Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 26 de junio de 2024
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 30/24 de 26 de febrero de 2024, cursante de fs. 104 a 108 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER en su totalidad la tutela impetrada conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; consiguientemente: 1° Se ordena al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, reincorporar a Mario Daniel Zambrana López, a un cargo empezando por el máximo nivel existente, siempre que se cumpla con el perfil requerido por la norma interna, respetando en todo momento su derecho al trabajo y a la dignidad, así como cumplir con todos los derechos sociales y de asignaciones familiares que corresponden a dicha reincorporación; y, 2° Remitir copia de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional a la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0260/2024-S4 Sucre, 26 de junio de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional Expediente: 62374-2024-125-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 30/24 de 26 de febrero de 2024, cursante de fs. 104 a 108 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mario Daniel Zambrana López contra Max Jhonny Fernández Saucedo, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 25 de enero de 2024, cursante de fs. 50 a 63; y de subsanación el 6 de febrero del mismo año (fs. 67 y vta.), el accionante manifiestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Por Memorándum 2195/2018 de agosto, fue designado para ocupar el cargo de Jefe del Departamento de Conservación y Manejo de Vida Silvestre, dependiente de la Unidad Operativa Desconcentrada del Zoológico Municipal perteneciente a la Secretaría Municipal de Empresas Municipales, Unidades Desconcentradas y Descentralizadas del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, función que cumplió hasta su ilegal desvinculación efectuada el 25 de julio de 2023 a través del Memorándum MRE-003/2023. En forma inmediata y sin consentir la ilegal y arbitraria desvinculación, el 26 de julio de 2023, cursó notas a Manfredo Menacho Ferrante, Director de Recursos Humanos (RR.HH.) de la entidad y Ovidio Alfredo Von Borries Ribera, Director de la Unidad Desconcentrada del Zoológico Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, informándoles que oportunamente dio a conocer que sufrió un accidente de trabajo y el estado de gestación de su esposa; motivo por el que, solicitó su reincorporación. A través de oficio 130/2023 de 3 de agosto, Ovidio Alfredo Von Borries Ribera, Director de la Unidad Operativa Desconcentrada del Zoológico Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, respondió señalando que no estaba alcanzado por la inamovilidad laboral – por discapacidad o por ser padre progenitor – debido a que ejercía funciones como servidor público de libre nombramiento. Aclaró que desde su desvinculación continuó asistiendo a su trabajo, registrando su asistencia hasta el 25 de julio de 2023, fecha en la que se suprimió su nombre en el registro biométrico de asistencia. Con esos antecedentes, refiere que como dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz y desarrollando funciones propias de su cargo, sufrió un accidente de trabajo el 4 de septiembre de 2015, que le causó una lesión en el ojo derecho que requirió varias intervenciones quirúrgicas para no perder totalmente la visión en dicho órgano. Finalmente, el 5 de abril de 2016, comunicó al Jefe del Departamento Administrativo del Zoológico Municipal que había sufrido daño irreversible en la vista a consecuencia de la perforación de la córnea del ojo derecho. Finalmente, el 6 de septiembre de 2016, dio a conocer al Director de Recursos Humanos, que estaba tramitando grado de invalidez por riesgos profesionales; dado que, hasta esa fecha, le habían realizado cuatro procedimientos quirúrgicos y que perdió definitivamente la visión en el ojo derecho. De esa forma, resulta claro que, a la fecha de su desvinculación, sufría una discapacidad visual que no fue tomada en cuenta y que vulnera la inamovilidad por discapacidad, aunque no contara con carnet de discapacidad que conforme a la jurisprudencia contenida en la SCP 0321/2021-S1 de 2 de agosto, no puede ser óbice bajo el principio pro homine, pro actione y progresividad de los derechos fundamentales. En cuanto a la inamovilidad laboral pese a ser servidor público de libre nombramiento, señala que el 21 de julio de 2023, su esposa recibió una evaluación médica en el Instituto de Imagen Médica de Alta Especialidad (IMAE), verificándose que se encontraba en estado de gestación de 9.3 semana, hecho que conoció cuatro días antes de la entrega del Memorándum MRE-003/2023; por el que, fue desvinculado de su fuente laboral en forma arbitraria; es ese sentido, presentó las notas de 26 y 27 de julio, referidas precedentemente, no obstante desconociendo la inamovilidad laboral, se le respondió como consta en la nota 130/2023 de 2 de agosto, que no gozaba de la misma por ser funcionario de libre nombramiento, contrariando la amplia jurisprudencia constitucional que en casos como el suyo, optó por aplicar la excepción que se deduce de lo dispuesto en el art. 48.IV de la Constitución Política del Estado (CPE), así la SCP 1417/2012 de 20 de septiembre; en ese sentido, y tomando en cuenta que la CPE es amplia, garantista y progresista y tiende a la protección eficaz y eficiente de los derechos de las personas; así como, de las garantías establecidas para el efecto, corresponde indicar que si bien el art. 233 Constitucional, establece que los servidores públicos de libre nombramiento no son considerados funcionarios de carrera por la forma de su ingreso y por ende, carecen de estabilidad laboral, ello no debe entenderse en un marco de razonabilidad absoluta negativa; sino más bien, diferenciada de acuerdo al grupo de personas de quien se hable y las condiciones especiales que las distingue, como es el caso de las mujeres embarazadas que son servidoras públicas de libre nombramiento y de los padres progenitores. A ello se añade que, su esposa Cindy Paola Camacho Cortez, en estado de gestación, fue diagnosticada con células neoplásicas malignas compatibles con carcinoma ductal (cáncer de mama), que sumado a la discapacidad visual de la que padece y el estado de gravidez de su esposa, son aspectos que no fueron tomados en cuenta por la autoridad demandada, a pesar de su situación de vulnerabilidad y grave afectación de sus derechos fundamentales al haberse dispuesto su desvinculación laboral. Citó al efecto, la SCP 0115/2017-S2.
El accionante alegó la lesión de sus derechos a la estabilidad e inamovilidad laboral, al trabajo, a la vida y a la salud y a la seguridad social, citando al efecto los arts.9.5, 18, 45.I, II, III y IV, 46.I.1 y 2 y 48.VI de la CPE.
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia se disponga: a) Su inmediata reincorporación, con el mismo nivel salarial a otro cargo similar o idéntico y con reconocimiento pleno de sus derechos a la seguridad social; y, b) Se conmine a la parte demandada que una vez reincorporado a su fuente laboral, se ordene el pago de sus derechos sociales y salarios no percibidos o devengados a ser calculados en el momento en que la misma sea efectiva.
Celebrada la audiencia virtual el 26 de febrero de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 96 a 104; presentes el impetrante de tutela acompañado por su abogado; así como, el abogado y apoderado de la autoridad demandada y la tercera interesada, se produjeron los siguientes actuados:
El solicitante de tutela, a través de su abogado, en audiencia reiteró el contenido íntegro de la demanda de acción de amparo constitucional.
Max Jhonny Fernández Saucedo, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz a través de su abogado y apoderado, en audiencia, informó lo que sigue: 1) Existe un proceso administrativo que ya resolvió el fondo de esta situación, puesto el 23 de agosto de 2023, el accionante presentó una denuncia de restitución de derechos laborales ante la Jefatura Departamental del Trabajo; la cual, fue rechazada el 12 de septiembre del mismo año; y, confirmada por la Resolución Ministerial (RM) 067/24 de 16 de enero de 2024, que resolvió el recurso de revisión interpuesto; y, 2) El Alcalde Municipal no tiene legitimación pasiva para ser demandado en la presente acción porque ya existe una Resolución Ministerial que debió ser impugnada en la presente acción de amparo constitucional contra la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
Cindy Paola Menacho Cortez, esposa del accionante, en audiencia señaló que viene luchando con una enfermedad grave, de manera que la ilegal desvinculación de su cónyuge constituye una grave vulneración a sus derechos y de su hija también. Añadió que su esposo es el único proveedor del hogar.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 30/24 de 26 de febrero de 2024, cursante de fs. 104 a 108 vta., concedió parcialmente la tutela impetrada, disponiendo que en reconocimiento a los derechos del menor de edad y de la madre, se otorguen los beneficios sociales pre y post natal de subsidio hasta que la recién nacida cumpla un año de edad, denegando la inamovilidad laboral del accionante, bajo los siguientes fundamentos: i) El impetrante de tutela fue desvinculado de su fuente laboral en julio de 2023 y, acudió a la Dirección Departamental del Trabajo, solicitando su reincorporación, obteniendo una decisión contenida en la RM 67/2024, que confirmó en última instancia la Resolución de 12 de septiembre de 2023; por la que, se rechazó la demanda de reincorporación; de manera que, existe una resolución de cierre; ii) El solicitante de tutela debió plantear su acción de amparo constitucional directamente contra la última autoridad que conoció la solicitud de reincorporación laboral o lo que se conoce como la restitución de los derechos laborales; iii) Entendiendo que se trata de un funcionario de confianza, al haber sido designado como Jefe del Departamento de Conservación y Manejo de Vida Silvestre; por ende, no se encuentra alcanzado por la inamovilidad laboral por tratarse de un cargo jerárquico de libre nombramiento; y en relación a la discapacidad alegada, no se encuentra ninguna documentación, registro o carnet que acredite tal condición; y, iv) Corresponde garantizar el desarrollo del nacido vivo, por lo que debe cancelarse el subsidio post natal desde el momento de sus desvinculación hasta el momento en que cumpla un año de edad.
Mediante Auto Constitucional 065/2024-CA/S de 9 de abril, declaró haber lugar a la solicitud de adelanto de sorteo del accionante; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Memorándum 362i/2014 de 22 de octubre, el accionante fue designado en el cargo de Profesional A, con el ítem 1605 y nivel 5; posteriormente, a través de Memorándum de Confirmación C117/2015 de 21 de mayo (fs. 5 a 6).
II.2. A través de Memorándum 103p/2016 de agosto de dicho año, fue designado en el cargo de Jefe de Departamento de Conservación y Manejo de Vida Silvestre, con ítem 2075 y nivel 4, dependiente de la Dirección del Zoológico Municipal (fs. 7). II.3. El 25 de julio de 2023, el impetrante de tutela recibió el Memorándum MRE-003/2023; por el que, se dio por concluida su actividad laboral como servidor Público del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz (fs. 9). II.4. Por notas presentadas el 26 y 27 del mismo mes y año, solicitó reincorporación a su fuente laboral a Ovidio Alfredo Von Borries Ribera, Director de la Unidad Desconcentrada del Zoológico Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz y a Manfredo Menacho Ferrante, Director de Recursos Humanos de la entidad, informándoles que oportunamente dio a conocer que sufrió un accidente de trabajo que ocasionó la pérdida de visión en el ojo derecho, adjuntando el Resumen Clínico Ocupacional para Evaluación de Invalidez por Accidente de Trabajo y/o Accidente Común. Igualmente, dio aviso del estado de gestación de su esposa adjuntando certificado de 21 de julio de 2023 (fs. 10 a 13). II.5. El Director de la Unidad Operativa Desconcentrada de Zoológico Municipal, por oficio Zoológico 130/2023 de 2 de agosto, denegó la reincorporación solicitada por tratarse de un servidor público de libre nombramiento y por ende, la inamovilidad laboral no es absoluta. Consta que el impetrante de tutela, recibió tal comunicación, el 8 del mismo mes y año (fs. 14). II.6. Cursan en el expediente los siguientes documentos presentados por el solicitante de tutela:
II.6.1. Respecto al accidente de trabajo: a) Denuncia de accidente de trabajo presentada el 12 de noviembre de 2015, a la Aseguradora de Fondo de Pensiones (AFP) BBVA Previsión; el cual, fue presentado por el accionante al Jefe de Departamento Administrativo del Zoológico Municipal a través de nota presentada el 5 de abril de 2016; b) Mediante nota presentada el 6 de septiembre de 2016, Mario Zambrana López dio aviso al Director de Recursos Humanos, que estaba tramitando grado de invalidez por riesgo profesional; c) El Resumen Clínico Ocupacional para Evaluación de Invalidez por Accidente de Trabajo y/o Accidente Común, suscrito por el Médico del Trabajo de la Caja Nacional de Salud el 26 de abril de 2019, señala que el solicitante de tutela, sufre de infección ocular en el ojo derecho; perforación de córnea del mismo, transplante de córnea y concluye que el indicado órgano no tiene visión. Finalmente, el Informe Médico de 19 de septiembre de 2023, suscrito por la Oftalmóloga PAISE de la Caja Nacional de Salud (CNS), certifica que padece de ceguera legal en el ojo derecho; d) El Informe de evaluación de invalidez iniciado el 11 de septiembre de 2023 en la Caja Nacional de Salud, da cuenta de similares datos (fs. 27 a 33).
e) Certificado de matrimonio de Mario Daniel Zambrana López y Cindy Paola Camacho Cortez; f) Estudio de ecografía obstétrica vaginal realizado el 21 de julio de 2023 a Cindy Paola Camacho Cortez, con diagnóstico de embarazo intrauterino de 9.3 semanas de gestación; de igual forma, la ecografía obstétrica de 11 de agosto de 2023, efectuada por la CNS (fs. 35; y, 15 a 17).
médico patológicos de la Red Cristiana de Salud de 27 de septiembre de 2022; y, del Instituto Oncológico del Oriente Boliviano de 6 de abril de 2023, que revelan que Cindy Paola Camacho Cortez, esposa del accionante, presenta en la mama izquierda señales ecográficas compatibles con fibroadenoma. De igual forma, el certificado médico de 28 de diciembre de 2022, suscrito por la Ginecóloga Oncológica-Mastóloga del Instituto Oncológico Boliviano del Oriente, que en cuanto a la mama izquierda, indica que presenta elementos celulares compatibles con carcinoma ductal (fs. 18 a 19, 20, 21 a 23) II.7. Consta en la RM 067/24, que la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, resolvió el recurso de revisión interpuesto por el impetrante de tutela contra el Auto de 12 de septiembre de 2023, pronunciado por la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz, confirmando el rechazo de reincorporación del mismo, aduciendo su condición de servidor público de libre nombramiento (fs. 36 a 44).
El accionante alegó la lesión de sus derechos a la estabilidad e inamovilidad laboral, al trabajo, a la vida y a la salud y a la seguridad social; debido a que, fue desvinculado de su actividad laboral sin considerar que sufre de una discapacidad visual; que es padre progenitor y que su esposa sufre cáncer; motivo por el cual, perteneciendo a un grupo vulnerable debieron considerarse todos esos factores para otorgarle inamovilidad laboral. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes y si constituyen actos lesivos de los derechos fundamentales o garantías constitucionales del accionante, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
En la SCP 0739/2023-S4 de 14 de agosto, esta Sala Cuarta Especializada, consideró que la CPE en su art. 14.II, prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona. En cuando se refiere al grupo humano constituido por personas con discapacidad, que significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social; entendiéndose que precisan de atención médica especializada; de ese modo, las personas que se encuentran disminuidas en sus capacidades se encuentran en estado de vulnerabilidad y por ende, son sujetas de atención especial y de protección preferente por parte del Estado. Así el art. 70 de la Constitución Política del Estado, establece que toda persona con discapacidad tiene derecho a ser protegida por el Estado y su familia; a acceder a una educación y salud integral gratuita; a la comunicación en un leguaje alternativo; al trabajo en condiciones adecuadas de acuerdo a sus posibilidades y capacidades y con una remuneración justa que le asegure una vida digna; y, al desarrollo de sus potencialidades individuales.
Esta previsión constitucional se ajusta a las normas internacionales de protección a las personas con discapacidad que buscan proscribir situaciones discriminatorias contra las personas con capacidades diferentes, procurando la creación de oportunidades de trabajo para este grupo vulnerable; previsiones normativas que han sido analizadas y sistematizadas por la Sentencia Constitucional Plurinacional 0447/2014 de 25 de febrero, entre ellas, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad adoptada el 13 de diciembre de 2006 por la Organización de las Naciones Unidas, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, adoptada por la Asamblea General de la OEA el 8 de junio de 1999, la Observación General 5 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de los Derechos de los Impedidos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 3447 del 9 de diciembre de 1975 y el Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que señalan como obligaciones del Estado, de conformidad con las condiciones, prácticas y posibilidades nacionales, aplicar y revisar periódicamente la política nacional sobre la readaptación profesional y el empleo de personas discapacitadas con la finalidad de asegurar que existan medidas adecuadas de readaptación profesional al alcance de todas las categorías de personas discapacitadas; y, a promover oportunidades en el mercado regular del empleo, sobre la base de la igualdad de oportunidades y de trato con los trabajadores en general. A efecto de materializar los postulados constitucionales y convencionales previamente glosados, la Ley de la Persona con Discapacidad –Ley 1678 de 15 de diciembre de 1995– (L1678), estableció los derechos, deberes y garantías de las personas con discapacidad, quedando a partir de la promulgación de la Ley 223 de 2 de marzo de 2012, Ley General Para Personas con Discapacidad, vigente únicamente la parte relativa a los derechos para las personas con discapacidad, hasta que se aprueben los estatutos autonómicos, cargas orgánicas y otras disposiciones legales de otros niveles del Estado; en ese contexto, el art. 6.h) de la citada Ley 1678, reconoce el derecho al trabajo remunerado. La Ley 223 de 2 de marzo de 2012 –Ley General para Personas con Discapacidad–, tiene como objeto garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio pleno de sus derechos y deberes en igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades, trato preferente bajo un sistema de protección integral en todo el territorio del Estado Plurinacional y que es de cumplimiento obligatorio por todos los Órganos del Estado, así como por las instituciones públicas, privadas, cooperativas y/o de economía mixta, conforme a lo dispuesto en el art. 3 de la misma Ley anotada.
En cuanto al derecho al empleo, trabajo digno y permanente, el art. 13 de la Ley anotada, dispone que: “El Estado Plurinacional garantiza y promueve el acceso de las personas con discapacidad a toda forma de empleo y trabajo digno con una remuneración justa, a través de políticas públicas de inclusión socio-laboral en igualdad de oportunidades”. Siendo taxativo el art. 34 de la misma Ley citada, en cuanto a la inamovilidad laboral de los mismos y personas cercanas a estas, al señalar que: “II. El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad laboral a las personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen debidamente su despido. III. Las entidades públicas y privadas deberán brindar accesibilidad a su personal con discapacidad” (las negrillas son nuestras). De otro lado, la Ley 977 de 26 de septiembre de 2017 –Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad–, tiene por objeto, entre otros, “establecer la inserción laboral en los sectores público y privado, de personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave y muy grave”, en su art. 2.V, dispone que: “El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad de las personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave y muy grave, en los sectores público y privado, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen su desvinculación”¸ entendiéndose que en la última posibilidad, no es aplicable el límite de edad. (el resaltado es agregado). Cabe aclarar que, el art. 5 inc. c) de la Ley 223 define a la persona con discapacidad, como “aquella persona con deficiencias físicas, mentales, intelectuales y/o sensoriales a largo plazo o permanentes, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”; condiciones descritas que impiden su desenvolvimiento de forma independiente en los distintos ámbitos de la sociedad para la satisfacción de sus necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda y salud, en igualdad de condición que las demás personas, lo que justifica precisamente los criterios reforzados de protección de sus derechos, no solo por parte del Estado sino también por su familia, conforme a lo dispuesto en el art. 70.1 de la CPE, debido a que, en la mayoría de los casos, requieren el acceso a centros médicos especializados o la adquisición de insumos (instrumentos, prótesis, medicamentos, etc.) que posibiliten su desenvolvimiento pleno en condiciones dignas, con los que no cuentan los seguros obligatorios a corto plazo para los asegurados o beneficiarios. Corresponde ahora referirse a la SCP 0049/2019-S1 de 3 de abril, en la que se expresa que la inamovilidad laboral admite excepciones en función al tipo de servidor público del que se trate; y así, considera que tal garantía no es transversal en el ámbito administrativo, pues puede verse limitado cuando se trata de servidores públicos de libre nombramiento que son reclutados sin procesos previo; es decir, de manera directa por invitación personal del máximo ejecutivo de la entidad pública, para ocupar funciones de confianza o asesoramiento técnico, que precisamente por las característica de confianza y especialidad, no están bajo la protección absoluta de la inamovilidad laboral, ya sea esta producto de embarazo o de discapacidad, entendiéndose que las funciones que desempeñan tales funcionarios de libre nombramiento, son temporales y provisionales. No obstante lo anterior, bajo un criterio armonizador de la normativa legal y constitucional antes descrita y en observancia de los principios y valores supremos glosados en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo, entre ellos el de “igualdad”, que a decir de la Declaración Constitucional 0002/2001 de 8 de mayo “…exige el mismo trato para los entes y hechos que se encuentran cobijados bajo una misma hipótesis y una distinta regulación respecto de los que presentan características desiguales, bien por las condiciones en medio de las cuales actúan, ya por las circunstancias particulares que los afectan”, que aplicado en la máxima o fórmula clásica, puede sintetizarse como “el deber de tratar igual a lo igual y desigual a lo desigual”; y el de “inclusión”, que de acuerdo a lo señalado en el art. 4 inc. c) de la Ley 223 –Ley General para Personas con Discapacidad–, por el cual se entiende que “todas las personas con discapacidad participan plena y efectivamente en la sociedad en igualdad de oportunidades”, en los diferentes ámbitos; permiten establecer que el derecho y garantía a la inamovilidad laboral de los servidores públicos que se encuentran en cargos de libre nombramiento y que cuenten con capacidades diferentes o sean cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con capacidades diferentes, previsto en los arts. 34.I de la Ley 223 y 2.V de la Ley 977, debe ser aplicado en el marco de lo dispuesto en los arts. 233 con relación al 70 inc. 1) y 71.II, todos de la CPE. Así, si bien de acuerdo a lo dispuesto en el art. 233 de la CPE, los funcionarios de libre nombramiento, entre otros, no tienen derecho a la carrera administrativa y con ello a la estabilidad laboral, tomando en cuenta el nivel del cargo que ocupan y la forma de su designación o nombramiento, quienes pueden ser removidos o inclusive desvinculados de la función pública sin mayor exigencia de justificación por las autoridades que las nombraron, tomando en cuenta que responden a su confianza; dicha regla no es absoluta en tratándose de servidores públicos que ocupan puestos de libre nombramiento y que cuenten con capacidades diferentes o sean cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con capacidades diferentes, debidamente acreditadas, ello debido al derecho de protección reforzada del que gozan las mismas en cuanto a su derecho y garantía a la inamovilidad laboral, conforme a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo, de modo que, en esta situación, la entidad pública contratante no puede disponer su retiro o desvinculación de la entidad por el solo hecho de ocupar el cargo de libre nombramiento, estando facultada solo a disponer la remoción o reubicación del mismo a un puesto de carrera en la misma entidad, empezando por el máximo nivel existente, claro que, siempre que se cumpla con el perfil requerido por la norma interna, respetando en todo momento su derecho al trabajo y a la dignidad, entendimiento que permitirá al Estado cumplir su deber de protección y garantía de los derechos de la persona vulnerable, siendo ya una decisión del servidor público removido el aceptar o rechazar tal determinación. Un razonamiento distinto, ya sea aplicando solo lo dispuesto en el art. 233 de la CPE, dejando en libertad a la entidad pública para desvincular laboralmente a las indicadas personas, sin mayor justificativo, por el solo hecho de estar en un cargo de libre nombramiento, además de dejar desprotegidas a las indicadas personas y de incumplir el Estado su deber de respeto y protección de sus derechos fundamentales, constituiría una supresión total del derecho a la inamovilidad laboral; por otra parte, si se aplica únicamente lo dispuesto en los arts. 34.I de la Ley 223 y 2.V de la Ley 977, de modo cerrado sobre la inamovilidad laboral de las indicadas personas en un puesto de libre nombramiento, es evidente que contrariaría lo estatuido en el art. 233 de la Norma Suprema, desconociendo que dichos puestos constituyen cargos de confianza de autoridades electas o designadas por estas, por lo tanto, de designación directa.
La SCP 1596/2022-S4 de 6 de diciembre, mencionando la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional Plurinacional, consideró que, aunque la normativa que reglamenta la Ley General para Personas con Discapacidad, establece que sus disposiciones son aplicables a las personas con discapacidad que cuenten con el Carnet de Discapacidad y, que así podría entenderse que únicamente cuando las personas cuenten con tal documento, podrán recién ejercer sus derechos, entre ellos, la inamovilidad laboral.
No obstante, dentro de las pautas que guían la labor del juez constitucional a tiempo de interpretar los derechos fundamentales, se encuentra el principio de directa justiciabilidad de los derechos previsto en el art. 109 de la CPE; norma que dispone que todos los derechos reconocidos en la Ley Fundamental son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección, lo que se constituye en una concreción del carácter normativo de la Constitución Política del Estado, como otra de las características fundamentales del Estado Constitucional, así lo entendió la SCP 0121/2012 de 2 de mayo, que además, señaló que supone la superación formalista del sistema jurídico y se constituye en un postulado para consolidar el valor normativo de la Constitución Política del Estado. En este orden de ideas, la interpretación de las normas sobre derechos humanos, no se sujeta a criterios tradicionales de interpretación o a la aplicación mecánica y literal del derecho; pues, además, a partir del principio de irradiación de los preceptos constitucionales, no pueden eludirse las situaciones materiales por la exigencia de requisitos que puedan ser subsanados por esas autoridades, para una debida materialización de los derechos y garantías. En ese contexto, si bien la normativa vigente exige la obtención del certificado de discapacidad para la acreditación de dicha condición, dicho certificado debe ser entendido como una garantía para el ejercicio de los derechos específicos de este grupo de atención prioritaria y de los familiares que los cuidan y protegen, entre ellos, el derecho a la inmovilidad laboral y, de ninguna manera puede constituirse en una exigencia que imposibilite la protección de las personas con discapacidad notoria y evidente, pero que formalmente, no obtuvieron aún el certificado que lo acredite. Consiguientemente, a la luz de los principios de favorabilidad y justicia material, corresponderá flexibilizar la exigencia de presentación de certificado discapacidad expedido por el Comité de la Persona con Discapacidad (CODEPEDIS) en los casos en que la situación de discapacidad sea notoria, evidente y pueda ser verificable a través de otros medios de prueba; pues, la existencia de derechos y garantías específicas para este grupo de atención prioritaria, reside en la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran y en la necesidad de crear condiciones que les permitan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones; por ello, la existencia o no de un certificado de discapacidad, de ninguna manera puede constituirse en un requisito para la protección material de las personas con discapacidad; ya que, independientemente de la existencia de dicho certificado, la situación de discapacidad de la persona existe y es deber del Estado protegerla. Entendimiento que fue establecido en la SCP 0463/2019-S2 de 9 de julio.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, a la que correspondió conocer y resolver la presente acción de defensa, en la Resolución 095/2022-SCII de 25 de julio, venida en revisión, denegó la tutela impetrada por la accionante, al haber considerado que al haber acudido el accionante a reclamar su derecho a la inamovilidad laboral a instancia administrativa mediante procedimiento que concluyó con la emisión de la RM 067/24 de 16 de enero de 2024, correspondía que demande la presente acción contra la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Al respecto, resulta evidente que el acto impugnado ante la justicia constitucional, es la desvinculación dispuesta por el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, evidentemente, representado por el Alcalde Municipal hoy demandado quien; por consiguiente, tiene legitimación para responder tanto por la desvinculación dispuesta como por los resultados de la presente acción de defensa. A ello se añade, que el accionante, acreditó ser una persona que padece una discapacidad y por ende, pertenece a un grupo vulnerable e igualmente, es padre progenitor, único proveedor de su familia y con su esposa enferma de cáncer, de forma que requiere de protección inmediata abstrayéndose de las exigencias procesales por formar parte de lo que la doctrina, instrumentos internacionales y la jurisprudencia constitucional ha denominado grupos vulnerables y que comprende a los niños, niñas, discapacitados, minorías étnicas o raciales y personas adultas de la tercera edad, como ocurre en el presente caso. A ello se añade que la presente acción de amparo constitucional, fue presentada en vigencia del plazo de seis meses señalado por el art. 129.II de la CPE, habida cuenta que recibida el 8 de agosto de 2023, la nota Zoológico 130/2023 por la que se denegó su reincorporación, la demanda fue presentada el 25 de enero de 2024.
El accionante alegó la lesión de sus derechos a la estabilidad e inamovilidad laboral, al trabajo, a la vida y a la salud y a la seguridad social; debido a que, fue desvinculado de su actividad laboral sin considerar que sufre de una discapacidad visual; que es padre progenitor y que su esposa sufre cáncer, motivo por el cual, perteneciendo a un grupo vulnerable, debieron considerarse todos esos factores para otorgarle inamovilidad laboral.
Revisados los datos relevantes para pronunciar el presente fallo constitucional, se tiene que el impetrante de tutela a través de Memorándum 362i/2014 de 22 de octubre, ingresó a prestar servicios en el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, siendo promovido a Jefe de Departamento de Conservación y Manejo de Vida Silvestre, con ítem 2075 y nivel 4, dependiente del Zoológico Municipal como consta en el Memorándum 103p/2016 de agosto de dicho año, funciones que cumplió hasta el 25 de julio de 2023, cuando recibió el Memorándum MRE-003/2023, por el que se dio por concluida su actividad laboral. Representando tal decisión, por notas presentadas el 26 y 27 del mismo mes y año, solicitó reincorporación a su fuente laboral a Ovidio Alfredo Von Borries Ribera, Director de la Unidad Desconcentrada del Zoológico Municipal de Santa Cruz y a Manfredo Menacho Ferrante, Director de Recursos Humanos de la entidad, informándoles que oportunamente dio a conocer que sufrió un accidente de trabajo que ocasionó la pérdida de visión en el ojo derecho e igualmente, dio aviso del estado de gestación de su esposa adjuntando certificado de 21 de julio de 2023. El Director de la Unidad Operativa Desconcentrada de Zoológico Municipal, por oficio Zoológico 130/2023 de 2 de agosto, denegó la reincorporación solicitada por tratarse de un servidor público de libre nombramiento no alcanzado por la inamovilidad laboral. Adicionalmente, acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz, solicitando su reincorporación que al ser negada, motivó el planteamiento del recurso de revisión, que fue resuelto por la RM 067/24; por la que, la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, confirmó el Auto de 12 de septiembre de 2023, aduciendo su condición de servidor público de libre nombramiento. Consta también que el accionante sufrió un accidente de trabajo el 4 de septiembre de 2015 y que así lo denunció el 12 de noviembre de 2015 a la AFP BBVA Previsión; el cual, fue presentado por el accionante al Jefe de Departamento Administrativo del Zoológico Municipal a través de nota presentada el 5 de abril de 2016 y finalmente, mediante nota presentada el 6 de septiembre de 2016, comunicó al Director de Recursos Humanos del ente municipal, que estaba tramitando grado de invalidez por riesgo profesional. A la demanda de amparo constitucional, fueron acompañados varios informes emitidos por la Caja Nacional de Salud, como resultado de la evaluación de invalidez que padece el impetrante de tutela, reflejando el 26 de abril de 2019, que sufría de infección ocular; perforación de córnea, trasplante de córnea y pérdida de visión en el ojo derecho. De igual forma, el Informe Médico de 19 de septiembre de 2023, suscrito por la Oftalmóloga PAISE de la Caja Nacional de Salud, certifica que padece de ceguera legal en el ojo derecho; y, finalmente, el Informe de evaluación de invalidez iniciado el 11 de septiembre de 2023 en la Caja Nacional de Salud, da cuenta de similares datos. Ahora bien, conforme a la relación de antecedentes que precede, resulta evidente que el solicitante de tutela intentó por varias vías, la reincorporación a sus funciones como Jefe de Departamento de Conservación y Manejo de Vida Silvestre del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, alegando gozar de la protección que brinda la Ley de la Persona con Discapacidad; puesto que, tiene discapacidad visual; vale decir, deficiencia anatómica y/o funcional causantes de ceguera y baja visión - emergente de un accidente de trabajo oportunamente comunicada a la entidad; no obstante, la restitución a sus funciones fue denegada; debido a que, las funciones cumplidas por el mismo, eran de libre designación y por ende, se consideró que no gozaba de inamovilidad laboral. Resulta evidente que el accionante desempeñaba funciones en el nivel ejecutivo del Ejecutivo Municipal, y por ende, evidentemente era un funcionario de libre nombramiento, y por consiguiente, de libre remoción; no obstante su condición de discapacidad, justifica los criterios reforzados de protección de sus derechos; puesto que, conforme dispone el art. 70 de la Constitución Política del Estado, toda persona con discapacidad tiene derecho a ser protegida por el Estado y su familia; a acceder a una educación y salud integral gratuita; a la comunicación en un leguaje alternativo; al trabajo en condiciones adecuadas de acuerdo a sus posibilidades y capacidades y con una remuneración justa que le asegure una vida digna; y, al desarrollo de sus potencialidades individuales. Esta previsión constitucional se ajusta a las normas internacionales de protección a las personas con discapacidad que buscan proscribir situaciones discriminatorias contra las personas con capacidades diferentes, procurando la creación de oportunidades de trabajo para este grupo vulnerable, en respuesta a convenciones internacionales y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), conforme se analizó en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional y que señalan como obligaciones del Estado aplicar y revisar periódicamente la política nacional sobre la readaptación profesional y el empleo de personas discapacitadas. Así, nuestro Estado, a través de la Ley 223 de 2 de marzo de 2012 – Ley General para Personas con Discapacidad–, con el objeto de garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio pleno de sus derechos y deberes en igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades, en su art. 34.II, expresa con claridad, que garantiza la inamovilidad laboral a las personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen debidamente su despido; puesto que, una de las finalidades de la citada norma es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, reduciendo los índices de pobreza y exclusión social. En ese contexto, resulta evidente también que la entidad demandada en la acción de amparo venida en revisión, justificó su determinación de desvincular al accionante y posteriormente, denegarle su reincorporación negando indebidamente la aplicación de la garantía de inamovilidad otorgada a las personas discapacitadas al considerar que la misma no le alcanza por tratarse de un servidor público de libre nombramiento y de libre remoción; no obstante lo anterior, bajo un criterio armonizador de la normativa legal y constitucional antes descrita y en observancia del principio de igualdad y el de inclusión reconocidos en la citada Ley General para Personas con Discapacidad y, fundamentalmente, el de no discriminación, se entiende que la regla de que los servidores públicos de libre nombramiento son de libre remoción no es absoluta cuando dichas personas tengan capacidades diferentes debidamente acreditadas; puesto que, un razonamiento contrario, vulnera el derecho de protección reforzada del que gozan las mismas en cuanto a la garantía a la inamovilidad laboral, motivo por el cual, la entidad pública contratante no puede disponer su retiro o desvinculación de la entidad por el solo hecho de ocupar un cargo de libre nombramiento, estando facultada solo a disponer la remoción o reubicación del mismo en otro puesto en la misma entidad, empezando por el máximo nivel existente siempre que se cumpla con el perfil requerido por la norma interna, respetando en todo momento su derecho al trabajo y a la dignidad, entendimiento que permitirá al Estado cumplir su deber de protección y garantía de los derechos de la persona vulnerable, siendo ya una decisión del servidor público removido el aceptar o rechazar tal determinación, y por otra parte, permitirá al servidor público electo designar a su personal de confianza para el cumplimiento de los fines institucionales. Respecto a la exigencia de presentación del carnet de discapacidad, dicho certificado debe ser entendido como una garantía para el ejercicio de los derechos específicos de este grupo de atención prioritaria y de los familiares que los cuidan y protegen, entre ellos, el derecho a la inmovilidad laboral, pero de ninguna manera puede constituirse en una exigencia que imposibilite la protección de las personas con discapacidad notoria y evidente o que se exija la comunicación previa de la discapacidad como condición; puesto que, la protección debe ser brindada en cuanto se tenga conocimiento de la misma, abriéndose la posibilidad en cualquier momento, de su acreditación formal, ello a la luz de los principios de favorabilidad y justicia material, pues la existencia de derechos y garantías específicas para este grupo de atención prioritaria, reside en la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran y en la necesidad de crear condiciones que les permitan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Aunque la actuación del Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz resulta excusable al no haber sido de su conocimiento la SCP 0739/2023-S4 de 14 de agosto, pronunciada en caso similar en el que la entidad municipal fue parte demandada; puesto que, fue notificada en forma posterior a la desvinculación del accionante ocurrida el 25 de julio de 2023; sin embargo, resulta evidente la vulneración de los derechos y garantías de la parte accionante. Se tiene también, que el impetrante de tutela comunicó el estado de gestación de su esposa, el mismo día de su desvinculación laboral, negándosele su reincorporación por no estar amparado por la inamovilidad laboral por ser funcionario de libre nombramiento; no obstante dicho aspecto fue resuelto por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; motivo por el que, corresponde ratificar su decisorio emitido en protección de la niña N.N., en sentido de otorgar las asignaciones familiares correspondientes. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela impetrada, obró de forma parcialmente incorrecta al no evaluar de forma adecuada los datos del proceso y las normas aplicables al mismo y tampoco fundamentó de manera coherente su resolución.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 30/24 de 26 de febrero de 2024, cursante de fs. 104 a 108 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER en su totalidad la tutela impetrada conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; consiguientemente: 1° Se ordena al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, reincorporar a Mario Daniel Zambrana López, a un cargo empezando por el máximo nivel existente, siempre que se cumpla con el perfil requerido por la norma interna, respetando en todo momento su derecho al trabajo y a la dignidad, así como cumplir con todos los derechos sociales y de asignaciones familiares que corresponden a dicha reincorporación; y, 2° Remitir copia de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional a la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO MAGISTRADO
1 Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0260_2024-S4.pdf · páginas 1 a 18.
Huella digital del PDF (SHA-256): 4e04afb3d487353a4c3094785ecb29d008bd233ba075dbc6100b2bac3cf5bdc4
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