Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 23 de marzo de 2026
Concede la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la lesión de sus derechos a la libertad física y personal, al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación “POR FALTA DE APLICACIÓN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD” (sic); toda vez que, por Auto de Vista 130/2022 de 13 de octubre, la Vocal demandada declaró improcedente el recurso de apelación incidental que formuló contra el Auto Interlocutorio de 3 del mismo mes de 2022, sin una debida fundamentación y motivación respecto: 1) Al art. 233.1 del CPP, referente al delito de incumplimiento de deberes, sin especificar cuáles fueron los elementos de convicción que lo subsumen, de igual manera, no emitió un razonamiento jurídico concerniente a cuándo, dónde y de qué forma incumplió sus funciones establecidas en los arts. 14 del Reglamento de Contratación Directa y 33 del DS 0181 al no detectar irregularidades dentro del proceso de contratación de adquisición de 41 ambulancias tipo I; y asimismo, referido al delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas no se efectuó una fundamentación fáctico-legal respecto a los elementos que fundaron la probabilidad de su autoría; 2) Al art. 235.5 del CPP, no se evidenció sobre los requisitos de validez del mismo ni se individualizó por cada uno de los imputados cómo, de qué manera o con tipo de conductas o acciones su persona podría obstaculizar la investigación; y, 3) Al principio de proporcionalidad, la Vocal demandada no consideró lo previsto por el art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 16/2022 de 28 de diciembre, cursante de fs. 111 a 113, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer:
a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 130/2022 de 13 de octubre, emitido por Yacira Yarusca Cardozo Calizaya, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí. b) Que la Vocal demandada o quien ejerza esas funciones, dicte un nuevo Auto de Vista conforme los Fundamentos Jurídicos de este fallo constitucional, siempre y cuando, la situación jurídica del accionante haya cambiado en el transcurso del tiempo.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0256/2026-S3 Sucre, 23 de marzo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 52889-2023-106-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 16/2022 de 28 de diciembre, cursante de fs. 111 a 113, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Abel Espada Hinojosa en representación sin mandato de Luís René Loayza Gallardo contra Yacira Yarusca Cardozo Calizaya, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.
Por memorial presentado el 27 de diciembre de 2022, cursante de fs. 57 a 69 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, expresó que:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí por Auto Interlocutorio de 3 de octubre de 2022, determinó la imposición de medidas cautelares personales para su persona y de otros, como ser la obligación de presentarse al Ministerio Público una vez a la semana los días lunes, la prohibición de comunicarse con determinadas personas, testigos y participes que tengan relación con el hecho, dos garantes personales que deben cumplir con lo citado en el art. 243 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en el plazo de diez días, el arraigo a nivel nacional y detención domiciliaria con opción de salidas a trabajar en horario laboral y con control esporádico, puesto que, dio por acreditado la probabilidad de autoría previsto en el art. 233.1 del CPP y el peligro de obstaculización estipulado en el art. 235.5 del mismo cuerpo normativo, al no encontrarse de acuerdo con esa decisión, formuló recurso de apelación incidental denunciando como agravios la falta de fundamentación, motivación y valoración de la prueba, la vulneración del derecho a la igualdad y del principio de proporcionalidad, mismo que fue radicado y resuelto por la Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento -demandada-, quien mediante Auto de Vista 130/2022 de 13 de octubre, lo declaró improcedente manteniendo incólume el Auto Interlocutorio confutado. El indicado Auto de Vista lesiona sus derechos al debido proceso en sus elementos a la fundamentación, motivación y a la libertad física, dado que, respecto al art. 233.1 del CPP concerniente al delito de incumplimiento de deberes se limitó a transcribir los argumentos vertidos por el juez de primera instancia y tan solo mencionó que, pese a ser escueto el fundamento del citado juez “'…se entiende que es claro al determinar con que elementos probatorios indiciariamente estaría subsumiendo su conducta a los tipos penales acusados…'” (sic), sin explicar sobre cuáles son esos elementos probatorios que subsumen su conducta al aludido tipo penal; así también, no fundamento ni motivo de forma clara y precisa de cuándo, dónde y de qué manera hubiese incumplido injustificadamente sus funciones descritas en los arts. 14 del Reglamento de Contratación Directa y 33 del Decreto Supremo (DS) 0181 de 28 de junio de 2009, porque presuntamente como responsable del proceso de contratación de la licitación pública no detectó irregulares dentro del mismo para la adquisición de 41 ambulancias tipo I, tampoco se manifestó sobre cuáles son los motivos por los que se tendría que ingresar a desglosar si el supuesto daño económico está vinculado a negociaciones o a un componente del citado tipo penal, de igual forma, no se explicó concerniente a los elementos de prueba o los indicios que el Ministerio Público acreditó la supuesta comisión del daño económico. Ahora bien, respecto al delito de negociaciones incompatibles, tampoco se efectuó una fundamentación en relación a la probabilidad de autoría sin señalar cuáles fueron sus razonamientos fáctico-legales para concluir que “`el recurrente tampoco habría descrito cual elemento estaría vinculado al tipo penal del Art. 150 del Código Penal estaría siendo observado con la vinculatoriedad del Art. 14 del reglamento específico’” (sic), pese a admitir que el juez de la causa no explicó con qué elementos se habría asumido que cometió el citado ilícito, ante ello, no cumplió con la obligación de explicar cuándo, dónde y de qué manera perpetró el hecho delictivo y cuáles fueron los indicios probatorios que el Fiscal de Materia acreditó para ello. Respecto al razonamiento vertido del art. 235.5 del CPP, la Vocal demandada no advirtió los requisitos de validez para la concurrencia del referido precepto ni especificó cuáles fueron los motivos por lo que llegó a determinar que la citada norma legal es “`vigente y vinculante para todos’”, sin precisar de forma individualizada cómo, de qué manera o con tipo de conductas o acciones su persona podría obstaculizar la investigación; puesto que, tanto el juez de primera instancia como la autoridad judicial demandada utilizaron una argumentación genérica e imprecisa para los tres imputados con base en meras presunciones.
Concerniente al principio de proporcionalidad el art. 235 ter del CPP, establece que el juez de la causa controlará de oficio la excepcionalidad, legalidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de los requerimientos y no deberá determinar los riesgos procesales de fuga y obstaculización en meras afirmaciones subjetivas y abstractas, por el contrario, tienen la obligación de oficio emitir criterios sobre la necesidad y proporcionalidad al momento de imponer las medidas cautelares; sin embargo, la Vocal demandada ratificó las medidas cautelares ordenadas en su contra con el argumento “`que supuestamente el recurrente no se habría referido a los sub principios que determinan el principio de proporcionalidad entre ellos la ponderación de derechos que tampoco habrían sido detallados´” (sic), mismo que no contiene una debida fundamentación y motivación.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad física y personal, al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación “POR FALTA DE APLICACIÓN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD” (sic), citando al efecto los arts. 23, 115.II y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 7.1, 2, 3 y 8. 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 9.1 y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDPC).
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista 13/2022 de 13 de octubre y se ordene el pronunciamiento de una nueva resolución debidamente fundamentada y motivada bajo los principios de proporcionalidad y necesidad de la aplicación de las medidas cautelares de carácter personal.
Celebrada la audiencia virtual el 28 de diciembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 105 a 111, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que: a) La autoridad de segunda instancia en caso de ratificar las medidas cautelares se encuentra en la obligación de fundamentar los razonamientos que lo motivaron a tomar esa decisión, más allá, que hubiesen o no sido argumentadas por el juez de primera instancia; b) La Vocal demandada señaló que, si bien, lo resolución emitida por el juez de la causa no está fundamentada, tampoco lo estarían los agravios demandados; por lo que, considera que no es razón suficiente para ratificar las medidas cautelares, por el contrario tiene el deber de suplir esas ausencias argumentativas y especificar con que elementos de prueba se acreditó la concurrencia de los presupuestos del art. 235.5 del CPP; c) El Juez de primera instancia sustento su decisión respecto al citado precepto, con base en un audio que presentó otro de los imputados; empero, en el que su persona no participó, es más, a la fecha de la audiencia -no especifica cual- ya no cumplía funciones en el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, ya que, recibió su memorándum de agradecimiento de servicios, es así que, no comprende de qué manera podría obstaculizar la investigación del hecho, puesto que, esa falta de fundamentación le impide poder solicitar la modificación de las medidas cautelares personales y desvirtuar las razones por las que se impusieron; y, d) Ni el juez de la causa ni la Vocal demandada justificaron por qué son necesarias la aplicación de las referidas medidas cautelares, mismas que fueron establecidas bajo presión mediática y social. A las cuestionantes realizadas por el Tribunal de garantías respondió: 1) No se encuentra en un centro penitenciario, esta con la medida cautelar de detención domiciliaria con permiso a trabajar; 2) Fue notificado con la imputación formal en la cual se encontraban descrito el riesgo procesal contenido en el art. 235.5 del CPP; 3) La audiencia de medidas cautelares se llevó a cabo el 3 de octubre de 2022 y el recurso de apelación incidental el 13 de igual mes y año; y, 4) Si bien, han transcurrido dos meses desde la fecha señalada precedentemente a la interposición de esta acción de libertad, es porque recién las citadas medidas cautelares le perjudican, tiene la intención de pedir su modificación, pero antes necesita conocer los fundamentos exactos por las que se hubiesen aplicado los requisitos sustanciales respecto al numeral 5 del art. “234”.
Yacira Yarusca Cardozo Calizaya, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, en audiencia de consideración de la presente acción tutelar, solicitó se deniegue la tutela impetrada, señalando que: i) Celebró audiencia de apelación incidental del proceso penal de 41 ambulancias, en el cual se encuentran involucradas varias personas, entre ellas, el accionante, sin embargo, hubiese sido óptimo que la exposición de los agravios que realizó en este verificativo tutelar también lo efectúe en la audiencia del indicado recurso de apelación incidental, ya que, la misma no supo responder a varios aspectos con una debida carga argumentativa basada en el art. 398 del CPP; ii) El accionante no se encuentra privado de libertad, por lo que, no se tiene claro si esta acción de libertad es reparadora o innovativa, por el contrario de la lectura del memorial de este mecanismo tutelar y lo argüido en esta audiencia se advierte que, tiene un contenido de primera instancia de medidas cautelares, porque se pretende se verifique la probabilidad de autoría, “el riesgo procesal” y el principio de proporcionalidad; iii) Con la transcripción de lo mencionado por el juez de primera instancia se respondió a lo cuestionado por el impetrante de tutela respecto al cumplimiento del art. “14” del DS 0181; iv) Se cuestionó sobre los elementos probatorios que subsumieron los delitos de incumplimiento de deberes y de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, no obstante, a que el juez de la causa aclaró que se estaba dando una clasificación provisional con base en un informe que señalaba que esa contratación era posible, la indicada autoridad judicial no podría acreditar como prueba plena, dado que, aún estaba en la etapa preparatoria; v) Los argumentos vertidos por el peticionante de tutela sobre el riesgo de obstaculización fueron muy genéricos y ahora en el verificativo de la acción de libertad intenta motivarlos para que sean considerados, de igual forma se procura con los elementos de prueba de la medida cautelar; vi) En el Auto de Vista 90/2022 se analizó riesgos procesales y elementos probatorios diferentes a los del impetrante de tutela, además que el abogado del otro recurrente efectuó una explicación clara, amplia y entendible de los agravios demandados, por lo que, no era correcto que determine de igual manera al caso del solicitante de tutela, quien no se encuentra con detención preventiva; además, cabe resaltar que esta situación no fue demandada ante su autoridad como agravió, recién fue planteada en esta acción de defensa, por lo que, no tuvo la oportunidad de dar respuesta; vii) Respecto a los principios de proporcionalidad y ponderación, el prenombrado no expresó los razonamientos suficientes para la aplicación de los mismos, aspecto que no puede ser suplida por su autoridad, puesto que, hacerlo conllevaría a cierta parcialización con el mencionado; ante ello, no puede pronunciarse sobre los aludidos principios; y, viii) Los argumentos manifestados por el accionante concerniente a una falta de fundamentación en el Auto de Vista confutado “…que señala en su requisito sustancial que no se habría valorado se entiende que el tiempo para observar tiempo modo forma o la calificación provisional no sea la adecuada es pues a través de los mecanismos que ha señalado la norma incidentes y otros y no puede ser a través de una acción de libertad…” (sic).
El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 16/2022 de 28 de diciembre, cursante de fs. 111 a 113, denegó la tutela impetrada, decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: a) Contra decisiones arbitrarias y confusas por falta de fundamentación, las mismas pueden ser reclamadas conforme prevé el art. 125 del CPP, es así que, de obrados se advierte que el accionante no solicitó complementación y enmienda del Auto de Vista 130/2022 “no se ha observado la forma de lo que se refiere subsidiariedad” (sic); b) Una resolución se considera arbitraria cuando no contenga una motivación y congruencia que emerjan de aspectos de orden jurídico legal que la sustenten o que sean insuficientes al momento de explicar los agravios debatidos ocasionando la vulneración de su derecho al debido proceso; y, c) Se advierte que el referido Auto de Vista respondió de manera clara a los agravios denunciados por el accionante e incluso emitió un criterio más explicado a lo argüido por el juez de primera instancia, quien no desarrolló de forma clara y detallada los motivos que dieron lugar a la aplicación de los arts. 233.1 y 235.5 del CPP.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Asimismo conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre (fs. 117 a 121), se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistraturas, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Jhonny Oscar Mamani Gutiérrez, Rubén Moisés Miranda Castro, Eulogio Peñaranda Cárdenas, Ramiro Luis Choque Arando, Jorge Pablo Velarde Torrico y Luís René Loayza Gallardo -accionante-, este último imputado por la presunta comisión de los ilícitos de incumplimiento de deberes y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, se tiene Auto Interlocutorio de 3 de octubre de 2022, dictado por el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, determinando como medidas cautelares personales, la obligación de presentarse ante el Ministerio Público una vez a la semana, todos los lunes, la prohibición de comunicarse con determinadas personas que tengan relación con el caso, presentar dos garantes personales, un arraigo a nivel nacional que deberá ser presentado en el plazo de diez días, la detención domiciliaria con la opción de derecho a trabajar con control esporádico, que al no encontrarse de acuerdo con esa determinación planteó recurso de apelación incidental (fs. 13 vta. a 31 vta.). II.2. Se tiene Disco Compacto (CD) de la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental de 13 de octubre de 2022, celebrada por Yacira Yarusca Cardozo Calizaya, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -demandada- (fs. 76). II.3. Cursa Auto de Vista 130/2022 de 13 de octubre, suscrito por la referida Vocal demandada, quien declaró la improcedencia de la apelación incidental planteada por el impetrante de tutela (fs. 3 a 12 vta.).
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la lesión de sus derechos a la libertad física y personal, al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación “POR FALTA DE APLICACIÓN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD” (sic); toda vez que, por Auto de Vista 130/2022 de 13 de octubre, la Vocal demandada declaró improcedente el recurso de apelación incidental que formuló contra el Auto Interlocutorio de 3 del mismo mes de 2022, sin una debida fundamentación y motivación respecto: 1) Al art. 233.1 del CPP, referente al delito de incumplimiento de deberes, sin especificar cuáles fueron los elementos de convicción que lo subsumen, de igual manera, no emitió un razonamiento jurídico concerniente a cuándo, dónde y de qué forma incumplió sus funciones establecidas en los arts. 14 del Reglamento de Contratación Directa y 33 del DS 0181 al no detectar irregularidades dentro del proceso de contratación de adquisición de 41 ambulancias tipo I; y asimismo, referido al delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas no se efectuó una fundamentación fáctico-legal respecto a los elementos que fundaron la probabilidad de su autoría; 2) Al art. 235.5 del CPP, no se evidenció sobre los requisitos de validez del mismo ni se individualizó por cada uno de los imputados cómo, de qué manera o con tipo de conductas o acciones su persona podría obstaculizar la investigación; y, 3) Al principio de proporcionalidad, la Vocal demandada no consideró lo previsto por el art. 235 ter del Adjetivo Penal, al momento de ratificar las medidas cautelares dispuesta en su contra. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0447/2018-S2 de 27 de agosto, recogió la jurisprudencia constitucional sobre fundamentación y motivación de las resoluciones que resuelven medidas cautelares, en lo relativo a los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP, cuyos extractos pertinentes se desglosan a continuación: así al respecto señala que:
«[…] el Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:
La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla. Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la motivación de las resoluciones judiciales, estableció que éstas deben expresar las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, señalando que:
…la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes.
Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también atañe a los tribunales de apelación; sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia de que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia.
Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que:
…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.
En consecuencia, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva.
Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril señala que el art. 398 del CPP, establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que no implica, que éstos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé.
1El FJ III.3, refiere: “Finalmente, cabe remitirse a lo previsto en el 236 del CPP, entre cuyos requisitos del auto de detención preventiva se encuentran: `3) La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables´.
En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes.
En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP”.
En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP.
Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP.
En todo caso, el Tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que expone el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga.
El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que, de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria. En virtud a lo señalado, la fundamentación y motivación no exige que las resoluciones sean ampulosas, sino que contengan una explicación razonable de los motivos que llevaron a la autoridad judicial a decidir sobre la aplicación de una medida cautelar, en especial la detención preventiva; lo que implica que, se deberá razonar sobre el cumplimiento de los requisitos formales y materiales de legalidad, así como de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, siempre que corresponda; aclarándose que, respecto a la proporcionalidad, cuando se analice la necesidad de la medida, no es menester que la autoridad judicial exponga las razones por las cuales se desestima cada una de las medidas sustitutivas previstas en el Código de Procedimiento Penal, sino que explique, por qué resulta indispensable su aplicación en mérito a los riesgos procesales existentes, a partir de la argumentación realizada por el Ministerio Público o la parte acusadora» (las negrillas fueron añadidas).
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la lesión de sus derechos a la libertad física y personal, al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación “POR FALTA DE APLICACIÓN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD” (sic); toda vez que, la autoridad judicial demandada mediante Auto de Vista 130/2022 de 13 de octubre, declaró improcedente el recurso de apelación incidental que formuló contra la decisión que dispuso medidas cautelares personales como ser la obligación de presentarse ante el Ministerio Público, la prohibición de comunicarse con los testigos, participes y toda persona que tenga relación con el proceso, la presentación de dos garantes personales, arraigo a nivel nacional y detención domiciliaria con opción a trabajar en horario laboral con control esporádico, sin una debida fundamentación y motivación, respecto: i) Al art. 233.1 del CPP, referente a los ilícitos de incumplimiento de deberes y de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; ii) Al art. 235.5 del CPP, no se evidenció sobre los requisitos de validez del mismo ni se individualizó por cada uno de los imputados cómo, de qué manera o con tipo de conductas o acciones podría obstaculizar la investigación; y, iii) Al principio de proporcionalidad, la Vocal demandada no consideró lo previsto por el art. 235 ter del Adjetivo Penal, al momento de ratificar las medidas cautelares dispuestas en su contra.
Para la resolución de la problemática planteada, es preciso traer a colación los actuados procesales que contiene el expediente, es así que, se tiene el Auto Interlocutorio de 3 de octubre de 2022, dictado por el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, disponiendo como medidas cautelares personales en favor del accionante, la obligación de presentarse ante el Ministerio Público una vez a la semana, todos los lunes, la prohibición de comunicarse con determinadas personas que tengan relación con el caso, presentar dos garantes personales, un arraigo a nivel nacional, la detención domiciliaria con la opción de derecho a trabajar en horario laboral con control esporádico, al no encontrase de acuerdo con esa resolución interpuso recurso de apelación incidental (Conclusión II.1); por consiguiente, se advierte el CD de la audiencia de consideración del citado recurso de impugnación de 13 de octubre de 2022, instaurada por la Vocal demandada, quien por Auto de Vista 130/2022 de igual fecha, declaró la improcedencia de la apelación incidental planteada por el impetrante de tutela y confirmó el Autor Interlocutorio confutado (Conclusiones II.2 y II.3).
En el presente caso, se demanda la transgresión de los derechos a la libertad física y personal y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, ante ello, es preciso conocer los agravios denunciados por el accionante contra el Auto Interlocutorio de 3 de octubre de 2022; por consiguiente, se tiene del CD de la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental de 13 del mismo mes y año, que expuso lo siguiente: a) La falta de fundamentación, motivación y valoración de prueba respecto a la probabilidad de autoría estipulado en el art. 233.1 del CPP y el peligro de obstaculización previsto por el art. 235.5 del mismo Código; el Auto Interlocutorio confutado señaló que no hubiese cumplido sus funciones descritas en el los arts. 14 del Reglamento de Contratación Directa y 33 del DS 0181; sin embargo, los mismos preceptos determinan la prohibición de que el Responsable del Proceso de Contratación (RPC) no puede ser parte de la comisión de calificación. Ahora bien, respecto al daño económico, el juez de primera instancia indicó que, se hubiera afectado a la sociedad al no haber cobrado las multas y garantías al contrato, sin emitir una explicación con elementos de prueba presentados por el Ministerio Público; cuando por el contrario el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí mediante informes señaló que no se cometió un daño económico, es así que, ni la Contraloría General del Estado y el Ministerio de Economía y Finanzas no pudieron comprobar el referido daño. Referente al delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas tampoco se explicó cuáles fueron los indicios de prueba expuestos por el Ministerio Público, por los que, se dio por acreditada la probabilidad de autoría ni cómo, cuándo y de qué forma su conducta se enmarca al indicado tipo penal, cuando no participó en la suscripción del contrato; b) La vulneración al derecho de igualdad y la no discriminación; puesto que, el juez a quo dio por acreditada el riesgo procesal contenido en el art. 235.5 del CPP, disponiendo su presentación en el Ministerio Público los días lunes, de dos garantes y el arraigo nacional, y ante su incumplimiento deberá pagar Bs20 000.- (Veinte mil bolivianos); y, c) La lesión al principio de proporcionalidad, dado que, las autoridades judiciales deben sustentar sus decisiones en elementos objetivos que materialicen los peligros procesales que se pretende evitar; por lo que, solicita no acudir a presentarse al Ministerio Público los días lunes, y la detención domiciliaria sea sin control esporádico. En respuesta a los citados agravios, el Ministerio Público indicó que, el recurrente no expresó de manera clara cuáles son los agravios, dado que, mencionó los mismos argumentos vertidos en la audiencia de medidas cautelares; sin embargo, no existe contradicción entre el DS 0181 y “…el párrafo III del manual de operaciones…” (sic), el cual dispuso que es obligación y responsabilidad “…quién tendría que subir estos formularios y corroborar la misma…” (sic); no se argumentó nada respecto al art. 235.5 del CPP, solicitando se mantenga y se confirme la decisión apelada. En contestación, la Procuraduría General del Estado adujó, los recurrentes no se expresaron ningún razonamiento de derecho, solo emitieron argumentos de hecho, pidiendo se confirme la resolución impugnada. En respuesta el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, mencionó que, no escuchó fundamentos que sean necesarios para contestar, requiriendo se confirme el Auto Interlocutorio confutado. En contestación el denunciante, señaló que los argumentos manifestados por los recurrentes no son suficientes para que sea modificada la decisión dictada en primera instancia. La Vocal demandada dando respuesta a los agravios demandados por el hoy accionante en el verificativo de consideración del recurso de apelación incidental, por Auto de Vista 130/2022 mencionó que: 1) Es el recurrente quien tiene que acreditar cuál es el agravio denunciado y la vinculación con la decisión impugnada respecto a la ausencia de fundamentación sobre los elementos probatorios, simplemente se limitó a señalar el art. “14 del Decreto Supremo 181” que no especifica sus funciones, empero, este argumento tiene que estar vinculado a los delitos que fueron imputados en contra del accionante, es decir, tiene que englobar al conjunto del requisito material y sustancial de los ilícitos; por consiguiente, considera que lo vertido por el Auto Interlocutorio confutado es corto y claro; puesto que, determinó los elementos probatorios por los cuales se subsumió la conducta del impetrante de tutela a los tipos penales imputados al indicar que por: “'…resolución administrativa 181/2021 fue designado como RPA y responsable del proceso de contratación de licitación pública y se han descrito las funciones principales del art. 14 del reglamento de contratación directa bajo los principios de transparencia relacionadas con el art. 33 del Decreto Supremo, las disposiciones del decreto 181 y la documentación que ha sido presentado, se emite un informe de 16 de noviembre recomendando adjudicar la adquisición de 41 ambulancias pese que no cumplía con las especificaciones técnicas regularidades detectadas por el personal del proceso de contratación señor Luis Rene Loayza quien habría convalidado y existiendo incumplimiento de deberes y injustificadamente omite dar cumplimiento a las funciones establecidas en el manual (…) art. 14 del reglamento de contratación directa asimismo el art. 33 del Decreto Supremo 181…'” (sic); por el contrario, el apelante en su carga argumentativa no justificó por qué los preceptos señalados no son suficientes para atribuirle la comisión de los delitos imputados, ante ello, esa omisión argumentativa no puede ser salvada por su autoridad al ser insuficiente; de igual manera, referente al ilícito de daño económico, ya que, el recurrente debió argüir si el mismo está relacionado a los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas o al incumplimiento de deberes. Ahora bien, el juez de primera instancia no manifestó cuál fue el elemento por el que se hubiese subsumido el delito de negociaciones incompatibles, sin embargo, tampoco el apelante explicitó el fundamento con el que estaría vinculado siendo deficiente su argumentación para efectuar una exegesis al respecto; 2) Concerniente al principio de proporcionalidad el apelante solamente se limitó a mencionar sobre el valor de este, haciendo mención a la ponderación de derechos que estuviese vinculado a la aplicación de las “medidas”, empero, sin realizar un razonamiento sobre el mismo en el verificativo del recurso incidental; y, 3) La carga argumentativa relativa al agravio cuestionando el art. 235.5 del CPP, no fue suficiente para ser entendida y respondida. Así, expuestos los agravios demandados por el hoy accionante y la respuesta otorgada por la Vocal demandada, es pertinente traer a colación lo descrito en el criterio constitucional citado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que refiere sobre el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales dictadas por tribunales de alzada, citando que la presencia de ambos componentes deben estar impresos en el contenido de toda decisión judicial emitida en segunda instancia; dado que, tiene la obligación de efectuar la revisión de la determinación de medidas cautelares ordenadas por el juez a quo, sea para ratificarlas, revocarlas, modificarlas o sustituirlas, ante lo cual, deberá expresar sus razonamientos de hecho y de derecho, igualmente manifestará el valor que dio a los medios de prueba que sean presentados por las partes del proceso, asimismo, debe establecer la concurrencia de los requisitos de validez para disponer la aplicación de medidas cautelares, siendo estos la probabilidad de autoría del ilícito penal y la existencia de los riesgos procesales de fuga y/u obstaculización, ante ello, no puede limitarse tan solo en la enunciación de la cita de documentación. Por lo vertido, le concierne a este Tribunal Constitucional realizar una exegesis del Auto de Vista 130/2022 pronunciado por la Vocal demandada, en lo que respecta a los tres agravios denunciados por el accionante contra el Auto Interlocutorio de 3 de octubre de 2022, conforme a las exigencias jurisprudenciales citadas sobre los elementos de fundamentación y motivación del derecho al debido proceso, por consiguiente, se pasa a detallar:
Sobre la fundamentación y motivación de la probabilidad de autoría Con relación a esta denuncia, la Vocal demandada realizó el análisis de lo vertido por el juez de primera instancia concerniente a la fundamentación y motivación que desarrolló respecto al elemento probatorio que sustento la probabilidad de autoría de los delitos por los que fue imputado, considerando que, si bien, en el Auto Interlocutorio de 3 de octubre de 2022, se señaló la Resolución Administrativa (RA) 181/2021, por la cual, se designó al accionante como “RPA” y responsable del proceso de contratación de la licitación pública, y por consiguiente, sus competencias estaban establecidas en los arts. 14 del Reglamento de Contratación y 33 del DS 0181; asimismo, en el informe de 16 de noviembre -no cita año-, el prenombrado recomendó la adjudicación de 41 ambulancias, sin tomar en cuenta, que no cumplía con las especificaciones técnicas -determinadas en el Documento Base de Contratación (DBC)- detectadas por el personal involucrado en el proceso de contratación, por lo que, incumplió con sus deberes; concluyó la autoridad demandada que, el citado razonamiento pese a que es corto, fue adecuado al subsumir con esas piezas procesales la conducta del impetrante de tutela con los tipos penales imputados. Ahora bien, de lo argüido por la Vocal demandada este Tribunal advierte que la exegesis realizada por la misma, carece de los componentes antes mencionados del debido proceso, puesto que, como autoridad de segunda instancia al tener la facultad de revisar las actuaciones y razonamientos del juez de primera instancia, ostentan la potestad de revocar, ratificar o modificar las medidas cautelares personales, ante ello, tiene la obligación de efectuar un análisis exhaustivo de lo que se demanda, no siendo correcto limitarse solamente hacer una transcripción de lo manifestado en el Auto Interlocutorio de 3 de octubre de 2022, sin explicar el por qué o cuáles fueron los parámetros utilizados para considerar que esa motivación fue suficiente y no arbitraria, además que la misma, debió ser descrita por cada uno de los delitos imputados, no siendo acertado hacer mención a piezas procesales y utilizarlas o mencionarlas de forma genérica, peor aún, cuando el impetrante de tutela sí identificó en su agravio que fue imputado por dos tipos penales, que ante esto, la autoridad demandada reconoció que el juez a quo “no ha explicado con que elementos se habría subsumido a las negociaciones incompatibles” (sic), justificando su omisión para no pronunciarse en que el accionante incumplió con la carga argumentativa al no describir cuál fue el elemento que estaría relacionado con ese delito, aspecto que no fue así, ya que, el peticionante de tutela cuestionó sobre la falta de argumentación de los elementos de convicción de ambos delitos y el daño económico aducido por el Ministerio Público; por esta razón, se concluye que el argumento utilizado por la Vocal demandada no genera un pleno convencimiento al no exponer los motivos normativos, legales o jurisprudenciales aplicables a su decisión; por consiguiente, la fundamentación esgrimida por la prenombrada es arbitraria, concerniendo conceder la tutela solicitada. Con relación al riesgo procesal de obstaculización Respecto al riesgo procesal previsto en el numeral 5 del art. 235 del CPP, la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, ha establecido que el Tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar; en efecto, la congruencia de la resolución de apelación sobre medidas cautelares tiene un alcance diferente, dado que, en mérito a la revisión de oficio que incumbe también al tribunal de segunda instancia debe verificar si concurre los requisitos de validez constitucional para la restricción de derechos fundamentales, sin que la expresión de agravios constituya un límite para dicha revisión. En ese marco, la observación del tribunal de alzada sobre la insuficiencia de la carga argumentativa del agravio, no justifica la omisión de pronunciamiento fundamentado y motivado sobre la concurrencia de dicho riesgo procesal, puesto que, como lo establece la jurisprudencia constitucional citada, la Vocal demandada estaba compelida a verificar si efectivamente ese riesgo procesal se dio por concurrente conforme a los estándares de fundamentación y motivación; entre ellos, que el razonamiento vertido por el juez de primera instancia fue efectuada en forma individualiza respecto al peticionante de tutela y a cada uno de los imputados, y si la misma de fundaba en datos objetivos y no solamente en presunciones abstractas; para finalmente justificar las razones por las que considera que debía ratificarse la decisión del juez a quo, al no haber procedido de esa manera evidentemente ha incurrido en vulneración del derecho al debido proceso, razón por la cual corresponde la concesión de tutela.
Con relación al principio de proporcionalidad El Auto de Vista 130/2022 mencionó sobre el principio de proporcionalidad que la carga argumentativa expuesta por el solicitante de tutela fue insuficiente. La justificación para omitir el pronunciamiento respecto al análisis de la proporcionalidad de la medida aplicada no resulta válida, puesto que, dicho examen forma parte de las condiciones de validez de la restricción del derecho a la libertad personal mediante la aplicación de las medidas cautelares de carácter personal; a partir de lo cual, la Vocal demandada estaba compelida a verificar si las indicadas medidas adoptadas cumplían con el principio de proporcionalidad, puesto que, de acuerdo a lo establecido por el art. 250 del CPP, el examen de su aplicación procede inclusive de oficio, disposición que no solo alcanza al juez de primera instancia sino también al tribunal de apelación; consiguientemente, la Vocal demandada al no pronunciarse sobre la proporcionalidad de las medidas cautelares aplicadas ha vulnerado el derecho al debido proceso en su elemento de congruencia externa, razón por la cual, es pertinente conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 16/2022 de 28 de diciembre, cursante de fs. 111 a 113, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer:
a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 130/2022 de 13 de octubre, emitido por Yacira Yarusca Cardozo Calizaya, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí. b) Que la Vocal demandada o quien ejerza esas funciones, dicte un nuevo Auto de Vista conforme los Fundamentos Jurídicos de este fallo constitucional, siempre y cuando, la situación jurídica del accionante haya cambiado en el transcurso del tiempo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Boris Wilson Arias López MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0256_2026-S3.pdf · páginas 1 a 18.
Huella digital del PDF (SHA-256): c807898fffed649ebd11badd77a3e1a273a9bec45612587ada0c915696814d14
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