B.IA.LEGAL

SCP 0262/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 26 de junio de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
26 de junio de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
48593-2022-98-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de sus representantes sin mandato denuncia como vulnerados sus derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia vinculados con su derecho a la libertad, así como, con los principios de debido proceso y celeridad; toda vez que, el Auto de Vista de 18 de mayo de 2022 pronunciado por la autoridad hoy demandada, carece de una debida fundamentación y motivación; y, al haber corroborado la concurrencia de los peligros de fuga y obstaculización previstos en los art. 234.7 y 235.1 y 2 del CPP, hizo que su Resolución sea arbitraria, irrazonable, basada en conjeturas, suposiciones y especulaciones, desconociendo las reglas de la sana crítica al momento de valoración de la prueba.

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 34/2022 de 24 de junio, cursante de fs. 80 a 90 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Obligación del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0262/2024-S4 Sucre, 26 de junio de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 48593-2022-98-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 34/2022 de 24 de junio, cursante de fs. 80 a 90 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ademar Giovanni Gonzales Paniagua y Elsa Gabriela Ortega Sarmiento en representación sin mandato de Wilder García Balderrama contra Pablo Antezana Vargas, Vocal Presidente de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 23 de junio de 2022, cursante de fs. 1; 36 a 44 vta., el accionante a través de sus representantes sin mandato refirió lo siguiente: 1.1.1. Hechos que motivan la acción Dentro del proceso penal seguido en su contra y otros, por la presunta comisión del delito de secuestro; se presentó imputación formal ante el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Punata del departamento de Cochabamba, como consecuencia de ello y en consideración a lo manifestado en audiencia de medida cautelar celebrada el 4 de mayo de 2022, la autoridad jurisdiccional –Juez de Instrucción Penal Primero de Punata– emitió el Auto Interlocutorio de la misma data, disponiendo su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de Sacaba de Cochabamba; sin embargo, dicha Resolución presentó defectos de forma y de fondo; toda vez que, no contenía la debida fundamentación ni las razones por las cuales la mencionada autoridad llegó a la conclusión de que su comportamiento –del hoy impetrante de tutela–, constituía riesgos procesales de fuga y obstaculización; tampoco tuvo una motivación suficiente; es decir, que dicha determinación resultó ser arbitraria, irrazonable, con una fundamentación basada en conjeturas, suposiciones y especulaciones, desconociendo las reglas de la sana crítica al momento de la valoración de la prueba, tal cual instruye el art. 173 del Código de Procedimiento Penal (CPP) con las modificaciones de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres y, siendo que en virtud a ese actuar se dispuso su detención preventiva, se le vulneró su derecho al debido proceso, vinculado con su libertad. En cuyo mérito, al amparo del art. 251 del CPP de manera verbal en audiencia interpuso el recurso de apelación incidental; sin embargo, el Auto de Vista del Tribunal de alzada continuó lesionando su derecho al debido proceso vinculado a su derecho a la libertad. Adujo también, que cumplió con los presupuestos requeridos para la interposición de una acción de libertad conforme lo dispuso la SC 0619/2005-R de 7 de junio, es decir, que: a) El acto lesivo que amenazó la libertad del imputado; y, b) Se encuentra en absoluto estado de indefensión, ya que, en el presente caso no existe otro recurso sobre el Auto de Vista, pronunciado por la autoridad –ahora demandada–. En cuanto a las vulneraciones al debido proceso vinculado con su derecho a la libertad, señaló que el Juez de primera instancia analizó incorrectamente los riesgos procesales de fuga y de obstaculización. Así mismo, el Vocal –hoy recurrido– cuando pronunció el Auto de Vista y se refirió sobre el peligro procesal previsto en el art. 234.7 del adjetivo penal vulneró flagrantemente su derecho al debido proceso, en sus vertientes de legalidad, valoración de los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público, que valida inclusive una errónea aplicación de una Sentencia Constitucional. Por otro lado, la autoridad demandada a momento de fundamentar la construcción del riesgo procesal referido supra –234.7 del CPP–, adujo la SCP 0070/2014; sin embargo, la misma fue superada por la SCP 0185/2019-S3 de 30 de abril, que señaló “En mérito a la precisado corresponde reconducir el razonamiento establecido en la SCP 0056/2014 para el peligro de fuga previsto en el art. 234.10 del CPP y por ende superar el expresado en la SCP 0070/2014-S1”. Asimismo, el Vocal –ahora demandado–, basó su determinación en la SCP 0650/2018 de 22 de octubre, la misma que basó su fundamento en la SCP 0070/2014, que entonces complementaba la SCP 0056/2014, sin tener en cuenta que la misma fue reconducida por la SCP 0185/2019-S3 de 30 de abril, por tanto, dicho fundamento no es válido para la construcción de ese riesgo procesal. La SCP 0702/2020-S3 de 3 de noviembre, ratificó que, para acreditar el riesgo procesal pre citado, el mismo debe ser demostrado con elementos materiales. Por su parte, la “SC 11/47/2006; y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0910/2015-S3 de 17 de septiembre de 2015; 0975/2016-S3 de 16 de septiembre” establecieron claramente que, con la finalidad de determinar la existencia del riesgo procesal hacia la víctima y la sociedad, la conducta del imputado debe ser valorada, sin relacionarla con el hecho investigado; de esa manera se estaría resguardando la garantía de la presunción de inocencia. En el presente caso, se tiene que la autoridad jurisdiccional a momento de construir el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP, vulneró sus derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia, vinculados a su libertad; toda vez que no tomó en cuenta el Certificado del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) –del hoy solicitante de tutela– no cuenta con sentencia condenatoria ejecutoriada en su contra; tampoco, fue individualizada su participación, sino por el contrario, la misma fue considerada para todos los imputados de forma conjunta, con base en la investigación del presente proceso penal; consiguientemente, al ser hechos que están siendo investigados no corresponde considerarlos como ciertos mientras no exista una Resolución firme al respecto; sin embargo, en el presente caso, al haberlos considerado como verdaderos se lesionó el derecho a la presunción de inocencia vinculado con su libertad. Por otra parte, respecto a la construcción del peligro de obstaculización previsto en el art. 235.1 del CPP, se realizó una fundamentación generalizada, abarcando a todos los imputados con relación a la desaparición de los logotipos del vehículo; empero, no se identificó si fue él o no, quien retiró los mismos; tampoco precisó cuándo y dónde fueron retirados los mismos. No puntualizó si fue Wilder García Balderrama o no, quien amenazó a la víctima y su familia, a través de qué medios, qué día y a qué hora; y, sobre todo cuál sería el elemento material en el que basó su determinación para disponer la concurrencia del mismo. En cuanto al peligro procesal previsto en el art. 235.2 del adjetivo penal, la autoridad –ahora demandada– dispuso su concurrencia para todos los sindicados, ya que todos habrían actuado de forma conjunta, porque la víctima y su familia fueron amenazados. Cuestionó también, cuál fue la información precisa sobre las presuntas amenazas, ya que las mismas fueron simples presunciones y especulaciones; habida cuenta que no existe un elemento material que evidencie que él –hoy accionante– haya amenazado a la víctima o sus familiares; tampoco, se tiene elemento material alguno que acredite que la víctima y sus familiares se hayan comportado de manera reticente en la presente investigación, que no hayan prestado sus declaraciones o que hayan declarado falsedades. Finalmente adujo que la SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio, estableció que el Ministerio Público tiene la obligatoriedad de la carga de la prueba a efectos de sustentar la existencia de riesgos procesales, que deben ser comprobados con elementos materiales objetivos.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante a través de sus representantes sin mandato alegó como lesionados sus derechos al debido proceso, a la presunción de inocencia, vinculados directamente con su derecho a la libertad ya los principios de celeridad y debido proceso, sin citar normativa constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada y, en consecuencia, Se disponga que se extraiga los riesgos procesales de fuga y obstaculización previstos en los arts. 234.7 y 235.1 y 2 del CPP, de su situación jurídica.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 24 de junio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 74 a 79 vta., presente el impetrante de tutela asistido de su abogado y ausente la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El solicitante de tutela a través de sus representantes sin mandato, ratificó in extenso los fundamentos de la acción de libertad, y ampliándola señaló que: 1) La autoridad demandada se basó en los mismos fundamentos que el Juez a quo; es decir, con base a los mismos hechos que fueron investigados; consecuentemente, no existe una correcta individualización del por qué, él tendría que constituirse en un riesgo para la víctima o para la sociedad, cuando la fundamentación fue realizada en conjunto; 2) La fundamentación del riesgo procesal –se comprende 234.7 del CPP– se cimentó en la SCP 0070/2014 y posteriormente en la SCP 0650/2018, sin considerar, la reconducción realizada en la SCP 0185/2019-S3 de 30 de abril, que en sus partes pertinentes señaló, que para considerarse el riesgo de peligrosidad de una persona debe tomarse en cuenta los antecedentes de la propia persona y no así los hechos por los cuales está siendo investigado, más allá de que estos sean graves o sean leves, porque se debe tener en cuenta la situación particular de cada uno de ellos, para considerar este riesgo procesal; es el Ministerio Público quien debe llevar los elementos materiales ante el Juez cautelar para que este pueda tomarlos en cuenta del imputado, aspecto que no ocurrió en el presente caso. Pero más allá de ello, la SCP 0185/2019-S3 para llegar a esa conclusión tomó los antecedentes del análisis del riesgo de peligrosidad expresados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la sentencia del caso Fermín Ramírez, Vs Guatemala de 20 de junio de 2005, que realizó un análisis de ese riesgo al amparo de la garantía establecida en el art. 8 de la “Convención”, análisis en el cual ha señalado que para efectuar, la fundamentación del riesgo de peligrosidad, necesariamente se debe considerar las características personales del imputado y no así la gravedad del hecho cometido, así que se volvió a reconducir a lo determinado en la SCP 0056/2014, que exigía que para considerar esas circunstancias personales se tenía que demostrar que el imputado haya tenido que cometer delitos anteriores y ello basado en una sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada; es decir, que se tenga que establecer en un certificado de REJAP; en el presente caso, el Ministerio Público presentó el REJAP de todos los imputados, y en el suyo –del accionante– se evidenció que no tenía antecedentes, motivo por el cual no pudo haberse interpuesto dicho riesgo procesal; la SCP 0185/2019-S3, también fue invalidada por la SCP 0702/2020-S3; 3) El Vocal –ahora demandado– incumplió lo dispuesto por las SSCC “1147/2006, 0910 de 2015”, que señalaron que se debe evaluar la conducta del imputado para considerar ese riesgo de peligrosidad y no relacionarla al hecho investigado, ya que el mismo aún no fue probado; y, 4) El Ministerio Público ya tenía los elementos de investigación iniciales para determinar cuál de los ochos imputados fue el que escondió el auto, ya que los ocho no pudieron haber efectuado la misma acción, más aún si fueron aprehendidos en diferentes lugares del departamento, vulnerando de esa manera la SCP 0276/2018-S2.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Pablo Antezana Vargas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe escrito de 24 de junio de 2022, cursante de fs. 70 a 73, manifestó lo siguiente: i) Acorde a la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, se conoce que un Tribunal o Juez de garantías constitucionales se encuentran impedidos de revisar o sustituir a la jurisdicción común, toda vez que la interpretación de la legalidad ordinaria es tuición de los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria; consecuentemente, la acción de libertad no puede considerarse como una instancia procesal más de revisión de resoluciones; ii) En la presente de acción de libertad, el peticionante de tutela omitió exponer el nexo de causalidad entre los derechos denunciados y las presuntas conductas vulneradoras de ellos; es decir, que si bien, denunció la transgresión de sus derechos a la defensa, a la presunción de inocencia, al debido proceso, a la debida fundamentación y a la valoración de la prueba; empero, omitió explicar a partir de qué acciones o fundamentos la autoridad ahora demanda hubiese lesionado tales derechos; si bien, expresó que el Auto de Vista confutado no contenía una debida fundamentación; sin embargo, no precisó cuál fue el fundamento manifestado de manera incorrecta y cómo debió haberse motivado o fundamentado en cuanto al agravio expuesto. Tampoco manifestó por qué esa valoración y fundamentación no fue correcta o racional; dicho de otra manera, no expresó por qué esa valoración se apartó de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsible para decidir; iii) La competencia de un Tribunal de apelación es de revisión, en razón de que su labor se limita a verificar si el Juez de primera instancia cumplió o no con las reglas establecidas en el art. 173 del CPP para cuyo efecto lógicamente debe denunciarse como agravio tal situación; iv) No es evidente que se habría vulnerado su derecho al debido proceso en sus vertientes legalidad, valoración de elementos probatorios presentados por el Ministerio Público, a efecto de desvirtuar el presupuesto procesal descrito en el art. 234.7 del CPP, de manera específica refiere que la “SC 070/2014” habría sido reconducida por la SC 0185/2019-S3, siendo que la fundamentación efectuada para la construcción de este riesgo procesal no sería válida, ya que, para dar por concurrente este riesgo procesal debe tomarse en cuenta la conducta del imputado y al encontrarse el mismo en una etapa de investigación, gozaría de la garantía de presunción de inocencia, motivo por el cual la resolución ahora confutada aplicó lo dispuesto por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales “070/2014” y 0650/2018; consiguientemente, se consideró la peligrosidad de los sujetos activos del delito, así como las circunstancias en las que se suscitaron los hechos, por cuanto la víctima sufrió vejámenes, además de las amenazas vertidas en contra suya, así como a sus familiares; circunstancias que conllevan a que la víctima se encuentre en una situación de desventaja con relación a la forma de actuar de los imputados; v) Respecto a los riesgos procesales estatuidos en el art. 235.1 y 2 del adjetivo penal, se consideró que en el presente caso, hubo la participación de ocho imputados, además que dada la naturaleza del delito de secuestro, conlleva la planificación y participación de varios intervinientes; también, se debe tener presente que se procuró ocultar el motorizado con el cual se habría consumado el ilícito, además que, los informes policiales dieron cuenta que los logotipos del motorizado fueron retirados, lo que permitió concluir que los imputados al haber realizado dichos actos delictivos de forma conjunta, podrían destruir o modificar los elementos de pruebas; además de lo anterior se tiene lo declarado por la víctima referido a las amenazas de muerte a su persona como a sus familiares; de modo tal, que se tuvo por concurrente los citados peligros procesales; vi) De conformidad a lo precedentemente manifestado, se concluye que el Auto de Vista –ahora recurrido–, contiene una debida fundamentación y motivación, siendo por tanto razonable y coherente con los antecedentes, así como con la normativa y jurisprudencia existente en torno al tema; y, vii) Al no existir vulneración alguna de derechos, y considerando que el Auto de Vista de 18 de mayo del 2022 fue emitido en el marco de la normativa prevista en los preceptos legales pertinentes al caso cumpliendo a cabalidad lo dispuesto por los arts. 124 y 173 del CPP, solicitó se deniegue la tutela impetrada por el accionante.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Segundo del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 34/2022 de 24 de junio, cursante de fs. 80 a 90 vta., denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: a) Del análisis de los argumentos esgrimidos en el Auto de Vista, se pudo establecer que se dio plena y cabal respuesta al agravio referido al riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del adjetivo penal, habida cuenta que explicó de manera razonable los motivos y circunstancias por los cuales en el presente caso, concluyó que todos los imputados y también el ahora accionante resultan ser un peligro efectivo para la víctima y no así para la sociedad, aspecto que fue corregido respecto a la decisión del Juez a quo; asimismo, fue enmendado el aspecto concerniente a la aplicación de la “SCP 0001/2019-S2” por cuanto la misma versa sobre delitos vinculados a violencia contra la mujer comprendidos en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia; en consecuencia, respecto al riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP, concluyó que el Auto de Vista de 18 de mayo de 2022, contiene una estructura de forma y de fondo, que expresó las convicciones determinativas que justifican razonablemente su decisión, habiéndose cumplido con la debida motivación y fundamentación como un elemento imprescindible y componente del debido proceso, al momento de haber respondido a ese agravio; al margen de lo anterior, debe recordarse que en un caso con una problemática similar a la del presente caso, el Tribunal Constitucional Plurinacional mediante SCP 0162/2021-S3 de 6 de mayo, hizo un análisis del riesgo procesal contenido en el art. 234.2 y 7 del citado código, principalmente lo que concierne al peligro efectivo para la víctima, en esa sentencia la cual se dio dentro de un proceso por la presunta comisión de los delitos de extorsión, secuestro, lesiones graves y leves, y se estableció que los actos de amedrentamiento o de violencia efectuados en contra de la víctima, pueden ser considerados para dar por acreditado este riesgo procesal; es decir, que no se habla en esa Sentencia Constitucional que única y exclusivamente se debe acreditar el mismo a través de un certificado de antecedentes penales; en virtud de lo anteriormente descrito, estableció que respecto a ese riesgo procesal, la autoridad demandada no incurrió en ninguna acción u omisión que vulnere del debido proceso vinculado a la libertad del ahora accionante; b) Respecto al agravio referido al peligro de obstaculización previsto en el art. 235.1. del CPP, se puede concluir que el Vocal ahora demandado explicó razonablemente por qué en el presente caso se dio por concurrente ese riesgo procesal, ya que hizo un análisis de la naturaleza del delito en donde hubieran participado varias personas encontrándose eventualmente ocho imputados, los cuales hubiesen actuado de manera conjunta para presuntamente perpetrar el hecho objeto del proceso penal que, en este caso, se circunscribe al delito de secuestro y que esas actitudes de ocultar el vehículo donde eventualmente se hubiera secuestrado a la víctima, además de que se hubieran retirado los logos del vehículo en cuestión, hacen ciertamente que dicho peligro procesal se encuentre presente habiéndose acreditado que al presente los imputados puedan destruir o modificar los elementos de prueba y todo ello, basado principalmente en elementos objetivos que son los informes policiales que dieron cuenta de dicho extremo; en consecuencia, tampoco se puede establecer que el Vocal recurrido hubiera vulnerado el debido proceso o la presunción de inocencia o hubiera existido alguna falta de fundamentación y motivación conforme a las exigencias de la jurisprudencia constitucional, habiendo expresado sus convicciones respecto a la decisión asumida de manera razonable, no habiendo basado su decisión en elementos subjetivos o criterios que no se encuentren plenamente respaldados con los elementos descritos previamente por dicha autoridad; y, c) En cuanto al peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del adjetivo penal, la autoridad –hoy demandada– refirió que se puede establecer que el mismo fue construido con base en los elementos objetivos, que en este caso se circunscriben a las amenazas de muerte en contra de la víctima y su familia, actividades que fueron efectuadas de manera conjunta por los coimputados, consecuentemente se tuvo por acreditado ese riesgo procesal; en tal sentido, efectuándose un análisis de las particularidades del caso en particular, en el que fueron imputados ocho personas por haber cometido probablemente el delito de secuestro, y que mediante sus acciones conjuntas, sirvieron de base para que el Juez ad quem declare como improcedente ese motivo de apelación reclamado en la audiencia de 18 de mayo de 2022; consecuentemente, tampoco se advierte que el Vocal –ahora demandado–hubiese incurrido en alguna vulneración al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación y además el derecho a la presunción de inocencia.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene el Auto Interlocutorio de 4 de mayo de 2022, mediante el cual el Juez de Instrucción Penal Primero de Punata del departamento de Cochabamba, arribó a la conclusión de tener por concurrentes los riesgos procesales previstos en los arts. 234.7 y 235.1 y 2 del CPP con relación a todos los imputados; consecuentemente, determinó la detención preventiva de Wilder García Balderrama –hoy accionante– en el Centro Penitenciario San Pedro de Sacaba de Cochabamba, por el lapso de seis meses; así mismo, se advierte que la defensa del hoy impetrante de tutela, amparado en el art. 251 del CPP, de manera oral en audiencia formuló apelación incidental contra la Resolución precitada (fs. 11 vta. a 19 vta.) II.2. Del acta de audiencia de apelación incidental, celebrada el 18 de mayo de 2022 ante Pablo Antezana Vargas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba –ahora demandado–; se conoce que en dicha oportunidad, la defensa del solicitante de tutela expuso los agravios de apelación y fundamentó los mismos de manera verbal, manifestando que la resolución apelada vulneró su derecho al debido proceso, por cuanto hubo una incorrecta aplicación de la Ley, errónea valoración de la prueba, indebida aplicación de las Sentencias Constitucionales, además de una falta de motivación, fundamentación y aplicación del test de proporcionalidad; cuestionando de esa manera la concurrencia de los riesgos procesales contemplados en los arts. 234.7 y 235.1 y 2 del CPP (fs. 20 a 23). II.3. Cursa el Auto de Vista de 18 de mayo de 2022, emitido por la autoridad – hoy recurrida–, a través del cual declaró procedente en parte el recurso de apelación incidental interpuesto por Wilder García Balderrama y otros; consiguientemente, dispuso sustraer de la situación procesal de los imputados el riesgo procesal previsto en el art. 234.2 del adjetivo penal; por lo demás, confirmó la Resolución apelada (fs. 23 a 35 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de sus representantes sin mandato denuncia como vulnerados sus derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia vinculados con su derecho a la libertad, así como, con los principios de debido proceso y celeridad; toda vez que, el Auto de Vista de 18 de mayo de 2022 pronunciado por la autoridad hoy demandada, carece de una debida fundamentación y motivación; y, al haber corroborado la concurrencia de los peligros de fuga y obstaculización previstos en los art. 234.7 y 235.1 y 2 del CPP, hizo que su Resolución sea arbitraria, irrazonable, basada en conjeturas, suposiciones y especulaciones, desconociendo las reglas de la sana crítica al momento de valoración de la prueba.

En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Obligación del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar

En mérito a que el Tribunal de apelación tiene la obligación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar, la SCP 0747/2021-S4 de 26 de octubre, refirió lo siguiente: “En el marco del debido proceso, la fundamentación y motivación de la decisiones judiciales es un elemento insoslayable que deben contener las resoluciones de las autoridades que administran justicia, requerimiento de especial cumplimiento cuando se trata de medidas cautelares que afectan la libertad de las personas; así, la SC 1326/2010-R de 20 de septiembre, expresó que: '…la garantía del debido proceso comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. La motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas'. Asimismo, en la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, el Tribunal Constitucional estableció la vinculación entre la valoración de la prueba con la fundamentación y motivación de las decisiones jurisdiccionales, indicando lo siguiente: 'Finalmente, en coherencia con la argumentación desarrollada (…) y en cuanto al segundo supuesto descrito supra; es decir, en lo relativo a la conducta omisiva de la autoridad jurisdiccional o administrativa en lo referente a su facultad de valoración probatoria, debe señalarse que existe una estricta vinculación entre la omisión valorativa de la prueba y la violación al derecho a la motivación de toda resolución jurisdiccional o administrativa, ya que tal como se señaló, entre los requisitos que debe tener toda decisión para garantizar el derecho a la motivación, se encuentra la descripción individualizada de todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, la valoración de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, la asignación de un valor probatorio específico y la determinación del nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado, en consecuencia, queda claro que la omisión valorativa de prueba, vulnera de manera directa el derecho de motivación como elemento configurativo del debido proceso'”.

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante a través de sus representantes sin mandato denuncia como vulnerados sus derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia vinculados con su derecho a la libertad, así como, con los principios de debido proceso y celeridad; toda vez que el Auto de Vista de 18 de mayo de 2022 pronunciado por la autoridad –hoy demandada–, carece de una debida fundamentación y motivación; y, al haber corroborado la concurrencia de los peligros de fuga y obstaculización previstos en los art. 234.7 y 235.1 y 2 del CPP, hizo que su Resolución sea arbitraria, irrazonable, basada en conjeturas, suposiciones y especulaciones, desconociendo las reglas de la sana crítica al momento de valoración de la prueba. De la revisión de antecedentes que ilustran el expediente remitido en revisión a este Tribunal Constitucional Plurinacional, se tiene, que dentro del proceso penal seguido contra el impetrante de tutela por la presunta comisión del ilícito de secuestro, el Juez de Instrucción Penal Primero de Punata del departamento de Cochabamba, a través del Auto Interlocutorio de 4 de mayo de 2022, determinó tener por concurrentes los riesgos procesales previstos en los arts. 234.7 y 235.1 y 2 del adjetivo penal; motivo por el cual, dispuso la detención preventiva de Wilder García Balderrama en el Centro Penitenciario San Pedro de Sacaba de Cochabamba, por el tiempo de seis meses; así mismo, se conoce que de manera verbal en audiencia y, al amparo del art. 251 del citado código, la defensa del solicitante de tutela interpuso el recurso de apelación incidental contra la Resolución dictada (Conclusión II.1). Por otra parte, se tiene que el 18 de mayo de 2022, se llevó a cabo la audiencia de consideración de apelación incidental, actuado procesal celebrado ante el Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, Pablo Antezana Vargas –hoy demandado–, en cuya oportunidad, la defensa de Wilder García Balderrama expresó y fundamentó los agravios sobre los que versó su apelación, puntualizando que el Auto Interlocutorio refutado lesionó su derecho al debido proceso; toda vez que, hubo una incorrecta aplicación de la Ley, errónea valoración de la prueba, indebida aplicación de las Sentencias Constitucionales, además de una falta de motivación, fundamentación y aplicación del test de proporcionalidad; cuestionando en consecuencia, la vigencia de los riesgos procesales contemplados en los arts. 234.7 y 235.1 y 2 de la ley adjetiva penal (Conclusión II.2). Como consecuencia del recurso precitado, la autoridad ahora recurrida, pronunció el Auto de Vista de 18 de mayo de 2022, por el que declaró procedente en parte el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante y otros imputados; por lo que, determinó sustraer de la situación procesal de los imputados el riesgo procesal previsto en el art. 234.2 del CPP; por lo demás, confirmó la Resolución apelada (Conclusión II.3). En ese contexto, con el propósito de verificar las posibles lesiones denunciadas, corresponde remitirnos al Acta de audiencia de Apelación Incidental de donde se extraen los agravios formulados respecto a los peligros procesales dispuestos como concurrentes, siendo estos los siguientes: “…la resolución apelada incurre en una vulneración al derecho al debido proceso, en una incorrecta aplicación de la ley, una errónea valoración de la prueba, en indebida aplicación de las Sentencias Constitucionales, además que en ella existe una falta de motivación, fundamentación y aplicación del test de proporcionalidad. Respecto al presupuesto establecido en el núm. 1 del Art. 233 del CPP, como es la probabilidad de autoría, indica que el requerimiento de imputación formal carece de una debida individualización de la participación de sus defendidos, aspecto en la que también habría incurrido el juez A quo al considerar la probabilidad de autoría de los imputados, porque simplemente habría realizado una copia del informe policial, sin tomar en cuenta que la víctima identifica únicamente a 4 personas, por lo que no se puede establecer cuál es la acción de sus defendidos Nabor López Herbas, Elvis Bladimir García Marzana y Wilder García Balderrama, asimismo que en todo el cuadernillo de investigación no se tiene ningún elemento que acredite que sus defendidos tengan participación en el hecho ilícito que se investiga… (…) …con relación al imputado Wilder García Balderrama, (…) el Juez A quo dio por no acreditado el elemento trabajo, sin realizar una valoración integral, por cuanto su cliente ha señalado que tiene la actividad de chofer y que el hecho de que no habría colaborado con las investigaciones no constituye un fundamento válido, para no dar por acreditado dicho presupuesto. …respecto al peligro de fuga previsto en el Art. 234 núm. 7 del CPP en relación a sus tres defendidos, señala que el Juez A quo para la construcción de este riesgo utiliza los mismos hechos que dieron lugar a la presente investigación, aspecto que no es posible sea aplicado para un riesgo procesal. Asimismo, reclama que el Auto Apelado indica que en el caso se debe aplicar la SCP N° 001/2019, misma que no es posible sea aplicada en el caso en concreto, por cuanto a su entender dicha SC está relacionada a un caso de violencia contra la mujer y no es aplicable en este caso porque la supuesta víctima es un varón, sino más bien debe exigirse la existencia de una Sentencia Condenatoria, y esta sería la única forma para acreditar dicho peligro procesal de fuga. Así también reclama que en el caso se habría vulnerado el principio de presunción de inocencia de sus tres defendidos, respecto a la concurrencia del riesgo de obstaculización previsto en el Art. 235 núm. 1 del CPP, ya que el argumento para su construcción refiere que los imputados habrían ocultado logotipos y pegatinas del vehículo en cuestión, sin embargo, no se habría presentado ningún elemento como fotografías que establezcan donde se escondió el vehículo, quienes habrían sustraído los logotipos, por lo que a su entender no existe ningún elemento objetivo con relación a la acreditación de este presupuesto procesal de obstaculización. En relación al riesgo de obstaculización previsto por el Art. 235 núm. 2 del CPP, de igual forma refiere que no existe ningún elemento que establezca quiénes, cómo y cuándo habrían realizado las amenazas en contra de las víctimas, sino que el A quo utilizó elementos que involucran los actos investigativos, lo que vulnera la presunción de inocencia. Finalmente, reclama que el Juez A quo tampoco aplicó el test de proporcionalidad en el caso, pues no existiría ninguna fundamentación que establezca la necesidad de aplicar una medida extrema como es la detención preventiva, por lo que solicita se revoque el Auto Apelado y se apliquen medidas cautelares menos gravosas que la detención preventiva, previstas en el Art. 231 Bis. núms. 1 al 9 del CPP, para que sus defendidos puedan someterse a las investigaciones” (sic) (las negrillas son nuestras). Ahora bien, conforme se tiene glosado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, respecto a la obligación que tiene toda autoridad judicial o administrativa que conozca una solicitud o reclamo que exige la emisión de una Resolución, esta debe necesariamente ser debidamente fundamentada y motivada; es decir, debe hacer conocer los motivos que sustentan su decisión, tanto de hecho como de derecho, así también se debe manifestar el valor que le otorgó a los medios de pruebas, sin que ello signifique la exposición amplia de normativas, sino la respuesta clara y precisa a cada uno de los requerimientos interpuestos por las partes; sin embargo, es menester aclarar que en la presente acción de defensa, el peticionante de tutela, cuestionó únicamente la concurrencia de los peligros procesales previstos en los arts. 234.7 y 235.1 y 2 del CPP; consecuentemente, serán analizadas las respuestas de dichos riesgos procesales; en tal sentido, el recurso de apelación precitado, fue resuelto en los siguientes términos: “…* Sobre la concurrencia del riesgo de fuga descrito en el Art. 234 núm. 7 del CPP. Por otra parte, la defensa de los co-imputados de manera unánime cuestionan la construcción del peligro de fuga previsto en el Art. 234 núm. 7 bajo el argumento de que, en el caso en cuestión no se habría dado observancia las SSCC 056/2014 y 0185/2019-S3 para poder establecer la concurrencia de este riesgo procesal, que requiere necesariamente la existencia de una Sentencia Condenatoria ejecutoriada y que en el caso no es aplicable la SCP 001/2019 por que se encuentra vinculada a la convención Belem Do para y porque la misma hace referencia a un caso de violencia familiar o doméstica, por lo que se habría aplicado de manera errónea esta última SC., al respecto debemos remitirnos a la resolución apelada de la que se tiene el siguiente razonamiento (...) (...)…De cuyo razonamiento este Tribunal de Alzada considera que ciertamente conforme a las SSCC citadas por la autoridad judicial A quo, se ha establecido que para la concurrencia del riesgo de fuga previsto en el Art. 234 núm. 7 del CPP, conlleva a la necesidad de acreditar la existencia de una Sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada; asimismo la autoridad jurisdiccional de origen resolvió aplicar también la SC 001/2019, que a criterio de la defensa y de este Tribunal de Ad quem no aplicable al caso, toda vez que, esa SC es relativa únicamente a los casos de violencia intrafamiliar o los delitos comprendidos dentro de la Ley 348, sin embargo, no es menos cierto que en el presente caso dadas las circunstancias de los hechos ilícitos que motivan la investigación, este Tribunal de Alzada considera aplicar y dar observancia a la SC 0070/2014-S1 de 20 de noviembre que entre otras determina. ‵... que le otorga facultades al juzgador para realizar una valoración integral de las circunstancias existentes en cada caso entre las que señala once situaciones, facultad jurisdiccional que no puede ser limitada, por el contrario resulta amplia e irrestricta, caso contrario conduciría a que el juzgador se adecue a parámetros que no siempre van acorde al caso en concreto, limitando su facultad valorativa, de ahí que el alcance valorativo otorgado por las autoridades jurisdiccionales no se aporta de la norma descrita´. Así como también la jurisprudencia sentada en la SC 650/2018 del 22 de octubre, que prevé lo siguiente: ‵...entre otros, de igual manera hace uso de los razonamientos contenido en la SC 070/2014 que complementa la SC 056/2014 referente a que, para la activación del núm. 10 del art. 234 del CPP donde al margen, de tomarse en cuenta la peligrosidad del imputado establecido por Sentencia condenatoria ejecutoriada anterior, también debe considerarse los escenarios o contextos en los cuales se desarrolló el ilícito penal, las circunstancias que den a entender su no sometimiento a la investigación debiendo el juzgado efectuar una evaluación integral de los mencionados presupuestos existentes en cada caso, no pudiendo limitarse a ciertas situaciones, dado que no solo existen dichos parámetros lo cual resultaría restrictivo ampliando su facultad valorativa, en tal sentido los fundamentos y motivos esgrimidos por los vocales ahora demandados no se advierte que resulten subjetivos más al contrario encuentran sustento en las circunstancias y características del caso reflejados en los informes policiales a los cuales hicieron mención así también en los análisis lógico jurídico basado en la jurisprudencia constitucional citada por las autoridades hoy demandadas...´. De esta jurisprudencia se llega a concluir que, para la construcción de este peligro procesal, se hace necesario tomar en cuenta la peligrosidad de los sujetos activos del delito, así como también las circunstancias en las que se suscitaron los hechos ilícitos, si esto es así, conforme se tiene del razonamiento efectuado por el Juez A quo, del que eventualmente se tiene una víctima identificada como Luciano Rosas Laime, quien habría sido objeto de torturas, vejámenes, privado de alimentación y del líquido elemento agua; que además los nombrados imputados habrían exigido un monto considerable de 200.000.- dólares para su rescate, y; asimismo en el caso en cuestión la víctima, su hijo y su esposa harían sido objeto de amenazas de muerte. Además que, en el presente caso los presuntos co-autores no solamente serían los ahora imputados, si no también se tendría la participación de un mayor número de personas. Por otro lado, de acuerdo a los antecedentes y lo vertido por la víctima y los testigos, también se tendría que el grupo de secuestradores se encuentra debidamente organizado, y además de contar con armamento para hacer inclusive frente a los funcionarios policiales; estas circunstancias ciertamente conllevan a que la víctima en el presente caso se encuentra en una situación de desventaja con relación al obrar y la participación de los imputados, en consecuencia este Tribunal de Alzada considera que los imputados ciertamente constituyen un peligro efectivo para la víctima y no así para la sociedad, toda vez que, conforme a los antecedentes del proceso no se advierte en su caso un elemento objetivo que haga ver la afectación a intereses generales de la sociedad, por las circunstancias que dieron lugar a la investigación del presente caso; por lo que al respecto no tiene mérito la apelación formulada”. Por otro lado, respecto al peligro de obstaculización contemplado en el art. 235.1 y 2 del CPP la autoridad demandada resolvió de la siguiente manera:

“…* Con relación a los peligros de obstaculización previstos en el Art. 235 núms, 1 y 2 del CPP. Por último en lo que respecta a los peligros de obstaculización, previstos en el Art. 235 núms. 1 y 2 del CPP, la defensa reclama que no se habría individualizado ¿Cómo?, ¿Cuándo? Y ¿Quiénes? habrían realizado los actos de ocultación de las pruebas, así como también el retiro de los logotipos, o; en su caso, las amenazas de muerte vertidas en contra de la víctima y familiares, incumpliendo así la SCP 0276/2018-S2. Al respecto, corresponde señalar que este Tribunal de Alzada no advierte las irregularidades denotadas por la defensa en lo que respecta a estos peligros procesales de obstaculización, esto en el entendido de que, conforme se puede advertir de los antecedentes de proceso, en el presente caso se tiene la participación de varios imputados en un número de ocho, que se encuentran sujetos a las investigaciones y dadas la naturaleza del delito de secuestro conlleva ciertamente a una planificación que la realizan entre todos los sujetos, si esto es así, tomando en cuenta que en el presente caso se ha pretendido ocultar un vehículo motorizado donde eventualmente se habría secuestrado a la víctima así como también se tiene elementos objetivos como son los informes policiales que dan cuenta que los logotipos de vehículo en cuestión habrían sido retirados, esas circunstancias ciertamente dan lugar a que exista el peligro de que los imputados puedan destruir o modificar elementos de prueba, esto en el entendido de que los mismos se movilizan actuación al mando de una persona, eventualmente se puede advertir la realización de actividades conjuntas de los imputados a efectos de enervar o desaparecer los elementos de prueba, por ende es correcta la fundamentación del A quo al dar por concurrente el riesgo de obstaculización descrito en el Art. 232 núm. 1 del CPP. Asimismo, con relación al peligro de obstaculización o influencia negativa de las víctimas o testigos previsto por el Art. 235 núm. 2 del CPP, también se tiene acreditado de manera objetiva que la víctima y miembros de su familia fueron objeto de amenazas de muerte actividades que fueron efectuada de forma conjunta por los co imputados en esta clase de hechos ilícitos; en consecuencia ciertamente también concurre este riesgo procesal para todos los imputados, por lo que al respecto no tienen mérito la apelación efectuada”.

Finalmente, en lo que respecta al agravio referido al test de proporcionalidad, la autoridad –hoy demandada–, resolvió en los siguientes términos: “…* En lo que respecta a la falta de aplicación del test de proporcionalidad La defensa de los imputados observa que en la resolución apelada no se efectuó el test de proporcionalidad, de la lectura de dicha resolución se advierte que ciertamente la autoridad judicial de origen se ha limitado a establecer que al haberse advertido los presupuestos, previstos en el Art. 233 del CPP es aplicable la medida extrema como es la detención preventiva de los imputados, de lo que se tiene que, si bien es cierto, no se ha realizado el test de proporcionalidad, sin embargo, en el presente caso conforme a los antecedentes del proceso se tiene acreditado de manera suficiente la probabilidad de autoría de los imputados en los hechos ilícitos que se investiga, que resultan de suma gravedad como es el delito de secuestro con las connotaciones establecidas en la resolución de aplicación de medidas cautelares. Así también, se ha advertido la concurrencia de los peligros procesales de fuga y de obstaculización previstos en el Art. 234 núms. 1, 4, 6 y 7 del CPP y Art. 235 núms. 1 y 2 del CPP; así como también se debe considerar en el caso la naturaleza de los hechos ilícitos y las amenazas de muerte vertidas en contra de las ahora víctimas, para concluir que la única medida cautelar idónea y necesaria para aplicar en contra de los imputados resulta ser la detención preventiva; en consecuencia, tampoco este Tribunal de Alzada advierte que el Juez A quo al haber dispuesto la detención preventiva, haya actuado de forma incorrecta”. Ahora bien, en cuanto al primer agravio, relativo a la concurrencia del riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP, se tiene que la autoridad –hoy demandada– resolvió el mismo, aduciendo que, la jurisprudencia citada por éste señaló, que para la construcción de ese peligro procesal, es posible tomar en cuenta la peligrosidad del o los agentes, las circunstancias en las que se suscitaron los hechos ilícitos y, en el caso en particular, se debe considerar aspectos descritos como torturas, vejámenes, privación de alimentación y del líquido elemento a la víctima; así como, la solicitud de entrega de dinero a cambio de su libertad; amenazas de muerte al hijo y esposa de la víctima de secuestro y, por último, que hicieron alusión de que se trataría de una organización numerosa que contaban con armamento para enfrentar a la Policía Nacional; siendo ese el contexto, se advierte, que el Vocal –ahora recurrido–, resolvió el agravio, de manera clara, concreta y precisa, explicando los motivos por los que considera que el accionar del sindicado constituiría un peligro efectivo para la víctima; precisó también, que acorde a los elementos de convicción expuestos oportunamente, no advierte que el imputado sea o se constituya en un peligro efectivo para la sociedad; motivo por el cual, resolvió la concurrencia del peligro efectivo para la víctima, y no así respecto a la sociedad; consecuentemente, no se advierte lesión de derecho alguno de la víctima. Respecto a los agravios concernientes a los peligros de obstaculización previstos en el art. 235 1 y 2 del CPP, el ahora accionante cuestionó que no se habría individualizado ¿Cómo, cuándo y quiénes? hubiesen ocultado las pruebas; retirando los logotipos y amenazando de muerte a la víctima y a sus familiares, incumpliendo así lo dispuesto en la SCP 0276/2018-S2; al respecto, se tiene que el Vocal hoy recurrido, resolvió la apelación, considerando que en el presente caso, se tiene la participación de ocho imputados y que dada la naturaleza del ilícito de secuestro, la misma conlleva una planificación entre los sujetos; además, en el presente caso se pretendió ocultar el vehículo en el que eventualmente hubiesen secuestrado a la víctima; por otra parte, se tiene los informes policiales que dieron cuenta que los logotipos del motorizado fueron retirados; aspectos que dieron lugar a la concurrencia del peligro de que los imputados puedan destruir o modificar elementos de prueba; en ese orden de ideas y, realizada la compulsa entre el agravio y el Auto de Vista de 18 de mayo de 2022, se tiene que el Vocal demandado, explicó de manera clara y precisa, por qué consideró por concurrente los peligros de obstaculización precitados, puntualizando que, de acuerdo a las características del hecho suscitado, así como las del tipo penal investigado -secuestro- hacen ver que al haber participado varias personas en el ilícito, ello implica una planificación; por otro lado, basándose en los informes policiales, asumió la determinación correspondiente; consecuentemente, no se advierte que el Vocal demandado haya transgredido derecho alguno del impetrante de tutela. Finalmente, respecto al tercer agravio, corresponde manifestar que posterior a la compulsa efectuada entre el agravio invocado por el accionante y la resolución emitida por el Vocal –ahora demandado–, se tiene, que la autoridad precitada, en primera instancia corroboró que el Juez A quo, no efectuó el test de proporcionalidad; no obstante, conforme a los antecedentes del proceso concluyó que en el caso de autos, la probabilidad de los imputados se tenía acreditada de manera suficiente, en el hecho ilícito de secuestro, el cual reviste gravedad con las connotaciones referidas por el Juez de instancia; al respecto, corresponde manifestar, que la autoridad hoy demandada, si bien, al iniciar el análisis respecto del presente agravio admitió que el Juez a quo no efectuó el test de proporcionalidad; empero, él realizó el extrañado test con base en los antecedentes cursantes en obrados; de modo tal, que se comprende que el Vocal demandado, brindó una respuesta clara y concisa respecto al tópico planteado, haciendo énfasis en el tipo penal que está siendo investigado, así como las circunstancias suscitadas en el hecho; motivo por el cual, no se identifica que haya existido transgresión a derecho alguno del impetrante de tutela. En síntesis, la autoridad ahora demandada cumplió con la obligación de fundamentar y motivar su Resolución, ya que explicó sus razones determinativas respecto a los riesgos procesales latentes, haciendo un análisis razonable tanto de las circunstancias en las que se suscitó el hecho ilícito y la jurisprudencia constitucional debido a que en el caso en cuestión intervinieron varias personas, razonamiento que no genera ninguna arbitrariedad, por el contrario responde de manera precisa y clara a los agravios deducidos en apelación, enmarcado en los presupuestos de la sana crítica como son la lógica y la experiencia. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 34/2022 de 24 de junio, cursante de fs. 80 a 90 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0262_2024-S4.pdf · páginas 1 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): 95a021f08b67bb63177429eb8222878178331e4e48ce5dd7a05e8607fbe33e31

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