Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 17 de abril de 2023
Deniega la tutela
La parte peticionante de tutela, a través de su representante legal, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso, en su vertiente aplicación objetiva de la ley, toda vez que en ejecución de sentencia del proceso contencioso que siguió contra el GAM de Cochabamba por haber incumplido con el pago de la planilla de cierre de obra por Bs659 466,22 de la “Construcción Infraestructura Policía Ciclística Zona Coronilla” ejecutada por INCOF LTDA., la Sala Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera antes señalada, conformada por los Vocales ahora demandados, mediante el Auto de 7 de mayo de 2021, rechazó la demanda de pago de daños y perjuicios que planteó de su parte, motivando a que se dé la interposición del recurso de reposición, mismo que se declaró no ha lugar mediante Auto de 13 de julio de 2021, emitido por los referidos Vocales, manteniendo en consecuencia firme y subsistente el Auto impugnado, omitiendo la aplicación objetiva del art. 568 del CC, lo que implica que se restó la eficacia de la Sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, que por su naturaleza y en virtud al instituto demandado, implicaba que también se condene al resarcimiento de los daños y perjuicios, como hecho inmediato al incumplimiento contractual. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución RAC-SCIII 029/2022 de 25 de febrero, cursante de fs. 135 a 141, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, sin ingresar al fondo de lo denunciado.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0262/2023-S1 Sucre, 17 de abril de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 46336-2022-93-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución RAC-SCIII 029/2022 de 25 de febrero, cursante de fs. 135 a 141, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rubén Fuentes Fuentes en representación legal de la Empresa Ingeniería de Construcciones Fuentes Limitada (INCOF LTDA.) contra Henry Milton Santos Alanes, Vocal y Claudia Gimena Morales Orellana, ex Vocal, ambos de la Sala Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Por memorial presentado el 3 de febrero de 2022, cursante de fs. 103 a 108 vta.; y de subsanación de 9 del mismo mes y año, cursante a fs. 113 y vta., la parte accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
En su condición de representante legal de la Empresa INCOF LTDA., interpuso el 27 de enero de 2016, demanda contenciosa de cumplimiento de contrato contra el Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Cochabamba, solicitando el cumplimiento de la obligación emergente del contrato de obra, suscrito el 13 de junio de 2012, pendiente de pago, respecto a la planilla de cierre por la suma de Bs659 466,22 .- (seiscientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y seis 22/100 bolivianos) así como el resarcimiento de daños y perjuicios, averiguables en ejecución de sentencia y costas procesales. Admitida la demanda señalada y cumplidas las formalidades procesales, la misma fue declarada improbada mediante la emisión de la Sentencia 005/2019, de 9 de diciembre, determinación contra la cual se interpuso recurso de casación, ante el Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia, emitió el Auto Supremo 95 de 18 de febrero de 2021, por el que casó la Sentencia impugnada y declaró probada la demanda contenciosa interpuesta por la Empresa demandante, ordenando en consecuencia que el mencionado GAM de Cochabamba, pague la planilla de cierre de la obra “Construcción Infraestructura Policía Ciclística Zona Coronilla” por la suma de Bs659 466,22. Emitido el Auto Supremo antes nombrado, a través del memorial de 5 de mayo de 2021, se demandó la calificación de daños y perjuicios en aplicación de lo dispuesto por los arts. 314, 344 y 347 del Código Civil (CC) -Ley 17607 de 17 de septiembre de 1980- y art. 39 de la Ley 1178, solicitando que el GAM de Cochabamba cancele a favor de la Empresa INCOF LTDA., el interés del 6% anual y la actualización respecto del mantenimiento de valor sobre la suma adeudada de Bs659 466,22, debiendo correr desde el 14 de septiembre de 2013, hasta la fecha de pago de la suma adeudada. Dicho incidente fue resuelto por los Vocales ahora demandados, quienes mediante el Auto de 7 de mayo de 2021, rechazaron la demanda de calificación de daños y perjuicios, señalando principalmente que si bien el Auto Supremo 95 de 18 de febrero de 2021, declaró probada la demanda; empero no ordenó el pago de daños y perjuicios y tampoco dispuso que los mismos sean demandados o averiguados en fase de ejecución de sentencia, razón por la que en aplicación del art. 397.I del Código Procesal Civil (CPC) -Ley 439 de 19 de noviembre de 2013-, el Auto Supremo de referencia debe ser ejecutado en los parámetros dispuestos en el mismo; es decir, sin alterar o modificar su contenido; por lo que, la parte demandante debía acudir a la instancia correspondiente. Ante dicha determinación, el 7 de junio de 2021, se interpuso recurso de reposición, el cual fue declarado sin lugar por los Vocales ahora demandados, mediante el Auto de 13 de julio de 2021, declarando firme y subsistente el Auto impugnado, incurriendo en vulneración del derecho al debido proceso, en su elemento de aplicación objetiva de la ley, en específico del art. 568 del Código Civil (CC), quitando en consecuencia la eficacia de la Sentencia, que por su naturaleza y en virtud al instituto demandado, implicaba también se condene al resarcimiento de los daños y perjuicios, como hecho inmediato al incumplimiento contractual, como debieron haber determinado los Vocales ahora demandados, sin requerir que el Tribunal Supremo de Justicia se pronunciara al respecto y que al no haberlo hecho, la sentencia deba ser ejecutada sin alterarla o modificarla, entendimiento que atenta y vulnera el principio de aplicación objetiva del principio valor justicia, también como elemento del debido proceso en su vertiente de la aplicación objetiva de la ley.
La parte impetrante de tutela considera lesionados su derecho al debido proceso en su vertiente de aplicación objetiva de la ley, citando al efecto el art. 115. II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada, dejando sin efecto los Autos de 7 de mayo y 13 de julio ambos de 2021, a efecto de que los Vocales ahora demandados emitan nueva resolución, dentro de los parámetros señalados por la norma, dando curso a la calificación de daños y perjuicios invocada.
La audiencia pública virtual de consideración de la presente acción de amparo constitucional, se realizó el 25 de febrero de 2022; tal como consta en acta cursante de fs. 133 a 134 vta., produciéndose los siguientes actuados:
La parte accionante, ratificó íntegramente el contenido de su memorial de acción de defensa.
Henry Milton Santos Alanes y Claudia Gimena Morales Orellana, Vocal y ex Vocal, respectivamente, de la Sala Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por informes escritos presentados, el 24 de febrero de 2021, cursante a fs. 120 y vta. y 122 y vta. manifestaron lo siguiente: a) En el proceso contencioso administrativo seguido por INCOF LTDA., contra el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, se emitió el Auto de 7 de mayo de 2021, con el cual se rechazó la solicitud de calificación de daños y perjuicios en ejecución de sentencia, en el entendido que el AS 95 de 18 de febrero de 2021, no dispuso la averiguación ni demanda de daños y perjuicios para la fase de ejecución de sentencia, por lo que fue rechazado en aplicación de los arts. 397.I y 398 del CPC; b) Ante tal decisión, la parte ahora accionante interpuso recurso de reposición, con argumentos similares a los de la presente acción de amparo constitucional, alegando la vulneración del debido proceso en su vertiente de aplicación objetiva de la ley, indicando que les correspondía llevar adelante la calificación y no así al Tribunal Supremo de Justicia; c) En aplicación del art. 399 del CPC, que establece que la etapa de ejecución se circunscribirá a la realización o aplicación concreta de lo establecido en la sentencia, se le recalcó al demandante que lo que corresponde en el presente caso, es que se ejecute el Auto Supremo 95 de 18 de febrero de 2021, conforme fue emitido y al no tener éste disposición alguna sobre un cálculo de daños y perjuicios, por mandato de la ley, debe ser ejecutado sin variar su contenido, en tal razón, se mantuvo incólume el Auto de 7 de mayo de 2021; d) El accionante alega la vulneración de su derecho al debido proceso en su elemento aplicación objetiva de lo previsto en los arts. 344 y 347 del CPC, señalando que en su demanda reclamó el pago de daños y perjuicios, entendiendo que al declarar probada su demanda, se encontraría implícita la concesión de daños y perjuicios; sin embargo, no vislumbra que el mencionado Auto Supremo efectuara referencia alguna sobre los aspectos reclamados, al no prever si corresponde o no su reconocimiento; e) En tal caso, el accionante al haber sido notificado con el Auto Supremo 95 antes señalado, pudo solicitar, en previsión del art. 226 del CPC, las aclaraciones, enmiendas y complementaciones pertinentes, lo que según consta en obrados no hizo en momento alguno; en tal sentido, lo único que atañía a sus autoridades, que se encuentran en fase de ejecución, es precisamente el ejecutar el Auto Supremo referido en la forma en que fue emitido; y, f) En tal sentido, al rechazar la calificación de daños y perjuicios en ejecución de sentencia, no menoscabaron derecho o garantía constitucional alguna de la Empresa ahora accionante, razones por las que se debe denegar la tutela solicitada.
Manfred Armando Antonio Reyes Villa Bacigalupi, Alcalde del GAM de Cochabamba, por medio de sus abogados apoderados, en audiencia virtual, señaló lo siguiente: 1) El accionante inició una demanda contra el GAM de Cochabamba, que en primera instancia fue declarada improbada y que ante el recurso de casación interpuesto de su parte, ante el Tribunal Supremo de justicia, por Auto Supremo 95 de 18 de febrero de 2021, resolvió casar la sentencia emitida, declarando probada la demanda planteada, ordenando que el GAM de Cochabamba, pague la planilla de cierre de la obra “Construcción Infraestructura Policía Ciclística Zona Coronilla” por la suma de Bs659 466,22 .- en favor de la Empresa demandante -ahora accionante-; 2) La parte accionante en ejecución de sentencia demandó la calificación de daños y perjuicios, solicitando que el Municipio cancele en su favor el interés anual del 6 % y la actualización respecto del valor adeudado; demanda fue rechazada mediante el Auto de 7 de mayo de 2021, argumentando que el Auto Supremo dictado no ordenó el pago de daños y perjuicios, así como tampoco se dispuso que los mismos sean demandados ni averiguados en ejecución de sentencia; por lo que ante dicha determinación, la Empresa demandante interpuso recurso de reposición, mismo que fue declarado sin lugar, por Auto de 13 de julio de 2021; 3) Bajo esos antecedentes, el Auto Supremo debe ser aplicado bajo los parámetros que fue dictado, sin modificar ni alterar su contenido, no correspondiéndole a la Sala Contenciosa Administrativa determinar el pago, ni averiguación de daños y perjuicios en ejecución de sentencia; y, 4) En ese sentido, las resoluciones observadas fueron debidamente fundamentadas, existiendo además causal de improcedencia por existir actos consentidos por parte del impetrante de tutela quien no solicitó enmienda o complementación al Auto Supremo referido que no determinó calificación de daños y perjuicios.
La Sala Constitucional Tercera del departamento de Cochabamba, por Resolución RAC-SCIII 029/2022 de 25 de febrero, cursante de fs. 135 a 141, denegó la tutela solicitada; tal determinación se dio con los siguientes fundamentos: i) De acuerdo a lo dispuesto por el art. 253.I del CPC, el recurso de reposición procederá contra las providencias y los autos interlocutorios, con el objeto que la autoridad judicial advertida de su error, los modifique, deje sin efecto o anule; ii) El recurso de reposición contra el Auto de 7 de mayo de 2021, mismo que no constituye una providencia o un auto interlocutorio, sino que tiene una naturaleza jurídica distinta, al ser esta una resolución definitiva que no admite recurso ordinario ulterior, por lo que no es un medio idóneo de impugnación que posibilite la modificación en el fondo de lo resuelto y que deba agotarse para el cumplimiento del principio de subsidiariedad; iii) En ese entendido, el computo del plazo de la inmediatez en amparo constitucional no se interrumpe cuando se utiliza medios de impugnación que no son idóneos ni efectivos; en consecuencia el cómputo de los seis meses debe correr desde la notificación con la última resolución idónea; y, iv) En el caso que ocupa, la Empresa accionante fue notificada con el Auto de 7 de mayo de 2021, que rechazó la demanda planteada por ser improcedente, el 2 de junio de ese año, habiendo interpuesto la presente acción recién el 3 de febrero de 2022, dejando transcurrir más de nueve meses, lo cual no condice con lo previsto en el art. 129.II de la CPE y el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo.).
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Supremo 95 de 18 de febrero de 2021, emitido por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, que resolviendo el recurso de casación interpuesto por INCOF LTDA., contra la Sentencia 005/2019 de 9 de diciembre, casó dicha Sentencia y declaró probada la demanda Contenciosa interpuesta con la Empresa señalada contra el GAM de Cochabamba, ordenando que la parte demandada pague la planilla de cierre de la obra “Construcción Infraestructura Policía Ciclística Zona Coronilla” por Bs659 466,22, en favor de la parte demandante (fs. 59 a 66 vta.). II.2. En ejecución de sentencia, Rubén Fuentes Fuentes, representante legal de INCOF LTDA., formulo ante la Sala Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, demanda de calificación de daños y perjuicios contra el GAM de Cochabamba, solicitando la cancelación de un interés legal del 6% anual sobre la suma liquida adeudado total de Bs659 466,22.- corriente desde el día de la entrega de la obra (fs. 67 a 68 vta.).
II.3. Por Auto de 7 de mayo de 2021, la Sala Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba rechazó la demanda de calificación de daños y perjuicios en ejecución de sentencia interpuesta por Rubén Fuentes Fuentes, representante legal de INCOF LTDA., contra el GAM de Cochabamba, cuya notificación a las partes se efectuó el 2 de junio del citado año (fs. 69 a 70). II.4. Contra el Auto de 7 de mayo de 2021, la parte accionante interpuso recurso de reposición, solicitando se disponga dejarlo sin efecto y en consecuencia se dicte nuevo Auto admitiendo la demanda de calificación de daños y perjuicios en ejecución de sentencia (fs. 71 a 74 vta.). II.5. Mediante Auto de 13 de julio de 2021, la Sala Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró no ha lugar el recurso de reposición interpuesto contra el Auto de 7 de mayo de 2021; decisión que fue notificada a la Empresa INCOF LTDA. el 17 de agosto del indicado año (fs. 77 a 79). II.6. Consta Testimonio 058/2022 de 28 de enero, del Poder amplio, bastante y suficiente, que fue conferido por la Empresa Ingeniería de Construcciones Fuentes Limitada (INCOF LTDA.), en favor de Rubén Fuentes Fuentes, autorizado en virtud de la Asamblea Extraordinaria de Socios realizado el 20 de enero de 2022 (fs. 81 a 90).
La parte peticionante de tutela, a través de su representante legal, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso, en su vertiente aplicación objetiva de la ley, toda vez que en ejecución de sentencia del proceso contencioso que siguió contra el GAM de Cochabamba por haber incumplido con el pago de la planilla de cierre de obra por Bs659 466,22 de la “Construcción Infraestructura Policía Ciclística Zona Coronilla” ejecutada por INCOF LTDA., la Sala Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera antes señalada, conformada por los Vocales ahora demandados, mediante el Auto de 7 de mayo de 2021, rechazó la demanda de pago de daños y perjuicios que planteó de su parte, motivando a que se dé la interposición del recurso de reposición, mismo que se declaró no ha lugar mediante Auto de 13 de julio de 2021, emitido por los referidos Vocales, manteniendo en consecuencia firme y subsistente el Auto impugnado, omitiendo la aplicación objetiva del art. 568 del CC, lo que implica que se restó la eficacia de la Sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, que por su naturaleza y en virtud al instituto demandado, implicaba que también se condene al resarcimiento de los daños y perjuicios, como hecho inmediato al incumplimiento contractual. Consecuentemente, se solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se determine el dejar sin efecto los Autos de 7 de mayo y 13 de julio, ambos de 2021, a efecto de que los Vocales ahora demandados emitan nueva resolución, dentro de los parámetros señalados por la norma, dando curso a la calificación de daños y perjuicios invocada. Corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, y para el efecto se analizarán los siguientes temas: a) Requisitos de admisibilidad de la acción de amparo constitucional: Poder de representación específico y suficiente, Jurisprudencia reiterada; b) La inmediatez y el plazo máximo para interponer la acción de amparo constitucional; y, c) Análisis del caso concreto.
Poder de representación específico y suficiente, Jurisprudencia reiterada
“El art. 129.I de la CPE, establece lo siguiente: ‘La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados’. En el mismo orden, el art. 52.1 del CPCo, con relación a la legitimación activa dispone que esta acción de defensa podrá ser interpuesta por: ‘Toda persona natural o jurídica cuyos derechos estén siendo restringidos, suprimidos o amenazados, de serlo, directamente u otra en su nombre con poder suficiente’. (…)
El razonamiento glosado fue asumido en el nuevo contexto constitucional por el Tribunal Constitucional Plurinacional, el cual determinó que la legitimación activa para interponer una acción de amparo constitucional con la finalidad de obtener protección de derechos fundamentales o garantías constitucionales, la ostenta el titular del derecho o garantía presuntamente conculcado; o en su caso, un representante legítimamente acreditado a través de un poder notarial; y en el de personas jurídicas, además del poder específico, bastante y suficiente, para acreditar la representación legal, se deben acompañar otros requisitos inherentes a la existencia de la persona jurídica, como son, el acta de constitución de la sociedad, la acreditación de su personalidad jurídica, la nómina de socios, su inscripción en el registro correspondiente, estatutos y reglamentos, según corresponda a la naturaleza de la parte accionante.
De donde se concluye que no es imprescindible que la persona natural o jurídica que se crea agraviada, deba acudir personalmente ante la jurisdicción constitucional, pues en caso de algún impedimento, puede otorgar un poder suficiente para que otra persona actúe a su nombre y representación, a través de un documento que debe ser otorgado mediante instrumento público de carácter específico, especial y bastante, confiriéndose al mandatario las facultades suficientes para apersonarse en sede constitucional a nombre del titular, de modo que en esta jurisdicción se obtenga una ‘…cabal comprensión y seguridad de la voluntad del agraviado que motiva acudir a esta jurisdicción mediante la acción de amparo constitucional y el objeto sobre el que debe desarrollarse la demanda tutelar’ (SCP 1022/2017-S1 de 11 de septiembre). Es así que, en relación al poder de representación para la interposición de la acción de amparo constitucional, el Tribunal Constitucional Plurinacional, desarrolló el siguiente entendimiento: ‘…en este mismo sentido el art. 835.I del Código Civil (CC) previene que: «El poder general, no confiere facultades para los actos judiciales que por su naturaleza exijan poderes especiales o la presencia personal del interesado». De los alcances de esta normativa relacionada con la contenida en el art. 129.I de la CPE, así como por la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2., se infiere que a los fines de incoar una acción de amparo mediante apoderado este requiere de un mandato especial, suficiente y bastante; requisitos que no fueron asumidos en el mandato otorgado en favor del ahora accionante, cuando de manera genérica le faculta apersonarse ante el tribunal donde se estuviere sustanciando una demanda de nulidad de título ejecutorial y si bien de forma enunciativa le autoriza a demandar acción de amparo constitucional; empero no se advierte facultades para apersonarse ante qué Tribunal Departamental de Justicia y contra qué autoridades presentará esta acción tutelar; omisión que permite concluir que el ahora accionante carece de legitimación activa…’ (SCP 0877/2012 de 20 de agosto). Siguiendo esta línea de razonamiento, la mencionada SCP 1022/2017-S1, señaló lo siguiente: ‘A efectos de mayor comprensión y amplitud en cuanto a la exigencia de los poderes de representación, es menester acudir a los razonamientos de la Corte Constitucional de Colombia, en cuya Sentencia T-975/05 de 23 de septiembre de 2005, se desarrolló lo siguiente: «El poder presentado por la abogada, se refiere de manera indeterminada a la interposición de una acción de tutela, sin que se precise el derecho o derechos cuya protección se solicitará, o se especifiquen los hechos que sirven de fundamento para su interposición, de tal manera que sea posible distinguir este poder de otros que haya podido otorgar la actora. El hecho de que dicho poder hubiera sido otorgado dos meses antes de la ocurrencia de los hechos generadores de la acción de tutela y nueve meses antes de la interposición de la tutela bajo revisión, confirma que el poder presentado no tiene la especificidad o determinación exigida para este tipo de documentos»’” (las negrillas y subrayado nos pertenecen). A su vez, la SCP 0824/2018-S4 de 5 de diciembre; estableció que: “Como se observará de las normas jurídicas arriba transcritas, constituye una exigencia el presentar ‘poder suficiente’ para actuar en representación del agraviado dentro de una acción de amparo constitucional, sea que se trate de actuación en representación de una persona natural o de una persona jurídica, caso último en que debe acreditarse por el accionante, además de la condición de legítimo representante de la persona jurídica, el poder suficiente que le faculte interponer la acción de tutela constitucional, puesto que no se suficiente la presentación de un poder general de administración, en ese sentido se tiene razonado en la SCP 0877/2012 de 20 de agosto. Complementando el entendimiento anteriormente expuesto, la jurisprudencia constitucional comprendida en la SCP 1022/2017-S1 de 11 de septiembre, precisó lo siguiente: ‘Entonces, en el marco de la jurisprudencia constitucional anteriormente fijada, la exigencia de la especificidad del poder de representación implica que dicho instrumento público, además de las formalidades reguladas por la norma aplicable a la materia, debe contener y determinar los siguientes aspectos mínimamente: a) La identificación del proceso judicial o administrativo dentro del cual se promoverá la acción, si el acto ilegal emerge de la tramitación de éstos; b) El nombre de la persona particular o autoridad pública contra quienes debe dirigirse la acción; c) De no ser posible la individualización de todas las personas contra quienes se debe dirigir la acción -como ocurre en medidas de hecho vinculados a avasallamientos-, es suficiente la identificación de algunos con el añadido ‘y otros’; d) La identificación del acto jurídico concreto que constituye acto ilegal o lesivo a los derechos; y, f) Si el acto ilegal no surge de la tramitación de procesos judiciales y administrativos, se debe precisar las acciones y omisiones que constituyen acto u omisión ilegales. Observados estos aspectos, la justicia constitucional entenderá que el poder de representación es específico, bastante y suficiente; y, en consecuencia, dará por cumplido el requisito de admisibilidad disciplinado en el art. 33.1 del CPCo, tratándose de personas que activan la presente acción constitucional, mediante apoderado o representante; sin embargo, la inobservancia de uno de estos puntos, torna insuficiente al poder de representación y, por ende, se entenderá que el accionante carece de legitimación activa’. En ese orden, se concluye que, cuando una persona acuda a la justicia constitucional mediante la acción de amparo constitucional, en nombre o representación de otra, sea persona natural o jurídica, debe hacerlo mediante un ‘poder suficiente’, que le confiera facultades para apersonarse en sede constitucional a nombre del titular, conforme a los criterios anteriormente precisados, de modo que se capture la ‘…cabal comprensión y seguridad de la voluntad del agraviado que motiva acudir a esta jurisdicción mediante la acción de amparo constitucional y el objeto sobre el que debe desarrollarse la demanda tutelar’; requisito que debe ser observado por el Tribunal o Jueza o Juez de garantías a tiempo de su presentación, previo a la admisión de la acción, otorgando un plazo de tres días a partir de su notificación para que subsane la omisión; de lo contrario, en caso de no subsanarse, deberá declararse por no presentada la acción; sin embargo, de no haberse observado en dicha etapa procesal y pese a su incumplimiento se señaló audiencia, corresponde denegar la acción a tiempo de emitir la resolución final, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada” (las negrillas y el subrayado son nuestros).
La SCP 0570/2020-S1 de 6 de octubre de 2020, en relación a la legitimación activa para accionar el amparo constitucional, expuso lo siguiente: La SCP 0377/2018-S2 de 24 de julio, recogió los entendimientos sobre la legitimación activa, como la capacidad para poder solicitar la tutela de los derechos vulnerados, por el titular de ese derecho o en su caso el representante aprobado legítimamente mediante un poder notariado, o por la autoridad correspondiente. El poder notarial es la autorización bajo la cual una persona física o jurídica designa a otra como su representante legal. Así, la Sentencia Constitucional Plurinacional citada desarrolla lo siguiente:
“Al respecto, recogiendo los entendimientos asumidos por la jurisprudencia constitucional, la SCP 1507/2014 de 16 de julio, señalo que: “La legitimación activa en la acción de amparo constitucional es entendida como la capacidad que tiene toda persona sea natural o jurídica para interponerla y solicitar al Estado la protección o restitución de un derecho vulnerado. En ese sentido, quien tiene esta capacidad de solicitar la tutela de su supuesto derecho vulnerado, es el titular del mismo o, en su caso, un representante legítimamente acreditado a través de un poder notarial”.
Por su parte, el art. 129.I de la CPE, establece que la acción de amparo constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, o por otra a su nombre siempre que acompañe un poder notariado, o en su caso por la autoridad correspondiente. En ese entendido, el accionante debe demostrar que el hecho denunciado recae directamente en un derecho del cual es titular; así precisó la SCP 0929/2014 de 15 de mayo, al precisar que: “La legitimación activa es un presupuesto procesal para la admisión de la demanda, implica la existencia de una correspondencia directa entre el accionante y el derecho que se invoca, para acreditar este presupuesto es necesario demostrar la vinculación entre el acto que se impugna y su derecho legítimo supuestamente lesionado. La SC 0626/2002-R de 3 junio, señaló: “...a efectos de plantear un Amparo, es preciso que toda persona que recurre en busca de la tutela que otorga dicha garantía constitucional acredite debidamente su legitimación activa; es decir, que demuestre conforme exige el ordenamiento jurídico, que los efectos del acto ilegal o indebido que denuncia hubieran recaído directamente en un derecho fundamental suyo (...) no se puede plantear una demanda de Amparo, sino demostrando ser el agraviado directo por la autoridad o particular recurrido, pues las únicas personas que pueden denunciar la violación de un derecho fundamental ajeno, son el Defensor del Pueblo y el Ministerio Público conforme a los arts. 124 y 129-I de la Constitución Política del Estado”. En consiguiente, la calidad de legitimación activa se adquiere por la coincidencia que se da entre quien sufre la supuesta vulneración de derechos o garantías constitucionales, y aquel que activa la acción tutelar, o en su caso, otorga poder suficiente para su representación legítima. El art. 52 CPCo, en cuanto a la legitimación activa señala: “La Acción de Amparo Constitucional podrá ser interpuesta por: 1.Toda persona natural o jurídica cuyos derechos estén siendo restringidos, suprimidos o amenazados de serlo, directamente u otra en su nombre con poder suficiente. 2. El Ministerio Público. 3. La Defensoría del Pueblo. 4. La Procuraduría General del Estado. 5. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia”.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0083/2018-S2 de 4 de abril, asumió el siguiente razonamiento: El principio de inmediatez se encuentra previsto en el art. 55.I del CPCo, entendido como el requisito de solicitar la tutela de manera pronta, oportuna y sin dilaciones innecesarias; es decir, una vez que se opere la vulneración del derecho o garantía y se agoten las vías legales ordinarias pertinentes; plazo que también se encuentra previsto en el art. 129.II de la CPE, que señala: "La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”. De manera más específica, sobre el inicio para el cómputo de los seis meses referido supra, se indicó que el mismo corre a partir de la comisión de la lesión alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial efectiva, para que el afectado pueda acudir a la vía constitucional a fin que sea reparado el agravio a derechos o garantías constitucionales; en ese sentido, la jurisprudencia consolidada por el entonces Tribunal Constitucional, a través de la SC 0791/2010-R de 2 de agosto, se determinó que los medios reparadores a los que acuda el accionante deben ser idóneos, lo que significa que debe estar previsto por ley, y que tenga la posibilidad de cambiar el fondo, lo que implica que se excluye del cómputo de los seis meses aquellos medios y recursos no previstos por ley o aquellos que fueron presentados de manera errónea, por el hecho que el objeto de esta acción de defensa es la de tutelar derechos fundamentales y no el de reparar los errores del agraviado. El Tribunal Constitucional mediante la SC 0521/2010-R de 5 de julio2, determinó modular los alcances de la SC 0261/2010-R de 31 de mayo, estableciendo que, específicamente en los casos en que se hubiese solicitado una complementación y enmienda, sólo se tomará en cuenta, para efectos del cómputo del plazo de los seis meses, aquellos casos en los que se hubiera dado curso a dicha solicitud, ya que la resolución dictada pasaría a formar parte del contenido de la resolución principal, sin embargo, cuando esta solicitud sea rechazada, al no tener efecto alguno ni ser consideradas por la autoridad jurisdiccional o administrativa, el plazo corre desde la notificación con la resolución principal; por lo anteriormente desarrollado, esta línea jurisprudencial contiene una interpretación de carácter restrictivo respecto a las solicitudes de complementación y enmienda, en la que este tipo de solicitudes, para poder ser tomadas en 1El FJ III.2.3, refiere:“…No obstante, en un plano de equilibrio y coherencia con el principio de subsidiariedad, para dicho cómputo debe tenerse en cuenta que ese acto o medio impugnativo utilizado en la vía reparadora, y previa a la acción de amparo, debe ser idóneo; es decir, previsto por ley, y que tenga la posibilidad de cambiar el fondo de lo que se acusa de ilegal o lesivo de los derechos; estando exentos de dicho cómputo aquellos medios y recursos no previstos por ley o presentados erróneamente, toda vez que la finalidad de esta acción tutelar no es reparar errores del agraviado o accionante, sino derechos fundamentales”. 2El FJ III.4, señala: “A efectos de un correcto cómputo del plazo de seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional, teniendo en cuenta el plazo prudencial para la interposición del amparo y su naturaleza subsidiaria -que encarna el agotamiento en la misma vía de medios idóneos- debe ser modulado en los siguientes términos:
1. El cómputo del plazo de los seis meses para la interposición de la acción de amparo, es desde la notificación con la resolución o auto de vista que agota la vía, dado que ha sido el último actuado idóneo. Sin considerar los recursos, incidentes u otros medios no previstos por ley, o presentados extemporáneamente, aún en los casos de equivocación o error en su presentación, los cuales se consideran inidóneos.
2. Si es que se hubiese solicitado enmienda, aclaración o complementación de la resolución principal o auto de vista, que se constituye en el medio idóneo y que agota la vía, y no hubiesen sido consideradas, por extemporaneidad o el motivo que fuere; al no tener trascendencia ni efecto en la resolución principal, el plazo de los seis meses corre desde la notificación con la resolución principal o auto de vista, sin considerar la solicitud de aclaración, complementación o enmienda. 3. En los casos en que la solicitud hubiese sido considerada dando lugar a la enmienda, aclaración o complementación, la misma pasa a formar parte del contenido de la resolución principal, conformando un todo; en consecuencia, por los efectos o trascendencia, sólo en estos casos, el plazo de los seis meses corre desde la notificación con la resolución que da lugar a la complementación, enmienda o aclaración.
Las subreglas desarrolladas constituyen una modulación a la SC 0261/2010-R -que a efectos del cómputo del plazo de la inmediatez, tomó en cuenta al Auto que resolvió la solicitud de explicación, complementación y enmienda-, que deberán ser aplicadas con carácter vinculante a partir de la emisión de la presente Sentencia, en aplicación del art. 44.I de la LTC, realizando el cómputo del plazo de seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional, conforme a los entendimientos asumidos en el presente fallo”.
cuenta dentro del plazo de caducidad de los seis meses, debieron haber sido asumidas por las autoridades jurisdiccionales o administrativas, caso contrario, es decir, cuando éstas sean rechazadas, al considerarse las mismas como “intrascendentes”. Por su parte la SCP 0113/2013-L de 20 de marzo modula el precedente previamente citado líneas supra, y estableció que el cómputo tomará en cuenta la fecha de notificación con el Auto de explicación o enmienda sea que la conceda o rechace, estipulado de esta forma en el art. 55.II del CPCo, implementando la subregla que dicha solicitud cuando se presente dentro del plazo procesal determinado por el art. 196.2 del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrg), teniendo como norma vigente el art. 226.III del Código Procesal Civil (CPC), es decir, dentro de las 24 horas siguientes a la emisión de la resolución de carácter definitivo deberá ser tomada en cuenta respecto al plazo de inmediatez, por lo que el mismo correrá a partir de la notificación con la resolución que rechace o acepte la misma; y solamente en el caso en que esta solicitud sea presentada de manera completamente extemporánea y que la misma sea rechazada precisamente por este motivo, entonces no podría tomarse en cuenta para el computo del plazo de inmediatez, por lo que esta línea jurisprudencial es la más favorable para materializar el derecho de acceso a la justicia.
La parte impetrante de tutela, a través de su representante legal, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso, en su vertiente de aplicación objetiva de la ley, toda vez que en ejecución de sentencia del proceso contencioso que siguió contra el GAM de Cochabamba por haber incumplido con el pago de la planilla de cierre de obra por Bs659 466,22 3El FJ. III.4.2. establece: (…) "Consiguientemente, tomando en cuenta los principios pro homine y de progresividad, deberá establecerse a partir del presente, que la suspensión de plazos establecidos en el art. 221 del CPC, es aplicable a toda situación en la que se presente solicitud de aclaración, complementación y enmienda de una resolución de carácter definitiva, debiendo computarse en mérito a ello, el plazo para interponer los recursos ordinarios o extraordinarios, a partir de la notificación con el Auto de explicación o complementación, lo que se encuentra directamente relacionada con lo dispuesto por el propio art. 55 del CPCo; en razón a que el auto a pronunciarse sobre la solicitud de aclaración, complementación o enmienda, llega a formar parte de la resolución final de la que se pidió su complementación. Circunstancia por la cual, y con la finalidad de uniformar criterios, tanto en la jurisdicción ordinaria y constitucional, se establece que el razonamiento constitucional esgrimido en la SC 0521/2010-R de 5 de julio, ya no es aplicable -como precedente vinculante- a casos similares como el presente, así como tampoco a futuras acciones de amparo constitucional presentados en torno a hechos fácticos similares a los expuestos, debiendo por ello reconducirse dicho entendimiento constitucional y reasumirse el desarrollado en la SC 0261/2010-R de 31 de mayo, con la siguiente subregla que la aclara:
Los plazos para la interposición de los recursos ordinarios (como la apelación y casación entre otros) o las acciones de defensa (como la acción de amparo constitucional), se computarán de acuerdo a lo dispuesto por el art. 221 del CPC y del art. 55.II del CPCo respectivamente; es decir, a partir de la notificación con el Auto de explicación o complementación que fuese solicitado; siempre y cuando dicha solicitud, se la haya presentado dentro del plazo procesal establecido por el art. 196.2) del CPC; o sea, dentro de las veinticuatro horas siguientes, ya que si se hubiese presentado la solicitud de aclaración, complementación y enmienda de una resolución de carácter definitivo, de manera manifiestamente extemporánea y la misma haya sido rechazada por dicho motivo, no podrá ser aplicable el presente razonamiento, puesto que se entenderá que esta solicitud, fue realizada con la intensión de dilatar el proceso y obtener de esa manera, un plazo mayor para poder interponer los recursos ordinarios o acciones extraordinarias de defensa; debiendo en cuyo caso, computarse el plazo desde la notificación con la sentencia o resolución de carácter definitivo".
de la “Construcción Infraestructura Policía Ciclística Zona Coronilla” ejecutada por la Empresa INCOF LTDA., la Sala Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, conformada por los Vocales ahora demandados, mediante el Auto de 7 de mayo de 2021, rechazó la demanda de pago de daños y perjuicios que planteó de su parte, motivando a que se dé la interposición del recurso de reposición, mismo que se declaró no ha lugar mediante Auto de 13 de julio de 2021, emitido por los referidos Vocales, manteniendo en consecuencia firme y subsistente el Auto impugnado, omitiendo la aplicación objetiva del art. 568 del CC, lo que implica que se restó la eficacia de la Sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, que por su naturaleza y en virtud al instituto demandado, implicaba que también se condene al resarcimiento de los daños y perjuicios, como hecho inmediato al incumplimiento contractual. Consecuentemente, se solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se determine el dejar sin efecto los Autos de 7 de mayo y 13 de julio, ambos de 2021, a efecto de que los Vocales ahora demandados emitan nueva resolución, dentro de los parámetros señalados por la norma, dando curso a la calificación de daños y perjuicios invocada. Ahora bien, identificado el problema jurídico a resolver, con carácter previo a ingresar al fondo de la problemática planteada; se debe señalar que, en el caso de análisis, el representante legal de INCOF LTDA., interpuso esta acción tutelar, señalando a dicha Empresa como la persona jurídica agraviada por los Autos de 7 de mayo y 13 de julio, ambos de 2021, que fueron emitidos por los Vocales ahora demandados. En tal sentido, corresponde remitirnos al entendimiento jurisprudencial plasmado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; que estableció que, la especificidad del poder de representación implica que dicho instrumento público, además de las formalidades reguladas por la norma aplicable a la materia, debe contener y determinar los siguientes aspectos mínimamente: 1) La identificación del proceso judicial o administrativo dentro del cual se promoverá la acción, si el acto ilegal emerge de la tramitación de estos; 2) El nombre de la persona particular o autoridad pública contra quienes debe dirigirse la acción; 3) De no ser posible la individualización de todas las personas contra quienes se debe dirigir la acción -como ocurre en medidas de hecho vinculados a avasallamientos-, es suficiente la identificación de algunos con el añadido “y otros”; 4) La identificación del acto jurídico concreto que constituye acto ilegal o lesivo a los derechos; y, 5) Si el acto ilegal no surge de la tramitación de procesos judiciales y administrativos, se debe precisar las acciones y omisiones que constituyen acto u omisión ilegales. Observados estos aspectos, la justicia constitucional entenderá que el poder de representación es específico, bastante y suficiente; y, en consecuencia, dará por cumplido el requisito de admisibilidad disciplinado en el art. 33.1 del CPCo, tratándose de personas que activan la presente acción constitucional, mediante apoderado o representante. Razonamiento que de igual manera instituyó que en casos de personas jurídicas debe acreditarse por el accionante, además de la condición de legítimo representante de la persona jurídica, el poder suficiente que le faculte interponer la acción de tutela constitucional. Exigencias que aseguran la cabal comprensión y seguridad de la voluntad del agraviado que motiva acudir a esta jurisdicción mediante la acción de amparo constitucional; y, el objeto sobre el que debe desarrollarse la demanda tutelar. Bajo ese preámbulo, de la revisión del poder presentado en esta acción de defensa por la parte impetrante de tutela (Conclusión II.6); se evidencia las siguientes facultades, conferidas mediante instructiva por la Empresa INCOF LTDA., en favor de Rubén Fuentes Fuentes: 1) “Apersonarse ante cualquier Sala Constitucional y/o Sala Constitucional de Turno del tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba a objeto de interponer, iniciar y proseguir y concluir en todas sus instancias una acción de amparo constitucional contra los señores Vocales de la Sala Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, Henry Milton Santos Alanes y Claudia G. Morales Orellana, en virtud del contenido del Auto de fecha 07 de mayo de 2021, dictado dentro del Incidente de Calificación de Daños y Perjuicios en Ejecución de Sentencia, dentro del Proceso y/ o demanda Contenciosa seguido por la Empresa Ingeniería de Construcciones Fuentes Limitada (INCOF LTDA.), contra el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba…” (sic). Así, del contraste del contenido de dicho poder, con los requisitos señalados por la jurisprudencia del Fundamento Jurídico antes señalado; se advierte que, el mismo si bien identifica el proceso judicial motivo de la presente acción tutelar; a las autoridades demandadas; empero, identificó de manera parcial los actos judiciales cuestionados; es decir, que dentro del objeto del poder otorgado por la Empresa INCOF LTDA, se identificó y se instruyó iniciar esta acción tutelar solamente contra el Auto de 7 de mayo de 2021, habiendo omitido identificar y señalar al Auto de 13 de julio de 2021, que también fue demandado como acto lesivo en el memorial de demanda de acción de amparo constitucional formulado por la parte accionante y que dentro de su petitorio solicitó sea dejado sin efecto; en tal circunstancia, ante la inobservancia detectada, dicho poder no reúne la condición de especificidad, puesto que no fue conferido para impugnar el Auto de 13 de julio de 2021, en esta jurisdicción, lo que deviene en la denegatoria de la tutela impetrada respecto a esta Resolución con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática. Ahora bien, teniendo en cuenta que al haberse denegado la tutela respecto al Auto de 13 de julio de 2021, el objeto de esta acción de amparo constitucional estaría enmarcado a resolver los presuntos actos lesivos del Auto de 7 de mayo de 2021, por el que se declaró improcedente la demanda de calificación de daños y perjuicios en ejecución de sentencia, propugnado por la parte impetrante de tutela; empero, con carácter previo se debe mencionar que esta acción de defensa se encuentra regida por el principio de inmediatez de los arts. 129. II de la CPE y 55 del CPCo., que establece que la acción debe ser interpuesta dentro del plazo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de la notificación con la última decisión administrativa o judicial; plazo que se otorga para interponer este mecanismo de defensa, en atención a la necesidad de brindar una protección inmediata y eficaz a los derechos y garantías lesionados.
En el caso concreto, producto de la denegatoria de tutela respecto del Auto de 13 de julio de 2021, por la falta de legitimación activa para su impugnación, el Auto de 7 de mayo de 2021, se convertiría en el último actuado emitido en la instancia judicial; sin embargo, de la revisión de los datos que figuran en el proceso, se tiene que este actuado fue notificado a la parte accionante el 2 de junio de 2021, lo que implica que desde su notificación transcurrieron más de 9 meses, hasta la presentación de esta acción tutelar, lo que implica que esta instancia se encuentra impedida de ingresar al fondo del problema jurídico denunciado, al estar fuera del plazo de los seis meses del plazo de caducidad. Por todo lo expuesto, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución RAC-SCIII 029/2022 de 25 de febrero, cursante de fs. 135 a 141, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, sin ingresar al fondo de lo denunciado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0262_2023-S1.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): dceac0c9c4a3e8a05915eb8a3d9e2c7bdf9f0f7960ffd517ec7659baf297c042
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