B.IA.LEGAL

SCP 0257/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 16 de abril de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
16 de abril de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
51330-2022-103-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de los derechos a la vida, salud, libertad, al debido proceso y la defensa; alegando que, se prolongó indebidamente su libertad, por cuanto: 1) La detención preventiva que se le impuso como medida cautelar, pone en riesgo su vida y salud, dado que conforme previó el certificado médico forense que le dio nueve días de incapacidad, necesita tratamiento médico especializado por las lesiones que sufrió durante la aprehensión por particulares, atención que no puede recibir estando privado de libertad en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz; 2) La Resolución de alzada de 7 de septiembre de 2022 emitida por la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no cuenta con una debida motivación y fundamentación, toda vez que no valoró la prueba aportada y no se pronunció sobre los agravios que se expusieron, realizando únicamente una complementación a la argumentación del Juez de Primera instancia; y, 3) La Vocal demandada no remitió al juzgado de origen el expediente de apelación y su respectiva resolución emitida por la Sala Penal Segunda de la Capital del departamento de La Paz, dilación que le impidió obtener su libertad y la restitución del debido proceso. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 538/2022 de 17 de octubre, cursante de fs. 213 y vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela en relación a Rosemary Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por no haber remitido dentro del plazo legal los antecedentes del expediente de apelación al Juzgado de origen, sin responsabilidad por no haber sido notificada con la interposición de la acción de libertad; debiendo ponerse a su conocimiento el presente fallo constitucional a efectos que de forma inmediata remita los antecedentes de la apelación al juzgado de origen, siempre que por el transcurso del tiempo este acto ya hubiera sido realizado; y, 2º DENEGAR la tutela en relación a los derechos a la vida, a la salud y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y valoración de la prueba, conforme a los argumentos desarrollados en el presente Sentencia Constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El alcance de protección de la acción de libertad con relación al derecho a la vida
  2. III.2. Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones como elemento del debido proceso y su revisión en sede constitucional
  3. III.3. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho.
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0257/2025-S3 Sucre, 16 de abril de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Magistrado Correlator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 51330-2022-103-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 538/2022 de 17 de octubre, cursante a fs. 213 y vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis Ruddy Mamani Mamani contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda de la Capital, y Javier Rolando Chaca Quina, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la ciudad de El Alto, ambos del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 16 de octubre de 2022, cursante de fs. 202 a 207 vta., el accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por el delito de violación; el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, por Auto Interlocutorio 348/2022 de 30 de agosto, dispuso su detención preventiva por el lapso de cuatro meses; contra tal determinación formuló recurso apelación, el cual fue resuelto por la Vocal de la Sala Penal Segunda de la Capital del departamento de La Paz mediante Auto de Vista de 7 de septiembre del 2022, que dispuso ratificar el Auto Interlocutorio 348/2022. Acusa que el Tribunal de alzada en su resolución no valoró, ni consideró la prueba presentada y los agravios incurridos por el Juez de origen, únicamente se enfocó en los argumentos y motivaciones pronunciadas en el citado Auto Interlocutorio apelado, hecho por el cual se vulneró el principio de certeza y de Juez natural; ya que los Vocales no pueden complementar y motivar las resoluciones de los jueces de primera instancia, debiendo únicamente hacer mención a los puntos apelados y si la resolución del juez causa algún agravio o está a derecho; las autoridades demandadas vulneraron el principio de verdad material, al no valorar la prueba y tampoco considerar que su vida corría peligro, toda vez que, el 29 de agosto de 2022, al ser aprehendido por personas particulares fue agredido físicamente, hecho demostrado en el Certificado médico legal-forense que cursa en obrados, el cual le otorgó nueve días de incapacidad y sugirió su atención en un Centro de tercer nivel para su valoración. Por otra parte, desde el 7 de septiembre de 2022 hasta la fecha de presentación de la acción de libertad el Tribunal de alzada no remitió el expediente al Juzgado de origen, retardación que vulneró su derecho a la defensa, toda vez que se encontraba recluido en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la vulneración de los derechos a la vida, salud, libertad, locomoción, al debido proceso y la defensa, citando al efecto los arts. 9.5, 15.I, 18.I, 21.7, 23.I, 115, 116, 117, 125 y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 3 de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos (DIDH); y 4.1, 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiéndose la inmediata libertad del accionante y el restablecimiento del debido proceso.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 17 de octubre de 2022, conforme el acta de audiencia cursante de fs. 212 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Al inicio de la audiencia, el Juez de garantías fue informado mediante secretaría, que la Oficina Gestora de Procesos representó sobre la notificación a Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda de la Capital del departamento de La Paz, indicando que la misma no pudo ser habida. El abogado de la parte accionante, ante la falta de notificación a la prenombrada autoridad y por otras situaciones que señaló daría a conocer, anunció el retiro de la acción de libertad, y solicitó se disponga el desglose de la documentación adjunta.

I.2.2. Informe de los demandados

Javier Rolando Chaca Quina, Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia Hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, no presentó informe escrito ni oral pese a su presencia en audiencia. Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no presentó informe escrito alguno, tampoco se hizo presente en audiencia, constando falta de notificación a la misma.

I.2.3. Resolución

El Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 538/2022 de 17 de octubre, cursante de fs. 213 y vta., denegó la tutela impetrada, con los siguientes fundamentos: a) El 16 de octubre del 2022 el accionante planteó acción de libertad contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez ,Vocal de la Sala Penal Segunda de la Capital y Javier Rolando Chaca Quina, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la ciudad de El Alto, ambos del departamento de La Paz; b) La audiencia se consignó para el 17 de octubre de 2022 a horas 12:15, por lo que, se cumplieron con las formalidades de ley, consiguientemente ninguna de las autoridades demandadas remitió informe; c) En audiencia el abogado expresó el retiro y desistimiento de la citada acción, por lo que no realizó ninguna motivación y fundamentación; d) En aplicación de los arts. 125 y 126 de la CPE, habiéndose señalado día y hora de audiencia, se estableció que la misma deberá efectuarse, toda vez que, no puede suspenderse por ninguna razón o motivo; y, e) No existiendo agravios o la vulneración de garantías constitucionales, se determinó denegar la tutela impetrada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes cursantes en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Certificado Médico Forense de 29 de agosto de 2022, emitido por Enrique García Rojas, médico forense del IDIF, el cual, concluye que el accionante se presentaba policontuso, con edemas, múltiples excoriaciones, equimosis, herida suturada y trauma nasal en estudio; recomendó acuda a un centro médico de tercer nivel para ser atendido por personal especializado y multidisciplinario para valoración y conducta definitiva, y mediante certificación médica dictar lo correspondiente (fs. 199 y vta).

II.2. En audiencia de 30 de agosto de 2022, el Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, mediante Auto Interlocutorio 348/2022 de la misma fecha, dispuso como medida cautelar la detención preventiva del accionante por cuatro meses; en el mismo acto procesal, el solicitante de tutela formuló recurso de apelación, contra la referida Resolución (fs. 44 a 47). II.3. Cursa oficio de remisión del expediente del recurso de apelación incidental a la Sala Penal Segunda de la Capital del departamento de La Paz de 31 de agosto de 2022 (fs. 61). II.4. El 23 y 29 de septiembre de 2022, el accionante solicitó al Juez de control jurisdiccional, salida judicial para acudir al Hospital de tercer nivel Arco Iris de la ciudad de La Paz, para ser atendido y revisado por el personal médico de aquel nosocomio, solicitudes que le fueron deferidas por autos de 26 y 30 de septiembre respectivamente (fs. 72 a 73 y 77 a 78). II.5. Cursa informe médico emitido por Fernando Saavedra y Nilda Flores, funcionarios de la Unidad de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Arco Iris de la ciudad de La Paz, de 5 de octubre de 2022, que refiere: “En proyección de la pared lateral del seno maxilar derecho se evidencia imagen hipodensa de bordes regulares y definidos que mide 10 x 8 mm, en relación a quiste de retención vinculable a proceso inflamatorio de aspecto crónico. También mencionamos ocupación del seno esfenoidal derecho en relación a proceso inflamatorio crónico. Hallazgos a ser correlacionados con los antecedentes clínicos y estudios complementarios” (fs. 200). II.6 El 10 de octubre todos de 2022, el accionante solicitó nuevamente al Juez de control jurisdiccional, salida judicial para acudir al Hospital de tercer nivel Arco Iris de la ciudad de La Paz, para ser atendido y revisado conforme lo recomendado en el Informe de 5 del mismo mes y año, realizado por la Unidad de Unidad de Diagnóstico por Imágenes de aquel centro médico, solicitud que le fue deferida por auto de 11 de octubre del mismo año (fs. 83 a 84). II.7. Por representación de 17 de octubre de 2022, la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, informó no haber podido notificar a Rosemary Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por la premura de tiempo (fs. 210 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de los derechos a la vida, salud, libertad, al debido proceso y la defensa; alegando que, se prolongó indebidamente su libertad, por cuanto: 1) La detención preventiva que se le impuso como medida cautelar, pone en riesgo su vida y salud, dado que conforme previó el certificado médico forense que le dio nueve días de incapacidad, necesita tratamiento médico especializado por las lesiones que sufrió durante la aprehensión por particulares, atención que no puede recibir estando privado de libertad en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz; 2) La Resolución de alzada de 7 de septiembre de 2022 emitida por la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no cuenta con una debida motivación y fundamentación, toda vez que no valoró la prueba aportada y no se pronunció sobre los agravios que se expusieron, realizando únicamente una complementación a la argumentación del Juez de Primera instancia; y, 3) La Vocal demandada no remitió al juzgado de origen el expediente de apelación y su respectiva resolución emitida por la Sala Penal Segunda de la Capital del departamento de La Paz, dilación que le impidió obtener su libertad y la restitución del debido proceso. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El alcance de protección de la acción de libertad con relación al derecho a la vida

De acuerdo con el art. 125 de la CPE, la acción de libertad puede ser presentada por toda persona “que considere que su vida está en peligro”. En igual sentido, el art. 47 del Código Procesal Constitucional, señala que la acción de libertad procederá cuando cualquier persona crea que “su vida está en peligro”.

La lectura del alcance de protección del derecho a la vida a través de la acción de libertad ha sido amplia por parte de la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional Plurinacional al señalar “no cabe una interpretación restrictiva de esta norma limitando su alcance únicamente a los supuestos en que exista vinculación con el derecho a la libertad física o personal” (SCP 1278/2013 de 2 de agosto). Al respecto, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0771/2018-S2 de 15 de noviembre y 0793/2019-S2 de 11 de octubre, sistematizadoras de línea señalaron lo siguiente:

[El] alcance amplio que se otorgó al derecho a la vida, su concepción como derecho autónomo, empero también interdependiente con otros derechos en virtud del art. 13.I de la CPE, dio lugar a que este Tribunal emita numerosas Sentencias favoreciendo el acceso a la justicia constitucional a través de la acción de libertad, cuando se invoca este derecho como lesionado, señalando que: 1) La protección del derecho a la vida a través de la acción de libertad es posible, aun no exista vinculación directa ni indirecta con el derecho a la libertad física, personal o de locomoción -por todas, la SCP 2468/2012 de 22 de noviembre-, superando una tradición jurisprudencial que persistía en la necesidad de su vinculación; 2) Tratándose del derecho a la vida, la parte accionante es la que debe asumir la decisión de formular una acción de libertad o de amparo constitucional, así refiere la SCP 1278/2013 de 2 de agosto; y, 3) Respecto al derecho a la vida, de cuyo ejercicio depende el goce de otros derechos, con ningún argumento puede aplicarse la subsidiariedad excepcional -por las demás, las SSCC 0008/2010-R, 0080/2010-R y 0589/2011-R. (El resaltado es nuestro)

Sin embargo, también debe dejarse establecido que, es la justicia constitucional la que deberá analizar si realmente se está ante una lesión o peligro directo al derecho a la vida tutelable a través de la acción de libertad, pues su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción, tampoco su concesión; teniendo en cuenta que esta jurisdicción constitucional debe adquirir la debida convicción a efectos de determinar si el derecho a la vida del peticionante de tutela fue puesto en peligro indebidamente para que la acción de libertad abra su ámbito de protección, de no ser así, corresponderá su denegatoria. Este entendimiento fue reiterado en la SCP 0102/2025- S3 de 18 de marzo de 2025.

III.2. Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones como elemento del debido proceso y su revisión en sede constitucional

El Tribunal Constitucional, a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, se pronunció sobre el derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, estableciendo los requisitos que debe contener toda resolución judicial o administrativa con la finalidad de garantizar este derecho fundamental, al respecto señaló:

[E]n la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se determinan los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elemento 1La SCP 0044/2010-R de 20 de abril, en el FJ III.5, establece que la protección del derecho a la vida vía acción de libertad, está íntimamente relacionada con el derecho a la libertad personal; que fue confirmada, entre otras, por la SCP 0813/2012 de 20 de agosto, precisando que la acción de libertad tutela el derecho a la vida siempre y cuando se encuentre vinculado con la libertad física o de locomoción. 2El FJ III.2, sobre la abstracción de la excepción del principio de subsidiariedad, al hallarse involucrado el derecho a la vida, señala: "El art. 18 de la CPEabrg, instituyó el recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad prevista por el art. 125 de la CPE, como un recurso extraordinario cuya finalidad esencial era la protección a la libertad, ámbito de tutela que ha sido ampliada en el orden constitucional vigente a la vida, que como se ha visto, constituye un derecho primario en sí, inherente al ser humano, y por ende su protección es prioritaria, por constituir un bien jurídico primario y fuente de los demás derechos. Por ello, a diferencia de la tutela a la libertad, y su condicionamiento del agotamiento previo de las instancias intraprocesales, para pedir su protección a través de este medio constitucional idóneo, eficaz e inmediato, respecto a la vida, su tutela puede ser solicitada de manera directa; es decir, que puede acudir a la jurisdicción constitucional, sin tener que agotar previamente la vía jurisdiccional” (las negrillas son añadidas). 3 Razonamiento jurídico expresado en la SCP 122/2015-S1 de 20 de febrero, entre otras.

configurativo del debido proceso, así en su Fundamento Jurídico III.3, señala: …a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b)

Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisa que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.

Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que 4El FJ III.2.3, refiere que: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cual es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.

En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. 5El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 6El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…)

(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…) b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.

c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes.

desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: a) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; b) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; c) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; d) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad y, e) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Así también en cuanto a la valoración de la prueba al estar íntimamente vinculada a la motivación y fundamentación en las resoluciones, si bien dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria, en el entendido que una de las funciones de la justicia constitucional es la tutela de derechos fundamentales y garantías constitucionales, la referida SCP 0014/2018- S2 señaló que es posible la revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional, conforme a los siguientes criterios:

A partir de lo señalado, esta Sala concluye que es posible efectuar la revisión de la valoración de la prueba, conforme a los siguientes criterios: i) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; ii) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: ii.a) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii.b) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, ii.c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; iii) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, iv) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales. Conforme a la jurisprudencia glosada, se entiende que para verificar la falta de motivación y fundamentación en sede constitucional, se deben analizar elementos como la claridad y precisión de la justificación de la decisión, la conexión lógica entre los hechos, las pruebas y la conclusión, y la ausencia de arbitrariedad en la valoración probatoria, examinando si se consideraron y valoraron las pruebas relevantes; siendo posible emitir pronunciamiento cuando concurren los presupuestos señalados en la jurisprudencia constitucional señalada precedentemente, para cuyo efecto la justicia constitucional deberá contar con los elementos probatorios mínimos necesarios o evidencia objetiva que sustenten el análisis del caso, permitiendo tomar decisiones justificadas acorde a las razones y circunstancias de cada caso. Ahora bien, en caso de no contar con los elementos probatorios necesarios, y ante la falta de informe o pronunciamiento de la parte demanada, bajo ningún motivo podrá aplicarse el principio de presunción de veracidad, dado que conforme lo desarrollado precedentemente para verificar la falta de motivación y fundamentación en sede constitucional, se debe analizar exhaustivamente la Resolución judicial o administrativa examinando la claridad, lógica y razonabilidad de la fundamentación, la motivación de la decisión, la valoración de las pruebas y la aplicación de la ley, pues claramente la falta de estos elementos puede constituir una vulneración al derecho al debido proceso.

III.3. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho.

Jurisprudencia reiterada

La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.

hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”. 9El FJ III.5, indica: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física.

Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´

Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).

Esta sistematización fue desarrollada en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0117/2019-S2 de 8 de abril y 0319/2019-S2 de 29 de mayo, entre otras.

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante denunció la vulneración de sus derechos a la vida, salud, libertad, al debido proceso y la defensa; alegando que, debido a su estado de salud, su permanencia en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz en calidad de detenido preventivo, ponía en riesgo su vida al no poder realizar un tratamiento médico adecuado; en relación al Auto Vista que resolvió la apelación de la medida cautelar, el mismo no cumplió con el deber de la debida motivación y fundamentación toda vez que no valoró la prueba aportada y no se pronunció sobre los agravios que se expusieron, realizando únicamente una complementación a la argumentación del Juez de Primera instancia; finalmente acusó que la Vocal demandada no remitió al juzgado de origen el expediente de apelación con la resolución emitida, dilación que le impidió obtener su libertad y la restitución del debido proceso. Con carácter previo, corresponde señalar que si bien el accionante en audiencia anunció el retiro de la acción de libertad, conforme la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0519 /2018 de 1 de octubre, la única oportunidad procesal para desistir o retirar la acción de libertad es hasta antes de señalado el día y hora de audiencia pública, luego de la misma, cualquiera de estas actuaciones serán inadmisibles; consiguientemente, en el caso presente, al haberse efectuado dicho acto procesal en la verificación de audiencia, corresponde continuar con la tramitación de la misma. En ese contexto, se tiene que el problema jurídico a resolver radica en tres aspectos, los cuales corresponden ser analizados de forma individual, de acuerdo a las siguientes consideraciones: En relación al derecho a la vida y la salud De la revisión de antecedentes y conforme los datos consignados en el presente fallo constitucional, se tiene que dentro del proceso penal iniciado contra el accionante por la presunta comisión del delito de violación, el prenombrado fue aprehendido por particulares; al haber referido que éstos últimos a momento de la aprehensión lo agredieron físicamente fue revisado el 29 de agosto de 2022, por Enrique García Rojas, Médico Forense del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), quien mediante examen físico y segmentario concluyó que por las lesiones observadas el solicitante de tutela, debía acudir de forma inmediata a un centro médico de tercer nivel, donde pueda ser atendido por personal de salud especializado y multidisciplinario para la valoración y conducta definitiva, y de esta manera dictaminar lo que corresponda mediante una certificación médica. En la tramitación del proceso penal referido, mediante Auto Interlocutorio 348/2022 de 30 de agosto, se le impuso la medida cautelar de detención preventiva por el lapso de cuatro meses a ser cumplida en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; es así, que conforme lo señalado en la Conclusión II.4, en fechas 23 y 29 de septiembre del mismo año, el accionante solicitó al Juez de control Jurisdiccional, salida judicial para acudir al hospital de tercer nivel Arco Iris, para ser atendido y evaluado por el personal médico de aquella institución de salud, solicitudes que fueron atendidas de manera favorable por el Juez de la causa. En ese orden, el peticionante de tutela en fecha 5 de octubre de 2022, fue atendido por Fernando Saavedra y Nilda Flores, profesionales de salud de la Unidad de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Arco Iris, quienes emitieron Informe Médico de la fecha refiriendo; “En proyección de la pared lateral del seno maxilar derecho se evidencia imagen hipodensa de bordes regulares y definidos que mide 10 x 8 mm, en relación a quiste de retención vinculable a proceso inflamatorio de aspecto crónico. También mencionamos ocupación del seno esfenoidal derecho en relación a proceso inflamatorio crónico. Hallazgos a ser correlacionados con los antecedentes clínicos y estudios complementarios” (Conclusión II.5); posteriormente, en fecha 10 del mismo mes y año, nuevamente solicitó a la autoridad judicial salida judicial para realizar los estudios clínicos recomendados en el Informe Médico de 5 de octubre de 2022 (Conclusión II.6). De lo expresado, se puede advertir que no se puso en riesgo indebido el derecho a la vida y la salud del accionante, toda vez que se adoptaron todas las medidas conducentes para controlar su estado de salud, primero, por el médico forense del IDIF, quien recomendó que el prenombrado debía asistir a un centro de salud de tercer nivel para ser atendido por personal especializado y multidisciplinario; segundo, fue trasladado al hospital de tercer nivel Arco Iris de la ciudad de La Paz, donde fue examinado por profesionales del área de imagenología, los que recomendaron estudios complementarios, por lo que, el accionante solicitó nuevamente salida judicial, siendo autorizada por el Juez de instancia; sin evidenciarse que en las consultas médicas del accionante se hubiera recomendado de manera específica internación hospitalaria o ninguna situación similar, pues no existe ningún elemento probatorio anterior ni reciente que compruebe lo señalado; con lo cual, se llega a la convicción que no existió una lesión o peligro directo al derecho a la vida y la salud del accionante, por lo que corresponde denegar la tutela solicitada, con relación a estos derechos, sin ingresar al fondo del análisis del caso. Respecto a la falta de motivación, fundamentación y valoración de la prueba en el Auto de Vista de 7 de septiembre de 2022

Conforme lo glosado en el Fundamento Jurídico III.2, se tiene que para la verificación de falta de motivación, fundamentación y valoración de la prueba en sede constitucional, se deben analizar elementos como la claridad y precisión de la justificación de la decisión, conexión lógica entre los hechos, las pruebas y la conclusión y la ausencia de arbitrariedad en la valoración probatoria, lo cual partirá de un análisis exhaustivo de la Resolución impugnada; por lo que, la justicia constitucional necesariamente debe contar con los elementos mínimos de convicción para pronunciarse al respecto; en el caso presente, el accionante denunció que el Auto de Vista de 7 de septiembre de 2022, dictado por la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que confirmó el Auto Interlocutorio 348/2022, carecía de falta de motivación y fundamentación, no valoró la prueba aportada y no se pronunció sobre los agravios que se expusieron; sin embargo, omitió presentar el Auto de Vista referido, con el cual se entiende que fue notificado puesto que conoce detalladamente el tenor del mismo, conforme lo manifestado en su memorial de acción de libertad; esta falta de prueba, imposibilita a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los agravios expresados toda vez, que no se cuenta con prueba idónea que permita verificar si lo manifestado por el solicitante de tutela es evidente o no. Si bien es cierto que la jurisprudencia a través de la SCP 339/2019-S2 de 5 de junio, prevé que cuando la autoridad demandada no asista a la audiencia ni presente informe o a pesar de comparecer no negare los hechos alegados por el accionante, se tendrán por ciertas las afirmaciones contenidas en la acción tutelar; en el presente caso, no es posible aplicar la referida presunción de veracidad, toda vez que, primero, la Vocal demandada no fue debidamente notificada conforme consta en el informe emitido por secretaría de sala; por cuanto, no se podía exigir su presencia en audiencia o la presentación de su informe, ni asumir como una conducta negligente la ausencia de dichos supuestos; segundo, para verificar en sede constitucional si evidentemente una Resolución carece de motivación, fundamentación y valoración de la prueba, conforme lo desarrollado en la jurisprudencia constitucional señalada en el Fundamento Jurídico III.2, se debe analizar exhaustivamente la Resolución judicial o administrativa examinando la claridad, lógica y razonabilidad de la fundamentación, la motivación de la decisión, la valoración de las pruebas y la aplicación de la ley, aspectos que se lograrán desde la revisión de la Resolución impugnada, no pudiendo el Tribunal Constitucional Plurinacional, realizar un análisis y emitir un fallo sin contar con las pruebas que demuestren las vulneraciones cometidas por las autoridades demandadas y que demuestren con certeza que evidentemente se conculcaron los derechos del accionante; por lo que, en relación a este derecho igualmente corresponde la denegatoria de la tutela.

Por otra parte, en el marco de la atribución establecida en el art. 206.6 de la CPE, dentro de la labor de revisión que efectúa este Tribunal, extraña que el Juez de garantías a momento de admisión de la demanda no haya observado la falta de prueba idónea para la resolución de la acción de libertad, toda vez que los jueces de garantías y salas constitucionales, en conocimiento y resolución de acciones de libertad, deben velar por obtener los medios de prueba suficientes para fundar su decisión, a efectos de emitir resoluciones fundamentadas y sustentadas en elementos o argumentos obtenidos del proceso constitucional, lo que les obliga a requerir la prueba pertinente inclusive de oficio; aspecto que no fue observado por la prenombrada autoridad. Sobre la celeridad en la remisión del expediente de apelación al Juzgado de origen En cuanto a la acusación del accionante, respecto a la falta de remisión al Juzgado de origen del expediente de apelación, conforme a los antecedentes que informan el proceso, se tiene que, el 31 de agosto de 2022 se remitió a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la referida apelación, la cual conforme lo aseverado por el accionante mereció la emisión del Auto de Vista de 7 de septiembre de 2022, infiriéndose que tuvo conocimiento del contenido de la misma ya que conoce que confirmó el Auto apelado, conforme describió en su memorial de acción de libertad; en ese sentido, se tiene que el expediente de apelación debió ser remitido al Juez de control jurisdiccional una vez realizadas las notificaciones a los sujetos procesales, situación que en aplicación del principio de verdad material pudo ser controvertida por la prenombrada autoridad que se encontraba presente en audiencia, pues pese a no haber sido demandado por este acto, al tener bajo su control el cuaderno jurisdiccional era la persona idónea para dar por cierto o no el acto acusado; consiguientemente, se tiene por veráz lo manifestado por el accionante; por lo que, habiéndose emitido el Auto de Vista el 7 de septiembre de 2022 y no haber sido remitido al Juzgado de origen hasta el 16 de octubre de 2022, fecha en la que se verificó la audiencia de la acción de liberad, se evidencia una dilación indebida en la tramitación del proceso, correspondiendo conceder la tutela contra la Vocal demandada por este aspecto, sin responsabilidad por no haber sido notificada con la interposición de la presente acción de libertad. Otras consideraciones Conforme lo establecido en la Conclusión II.7, se tiene que Rosemary Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no fue notificada con la interposición de la acción de libertad, en su condición de demandada; en ese sentido, si bien para la presentación de una acción de libertad, debe cumplirse con los requisitos establecidos en el art. 33 del Código Procesal Constitucional (CPCo), haciéndose imprescindible la notificación a la persona o personas demandadas, a objeto de garantizar sus derechos a la defensa y al debido proceso; sin embargo, es necesario precisar que en el caso presente, si bien no existió una efectiva comunicación procesal a la prenombrada Vocal, considerando la forma de resolución del presente fallo constitucional, se advierte claramente que no se verán afectados los derechos de la demandada que no fue citada; por lo que, su falta de comunicación procesal no les generará indefensión alguna; motivo por el cual, por razones de economía procesal, no corresponde la nulidad de obrados, puesto que el mismo solo reiteraría un acto que no causó lesión alguna; dilatando innecesariamente la pronunciación de fondo sobre la problemática planteada, para obtener el mismo resultado. En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de manera parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 538/2022 de 17 de octubre, cursante de fs. 213 y vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela en relación a Rosemary Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por no haber remitido dentro del plazo legal los antecedentes del expediente de apelación al Juzgado de origen, sin responsabilidad por no haber sido notificada con la interposición de la acción de libertad; debiendo ponerse a su conocimiento el presente fallo constitucional a efectos que de forma inmediata remita los antecedentes de la apelación al juzgado de origen, siempre que por el transcurso del tiempo este acto ya hubiera sido realizado; y, 2º DENEGAR la tutela en relación a los derechos a la vida, a la salud y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y valoración de la prueba, conforme a los argumentos desarrollados en el presente Sentencia Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Notas al pie

Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 7El FJ III.2, señala: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.

8 El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”. El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”. El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0257_2025-S3.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): 6dfc78b84ae8ed2e14af6325545648fca6e51fd657fc7cecae17cceac4440da7

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