Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 17 de abril de 2023
Concede en parte la tutela
El impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos y los del binomio madre-hija, a la vida, a la seguridad social, a la salud y a la alimentación; puesto que, durante su relación laboral con el Gobierno Autónomo Departamental de Beni, nació la niña AA; sin embargo, dicha entidad le adeuda ocho meses de subsidio de lactancia correspondientes a agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021; y, enero, febrero y marzo de 2022; por lo que, al no ser otorgados oportunamente, solicita que sean pagados retroactivamente y en dinero; ya que, los gastos de alimentación de su niña fueron erogados por su persona. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 015/2022 de 9 de marzo, cursante de fs. 74 a 77 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto del subsidio de lactancia correspondiente a enero de 2022; según lo previsto en el Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida y el DS 3546 de 1 de mayo de 2018; y de febrero y marzo del mismo año, siempre y cuando no hubiesen sido pagados de forma oportuna, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional; 2° DENEGAR la tutela impetrada, en cuanto al pago de los subsidios de lactancia de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021; y, la solicitud de costas y costos procesales, honorarios profesionales, daños y perjuicios; y, 3° Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en consideración al tiempo transcurrido, manteniendo invariable el pago en dinero del subsidio de lactancia, como consecuencia de la concesión de tutela dispuesta por la Sala Constitucional, con base en los argumentos expuestos en el Fundamento Jurídico III.4.1 de este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0262/2023-S3 Sucre, 17 de abril de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 46864-2022-94-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 015/2022 de 9 de marzo, cursante de fs. 74 a 77 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Einar Noe Silva contra José Alejandro Unzueta Shiriqui, Gobernador y Ximena Zambrano Campos, Directora Departamental del Servicio de Gestión Social (SEDEGES), ambos del Gobierno Autónomo Departamental de Beni.
Mediante memorial presentado el 4 de marzo de 2022, cursante de fs. 23 a 28, el accionante manifiesta lo siguiente:
Su vínculo laboral con la entidad ahora accionada inició el 2 de enero de 2020 y durante la vigencia del mismo, su concubina quedó embarazada; por lo que, efectuó los respectivos trámites para la cancelación del subsidio prenatal, otorgándosele los que corresponden al octavo y noveno mes de embarazo, el subsidio de natalidad por el nacimiento de su hija menor de edad AA y cuatro meses del subsidio de lactancia, quedando pendientes ocho meses de la referida asignación familiar; los cuales, a pesar de las solicitudes de pago, no fueron atendidos. Asimismo, se apersonó a la "institución encargada" de realizar la entrega de los subsidios, donde le indicaron que: "...el empleador debe entregar un tikec tipo vale para poder presentarlos ante ellos..." (sic), los que no le fueron entregados por la entidad a la que representa la autoridad hoy accionada; por ello, interpuso la presente acción tutelar, solicitando el pago de ocho meses de subsidio de lactancia, equivalentes al monto de Bs16 000.- (dieciséis mil bolivianos) que, al no ser otorgados de manera oportuna, solicita que sean entregados en dinero; asimismo, refirió que dicho retraso puso en grave riesgo la formación física y psicológica de su hija menor de edad AA; por tal motivo, precautelando la vida y salud de la niña, solicitó que el Gobierno Autónomo Departamental de Beni, cancele de manera retroactiva y en dinero, los citados subsidios de lactancia devengados; y, sea con la condenación de costas y costos procesales, honorarios profesionales, daños y perjuicios ocasionados ante la vulneración de los derechos a la vida y salud de su hija.
El impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la seguridad social, a la salud y a la alimentación (se asume, que también invoca los referidos derechos en favor del binomio madre-hija); citando al efecto los arts. 15.I; 18.I; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45.I, II, III y V; 48.I, II, III y IV de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga la cancelación en dinero de ocho meses de subsidio de lactancia adeudados, en el plazo de tres días, haciendo un total de Bs16 000.-, más el pago de costas y costos procesales, honorarios profesionales, daños y perjuicios.
Celebrada la audiencia pública virtual el 9 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 71 a 73 vta., en presencia del peticionante de tutela, asistido por su abogado y la representante legal de la parte accionada; se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional y ampliando los mismos manifestó que, el art. 19 de la "…resolución ministerial 1676 del 22 de noviembre de 2011…" (sic), dispone la compensación retroactiva de las asignaciones familiares en especie y en dinero cuando el empleador incumple dicho pago, que debía efectuarse oportunamente, no pudiendo alegar las autoridades ahora accionadas en su informe presentado, negligencia de su parte, al afirmar que los cheques se encuentran listos para su cobro, cuando reclamó los subsidios de meses pasados.
José Alejandro Unzueta Shiriqui, Gobernador y Ximena Zambrano Campos, Directora del SEDEGES, ambos del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, a través de su representante legal mediante informe escrito y en audiencia, cursante de fs. 66 a 68, manifestaron que: a) Una de las causales de improcedencia de la acción de amparo constitucional, es la inobservancia del principio de subsidiariedad; por lo cual, la presente acción de defensa, únicamente puede ser analizada en el fondo cuando el impetrante de tutela hubiera acudido con su reclamo ante la misma autoridad o instancia que incurrió en la supuesta vulneración de algún derecho o garantía constitucional, para posteriormente agotar las demás instancias reconocidas por ley, a fin de revertir el acto ilegal u omisión indebida dentro de esa misma vía; b) El peticionante de tutela solicitó el pago de ocho subsidios de lactancia equivalentes a Bs2 000.- (dos mil bolivianos) por cada mes, haciendo un total de Bs16 000.-; c) Fue de conocimiento del accionante la existencia de los subsidios de lactancia ya pagados al Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM) por agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2021, quien de manera negligente y de mala fe no quiso recibirlos, pretendiendo que ahora le sean otorgados en efectivo, cuando fue él quien se negó a recibir su boleta de subsidios; d) El cheque del subsidio relativo a diciembre del citado año, se encuentra firmado, de acuerdo a lo acreditado en el Informe TEC. ADM. y FIN. 0001/2022 de 8 marzo, elaborado por el Técnico de Administración y Finanzas del SEDEGES del Gobierno Autónomo Departamental de Beni; y el concerniente a "enero" está pendiente de ejecución de la planilla “…por falta de habilitación del sistema de SEDEM..." (sic); asimismo, respecto a la entrega de los subsidios de "febrero y marzo", no se encuentran con plazo vencido, estando vigente el mismo para su pago en especie; e) Al ser el Gobierno Autónomo Departamental de Beni una institución pública, solicitaron que la otorgación de la asignación familiar de diciembre de 2021, sea efectuada en el plazo de veinte días, en productos otorgados por el SEDEM, en virtud a que el cheque se encontraba "...en plena ejecución de firma y habilitación del cheque y habilitación del sistema de planillas del SEDEM..." (sic); f) El art. 4 inc. e) del "mismo reglamento" estableció la otorgación del subsidio de lactancia, consistente en la entrega a la madre de productos alimenticios inocuos, con alto valor nutritivo, de origen nacional y equivalente a la cancelación de Bs2 000.-, de conformidad a la normativa vigente, por cada hijo/a vivo/a, desde el primer día de nacimiento hasta el cumplimiento del primer año de edad; g) El art. 21 del "...reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida..." (sic), dispuso la prohibición de los empleadores de otorgar el subsidio de lactancia en dinero; y, h) Conforme a lo expuesto, solicitaron que se deniegue la tutela solicitada con relación a la otorgación del subsidio de lactancia por ocho meses en dinero, tomando en cuenta que el impetrante de tutela, por su negligencia, no recogió las boletas de pago del citado subsidio; ya que, fue de su conocimiento que las mismas se encontraban canceladas y listas para ser entregadas en las oficinas del SEDEM, estando únicamente devengado el correspondiente a "enero" que deberá ser entregado en especie y no en dinero ante la prohibición establecida por el art. 21 del señalado Reglamento.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, por Resolución 015/2022 de 9 de marzo, cursante de fs. 74 a 77 vta., concedió en parte la tutela solicitada, con relación al subsidio de lactancia de enero de 2022
"por encontrarse devengado", ordenando que en el plazo de quince días hábiles, a partir de su legal notificación, el Gobierno Autónomo Departamental de Beni proceda al pago del mismo en favor de la hija del peticionante de tutela, debiendo ser dicha compensación retroactiva y cancelada en dinero; y, denegó la tutela solicitada, sobre las asignaciones familiares de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021; puesto que, fueron cancelados al SEDEM antes de la interposición de la acción de amparo constitucional, así como por febrero y marzo de 2022, por encontrarse vigente el plazo para el pago; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: 1) Del análisis de la documentación presentada por la entidad hoy accionada, se evidencia la existencia de las “…facturas N° 43, 46 y 56…” (sic) emitidas por el SEDEM, en favor del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, así como las planillas de pago de subsidios concernientes a agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021, en las cuales se encuentra consignado el nombre del accionante; en ese sentido, al advertirse que la entrega de las citadas asignaciones familiares fue efectuada con anterioridad a la interposición de la acción de defensa, no amerita otorgar la tutela solicitada al respecto; y, 2) Con referencia a los subsidios de lactancia de febrero y marzo de 2022, la entidad accionada señaló que, el plazo para el pago correspondiente, aún se encuentra administrativamente vigente para ser otorgado en especie; quedando únicamente devengada tal asignación familiar por enero del señalado año; en ese contexto, al no otorgar de manera oportuna dicho subsidio de lactancia, la entidad hoy accionada, vulneró los derechos constitucionales alegados por el impetrante de tutela; siendo viable determinar su cancelación monetariamente; en virtud a que, la entrega en especie resultaría inoportuna, desactualizada y no cumpliría su finalidad; debido a que, la entrega de productos con valor nutritivo se encuentran acordes tanto para el desarrollo de la madre como la del niño (a) hasta el primer año de edad; y, siendo que al presente, la hija del peticionante de tutela cuenta con once meses de nacida, según lo previsto por "...el art. 19 de la RM 1676 de 22 de noviembre de 2011..." (sic) se debe disponer su compensación retroactiva en dinero. En la vía de complementación y enmienda, por memorial presentado el 9 de marzo de 2022, cursante a fs. 79 y vta., el accionante cuestionó la Resolución 015/2022, emitida por dicha Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, alegando que debió disponerse el pago en dinero del subsidio de lactancia por agosto de 2021 a enero 2022, en virtud al tiempo transcurrido; puesto que, la señalada Sala Constitucional, en casos similares, dispuso la cancelación en dinero de subsidios de lactancia devengados por falta de otorgación oportuna, estableciendo que el pago en especie no cumpliría con su objetivo; por lo que, al pronunciar la referida Resolución se incumplió lo dispuesto por el art. 203 de la CPE, que obliga a todas las autoridades que administran justicia en la jurisdicción ordinaria y constitucional, a someterse a la jurisprudencia constitucional por su carácter vinculante. En mérito a esa solicitud, la Sala Constitucional por Auto de Sala Constitucional 25 bis/2022 ECA de 11 de marzo, cursante de fs. 81 a 82, manifestó que la Resolución 015/2022, es suficientemente clara al referir que, del análisis de la documentación adjunta por la entidad hoy accionada, se evidenció la existencia de las “…facturas N° 43, 46 y 56…” (sic) emitidas por el SEDEM en favor del Gobierno Autónomo Departamental de Beni; así como las planillas de pago de subsidios de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021, en las cuales se encuentra consignado el nombre del impetrante de tutela; en ese sentido, al advertirse que dichas asignaciones familiares fueron canceladas con anterioridad a la interposición de la acción de amparo constitucional, no correspondía otorgar la tutela solicitada; en razón a que, las facturas del SEDEM en favor del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, fueron emitidas el 23 y 24 de febrero; y, "3 de marzo" de 2022; es decir, con anterioridad a la interposición de la acción de defensa y a la notificación con la misma a la entidad hoy accionada; puesto que, la acción de amparo constitucional ingresó a esa Sala Constitucional, el 4 de marzo de 2022, habiéndose notificado con la misma, el 7 de marzo del mismo año.
No habiendo encontrado consenso en la Sala, de conformidad al art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se procedió a convocar al Presidente de este Tribunal, a fin de dirimir con su voto el caso en análisis.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta Memorándum 048/2020 de 2 de enero, emitido por Silvia Arancibia Vargas, entonces Directora del SEDEGES del Gobierno Autónomo Departamental de Beni -ahora coaccionada-; mediante el cual, se designó a Einar Noe Silva -hoy peticionante de tutela- en el cargo de Control de Activos en el Área de Bienes Públicos -Auxiliar III- dependiente de dicha entidad (fs. 17) en el que continuó trabajando hasta su rotación, el 11 de febrero de 2022, al cargo de Sereno del Centro Educativo de Integración Chetequije de la misma institución, conforme al Memorándum 011/2022 -de rotación- de 10 de febrero (fs. 22). II.2. Cursa Certificado de nacimiento de la menor de edad AA, nacida el 23 de marzo de 2021, constando como sus progenitores el accionante y Rosa María Moye Aguila (fs. 11). II.3. Consta Formulario de Calificación de Beneficios para el Régimen de Asignaciones Familiares de 31 de marzo de 2021, emitido por la Caja de Salud Corporación Regional de Desarrollo (CORDES), que en cumplimiento al Decreto Supremo (DS) 21637 de 25 de junio de 1987 modificado por el DS 3546 de 1 de mayo de 2018, dispuso el pago de doce asignaciones familiares -subsidio de lactancia-, a partir del 22 de abril de 2021 hasta el 23 de marzo de 2022, en favor de la hija del impetrante de tutela (fs. 12).
II.4. Mediante Informe TEC. ADM y FIN 0001/2022 de 8 marzo, el Técnico de Administración y Finanzas del SEDEGES del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, manifestó que el 23 y 24 de febrero de 2022, se efectuaron depósitos de dinero a la cuenta del SEDEM por concepto de asignaciones familiares concernientes a agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2021, respecto a varios servidores públicos, entre los cuales se encuentra el peticionante de tutela; adjuntando a tal efecto, las boletas de depósito, las facturas respectivas y las planillas de subsidio en especie de a agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021, en los que figura el nombre del accionante (fs. 37 a 58).
El impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos y los del binomio madre-hija, a la vida, a la seguridad social, a la salud y a la alimentación; puesto que, durante su relación laboral con el Gobierno Autónomo Departamental de Beni, nació la niña AA; sin embargo, dicha entidad le adeuda ocho meses de subsidio de lactancia correspondientes a agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021; y, enero, febrero y marzo de 2022; por lo que, al no ser otorgados oportunamente, solicita que sean pagados retroactivamente y en dinero; ya que, los gastos de alimentación de su niña fueron erogados por su persona. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La uniforme jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional estableció que, si bien la acción de amparo constitucional, como garantía jurisdiccional extraordinaria se activa ante la inexistencia de otras vías de protección de los derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado y las leyes, cuando son restringidos, suprimidos o amenazados por particulares o funcionarios públicos; sin embargo, identificó ciertas circunstancias y situaciones en las que debe aplicarse la prescindencia o abstracción del principio de subsidiariedad, como protección constitucional reforzada a favor de grupos vulnerables, como es el caso de problemáticas relacionadas con los derechos de la mujer embarazada y/o progenitores, hasta que la hija o hijo cumpla un año de edad. En ese sentido, respecto a la excepción de subsidiariedad en materia de seguridad social referida a las prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares, la SCP 1104/2012 de 6 de septiembre, concluyó que: “Por la protección especial de la que gozan la mujer embarazada y el progenitor-trabajador, hasta que el hijo o hija cumpla un año de edad, el principio de subsidiaridad de la acción de amparo constitucional no es aplicable en razón a los derechos que tutela de la mujer embarazada, lactante o hasta el año de nacimiento del nuevo ser, excepción que es también extensiva en materia de seguridad social referida a las prestaciones del Régimen de asignaciones Familiares dentro de las cuales están contemplados los subsidios prenatal, de natalidad y lactancia, que se encuentran directamente vinculados a la vida y a la salud tanto de la madre como fundamentalmente del nuevo ser futuro capital humano, cuya protección especial y constitucional es deber del Estado y no puede estar condicionada al agotamiento de recursos o vías administrativas, circunstancia que determina se abra el ámbito de protección de esta acción de defensa” (el resaltado es nuestro).
Al respecto, la SCP 1566/2022-S3 de 2 de diciembre, sostuvo que: «La Constitución Política del Estado, prevé el derecho a la seguridad social, estableciendo en su art. 45, lo siguiente: “I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social.
economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social. III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales”. Asimismo, el art. 48.I de la Norma Suprema, prevé que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio, y el parágrafo IV del referido artículo, establece que los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles, entre ellos los subsidios prenatal y de lactancia. Por su parte, el art. 5 inc. a) del Reglamento Específico de Afiliación, Reafiliación y Desafiliación en el Seguro Social de Corto Plazo, aprobado mediante Resolución Administrativa (RA) ASUSS 065-2018 de 20 de noviembre, establece que: “Todos los empleadores deberán registrar y afiliar a sus trabajadores en la entidad gestora respectiva, en el plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles; a partir de la fecha de iniciación de la relación laboral”.
El Decreto Supremo (DS) 3546 de 1 de mayo de 2018, que modifica el art. 25 del DS 21637 de 25 de junio de 1987, estableció, que se reconocen las prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares que serán pagadas, a su cargo y costo, directamente por los empleadores de los sectores público y privado y de las cooperativas mineras: “a) Subsidio Prenatal, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaría, de un pago mensual, en dinero o especie, equivalente a Bs2 000.- (DOS mil 00/100 BOLIVIANOS) durante los cinco (5) últimos meses de embarazo, independientemente del subsidio de incapacidad temporal por maternidad; b) Subsidio de Natalidad, por nacimiento de cada hijo: un pago único a la madre, equivalente a Bs2.000.-(DOS mil 00/100 BOLIVIANOS); c) Subsidio de Lactancia, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a Bs2.000.-(DOS mil 00/100 BOLIVIANOS) por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida”. De igual manera, la SCP 0367/2015-S3 de 10 de abril, siguiendo la línea jurisprudencial asumida en la SCP 0134/2014 de 10 de enero, sostuvo que: “El art. 45.II de la CPE, establece: ‘La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social´; es decir, que el Estado en todos sus niveles protegerá el derecho a la salud y a la seguridad social, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida y bienestar común. Así, cabe recordar que la seguridad social, no sólo comprende el acceso a la salud, sino también, cuando se trate de mujeres embarazadas y/o madres o progenitores de niños (a) menores de un año, el derecho a recibir las prestaciones que por derecho les corresponde. Al respecto la SCP 1906/2012 de 12 de octubre, citó el contenido de la SC 1532/2011-R de 11 de octubre, reiterando el pronunciamiento de esta jurisdicción, indicó: ‘Respecto al régimen de asignaciones familiares en contingencia de maternidad, la SC 0030/2002 de 2 de abril, precisó lo que sigue: ‘…el sistema de Seguridad Social, es reformado estructuralmente por Ley 924 de 15 de abril de 1987, que regula la administración de los regímenes del Sistema de Seguridad Social y establece en su art. 4 que el Poder Ejecutivo reglamentará y regulará su ejecución. Así se pronunció el DS 21637 de 25 de junio de 1987, que en su art. 25, reconoce las prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares que (serán pagadas, a su cargo y costo, directamente por los empleadores de los sectores público y privado), que -entre otras- son: a) El Subsidio PRENATAL, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaria, de un pago mensual en dinero o especie, equivalente a un salario mínimo nacional durante los cinco últimos meses; b) El Subsidio de NATALIDAD, por nacimiento de cada hijo un pago mínimo nacional; y, c) el Subsidio de LACTANCIA, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a un salario mínimo nacional por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida’. Se concluye, que siendo la seguridad social un derecho fundamental y por mandato constitucional, se garantiza su efectivo cumplimiento a través de los instrumentos legales referidos en la citada Sentencia Constitucional, corresponde al empleador, del sector público o privado, cumplir con la prestación de las asignaciones familiares correspondientes; consistentes en subsidios, prenatal, de natalidad y de lactancia, relativas a la maternidad hasta que el niño cumpla un año de edad y demás derechos laborales. Esto se justifica, en la prioridad de resguardar el derecho a la salud y a la vida del recién nacido hasta que cumpla un año de edad y ante todo, precautelando por su interés superior, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados -art. 60 de la CPE-. En ese sentido, el deber de acatar estrictamente la provisión de las asignaciones familiares, por el empleador, permitirá la materialización del derecho a la seguridad social de la madre y del recién nacido, que se concreta en los derechos a la vida y a la salud. Lo contrario, implicaría vulnerar el contenido esencial de ambos derechos, sea destruyendo o debilitándolos, por la falta de provisión oportuna de asignaciones familiares, que por ley se encuentran previstas y como se dijo son de cumplimiento obligatorio para el empleador, dada la finalidad de los mismos…”» (las negrillas son nuestras).
Sobre esta temática, tomando en cuenta la normativa aplicable a las asignaciones familiares, la jurisprudencia constitucional estableció de forma reiterada, los presupuestos a considerarse al efecto, así la SCP 1293/2022-S3 de 27 de septiembre, entre otras, estableció que: «De acuerdo a lo previsto por el art. 28 del Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida, aprobado por la RA ASUSS 013-2019 de 15 de enero, modificado en parte por RA 076-2019 de 29 de marzo, se podrá efectuar el pago retrasado del subsidio prenatal y de lactancia en los siguientes casos: “a) En caso de que el empleador hubiese incumplido la otorgación de los subsidios prenatal y de lactancia de manera oportuna, la compensación del subsidio en especie o en dinero se realizará con carácter retrasado a los meses correspondientes, actualizando el valor del mismo al subsidio vigente. Asimismo, el SEDEM independientemente de la fecha de pago de los subsidios por parte del empleador, queda facultado a realizar la entrega de los paquetes; el SEDEM, remitirá de manera mensual ante la ASUSS un informe de los pagos retrasados por los empleadores. b) La ASUSS queda facultada para determinar las sanciones que correspondan por el retraso en el pago de subsidios”.
Así, el art. 19 del supra mencionado Reglamento, establece la posibilidad de la entrega excepcional del SUBSIDIO PRENATAL en dinero, debiendo el empleador a ese efecto realizar el trámite de autorización de pago ante la ASUSS, quien emitirá una resolución administrativa expresa, por beneficiaria o beneficiario, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos y del procedimiento establecido: a) NIT de la empresa; b) FUNDEMPRESA actualizado; c) ROE emitido por el Ministerio de Trabajo; d) Copia Legalizada de Afiliación a Ente Gestor; e) Nota fundamentada sobre razones para el pago excepcional en dinero; y, f) Fotocopia de la Nota de Cargo girada por la ASUSS, ante la falta del cumplimiento a la obligación del pago de subsidio prenatal en especie. Así, respecto al trámite a desarrollarse para el pago con carácter retrasado del subsidio prenatal, el referido precepto normativo, a partir de su parágrafo II., señala que: “Una vez iniciado el trámite tendrá una duración de 15 días hábiles, si la solicitud fuese observada el empleador podrá subsanar las observaciones en un lapso de 2 días hábiles posteriores al recojo de su solicitud ante oficinas de la ASUSS. III. Si el trámite fuese denegado, el empleador podrá presentar por única y última vez el trámite de autorización excepcional de pago de subsidio prenatal en dinero, fundamentando con nuevos argumentos su solicitud. Si la solicitud fuese aceptada, la ASSUS remitirá los antecedentes y la Resolución de Autorización Excepcional de Pago de Subsidio prenatal en dinero ante el solicitante. IV. El EMPLEADOR será el encargado del pago del subsidio prenatal en dinero mediante depósito bancario a la beneficiaria del subsidio. V. El recojo del subsidio prenatal en dinero, será realizado de forma personal o apoderado legalmente acreditado por la beneficiaria”. En ese marco legal, se establece que, conforme la normativa aplicable a las asignaciones familiares se encuentra contemplada la posibilidad de que el subsidio prenatal sea efectivizado en dinero, situación que se halla condicionada al cumplimiento de los señalados requisitos y al trámite determinado en el Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida. En tal sentido, teniéndose en cuenta que el subsidio prenatal consiste en la entrega de una asignación mensual a la madre asegurada o beneficiaria de productos alimenticios inocuos, no transgénicos con alto valor nutritivo de origen nacional, acorde a las necesidades de la misma en su estado de gravidez (equivalente al pago de Bs2 000.-), tendientes a garantizar un desarrollo integral del nuevo ser que se encuentra en gestación, así como la provisión de los recursos y alimentos necesarios a la madre gestante, debe considerarse que el incumplimiento del pago oportuno del mismo por parte del empleador, involucra la afectación de sus derechos a la vida, a la salud, a la seguridad social, y a la alimentación, que repercute en la vida digna de la madre y de la niña o niño que está por nacer, por lo que en caso de ser necesaria la compensación y pago con carácter retrasado de dicho beneficio; es decir, posterior al nacimiento del ser que se encontraba en gestación, y existiendo el requerimiento de la parte accionante del pago del mismo en dinero, se comprenderá que su otorgación en especie mediante los productos alimenticios necesarios en la etapa de embarazo de la madre beneficiaria, resulta inoportuna e ineficaz, dado que ya no cumple con la finalidad a la que estaba destinada. A tal efecto, también deberá considerarse: a) Que el reclamo realizado por la beneficiaria o beneficiario en cuanto al pago de subsidio prenatal debe efectuarse de forma oportuna y no con excesiva posterioridad, aspecto que se justifica precisamente en el propósito de la entrega de dicho beneficio, cual es la contribución al desarrollo integral del ser en etapa de gestación; y, b) El cumplimiento de las correspondientes obligaciones que adquieren los beneficiarios, entre ellas la debida afiliación y la asistencia mensual de la madre gestante ante el Ente Gestor para su respectivo control prenatal. Asimismo, en cuanto al pago del SUBSIDIO DE LACTANCIA considerándose que el mismo se constituye en la entrega de productos alimenticios inocuos no transgénicos, con alto valor nutritivo por cada hija o hijo desde el primer día del nacimiento hasta el cumplimiento del primer año de edad (equivalente a Bs2 000.-); ante el incumplimiento oportuno por parte del empleador y debiendo procederse a la compensación y pago con carácter retrasado; vale decir, posterior al cumplimiento del primer año de edad del menor beneficiario, se debe tener en cuenta que de acuerdo al Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida, se establece como prohibiciones:
Art. 21.- “(PROHIBICIONES DE LOS EMPLEADORES). Los empleadores están prohibidos de: a) Otorgar el subsidio de lactancia en dinero”. Art. 22.- “(PROHIBICIONES DE LAS BENEFICIARIAS). Los beneficiarios están prohibidos de: a) Recibir el subsidio de lactancia en dinero”. En consecuencia, respecto al subsidio de lactancia conforme a la norma vigente se dispone de manera expresa un impedimento para procederse de forma monetaria; por lo que, no resulta atendible su materialización en dinero» (las negrillas y subrayado nos corresponde). Asimismo, corresponde precisar en cuanto al subsidio de lactancia, el art. 2.I del DS 4167 de 27 de febrero de 2020, que modificó el inciso c) del art. 25 del DS 21637 -que inicialmente fue modificado por el Artículo Único del DS 3546-estableció que dicho subsidio consistía: “…en la entrega de productos que cubran los requerimientos nutricionales y productos para la protección e higiene de la madre y el lactante, equivalente a Bs2.000.- (DOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) por cada hijo, durante sus primeros doce (12) meses de vida”.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos y los del binomio madre-hija, a la vida, la seguridad social, a la salud y a la alimentación; puesto que, durante su relación laboral con el Gobierno Autónomo Departamental de Beni, nació la niña AA; sin embargo, dicha entidad le adeuda ocho meses de subsidio de lactancia correspondientes a agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021; y, enero, febrero y marzo de 2022; por lo que, al no ser otorgados oportunamente, solicita que sean pagados retroactivamente y en dinero, ya que los gastos de alimentación de su hija menor de edad fueron erogados por su persona.
Consideración previa: Con carácter previo, es preciso aclarar que conforme a lo citado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, se debe efectuar la excepción del principio de subsidiariedad en materia de seguridad social, que comprende a las prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares dentro de las cuales están contempladas los subsidios prenatal, de natalidad y lactancia, al gozar estos de especial asistencia y protección del Estado y encontrarse directamente vinculados a la vida y a la salud tanto de la madre como fundamentalmente del nuevo ser; y no pueden estar condicionadas al agotamiento de recursos o vías administrativas,
Respecto a las Asignaciones Familiares
Ahora bien, respecto a la problemática jurídica planteada, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se establece que la seguridad social, no sólo comprende el acceso a la salud, sino también, cuando se trate de mujeres embarazadas y/o madres o progenitores de niños (a) menores de un año, el derecho a recibir las prestaciones que por derecho les corresponde; por lo tanto, las asignaciones familiares, al formar parte del derecho a la seguridad social, son de cumplimiento inmediato y de carácter obligatorio, en razón a sus finalidades implícitas, orientadas a la protección reforzada de la madre gestante o progenitora y el núcleo protectivo esencial que es el desarrollo integral, la salud y vida del ser en gestación o de la niña o niño hasta un año de edad. En ese entendido, por disposición del DS 3546 de 1 de mayo de 2018, que modificó el art. 25 del DS 21637 de 25 de junio de 1987, se reconocen las prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares que deben ser pagadas, a su cargo y costo, directamente por los empleadores de los sectores público y privado y de las cooperativas mineras: “a) Subsidio Prenatal, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaría, de un pago mensual, en dinero o especie, equivalente a Bs2 000.-(DOS mil 00/100 BOLIVIANOS) durante los cinco (5) últimos meses de embarazo, independientemente del subsidio de incapacidad temporal por maternidad; b) Subsidio de Natalidad, por nacimiento de cada hijo: un pago único a la madre, equivalente a Bs2.000.- (DOS mil 00/100 BOLIVIANOS); c) Subsidio de Lactancia, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a Bs2.000.- (DOS mil 00/100 BOLIVIANOS) por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida” (el énfasis es añadido). En ese orden, de la revisión de antecedentes, se tiene que la relación laboral del impetrante de tutela con la entidad ahora accionada, inició el 2 de enero de 2020, con su designación a través del Memorándum 048/2020, en el puesto de Control de Activos en el Área de Bienes Públicos -Auxiliar III-dependiente del SEDEGES del Gobierno Autónomo Departamental de Beni; en el que, desempeñó funciones hasta su rotación al cargo de Sereno del Centro Educativo de Integración Chetequije de la misma institución, suscitada el 11 de febrero de 2022, en virtud al Memorándum 011/2022 -de rotación- de 10 de igual mes y año(Conclusión II.1). Asimismo, durante la vigencia de la citada relación laboral, el 23 de marzo de 2021, nació su hija menor de edad AA (Conclusión II.2); por lo cual, la Caja de Salud CORDES emitió el Formulario de Calificación de Beneficios para el Régimen de Asignaciones Familiares en cumplimiento al DS 21637, que dispuso el pago de doce asignaciones familiares -subsidio de lactancia-, a partir del 22 de abril de 2021 hasta el 23 de marzo de 2022, en favor de la niña AA (Conclusión II.3). En ese sentido, en el caso que se analiza, se tiene que, si bien el peticionante de tutela mediante la presente acción de amparo constitucional presentada el 4 de marzo de 2022, solicita el pago de ocho subsidios de lactancia de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021; y, enero, febrero y marzo de 2022; sin embargo, mediante el Informe TEC. ADM y FIN 0001/2022 de 8 de marzo, emitido por el Técnico de Administración y Finanzas del SEDEGES del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, se estableció que el 23 y 24 de febrero de 2022, se efectuaron depósitos de dinero a la cuenta del SEDEM, por concepto de asignaciones familiares concernientes a agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2021, respecto a varios servidores públicos entre los cuales se encuentra el accionante; adjuntando a tal efecto, las boletas de depósito a la cuenta del SEDEM, las facturas respectivas y las planillas de subsidio en especie correspondientes a agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021, en los que figura el nombre del impetrante de tutela, estando los subsidios de lactancia de los meses referidos, listos para su entrega en especie (Conclusión II.4). En virtud a ello, se evidencia que la parte accionada cumplió con el pago correspondiente al SEDEM para la entrega en especie de los subsidios de agosto a diciembre de 2021, antes de la presentación de esta acción tutelar; por lo que, no se advierte el incumplimiento de la referida obligación a cargo del empleador; en consecuencia, respecto a los mencionados meses no existe la lesión de los derechos denunciada por la parte peticionante de tutela; por lo que, se debe denegar la tutela solicitada sobre este punto. Ahora bien, respecto al subsidio de lactancia de enero de 2022, la entidad ahora accionada no demostró con prueba fehaciente la entrega del mismo al SEDEM; lo que evidencia que, el mismo se encuentra devengado, correspondiendo disponer su pago retroactivo. Asimismo, con relación a los subsidios de lactancia concernientes a febrero y marzo del mismo año, si bien a la fecha de presentación de la acción tutelar, el plazo para su entrega se encontraba administrativamente vigente, se deberá de igual manera disponer el pago retroactivo de los mismos en caso de que a la fecha de emisión de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el mismo no hubiese sido ya efectivizado. En consecuencia, se advierte que en el caso de los subsidios de lactancia de enero, febrero y marzo de 2022 -estos dos últimos meses con la salvedad señalada- cuyo entrega oportuna fue omitida por la entidad a la que representa la autoridad departamental ahora accionada, se lesionó los derechos a la vida, a la seguridad social, a la salud y a la alimentación del accionante y del binomio madre-hija; consecuentemente, amerita conceder la tutela que se solicita a estos derechos y ordenar al Gobernador accionado, a asumir las acciones necesarias e inmediatas, a fin de satisfacer el pago retroactivo, únicamente de los meses que no fueron otorgados en especie por el SEDEM y que a la fecha se encuentren devengados; ello, en el marco de lo previsto en el art. 28 del Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida -aprobado por la RA ASUSS 013-2019 de 15 de enero, modificado en parte por RA 076-2019 de 29 de marzo- vigente al momento de la tramitación de los subsidios ahora reclamados.
En cuanto al pago retroactivo o retrasado en especie o dinero de las asignaciones familiares Sobre este particular, conforme el contenido del petitorio de la presente acción de defensa, se tiene que la pretensión del impetrante de tutela se encuentra orientada al pago del subsidio de lactancia de manera monetaria, a cuyo efecto corresponde señalar que, de acuerdo a la normativa jurídica vigente aplicable al caso, glosada en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se prevé de manera excepcional, la posibilidad de recibir en dinero las asignaciones familiares por los beneficiarios; empero, únicamente respecto al subsidio prenatal, situación condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos al efecto y al trámite de autorización respectivo ante la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS), entidad que acorde a sus competencias, emitirá una Resolución Administrativa expresa. Sin embargo, respecto al pago del Subsidio de Lactancia en dinero, el art. 4 inc. e) del citado Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida señala que, el mismo consiste en: “…la entrega a la madre, de productos alimenticios inocuos, no transgénicos, con alto valor nutritivo de origen nacional, equivalente al pago de Bs. 2.000 (Dos Mil 00/100 Bolivianos) acorde a normativa vigente, por cada hija (o) vivo, desde el primer día del nacimiento hasta el cumplimiento del primer año de edad” (el resaltado es nuestro).
Asimismo, el art. 2.I del DS 4167, que modificó el inciso c) del art. 25 del DS 21637 -modificado inicialmente por el DS 3546- estableció que el mismo consiste: “…en la entrega de productos que cubran los requerimientos nutricionales y productos para la protección e higiene de la madre y el lactante, equivalente a Bs2.000.- (DOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) por cada hijo, durante sus primeros doce (12) meses de vida”. En consecuencia, respecto al subsidio de lactancia, conforme el análisis de la normativa descrita en el citado Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, en el que se desarrolló el contenido normativo de los arts. 21 inc. a) y 22 inc. a) del Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida, se establece la prohibición expresa tanto a los empleadores como a los beneficiarios de la entrega y su recepción en dinero; proscripción que se sustenta en la específica finalidad que persigue su otorgación en especie, como es mejorar la alimentación, a través de la entrega de productos alimenticios inocuos, no transgénicos, con alto valor nutritivo, que cubran los requerimientos nutricionales, así como para la protección e higiene de la madre y el lactante, resguardando de esa manera el derecho a la vida, a la salud y a la alimentación de los mismos. En mérito de lo expuesto, la cancelación del subsidio de lactancia en dinero, sin que existan mecanismos de control, no cumpliría con lo pretendido por el Estado, lo que se justifica en la prioridad de resguardar el derecho a la salud y a la vida del recién nacido hasta que cumpla un año de edad y ante todo, precautelando por su interés superior, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia -art. 60 de la CPE-. Por consiguiente, sobre este punto de reclamación constitucional, no corresponde disponer el pago de la referida asignación familiar en dinero como pretende el peticionante de tutela, sino en especie.
Plurinacional Resuelto como se encuentra el problema jurídico planteado, corresponde a este Tribunal hacer referencia al alcance de la concesión de tutela inicialmente otorgada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, que provocó efectos jurídicos con relación a la modalidad de pago de las asignaciones familiares devengadas, en el entendido de que su resolución es de ejecución y cumplimiento inmediato -art. 40.I del Código Procesal Constitucional (CPCo). En ese sentido, en virtud a lo establecido en la SC 0595/2010-R de 12 de julio, que respecto al dimensionamiento de los efectos de la Sentencia determinó, que: “…no obstante, en atención a la facultad previsora el Tribunal Constitucional, puede dimensionar los efectos de la Sentencia Constitucional, y de acuerdo a las circunstancias del caso y de manera excepcional toma determinaciones de tal manera que no se genere inseguridad jurídica” (las negrillas son añadidas); amerita que los efectos del presente fallo constitucional deban ser dimensionados; disponiéndose que, si como consecuencia de la decisión asumida mediante la Resolución 015/2022 de 9 de marzo, pronunciada por la referida Sala Constitucional -que ordenó al Gobierno Departamental de Beni que en el plazo de quince días, a partir de su legal notificación, proceda al pago del subsidio de lactancia de enero de 2022 en dinero a favor de la hija del accionante-, ya se hubiese procedido a la cancelación de dicha prestación en esa forma, dichos efectos quedan válidos y subsistentes; en razón a que, retrotraer o modificar esta inicial determinación, agravaría la consecución de la finalidad que persigue este beneficio orientado a precautelar el bienestar de la niña.
Finalmente, respecto a la solicitud de pago de costas y costos procesales, honorarios profesionales, daños y perjuicios, esta no puede ser considerada, en virtud al alcance de la tutela concedida y a la regulación potestativa establecida por el art. 39 del CPCo. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 015/2022 de 9 de marzo, cursante de fs. 74 a 77 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto del subsidio de lactancia correspondiente a enero de 2022; según lo previsto en el Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida y el DS 3546 de 1 de mayo de 2018; y de febrero y marzo del mismo año, siempre y cuando no hubiesen sido pagados de forma oportuna, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional; 2° DENEGAR la tutela impetrada, en cuanto al pago de los subsidios de lactancia de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021; y, la solicitud de costas y costos procesales, honorarios profesionales, daños y perjuicios; y, 3° Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en consideración al tiempo transcurrido, manteniendo invariable el pago en dinero del subsidio de lactancia, como consecuencia de la concesión de tutela dispuesta por la Sala Constitucional, con base en los argumentos expuestos en el Fundamento Jurídico III.4.1 de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Al no existir consenso en Sala dentro del presente caso, dirime el Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora, Presidente; siendo de Voto Disidente el Dr. Petronilo Flores Condori.
Fdo. Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora
PRESIDENTE
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0262_2023-S3.pdf · páginas 1 a 18.
Huella digital del PDF (SHA-256): c4e1432a507c31a374f931b4c852b472f8e5235ce4007e1a827c58c40f77a56e
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