Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 21 de abril de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de su derecho de libertad, por cuanto encontrándose guardando detención domiciliaria, se ha ejecutado un mandamiento de condena en su contra, cuando el mismo: a) Contenía datos errados en cuanto a su nombre y su cedula de identidad, subsanado con una nota aclaratoria emitida sin competencia por el Juez accionado; y, b) Se allanó su domicilio y en horas inhábiles; por lo que solicitó se conceda la tutela, se disponga que su persona retorne al domicilio donde se encuentra guardando detención domiciliaria, mientras se emita el mandamiento de condena con todas las formas reclamadas en la presente acción. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución AAC.LIB. 07/2022 de 16 de noviembre, cursante de fs. 47 a 49, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada, conforme los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0262/2025-S3 Sucre, 21 de abril de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 51385-2022-103-AL Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 07/2022 de 16 de noviembre, cursante de fs. 47 vta. a 49 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Armando Ariel Iriarte Gastelu contra Marcelo Barrios Arancibia, Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca; Luis Alberto Suarez Plata, Director del Recinto Penitenciario de San Roque; Juan Taboada Mamani; y; Pedro Sola Paco, Funcionarios de la Policía boliviana.
Por memorial presentado el 14 de noviembre de 2022, cursante de fs. 7 a 10 y vta., el accionante manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal que se siguió en su contra, por el delito de violación de infante, niño, niña, adolescente, fue condenado por Sentencia 17/2021 de 24 de mayo, habiéndose impuesto una pena de veintiún años de presidio en el Centro Penitenciario San Roque de Chuquisaca, determinación recurrida en apelación que fue declarada improcedente; habiéndose planteado recurso de casación determinándose la inadmisibilidad del mismo. El Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca, emitió el mandamiento de condena 14/2022 de 10 de noviembre, firmado por los tres miembros que integran el mencionado Tribunal, Marcelo Barrios Arancibia, Alex Gustavo Rengel Patzi y Franz Segovia García; sin embargo, dicha orden contenía datos errados en cuanto a su nombre y a su cedula de identidad, pues en el mismo se ha señalado “Ariel Armando Iriarte Gastelu, con C.I. N° 4093057”, siendo los datos correctos de su persona: “Armando Ariel Iriarte Gastelu con C.I. N° 3119511 Or.”. Ante el error consignado en los datos del mandamiento de condena, el Juez Marcelo Barrios Arancibia -codemandado-realizó una nota aclaratoria de 11 de noviembre de 2022, por la que, corrigió los datos erróneos mencionados, expresando que la modificación fue realizada al amparo del art. 168 del CPP. No obstante, lo correcto era emitir un nuevo mandamiento de condena, que contenga los datos de su persona y no los de otra, firmando todos los Jueces que integraron el mencionado Tribunal, lo que cual no sucedió. Además, ese mandamiento, no estableció que su ejecución pueda ser ejecutada en horas inhábiles, -por la noche-, peor aún no tenía facultades de allanamiento; pese a eso, el 11 de noviembre de 2022, aproximadamente a horas 21:55, se ejecutó el mandamiento de condena, con todas las irregularidades que su abogado las hizo conocer, en presencia de Ruth Ventura Quentasi (parte denunciante) y varios funcionarios policiales, ahora accionados, que se constituyeron en su domicilio, donde se encontraba guardando detención domiciliaria.
Denunció la lesión de su derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 23.III.IV, 25, 125 y 126 de la Constitución Política del Estado (CPE), arts. 46 y 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo.), art. 9.I del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y art. 7.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga que su persona retorne al domicilio donde se encuentra guardando detención domiciliaria, mientras se emita el mandamiento de condena con todas las formas reclamadas en la presente acción.
Celebrada la audiencia pública el 16 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 44 a 47, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, reitero íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándolos, manifestó que: a) No es posible ejecutar un mandamiento para privar la libertad, cuando hay un error en el número de cedula de identidad, situación que fue advertida por las autoridades demandadas, no obstante, pese a ello procedieron a su ejecución; b) Si los funcionarios policiales consideraban que el mandamiento contenía errores -como así lo reconocieron-, debieron solicitar su corrección y pedir las habilitaciones correspondientes; c) La nota aclaratoria presentada por el codemandado no es un mandamiento; d) Si se cambió los datos del mandamiento de condena hay una falsedad ideológica; e) No es urgente ejecutar un mandamiento equivocado e ilegal, en lugar de señalar que van a subsanar el problema y decir que enviaran a más policías para que no escape de la detención domiciliaria; f) El Código de Procedimiento Penal en su art. 430 señala que ejecutoriada una sentencia, se remite al juez de ejecución penal; por lo que, al emitir el mandamiento de condena han actuado sin competencia; g) El citado mandamiento fue ejecutado sin habilitación de días y horas, allanando su domicilio particular, cuando cumplía detención domiciliaria, no se trató de un traslado; h) Es un delito recibir en un Recinto Penitenciario a una persona sin que exista mandamiento emitido por la autoridad competente; i) Se debe restituir su libertad disponiéndose su detención domiciliaria con guardia policial permanente, hasta que otro Tribunal anule el Auto ilegal; y, j) Pidió la aplicación de la SCP 120/2018-S2 de 11 de abril, en cuando a que si el funcionario recurrido y citado no comparece ni presenta informe, su silencio es una confesión.
Luis Alberto Suarez Plata, Director del Recinto Penitenciario de San Roque, en su informe oral presentado en audiencia de garantías expresó: 1) El 11 de noviembre de 2022, a horas 16:30, vía ciudadanía digital, le llegó una notificación de condena del Señor Armando Ariel Iriarte Gastelu -accionante-; quien cumplía una detención domiciliaria en la calle Cardenal Maurer 12, zona bajo San Antonio; 2) Recibida la notificación del mandamiento de condena, constató errores, en el nombre y en el carnet; sin embargo, la filiación y Número de Registro Judicial (NUREJ) se encontraban correctos; 3) Para evitar errores jurídicos se comunicaron con el Juez demandado, para que emita la corrección correspondiente, recibida a horas 20:00 la nota aclaratoria donde se hizo las aclaraciones; 4) Aproximadamente a horas 21:50 Juan Taboada Mamani, como custodio del privado de libertad con detención domiciliaria, dio cumplimiento a la condena emanada por el mencionado juzgador, trasladándolo a dependencias del Centro penitenciario referido supra; y, 5) En ningún momento se vulneró su derecho a la libertad, solo hubo un cambio de medida de detención domiciliaria al recinto de condena. Juan Taboada Mamani, Funcionario de la Policía boliviana, en su informe dado en audiencia de garantías, expresó: i) Recibió una llamada del Centro Penitenciario San Roque en el que le informaron la existencia del mandamiento de condena, el cual hizo conocer el mismo al accionado; ii) Verificado su nombre y carnet se hizo conocer al personal del Centro Penitenciario San Roque; iii) Pedro Paco Sola funcionario policial le indicó que mandarían una nota aclaratoria que llegó a las 8 o 9 de la noche; iv) Se informó a Armando Iriarte Gastelu -accionante- y a su abogado, en sentido de que el mandamiento de condena ya se encontraba corregido en nombre y número de carnet; v) En ningún momento hubo allanamiento a su domicilio, como se indicó en la acción de libertad; y, vi) A las 9:50 o 9:55 se notificó al ahora accionante señor Armando y posteriormente se lo trasladó al Recinto Penitenciario. Pedro Sola Paco, Funcionario Policial, durante el desarrollo de la audiencia informó en sentido que: a) Como Comandante de Guardia del Centro Penitenciario de San Roque, recibió una llamada de Luis Alberto Suarez Plata, quién indicó que se llevaría aclaratorios al mandamiento de condena, habiendo una corrección efectuada por el Juez; b) Su persona se constituyó en el lugar del hecho y en el domicilio del ahora accionante, conversó con el abogado para que se notifique al mandamiento; c) En ningún momento hubo allanamiento de domicilio; y, d) Indicó a Juan Taboada Mamani funcionario policial que ejecute el mandamiento, por lo que posteriormente se lo trasladó al Recinto Penitenciario señalado supra, sin que por ello signifique que se hubieran vulnerado sus derechos. Marcelo Barrios Arancibia, Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital, del departamento de Chuquisaca, en su informe oral, presentado en la audiencia tutelar, expresó que: 1) El impetrante de tutela ha sido condenado en primera instancia, en segunda instancia e inclusive en casación, obviamente se ha ejecutoriado la Sentencia; 2) El imputado en ningún momento estaba gozando de libertad; pues se encontraba sometido a una detención domiciliaria con vigilancia policial permanente; 3) Se ha emitido un mandamiento de condena y lo que en realidad se ha realizado, es un traslado del domicilio donde se encontraba con custodia permanente al Recinto Penitenciario donde debe cumplir su condena; 4) La Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-se ha referido al principio de informalidad, pero en el presente caso se pretende que los jueces y funcionarios estén sujetos a las formas por encima de las cuestiones de fondo; 5) La nota aclaratoria que emitió resultaría ser el único acto que podría considerarse como ilegal a partir de un razonamiento formal, pero no cambia los efectos de fondo de la Sentencia, ni de la condena; 6) Conforme la última parte del art. 83 del CPP, la duda sobre los datos obtenidos (con relación a la identificación del imputado) no altera el curso del proceso y podrá ser corregido en cualquier oportunidad aún durante la ejecución penal; 7) En el presente caso, ha existido un error en cuanto a la cédula de identidad, empero ha sido subsanado utilizando el principio de informalidad; por lo que su autoridad no ha cometido ningún hecho ilegal; 8) No es evidente que en ese caso su autoridad este interviniendo sin competencia, lo único que ha hecho es una nota aclaratoria que lleva su firma, para que se subsane un error material, que no es de fondo; 9) El presente caso, involucra a un sector vulnerable como es un menor de edad objeto de violación, en consecuencia se debe garantizar la aplicación de la ley; 10) El accionante gozaba de una detención preventiva en su domicilio con vigilancia policial permanente, presentado riesgo de fuga, máxime si se sabe que hay condena con privación de libertad de veintiún años, como autoridad teniendo la obligación de garantizar la efectividad de la sentencia como del mandamiento de condena; y 11) El lunes pasado se emitió un nuevo mandamiento de condena 14/2022, que ha sido remitido al encargado del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) y ejecución penal.
El Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías constitucionales, por Resolución AAC.LIB. 07/2022 de 16 de noviembre, cursante de fs. 47 vta. a 49 vta., concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo que el Tribunal de Sentencia Penal Primera de la Capital, libre nuevo mandamiento de detención domiciliaria del accionante y se disponga la ejecución inmediata, a efecto de hacer efectiva la sentencia ejecutoriada, cumpliendo con las formas que así prevé la ley. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: i) De acuerdo al art. 83 del CPP existe flexibilidad necesaria para modificar información, empero esa corrección se da en relación al art. 123 del citado código (que se refiere a la emisión de las resoluciones); el presente caso se trata de un mandamiento de condena librado por autoridad judicial competente que es reflejo de una resolución en la que se fundamenta las razones de la emisión de esa orden; ii) Si dicho mandamiento consignaba datos errados, corresponderá que una resolución disponga su corrección, no pudiendo efectuarse su modificación a través de notas; iii) La forma como se corrigió los datos del referido mandamiento no correspondía al modo como deben salvarse los defectos; iv) Toda modificación debió salvar la instancia que tiene competencia, en ese caso el Tribunal de Sentencia Penal -jueces colegiados- y no por nota suscrita por un solo Juez; por lo que, se vulneró el art. 23 de la CPE; v) En el proceso Penal nunca estuvo en duda los datos de identificación del ahora accionante, el caso en cuestión se trató de un error trivial y de ligereza al mantener la plantilla digital la cédula de identidad de un anterior caso; vi) El Estado debe hacer cumplir sus fallos, más aun en casos en los que se afectó la identidad sexual de una víctima menor de edad; vii) El Tribunal de Sentencia Penal no tenía competencia para que el mandamiento de condena se ejecute en días y horas extraordinarias; viii) El accionante se encontraba en detención domiciliaria, en esas circunstancia, no había necesidad que se libre un mandamiento de captura -que libra un Juez de Ejecución Penal-; y, ix) De los informes presentados por los funcionarios policiales codemandados se advierte que ningún funcionario policial ingresó al domicilio, sino a través de su custodio es que ejecutó el mandamiento de condena; por tanto, no interesa la hora en la que se ejecutó, toda vez que solo se produjo un traslado, por lo que, no hubo allanamiento de domicilio o ejecución en horas inhábiles de trabajo.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro de la tramitación del Proceso Penal que siguió el Ministerio Público contra Armando Ariel Iriarte Gastelu -accionante-, por la comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca, emitió el mandamiento de condena 14/2022 de 10 de noviembre, correspondiente al caso con NUREJ: 1087003, por veintiún años de presidio a cumplirse en el Centro Penitenciario San Roque del referido departamento, con relación al ciudadano: “Ariel Armando Iriarte Gastelu C.I. 4093057” (fs. 2). Se notificó al condenado, a horas 21:55 de 11 de noviembre de 2022 (fs. 2 vta.). II.2. Por nota aclaratoria de 11 de noviembre de 2022, Marcelo Barrios Arancibia, Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca, aclaró que en el Mandamiento de condena 14/2022, existió error en cuanto al nombre y cedula de identidad del condenado, quién es: “Armando Ariel Iriarte Gastelu con C.I. 3119511 Or.”, aclaró que la modificación la realizó el amparo del art. 168 del CPP; con la dicha nota aclaratoria se notificó al condenado, a horas 21:55 de 11 de noviembre de 2022 (fs. 3).
El accionante denuncia la lesión de su derecho de libertad, por cuanto encontrándose guardando detención domiciliaria, se ha ejecutado un mandamiento de condena en su contra, cuando el mismo: a) Contenía datos errados en cuanto a su nombre y su cedula de identidad, subsanado con una nota aclaratoria emitida sin competencia por el Juez accionado; y, b) Se allanó su domicilio y en horas inhábiles; por lo que solicitó se conceda la tutela, se disponga que su persona retorne al domicilio donde se encuentra guardando detención domiciliaria, mientras se emita el mandamiento de condena con todas las formas reclamadas en la presente acción. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0130/2018-S2 de 16 de abril se ha pronunciado sobre el deber de atención prioritaria e inmediata niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual estableciendo el siguiente precedente constitucional:
[Una] vez recibida la denuncia o información fehaciente de un caso de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, se debe dar PRIORIDAD ABSOLUTA a su atención; por lo que, los operadores de justicia, Policía Boliviana, Ministerio Público y Defensorías de la Niñez y Adolescencia, tienen la obligación de actuar de manera inmediata y agilizar los actos investigativos necesarios en cada uno de los casos, brindando las acciones de protección y auxilio a las víctimas -niña, niño y adolescente-. En dicho orden, la citada Sentencia a tiempo de resolver el caso, en el que el accionante, emergente de una denuncia de violencia sexual, alegaba que funcionarios policiales y servidores públicos de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, lo aprehendieron ilegalmente, precisó lo siguiente:
El Estado tiene la obligación de garantizar la prioridad del interés superior de las niña, niños y adolescentes; en ese sentido, deben ser atendidos con preferencia en centros de salud, escuelas, centros judiciales, Policía Boliviana, entre otros; asimismo, tiene el deber de adoptar medidas especiales de protección a su favor, sobre la base de los principios de protección especial y efectividad, que implican la atención positiva y preferencial; y, la adopción de mecanismos tendentes a lograr la efectividad de sus derechos. En el mismo sentido, tiene que actuar con la adecuada diligencia, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, adoptando medidas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro su vida o integridad, tomando especialmente en cuenta, la situación de vulnerabilidad de la mujer menor de edad.
A partir de ello, por una parte, el Código Niña, Niño y Adolescente y su Reglamento, establecen que el Ministerio Público y la Policía Boliviana deben priorizar y agilizar la atención e investigación de los delitos contra la integridad física, psicológica y sexual de las niñas, niños y adolescentes; y por otra, la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia dispone el deber de actuación inmediata para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica y sexual de las mujeres en situación de violencia.
Consiguientemente, la actuación de los funcionarios policiales y del Ministerio Público debe estar orientada por dichos principios y normas; por tanto, destinada a la protección inmediata de las niñas y mujeres adolescentes víctimas de violencia sexual.
De esa manera, la citada Sentencia ponderando las situaciones fácticas del caso determinó que:
Consiguientemente, en los casos como el presente, en los que exista una solicitud de ayuda formulada por la víctima o denuncia fehaciente de violencia sexual o física contra niñas, niños y adolescentes, es posible que los funcionarios de la Policía Boliviana, actuando de manera conjunta con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, efectúen su inmediato rescate de la niña, niño o adolescente en situación de violencia, así como la aprehensión del presunto autor, cuando dicha medida sea fundamental para garantizar los derechos de aquéllos, con la única finalidad de ponerlos a disposición de la autoridad competente, conforme a las garantías dispuestas por el Código de Procedimiento Penal.
Boliviano La SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, en su Fundamento Jurídico III.1.3, se ha pronunciado sobre la debida diligencia como deber inherente del Estado boliviano, principio-garantía, que debe guiar la actuación de las y los servidores públicos de las diferentes institucionales y órganos del Estado en los casos vinculados con hechos de violencia en razón de género. Así realizando un recuento de las normas especiales de la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- aplicables en los procesos judiciales y administrativos de casos de violencia, realizó varias precisiones.
En el Capítulo III sobre Persecución Penal -del referido Título I-, específicamente en el art. 61 de la Ley 348, se determina que además de las atribuciones comunes establecidas en la Ley Orgánica del Ministerio Público -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, las y los Fiscales de Materia que ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar en el ejercicio de sus funciones, entre otras, las siguientes medidas:
1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito…
Por otra parte, en el Título V sobre Legislación Penal, en el Capítulo III, específicamente en el art. 86 de la Ley 348, se establecen los principios procesales que deben regir los hechos de violencia contras las mujeres, disponiendo que:
ARTÍCULO 86. (PRINCIPIOS PROCESALES). En las causas por hechos de violencia contra las mujeres, las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales:
2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento.
7. Protección. Las juezas y jueces inmediatamente conocida la causa, dictarán medidas de protección para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia.
8. Economía procesal. La jueza o juez podrá llevar a cabo uno o más actuados en una diligencia judicial y no solicitará pruebas, declaraciones o peritajes que pudieran constituir revictimización.
11. Verdad material. Las decisiones administrativas o judiciales que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, debe considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple.
En el mismo Capítulo III -del referido Título V-, respecto a las directrices de procedimiento, en el art. 87.4 de la referida Ley 348, se dispone que en todos los procedimientos administrativos, judiciales e indígena originario campesinos (IOC), se aplicarán, entre otras, la siguiente directriz: “Obligación de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de todos los hechos que constituyan violencia hacia las mujeres” (el resaltado es nuestro).(…)
De lo anotado, se concluye que en el marco de los estándares internacionales e internos de protección a las mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; debida diligencia que, en la labor de investigación, se traduce en la investigación de oficio de los hechos de violencia hacia las mujeres, la celeridad en su actuación, la protección inmediata a la misma, la prohibición de revictimización y que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y no a la víctima».
En el orden de ideas señalado, el alcance de la debida diligencia obliga a que las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, encuadren su actuación a la debida diligencia desde el momento que se presenta una denuncia o se conoce sobre un hecho de violencia en razón de género, esto implica que se actúe en el marco de los principios de celeridad, verdad material, economía procesal, protección efectiva y demás principios que se encuentran previstos en la Ley 348.
En dicho contexto, los Fiscales de Materia y demás autoridades, a quienes por ley se les ha conferido la facultad de disponer medidas de protección, deberán de actuar no sólo con la celeridad debida, sino también de manera proactiva, sin esperar el impulso de la víctima; por ello, no resulta conducente con la normativa nacional e internacional en vigencia, circunscribir su actuación únicamente a lo que la parte denunciante pueda o no solicitar, debido a que en estos casos no solo corresponde actuar con una debida diligencia, sino también utilizar una perspectiva de género, lo que obliga a investigar los casos de violencia, identificando: i) Las relaciones asimétricas de poder; y, ii) La identificación de las posibles víctimas involucradas, entre ellos, niñas, niños o adolescentes que pueden estar afectados dentro de un ambiente familiar en situación de violencia, respecto de los cuales se deben adoptar las medidas de protección necesarias en el marco de su interés superior, adoptando una perspectiva especializada también en niñez y adolescencia.
La citada SCP 0017/2019-S2 ha establecido la obligación que se tiene en sede constitucional de analizar el problema jurídico planteado en las acciones de defensa de manera integral, considerando los derechos de las partes en conflicto; más aún, tratándose de casos que emerjan de hechos de violencia en razón de género. Así la citada Sentencia expresó el siguiente precedente constitucional:
[Es] obligación del Tribunal Constitucional Plurinacional, analizar el problema jurídico planteado en las acciones de defensa de manera integral, considerando los derechos de las partes en conflicto; más aún, tratándose de casos que emerjan de hechos de violencia en razón de género; pues en éstos asuntos, aun el peticionante de tutela sea el imputado, corresponderá analizar el contexto del proceso penal, para verificar si se cumplieron los estándares internacionales e internos respecto a la protección de los derechos de las mujeres; de lo contrario, se cohonestaría actuaciones contrarias a la normativa internacional e interna; incumpliendo con las responsabilidades internacionales asumidas por el Estado boliviano.
El análisis del problema jurídico en forma integral y dentro del contexto del proceso penal señalado, resulta ser un entendimiento, , que es coherente con el principio de verdad material contemplado en el art. 180.I de la CPE, a partir del cual, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, la o el juzgador debe buscar la paz social, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos, encontrando la verdad de los hechos, por encima de mecanismos formales o procesales; con la finalidad que las partes, accedan a una justicia material, eficaz y eficiente. Así, la SCP 1662/2012 de 1 de octubre, entendió en el Fundamento Jurídico III.3, que el contenido del principio de verdad material: …implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja, 1El principio de prevalencia del derecho sustancial respecto al formal, se vincula con el principio de verdad material, conforme lo entendió la SCP 1662/2012 de 1 de octubre, al sostener en el FJ III.3, que: “…el principio de verdad material consagrado por la propia Constitución Política del Estado, corresponde ser aplicado a todos los ámbitos del derecho; en ese orden, debe impregnar completamente la función de impartir justicia. Por ende, no es posible admitir la exigencia de extremados ritualismos o formalismos, que eclipsen o impidan su materialización, dado que todo ciudadano tiene derecho a una justicia material, como se desprende de lo estipulado por el art. 1 de la CPE, por lo que, debe garantizarse que las decisiones de las autoridades jurisdiccionales a cargo del proceso, sean producto de apreciaciones jurídicas, procurando la resolución de fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia; pues si bien, las normas adjetivas prevén métodos y formas que aseguren el derecho a la igualdad de las partes procesales, para garantizar la paz social evitando cualquier tipo de desorden o caos jurídico; sin embargo, los mecanismos previstos no pueden ser aplicados por encima de los deberes constitucionales, como es la de otorgar efectiva protección de los derechos constitucionales y legales, accediendo a una justicia material y por lo tanto, verdaderamente eficaz y eficiente. Todo ello con el objetivo final de que el derecho sustancial prevalezca sobre cualquier regla procesal que no sea estrictamente indispensable para resolver el fondo del caso sometido a conocimiento del juez”.
parcialice o distorsione la percepción de los hechos a la persona encarga de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta e irrazonable que no responda a los principios, valores y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que todas las autoridades del Órgano Judicial y de otras instancias, se encuentran impelidos de aplicar, entre ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal (el resaltado es ilustrativo).
Como se ha entendido en la señalada SCP 17/2019-S2, el principio de verdad material no solo es predicable respecto a las o los jueces, sino, que como todo principio, se irradia hacia la actividad de las y los diferentes operadores jurídicos, cuyas actuaciones se enmarcan en la debida diligencia, en el marco de los estándares de la Corte IDH y lo previsto expresamente por el art. 86.11 de la Ley 348; según el cual, las decisiones administrativas o judiciales, que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, deben considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple. En ese mérito, se considera que:
Las] acciones de defensa que emerjan de procesos judiciales o administrativos en los que se debatan hechos de violencia hacia las mujeres, la justicia constitucional está obligada a efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales, de acuerdo al caso; pues, solo de esta manera, se podrá dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado y se respetarán los derechos de las víctimas de violencia en razón de género, entre ellos, el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, así como a una vida libre de violencia.
En el análisis que se pasa a desarrollar, este Tribunal Constitucional Plurinacional, tendrá en cuenta que el presente caso, deviene de la tramitación de un proceso penal, por la comisión de un delito de violación a niño, niña, adolescente, existiendo al momento de la comisión del supuesto acto ilegal -denunciado en la acción tutelar- una Sentencia condenatoria ejecutoriada contra el accionante; con esa consideración previa, se determinara si: 1) Se emitió un mandamiento de condena por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca, con error en cuanto al nombre y al carnet de identidad; 2) El Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Marcelo Barrios Arancibia -demandado-, subsanó el error con una nota aclaratoria -sin competencia-; y, 3) Se ejecutó el señalado mandamiento de condena -subsanado por nota aclaratoria- allanando su domicilio y sin habilitación de horas inhábiles.
Se pasa a determinar, si es cierto o no los extremos señalados en la acción de libertad, a fin de determinar que corresponde concederse o rechazarse la tutela planteada. a) Con referencia a la subsanación de un mandamiento de condena y los principios de la debida diligencia, verdad material sobre la formal y celeridad
La parte accionante, consideró que al haberse ejecutado un mandamiento de condena con datos equivocados, en cuanto a su nombre, como a su cedula de identidad ha cometido una serie de ilegalidades: i) El Juez demandado, ha emitido una nota aclaratoria, en la que sin competencia, solo dicha autoridad -con falsedad ideológica-ha subsanado los errores, cuando lo que correspondió era hacerlo con la firma de los tres Jueces que integran el Tribunal referido supra; ii) Los funcionario policiales codemandados, si consideraban que el mandamiento contenía errores, debieron haberlo hecho corregir antes de ejecutarlo; y, iii) El policía responsable del Centro Penitenciario, ha cometido un delito al recibir a una persona, sin que exista mandamiento legal. De obrados, se evidencia que en la tramitación del proceso penal, por el delito de violación de infante, niño, niña, adolescente, se ha emitido Sentencia condenatoria, disponiendo la condena de “Armando Ariel Iriarte Gastelu, con C.I. 3119511 Or.” por el lapso de veintiún años de presidio, a cumplirse en el Centro Penitenciario San Roque, dicho fallo adquirió ejecutoria, por lo que el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital, del referido departamento, emitió el mandamiento de condena 14/2022 de 10 de noviembre, contra del ciudadano: “Ariel Armando Iriarte Gastelu con CI 4093057”-ahora accionante-. Al día siguiente de la emisión del señalado mandamiento; es decir, el 11 de noviembre de 2022, vía ciudadanía digital, a horas 16:30, Luis Alberto Suarez Plata, Director del Recinto Penitenciario San Roque, tuvo conocimiento de la existencia del mandamiento de condena, quien constatando los errores y a fin de evitar problemas posteriores, se comunicó con Marcelo Barrios Arancibia, Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital, quién a horas 20:00, les hizo conocer la nota aclaratoria con la que procedió a realizar la corrección correspondiente; en esas circunstancias, Pedro Sola Paco, Comandante de Guardia del Recinto Penitenciario, se constituyó en el domicilio en el que el accionado se encontraba con detención domiciliaria y juntamente su custodio, Juan Taboada Mamani, a horas 21:55 procedieron a notificar al abogado y al condenado, trasladándolo al Recinto Penitenciario. El presente caso, resulta ser sumamente delicado, por cuanto se trata de la comisión del delito de violación de un niño, niña, adolescente, siendo la víctima de violencia sexual, que lesiona sus derechos a su integridad física y psicológica, por lo que, como parte de un grupo en especial situación de vulnerabilidad, son dignos de protección jurídica; en esas circunstancias, las autoridades del Estado, sean judiciales o no judiciales, como la Policía o el Ministerio Público, asumen compromisos de normas convencionales como nacionales, que les obliga a tener presente el interés superior de las niñas, niños y adolescente, orientando sus actuaciones conforme a los principios que les aseguran las mejores y mayores condiciones, para los mismos, como son los principios de la debida diligencia y la verdad material, no solamente para prevenir e investigar un delito, sino también para sancionar la violencia contra la víctima de violencia sexual, conforme se ha razonado en Fundamentos Jurídicos III.1., III.2. y III.3. de la presente sentencia constitucional. En aquellos casos de violencia sexual, con mayor razón si se trata de un niño, niña y adolescente, el deber de la debida diligencia debe cumplirse con mayor rigurosidad por las autoridades del poder, que tienen la obligación de considerar principios procesales, tal el principio de verdad material, en mérito al cual en casos de víctimas de violencia sexual, corresponde a las autoridades judiciales, tener presente la verdad de los hechos comprobados por encima de las formalidades puras y simples, conforme se establece en el art. 86.11 de la Ley 348; además las autoridades jurisdiccionales -no solo de la justicia constitucional-, tales las autoridades ordinarias, agroambiental, Indígena Originaria Campesina (IOC) y otras, desde una perspectiva de género y de enfoque diferencial, deben realizar un análisis integral, considerando no solo los derechos del imputado y/o acusado y/o sentenciado, sino que también dentro del contexto del proceso penal, deberá tenerse presente los derechos de la víctima, en coherencia con el señalado principio de verdad material, de tal manera de que se encuentre la verdad de los hechos por encima de cualquier formalidad; todo ello en el marco de lo señalado en Fundamentos Jurídicos III.2. y III.3. de esta determinación constitucional. El deber de la debida diligencia, también se materializa con la aplicación y la vigencia material de otros principios procesales, como son los principios de celeridad y de protección de la víctima de la situación de violencia, establecidos en el art. 86.2 y 7 de la señalada Ley 348, principios que dan pie para que la autoridad judicial, en un marco de razonabilidad, cumplan sus actuados procesales con la mayor celeridad, actuando sin ningún tipo de dilación, bajo apercibimiento y responsabilidad, con la finalidad de salvaguardar la vida, integridad física, psicológica y sexual de las personas víctimas de violencia sexual, conforme se ha desarrollado en Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional.
El mandamiento de condena emitido por los tres Jueces que integran el Tribunal de Sentencia Penal Primero ya referido y que ha dado lugar al planteamiento de la presente acción tutelar, evidentemente tuvo errores que no pueden ser negados por este Tribunal Constitucional Plurinacional, como el cambio del orden del nombre de “Ariel Armando” cuando se trató de “Armando Ariel”, así como la Cedula de Identidad pues se señaló el “4093057” cuando en realidad correspondió al “3119511”; sin embargo, debe considerarse que no todos los defectos de los actos procesales tienen la misma importancia, pues unos pueden ser de contenido cuando se encuentra vinculados a la legalidad y la justicia del acto mismo, pero otros son simplemente formales pudiendo calificarse como trascendentes e intrascendentes, según afecten o no la validez del acto. Los defectos denunciados en la acción tutelar, no se constituyen en defectos de contenido o de fondo, porque no se evidencia la existencia de los mismos, en la Sentencia o Resolución que hubiera adquirido ejecutoria, que ni siquiera está siendo cuestionada en la presente acción constitucional; los errores denunciados son formales, pero la parte accionante entendió la existencia de una trascendencia de los mismos, en cuanto implicaría haberse emitido el mandamiento de condena contra otra persona (de nombre distinto y con otro carnet de identidad) y no así con relación a su persona, como sentenciado ejecutoriado. El mandamiento de condena no solamente contiene los datos extrañados o denunciados de ilegales, sino que también tiene otra información, que contribuye a determinar, que dicho acto procesal, fue emitido contra el ahora accionante, entre esta información está el relativo al “mandamiento de condena de VEINTIUN AÑOS DE PRESIDIO, A CUMPLIRSE EN EL PENAL DE SAN ROQUE”, también se expresó en el mismo: “Así se tiene ordenado por Sentencia 17/2021 de fecha 24 de Mayo de 2021”, esa Sentencia y esa sanción, solo ha sido establecida en el proceso penal que se siguió contra Armando Ariel Iriarte Gastelu -accionante-; resultando un despropósito entender que por los errores formales señalados se entienda que no era una mandamiento dirigido contra su persona. Otra información no menos importante y que contiene el mandamiento de condena es que en el mismo se ha expresado que el NUREJ corresponde al: “1087003”, mismo que por ser tal se refiere al “Número Único de Registro de Expediente Judicial”; es decir, que se constituye un código a través del cual se identifica a cada proceso judicial, dentro del mismo los sujetos procesales y la información que se tiene de los mismos (en cuanto a nombre, carnet de identidad y otros), todo lo que se puede validar a través del sistema informático o portales de la web del Órgano Judicial de Bolivia (como el SIREJ-), pudiendo las partes hacer las consultas en línea que correspondan o acceder al estado del proceso judicial específico, como a la información de cada sujeto procesal. En ese mérito, no se puede desconocer que el mandamiento de condena 14/2022 (que contiene los errores de forma detectados), corresponde a la existencia de un acto procesal de ejecución de la Sentencia 17/2021 de 24 de mayo, que se emitió en el proceso penal que se siguió contra el accionante; de ahí que, no corresponde entenderse que, por los defectos formales señalados, fuera un mandamiento que no esté dirigido contra el acusado, hoy accionante. La parte accionante considera que, si la emisión del mandamiento de condena fue suscrita por los tres jueces que integraron el Tribunal de Sentencia Penal Primero, los mismos tendrían que ser quienes corrijan el mismo; razonamiento similar que tiene el Juez de garantías constitucionales, quién razonó en sentido de la corrección de un mandamiento de condena, debe ser a través de una resolución judicial, pronunciada por el Tribunal que dispuso su emisión. Entre las determinaciones que de manera necesaria deben emitirse por un Tribunal y con mayoría de votos es sobre todas las cuestiones incidentales que surjan durante la tramitación de un proceso -por ejemplo determinaciones vinculadas a la extinción de acción penal u otras- u otras situaciones previstas en el art. 359 del CPP, tal los fallos de fondo en los que se establezca la comisión de un hecho punible, absolución, condena, pena; en esa lógica procesal es que los integrantes del citado del Tribunal de Sentencia en el caso concreto, emitieron y dictaron la Sentencia de fondo 17/2021 de 24 de mayo, en la que se sancionó y se dispuso la condena de veintiún años de reclusión del acusado, ahora accionante. Ahora bien, un fallo de fondo como es una sentencia (emitida de manera necesaria con la mayoría de votos de los miembros del Tribunal), da lugar a la emisión de otros actos procesales, como es un mandamiento de condena, no habiendo duda que de manera preferente, en ese tipo de actos también intervengan la mayoría de integrantes del Tribunal; sin embargo, en aquellos casos de procesos penales, en los que deba aplicarse normativa internacional y nacional especial, como es la Ley 348, en procesos de violencia sexual, máxime si además se tiene como víctima a un niño, niña, adolescente, no hay lugar a dudas que las formas procesales ideales, como es que un mandamiento de condena sea emitido por todo un Tribunal colegiado, deben ceder paso a la verdad material conforme a los hechos sucedidos, más aún en el caso concreto, en el que se llegó a la conclusión judicial que hubo un delito de violación y esa determinación se ejecutorió en todas las instancias, en consecuencia lo que ya corresponde no es nada más que hacer valer la verdad material y que el fallo condenatorio ejecutoriado se materialice, a través del cumplimiento del mandamiento de condena, que es una forma de asegurar el deber de la debida diligencia, en cuanto a la determinación de la sanción, que abre la posibilidad de la reparación de la víctima del delito de violencia sexual. El que se hayan producido errores formales en la emisión del mandamiento de condena, no implica que por ello dicho mandamiento dejó de tener validez y las subsanaciones del mismo deben realizarse a la mayor brevedad y celeridad posible, que se postergaría en caso que por temas formales, tenga que volverse a reunir el Tribunal; en cuyo caso y en esa situación excepcional, tratándose de procesos de violencia sexual, podrá el Juez técnico de Sentencia realizar las subsanaciones que sean necesarias, porque las mismas no afectan a la validez de la decisión de fondo, al contrario, ese tipo de subsanaciones, aseguran que la decisión de fondo se ejecute y se cumpla a la mayor brevedad posible, solo así se actúa con debida diligencia, dándose cumplimiento a los principios de verdad material sobre la verdad formal, así como el principio de celeridad. En consecuencia, Marcelo Barrios Arancibia, Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital, del Departamento de Chuquisaca, al haber emitido la nota aclaratoria, subsanando los errores constatados, previamente evidenciando en el mandamiento la existencia de otros elementos que de manera indubitable establecen la identidad de la persona que fue sentenciada y condenada, no cometió ninguna ilegalidad, o el delito de falsedad ideológica -como así asevera la parte accionante-; al contrario, esa determinación viabilizó que la sentencia condenatoria sea ejecutoriada, como correspondía al estado del proceso, más aun al constatarse que se trataba de la ejecución de una condena por la comisión de un delito sexual en el que se agredió a un niño, niña, adolescente, circunstancia del caso particular que obligaba a la autoridad judicial, aplicar un enfoque integral y ver no solo la situación del sentenciado (cuya identidad por varios elementos mencionados no dejaba duda alguna -pese a que existían errores formales-), sino también tenía que ver la situación en la que quedaba la víctima (si es que no subsanaba los errores formales que se identificaron); por ello asumió esa determinación de subsanar rápidamente errores de esa naturaleza, con ello no hizo más que actuar cumpliendo con su deber de la debida diligencia que era necesaria, en casos como el señalado. Además, la autoridad judicial accionada, en su determinación y forma de actuación no solo ha dado cabal aplicación a los principios de debida diligencia, verdad material (sobre la formal) y celeridad, sino que además en su condición de Juez Técnico de Sentencia, también ha actuado en el marco de lo señalado en el art. 83 del CPP, que establece que: “La duda sobre los datos obtenidos -de identidad- no alterará el curso del proceso y los errores podrán ser corregidos en cualquier oportunidad, aún durante la ejecución penal.”; es decir, que con esa facultad legal, lejos de haber actuado sin competencia -como ha denunciado la parte accionante-, en ejercicio pleno de su competencia, corrigió errores formales de identificación del sentenciado, para que se dé cumplimiento al mandamiento de condena instruido al Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca, acto procesal que aseguró el inicio de la ejecución material de la sentencia, todo lo que posibilitó que el trámite del proceso, no se altere y continué su curso legal. En consecuencia y por todo lo expresado, en el presente caso el Juez accionado, no ha cometido ninguna ilegalidad que lesione los derechos de la parte accionante; correspondiendo denegarse la tutela planteada en su contra. b) Con relación a la actuación policial y el deber de la debida diligencia que tienen que cumplir en la ejecución de un mandamiento de condena La ejecución de un mandamiento -de condena u otro-, debe emanar de autoridad competente y tiene que ser emitido por escrito, en el marco de lo regulado por el art. 23.III in fine de la CPE; mandamiento que debe ser pronunciado respetando la garantía al debido proceso, como el derecho de defensa de la parte imputada/acusada/sentenciada. La norma constitucional de referencia, concuerda con la previsión del art. 227.2) del CPP, en mérito a la cual se establece que la Policía Nacional, podrá aprehender a toda persona en cumplimiento de un mandamiento de aprehensión librado por juez o tribunal competente.
El razonamiento lógico de la previsión legal de referencia, en el marco de la regulación constitucional señalada, se extiende aquellos casos en los que no se trata de un mandamiento de aprehensión sino un mandamiento de condena, sea que el sentenciado se encuentre libre o con alguna medida cautelar, como es por ejemplo una detención domiciliaria; es decir, que la Policía boliviana, podrá ejecutar un mandamiento de condena, cuando el mismo emane de autoridad competente, en aquellas circunstancias que se dan durante la ejecución penal de una sentencia condenatoria; es decir, cuando la misma tiene la calidad de ejecutoriada. En los casos de hechos de violencia en razón de género, se constituye en un deber inherente a todo funcionario público, como son quienes integran la Policía boliviana, el actuar con debida diligencia, en el marco de las normas y estándares convencionales, como de la normativa interna, debiendo cumplir con los principios procesales básicos como es el principio de celeridad, que obliga a los policías y demás operadores de justicia, actuar sin dilación alguna, bajo su responsabilidad y apercibimiento, conforme de lo regulado por el art. 86.2 de la Ley 348, mencionado en Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional. En aquellos casos en los que se ha emitido un mandamiento de condena, como consecuencia de la existencia de una sentencia ejecutoriada, en la que se ha condenado a un acusado, por la existencia comprobada de la comisión de un hecho delictivo, de violencia sexual contra quién integra un grupo de especial protección como es un niño, niña, adolescente; en esas circunstancias corresponde a todo funcionario policial actuar con la mayor celeridad, a fin de lograr una protección inmediata de la víctima, caso contrario se procedería a una revictimización de la misma. Conforme informó en audiencia el accionado Luis Alberto Suarez Plata, Director del Recinto Penitenciario de San Roque, el 11 de noviembre de 2022, a través de ciudadanía digital, a horas 16:30 llegó la notificación del mandamiento de condena contra el ahora accionante, verificando a la brevedad que dicho mandamiento contenía errores en cuanto al nombre y cedula de identidad del sentenciado, procediendo a comunicar esa situación a la autoridad judicial demandada, quién aproximadamente a horas 20:00 hizo llegar la nota aclaratoria, con la corrección de los errores formales, mismos que fueron puestos en conocimiento de Pedro Sola Paco, Comandante de la Guardia del Recinto Penitenciario de San Roque, quién en conocimiento del mandamiento como de la corrección que realizó el juzgador, se constituyó en el domicilio del sentenciado, donde se encontraba Juan Taboada Mamani, en su condición de custodio del privado de libertad con detención domiciliaria; en esas circunstancias, ambos Funcionarios policiales conversaron con el abogado y el detenido, procediendo a notificar al último a horas 21:55 con el mandamiento de condena, así como con la nota aclaratoria (Conclusión II.2.), posteriormente, el funcionario policial que custodiaba al detenido domiciliario ejecutó el mandamiento, trasladando a Armando Ariel Iriarte Gastelu al Centro Penitenciario San Roque. La relación de hechos precedente, evidencia que las autoridades policiales, en conocimiento de un mandamiento de condena y de una nota aclaratoria del mismo -a través de la que el juzgador corrigió errores formales-, en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales, ejerciendo debida diligencia y con la celeridad que les fue posible, cuando el mandamiento de condena ya contaba con la corrección correspondiente, procedieron a ejecutar el mismo, llevando al que tenía detención domiciliaria al referido Penal, en consideración no solo de la actuación del Juez Técnico del Tribunal de Sentencia, quién con la competencia que le reconoce el art. 83 del CPP, corrigió datos formales de identificación, sino que también lo hicieron en el contexto del proceso en el que se emitió el mandamiento de condena, en el que se sentenció la comisión de un delito de violencia sexual contra niño, niña, adolescente, que agraviaron bienes jurídicos protegidos de la víctima, que forma parte de grupos en especial situación de vulnerabilidad, en la que era necesario actuar con la mayor celeridad que fuera posible, por lo que mal se puede considerar que las autoridades accionadas hubieran cometido un acto legal que lesione la libertad de la parte accionante. Además, también es necesario considerar la posición que expresa la parte accionante, en sentido que la ejecución del mandamiento de condena, se la realizó en horas inhábiles, allanando su domicilio, cuando el mismo se encontraba guardando una detención domiciliaria. Como se ha expresado en forma reiterada en el presente fallo constitucional, debe tenerse presente que el proceso penal que ha motivado la Sentencia condenatoria ejecutoriada se trata de un caso de notoria gravedad, pues se ha probado la existencia de un delito sexual contra una víctima niño, niña, adolescente; en ese orden, en casos como el presente, las autoridades del Poder Público, como es la Policía boliviana, tiene la obligación de actuar en forma inmediata y colaborar en la ejecución de la sentencia, precisamente ejecutando el mandamiento de condena, de quién además no se encontraba con libertad física, sino gozando de la medida cautelar personal de detención domiciliaria. La medida cautelar personal de detención domiciliara, si bien es una medida alternativa a la detención preventiva, comparte con la misma restricción de la libertad, aunque por ser tal, la detención domiciliaria tiene una intromisión menos grave a la libertad, pues la persona permanece a disposición judicial en su domicilio, con supervisión policial; sin embargo, cuando ya se ha pasado la etapa preparatoria, se ha desarrollado el juicio y se ha emitido una Sentencia condenatoria, más aún en aquel caso en el que dicha resolución de fondo ha adquirido ejecutoria, la privación de libertad del detenido domiciliariamente, tiene que cambiar su calidad ha detenido en prisión o en recinto penitenciario, siendo el mandamiento de condena y su ejecución el instrumento a través del cual el privado de libertad debe ser trasladado de su domicilio al Recinto Penal, sin que por ello se considere que en esas condiciones pueda haber un allanamiento de domicilio. Encontrándose dentro del domicilio del sentenciado, Juan Taboada Mamani funcionario policial demandado, como custodio policial, el mismo simplemente procedió a ejecutar el mandamiento de condena, circunstancia en el que el privado de libertad con detención domiciliaria pasó a ser un privado de libertad que en ese momento de la ejecución del mandamiento de condena tuvo que ser trasladado al Centro Penitenciario San Roque, sin que por ese hecho se considere que se ha procedido a un allanamiento del domicilio de quién estuvo detenido en su interior; por lo que el funcionario señalado, tampoco ha cometido ningún acto ilegal, cuando en forma directa fue el responsable en la ejecución del mandamiento de condena. La necesidad de una actuación inmediata del funcionario policial es mayor, porque se encontraba con un condenado a veintiún años de prisión, que se encontraba gozando de una medida cautelar más benigna cual es la detención domiciliaria, circunstancia que por sí sola ameritaba asumir el traslado en forma inmediato, a fin de evitar el surgimiento de un peligro de fuga, de quién de detenido domiciliario pasaba a ser un detenido en Recinto Penitenciario por un tiempo extenso, conforme a la sanción condenada, por un delito que se cometió contra un niño, niña, adolescente. Por todo lo antes expresado, tampoco se puede considerar que los accionados Luis Alberto Suarez Plata y Pedro Sola Paco, en sus calidades de Director y Comandante de Guardia del Recinto Penitenciario San Roque, respectivamente, hubieran cometido un delito -como así manifestó el accionante- por haber recibido Armando Ariel Iriarte Gastelu en dicho Recinto, sin que exista mandamiento emitido por autoridad competente legal; en todo caso así lo hicieron en cumplimiento de un mandamiento emanado de autoridad competente. En consecuencia, no corresponde a derecho la pretensión de la impetrante de tutela, en sentido el accionante, condenado a veintiún años de presidio, vuelva a gozar de una detención domiciliaria, porque no es cierto que se hubieran cometido las ilegalidades denunciadas, tampoco ha existido el allanamiento de domicilio denunciado, habiéndose procedido a la ejecución del mandamiento de aprehensión cumpliéndose con el deber de una actuación inmediata y de protección a la víctima; por lo que no corresponde otorgar la tutela demandada, no habiendo cometido ninguna ilegalidad en sus actuaciones las autoridades policiales. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución AAC.LIB. 07/2022 de 16 de noviembre, cursante de fs. 47 a 49, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada, conforme los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0262_2025-S3.pdf · páginas 1 a 21.
Huella digital del PDF (SHA-256): 20bc3a7acc279bc86f346aaa97a5a3568722e3c851e1e49d5048f0f97399a354
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