde ahora accionado cumpla inmediatamente con la Conminatoria M.T.E.P.S. –J.D.T.OR–D.S.V.G–03/2022 de 25 de enero de 2021 -corregido en cuanto al año de su emisión-, tutela otorgada que es provisional en tanto que dicha Autoridad acuda a la vía llamada por ley o a la judicatura laboral para hacer valer sus derechos. Decisión que fue asumida bajo los siguientes fundamentos: 1) En base a la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 -de 16 de junio- emitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, el estándar más alto con relación al cumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral, es su ejecución en sede constitucional garantizando de esa manera la protección al trabajador como deber primordial del Estado Boliviano; 2) Dicha jurisprudencia constitucional, impide a ese Tribunal de garantías ingresar al análisis de la Conminatoria M.T.E.P.S. –J.D.T.OR–D.S.V.G– 03/2022, para verificar si tiene o no la debida fundamentación o es insuficiente y arbitraria; 3) En el informe presentado por el Alcalde hoy accionado no se acredita que se hubiese iniciado algún proceso administrativo o judicial, el cual pudiera evitar el cumplimiento de la indicada Conminatoria; y, 4) Corresponde otorgar la tutela solicitada, dando cumplimiento a la Conminatoria M.T.E.P.S. –J.D.T.OR– D.S.V.G–03/2022, emitido por la Jefatura Departamental de Oruro del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, y notificado al Gobierno Autónomo Municipal de Oruro el 2 de febrero de 2022; por lo que, el accionante cumplió con el principio de inmediatez para la presentación de la acción de amparo constitucional.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa papeleta de transferencia de 22 de junio de 2021, suscrito por Rafael Martínez Roncal, médico traumatólogo con matrícula profesional M1334, respecto al paciente AA, edad “0 a 2 m 20 d”, al Hospital Obrero 4 de la Caja Nacional de Salud (CNS), con el diagnóstico de transferencia pie bot bilateral, -datos del referido menor de edad que encuentra correspondencia con los datos del certificado de nacimiento presentado a la Jefatura Departamental de Oruro del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social conforme a lo indicado a fs. 3- (fs. 42). II.2. Mediante Nota G.A.M.O. 3302/21 de 19 de octubre de 2021, dirigido a Genaro José Poma Ramírez -hoy accionante-, Adhemar Wilcarani Morales, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro -ahora accionado-, hizo conocer respuesta a su nota de 7 de septiembre del citado año, adjuntando el informe Criterio Legal D.A. J /G.A.M.O/m.r.l./ 868/21 de 6 de octubre de 2021, en cuyas recomendaciones refirió que no es procedente la solicitud de reincorporación laboral presentada por su persona; recomendando iniciar el trámite administrativo de pago de beneficios sociales (fs. 32 a 38).
25 de enero de 2021, la Jefatura Departamental de Oruro del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, conminó al Gobierno Autónomo Municipal de Oruro representado por el Alcalde ahora accionado a la reincorporación del accionante al mismo puesto laboral que ocupaba, más el pago de asignaciones familiares adeudados por su hijo menor de edad, al pago de sus sueldos devengados desde el 8 de septiembre del citado año y demás beneficios colaterales hasta el día de su reincorporación, en el plazo improrrogable de tres días a partir de su notificación con la referida Conminatoria; asimismo, mediante Resolución Administrativa (RA) 031/2022 de 23 de marzo, se procedió a la corrección del año de la emisión de la indicada Conminatoria debiendo ser 2022;
notificándose al Gobierno Autónomo Municipal de Oruro el 3 de febrero del señalado año (fs. 2 a 12).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral; puesto que, el Alcalde ahora accionado, pese a conocer que tiene un hijo menor a un año de edad y con problema de pie bot bilateral, no cumplió con la Conminatoria M.T.E.P.S. –J.D.T.OR–D.S.V.G–03/2022 de 25 de enero de 2021, emitida por la Jefatura Departamental de Oruro del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social en su favor, con el pretexto de que dicha conminatoria tiene defectos e inconsistencias; por lo que, su despido fue justificado. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco de la norma constitucional y las disposiciones reglamentarias en materia laboral, la jurisprudencia constitucional en cuanto a la ejecución o cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral a partir de su notificación, ha mantenido una situación pendular en su desarrollo entre una posición restrictiva de la protección de los derechos laborales contenidos en la conminatoria laboral, exigiendo que la misma se encuentre debidamente fundamentada y motivada o exigiendo la realización de una valoración completa e integral de los hechos y datos del proceso, las circunstancias y los supuestos derechos vulnerados para conceder la tutela y una posición favorable a la protección de los 1 Respecto a la posición restringida al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, la SCP 2355/2012 de 22 de noviembre, señaló que: “…ante una destitución intempestiva e injustificada de una trabajadora o un trabajador, las Jefaturas Departamentales de Trabajo, luego de imprimir el trámite del DS 0495, deben emitir la correspondiente conminatoria de reincorporación pudiendo la parte procesal plantear amparo constitucional para su cumplimiento, pese a ello, debe entenderse que la justicia constitucional no puede hacer cumplir una conminatoria cuando la misma carece de fundamentación alguna, ello debido a que:
(…)
Bajo el entendido de que las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012 de 4 de mayo y 0177/2012 de 14 de igual mes, obligan a la justicia constitucional a efectivizar conminatorias laborales de reincorporación del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social sin atender a su contenido, al menos deben desarrollar las razones que fundamentan la conminatoria y por supuesto una conminatoria clara, es decir, no resulta lógico que la justicia constitucional ejecute una resolución que no respeta estándares del debido proceso, pues en ciertos casos implicaría inclusive consagrar la violación de derechos; Si bien la justicia constitucional en atención a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012 y 0177/2012, debe otorgar tutela transitoria disponiendo la reincorporación provisoria de la o el trabajador no puede hacerlo si la orden no cuenta con los mínimos elementales que la hagan efectiva, lo contrario resultaría inejecutable, debiendo en su caso, previamente subsanarse en la vía administrativa previamente a que la justicia constitucional disponga su ejecución” (las negrillas son nuestras). 2 Concerniente a la posición restringida al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, la SCP 0900/2013 de 20 de julio, manifestó que: “…la sola conminatoria de reincorporación del trabajador a su fuente derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a una remuneración o salario justo y otros derechos conexos. En lo que concierne a la segunda posición -favorable al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral- la jurisprudencia constitucional afianzó la excepción a la subsidiariedad para acudir a la jurisdicción constitucional, una vez emitida la conminatoria de reincorporación laboral en favor del trabajador ante la renuencia del empleador, reconociendo implícitamente que la tutela otorgada tiene un carácter provisional y no definitivo, en tanto se dilucide su situación jurídico laboral en sede administrativa o judicial. Convirtiéndose en un deber expreso y provisional de cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral por el empleador en tanto se substancie y resuelvan los recursos en sede administrativa o revisión judicial, a decir de la jurisprudencia en los siguientes términos: “…en todo caso permanece expedita para el empleador a los efectos de que en ejercicio de su derecho a la defensa, pueda impugnar la conminatoria, sin que empero su interposición suspenda la ejecución de la misma, la que en todo caso tendrá carácter provisional, en tanto se sustancie y resuelva el caso en sede judicial. Es decir, aquello que se determine en la conminatoria deberá ser acatado por el empleador entre tanto se definan los derechos controvertidos en la vía judicial; en consecuencia, la tutela que obtenga el trabajador o trabajadora en sede administrativa laboral, conforme a los términos de las disposiciones legales antes señaladas, será siempre de carácter provisional…”. En sintonía con los anteriores razonamientos, la jurisprudencia constitucional también señaló que las normas reglamentarias que imponen la obligación de cumplimiento inmediato de la decisión administrativa de reincorporación laboral encuentran sustento en los principios constitucionales de continuidad y estabilidad laboral por parte de las Jefaturas Departamentales de Trabajo, no provoca que, este Tribunal deba conceder la tutela y ordenar su cumplimiento, en su caso, se hará una valoración completa e integral de los hechos y datos del proceso, de las circunstancias y de los supuestos derechos vulnerado”. 3 En torno a la posición favorable al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, la SCP 0138/2012, señaló que: “…es permitido a la trabajadora o al trabajador solicitar su reincorporación por la vía administrativa ante el Ministerio del ramo, y existiendo una resolución que ordena la reincorporación a la fuente laboral, debe estimarse la misma como el fin de la vía administrativa, y ante una negativa por parte del empleador, se abre la posibilidad de que el trabajador acuda a la vía ordinaria, o conforme jurisprudencia, acuda en acción de amparo constitucional para que se le restituyan sus derechos, sin tener que agotar la vía judicial con carácter previo, más aún cuando existen normas que así le faculta al trabajador, en este caso, los DDSS 28699 y 0495” (las negrillas nos corresponden). 4 En lo que atañe a la posición favorable al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, la SCP 0177/2012, señaló que: “…la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, (…) no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria…”. 5 La SCP 0583/2012 de 20 de julio, se pronunció respecto al deber expreso y provisional de cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral por el empleador en tanto se substancien y resuelvan los recursos en sede administrativa o revisión judicial; citado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0610/2015-S2 de 12 de junio, 0877/2015-S2 de 27 de agosto y SCP 0963/2016-S2 de 7 de octubre, entre otros.
de la relación laboral hasta la revisión de la decisión en sede administrativa o judicial posterior, en cuyo mérito, citando la anterior jurisprudencia, la SCP 1712/2013 de 10 de octubre, señaló que: “…la efectivización de la conminatoria es inmediata pese a la existencia de mecanismos de impugnación pendientes de resolución; es decir, pretorianamente se estableció que la utilización de mecanismos de impugnación tiene efecto devolutivo, por ende la conminatoria es inmediatamente ejecutable pese a eventuales impugnaciones administrativas”. Esta misma jurisprudencia afianzó esa posición expresando que la conminatoria de reincorporación laboral es de cumplimiento inmediato, su incumplimiento vulnera el núcleo esencial del derecho al trabajo y habilita a la actuación inmediata de la jurisdicción constitucional, salvo que la conminatoria haya emergido de un proceso administrativo desarrollado al margen de la razonabilidad de un debido proceso, manifestando textualmente además, que dicho razonamiento implicaba una modulación a la SCP 0900/2013, citado precedentemente al hacer referencia a la línea o posición restrictiva de la jurisprudencia.
6 Efectuada el control normativo de constitucionalidad de las normas reglamentarias referidas al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, la citada SCP 0591/2012 de 20 de julio, ha expresado textualmente “En esa perspectiva y además, la obligación de cumplimiento de la decisión administrativa de reincorporación impuesta por la norma cuestionada, debe ser analizada conforme a los principios que manda la Constitución Política del Estado aplicar a tiempo de interpretar las normas laborales; siendo uno de ellos el de continuidad y estabilidad de la relación laboral; mandatos que obligan a que la comprensión de las normas laborales sea aquella que genera la prolongación de la relación laboral; por ello, cuando las normas impugnadas obligan a la reincorporación del trabajador, dado el caso de que la autoridad administrativa así lo haya dispuesto, están aplicando el principio de mantener la relación laboral hasta la revisión de la decisión judicial posterior; lo que ratifica la conclusión inicial de que las normas cuestionadas no lesionan el principio de jerarquía normativa, al consagrar la obligatoriedad de cumplimiento de la conminatoria de reincorporación, ya que no imponen la obligación de aplicar una norma reglamentaria por sobre una legal, tal como denuncia el accionante” (las negrillas son nuestras). 7 Cita jurisprudencial que fue citándose textualmente en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1500/2014 de 16 de julio, 1760/2014 de 15 de septiembre, 0088/2014-S3 de 27 de octubre, 0240/2015-S2 de 26 de febrero, SCP 0510/2015-S1 de 22 de mayo, 0203/2017-S3 de 21 de marzo y 0594/2017-S2 de 19 de junio, entre otras. 8 Afianzando la ejecución inmediata de la conminatoria laboral la SCP 1712/2013 de 10 de octubre, (cita la SCP 0591/2012) “…si bien existe un mandato normativo expreso para que la jurisdicción constitucional haga cumplir los mandatos de reincorporación, en atención a la naturaleza del derecho al trabajo en el Estado Social de Derecho, la tutela constitucional no puede emitirse a ciegas cual si la conminatoria por sí misma fuere ya un instrumento que obliga a esta instancia constitucional a brindar una tutela constitucional. Puesto que no debe perderse de vista que la naturaleza de la jurisdicción constitucional dista mucho del ejercicio de funciones de policía, de ahí que para concederse una tutela constitucional debe analizarse en cada caso la pertinencia de la conminatoria, al efecto, cabe establecer que a esta instancia constitucional no le compete ingresar al fondo de las problemáticas laborales que se le presentan, pues no es sustitutiva de la jurisdicción laboral ni mucho menos tiene la amplitud probatoria conducente a por sí misma para arribar a una verdad material; sin embargo, tampoco puede pretenderse la ejecutoria de conminatorias que emergen de procesos administrativos desarrollados al margen de la razonabilidad de un debido proceso. Por todo ello, mal podría pretenderse que esta jurisdicción llegue al convencimiento de que el despido fue o no justificado, pues el acervo probatorio con el que cuenta no le permitiría llegar a verdades históricas materiales, así como tampoco corresponde reemplazar a toda la judicatura laboral con la jurisdicción constitucional; justamente de este escenario proviene el hecho de que la conminatoria es de cumplimiento inmediato, y que su incumplimiento vulnera el núcleo esencial del derecho al trabajo, desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, situación que habilita a la actuación inmediata de esta jurisdicción constitucional a menos que se evidencie en la tramitación del proceso administrativo violaciones del debido proceso que impidan que esta jurisdicción constitucional haga ejecutar una conminatoria que emerge de vulneración de derechos fundamentales, lo que implica una modulación de la SCP 0900/2013 de 20 de junio”.
En aplicación del carácter progresivo de los derechos fundamentales y la aplicación del estándar más alto de la jurisprudencia constitucional, la SCP 0015/2018-S4 de 23 de febrero, ha concluido textualmente que no es posible que “…se conciba al Tribunal Constitucional Plurinacional como una instancia de ejecución de decisiones administrativas o como un órgano de policía, encargado de hacer cumplir las mismas, sino como un garante del ejercicio del derecho fundamental en cuestión, asumiéndose que en el marco del principio protector del trabajador, la instancia laboral administrativa, actuó conforme al marco constitucional y legal previsto para viabilizar el retiro o despido de un trabajador, encontrándose imposibilitada esta jurisdicción de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar, ameritaban tal determinación, debido a que eso corresponde a la jurisdicción ordinaria que contiene una etapa amplia de producción de prueba y potestad de valorar la misma, posibilidad que está al alcance del empleador, en caso de disentir con la decisión de la instancia de administración laboral, lo que de ningún modo le posibilita incumplir la determinación de reincorporación…” (las negrillas son nuestras). Esta misma jurisprudencia, señaló que la renuencia del empleador en el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral emitida por la autoridad administrativa laboral, no solo afecta negativamente al trabajador en el ámbito individual, sino también en el ámbito familiar; puesto que, afecta su fuente laboral que constituye su medio de subsistencia del trabajador y de su familia; por lo que, la tutela inmediata o el cumplimiento de la citada conminatoria se encuentra plenamente justificada. La posición favorable a la protección de los derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, una remuneración o salario justo y otros derechos conexos, quedó consolidada con la jurisprudencia constitucional emitida en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, que expresó lo siguiente: “...este Tribunal Constitucional Plurinacional como guardián de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, precautelando el derecho al trabajo del cual derivan otros derechos conexos, entiende que debe dar cumplimiento íntegro a la conminatoria de reincorporación con todos los aspectos que habrían considerado una situación diferente que no está regulada ni por la normativa laboral del Estado ni por la Constitución Política del Estado, lo señalado no implica una negación del derecho a la defensa de la parte empleadora, quien, como está establecido, puede acudir a la jurisdicción laboral denunciando la supuesta ilegalidad de la misma interponiendo los recursos previstos por ley, con independencia del cumplimiento de la conminatoria y la concesión de la tutela” (las negrillas nos pertenecen). El marco normativo, reglamentario y jurisprudencial relativo a la conminatoria de reincorporación laboral inmediata al mismo puesto que ocupaba al momento del despido, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales actualizados, constriñe a la parte patronal, a la autoridad administrativa y a la jurisdicción constitucional su cumplimiento o ejecución inmediata e íntegra de dicha conminatoria, por el objeto de protección de la acción de amparo constitucional que concierne al derecho a la estabilidad laboral, el pago de sueldos devengados, la seguridad social y otros derechos conexos, que incumbe no solo al titular sino a su entorno familiar, además la tutela provisional y extraordinaria que corresponde otorgar en la jurisdicción constitucional, en tanto se defina la situación jurídica del trabajador con la substanciación de la vía recursiva en sede administrativa o la revisión de la conminatoria en sede judicial. Los razonamientos jurídicos citados textualmente en líneas precedentes con el título “De la tutela provisional y extraordinaria vinculada a la ejecución inmediata e integra de la conminatoria laboral en tanto se defina la situación laboral del trabajador en vía recursiva en sede administrativa o revisión judicial”, fueron desplegados en el Fundamento Jurídico III.2. de la SCP 0577/2020-S1 de 7 de agosto.
La Constitución Política del Estado vigente, consagra la garantía de la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo y progenitores, hasta un año de edad de los hijos, dispuesto de forma expresa por el art. 48.VI que señala: “Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad”. Esa garantía, tiene como antecedente la labor interpretativa y protectora de los derechos del extinto Tribunal Constitucional a través de sus diferentes fallos, cuyos razonamientos son vinculantes en tanto no contradigan los postulados de la Constitución Política del Estado vigente y fueron recogidos y sistematizados por la jurisprudencia del actual Tribunal Constitucional Plurinacional, consolidando el régimen reforzado de protección por la garantía de inamovilidad laboral en favor de mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo. En esa comprensión, en un caso de despido injustificado de una dependiente laboral que se encontraba en estado de gestación, el Tribunal Constitucional ha razonado que el derecho que se debe proteger no es solamente al trabajo, sino otros derechos primarios de la accionante y del ser en gestación, quienes necesitan protección urgente e inmediata; el retiro intempestivo de la mujer gestante, también importa la supresión del derecho a la seguridad social, que a su vez resguarda y garantiza el derecho a la salud, consiguientemente colocan en riesgo el primer derecho, la vida. Complementando el alcance de esta garantía, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la finalidad de la inamovilidad laboral, es otorgar a la mujer embarazada o madre de familia con un hijo menor a un año de edad, estabilidad no sólo económica sino también la consiguiente atención médica y emocional; un despido injustificado de la mujer trabajadora de su fuente laboral, indudablemente genera zozobra, incertidumbre y preocupación, lo que afectaría a la mujer embarazada y también a la adecuada formación del ser en gestación, la mujer embarazada no puede ser afectada en su nivel salarial ni tampoco su condición en su puesto de trabajo;
por lo que, no puede reducírsele su sueldo ni tampoco postergarse el pago de sueldos adeudados. La jurisprudencia constitucional también estableció que la comunicación oportuna del estado de embarazo no es condición para la protección que brinda esta garantía reconocida por la Constitución Política del Estado, en otros términos, no es necesario dar aviso al empleador sobre la situación de embarazo de la mujer trabajadora para acceder a la protección que brinda la Constitución Política del Estado en su condición de gestante y con niño menor a un año de edad. Ahora bien, un derecho vinculado a la garantía de la inamovilidad laboral, es el derecho fundamental de las mujeres a la maternidad segura, reconocido expresamente por el art. 45.V de la CPE, cuyo texto expresa que: “Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal”.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral; puesto que, el Alcalde ahora accionado, pese a conocer que tiene un hijo menor a un año de edad y con problema de pie bot bilateral, no cumplió con la Conminatoria M.T.E.P.S. – J.D.T.OR–D.S.V.G–03/2022 de 25 de enero de 2021, emitida por la Jefatura Departamental de Oruro del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social en su favor, con el pretexto de que dicha conminatoria tiene defectos e inconsistencias; por lo que, su despido fue justificado. De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados se establece que el accionante, habiendo realizado gestiones directas ante el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro pidiendo su reincorporación laboral, se enteró -mediante informe Criterio Legal D.A. J /G.A.M.O/m.r.l./ 868/21 de 6 de octubre de 2021- que su petición no era procedente y debía iniciar el trámite administrativo para el pago de sus beneficios sociales (Conclusión II.2.). En consecuencia, previa presentación de una denuncia de despido injustificado y solicitud de reincorporación laboral, obtuvo de la Jefatura Departamental de Oruro del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, la Conminatoria M.T.E.P.S. –J.D.T.OR–D.S.V.G–03/2022, por el que se conminó al Gobierno Autónomo Municipal de Oruro representado por el Alcalde ahora accionado a su reincorporación al mismo puesto laboral que ocupaba, más el pago de asignaciones familiares adeudados por su hijo menor de edad, al pago de sus sueldos devengados desde el 8 de septiembre de 2021 y demás beneficios colaterales hasta el día de su reincorporación, en el plazo improrrogable de tres días a partir de su notificación con la referida Conminatoria, ocurrida el 3 de febrero de 2022 (Conclusión II.3.). En ese contexto, si bien la jurisprudencia constitucional, se ha inclinado en sus diferentes fallos hacia la ejecución de las conminatorias de reincorporación laboral; empero, esa posición no es solo con la finalidad de hacer cumplir dichas conminatorias, puesto que el Tribunal Constitucional Plurinacional no es una entidad ejecutora de las conminatorias de reincorporación laboral, en esa comprensión el régimen constitucional establece valores, principios, normas, garantías y derechos que promueven e imponen el deber de protección al trabajador a través del desarrollo normativo, reglamentario, estableciendo un procedimiento en sede administrativa para el caso de denuncia de despido injustificado y solicitud de reincorporación laboral, cuya conminatoria de reincorporación laboral, es de cumplimiento inmediato, sin perjuicio de que dicha conminatoria sea objeto de impugnación en sede administrativa y revisión en la jurisdicción ordinaria. En ese entendido, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha desarrollado jurisprudencia constitucional estableciendo que la ejecución de la conminatoria de reincorporación laboral, de ejecución inmediata merece una protección provisional y transitoria, salvaguardando los derechos y garantías de los trabajadores mientras se dilucide la situación jurídico laboral del trabajador, a través de la substanciación de los medios y recursos en sede administrativa -recurso de revocatoria y jerárquico- o la revisión judicial -en la jurisdicción ordinaria laboral-, como se tiene establecido en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional. En el presente caso, el accionante al acudir a la autoridad administrativa en busca de protección laboral obtuvo la Conminatoria M.T.E.P.S. –J.D.T.OR–D.S.V.G–03/2022, por el que se conminó a su empleador, a su reincorporación al mismo puesto laboral que ocupaba, más el pago de asignaciones familiares, al pago de sus sueldos devengados y la restitución de sus demás beneficios. Como podrá advertirse esa conminatoria tiene como sustento el respeto a la garantía de la inamovilidad laboral por el hijo menor a un año de edad, con pie bot bilateral por el que se dispuso su transferencia al Hospital Obrero 4 de la CNS (Conclusión II.1.), en ese entendido se debe tomar en cuenta que la finalidad de la garantía de la inamovilidad laboral no solo tiene un carácter proyectivo para la madre en este caso, sino, para el hijo por nacer o hasta el año de nacimiento, precautelando su bienestar económico, psicológico, con las prestaciones debidas correspondientes a la seguridad social, salud como se tiene explicitado ampliamente en el Fundamento Jurídico III.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. En ese entendido, en los términos razonados precedentemente, puede concluirse que a la jurisdicción constitucional corresponde la salvaguarda de los derechos y garantías en el ámbito laboral del accionante, en tanto a la parte patronal tiene la posibilidad de promover la impugnación de la conminatoria laboral en sede administrativa mediante los recursos de revocatoria y jerárquico o promover su revisión a través de la jurisdicción ordinaria, para definir la situación jurídico laboral del accionante, a quien corresponde otorgarle tutela provisional y transitoria en tanto ocurra tal definición. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 45/2022 de 5 de abril, cursante de fs. 111 a 114, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los términos dispuestos por la referida Sala Constitucional, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA VOTO ACLARATORIO
9 La incidencia del incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral en el ámbito personal y el entorno familiar, queda expresada en la SCP 0015/2018-S4 de 23 de febrero, en los siguientes términos: “En ese entendido, se advierte que la jurisprudencia constitucional expuesta, en mérito a la Norma Fundamental, disposiciones legales aplicables a materia laboral y a los principios de estabilidad laboral, continuidad de dicha relación y de protección del trabajador, estableció que el derecho al trabajo, en circunstancias de un despido injustificado, debe protegerse de manera inmediata y ausente de rigorismos procesales ordinarios, por lo que se reconoció a las Jefaturas Departamentales del Trabajo la facultad de tramitar y resolver la denuncia de despido ilegal o indebido del trabajador, pronunciando, en caso de verificar la veracidad de la denuncia, la conminatoria de reincorporación, determinación que de no ser cumplida u obedecida por el empleador, aquél tiene la vía ordinaria a su alcance para buscar la restitución de su derecho, o del amparo constitucional, precisamente por el carácter sumarísimo de ésta acción tutelar y porque la reticencia del empleador, no solamente incide negativamente en el trabajador, como persona individual, sino también en todo su entorno familiar, por constituir su trabajo en una fuente de subsistencia de él y de sus dependientes; en consecuencia, corresponde su tutela inmediata para el efectivo cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral”.
10 La Constitución Política del Estado fue aprobado por la Asamblea Constituyente el 2007, compatibilizado en el Congreso Nacional el 2008, aprobado en Referéndum Nacional el 25 de enero de 2009 y promulgado el 7 de febrero de 2009.
11 Respecto a la vinculatoriedad de la jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, la SCP 2140/2012 de 8 de noviembre, señaló que: “…razonamiento que si bien fue efectuado por el extinto Tribunal Constitucional; sin embargo, este resulta plenamente aplicable y coherente por cuanto no contradice a los nuevos postulados de la actual Constitución Política del Estado…”.
12 Respecto al ámbito de protección de la inamovilidad laboral de la mujer embarazada la SC 0505/2000-R de 24 de mayo, ha señalado expresamente: “…por cuanto el derecho que se debe proteger no es solamente al trabajo, sino otros derechos primarios de la recurrente y el ser en gestación, los cuales necesitan protección urgente e inmediata, ya que el retiro intempestivo de la recurrente importa también la supresión del derecho a la seguridad social que a su vez, resguarda y garantiza el derecho a la salud, derechos que con la medida adoptada ponen en riesgo el primer derecho, la vida, que no puede estar pendiente de otros recursos o vías administrativas que establece la Ley”. Citado por las SSCC 0434/2010-R de 28 de junio, 0581/2010-R de 12 de julio, 0610/2010-R de 19 de julio, 0771/2010-R de 2 de agosto, 1043/2010-R de 23 de agosto, 1205/2010-R de 6 de septiembre y 1330/2010-R de 20 de septiembre y entre otras.
13 Respecto a la inamovilidad laboral la SCP 0424/2012 de 22 de junio, señaló que: “La finalidad de la inamovilidad laboral, es la de otorgar a la mujer y ahora familia con un menor de edad, estabilidad no sólo económica sino también la consiguiente atención médica y emocional. En lo específico a la mujer trabajadora en estado de gestación se busca su protección contra un despido o retiro de su fuente laboral por parte de su empleador, que indudablemente generaría zozobra, incertidumbre y preocupación, lo que afectaría a la mujer embarazada y también a la adecuada formación del ser en gestación. Asimismo, el art. 2 de la Ley 975, sostiene que la mujer embarazada no puede ser afectada en su nivel salarial ni tampoco su condición en su puesto de trabajo, por lo cual no puede reducírsele su sueldo ni tampoco postergarse el pago de sueldos adeudados” (las negrillas son añadidas).
14 Entendimiento jurisprudencial expresado en la SC 0771/2010-R de 2 de agosto, que constituye un cambio en la línea jurisprudencial establecida en la SC 1416/2004-R de 1 de septiembre, que estableció el deber de la mujer embarazada de comunicar previamente su estado de embarazo al empleador. Confirmada por la SC 1882/2010-R de 25 de octubre, la SCP 1187/2012 de 6 de septiembre, SCP 0081/2018-S2 de 23 de marzo, entre otros.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0264_2023-S3.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): 96570100ec8784f958da00cec642fd917f4d84b50a73911407252e53d460eb82
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