B.IA.LEGAL

SCP 0263/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 10 de abril de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
10 de abril de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
51146-2022-103-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante reclama la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la libertad, refiriendo que está detenido preventivamente en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz desde el 11 de abril de 2022 por la presunta comisión del delito de estafa con victimas múltiples. Su detención fue ampliada hasta el 11 de septiembre de 2022, data en la que debía realizarse una audiencia para considerar su situación jurídica. Sin embargo, dicha audiencia fue suspendida por la Jueza ahora demandada debido a problemas formales, reprogramándola para el 13 del mismo mes y año. Al haber sobrepasado el tiempo de detención dispuesto, la misma se tornó ilegal. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; b) La solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia con las modificaciones introducidas por la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, -Ley 1173 de 8 de mayo de 2019-; y, c) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 253/2022 de 12 de septiembre, cursante de fs. 35 a 36 y vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada conforme los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida
  2. III.2. La solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia con las modificaciones introducidas por Ley 1173
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0263/2025-S1 Sucre, 10 de abril de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 51146-2022-103-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 253/2022 de 12 de septiembre, cursante de fs. 35 a 36 y vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Alejandra Josefa Chacón Mamani en representación sin mandato de Eduardo Rodríguez Fuentes contra Erika Neptali Aranda Uzquiano, Jueza de Instrucción Penal Primera de la Zona Sur de la Capital del departamento La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 11 de septiembre de 2022, cursante a fs. 17 y vta., a través de su representante sin mandato, expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, a instancia de la Fundación Abya Yala Bolivia (AYB), en contra del ahora accionante por la presunta comisión del delito de estafa con víctimas múltiples, la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Zona Sur de la Capital de dicho departamento, el 11 de abril de 2022, en virtud del Auto Interlocutorio 143/2022, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz por un plazo inicial de tres meses. Posteriormente, mediante Auto Interlocutorio 261/2022 de 15 de julio, se amplió dicha medida cautelar, además de fijarse la audiencia de revisión de la detención preventiva para el 11 de septiembre de 2022.

En la fecha señalada para la audiencia, su defensa técnica se presentó puntualmente; sin embargo, la sesión fue instalada con retraso. Durante el desarrollo del acto procesal, se constató la inasistencia tanto del representante del Ministerio Público como de la parte querellante. El Secretario abogado del juzgado informó que todas las partes habían sido debidamente notificadas y que se había remitido el enlace de la audiencia al recinto penitenciario donde se halla recluido a través de WhatsApp, sin recibir confirmación o respuesta por esa vía. Frente a esta situación, su abogado sostuvo que el plazo de la detención preventiva había vencido; toda vez que, llevaba detenido por espacio de cinco meses y que la falta de conexión del interno no era atribuible a la defensa, sino a una omisión del propio juzgado. En consecuencia, solicitó la libertad inmediata de su persona; no obstante, la Jueza -ahora demandada- se negó a realizar la audiencia bajo el argumento de que, al tratarse de un día domingo, no contaba con el apoyo de la “gestora”, por lo que decidió suspender la sesión y reprogramarla para el martes 13 de septiembre de 2022, debido a que su agenda del lunes ya se encontraba saturada. La defensa manifestó en audiencia que la convocatoria de dicho actuado procesal en día domingo fue una actuación irresponsable, y que la imposibilidad de conexión del imputado se debía a la falta de diligencia del juzgado en el envío de la notificación digital. Asimismo, sostuvo que, frente al vencimiento del plazo de la medida cautelar, correspondía activar mecanismos extraordinarios -como la habilitación de horas fuera del horario regular- para garantizar el derecho del imputado a la libertad. Sin embargo, la Jueza hoy demandada optó por priorizar consideraciones formales por encima de la protección efectiva de derechos fundamentales. En definitiva, se sostiene que, desde el 11 de septiembre de 2022, se encuentra privado de libertad de forma ilegal, al haberse excedido el plazo legal de su detención preventiva sin una nueva justificación judicial válida que respalde su permanencia en el recinto carcelario.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La parte accionante no identifica que derechos se encontrarían lesionados como tampoco cita disposición constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

El impetrante de tutela solicita se declare la “procedencia” de la acción de libertad y se disponga su libertad en el día.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

La audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, fue llevada a cabo el 12 de septiembre de 2022, según consta en acta cursante a fs. 32 a 34, produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte demandante de tutela, a través de su abogada, ratificó los hechos que hacen a la acción de libertad y ampliando la misma refirió lo siguiente: a) La audiencia programada para conocer la conclusión de la detención preventiva de Eduardo Rodríguez Fuentes no se llevó a cabo debido a múltiples factores, entre los que se encuentra que la Jueza hoy demandada había señalado la misma para un día domingo, el Juzgado no notificó oportunamente al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz y tanto el Ministerio Público como la parte querellante estuvieron ausentes; b) La Jueza debió viabilizar la audiencia el mismo día, ya que existían los medios para hacerlo, pero de manera contraria, suspendió el mismo y que su negativa se basó en formalismos. Además, la audiencia no fue reprogramada para el primer día hábil, sino para el martes 13 de septiembre, lo que generó una detención indebida. Se citó la SCP 0452/2020-S4 de 16 de septiembre, que establece que cualquier detención posterior al vencimiento del plazo es ilegal conforme al art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE); y c) Finalmente, se argumentó que la negativa de la Jueza vulneró los derechos fundamentales de Eduardo Rodríguez Fuentes, afectando el debido proceso y el derecho a la libertad. En consecuencia, se requirió la cesación de la detención preventiva a través de una acción de libertad, conforme al art. 239.2 del Código Procedimiento Penal (CPP).

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Erika Neptali Aranda Uzquiano, Jueza de Instrucción Penal Primera de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, por informe brindado en audiencia, señaló lo siguiente: 1) La audiencia del 11 de septiembre de 2022 fue programada conforme al art. 235 ter del CPP y que, aunque cayó en domingo, se habilitaron días y horas extraordinarias. Afirmó que el Juzgado notificó oportunamente al recinto penitenciario de San Pedro y presentó como prueba “capturas” de pantalla de la orden de notificación enviada; 2) Indicó que la falta de conexión del imputado se debió a problemas en el penal de San Pedro y no a omisiones atribuibles a su Juzgado. Además, mencionó que la propia abogada del imputado reconoció en audiencia que el penal no pudo viabilizar la conexión. Así también señaló que no se pudo realizar un cuarto intermedio ese mismo día debido a la ausencia de una gestora de turno, la cual solo atendía a juzgados con aprehendidos; y, 3) El viernes 9 de septiembre del mismo año, se presentó una solicitud de ampliación de la detención preventiva por el Ministerio Público, pero como las oficinas gestoras no atienden fines de semana, no fue posible notificar a las partes. Por ello, se programó la audiencia para el martes 13 de septiembre a las 8:00 horas, con la debida anticipación.

I.2.3. Resolución

El Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz, mediante Resolución 253/2022 de 12 de septiembre, cursante de fs. 35 a 36 y vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes argumentos: i) De la revisión de antecedentes concluyó que no hubo vulneración a su derecho a la libertad, ya que la Jueza ahora demandada cumplió con las formalidades legales al señalar y notificar la audiencia para el 11 de septiembre de 2022, incluso habilitando días y horas extraordinarias; ii) La audiencia en cuestión fue programada conforme al art. 235 ter del CPP, cuyo objetivo es resolver la situación jurídica del imputado, no necesariamente conceder su libertad. Además, la autoridad judicial notificó oportunamente al Centro Penitenciario San Pedro de la referida ciudad, pero la conexión del imputado no se concretó por razones atribuibles a la administración penitenciaria y no al Juzgado; iii) La audiencia se programó dentro de las cuarenta y ocho horas, cumpliéndose la normativa que disciplina los procesos con detenidos. También se descartó la aplicación de la SCP 0452/2020-S4 de 16 de septiembre, ya que en este caso no hubo negligencia de la jueza en la tramitación de la audiencia; y, iv) La acción de libertad no es procedente, ya que la detención preventiva del imputado estaba debidamente sustentada en resoluciones judiciales previas, incluyendo su ampliación, por lo que no se encontraba indebidamente privado de libertad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución de imputación formal y remisión de aprehendido presentado por el Fiscal Especializado de Delitos Patrimoniales de la Zona Sur. Solicita la detención preventiva de Eduardo Rodríguez Fuentes por tres meses en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz (fs. 13 a 17). II.2. Consta Auto Interlocutorio 261/2022 de 15 de julio, pronunciado por la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Zona Sur de la Capital del citado departamento, dentro del proceso seguido por el Ministerio Público contra Eduardo Rodríguez Fuentes por el delito de estafa con victimas múltiples (fs. 11 a 12 vta.). II.3. Figura captura de pantalla en la que figura notificación vía WhatsApp al referido Centro Penitenciario, indicando que la Jueza Erika Neptali Aranda Uzquiano -ahora demandante- señaló audiencia virtual para el 11 de septiembre de 2022, adjuntando el enlace respectivo (fs. 23).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante reclama la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la libertad, refiriendo que está detenido preventivamente en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz desde el 11 de abril de 2022 por la presunta comisión del delito de estafa con victimas múltiples. Su detención fue ampliada hasta el 11 de septiembre de 2022, data en la que debía realizarse una audiencia para considerar su situación jurídica. Sin embargo, dicha audiencia fue suspendida por la Jueza ahora demandada debido a problemas formales, reprogramándola para el 13 del mismo mes y año. Al haber sobrepasado el tiempo de detención dispuesto, la misma se tornó ilegal. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; b) La solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia con las modificaciones introducidas por la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, -Ley 1173 de 8 de mayo de 2019-; y, c) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 abril reiterada por la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio -entre otras-, realizó el siguiente razonamiento:

La Constitución Política del Estado en su art. 23.1, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre1 efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida.

Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril2, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho; a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.

Con ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.

III.2. La solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia con las modificaciones introducidas por Ley 1173

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0472/2021-S1 de 21 de septiembre, asumió el siguiente razonamiento

Conforme al Código de Procedimiento Penal, entre las causales para solicitar la cesación de la detención preventiva, se encuentran los numerales 1, 2, 3 y 4 del art. 239 del CPP; norma modificada por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, que en el art. 11, detalla las modificaciones e incorporaciones efectuadas, entre los que se encuentra el art. 239 del CPP, el cual fue complementado por la Ley de Modificación a la Ley 1173 de 3 mayo de 2019, de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019- a través de su art. 2.III, que establece: Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas. En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina. Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y. ocho horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos. En consecuencia, el trámite a aplicar para la resolución de la cesación de la detención preventiva, es diferente en función a la causal; por una parte, para los numerales 1, 2, 5 y 6 del art. 239 del CPP, modificado por la Ley 1226, corresponde resolverlas a través de una audiencia dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas. En cambio, para las causales 3 y 4 del citado artículo; dentro de las veinticuatro horas se correrá traslado a las otras partes para que respondan en el plazo de cuarenta y ocho horas y, con o sin contestación se resolverá sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas siguientes. Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de la detención preventiva, que restrinja el derecho a la libertad de locomoción de un acusado, debe tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, ya que el incumplimiento de esta obligación impuesta por ley, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud. Con relación a suspensión de audiencia de consideración de medidas cautelares, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir, que determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, c) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. La solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia con las modificaciones introducidas por la Ley 1173.

III.3. Análisis del caso concreto

La problemática traída a revisión en la presente acción tutelar se centra en la presunta vulneración del derecho a la libertad personal del accionante Eduardo Rodríguez Fuentes, como consecuencia de la suspensión de la audiencia judicial señalada para el 11 de septiembre de 2022, fecha en la que -a criterio del ahora accionante- vencía el plazo de la detención preventiva ampliada por Auto Interlocutorio 261/2022 de 15 de julio. El reclamo gira en torno a dos hechos concretos: a) Que la audiencia programada para esa fecha fue suspendida por la Jueza ahora demandada debido a problemas formales; y, b) En lugar de reprogramarse para el primer día hábil siguiente (lunes), se la fijó para el martes 13 de septiembre, lo cual habría generado un día de privación arbitraria de libertad. De las conclusiones y antecedentes cursantes en el expediente, se tiene que el hoy accionante, se encuentra procesado por la presunta comisión del delito de estafa con víctimas múltiples, en ese marco, la Fiscal de Materia asignada al caso presentó el 11 de abril de 2022, Resolución de imputación formal solicitando la aplicación de detención preventiva por tres meses en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz (Conclusión II.1). Luego, por Auto Interlocutorio 261/2022 de 15 de julio, pronunciado por la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Zona Sur de la Capital del referido departamento -hoy demandada-, ante la solicitud realizada por el Ministerio Público se dispuso ampliar el plazo de la detención preventiva del accionante Eduardo Rodríguez Fuentes por el término de dos meses más y de conformidad al art. 235 ter el CPP, se señaló audiencia para considerar la situación jurídica del procesado para el 11 de septiembre de 2022 a horas 9:00 (Conclusión II.2). A tal efecto, la administración del Centro Penitenciario de San Pedro del citado departamento, fue notificada vía WhatsApp con la programación de la audiencia antes referida; señalando que, al ser de carácter virtual, se estaba remitiendo el correspondiente enlace de plataforma Cisco Webex (Conclusión II.3). En consideración a los antecedentes expuestos y conforme a los principios constitucionales que rigen la administración de justicia, particularmente el de celeridad procesal y el derecho al debido proceso, corresponde analizar si la suspensión de la audiencia de revisión de la situación jurídica del ahora demandante de tutela al vencimiento del plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva prescrita en el art. 239.2 del CPP fijada para el 11 de septiembre de 2022, constituye una vulneración del derecho a la libertad personal del ahora accionante. En ese contexto, se advierte que la referida audiencia señalada, no obstante, la inasistencia del representante del Ministerio Público y la víctima, pese a su legal notificación; se produjo por deficiencias de la conexión a internet que derivaron en la falta de enlace desde el recinto penitenciario -en el cual se halla recluido el ahora impetrante de tutela-a la audiencia fijada anteladamente; aspecto que conforme lo manifestado por la autoridad jurisdiccional ahora demandada y la captura de pantalla registrada en las Conclusiones II.3. del presente fallo constitucional se debió a problemas técnicos generados en el referido recinto penitenciario y no así a la falta de notificación atribuible al Juzgado a cargo de la autoridad jurisdiccional ahora demandada. Bajo ese marco, conforme a lo dispuesto por el art. 239 del CPP y su interpretación sistemática a partir de la Ley 1173 y la Ley 1226, el trámite de cesación de la detención preventiva -cuando se trata de causales como el vencimiento del plazo -art. 239.2 del CPP-; exige una audiencia que debe ser señalada y realizada con la mayor celeridad, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas, contadas desde su solicitud o desde la fecha de su vencimiento. En este caso, la audiencia se había fijado para el mismo día de vencimiento del plazo ampliado, y al haberse producido una causa de fuerza mayor (problemas técnicos en la conexión desde el recinto penitenciario), la suspensión y reprogramación para el 13 de septiembre de 2022 no excede el plazo límite previsto en la norma adjetiva penal.

Por otro lado, cabe manifestar, que la jurisprudencia sentada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional establece ciertos supuestos bajo los cuales la suspensión de una audiencia podría considerarse como vulneradora del derecho a la libertad personal, entre ellos: 1) La fijación de audiencias en fechas excesivamente alejadas, 2) Realización de traslados innecesarios previos no previstos por ley; y, 3) Suspensión por causas injustificables. En el presente caso, ninguna de estas hipótesis se materializa. La audiencia fue programada dentro de los plazos legales, y la causa de su suspensión fue técnica y ajena a la autoridad judicial, quien incluso procedió a su inmediata reprogramación. Es importante subrayar que la lesión al derecho a la libertad personal en casos como el presente no se configura por la sola suspensión o reprogramación de una audiencia, sino por la existencia de dilaciones irrazonables o indebidas atribuibles a la autoridad judicial, que provoquen una privación de libertad más allá de lo legalmente permitido. En ese sentido, conforme al citado entendimiento jurisprudencial debe enfocarse no en la resolución de fondo -que puede ser favorable o desfavorable al imputado-, sino en la observancia estricta de los plazos y procedimientos legales. Bajo ese parámetro, en el caso que nos ocupa, la autoridad jurisdiccional demandada instaló la audiencia programada para el 11 de septiembre de 2022 y luego suspendió la misma señalando las razones de la imposibilidad material para su efectivización y la consiguiente resolución de la revisión de la situación jurídica del imputado -ahora accionante- fijando nueva audiencia a celebrarse el 13 del mismo mes y año, actuación que se encuentra prevista por el art. 113.II del CPP, modificado por la Ley 1173, en su noveno párrafo, que textualmente dispone: “Excepcionalmente, ante la imposibilidad de llevar a cabo la audiencia por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados o ante la necesidad del abogado estatal o de oficio de preparar la defensa, la jueza, el juez o tribunal señalará audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas, debiendo habilitarse incluso horas inhábiles. La o el abogado ni la o el fiscal podrán alegar como causal de inasistencia por fuerza mayor o caso fortuito, la notificación para asistir a un otro acto procesal recibida con posterioridad.”; es decir, luego de instalar la audiencia cumplió con la suspensión de la misma dentro del marco legal, señaló nueva fecha que no excedió las cuarenta y ocho horas, por lo que, no generó un vacío que en los hechos haya repercutido en la indefinición de la situación jurídica del impetrante de tutela. En síntesis, el órgano jurisdiccional demandado cumplió con los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico; instaló la audiencia, dejó constancia de la imposibilidad técnica de llevarla adelante, y procedió a su reprogramación dentro del plazo legal de cuarenta y ocho horas. En virtud de lo expuesto, se concluye que la autoridad judicial demandada no incurrió en una vulneración sustancial del derecho a la libertad ni del debido proceso, al haber suspendido la audiencia fijada previa instalación de la misma y reprogramado la audiencia dentro del plazo legal establecido.

A tal efecto, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 253/2022 de 12 de septiembre, cursante de fs. 35 a 36 y vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada conforme los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo, una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…). El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido, pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”. El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras ‘violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…’. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenado (…)”.

2 El FJ III.5, indica: “El primer (instructivo); hace referencia a los supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física. Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: ‘…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes’ (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0263_2025-S1.pdf · páginas 1 a 11.

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