Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 2 de mayo de 2023
Concede la tutela
El accionante denuncia que dentro del proceso de homologación de asistencia familiar que le instauro Amalia Suyo Mamani, se encuentra detenido a raíz de dos mandamientos de apremio consecutivos emitidos en su contra; en ese escenario, pese a que presentó solicitudes de mandamiento de libertad al término de seis meses, las mismas le fueron negadas aduciendo el Juez de la causa que no hubiera oblado la asistencia familiar adeudada, desconociendo que el apremio por dicha obligación no puede exceder el señalado lapso de tiempo, restringiendo de esa manera sus derechos a la libertad y al debido proceso. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 72/2021 de 15 de diciembre, cursante de fs. 41 a 45 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, disponiendo que en el plazo de veinticuatro horas el Juez de la causa resuelva la situación jurídica del accionante, conforme a los alcances del art. 415.IV del Código de las Familias y del Proceso Familiar; salvo que, por el transcurso del tiempo ya se hubiera realizado; y, 2º Llamar la atención a los Vocales de la referida Sala Constitucional, por lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0258/2023-S2 Sucre, 2 de mayo de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 44766-2022-90-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 72/2021 de 15 de diciembre, cursante de fs. 41 a 45 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Luis Achu Huanca contra Lourdes Cristina Cortez Escalante, Jueza Pública Civil y Comercial Segunda de Uncía -en suplencia legal del Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colquechaca- del departamento de Potosí.
Por memorial presentado el 14 de diciembre de 2021, cursante de fs. 11 a 15 vta., el accionante refirió que:
Se encuentra privado de libertad desde el 4 de abril de 2021, en el Centro Penitenciario Cantumarca Santo Domingo de Potosí, debido al mandamiento de apremio emitido por el Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colquechaca del citado departamento, dentro del proceso de homologación de asistencia familiar seguido por Amalia Suyo Mamani; luego de haber transcurrido más de seis meses, el 4 de octubre del indicado año, solicitó se libre mandamiento de libertad y se deje sin efecto una nueva orden de apremio; a lo que, la referida autoridad dispuso el traslado a su contraparte, quien contestó por memorial de 25 de noviembre del mismo año, mereciendo el Auto de 29 de igual mes y año, determinando no ha lugar a su petición; a esa decisión formuló recurso de apelación que fue declarado improcedente. Conforme el art. 415.IV del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), el apremio no puede exceder los seis meses y según la certificación de 3 de diciembre de 2021, emitida por el Director del referido Centro Penitenciario, cursaban en su contra dos mandamientos de apremio emitidos por el aludido Juez, señalando que; el primero, le produjo siete meses y catorce días de permanencia; y, el segundo, un mes y diecisiete días, estando privado de su libertad por más de ocho meses, habiendo la referida autoridad dictado el Auto Interlocutorio de 29 de noviembre del mismo año, determinando no ha lugar a su solicitud de mandamiento de libertad; lo que, se constituye en una privación ilegal y arbitraria de su derecho a la libertad; ya que, de acuerdo a la SCP 0023/2017-S3 de 8 de febrero, debió disponerse que goce del mismo aún de oficio, cumplidos los seis meses que señala la norma correspondiente.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, citando al efecto los arts. 23.I y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se ordene su libertad, dejándose sin efecto el segundo mandamiento de apremio.
Celebrada la audiencia pública virtual el 15 de diciembre de 2021, según consta en acta cursante de fs. 32 a 40, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó los argumentos del memorial de la acción de libertad y ampliándolos señaló que: a) Estando recluido en el Centro Penitenciario Cantumarca Santo Domingo de Potosí; el 21 de julio de 2021, Amaya Suyo Mamani tramitó una nueva liquidación, alegando que no cumplió con depositar la asistencia familiar adeudada; b) Cursó certificación expedida por Fernando Ibar Nina Pinedo, Director del referido establecimiento penal, quien refirió que se encontraba recluido a raíz de dos mandamientos de apremio, uno de 4 de abril del citado año, computándose siete meses y catorce días, y otro de 1 de octubre de igual año, siendo un mes y siete días; por otra parte, existe una certificación actual que demostraba estar recluido casi diez meses; c) A través de su anterior abogado solicitó se disponga su libertad al Juez de la causa, autoridad que corrió en traslado a la contraparte para posterior a ello negar lo impetrado bajo el fundamento de que no se satisfizo a la parte demandante; según esa lógica estaría indefinidamente detenido; d) Se inobservó los alcances del art. 415 del CFPF, el cual establece que el apremio no puede extenderse por más de seis meses; asimismo, se incumplió con lo previsto en el art. 11 de la Ley de Abolición de Prisión y Apremio Corporal por Obligaciones Patrimoniales -Ley 1062 de 15 de diciembre de 1994-, así como, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1990/2017-S3 de 18 de octubre y 0023/2017-S3 de 8 de febrero.
Lourdes Cristina Cortez Escalante, Jueza Pública Civil y Comercial Segunda de Uncía -en suplencia legal del Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colquechaca- del departamento de Potosí, no presentó informe escrito alguno ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 22 y 23 vta.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante Resolución 72/2021 de 15 de diciembre, cursante de fs. 41 a 45 vta., denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: i) Por Auto de 29 de noviembre de igual año, el Juez de la causa negó el mandamiento de libertad; determinación que no se advirtió constancia que fue apelada; lo que, significa que no se agotaron los “medios y recursos”; y, ii) Debió considerarse el “…Auto que ya se ha dado lectura de 3 de noviembre que también cursa en el cuaderno procesal. Entonces sintetizando como primera conclusión falta de legitimación pasiva y eso queda demostrado en el cuaderno procesal y luego el Auto que dicto de la causa vale decir el juez de Colquechaca. Entonces eso impide que se habrá la justicia constitucional” (sic). Vía complementación y enmienda, el impetrante de tutela solicitó se complemente el fallo oficiándose a la Jueza demandada a objeto de que dé un trato preferente a su caso; y se pueda oficiar al “…juez de Colquechaca y en el día se remita el expediente a este juzgado…” (sic). En sustanciación y resolución la referida Sala Constitucional, dispuso que la citada autoridad atienda con la celeridad debida el problema del solicitante de tutela suscitado dentro del proceso de asistencia familiar.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Cursa certificación de conducta disciplinaria - tiempo de permanencia de 3 de diciembre de 2021, expedida por Fernando Ibar Nina Pinedo, Director del Centro Penitenciario Cantumarca Santo Domingo de Potosí, quien señaló que José Luis Achu Huanca -accionante- ingresó al mismo el 4 de abril del indicado año, en cumplimiento al mandamiento de apremio emitido por el Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colquechaca del citado departamento, por el cual contaba con un tiempo de permanencia de siete meses y catorce días; de igual forma, hizo alusión a un segundo mandamiento expedido por la mencionada autoridad consignando la recepción el 1 de octubre de igual año (fs. 3 y vta.).
El accionante denuncia que dentro del proceso de homologación de asistencia familiar que le instauro Amalia Suyo Mamani, se encuentra detenido a raíz de dos mandamientos de apremio consecutivos emitidos en su contra; en ese escenario, pese a que presentó solicitudes de mandamiento de libertad al término de seis meses, las mismas le fueron negadas aduciendo el Juez de la causa que no hubiera oblado la asistencia familiar adeudada, desconociendo que el apremio por dicha obligación no puede exceder el señalado lapso de tiempo, restringiendo de esa manera sus derechos a la libertad y al debido proceso. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Jurisprudencia reiterada
Sobre el particular, la SCP 0791/2019-S4 de 12 de septiembre, haciendo referencia a la SCP 0403/2018-S2 de 3 de agosto, con relación al apremio corporal, en procesos de asistencia familiar, señaló que: «“…el art. 109 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, sobre el particular determina que: ‘La asistencia familiar es un derecho y una obligación de las familias y comprende los recursos que garantizan lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta; surge ante la necesidad manifiesta de los miembros de las familias y el incumplimiento de quien debe otorgarla conforme a sus posibilidades y es exigible judicialmente cuando no se la presta voluntariamente; se priorizará el interés superior de niñas, niños y adolescentes…’. Ahora bien, con relación al incumplimiento de dicha obligación, el art. 127.II del Código de las Familias y del Proceso Familiar, dispone que: ‘Cuando la o el obligado haya incumplido el pago de la asistencia familiar, a petición de parte, la autoridad judicial ordenará el apremio corporal hasta seis (6) meses, y en su caso podrá ordenar el allanamiento del domicilio en el que se encuentre la o el obligado. Para el cumplimiento del apremio corporal se podrá solicitar el arraigo de la o el obligado’ (…), normas legales de las cuales se establece que el incumplimiento del pago de asistencia familiar por parte del obligado es sancionado con el apremio corporal, habida cuenta que se trata de una obligación de orden público y social en la que se encuentra de por medio la satisfacción de las necesidades básicas del beneficiario.
No obstante, es imperante resaltar que para que dicha restricción a la libertad sea dispuesta, es preciso que la autoridad judicial observe el trámite instituido en el art. 415 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, referente a la ejecución de la asistencia familiar que dispone: ‘I. La parte beneficiaria presentará la liquidación de pago de la asistencia devengada que será puesta a conocimiento de la otra parte, quien podrá observar en el plazo de tres (3) días. II. Vencido el plazo, de oficio o a instancia de parte, la autoridad judicial aprobará la liquidación de la asistencia familiar, intimando al pago dentro del tercer día. III. La autoridad judicial, a instancia de parte o de oficio y sin otra substanciación, dispondrá el embargo y la venta de los bienes de la o el obligado en la medida necesaria para cubrir el importe de las pensiones devengadas, todo sin perjuicio de emitir el mandamiento de apremio respectivo con facultades de allanamiento y de ser necesario con rotura de candados o chapas de puertas. La vigencia del mandamiento es indefinida y podrá ejecutarse por cualquier autoridad’…”. Con relación a este último aspecto, es decir, al trámite de la orden de apremio cuando se gestiona por vez consecutiva, la norma citada no prevé el lapso de tiempo que debe transcurrir entre un primer mandamiento de apremio y otro posterior, para evitar que la privación de la libertad del obligado supere el máximo determinado por la ley, y que con ello, se desnaturalice al instituto del apremio corporal en materia familiar que no debe exceder el periodo de seis meses, tal como lo estipula el art 415.IV del CFPF; contraponiendo esta situación, a las medidas jurisdiccionales efectivas para lograr el cobro de la asistencia familiar para el beneficiario. Al respecto, la jurisprudencia constitucional, en la SCP 1090/2017-S3 de 18 de octubre, razonó de la siguiente manera: “Asimismo, sobre el apremio corporal y la procedencia de la libertad al cumplirse el plazo de seis meses establecidos en la norma la jurisprudencia constitucional inicialmente asumió que, no se puede conceder la libertad del obligado entre tanto no pague la asistencia familiar, ello en aquellos casos en que el obligado a pagar la asistencia familiar devengada sea nuevamente apremiado -por segunda vez- y luego de permanecer otros seis meses privado de libertad (SC 1049/2001-R de 28 de septiembre); sin embargo, en un entendimiento posterior, razonó que tal exigencia resultaba un exceso, por cuanto, no podía concebirse que el apremiado por asistencia familiar pueda someterse a una restricción de libertad de manera indefinida y permanente; aun así sea como efecto del reiterado incumplimiento en el pago de pensiones de asistencia familiar (SC 1156/2004-R de 23 de julio). Estos dos entendimientos contrapuestos, fueron unificados a través de las SSCC 1806/2004-R de 22 de noviembre y 1816/2004-R de 23 de noviembre, que a través del ejercicio de la ponderación moduló los efectos y alcances de los fallos constitucionales señalados de modo que el obligado solo podía obtener su libertad, si previamente presentaba una fianza personal, que asegure el cumplimiento de pago de las pensiones familiares devengadas; dicho entendimiento fue refrendado por la SC 0371/2007-R de 9 de mayo, que ratificó el requisito de la presentación de la fianza personal con el objeto de precautelar los derechos de los beneficiarios de la asistencia familiar. Sin embargo, el desarrollo efectuado por la citada jurisprudencia es contrario al principio de legalidad y reserva legal, puesto que, por un lado, la exigencia de una fianza personal, implicaría generar una privación de libertad indeterminada del obligado, en tanto al tiempo que puede generar en cumplir la fianza personal, la misma que podría exceder de los seis meses, establecidos en la norma, y por otro lado, la fianza personal como condicionante para ejercer la libertad no está regulada expresamente por la ley, de ahí que, no se puede restringir la libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas por la Constitución Política del Estado o por las leyes dictadas conforme a ellas. Por ello, es conveniente reconducir el criterio expuesto en las SSCC 1806/2004-R, 1816/2004-R y 0371/2007-R a la SC 1156/2004, que si bien parte de un análisis de la interpretación del art. 11.II de la LAPACOP, normativa que al no contradecir los nuevos lineamientos prescritos en la actual normativa procesal familiar a través de la promulgación del Código de las Familias y del Proceso Familiar (art. 415.IV), hace entendible su consideración y aplicación- en aras de garantizar el derecho a la libertad y los únicos supuestos en los que procede su restricción; no obstante lo anterior, se aclara que la autoridad jurisdiccional podrá solicitar otras garantías reales, establecidas en el art. 415.III del referido cuerpo normativo, a objeto de velar por el cumplimiento de la obligación de la asistencia familiar, pero en ningún caso podrá arbitrariamente condicionar la libertad del obligado a la presentación de una fianza personal, pues ello, -se reitera- significa desconocer y transgredir el principio de reserva legal”. Posteriormente, la referida SCP 0403/2018-S2, resolvió una acción de libertad en la que precisamente se denunció la emisión de una orden de apremio corporal consecutiva, que se tramitó durante el cumplimiento de los seis meses de privación de libertad por incumplimiento de la obligación asistencial. Así, en dicho fallo constitucional, haciendo énfasis en la potestad jurisdiccional contenida en el art. 415.III del CFPF, que prevé: “La autoridad judicial, a instancia de parte o de oficio y sin otra substanciación, dispondrá el embargo y la venta de los bienes de la o el obligado en la medida necesaria para cubrir el importe de las pensiones devengadas, todo sin perjuicio de emitir el mandamiento de apremio respectivo con facultades de allanamiento y de ser necesario con rotura de candados o chapas de puertas. La vigencia del mandamiento es indefinida y podrá ejecutarse por cualquier autoridad”; el Tribunal Constitucional Plurinacional, concluyó afirmando que: “…‘Ordenada la libertad prevista en el parágrafo anterior, el juez podrá disponer nuevo apremio contra el obligado cuando transcurridos seis meses desde su puesta en libertad no hubiere satisfecho el pago de las pensiones adeudadas’ (…) dado que: ‘…deben resguardarse los valores, derechos e intereses de la minoridad beneficiaria de asistencia familiar, sin que ello implique un desconocimiento total del derecho a la libertad física del obligado al imponerle una detención indefinida -pues se entiende que el plazo de seis meses que señala la norma para que el obligado cumpla su deber, es el dar oportunidad para que al deudor procure los medios para hacer frente a sus obligaciones y sirva al propósito de hacer efectivo el crédito alimentario-…’ (SC 1806/2004 de 22 de noviembre), toda vez que un razonamiento contrario implicaría una restricción de manera indefinida y permanente a la libertad del obligado, lo cual se constituye en un apremio indebido dado que se estaría transgrediendo lo estipulado en el art. 415.IV del Código de las Familias y del Proceso Familiar -en el entendido que la privación de libertad por incumplimiento en el pago de asistencia familiar no puede exceder los seis meses- y por ende el apremio del obligado no cumpliría con el principio de reserva legal, que en los casos de privación de libertad se configura en un requisito indispensable para que la misma no se constituya en ilegal”. No obstante lo señalado, resulta perfectamente compatible con la normativa contenida en el art. 415.III del CFPF que la autoridad jurisdiccional, de oficio a instancia de parte, disponga el embargo y la venta de los bienes de la o el obligado en la medida necesaria para cubrir el importe correspondiente a las pensiones devengadas, y a la par, emita el mandamiento de apremio por similar monto; o en caso de cumplidos los seis meses de apremio corporal sin que el obligado al pago de la asistencia familiar, hubiera efectivizado el monto adeudado a favor del beneficiario, ordene su libertad para evitar el quebrantamiento del art. 415.IV del CFPF al extender indebidamente la duración del apremio; y aperturar la posibilidad que a petición de parte o de oficio inclusive, se dé aplicación a lo dispuesto en el art. 415.III del mismo cuerpo normativo, disponiendo el embargo y la venta de los bienes de la o el obligado, a fin de asumir todas las medidas para garantizar que el destinatario de la asistencia familiar pueda acceder a ella, a la vez que se permite al deudor, generar los ingresos suficientes para cumplir su deber. Por lo tanto, siguiendo la jurisprudencia constitucional citada, la orden de apremio emitida contra el obligado de forma sucesiva a una anterior, podrá ejecutarse luego de transcurridos seis meses desde la ejecución del mandamiento de libertad que hubiera puesto fin al primer apremio por incumplimiento de pago de las pensiones adeudadas; periodo de tiempo en el que, en libertad, el obligado está compelido a procurarse los medios para hacer frente a su deuda, así como también, la autoridad judicial, a asumir todas las medidas que garanticen el pago del beneficio a su destinatario. Por lo tanto, es ilegal la ejecución de una orden de apremio consecutiva, durante el periodo de los seis meses posteriores a la ejecución de un mandamiento de libertad librado a favor del obligado de asistencia familiar, luego que hubiera cumplido una primera restricción de libertad por apremio corporal dentro de la misma causa familiar» (el resaltado nos corresponde).
La problemática traída a revisión versa en que el accionante se encuentra privado de su libertad por más de los seis meses que establece el Código de las Familias y del Proceso Familiar, a raíz de no haber cancelado oportunamente la asistencia familiar a la que estaba obligado. Conforme se establece del certificado de conducta disciplinaria - tiempo de permanencia de 3 de diciembre de 2021, expedido por el Director del Centro Penitenciario Cantumarca de Potosí, es evidente que el impetrante de tutela se encuentra privado de su libertad desde el 4 de abril de igual año, como consecuencia de dos mandamientos de apremio, por un período de siete meses y veintinueve días hasta el momento de expedida esa literal (Conclusión II.1). En lo concerniente al incumplimiento del pago de la asistencia familiar por parte del obligado sancionado con el apremio corporal, se tiene el criterio contenido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, el cual establece que la privación de libertad como medida coercitiva ante la falta de cancelación de la manutención fijada, no puede exceder los seis meses en armonía con lo previsto taxativamente en el art. 415.IV del CFPF; ahora bien, este Tribunal razonó que cumplido ese término no podría ejecutarse una nueva restricción a ese derecho por similar razón y dentro la misma causa familiar hasta transcurridos otros seis meses; puesto que, lo contrario significaría mantener indefinidamente detenido al individuo en cuestión; lo que, no solo se constituye una transgresión a sus derechos sino también un detrimento en el beneficiario; pues, de mantenerse recluido de forma continua, el obligado no podría generar los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de aquel. En ese contexto y de la citada certificación se concluye que se transgredió el derecho a la libertad del accionante; por cuanto, ingreso al Centro Penitenciario Cantumarca Santo Domingo de Potosí el 4 de abril de 2021, computándose a la emisión de esa documental corresponde a siete meses y veintinueve días de detención, sobrepasando el límite establecido de seis meses, los cuales una vez cumplidos el Juez de la causa estaba obligado inclusive de oficio a disponer la libertad en aplicación de los alcances de la SCP 1720/2014 de 5 de septiembre, que sostuvo: “Así, la autoridad jurisdiccional que conoce de un proceso de asistencia familiar donde impuso el apremio corporal contra el obligado a su suministro, está en el deber de disponer inclusive de oficio la libertad del deudor una vez que se cumplieron los seis meses estipulados en la norma, razón por la cual, si transcurrido el plazo señalado, y sin haber advertido este extremo, media la solicitud del interesado para restablecer el ejercicio de este derecho, debe proveer su tramitación en forma expedita” (el énfasis es añadido); máxime, si en el caso concreto cursaban solicitudes de mandamiento de libertad de 4 de octubre y 19 de noviembre de 2021, mismas que fueron negadas; sin embargo, debieron ser atendidas conforme el criterio jurisprudencial glosado; por consiguiente en el caso de autos, ante la vulneración detectada, corresponde conceder la tutela impetrada.
De un análisis minucioso a la Resolución 72/2021 de 15 de diciembre, se advierte una falta de motivación en la misma; por cuanto, los Vocales de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, de forma ambigua refirieron que: “También sale un Auto que ya se ha dado lectura de 3 de noviembre que también cursa en el cuaderno procesal. Entonces sintetizando como primera conclusión falta de legitimación pasiva y eso queda demostrado en el cuaderno procesal y luego el Auto que dicto de la causa vale decir el juez de Colquechaca. Entonces eso impide que se habrá la justicia constitucional” (sic); lo que, evidencia que el referido fallo es arbitrario, pues no establece cuales fueron las razones para denegar la tutela, derivando en mantener de forma innecesaria la privación de libertad del accionante; razón por la cual, se llama la atención a los referidos Vocales, ordenando que en próximas oportunidades justifiquen sus decisiones, emitiendo fallos coherentes con la jurisprudencia actual y las normas que atañen a las causas bajo su conocimiento. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 72/2021 de 15 de diciembre, cursante de fs. 41 a 45 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, disponiendo que en el plazo de veinticuatro horas el Juez de la causa resuelva la situación jurídica del accionante, conforme a los alcances del art. 415.IV del Código de las Familias y del Proceso Familiar; salvo que, por el transcurso del tiempo ya se hubiera realizado; y, 2º Llamar la atención a los Vocales de la referida Sala Constitucional, por lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0258_2023-S2_id64324.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): eb3fde8e9b155eb9493e2cda32962fe42425ee8f5a9c5527753da73055e21f01
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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