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SCP 0260/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 11 de julio de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
11 de julio de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
50272-2022-101-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de su derecho de petición y una respuesta pronta y oportuna, toda vez que, la autoridad judicial ahora demandada, a pesar de la existencia de dos memoriales de 1 y 27 de junio de 2022, presentados por su persona solicitando la caducidad de la medida preparatoria de secuestro y se pronuncie y ordene se le restituya el motorizado con placa de control 4225-ZRH, debido a que le fue arrebatado sin considerar que fue designado depositario al haber realizado pagos por dicho vehículo al ciudadano Iber Larry Montaño Ribera, que en ningún momento emitió pronunciamiento sea positiva o negativa respecto a su solicitud. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) Contenido y alcances del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial más alto; y, ii) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 137 de 7 de septiembre de 2022, cursante de fs. 31 a 33, pronunciada por Sala Constitucional Tercera del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos dispuestos por la referida Sala Constitucional y conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Contenido y alcances del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial más alto
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0260/2024-S1 Sucre, 11 de julio de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 50272-2022-101-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 137 de 7 de septiembre de 2022, cursante de fs. 31 a 33, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Carlos Nallar Palacios contra Ángela Patricia Hira Ramírez, Jueza Pública Civil y Comercial Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 29 de agosto y 2 de septiembre, ambos de 2022, cursantes de fs. 14 a 17 y 23 el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señaló que mediante memoriales presentados el 1 y 27 de junio de 2022, ante la Jueza Pública Civil y Comercial Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz, solicitó la caducidad de la medida preparatoria de secuestro, dentro de la causa con Número de Registro Judicial (NUREJ) 70355612, Expediente 1462/21; sin embargo, dichos memoriales no tuvieron respuesta oportuna, congruente y completa, existiendo un silencio por parte de la Jueza ahora demandada, ya que hasta el “día de hoy” no obtuvo una respuesta, sea afirmativa, negativa o completa a sus peticiones. Las solicitudes fueron realizadas con el propósito que se respeten sus derechos, a pesar de haber sido nombrado depositario por el Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital del citado departamento, dentro del Expediente 53/21 con Código Único 70326266, correspondiente a la vagoneta marca Toyota, tipo: Land Cruiser, Modelo: 2016, color: beige, con placa de control 4225 ZRH; el cual, le fue sustraída de forma fraudulenta.

No obstante contar con el derecho de petición y a una respuesta pronta, formal y en un plazo razonable conforme prevé el art. 24 de la Constitución Política del Estado (CPE), no fue considerado por la Jueza ahora demandada, quien hasta el “día de hoy” guarda absoluto silencio, sin que pueda obtener una respuesta ya sea afirmativa, negativa o completa a sus peticiones, lo que le produce una inseguridad jurídica en cuanto a sus derechos patrimoniales. La Norma Suprema ubicó al derecho de petición en la categoría de derechos civiles, ya que se entiende que parten de la dignidad de la persona, concibiéndose que cuando se invoque el derecho de petición a la autoridad solicitada, ya sea dentro de cualquier trámite o proceso, esta tiene el deber de responder en el menor tiempo y de la forma más clara. Finalmente indicó que se entiende que las autoridades vulneran el derecho de petición, cuando: a) La respuesta no se pone en conocimiento del peticionario; b) Se presenta la negativa de recibirla o se obstaculiza su presentación; c) Habiéndose presentado la petición respetuosa, la autoridad no la responde dentro de un plazo razonable; y, d) La solicitud no es atendida de manera clara, precisa, completa y congruente con lo solicitado, citando al respecto las SSCC 0195/2010-R de 24 de mayo, 0692/2003-R de 22 de mayo, 0218/2001-R de 20 de marzo.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denuncia la lesión de su derecho a la petición y a una respuesta pronta y oportuna; citando al efecto el art. 24 de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela y se disponga para que la Jueza Pública Civil y Comercial Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz, en el plazo de veinticuatro horas brinde una respuesta, sea de manera positiva o negativa con lo pedido, sea precisa, completa, fundamentada y congruente y responda a sus memoriales de 1 y 27 de junio de 2022.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 7 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 29 a 31, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de su abogado, en audiencia, ratificó íntegramente los términos de su memorial de acción de defensa.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Ángela Patricia Hira Ramírez, Jueza Pública Civil y Comercial Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz, no asistió a la audiencia virtual de consideración de la presente acción tutelar, ni remitió informe alguno pese a su legal citación, cursante a fs. 25.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 137 de 7 de septiembre de 2022, cursante de fs. 31 a 33, concedió la tutela impetrada, disponiendo que la Jueza demandada resuelva las cuestiones planteadas por el ahora accionante en el plazo de cuarenta y ocho horas con la debida fundamentación y motivación sin costas; con base a los siguientes fundamentos: 1) Si bien la autoridad judicial demandada en este momento se encuentra en suplencia legal y que bajo ese entendimiento “no acabaría ningún plazo”; sin embargo, consideraron que los plazos no pueden estar suspendidos indefinidamente, y por efecto de ello, la Jueza no tendría responsabilidad para temas disciplinarios; no obstante, debe dejarse constancia por las autoridades que están a cargo de una suplencia legal, de la imposibilidad de cumplir los plazos que la ley señala, por motivos que se justifiquen adecuada y oportunamente; y, 2) La Jueza ahora demandada, debe dar respuesta pronta, oportuna, razonable y debidamente fundada al impetrante de tutela respecto a la petición formulada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: II.1. Cursa copia de querella criminal por abuso de confianza, interpuesto por Juan Carlos Nallar Palacios -ahora accionante- contra Iber Larry Montaño Ribera, presentado el 26 de abril de 2021, ante el Juez de Sentencia Penal de Turno de la Villa Primero de Mayo del departamento de Santa Cruz (fs. 10 a 12). II.2. Mediante proveído de 27 de abril de 2021, el Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, pronunciándose respecto al memorial de querella en el “otrosí 2do”, nombró depositario del vehículo vagoneta Toyota, tipo Land Cruisser, modelo 2016, color beige, con placa de control 4225 ZRH, al ahora impetrante de tutela (fs. 13). II.3. Consta copia de Acta de Nombramiento de Depositario de 7 de mayo de 2021, en favor del ahora solicitante de tutela, suscrito en el Juzgado de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz (fs. 9 y vta.)

II.4. Por memorial presentado el 1 de junio de 2022 ante la Jueza Pública Civil y Comercial Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz, el ahora peticionante de tutela, solicitó la caducidad de la medida preparatoria de secuestro, y se disponga la restitución del motorizado del cual fue designado depositario, en razón de haber realizado pagos por dicho vehículo al ciudadano Iber Larry Montaño Ribera, quien trabaja en la Pantanera Vehículos Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L. [fs. 5 a 6 vta.]). II.5. Mediante memorial presentado el 27 de junio de 2022 ante la Jueza Pública Civil y Comercial Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz, el ahora solicitante de tutela, reiteró su solicitud de pronunciamiento expreso, respecto a la caducidad de la medida preparatoria de secuestro (fs. 7).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de su derecho de petición y una respuesta pronta y oportuna, toda vez que, la autoridad judicial ahora demandada, a pesar de la existencia de dos memoriales de 1 y 27 de junio de 2022, presentados por su persona solicitando la caducidad de la medida preparatoria de secuestro y se pronuncie y ordene se le restituya el motorizado con placa de control 4225-ZRH, debido a que le fue arrebatado sin considerar que fue designado depositario al haber realizado pagos por dicho vehículo al ciudadano Iber Larry Montaño Ribera, que en ningún momento emitió pronunciamiento sea positiva o negativa respecto a su solicitud. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) Contenido y alcances del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial más alto; y, ii) Análisis del caso concreto.

III.1. Contenido y alcances del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial más alto

El Tribunal constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0425/2019-S2 de 24 de junio, reiterada en las SSCCPP 0562/2019-S2 de 17 de julio y 1050/2019-S2 de 3 de diciembre, asumió el siguiente razonamiento:

El art. 24 de la CPE, establece que: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), consagra el derecho de petición en su art. XXIV, señalando: “Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución”. Tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través del tiempo, fueron generando entendimientos respecto al derecho de petición a efectos de su tutela, abordando temáticas que constituyen precedentes constitucionales; sobre la base de los cuales, debe realizarse el análisis de cada caso concreto, al tiempo de verificar la lesión o no, del derecho de petición. En ese sentido, se abordarán las siguientes temáticas relativas al derecho de petición: i) Contenido esencial; ii) Requisitos de procedencia; iii) Legitimación activa; iv) Legitimación pasiva; y, v) Plazo para emitir respuesta.

III.1.1. Contenido esencial

La SC 218/01-R de 20 de marzo de 2001 establece que el núcleo esencial del derecho de petición, constituye el derecho a obtener una respuesta pronta y oportuna en la que se resuelva la petición en sí misma; en ese sentido, la jurisprudencia constitucional, fue desarrollando características que debe contener la respuesta: a) Pronta y oportuna; dentro los plazos establecidos por ley o dentro de un plazo razonable como lo determina la jurisprudencia constitucional; b) Formal; que la respuesta sea escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos que la parte interesada pueda realizar reclamos o utilizar los 1El Cuarto Considerando, señala: “El derecho de petición es considerado como un derecho fundamental del ser humano, consiste en la facultad de toda persona para dirigirse a las autoridades públicas a fin de reclamar, pedir u observar alguna cosa incumbente a aquella, consagrándose como un derecho de los ciudadanos tendiente a morigerar el poder omnímodo del Estado, constituyéndose en un instrumento de particular importancia para que la sociedad civil pueda controlar a sus autoridades y hacer valer sus derechos. Es así que el derecho a formular peticiones (…) se refiere precisamente al derecho fundamental cuyo núcleo esencial comprende la respuesta pronta y oportuna, resolviendo en lo posible la petición en sí misma, es decir resolviendo el asunto objeto de la petición”. 2La SC 1065/01-R de 4 de octubre de 2001, en el Cuarto Considerando, señala que: “…el derecho de petición es la potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona de formular quejas o reclamos frente a las conductas, actos, decisiones o resoluciones irregulares de los funcionarios o autoridades públicas o la suspensión injustificada o prestación deficiente de un servicio público, así como el de elevar manifestaciones para hacer conocer su parecer sobre una materia sometida a la actuación de la administración o solicitar a las autoridades informaciones; en sí es una facultad o potestad que tiene toda persona para dirigirse, individual o colectivamente, ante las autoridades o funcionarios públicos, lo que supone el derecho a obtener una pronta resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el derecho…” (las negrillas son nuestras). 3La SC 843/2002-R de 19 de julio, en su Tercer Considerando, manifiesta: “Que en el marco de la interpretación realizada por este Tribunal, en cuanto al derecho de petición se refiere, debe dejarse claramente establecido que la exigencia de la autoridad pública de resolver prontamente las peticiones de los administrados, no queda satisfecha con una mera comunicación verbal, sino que es necesario que el peticionante obtenga una respuesta formal y escrita, que debe ser necesariamente comunicada o notificada, a efecto de que la parte interesada, si considera conveniente, realice los reclamos y utilice los recursos previstos por Ley (las negrillas son agregadas).

medios recursivos establecidos por ley; c) Material, porque debe resolver el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición y no evadirlo; de donde se entiende que la autoridad a quien se presenta la petición, debe atenderla, tramitándola y resolviendo de forma positiva o negativa a los intereses del solicitante; y, d) Argumentada; vale decir, motivada y fundamentada, que cubra las pretensiones del solicitante, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición sobre la base de sustentos fácticos y jurídicos.

III.1.2. Requisitos de procedencia

La SC 0310/2004-R de 10 de marzo, en el Fundamento Jurídico III.2, estableció cuatro requisitos para que sea viable la tutela del derecho de petición:

…a fin de que se otorgue la tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, demuestre los siguientes hechos: a) la formulación de una solicitud expresa en forma escrita; b) que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente; c) que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable y d) se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión. Sin embargo, la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, modulando el entendimiento de la SC 0310/2004-R, a efectos de la tutela del derecho de petición, en el Fundamento Jurídico III.3, exigió únicamente los siguientes requisitos: “…a) La existencia de una petición oral 4La SCP 189/01-R de 7 de marzo de 2001 en el Tercer Considerando, indica: “…el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado está obligado a resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa.

Sin embargo, la obligación del Estado no es acceder a la petición sino resolverla. Por ello, no se entiende conculcado el derecho de petición cuando la autoridad responde al peticionario, aunque la respuesta sea negativa, pues la respuesta representa en sí misma, independientemente del sentido que tenga, la satisfacción del derecho de petición. En consecuencia, sólo en la situación en que transcurridos los términos o plazos que establece la ley, el Estado, a través del funcionario o autoridad correspondiente, no emite respuesta alguna el derecho de petición resulta desconocido o vulnerado” (el resaltado es añadido). 5La SC 776/2002-R de 2 de julio, en el Cuarto Considerando, refiere: “…en cuanto al derecho de petición, este Tribunal ha dejado establecido en su uniforme jurisprudencia, que el mismo se puede estimar como lesionado cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley, de forma que cubra las pretensiones del solicitante, ya sea exponiendo las razones del por qué no se la acepta, explicando lo solicitado o dando curso a la misma, en cualquiera de estos casos donde se omita dar los motivos sustentados legalmente o de manera razonable, se tendrá como se dijo vulnerado el derecho.

Que, al contrario, no se tendrá por violado el derecho de petición, cuando se la niega manifestándose el por qué no se da curso a la petición en forma positiva, pues el derecho de petición en su sentido esencial no implica que el peticionante tenga el derecho de exigir siempre una respuesta positiva, sino que tiene el derecho a exigir una respuesta oportuna y emitida en el término legal, además de motivada. Consiguientemente, cuando la autoridad requerida ha emitido una respuesta negativa pero exponiendo las razones de tal decisión, no se puede considerar dicho acto como ilegal y por tanto tampoco se puede argumentar lesión al derecho de petición (las negrillas son incorporadas).

o escrita; b) La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y, c) La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición”; sin embargo, con relación a este último requisito se aclara que:

…dicho requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible cuando no existan esos medios; pues, se entiende que este derecho -como se tiene señalado-busca acercar al administrado al Estado, otorgando a la persona de un instrumento idóneo, expedito e inmediato para acudir ante el servidor público con la finalidad de requerir su intervención en un asunto concreto o de solicitar una determinada información o documentación que cursa en poder de esa autoridad. Ahora bien, del análisis del núcleo del derecho de petición, que es la respuesta a una determinada solicitud como contenido y alcance del mismo; a efectos de su tutela debe tomarse en cuenta lo siguiente: 1) La existencia de una petición oral o escrita; 2) La omisión indistintamente de cualquiera de sus componentes, vale decir, ante una: 2.i) Ausencia de respuesta formal; 2.ii) Falta de respuesta material; 2.iii) Inexistencia de argumentación -motivación y/o fundamentación- en la respuesta; y, 3) El agotamiento de medios de impugnación o reclamo idóneos para hacer efectivo dicho derecho, siempre que estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico para tal efecto, de lo contrario, no es exigible este requisito. Debe tomarse en cuenta, que en ausencia de cualquiera de los componentes que forman parte de una respuesta, se estaría lesionando no solo el derecho de petición, sino también, los principios y valores constitucionales -de celeridad, servicio a la sociedad y respeto a los derechos, en aplicación del art. 178.I de la CPE-; y, de la administración pública -de sometimiento a la ley, debido proceso, eficacia, economía, simplicidad, celeridad y responsabilidad; previstos en los arts. 232 de la CPE y 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA)-, que rigen el actuar de los servidores públicos.

III.1.3. Legitimación activa

Del análisis del art. 24 de la CPE, se tiene que la legitimación activa para solicitar la tutela del derecho de petición, la tiene toda persona individual o colectiva que realizó la petición de forma oral o escrita; con el único requisito, de identificar al peticionario; en igual sentido lo estableció la SCP 0470/2014 de 25 de febrero.

III.1.4. Legitimación pasiva

En cuanto a la legitimación pasiva, la jurisprudencia realizó el siguiente desarrollo: La referida SC 218/01-R, entendió que la legitimación pasiva en los supuestos de lesión del derecho de petición no tiene excepción alguna, alcanzando a cualquier autoridad o servidor público. Así, la SC 0275/2003-R de 11 de marzo, subrayó que el derecho de petición consiste en la facultad que tiene toda persona de dirigirse a las autoridades públicas con el fin de reclamar, pedir u observar alguna cosa que le incumbe a aquella, caracterizado como un instrumento de particular importancia para que la sociedad civil pueda controlar a sus autoridades de la administración pública y hacer valer sus derechos; asimismo, alcanza a las autoridades judiciales, tal cual las SSCC 0560/2010-R de 12 de julio y 1136/2010-R de 27 de agosto, tutelaron este derecho respecto a las mismas.

Sobre el particular, es necesario mencionar que cuando los destinatarios son las autoridades públicas, en principio, la jurisprudencia constitucional a través de la SC 0310/2004-R, sostuvo que la petición debió ser formulada necesariamente ante una autoridad pertinente o competente, a efectos de su tutela; sin embargo, la SC 1995/2010-R precisó que las autoridades públicas a quienes se dirige la petición, tienen legitimación pasiva incluso cuando carecen de competencia o pertinencia para resolver lo peticionado, debido a que de igual forma tienen la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario; sin embargo, la SCP 2051/2013 de 18 de noviembre, determinó que no es posible conceder la tutela cuando la autoridad no tuvo oportunidad de pronunciarse al respecto, sea positiva o negativamente, porque la petición fue realizada ante autoridad incompetente; empero, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0470/2014 y 0083/2015-S3 de 10 de febrero, ratificaron el razonamiento de la citada SC 1995/2010-R, constituyéndose en el precedente en vigor. Respecto a personas particulares, las SSCC 0820/2006-R de 22 de agosto y 1500/2010-R de 11 de octubre, reconocieron su legitimación pasiva, cuando presten servicios públicos o ejerzan funciones de autoridad; este razonamiento fue modulado por la SCP 0085/2012 de 16 de abril, señalando que el derecho de petición, en el marco de la doctrina de la eficacia horizontal de derechos, es oponible no solamente en relación a los poderes públicos, sino también en cuanto a los particulares; en este contexto, la SCP 1419/2012 de 24 de septiembre, refrendó este entendimiento indicando: “…el derecho a la petición cuenta con eficacia directa y es oponible frente a particulares por lo que su ejercicio no requiere esté refrendada por autoridad pública alguna…”. En resumen, tienen legitimación pasiva a efectos de ser demandados a través de una acción de tutela, reclamándose la lesión del derecho de petición: a) Las autoridades o servidores públicos, aun no fuesen competentes o pertinentes para resolver el fondo de la pretensión del peticionado, circunstancia en la que la autoridad ante quien se dirigió equivocadamente la petición deberá señalar expresamente cuál la autoridad competente o tramitación atinente, que oriente al peticionante en su pretensión; y, b) Las personas particulares.

III.1.5. Plazo para emitir respuesta

La jurisprudencia constitucional desarrolló los siguientes casos: 1) En el término establecido por ley; y, 2) Cuando no está previsto un plazo en la norma para que la autoridad o servidor público emita respuesta, el derecho de petición se tiene por lesionado cuando la misma no es emitida dentro de un plazo razonable.

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de su derecho de petición y una respuesta pronta y oportuna, toda vez que, la autoridad judicial ahora demandada, a pesar de la existencia de dos memoriales de 1 y 27 de junio de 2022, presentados por su persona solicitando la caducidad de la medida preparatoria de secuestro y se pronuncie y ordene se le restituya el motorizado con placa de control 4225-ZRH, debido a que le fue arrebatado sin considerar que fue designado depositario al haber realizado pagos por dicho vehículo al ciudadano Iber Larry Montaño Ribera, que en ningún momento emitió pronunciamiento sea positiva o negativa respecto a su solicitud. En ese contexto, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.I.2 de este fallo constitucional, se establece los siguientes requisitos para que sea viable la tutela del derecho de petición:

1) La existencia de una petición oral o escrita; 2) La omisión indistintamente de cualquiera de sus componentes, vale decir, ante una: 2.i) Ausencia de respuesta formal; 2.ii) Falta de respuesta material; 2.iii) Inexistencia de argumentación -motivación y/o fundamentación- en la respuesta; y, 3) El agotamiento de medios de impugnación o reclamo idóneos para hacer efectivo dicho derecho, siempre que estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico para tal efecto, de lo contrario, no es exigible este requisito. En principio corresponde señalar que el accionante demostró legitimación activa conforme manda el art. 24 de la CPE y la jurisprudencia señalada en el Fundamento jurídico III.1. de este fallo constitucional, al tratarse de una persona individual que realizó la petición de forma escrita previa identificación; asimismo, se cumple con la legitimación pasiva, en el marco de la mencionada jurisprudencia que establece que no tiene excepción alguna, alcanza a cualquier autoridad o servidor público, por consiguiente, Ángela Patricia Hira Ramírez, Jueza Pública Civil y Comercial Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz, tiene legitimación pasiva para ser demandada, siendo además dicha autoridad ante quien el accionante dirigió sus solicitudes que ahora denuncia no fueron respondidas.

En ese contexto, encontrándose cumplidas tanto la legitimación activa como pasiva, ingresando al fondo de la problemática planteada, del análisis de los antecedentes descritos en las Conclusiones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se evidencia que el ahora impetrante de tutela mediante memorial presentado el 1 de junio de 2022 (Conclusión II.4.), ante la Jueza Pública Civil y Comercial Décima de la Capital del citado departamento, solicitó dicte la caducidad de la medida preparatoria de secuestro, del vehículo con placa de control 4225-ZRH que esta dispuso, y en contra partida determine de oficio se pronuncie y ordene se le restituya dicho motorizado; toda vez que, demostró el interés legítimo al haber sido nombrado como depositario dentro de un proceso penal tramitado ante el Juzgado de Sentencia Penal Sexto de la Capital del mismo departamento, por lo que correspondía ordenar el secuestro del motorizado ya que se encuentra escondido dolosamente. Posteriormente, por memorial presentado el 27 de junio de 2022 ante la misma autoridad judicial, Juan Carlos Nallar Palacios, reiteró su solicitud de pronunciamiento expreso respecto a la caducidad de la medida preparatoria de secuestro (Conclusión II.5.). De los antecedentes descritos precedentemente se tiene que los memoriales presentados el 1 y 27 de junio de 2022, no fueron respondidos por la Jueza ahora demandada. En ese contexto, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.I.2. de este fallo constitucional, que establece para que sea viable la tutela del derecho de petición:

1) La existencia de una petición oral o escrita; 2) La omisión indistintamente de cualquiera de sus componentes, vale decir, ante una: 2.i) Ausencia de respuesta formal; 2.ii) Falta de respuesta material; 2.iii) Inexistencia de argumentación -motivación y/o fundamentación- en la respuesta; y, 3) El agotamiento de medios de impugnación o reclamo idóneos para hacer efectivo dicho derecho, siempre que estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico para tal efecto, de lo contrario, no es exigible este requisito. En el caso concreto, se evidencia la existencia de dos peticiones escritas del 1 y 27 de junio de 2022 ante la autoridad ahora demandada, a través de las cuales, el accionante solicitó la caducidad de la medida preparatoria de secuestro dispuesta, y se pronuncie, ordenando se le restituya el motorizado con placa de control 4225-ZRH; toda vez que, demostró ser depositario de dicho vehículo como emergencia de la demanda penal instaurada por su persona en contra de Iber Larry Montaño Ribera; sin embargo, la Jueza ahora demandada no emitió pronunciamiento alguno hasta la fecha de presentación de la acción; es decir, se tiene la ausencia de una respuesta material y que sea argumentada, motivada, fundamentada y conteste a todos los puntos planteados; lo que significa que, la autoridad judicial demandada para cumplir con el derecho de petición, debió otorgar una respuesta escrita, material o que otorgue una solución real a lo planteado, con la suficiente motivación, fundamentación y atienda a todo lo expuesto, concretamente si correspondía la declaración de caducidad de la medida preparatoria de secuestro dispuesta y si procedía la restitución del motorizado, emitiendo el oficio al Juzgado Penal de origen (donde se le nombró depositario al peticionante) o solicitar información a fin de poder disponer lo que en derecho consideraba concurrente, máxime si contaba con antecedentes como una copia del acta de nombramiento de depositario y del proceso que se ventilaba en el Juzgado de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, tal como se anunció en el memorial presentado el 1 de junio de 2022, ante la autoridad ahora demandada; al no haber atendido con prontitud dicho pedido, afectó al derecho de petición y a una respuesta pronta y formal del ahora solicitante de tutela. En relación al último requisito de procedencia de la tutela del derecho de petición, referido a la inexistencia de medios de impugnación para hacer efectivo dicho derecho; se tiene que, en el caso examinado, las solicitudes fueron presentadas el 1 y 27 de junio de 2022 ante la Jueza Pública Civil y Comercial Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz, quien en ningún momento respondió sus pedidos urgentes, por lo que no existía una instancia superior a la que pueda acudir el ahora solicitante de tutela en procura de que se le brinde una respuesta a su pedido de declaratoria de caducidad de medida cautelar dispuesta.

Lo descrito precedentemente pone de manifiesto que la Jueza ahora demandada, no cumplió la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1.5. de este fallo constitucional, que refiere que la petición debe ser atendida en el plazo previsto por ley y a falta de este en un plazo razonable, el mismo a la fecha ha excedido superabundantemente sin que el accionante obtenga respuestas a sus peticiones. Conforme a todo lo expuesto, siendo evidente que se cumplieron todos los requisitos para la tutela del derecho de petición, encontrándose comprobado que el impetrante de tutela no obtuvo una respuesta escrita, ya sea positiva o negativa que responda de manera motivada, fundamentada y a todos los planteamientos que expuso ante la demandada en sus memoriales de 1 y 27 de junio de 2022, corresponde conceder la tutela respecto a este derecho en el marco del art. 24 de la CPE, que señala que toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario.

En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela, actuó de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 137 de 7 de septiembre de 2022, cursante de fs. 31 a 33, pronunciada por Sala Constitucional Tercera del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos dispuestos por la referida Sala Constitucional y conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

6 El FJ III.1, indica: “…el derecho de petición puede ser ejercido por toda persona de manera individual o colectiva, con el único requisito de la identificación de peticionario; es decir, puede ser ejercido por una persona física o por una persona colectiva, en este último supuesto, en cualesquiera de las formas reconocidas por la Constitución Política del Estado o la Ley”. 7El FJ III.3, refiere: “Con relación al segundo requisito que establece que la solicitud debe ser presentada ante autoridad competente o pertinente, se debe precisar que esta no es una exigencia del derecho de petición, pues aun cuando la solicitud se presente ante una autoridad incompetente, ésta tiene la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando, en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario; conclusión a la que se arriba por el carácter informal del derecho a la petición contenido en la Constitución Política del Estado, que exige como único requisito la identificación del peticionario, y en la necesidad que el ciudadano, encuentre respuesta y orientación respecto a su solicitud, en una clara búsqueda por acercar al administrado con el Estado, otorgándole a aquél un medio idóneo para obtener la respuesta buscada o, en su caso, la información sobre las autoridades ante quienes debe acudir, lo que indudablemente, fortalece el carácter democrático del Estado Boliviano” (las negrillas son agregadas).

8 El FJ III.2, indica: “…es lógico que de no dirigirse la petición a la autoridad pertinente, la misma al no tener oportunidad de pronunciarse al respecto, sea positiva o negativamente -siendo que este derecho no implica la otorgación de una respuesta positiva, sino formal, escrita y oportuna-, por falta de conocimiento de la solicitud, no puede atribuírsele una supuesta transgresión del derecho ni del mandato constitucional que lo contiene”. 9El cuarto Considerando de la SC 0776/2002-R de 2 de junio, establece: “…se puede estimar como lesionado cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley…” (las negrillas son nuestras).

10 El FJ III.3 de la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, indica: “…pues sólo si en un plazo razonable, o en el plazo previsto por las normas legales -si existiese- no se ha dado respuesta a la solicitud se tendrá por lesionado el derecho a la petición. …la respuesta solicitada debe ser formal y pronta, dando respuesta material a lo solicitado ya sea en sentido positivo o negativo, dentro de un plazo razonable” (las negrillas son incorporadas). Sobre el particular la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 1675/2013 de 4 de octubre, refiere que al interior del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), las respuestas que impliquen cuestiones de mero trámite deben ser realizadas en el plazo de veinticuatro horas, vencido el cual, se tiene por vulnerado el derecho de petición; asimismo, respecto a particulares, la SCP 1187/2014 de 10 de junio, en el FJ III.2 entiende que: “…debe tomarse en cuenta de forma análoga el plazo de tres días para absolver providencias de mero trámite, previsto en el art. 71.I del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo, en atención a que la solicitud no representaba mayor dificultad y podía ser satisfecha razonablemente en dicho plazo”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0260_2024-S1.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 788234fac93121966f9de04f632134a8703ab657f8146775453a575ac1f5c89c

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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