B.IA.LEGAL

SCP 0261/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 24 de mayo de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
24 de mayo de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
56798-2023-114-AAC
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

Las accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y legalidad, a la propiedad y a una vivienda digna; puesto que, son propietarias de un lote de terreno de 1.000 m de superficie, ubicado en la zona Sarco, Distrito “03”, Sub Distrito “02” del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, adquirido de sus padres como anticipo de legítima y declaratoria de herederos, lugar en el que crecieron, formaron sus núcleos familiares y realizaron una construcción; empero, al proyectar el Gobierno Autónomo Municipal del referido departamento una vía pública sobre más del 50% de su propiedad, por Ordenanza Municipal 608/89 de 1 de agosto, declararon su expropiación por necesidad y utilidad pública; no obstante, de incumplido el procedimiento y plazos, después de catorce años, por Ordenanza Municipal 2972/2003 de 28 de febrero, el propio Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba declaró la caducidad de la indicada Ordenanza Municipal 608/89, a pesar de la cual efectuaron varias ofertas de cesión o compensación sin recibir una respuesta positiva; por lo que, el 17 de mayo de 2021, iniciaron el trámite de aprobación de plano de lote, que culminó con la Resolución Ejecutiva 489/2022 de 16 de diciembre, que sin fundamento ni motivación rechazó el recurso jerárquico y confirmó las Resoluciones Administrativas Municipales 001/2022 de 20 de junio y 140/2022 de 26 de julio, pronunciadas por la Sub Alcaldía Molle - Distrito 3 y 4 del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, respaldándose en la…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 052/2023 de 22 de junio, cursante de fs. 301 a 306, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada respecto de la supuesta vulneración de los derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y legalidad; a la propiedad; y, a una vivienda digna; así como la solicitud de pago de costas y costos, la reparación de daños, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; y, 2° EXHORTAR al Concejo Municipal y al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba que, en caso de determinar la expropiación de una parte de la propiedad de las accionantes, por causa de necesidad y utilidad pública, y previo pago del justo precio, en atención a los fundamentos expuestos en los Fundamentos Jurídicos III.5., III.6. y

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la fundamentación, motivación y congruencia como elementos del derecho al debido proceso
  2. III.2. La actividad interpretativa de los tribunales de justicia, presupuestos para su análisis en la jurisdicción constitucional
  3. III.3. La interpretación de la legalidad ordinaria en la jurisdicción constitucional
  4. III.4. Sobre la vulneración del derecho a la propiedad y a una vivienda digna
  5. III.5. Protección constitucional a las personas de la tercera edad
  6. III.6. Excepción al principio de subsidiariedad por pertenecer a la tercera edad
  7. III.7. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0261/2024-S3 Sucre, 24 de mayo de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 56798-2023-114-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 052/2023 de 22 de junio, cursante de fs. 301 a 306, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por María Elfia Villarroel Loma y Luisa Blanca Villarroel de Alfaro contra Manfred Armando Antonio Reyes Villa Bacigalupi, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Las accionantes por memoriales presentados el 7 y 14 de junio de 2023, cursantes de fs. 149 a 161 y 192 a 193, manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Son propietarias de un lote de terreno de 1.000 m de superficie, ubicado en la zona Sarco, Distrito “03”, Sub Distrito “02” del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, inscrito en el registro de la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.) bajo la matrícula computarizada 3.01.1.02.0065381, después del trámite de fusión de dos fracciones de propiedad de sus progenitores, lugar en el que crecieron, formaron sus núcleos familiares y emplazaron una construcción para mejorar su calidad de vida en la “década de los ochenta”; empero, al conocer que el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba proyectó una vía pública sobre más del 50% de dicha propiedad correspondiente a 635.16 m, mediante la Ordenanza Municipal 608/89 de 1 de agosto de 1989, declararon de necesidad y utilidad pública su expropiación para la apertura de una vía pública. Agregaron que incumplieron el procedimiento y plazos establecidos luego de catorce años de espera, por Ordenanza Municipal 2972/2003 de 28 de febrero, el propio Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba declaró la caducidad de la Ordenanza Municipal 608/89, por su parte efectuaron varias ofertas de cesión para aprobar su plano de lote o acogerse a una compensación; empero, no recibieron una respuesta positiva; por lo que, el 17 de mayo de 2021, decidieron iniciar el trámite de aprobación de plano de lote que culminó con la Resolución Ejecutiva 489/2022 de 16 de diciembre, que rechazó el recurso jerárquico y confirmó las Resoluciones Administrativas Municipales 001/2022 de 20 de junio y 140/2022 de 26 de julio, pronunciadas por la Sub Alcaldía Molle del referido ente municipal, por las que se denegó su petición de aprobación de plano de lote respaldando su decisión en las Ordenanzas Municipales 1061/91 de 20 de diciembre de 1991 y 4100/2010 de 12 de mayo, sobre normativa urbana al no adecuarse al plano sectorial en vigencia, definiendo a los bienes de dominio público conforme el art. 31 de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales (LGAM) -Ley 482 de 14 de enero de 2014- con énfasis en los arts. 97.6 de una Ordenanza Municipal -no especificada- y 97 de la Ordenanza Municipal 1061/91 referida a los trámites de regularización relacionados a la urbanización y subdivisión (normativa inaplicable en la aprobación de un plano), no obstante que la Ordenanza Municipal 4100/2010 no tiene un art. 97, sin pronunciarse sobre la caducidad de la expropiación dispuesta en la Ordenanza Municipal 2972/2003, resultando retórica la fundamentación y motivación, al limitar el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba el ejercicio de su derecho propietario e impedir tener una vivienda digna, situación en la que permanecieron por más de treinta años sin brindarles una solución alegando que su trámite no se adecuaba a la normativa urbana, requiriendo contar con un plano aprobado como requisito para hacer una ampliación, remodelación o refacción, situación que vulneró sus derechos: a) Al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; puesto que, la Resolución Ejecutiva 489/2022, es una simple relación de hechos que no contiene los fundamentos y agravios expuestos, cita normativa vigente respecto a cuestiones urbanísticas sin pronunciarse sobre el aspecto referido a que el Consejo Municipal hubiese declarado caduca la necesidad y utilidad pública de su bien inmueble, habiendo perdido el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba la potestad o facultad de expropiarla por su propia inactividad conforme se acredita de la Ordenanza Municipal 2972/2003, que se encuentra vigente y es de cumplimiento obligatorio para el Ejecutivo Municipal; es así, que infringió el derecho al debido proceso al pronunciar una resolución arbitraria, con señalamiento de disposiciones urbanísticas retóricas, sin explicar ni señalar porqué se desconoce o no quiere aplicarse la mencionada Ordenanza Municipal, evadiendo resolver el conflicto; ya que, el argumento referido a que su propiedad incumple las ordenanzas municipales en vigencia es arbitrario y abusivo, no se adecua a la realidad al tener una vigencia de más de sesenta años y que fue adquirido de sus progenitores por sucesión hereditaria.

Indican como otro argumento ilegal y arbitrario el relacionado con el concepto de bien de dominio público (art. 31 de la LGAM), al no tener el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba derecho alguno sobre su bien inmueble que se encuentra consolidado, inscrito y reconocido legalmente; ya que, el hecho de que las autoridades administrativas hubiesen emplazado o proyectado un perfil de vía sobre su bien no les otorga el derecho de indicar que se trata de un bien de dominio público al tener que seguir un procedimiento para su expropiación, la que fue declarada caduca, sin existir otro mecanismo procesal que faculte al referido ente municipal a restringir su derecho propietario. b) Al debido proceso en su elemento legalidad, conforme el art. 16.35 de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales (LGAM) -Ley 482 de 9 de enero de 2014-, el Concejo Municipal tiene la competencia exclusiva para declarar la necesidad y utilidad pública para expropiar un bien inmueble; por lo que, si dicha instancia inició formalmente ese trámite sobre su bien inmueble a través de la Ordenanza Municipal 608/89, es evidente que también pronunció formalmente por inactividad del Ejecutivo Municipal, la caducidad de necesidad mediante la Ordenanza Municipal 2972/2003, misma que se encuentra vigente, válida y tiene la fuerza ejecutiva de acuerdo el art. 55 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-, expropiación que no se consolidó durante catorce años desde 1989, sin que hubiesen podido ejercer sus derechos de propiedad y vivienda digna por treinta y cuatro años, entendiendo que la declaratoria de caducidad les confirió el derecho de ya no afectar su propiedad, restringir o limitarlos sin que exista otro mecanismo legal que impida su ejercicio y por consiguiente la aprobación del plano de lote.

Asimismo, manifestaron que la Resolución Ejecutiva 489/2022, afecta el derecho al debido proceso al alejarse de la legalidad, elemento del debido proceso que refiere a la correcta aplicación de la norma adjetiva y sustantiva; ya que, solo la subordinación a la norma escrita que garantiza la intervención legal en la esfera privada del individuo, aclarando que la redacción del art. 97 de la Ordenanza Municipal 1061/91 “modificada” por la OM 4100/2010, se refiere a los predios que son objeto de fraccionamiento, no aplicable a su solicitud del trámite de aprobación de plano de lote; situación que también afecta a la seguridad jurídica de los actos administrativos; puesto que, la indicada Resolución las mantiene en un estado de incertidumbre e indefensión al citar en sus fundamentos el Informe DAU 753/2022 de 23 de septiembre, que recomienda activar la expropiación, no obstante de la declaratoria de caducidad de necesidad de utilidad pública luego de catorce años de inactividad del Ejecutivo Municipal, habiendo adquirido calidad de cosa juzgada en sede administrativa, aspecto que desconocen las Ordenanzas Municipales 608/89 y 2972/2003 que afectan arbitraria, ilegal e indefinidamente su derecho de propiedad sin que pueda volver a iniciarse el trámite de expropiación debido al tiempo transcurrido y la afectación permanente y continua a su derecho.

c) A la propiedad y a una vivienda digna, sus padres adquirieron el bien inmueble de 1.000 m de extensión superficial en 1959, recibiendo en 1983, como anticipo de legítima 899,80 m y adquiriendo el restante de 100,20 mmediante declaratoria de herederos, generándose dos matrículas que se fusionaron en una sola con una extensión de 1.000 m, en la que ubicaron su vivienda y donde habitan; empero, al intentar en la “década de los ochenta” realizar una construcción para mejorar su calidad de vida, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba no aprobó el plano de lote ni otro trámite administrativo, iniciándose la expropiación con el fundamento de apertura de una vía pública por causa de necesidad y utilidad pública mediante la Ordenanza Municipal 608/89, restringiendo y limitando el ejercicio de su derecho propietario; por lo que, después de intentar y proponer alternativas de solución como la compensación con otros terrenos y designación de un perito dirimidor para establecer el precio; empero, nunca se emitió el dictamen, si no después de catorce años se emitió la Ordenanza Municipal 2972/2003 de 28 de febrero, resolviendo no llevar adelante la expropiación; por lo que, luego de intentar varios trámites para solucionar el conflicto e inclusive ver la posibilidad de reconsiderar lo dispuesto, y al no obtener respuesta positiva, el 17 de mayo de 2021, iniciaron el trámite de aprobación de planos, que después de las etapas de impugnación culminó con la cuestionada Resolución Ejecutiva 489/2022, al no poder usar, gozar y disfrutar de su bien inmueble. d) Enfoque de derechos humanos y privilegio de tutela en mujeres de la tercera edad, a pesar de su condición de mujeres y contar con ochenta y uno años de edad -Luisa Blanca Villarroel de Alfaro- y setenta y uno años -María Elfia Villarroel Loma-, como propietarias de un bien inmueble, no pueden gozar del mismo, ya que fueron privadas de ese derecho durante treinta y cuatro años, situación que les generó incertidumbre e indefensión, ante la recomendación de la Ordenanza Municipal 2972/2003 de activar nuevamente la expropiación al margen de la ley y desconociendo la verdad material ocurrida todo ese tiempo; por lo que, alegando el enfoque de derechos humanos piden se pondere los hechos y su condición de vulnerabilidad, modificando el uso de suelo y aprobando el plano del lote como una forma de reparar el daño al que fueron sometidas y privado el ejercicio de su derecho de propiedad el que es posible que nunca lleguen a ejercer.

Entre las acciones efectuadas para resguardar su derecho propietario, indicaron que el 18 de marzo de 2015, presentaron el trámite de regularización del lote de propiedad, carpeta que al extraviarse motivó su solicitud al Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba para realizar el control, fiscalización y orden de búsqueda; empero, realizadas las gestiones ante el Ejecutivo Municipal se determinó su extravío, iniciándose el trámite de reposición en el que se emitió la Resolución Administrativa Municipal 303/2018 de 4 de diciembre, que lo rechazó.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

Las accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y legalidad; a la propiedad; y, a una vivienda digna; citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda la tutela; y, en consecuencia se disponga: 1) Dejar sin efecto la Resolución Ejecutiva 489/2022 de 16 de diciembre; 2) Se protejan sus derechos a la propiedad y a una vivienda digna, instruyendo al Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, respetarlos y se efectúe el cambio de uso de suelo y aprobación del plano de lote; 3) Se condene con costos y costas al referido ente municipal; y, 4) Se ordene la reparación de daños, a ser averiguable en ejecución de sentencia, por impedir el ejercicio de su derecho por más de treinta y cuatro años.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 22 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 298 a 300 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Las accionantes a través de su abogado, en audiencia, ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo, manifestaron que: i) La Resolución Administrativa Municipal 001/2022 de 20 de junio -inicial-, determinó el rechazo de su solicitud de aprobación de plano de lote, en atención al art. 33 de la Ordenanza Municipal 1061/91, que no se adecuaba a su pretensión; ya que, no se trataba de un bien inmueble municipal tampoco incumplían un plan sectorial alguno, al proyectar el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba una vía sobre su propiedad y no al revés; y, ii) La Resolución Administrativa Municipal 140/2022, que resolvió el recurso de revocatoria no respondió de manera clara su petición, al alegar que la calle estaba debidamente consolidada y por el contrario se estaría obstaculizando esa vía, decisión que fue objetada mediante recurso jerárquico, sin que el “superior” jerárquico hubiese corregido los errores en los que incurrieron los “inferiores”, al no explicar el por qué no podía aprobarse su plano de lote si se encontraba vigente la Ordenanza Municipal 2972/2003, que caducó la determinación de necesidad y utilidad pública para llevar adelante la expropiación. En uso de la palabra las accionantes a través de su abogado, manifestaron que de acuerdo con el art. 26.24 de la LGAM, es atribución de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) presentar la propuesta de reasignación de uso de suelos con relación al reajuste sectorial; por lo que, no es la parte la que debería activar este mecanismo sino el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, sin que hasta la fecha de interposición de eta acción de defensa.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Manfred Armando Antonio Reyes Villa Bacigalupi, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, a través de su representante legal, mediante informe presentado el 22 de junio de 2023, cursante de fs. 216 a 220, así como en audiencia, manifestó que: a) De acuerdo a la Ordenanza Municipal 1061/91, el lote de terreno en cuestión no puede ser objeto de fraccionamiento ni regularización mientras el indicado Gobierno Autónomo Municipal no decida el cambio de uso de suelo o su expropiación, los predios ubicados en zonas destinadas a áreas verdes, equipamiento o vías según el Plano General de la ciudad, planos sectoriales y especiales, fajas de seguridad de ríos, torrenteras y oleoductos; aspecto que, fue señalado en la Ordenanza Municipal 4100/2010 de 12 de mayo, determinando ambas Ordenanzas Municipales las condiciones para proceder a la regulación de lotes, estableciendo que la solicitud presentada de acuerdo con los informes emitidos por la “Sub Alcaldía Molle” y la Dirección de Urbanismo, no sea procedente al encontrarse en vía pública, enmarcándose en el “…núm. 6 del art. 97 de las Ordenanzas Municipales referidas. Por lo tanto, el incumplimiento a lo establecido en una ordenanza municipal no se pueden considerar como afectación al derecho propietario…” (sic); b) Las accionantes pretenden que se revise la labor realizada por una autoridad administrativa, lo que constituye causal de improcedencia, al establecer la jurisprudencia constitucional de forma reiterada que la actividad jurisdiccional de otros tribunales no puede ser objeto de revisión vía acción de amparo constitucional, y de ser así, es necesario demostrar por qué la interpretación desarrollada vulnera derechos y garantías; y, c) Inobservaron el principio de subsidiariedad; ya que, antes de acudir a la jurisdicción constitucional a efecto de impugnar la Resolución Ejecutiva 489/2022, de acuerdo con la Ordenanza Municipal 3543/2006 de 10 de marzo, debieron iniciar el trámite de ajuste al plano sectorial del lugar donde se encuentra el bien inmueble.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución 052/2023 de 22 de junio, cursante de fs. 301 a 306, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) La Resolución Ejecutiva 489/2022, se encuentra respaldada en los Informes, Técnico DAU 753/2022 y Legal DAJA-IL 1117 de la Dirección del Departamento de Administración Urbana y el Departamento de Asuntos Jurídicos, respectivamente, que fueron los que otorgaron los elementos técnicos administrativos para rechazar el recurso jerárquico y confirmar las Resoluciones Administrativas Municipales emitidas dentro de la solicitud de aprobación del plano de lote, encontrándose debidamente fundamentada y motivada; 2) Respecto a la falta de consideración de los argumentos expresados en el memorial del recurso jerárquico, señalaron que no se refirieron a los mismos; ya que, rechazaron el trámite por controvertir la normativa municipal, sustentándose en ordenanzas municipales emitidas por el Órgano Legislativo del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, las que la MAE se encuentra impelida a cumplir; y, 3) Sobre la vulneración a los derechos a la propiedad y a la vivienda, y su situación de persona de la tercera edad, expresaron que se tiene los medios y recursos para cuestionar las razones por las cuales se rechazó el trámite de aprobación de plano de lote, correspondiendo previamente agotar la vía establecida en el ordenamiento municipal debiendo observar la Ordenanza Municipal 3543/2006, que le permitirá pedir el ajuste al plano sectorial, que fue sustento de muchas decisiones administrativas que determinaron el rechazo a la aprobación pretendida; sin que se hubiese advertido la existencia de la carga argumentativa necesaria a efecto de considerar con relevancia constitucional la situación de las accionantes.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante al Auto Constitucional 030/2024-CA/S de 30 de enero, se dispuso el adelanto de sorteo; por lo que, en cumplimiento a dicha determinación la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursan Testimonios: 69 de 21 de enero de 1959, de compraventa de un lote de terreno de 1.000 m, en favor de Walter Villarroel Panozo y María Rosa Loma de Villarroel, en la región de Sarco, provincia Cercado del departamento de Cochabamba (fs. 3 a 5); 270/83 de 27 de abril de 1983, de anticipo de legítima, otorgado por Walter Villarroel Panozo y María Rosa Loma de Villarroel en favor de sus hijas Blanca Villarroel de Alfaro y Elfia Villarroel de Perales (fs. 8 a 12); 15/2014 de 9 de enero, de aclaración unilateral de corrección de datos de identidad de un inmueble de propiedad, ubicado entre las calles Wayruru e Inti Raymi, Zona Sarco, provincia Cerdado del indicado departamento, de Luisa Blanca Villarroel de Alfaro y María Elfia Villarroel Loma -ahora accionantes- (fs. 14 a 22 vta.); 832/2014 de 24 de octubre, de declaración unilateral de fusión de dos fracciones de terreno de propiedad de las accionantes y registro de propiedad de inmueble en la Oficina de DD.RR. bajo la matrícula computarizada 3.01.1.02.0065381 (fs. 26 a 28). II.2. Mediante Ordenanza Municipal 608/89 de 1 de agosto de 1989, se declaró de necesidad y utilidad pública, la expropiación de 635.16 m de superficie afectada del bien inmueble de propiedad de Walter Villarroel Panozo y María Rosa Loma de Villarroel, ubicado en la zona Sarco, “distrito 2”, con destino a la apertura y habilitación de vías públicas (fs. 30). II.3. A través de la Ordenanza Municipal 2972/2003 de 28 de febrero, se declaró la caducidad de la Ordenanza Municipal 608/89 de 1 de agosto de 1989, en aplicación del art. 125 de la Ley de Municipalidades -Ley 2028 de 28 de octubre de 1999- (actualmente abrogada por la Ley 482 de 9 de enero de 2014) en lo referente al término para la expropiación (fs. 31 a 33). II.4. Cursa memorial presentado el 20 de mayo de 2021, ante el Sub Alcalde de Molle del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, por el cual, las accionantes solicitaron la aprobación de plano de lote; ante el Sub Alcalde de Molle del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (Trámite 633 [fs. 35 a 37 vta.]); petición que fue reiterada el 10 y 30 de mayo de 2022 (fs. 38 a 39 vta.), la cual se rechazó por Resolución Administrativa Municipal 001/2022 de 20 de junio (fs. 40 y vta.). II.5. Consta memorial presentado el 30 de junio de 2022, ante el Sub Alcalde de Molle del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, por el que las accionantes formularon recurso de revocatoria contra la Resolución Administrativa Municipal 001/2022 de 20 de junio (fs. 41 a 44 vta.), el cual fue rechazado por la Sub Alcaldía Molle - Distrito 3 y 4 del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, mediante la Resolución Administrativa Municipal 140/2022 de 26 de julio (fs. 45 y vta.). II.6. Por memorial presentado el 8 de agosto de 2022, ante el Sub Alcalde de Molle del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, las accionantes interpusieron recurso jerárquico contra la Resolución Administrativa Municipal 140/2022 (fs. 46 a 49 vta.); por lo que, Manfred Armando Antonio Reyes Villa Bacigalupi, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba -ahora accionado- pronunció la Resolución Ejecutiva 489/2022 de 16 de diciembre, resolviendo: Artículo 1.- Rechazar el recurso jerárquico; y, en consecuencia confirmar las Resoluciones Administrativas Municipales 001/2022 de 20 de junio y 140/2022 de 26 de julio; Artículo 2.- Se encomendó a la Sub Alcaldía Molle como responsable del cumplimiento de la determinación adoptada, previa verificación y observancia de los procedimientos administrativos y legales, en el marco de la normativa vigente; instruyéndose se considere el cumplimiento de los procedimientos para la declaratoria de utilidad pública y consiguiente expropiación del bien inmueble, si correspondiese; y, Artículo 3.- Se determinó la exclusiva responsabilidad de los servidores públicos que emitieron y suscribieron los informes que motivaron, recomendaron y sustentaron dicha Resolución conforme el art. 38 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) -Ley 1178 de 20 de julio de 1990- (fs. 50 a 53). II.7. Consta Informe Legal DAJA-IL 1117 de 21 de octubre de 2022, dirigido al Alcalde ahora accionado, emitido por la Dirección, Profesional 3 y Secretario de Asuntos Jurídicos Administrativos, del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, ante la solicitud de criterio legal respecto del recurso jerárquico formulado por las accionantes (fs. 236 a 239); asimismo, cursa Informe Técnico DAU 753/2022 de 23 de septiembre, elaborado por Jefe del Departamento de Administración Urbana y el Director de Urbanismo y enviado a la Directora de la Dirección de Asuntos Jurídico Administrativos de dicho ente municipal con relación al recurso jerárquico de las recurrentes -accionantes- (fs. 241 a 243). II.8. Mediante Ordenanza Municipal 1061/91 de 20 de diciembre de 1991, se aprobó entre otros documentos técnico-legales el Reglamento de Urbanización y Sub-Divisiones (fs. 67 a 80 vta.); y, por Ordenanza Municipal 4100/2010 de 12 de mayo, se aprobó el Reglamento Complementario a la Normativa Urbana Municipal (fs. 81 a 124). II.9. Por Ordenanza Municipal 3543/2006 de 10 de marzo, se aprobó las complementaciones a la Normativa de la Gestión Urbana (fs. 213 a 215).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Las accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y legalidad, a la propiedad y a una vivienda digna; puesto que, son propietarias de un lote de terreno de 1.000 m de superficie, ubicado en la zona Sarco, Distrito “03”, Sub Distrito “02” del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, adquirido de sus padres como anticipo de legítima y declaratoria de herederos, lugar en el que crecieron, formaron sus núcleos familiares y realizaron una construcción; empero, al proyectar el Gobierno Autónomo Municipal del referido departamento una vía pública sobre más del 50% de su propiedad, por Ordenanza Municipal 608/89 de 1 de agosto, declararon su expropiación por necesidad y utilidad pública; no obstante, de incumplido el procedimiento y plazos, después de catorce años, por Ordenanza Municipal 2972/2003 de 28 de febrero, el propio Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba declaró la caducidad de la indicada Ordenanza Municipal 608/89, a pesar de la cual efectuaron varias ofertas de cesión o compensación sin recibir una respuesta positiva; por lo que, el 17 de mayo de 2021, iniciaron el trámite de aprobación de plano de lote, que culminó con la Resolución Ejecutiva 489/2022 de 16 de diciembre, que sin fundamento ni motivación rechazó el recurso jerárquico y confirmó las Resoluciones Administrativas Municipales 001/2022 de 20 de junio y 140/2022 de 26 de julio, pronunciadas por la Sub Alcaldía Molle - Distrito 3 y 4 del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, respaldándose en las Ordenanzas Municipales 1061/91 de 20 de diciembre de 1991 y 4100/2010 de 12 de mayo, al no adecuarse al plano sectorial en vigencia, sin que puedan efectuar una ampliación, remodelación o refacción al requerir de un plano aprobado. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la fundamentación, motivación y congruencia como elementos del derecho al debido proceso

La SCP 0133/2020-S3 de 17 de marzo, mencionando a la SCP 0893/2014 de 14 de mayo, señaló que: «La motivación es una exigencia constitucional de las resoluciones -judiciales y administrativas o cualesquiera otras, expresadas en una resolución en general, sentencia, auto, etc.,- porque se viola la garantía del debido proceso (art. 115.I de la CPE) sin ella. El contenido esencial a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada fue desarrollado en la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, y complementado por la SCP 0100/2013 de 17 de enero, teniendo en cuenta las finalidades que persigue este derecho fundamental. (…) Sobre el segundo contenido, es decir, lograr el convencimiento de las partes de que la resolución no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia, en la SCP 2221/2012, el Tribunal Constitucional ha desarrollado las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, señalando: “la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) una ‘decisión sin motivación’, o extiendo esta es, b.2) una ‘motivación arbitraria’; o en su caso, b.3) una ‘motivación insuficiente’, desarrollando más adelante, el contenido de cada una de ellas. b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una ‘decisión sin motivación’, debido a que ‘decidir no es motivar’. La ‘justificación conlleva formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente de decisión]’. b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una ‘motivación arbitraria’. Al respecto el art. 30.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) ʽObliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesalesʼ.

En efecto, un supuesto de ‘motivación arbitraria’ es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso (SC 0965/2006-R), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión. (…) b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una ‘motivación insuficiente”» (las negrillas son nuestras). En ese mismo sentido, la SCP 0071/2018-S1 de 19 de marzo, señalando a la SCP 0558/2016-S2 de 27 de mayo, estableció que: «“La fundamentación es una exigencia contenida dentro del debido proceso, siendo que una decisión es arbitraria cuando carece de razones, es antojadiza o producto de conocimientos insuficientes que no pueden sostener un mínimo análisis jurídico legal; al contrario, la decisión tiene fundamento en la medida en que se afirmen circunstancias de hecho y de derecho, sustentada en pruebas y normas aplicables que visualicen la base sobre la cual se apoya la decisión; estas afirmaciones no pueden ser frases trilladas o rutinarias, sino razones coherentes y claras referidas al caso concreto. Quien emita una resolución, sea administrativa o judicial, está en el deber de fundamentarla, porque solo así el administrado tendrá la posibilidad de analizar la decisión y de impugnarla; ante la omisión de una suficiente fundamentación se coarta su derecho a la defensa por estar imposibilitado de ponerla en duda. En ese sentido no debe limitarse la motivación como un mero requisito formal, al contrario, este requisito tiene por finalidad permitir la defensa del administrado.

(...) Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R, SC 1369/2001-R, entre otras).

En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: ‘…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’, coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente su decisión, puesto que el relacionamiento de éstas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere. Ahora bien, de manera inescindible, el derecho a una debida motivación y fundamentación de las resoluciones, se halla interrelacionado con el principio de congruencia entendido como ‘…la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación. Esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, y que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume’ (SCP 0387/2012 de 22 de junio), de donde se infiere que las resoluciones judiciales, deben emitirse en función al sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes procesales”.

En cuanto al componente de congruencia como elemento del debido proceso, la SCP 0712/2015-S3 de 3 de julio, estableció que: “La congruencia fue definida como un principio normativo que limita facultades resolutorias del juez, por el cual debe existir identidad entre lo resuelto y controvertido, oportunamente, por los litigantes, y relación con los poderes atribuidos en cada caso al órgano jurisdiccional por el ordenamiento jurídico, con la finalidad de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y lo pretendido. De esta forma es pacífica la noción de congruencia como la debida correspondencia entre las partes que componen un todo. A contrario sensu se entiende como resolución incongruente a aquella que no guarda una resolución lógica entre lo solicitado y lo resuelto.

En ese orden, la doctrina estableció una clasificación general de las resoluciones incongruentes, entre las que se encuentran: a) Incongruencia por ultra petita; b) Incongruencia por extra petita; c) Incongruencia por infra petita; y, d) Incongruencia por citra petita (…).

Es importante precisar que el principio de congruencia también adquiere un matiz reforzado a partir del Estado Constitucional, así lo reconoció el Tribunal Constitucional Plurinacional que desarrolló dicho principio desde dos ámbitos de acción; de un lado, dentro de cualquier proceso como unidad, delimitando las actuaciones de las partes procesales como del órgano jurisdiccional o administrativo; y de otro, en cuanto a la estructura misma de las resoluciones, situación esta última que involucra la exigencia de que, en dicho fallo, se absuelvan todos los aspectos puestos a consideración del juzgador de manera coherente y que además de ello, se establezca una relación entre los argumentos expuestos por las partes, los fundamentos argüidos por el juzgador donde se incluirá la base normativa, el análisis fáctico y la parte resolutiva que deberá responder o ser el resultado del problema jurídico, analizando y considerado por dicha autoridad (SCP 0037/2012 de 26 de marzo)».

III.2. La actividad interpretativa de los tribunales de justicia, presupuestos para su análisis en la jurisdicción constitucional

El Tribunal Constitucional Plurinacional cuenta con una línea jurisprudencial uniforme que establece los presupuestos exigibles a los accionantes para que acudan a la jurisdicción constitucional, a efecto que esta pueda revisar la actividad interpretativa de los tribunales de justicia, así la SCP 0133/2020-S3, que a su vez cita a la SCP 1631/2013 de 4 de octubre, señaló que:

“De todo lo mencionado, se tiene que la línea jurisprudencial relativa a la revisión de la actividad de otros tribunales por parte de la justicia constitucional ha avanzado en términos evolutivos hasta consolidar la noción que la interpretación de la legalidad infra constitucional le corresponde a los tribunales de justicia y no a la justicia constitucional; sin embargo, ante la existencia de violación de derechos y garantías previstos en la Norma Suprema, excepcionalmente la justicia constitucional puede ingresar a valorar la actividad desarrollada en miras a brindar tutela. De lo referido, se deben precisar tres elementos de suma importancia: i) Las autoridades de los otros sistemas de justicia (civil, penal, familiar, agroambiental, administrativa) en realidad ejercen al igual que la justicia constitucional una actividad hermenéutica que parte de la Constitución e irradia a todo el ordenamiento jurídico; por ello a la luz del Estado Constitucional de Derecho no es válido hablar de ʽlegalidad ordinaria׳, pues todos los órganos de justicia se encuentran sometidos a la Constitución y su labor interpretativa parte de la misma; ii) La noción de ʽreglas admitidas por el Derechoʼ rescatando una posición teórica decimonónica no agota las posibilidades hermenéutico-argumentativas de las autoridades judiciales, por ende, si bien los métodos de interpretación formalistas, pueden resultar útiles en la obtención de un resultado hermenéutico, no agotan todas las posibilidades que tiene la autoridad jurisdiccional en miras de satisfacer los principios fines y valores que se encuentran en la Constitución; iii) La revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del Derecho (interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia constitucional, sin embargo, es insoslayable que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada a vigilar que en todo fallo, providencia o decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la Constitución; y, iv) Para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes deben hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa-argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad de los jueces.

De lo referido solo resulta exigible sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas: a) Por vulneración del derecho a un Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; b) Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales” (las negrillas nos corresponden).

III.3. La interpretación de la legalidad ordinaria en la jurisdicción constitucional

La SCP 0858/2017-S2 de 21 de agosto, citando a la SCP 0653/2016-S2 de 8 de agosto, estableció que: “Conforme ha establecido la reiterada jurisprudencia constitucional, la interpretación de la legalidad ordinaria es una facultad privativa de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, corresponde a la jurisdicción constitucional comprobar si en esa labor interpretativa no se quebrantaron principios constitucionales, como ser de legalidad, seguridad jurídica, proporcionalidad, igualdad, jerarquía normativa y debido proceso, mismos que se constituyen en rectores de la administración de justicia ordinaria y a los cuales se halla sujetos todos aquellos que la imparten. (…)

No obstante lo precedentemente anotado, la SC 1718/2011-R de 7 de noviembre, estableció presupuestos imprescindibles para que la jurisdicción constitucional, de manera excepcional, ingrese a revisar el análisis de la interpretación de la legalidad ordinaria, efectuada por los jueces de instancia, manifestando que: ‘En consecuencia, excepcionalmente puede analizarse la interpretación efectuada por los jueces y tribunales ordinarios; empero, es necesario que el accionante a tiempo de cuestionar la interpretación de la legalidad ordinaria cumpla ciertas exigencias, a objeto de que la situación planteada adquiera relevancia constitucional, como ser:

1) Explique por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo,

2) Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, con dicha interpretación, y 3) Establezca el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, por no aplicar la interpretación que considera debió efectuarse, y los derechos y/o garantías que conforman el bloque de constitucionalidad, y que han sido lesionados con dicha interpretación, explicando sí el resultado, cuál la relevancia constitucional’.

De donde se infiere que, si bien la labor interpretativa de la ley corresponde a la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción constitucional puede excepcionalmente verificar si en aquella acción, se incurrió en lesión de derechos fundamentales, los que deben ser acreditados por quien los reclama, expresando los motivos por los cuales considera que la labor interpretativa resulta lesiva a sus derechos y/o garantías constitucionales, identificándolos con precisión y estableciendo la forma en la que fueron vulnerados a partir de la errónea interpretación de la ley; requisitos sin los cuales, este Tribunal se ve impedido de efectuar verificación alguna, debido a que lo contrario implicaría la intromisión de la jurisdicción constitucional en la órbita de la jurisdicción ordinaria, hecho que podría generar un desequilibrio entre ambas” (las negrillas son nuestras).

III.4. Sobre la vulneración del derecho a la propiedad y a una vivienda digna

El art. 56 de la CPE, garantiza a toda persona el derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social. Al respecto, la SC 0448/2010-R de 28 de junio, señaló que: “Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social. La propiedad privada está garantizada, siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo (art. 56.II de la CPE); mientras que la expropiación se impone por causa de necesidad o utilidad pública, calificada conforme a ley y previa indemnización justa (art. 57 de la CPE)” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).

La propiedad privada por mandato del art. 57 de la Norma Suprema, sólo puede ser afectada por una expropiación por causa de utilidad pública o cuando la propiedad no cumple una función social, calificada conforme a ley y previa indemnización justa; es decir, que en un Estado de Derecho sólo es posible afectar la propiedad privada en dos casos: i) Cuando el Estado considere necesario destinarla al uso de interés público; y, ii) Si la propiedad privada no cumple una función social, calificada mediante una ley y previo el pago del justo precio, cualquier otra forma de atentar contra la propiedad privada que no esté prevista en una ley, vulnera ese derecho y abre la jurisdicción constitucional por medio de la acción de amparo constitucional que otorga la tutela inmediata frente a vías de hecho que atentan contra dicho derecho. En concordancia con art. 57 de la Ley Fundamental, el art. 23 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH), prevé que: “Toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar”, en el mismo sentido art. 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), de la que también el Estado Plurinacional de Bolivia es parte, dispone que toda persona tiene derecho a usar y gozar de sus bienes y únicamente la ley puede subordinar ese uso y goce al interés social; por lo que, nadie puede ser privado de sus bienes, excepto mediante el pago de una indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas instituidas por la ley; ya que, de las referidas normas se advierte que ninguna persona puede afectar su derecho a la propiedad y que sólo la ley puede afectar ese derecho en los casos expresamente señalados, siempre y cuando se pague el justo precio. En cuanto al derecho a la vivienda diversos instrumentos internacionales se refieren al mismo, entre ellos el art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) establece que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia la salud, el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica…”, norma que concuerda con el art. 11 de la DADDH, al disponer que: “Toda persona tiene derecho a que su salud será preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a (...) la vivienda…”; por su parte, el art. 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), establece que: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a (…) vivienda adecuados…”.

En ese mismo contexto, el art. 19.I de la CPE, lo consagra, estableciendo que: “Toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada, que dignifiquen la vida familiar y comunitaria”. Respecto del derecho a la vivienda digna el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0871/2023-S2 de 29 de agosto, señaló que: “El entonces Tribunal Constitucional, a través de la SC 1189/2010-R de 6 de septiembre, sobre el derecho a la vivienda estableció que: ‘…el derecho a la vivienda pretende dar satisfacción a la necesidad que tienen todas las personas de contar con un lugar digno para vivir. Tener una vivienda es una condición necesaria para la supervivencia y para poder llevar una vida segura, autónoma e independiente. No solamente se trata de un derecho que persiga que cada persona pueda tener un lugar para estar o para dormir, sino que el derecho a la vivienda es una condición esencial para que puedan realizarse otros derechos, de modo que cuando no se cuenta con una vivienda, los demás derechos pueden sufrir una grave amenaza, tiene que ver con la posibilidad de que las personas puedan encontrar un mínimo de satisfacción de sus necesidades; en consecuencia, es imprescindible que cuente con accesos y dotación de servicios básicos, es decir, que tenga acceso a agua potable, electricidad, drenaje y otros’. Posteriormente, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 0348/2012, efectuando una interpretación sobre el derecho a la vivienda inmerso en la Norma Fundamental, señaló lo siguiente: ‘(…) la vivienda digna es un derecho fundamental de tercera generación emergente de los derechos económicos, sociales y culturales, persigue la satisfacción de las necesidades que tienen las personas, puede entenderse como derivado de los derechos a la vida y a la dignidad, porque se trata de un lugar digno para vivir, y no simplemente de un techo para estar o para dormir; sino que es una condición esencial para la supervivencia y para llevar una vida segura, digna, autónoma e independiente; es un presupuesto básico para la concreción de otros derechos fundamentales, entre ellos, la vida, la salud, el agua potable, servicios básicos, trabajo, etc.; de modo tal, que cuando se suprime su ejercicio, implícitamente, también se amenazan a los otros derechos. No obstante esa estrecha vinculación, no debe perderse de vista que a partir de su incorporación en la Constitución Política del Estado como derecho autónomo, es directamente justiciable, como los demás derechos fundamentales; y por lo tanto, es posible exigir su protección de manera franca, en aplicación a lo dispuesto por el art. 109.I del citado cuerpo normativo que señala: ‘Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección’” (las negrillas son nuestras).

III.5. Protección constitucional a las personas de la tercera edad

La Constitución Política del Estado en sus arts. 67 al 69; además, de consagrar, garantizar y proteger los derechos fundamentales y garantías constitucionales inherentes a las personas, proclama una protección especial a los adultos mayores o personas de la tercera edad por encontrarse dentro de un grupo denominado “vulnerable” de la sociedad; y por lo tanto, gozar de protección reforzada, reconociéndoles sus derechos y garantizando la vigencia de los mismos a través de políticas públicas definidas por el Estado con la finalidad de proteger y resguardar los mismos, creando las condiciones necesarias para que este grupo de personas que integra el grupo de atención prioritaria, pueda vivir con dignidad humana, gozar de una vejez digna, con calidad y calidez humana, dentro de los márgenes o límites legales.

La SC 0989/2011-R de 22 de junio, señaló que: “Siguiendo este razonamiento, la Constitución Política del Estado Plurinacional reconoce una diversidad de derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, teniendo en cuenta que estas normas fundamentales no solamente rigen las relaciones entre iguales, sino que tiene como finalidad el proteger a los ostensiblemente más débiles -mejor conocidos en la doctrina como grupos vulnerables- por lo que el Estado, mediante ‘acciones afirmativas‛ busca la materialización de la igualdad (que goza de un reconocimiento formal reconocida en los textos constitucionales y legales pero que en la realidad no se materializa) y la equidad, por lo que se establecen políticas que dan a determinados grupos sociales (minorías étnicas o raciales, personas discapacitadas, mujeres, menores de edad, adultos mayores) un trato preferencial en el acceso a determinados derechos -generalmente de naturaleza laboral- o distribución de ciertos recursos o servicios, así como acceso a determinados bienes, con el fin de mejorarles su calidad de vida y compensarles, en algunos casos, por los perjuicios o la discriminación y exclusión de las que fueron víctimas en el pasado” (las negrillas son nuestras). La SCP 0307/2019-S4 de 29 de mayo, señaló que: “Abordar los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas adultas mayores, implica el reconocimiento de las facultades y potestades de las que éstas gozan para desenvolverse en un ámbito de igualdad de oportunidades y con condiciones que les garantice la calidad y calidez de una vida digna y sin discriminación ni actos de violencia. La Constitución Política del Estado, en sus arts. 67 al 69, reconoce los derechos de los adultos mayores, garantizando su vigencia a través políticas públicas definidas por el Estado, que tengan como finalidad la protección y resguardo de los mismos, creando las condiciones necesarias para que este grupo de personas que integran los grupos de atención prioritaria, puedan vivir con dignidad humana. Así la SCP 1567/2013 de 16 de septiembre, en cuanto a la protección constitucional de los derechos del adulto mayor, señaló que: ‘El art. 1 de la CPE, establece que: ʽBolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario…ʼ, en este sentido, la dimensión social de Estado impele a que la otrora igualdad formal ante la ley se convierta en una igualdad material considerando las particularidades y situación específica de cada persona, así la SCP 2353/2012 de 16 de noviembre, citando a la SC 1017/2002-R de 21 de agosto, señalando que: ʽ…según la doctrina el derecho a la igualdad es la potestad o facultad que tiene toda persona a recibir un trato no discriminado por parte de la sociedad civil y del Estado, según el merecimiento común - la racionalidad y la dignidad - y los méritos particulares; es decir, a recibir el mismo trato que otras personas que se encuentren en idéntica situación o condición…׳.

Ahora bien, bajo el razonamiento precedentemente referido, permite su flexibilización cuando el mismo va a ser contrastado en escenarios de vulnerabilidad, teniendo en cuenta, que: ʽel principio favor debilis, aplicable en virtud de lo previsto en los arts. 13.IV, 256 y 410.I de la CPE, obliga a considerar con especial atención a la parte que, en su relación con la otra no se encuentra en igualdad de condiciones con la otra, tales los casos de los grupos de prioritaria atención como son los niños, las mujeres, las personas con capacidades especiales, comúnmente conocidas como personas con discapacidad, adulto mayor, los pueblos indígenas, entre otros, que por su carácter de desigualdad merecen un trato diferente, que permita nivelar y atender sus condiciones, entendiendo sus situaciones específicas y particulares que por sus grados de vulnerabilidad manifiesta merecen una protección diferenciadaʹ (SCP 0292/2012 de 8 de junio), concordante con el art. 67.I de la CPE, que indica: ʽAdemás de los derechos reconocidos en esta Constitución, todas las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humanaʼ. En el nuevo orden constitucional, se va profundizando la incorporación y aplicación de políticas a favor de sectores vulnerables que formalmente, son iguales respecto del resto de las otras personas, pero al encontrarse materialmente en desventaja dentro de nuestra realidad social, por varias situaciones requieren protección reforzada por parte del Estado, traducidas en diversas acciones afirmativas y coherentes con el valor justicia; en tal sentido la jurisprudencia constitucional, refiere que: ʽ… la protección constitucional reforzada de los derechos de las personas pertenecientes a sectores en condiciones de vulnerabilidad es la igualdad en su múltiple dimensión, valor-principio-derecho, fuertemente proclamada en el nuevo orden constitucional, que debe ser comprendida en sus dos vertientes: La igualdad formal e igualdad material, que se hallan complementadas, compatibilizadas y conciliadas en el texto constitucional׳ (SCP 0846/2012 de 20 de agosto). Así también para dichos sectores en situación de vulnerabilidad la SCP 0086/2012 de 16 de abril, señaló: ʽ…procurar la validez plena y efectiva de sus derechos; es así que, como valores estructurales del Estado Plurinacional de Bolivia, la ‘igualdad’ y la ‘justicia’ sustentan la matriz axiológica a partir de la cual el constituyente boliviano diseñó políticas afirmativasʼ.

En consecuencia, del contenido expresado en la justicia constitucional respecto de las personas adultas mayores con sus particularidades y por estar expuestas a diferentes riesgos, cuentan con tutela reforzada constitucional, complementándose con los principios y valores del Estado Plurinacional, referente en concreto al principio de dignidad y la realidad de los adultos mayores, recordando que mientras más edad tenga una persona es más propensa al abandono por su familia; hecho que convoca al Estado a disminuir ese penoso escenario, proporcionando la protección requerida, traducidas en políticas públicas, desde luego que también la sociedad debe generar mayor espacio y oportunidad de participación, según sus características pero ante todo revitalizando los conocimientos que tan ampliamente tienen, asumiendo actitudes en torno a la concepción cíclica de la vida”.

III.6. Excepción al principio de subsidiariedad por pertenecer a la tercera edad

La SCP 0140/2018-S4 de 16 de abril, estableció que: “La SCP 2126/2013 de 21 de noviembre, sobre la excepción a la subsidiariedad en casos de adultos mayores señala: ‘…de manera fundamentada, se establecieron ciertas situaciones que se abstraen del principio de subsidiariedad que rige a las acciones de amparo constitucional en casos estrictamente limitados por la misma; en los que, pese a la existencia de medios intraprocesales de impugnación, sin embargo, los mismos no impedirían la consumación de una evidente amenaza, restricción o lesión de los derechos fundamentales y/o garantías constitucionales, por no constituir vías idóneas para su inmediato cese, lo que podría ocasionar un daño irreparable o irremediable; excepciones entre las que se pueden citar, denuncias sobre comisión de medidas de hecho, demandas de mujeres embarazadas trabajadoras, niños, niñas y adolescentes, personas con capacidades diferentes y de la tercera edad…’. A ello, la SCP 0998/2014 de 5 de junio agregó que: ‘Tratándose de denuncias o demandas de personas de la tercera edad, la jurisprudencia constitucional entendió que no es dable exigir el cumplimiento del requisito de subsidiariedad, en consideración a que las mismas pertenecen a un grupo de atención prioritaria, por lo que en estos casos es pertinente aplicar una excepción a la subsidiariedad, correspondiendo en consecuencia, ingresar al análisis de fondo, a efectos de establecer si existió o no la lesión de los derechos demandados’” (las negrillas nos pertenecen).

III.7. Análisis del caso concreto

Las accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y legalidad, a la propiedad y a una vivienda digna; puesto que, son propietarias de un lote de terreno de 1.000 m de superficie, ubicado en la zona Sarco, Distrito “03”, Sub Distrito “02” del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, adquirido de sus padres como anticipo de legítima y declaratoria de herederos, lugar en el que crecieron, formaron sus núcleos familiares y realizaron una construcción; empero, al proyectar el Gobierno Autónomo Municipal del referido departamento una vía pública sobre más del 50% de su propiedad, por Ordenanza Municipal 608/89 de 1 de agosto, declararon su expropiación por necesidad y utilidad pública; no obstante, de incumplido el procedimiento y plazos, después de catorce años, por Ordenanza Municipal 2972/2003 de 28 de febrero, el propio Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba declaró la caducidad de la indicada Ordenanza Municipal 608/89, a pesar de la cual efectuaron varias ofertas de cesión o compensación sin recibir una respuesta positiva; por lo que, el 17 de mayo de 2021, iniciaron el trámite de aprobación de plano de lote, que culminó con la Resolución Ejecutiva 489/2022 de 16 de diciembre, que sin fundamento ni motivación rechazó el recurso jerárquico y confirmó las Resoluciones Administrativas Municipales 001/2022 de 20 de junio y 140/2022 de 26 de julio, pronunciadas por la Sub Alcaldía Molle - Distrito 3 y 4 del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, respaldándose en las Ordenanzas Municipales 1061/91 de 20 de diciembre de 1991 y 4100/2010 de 12 de mayo, al no adecuarse al plano sectorial en vigencia, sin que puedan efectuar una ampliación, remodelación o refacción al requerir de un plano aprobado. Antes de ingresar al análisis de la problemática planteada, resulta necesario considerar lo establecido en el Fundamento Jurídico III.6. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional en razón del argumento efectuado por la Sala Constitucional referido a la omisión del principio de subsidiariedad por las accionantes, al no agotar la vía establecida en el ordenamiento municipal; por lo que, ante la inobservancia a la Ordenanza Municipal 3543/2006, que permite a los propietarios de inmuebles pedir el ajuste y complementación a los instrumentos técnicos de planificación y gestión urbana, dentro del trámite de aprobación del plano de un lote; al respecto, resulta necesario mencionar que, de la documental adjunta, se advierte que Luisa Blanca Villarroel de Alfaro y María Elfia Villarroel Loma -accionantes-, nacieron en 1942 y 1952, contando a la fecha con setenta y uno; y, ochenta y uno años de edad respectivamente (fs. 147 a 148); por lo que, forman parte de la población vulnerable que goza de protección constitucional al tratarse de dos personas de la tercera edad, siendo aplicable al caso el razonamiento efectuado en el Fundamento Jurídico III.5. de este fallo constitucional, relativo a la protección de los más débiles, conocidos en la doctrina como grupos vulnerables de la sociedad, entre los que se encuentran las personas de la tercera edad o adultas mayores quienes por sus particularidades están expuestas a diferentes riesgos, gozando de la tutela reforzada constitucional en resguardo de sus derechos a la dignidad, a una vejez digna, con calidad y calidez humana, con igualdad, sin discriminación, buen trato y atención preferencial; además, de la aplicación de un enfoque diferencial para el ejercicio y goce efectivo de sus derechos reconocidos constitucionalmente.

En ese marco, debe también considerarse lo establecido en el Fundamento Jurídico III.6. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, relativo a la excepción al principio de subsidiariedad con la única finalidad de efectivizar o materializar el derecho fundamental supuestamente vulnerado, frente a aspectos formales, o cuando a pesar de existir medios de defensa, estos resulten ineficaces o tardíos para restablecer el derecho presuntamente vulnerado, principalmente cuando se trate de grupos de atención prioritaria como son las personas de la tercera edad; jurisprudencia que no fue considerada por la Sala Constitucional al momento de denegar la tutela solicitada, al alegar incumplimiento al principio de subsidiariedad por inobservancia de la Ordenanza Municipal 3543/2006, que permite pedir el ajuste al Plano Sectorial dentro del trámite de aprobación de plano de lote presentado por las accionantes que forman parte de un grupo vulnerable por tratarse de personas de la tercera edad, tal cual se advierte de la fotocopia simple de sus cédulas de identidad; por lo que, al gozar de atención preferente y prioritaria por su condición de vulnerabilidad y manifiesta indefensión derivada de su avanzada edad, aspecto que resulta ser suficiente para abstraer el principio de subsidiariedad, sin ser necesario acreditar la existencia de daño irremediable o irreparable, requerimiento que destruiría el trato preferente y lo condicionaría a observar formalismos que resultan exigibles a personas que no se encuentran en las mismas condiciones de indefensión ni vulnerabilidad; razonamiento que permite concluir que la falta de agotamiento de esa vía no constituye un argumento válido jurisprudencialmente para no ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, como se efectuará seguidamente. Ahora bien, de la revisión de antecedentes que cursan en obrados, se tiene que, ante la necesidad de apertura y habilitación de vías públicas, mediante la Ordenanza Municipal 608/89 de 1 de agosto de 1989, se declaró de necesidad y utilidad pública la expropiación de 635.16 m de superficie afectada del bien inmueble de propiedad de Walter Villarroel Panozo y Maria Rosa Loma de Villarroel, ubicado en la zona Sarco, “distrito 2”, con destino a la apertura y habilitación de vías públicas (Conclusión II.2.); sin embargo, a través de la Ordenanza Municipal 2972/2003 de 28 de febrero, aplicando el art. 125 de la ley de Municipalidades -abrogada- sobre el término para la expropiación, se declaró la caducidad de la Ordenanza Municipal 608/89 (Conclusión II.3.), ante ese hecho, el 20 de mayo de 2021, las accionantes pidieron reiterativamente la aprobación del plano de lote a la Sub Alcaldía Molle del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, petición que se rechazó mediante Resolución Administrativa Municipal 001/2022 (Conclusión II.4.), la que fue impugnada mediante recurso de revocatoria; la cual, fue rechazada por la Resolución Administrativa Municipal 140/2022 (Conclusión II.5.), decisión que fue cuestionada mediante recurso jerárquico, el cual mereció la Resolución Ejecutiva 489/2022, el referido recurso y confirmando las Resoluciones Administrativas Municipales 001/2022 de 20 de junio y 140/2022 (Conclusión II.6.).

III.7.1. Respecto a la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia

Previamente es necesario conocer los agravios expuestos por las recurrentes -accionantes- a través de su representante legal en el memorial del recurso jerárquico, presentado el 8 de agosto de 2022 (fs. 46 a 49 vta.) contra la Resolución Administrativa Municipal 140/2022 de 26 de julio, dictada dentro del recurso de revocatoria, en el que manifestó: Transcribiendo los arts. 108, 115.II y 56.I de la CPE; 17.1 y 2 de la DUCH; 56.I, 66.I, 116, 117 y 118 de LPA y la “SC.0008-2014” expresó que la situación en la que se encuentran sus representadas, exige de parte de la administración pública una atención diferenciada con perspectiva de género e interseccionalidad con relación con su petición de aprobación de plano de lote en un área urbana del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, al contar con un muro perimetral y verja, impuestos pagados y título de propiedad registrado “…en consecuencia constituye un predio que se adecua dentro de los alcances del artículo 97 de la Ordenanza Municipal 4100/2010, para que proceda a su regularización” (sic [fs.48 vta.]), sin que el proyecto de vía pueda afectar sus derechos a la propiedad y -Resolución Ejecutiva 489/2022- que la decisión asumida no le faculta al referido ente municipal limitar o restringir ese derecho; por lo que, el Informe Técnico CITE SAM J. URB TA. 357/2022 de 26 de abril, no puede constituir un instrumento que impida su trámite, estableciendo una resolución ilegal, abusiva y arbitraria, ya que el derecho propietario de las accionantes tiene una tradición anterior a cualquier ordenanza municipal o resolución de planimetría, actos administrativos que no pueden afectarlo constituyendo el único camino la expropiación, la cual fue declarada caduca, sin que exista otro remedio más que la aprobación del plano de lote para impedir se sigan vulnerando sus derechos. Se finalizó indicando que conforme al art. 110 de la CPE, la vulneración de derechos constitucionales hace responsable a su autor intelectual y material para la reparación del daño. Mediante Resolución Ejecutiva 489/2022, el Alcalde hoy accionado resolvió el recurso jerárquico indicando:

Por Informe DAU 753/2022 de 23 de septiembre (Conclusión II.7.), el Jefe del Departamento de Administración Urbana y el Director de Urbanismo, concluyeron e hicieron conocer a la Directora de la Dirección de Asuntos Jurídico Administrativos del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, sus opiniones técnicas, concluyendo que: a) El lote de terreno según la imagen satelital se encuentra en gran porcentaje en plena vía pública; por lo que, no se adecua al Plano Sectorial en vigencia; b) Está emplazado en el perímetro de la zona urbana, producto del Plan de Ordenamiento Territorial planificado conforme al Plano Sectorial; c) De acuerdo con los arts. 31 inc. a) concordante con el 5.5 de la LGAM, los bienes municipales de dominio público son los destinados al uso irrestricto de la comunidad como las calles, avenidas y aceras; d) La Ordenanza Municipal 608/89 declaró de necesidad y utilidad pública la expropiación de la superficie del inmueble en cuestión, siendo declarada caduca por Ordenanza Municipal 2972/2003; y, e) En virtud del art. 302.22 -a pesar de no indicar la norma se advierte que se trata de la Constitución Política del Estado- la expropiación de bienes inmuebles en su jurisdicción procede por razones de utilidad y necesidad pública siguiendo el procedimiento establecido, con limitaciones administrativas y de servidumbre a la propiedad, recomendando por razones técnicas, jurídicas y de interés público activar la expropiación. Se refiere también al Informe Legal DAJA-IL 1117 de 21 de octubre de 2022, de la Directora, Profesional 3 y Secretario Municipal de Asuntos Jurídicos Administrativos del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, quienes expresaron que el art. 97 de la Ordenanza Municipal 1061/91, establece que las zonas destinadas para áreas verdes, equipamiento y/o vías según el plano general, planes sectoriales y especiales no podrán ser objeto de fraccionamiento ni regularizados mientras la Alcaldía del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba decida el cambio de uso de suelo o su expropiación, condición que también señala la Ordenanza Municipal 4100/2010; es por ello, que el Informe Técnico CITE SAM J. URB TA. 357/2022, indica que se debe cumplir las Ordenanzas Municipales 1061/91 y 4100/2010, rechazando el trámite de regularización mientras no se cumpla con la normativa municipal vigente, constituyendo dicho Informe en el sustento técnico para la emisión de la Resolución Administrativa Municipal 001/2022 de 20 de junio -de rechazo- de acuerdo con el art. 52.III de la LPA; reiterando los aspectos contenidos en el Informe DAU 753/2022, los cuales fueron emitidos por el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba y se mencionaron en la Resolución Administrativa Municipal 001/2022, señalado que, “…el incumplimiento de las condiciones establecidas en las Ordenanzas Municipales no se constituyen en una vulneración de los derechos constitucionales de los recurrentes ya que las mismas están obligadas según lo establecido en el Parágrafo V. del Artículo 14 de la Constitución Política del Estado a cumplir con la ley” (sic).

En lo que respecta a que el derecho de las recurrentes -accionantes- tiene una tradición anterior a cualquier ordenanza municipal o resolución de planimetría, expresó que las Ordenanzas Municipales 1061/91 y 4100/2010 determinan cuáles son las condiciones para proceder con la regularización de los lotes; por lo que, de acuerdo con los informes emitidos en la Sub Alcaldía Molle y la Dirección de Urbanismo del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, la solicitud no procede debido a que el lote de terreno se encuentra en vía pública “…enmarcándose en lo determinado en el Inciso 6 del Artículo 97 de las Ordenanzas Municipales referidas, por lo que el incumplimiento a lo establecido en una Ordenanza Municipal no se puede considerar como afectación al derecho propietario y menos una vulneración de derechos constitucionales” (sic [fs. 52]), recomendando rechazar el recurso jerárquico y confirmar las Resoluciones Administrativas Municipales 001/2022 y 140/2022, en el marco de lo establecido por los arts. 124 inc. c) del Decreto Supremo (DS) 27113 de 23 de julio de 2003 Reglamentario de la Ley de Procedimiento Administrativo. Finalizó indicando que, conforme a los arts. 69 inc. c) y 70 de la LPA, la instancia administrativa queda agotada con la resolución del recurso jerárquico, pudiendo el interesado acudir a la vía del proceso contencioso administrativo. De lo expresado en la Resolución Ejecutiva 489/2022, se constata que los agravios denunciados en el recurso jerárquico, fueron respondidos conforme a derecho y observando las disposiciones legales en vigencia, considerando todos los puntos señalados como agravios y si bien como indican en el memorial de demanda “…los argumentos de la resolución no se pronuncian sobre la caducidad de expropiación que fue dispuesta en la Ordenanza Municipal 2972/2003, y la fundamentación resulta solo retórica sin explicar clara y motivadamente, porque el gobierno municipal puede mantenernos con una limitación a nuestro derecho de propiedad e impedir una vivienda digna, por más de 30 años sin (brindarles) una solución, solamente se limitan a señalar que se adecua a la normativa urbana” (sic [fs. 151]), debe considerarse que revisado el memorial respectivo, ese aspecto no fue objeto de impugnación ni cuestionamiento dentro de los argumentos que motivaron la interposición del recurso jerárquico; por lo que, el Alcalde ahora accionado no podía referirse a aquellos que no hubiesen sido objeto de controversia e impugnación, sin que sea lógico ni coherente que las accionantes pretendan que a través de esta acción tutelar se ingrese analizar elementos que no fueron motivo de examen en la última instancia de la jurisdicción administrativa ya concluida, por cuanto fueron quienes de manera voluntaria determinaron los puntos sobre los cuales debía resolverse el indicado recurso jerárquico. Lo expresado permite concluir que el Alcalde ahora accionado no vulneró el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; ya que dio respuesta a los agravios señalados en el recurso jerárquico dentro del trámite de aprobación de plano de lote; por lo que, en el marco establecido en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, como la fundamentación y motivación de las resoluciones implica que éstas deban contener los motivos que sustentan la decisión asumida, la exposición de los hechos, así como el sustento jurídico sin que signifique una exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que debe ser clara y concisa; además, de integrar y referirse a los puntos demandados y alegados con la finalidad de desvirtuarlos o ratificarlos, debiendo exponerse los argumentos y las razones que justifiquen la determinación basada en los hechos y las normas que sustentan la parte dispositiva del fallo; aspecto al que se suma, que dichos razonamientos deben ser congruentes; y deben guardar estricta correspondencia entre lo peticionado y lo resuelto, al ser una obligación de la autoridad judicial responder a la o las pretensiones jurídicas o la expresión de agravios formulados por la parte, lo que implica la existencia de concordancia entre la parte considerativa y dispositiva de la resolución a emitirse, misma que debe mantenerse en todo su contenido, elemento que en el caso, se advierte fue observado; puesto que, lo resuelto por el Alcalde hoy accionado resulta congruente con los puntos señalados como agravios; es decir, entre los distintos considerandos y razonamientos, lo indicado anteriormente permite concluir que la Resolución Ejecutiva 489/2022, no vulneró el derecho al debido proceso de las accionantes en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, correspondiendo a través de esta acción de defensa con relación a este punto, denegar la tutela solicitada.

Por otra parte, conforme a la jurisprudencia establecida en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional, la interpretación de la legalidad infra-constitucional le corresponde exclusivamente a la jurisdicción sea ordinaria o administrativa, no así al Tribunal Constitucional Plurinacional, salvo excepciones y cuando en esa actividad se evidencie la vulneración de derechos y garantías constitucionales, siendo necesario que el o la accionante a tiempo de cuestionar la interpretación de la legalidad ordinaria cumpla ciertos presupuestos o exigencias, a objeto de que la situación planteada adquiera relevancia constitucional.

En ese entendido, la jurisprudencia señalada en el Fundamento Jurídico III.3. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, estableció los presupuestos a cumplirse con la finalidad de verificar, en este caso, la errónea aplicación del art. 97 de la Ordenanza Municipal 1061/91 modificada por la Ordenanza Municipal 4100/2010 referida a los predios que son objeto de fraccionamiento y no al trámite de aprobación de plano de lote, referidos a que: 1) Se explique por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, incongruente, arbitraria, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el Órgano Judicial o Administrativo; 2) Se precise los derechos o garantías constitucionales que fueron vulnerados por el intérprete, con dicha interpretación; y, 3) Se establezca el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, por no aplicar la interpretación que considera debió efectuarse, y los derechos y/o garantías que conforman el bloque de constitucionalidad, y que fueron vulnerados con dicha interpretación, explicando en consideración al resultado, cuál la relevancia constitucional; no obstante, ante el incumplimiento de los presupuestos citados, ésta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional se ve impedida de ingresar a revisar la interpretación de la legalidad ordinaria efectuada por la autoridad administrativa competente.

En ese marco, sobre la interpretación de la legalidad ordinaria entendida como la facultad de interpretar o aplicar la ley en términos generales a un caso concreto, se advierte que las accionantes no explicaron por qué resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda, ilógica o con error evidente la observancia de las Ordenanzas Municipales 1061/91 y 4100/2010, de qué manera se omitió valorar la documentación presentada, no identificaron las reglas de interpretación omitidas, menos explicaron con argumentos normativos claros y concretos partiendo del análisis de las reglas de interpretación admitida y la normativa aplicable, los motivos por los cuáles se valoró erróneamente la prueba, ni las razones o reglas de interpretación respecto de los derechos que se vulneraron y cuál su relevancia constitucional. En consecuencia, considerando que las accionantes no explicaron por qué la labor interpretativa realizada por el Alcalde ahora accionado resultaba ser insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda, ilógica o con error evidente, ni de qué manera la interpretación realizada vulneraba sus derechos, incumplieron los presupuestos para que esta jurisdicción constitucional ingrese al análisis de la interpretación de la legalidad ordinaria efectuada por el Alcalde hoy accionado; correspondiendo, respecto de este agravio también denegar la tutela solicitada.

III.7.2. Con relación a la vulneración del derecho a la propiedad y a una vivienda digna

Como se expresó en el Fundamento Jurídico III.4. de este fallo constitucional, el derecho a la propiedad privada individual o colectiva está garantizado siempre que se cumpla una función social y que su uso no sea perjudicial al interés colectivo; derecho que solo puede ser afectado ante una expropiación por causa de utilidad y necesidad pública o cuando la propiedad no cumple una función social, calificada conforme a ley y previa indemnización justa; en ese mismo sentido, el derecho a una vivienda adecuada o digna implica contar con un lugar propio o ajeno, que cuente con servicios básicos, que permitan a la persona desarrollarse en mínimas condiciones de dignidad, de forma segura, autónoma, independiente y en el cual pueda desarrollar su proyecto de vida, sin la amenaza de ser desalojado o expulsado del lugar o tierra donde estableció su hogar.

De lo expuesto en el memorial de demanda de la acción de amparo constitucional, no se advierte que las accionantes habrían referido actos o hechos que hubiesen tenido como finalidad desconocer o atentar contra los derechos a la propiedad privada o a vivir dignamente, al no mencionar afectación a uno de sus tres elementos esenciales tal cual refiere la SCP 0054/2013 de 11 de enero, respecto a: i) El derecho de uso; ii) El derecho de goce; y, iii) El derecho de disfrute; lo que a su vez genera obligaciones negativas para el Estado y particulares como son: a) Prohibición de privación arbitraria de propiedad; y, b) Prohibición de limitación arbitraria de propiedad, debiendo considerarse que de haberse quebrantado estas prohibiciones por el accionar de un “…particular o funcionario público realizados al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes que priven o limiten arbitrariamente el derecho a la propiedad, afectando los elementos componentes de su núcleo duro, se configurará como vías de hecho que al ser actos ilegales graves que atentan contra los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, pueden ser resguardados a través de la acción de amparo constitucional, por ser esta un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de este derecho fundamental…”. De igual forma, las accionantes tampoco denunciaron que el Alcalde ahora accionado hubiese realizado o intentado efectuar actos que limiten o eviten el aprovisionamiento de agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas, energía eléctrica, alumbrado, eliminación de residuos u otros aspectos que signifiquen una vulneración a su derecho a vivir dignamente; puesto que, de ser así estos hechos debieron ser denunciados oportunamente considerando que tanto la Ordenanza Municipal 608/89 de 1 de agosto de 1989, que supuestamente restringió y limitó el ejercicio de sus derechos a la propiedad y a vivir dignamente por declarar de necesidad y utilidad pública la expropiación de más del 50% de superficie de su bien inmueble con destino a la apertura y habilitación de vías públicas; y la Ordenanza Municipal 2972/2003, pronunciada catorce años después, sobre el término para la expropiación declarando la caducidad de la Ordenanza Municipal 608/89 de acuerdo con el art. 125 de la Ley de Municipalidades -abrogada-contra el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, instancia que de acuerdo con el art. 16.35 de la LGAM tiene la atribución y competencia para disponer la expropiación de bienes privados previa declaratoria de utilidad pública y pago de indemnización justa, avalúo o justiprecio. También carece de sustento jurídico la afirmación de las accionantes referida a que no hubiesen podido ejercer sus derechos a la propiedad y a la vivienda digna por treinta y cuatro años, desde el 1 de agosto de 1989, fecha de emisión de la Ordenanza Municipal 608/89, hasta el 17 de mayo de 2021, que decidieron iniciar el trámite de aprobación de plano de lote que culminó con la hoy cuestionada Resolución Ejecutiva 489/2022; puesto que, si por una parte fue el propio Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba que por su inacción dejó vencer el plazo para la expropiación de más del 50% de su propiedad tal cual lo dispuso el Concejo Municipal mediante Ordenanza Municipal 2972/2003, después de emitida la Resolución Administrativa Municipal 303/2018, que rechazó el trámite de reposición dentro del trámite de regularización del lote de propiedad, debido a su extravío, petición presentada el 18 de marzo de 2015, no reiniciaron el mencionado trámite hasta el 17 de mayo de 2021. En consecuencia, respecto de la presunta vulneración del derecho a la propiedad y a la vivienda digna, también se debe denegar la tutela solicitada.

III.7.3. Con relación a la protección constitucional a la personas de la tercera edad

Si bien de las fotocopias de las cédulas de identidad se puede advertir que María Elfia Villarroel Loma y Luisa Blanca Villarroel de Alfaro, cuentan con setenta y uno y ochenta y uno años de edad, respectivamente (fs. 147 a 148), formando parte de la población vulnerable que goza de protección constitucional al tratarse de dos personas de la tercera edad, siendo aplicable al caso el razonamiento establecido en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, relativo a la protección de los más débiles, mejor conocidos en la doctrina como grupos vulnerables de la sociedad, entre los que se encuentran las personas de la tercera edad o adultas mayores quienes por sus particularidades se hallan expuestas a diferentes riesgos, gozando de la tutela reforzada constitucional en resguardo de sus derechos a la dignidad, a una vejez digna, con calidad y calidez humana, con igualdad, sin discriminación, buen trato y atención preferencial; además, de la aplicación de un enfoque diferencial para el ejercicio y goce efectivo de sus derechos reconocidos constitucionalmente; razonamiento que permitió emitir a este Tribunal Constitucional Plurinacional el AC 030/2024-CA/S de 30 de enero, disponiendo ha lugar la solicitud de adelanto de sorteo (fs. 339 a 343); no es menos evidente que, a pesar de ser personas de la tercera edad mayores que forman parte de un grupo vulnerable que goza de la protección constitucional reforzada, en una ponderación de los derechos que pretenden sean tutelados y los de una colectividad como son los habitantes del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, declarada la necesidad y utilidad pública de expropiación de una propiedad a cargo del Concejo Municipal de dicho ente municipal conforme a ley y mediante una ordenanza municipal la afectación al derecho a la propiedad privada es posible en dos casos: 1) Cuando el Estado considere necesario destinarla al uso de interés público; y, 2) Si la propiedad privada no cumple una función social, calificada mediante una ley y previa indemnización justa, tal cual refiere el art. 57 de la CPE. Al respecto es necesario aclarar, que a pesar a la declaratoria de caducidad de la Ordenanza Municipal 608/89, mediante la Ordenanza Municipal 2972/2003, con base en el art. 125 Ley de Municipalidades -abrogada- que establecía un plazo no mayor a dos años para la expropiación, desde la publicación de la Ordenanza Municipal 608/89 que declaró la necesidad y utilidad pública, que de no efectivizarse perdería vigencia y la venta forzosa quedaría sin efecto; es así que el art. 16.35 de la LGAM, establece que es atribución del Concejo Municipal, “Autorizar mediante Ley Municipal aprobada por dos tercios del total de los miembros del Concejo Municipal la expropiación de bienes privados, considerando la previa declaratoria de utilidad pública, el previo pago de indemnización justa, avalúo o justiprecio de acuerdo a informe pericial o acuerdo entre partes sin que proceda la compensación por otro bien público”; por lo que, si en el caso, el ente deliberante del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba determina por necesidad y utilidad pública expropiar una parte de la propiedad de las accionantes, es necesario que las autoridades administrativas, empezando por el Alcalde hoy accionado de acuerdo con el art. 26.29 de la LGAM es el encargado de: “Ejecutar las expropiaciones de bienes privados aprobadas mediante Ley de expropiación por necesidad y utilidad pública municipal, el pago del justiprecio deberá incluirse en el presupuesto anual como gasto de inversión” y siguiendo con las demás Unidades que se relacionen con este trámite, actuar con una debida diligencia y dentro de un plazo razonable, observando el procedimiento establecido en resguardo y respeto de los derechos y garantías constitucionales por su condición de personas de la tercera edad que gozan de protección reforzada, consideraciones que fueron soslayadas por las autoridades a cargo del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba en 1989. Finalmente, con relación a la solicitud de pago de costas y costos; y, la reparación de daños, estas no pueden ser consideradas en razón a la denegatoria de la tutela solicitada. En consecuencia; la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 052/2023 de 22 de junio, cursante de fs. 301 a 306, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada respecto de la supuesta vulneración de los derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y legalidad; a la propiedad; y, a una vivienda digna; así como la solicitud de pago de costas y costos, la reparación de daños, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; y, 2° EXHORTAR al Concejo Municipal y al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba que, en caso de determinar la expropiación de una parte de la propiedad de las accionantes, por causa de necesidad y utilidad pública, y previo pago del justo precio, en atención a los fundamentos expuestos en los Fundamentos Jurídicos III.5., III.6. y

III.7.3., observar y considerar su situación de personas adultas

mayores o personas de la tercera edad, debiendo seguir el procedimiento establecido, llevando adelante las acciones administrativas necesarias dentro de un plazo razonable. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0261_2024-S3.pdf · páginas 1 a 33.

Huella digital del PDF (SHA-256): 85f2634e0edb1c4d85955fe840954d3c38326e0659a7c6577b87c1384c5c0ee3

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