Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 9 de marzo de 2026
Concede en parte la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia que la Vocal demandada, mediante Auto de Vista 173/2023, confirmó el impugnado Auto Interlocutorio 417/2023 que dispuso su detención preventiva, vulnerando la garantía al debido proceso en sus vertientes motivación, fundamentación y congruencia; así como, sus derechos a la libertad y a la defensa; debido a que, validó la incorporación oral efectuada por el Ministerio Público del riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP referido al peligro efectivo para la sociedad, pese a que dicho extremo no fue denunciado, fundamentado ni comunicado previamente en la imputación formal que solo refería al peligro para la víctima. Con relación a la lesión de derechos que se le atribuye, la Vocal demandada argumentó que: i) El Auto de Vista 173/2023 respondió al agravio formulado en el recurso de apelación incidental relativo a la incorporación ilegal del riesgo procesal de peligro para la sociedad, que aunque no fue denunciado en imputación formal, fue incorporado por el Juez de la causa con base en la condición de docente del imputado y testificales; ii) El procedimiento especial para delitos de violencia de género contempla el principio de informalidad, por lo que acoger dicho fundamento no vulnera el derecho a la defensa. El imputado conocía que debía defenderse del art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 23/2023 de 5 de junio, cursante de fs. 43 a 52, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, ante la evidenciada lesión de los derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; a la defensa y a la libertad; 2° DENEGAR la tutela impetrada en relación al derecho al debido proceso en su elemento congruencia; y, 3º Dejar sin efecto el Auto de Vista 173/2023 de 17 de mayo, emitido por la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, debiendo dicha Sala pronunciar una nueva resolución en plazo legal salvo que por el transcurso del tiempo la situación de la parte accionante no se hubiese determinado por una resolución posterior.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0256/2026-S2 Sucre, 9 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 56478-2023-113-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 23/2023 de 5 de junio, cursante de fs. 43 a 52, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rudy Edwin Zaconeta Flores en representación sin mandato de Alberto Fenelon Osinaga Riverty contra Salua July Dipp Antequera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.
Por memorial presentado el 5 de junio de 2023, cursante de fs. 1 a 9 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:
Se encuentra detenido preventivamente en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de Oruro, en virtud al Auto Interlocutorio 417/2023 de 5 de mayo, dictado por el Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del citado departamento dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de acoso sexual, al considerarse acreditados los requisitos del art. 233.1, 2 y 3 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Si bien la imputación formal argumentó la concurrencia del componente de peligro efectivo para la víctima previsto en el art. 234.7 del CPP, en la audiencia de medidas cautelares el Ministerio Público amplió oralmente sus fundamentos para incluir el componente de peligro efectivo para la sociedad, sustentado en su condición de docente universitario y el sesgo de poder respecto de sus estudiantes. Dicha ampliación se realizó sin comunicación previa ni por escrito, impidiéndole conocer oportunamente este nuevo cargo y preparar su defensa con prueba, ya sea esta documental. Pese a ello, el Juez de la causa convalidó la incorporación oral de dicho componente, dándolo por acreditado y utilizándolo como uno de los pilares para fundar la detención preventiva. Contra el Auto Interlocutorio 417/2023, interpuso recurso de apelación incidental el 8 de mayo de 2023, denunciando de manera específica la ilegal incorporación oral del riesgo procesal peligro efectivo para la sociedad, sin comunicación previa en la imputación formal. No obstante, la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -hoy demandada-, mediante Auto de Vista 173/2023 de 17 de mayo, resolvió declarar improcedente tal recurso y confirmar en su integridad el Auto Interlocutorio impugnado, argumentando que su incorporación no constituía un riesgo procesal nuevo, sino un fundamento que se vinculaba con los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público en la imputación formal. Asimismo, justificó su decisión en la aplicación del principio de informalidad previsto en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, señalando que dicho principio permite al juzgador acoger fundamentos que garanticen el derecho reforzado de la víctima a vivir una vida libre de violencia. Empero, la Vocal demandada no circunscribió su resolución a los agravios expuestos en el recurso de apelación incidental ni realizó un análisis crítico sobre la concurrencia efectiva del peligro efectivo para la sociedad, limitándose a aplicar el principio de informalidad de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, pese a que no fue invocado por el Ministerio Público en la audiencia cautelar ni por el Juez de primera instancia en su resolución. Asimismo, al convalidar la irregularidad, contravino el estándar fijado en la SCP 1181/2015-S1 de 16 de noviembre, que en un caso análogo estableció que el Ministerio Público no puede plantear en audiencia fundamentos nuevos sobre riesgos procesales que no fueron expuestos en la imputación formal, pues ello afecta el derecho a la defensa del imputado, y que el juez o tribunal de apelación tienen el deber de velar por la corrección de tales actos, no pudiendo consentirlos.
Denuncia la lesión de la garantía al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación y -se infiere- congruencia de una resolución; y de sus derechos a la libertad y a la defensa, citando al efecto los arts. 14.III, 23.I, 115.II y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8, 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 7.1, 8.2 inc. b) y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se anule parcialmente el Auto de Vista 173/2023, disponiendo que la autoridad demandada convoque a una nueva audiencia y pronuncie nuevo auto de vista, en el marco de lo establecido en el Código de Procedimiento Penal modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres y la jurisprudencia constitucional. Asimismo, revoque parcialmente el Auto Interlocutorio 417/2023, disponiendo la inconcurrencia del riesgo de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP en lo que respecta al peligro efectivo para la sociedad.
Celebrada la audiencia pública el 5 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 38 a 42 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante por intermedio de su representante sin mandato, ratificó in extenso los fundamentos de su memorial de acción de libertad.
Salua July Dipp Antequera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante informe escrito, cursante de fs. 34 a 37, solicitó se deniegue la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: a) En el Auto de Vista 173/2023 respondió claramente al agravio relativo a la incorporación del peligro efectivo para la sociedad que, si bien no fue denunciado en la imputación formal, el Juez de primera instancia añadió este componente basándose en que el accionante es docente de varias universidades con alumnas bajo su cargo, sustentándose en declaraciones testificales, que darían cuenta de que no sería la primera vez que ejerció este tipo de acciones, por lo que no existió vulneración del derecho a la defensa, ya que el impetrante de tutela conocía que debía defenderse de la concurrencia del art. 234.7 del CPP, aspecto que no era nuevo, y que el componente de peligro para la sociedad no se incorporó recién en audiencia cautelar, sino que complementó la peligrosidad ya configurada en relación a la víctima y vinculada a los elementos probatorios ya denunciados. Asimismo, el procedimiento especial para delitos de violencia en razón de género contempla el principio de no formalidad que permite al juez acoger este fundamento para garantizar el derecho reforzado de la víctima a una vida libre de violencia; y, b) La Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia establece que, cuando exista colisión de derechos, deberá primar el derecho de la mujer a una tutela judicial efectiva.
El Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, por Resolución 23/2023 de 5 de junio, cursante de fs. 43 a 52, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) El riesgo procesal inmerso en el art. 234.7 del CPP, en su componente de peligro efectivo para la sociedad, surgió y devino de la propia imputación formal. Si bien no fue definido de forma directa, sí fue referido implícitamente a través de los antecedentes, mencionándose los nombres de los testigos pertinentes -Carmen Gabriela Guizada Quiroz y Juan Carlos Guizada Poma- e indicándose que existían varias víctimas, conforme se detalló en dicho requerimiento fiscal; 2) En la audiencia de medidas cautelares de 5 de mayo de 2023, el representante del Ministerio Público fundamentó expresamente la necesidad de aplicar el riesgo procesal del art. 234.7 del CPP en su componente de peligro efectivo para la sociedad, basándose en la condición de docente universitario del imputado y la consiguiente exposición de alumnas bajo su cargo; 3) El Juez de primera instancia, al emitir el Auto Interlocutorio 417/2023, acogió y fundamentó la concurrencia del peligro efectivo para la sociedad en términos coincidentes con lo expuesto por el Ministerio Público y valorando las declaraciones testificales, concluyó que representaba un riesgo para las universitarias de la ciudad de Oruro; y, 4) La Vocal demandada, en el Auto de Vista 173/2023, se pronunció sobre el riesgo procesal cuestionado, concluyendo que no existía vulneración del derecho a la defensa, pues no se incorporó un peligro procesal nuevo, sino un fundamento vinculado a los elementos probatorios ya denunciados en la imputación formal, aplicando el principio de informalidad, previsto en el art. 4.11 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- para garantizar el derecho reforzado de la víctima a una vida libre de violencia. De manera que, no se advierte vulneración de derechos ni garantías constitucionales, ni falta de fundamentación o lesión al debido proceso. Asimismo, en respuesta a la solicitud de complementación efectuada por la defensa técnica del accionante -orientada a que se precise si el fundamento del peligro efectivo para la sociedad correspondía al juez de garantías o a la Vocal demandada- se ratificó íntegramente en su resolución, reiterando que se dio respuesta pormenorizada y que la Vocal demandada interpretó y aplicó correctamente el principio de informalidad de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP 004/2025 de 30 de diciembre, cursante de fs. 61 a 65, la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional dispuso el nuevo sorteo del presente expediente -y de determinados expedientes que se encontraban asignados a las cinco Magistraturas que cesaron en sus funciones-, a efecto de que sea redistribuido entre las Salas Primera, Segunda y Tercera de este Tribunal, a objeto de proseguir con su tramitación hasta la emisión de la correspondiente resolución, garantizando de esta manera la continuidad e integridad del servicio de justicia constitucional.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Acta de audiencia pública de aplicación de medidas cautelares de 5 de mayo y Auto Interlocutorio 417/2023 de igual data, pronunciado por el Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Alberto Fenelon Osinaga Riverty -hoy impetrante de tutela- por la presunta comisión del delito de acoso sexual, disponiendo su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro del citado departamento, por el lapso de cuarenta y cinco días, señalando audiencia para considerar la situación jurídica del nombrado, el 19 de junio de 2023 (fs. 15 a 29). II.2. Se tiene Auto de Vista de 173/2023 de 17 de mayo, por el que, Salua July Dipp Antequera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró improcedente el recurso de apelación incidental interpuesto por el peticionante de tutela contra el Auto Interlocutorio 417/2023, confirmando dicha resolución en su integridad (fs. 30 a 32 vta.).
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia que la Vocal demandada, mediante Auto de Vista 173/2023, confirmó el impugnado Auto Interlocutorio 417/2023 que dispuso su detención preventiva, vulnerando la garantía al debido proceso en sus vertientes motivación, fundamentación y congruencia; así como, sus derechos a la libertad y a la defensa; debido a que, validó la incorporación oral efectuada por el Ministerio Público del riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP referido al peligro efectivo para la sociedad, pese a que dicho extremo no fue denunciado, fundamentado ni comunicado previamente en la imputación formal que solo refería al peligro para la víctima. Con relación a la lesión de derechos que se le atribuye, la Vocal demandada argumentó que: i) El Auto de Vista 173/2023 respondió al agravio formulado en el recurso de apelación incidental relativo a la incorporación ilegal del riesgo procesal de peligro para la sociedad, que aunque no fue denunciado en imputación formal, fue incorporado por el Juez de la causa con base en la condición de docente del imputado y testificales; ii) El procedimiento especial para delitos de violencia de género contempla el principio de informalidad, por lo que acoger dicho fundamento no vulnera el derecho a la defensa. El imputado conocía que debía defenderse del art. 234.7 del CPP; el componente para la sociedad no se incorporó recién en audiencia, sino que complementó la peligrosidad ya configurada respecto a la víctima vinculado a elementos probatorios ya denunciados; y, iii) La Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia establece que ante la colisión de derechos debe primar el derecho de la mujer a una tutela judicial efectiva. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El ordenamiento jurídico boliviano, en su dimensión constitucional y legal, ha configurado la imputación formal no como un mero acto de comunicación, sino como la piedra angular que delimita el objeto del proceso penal en su fase preparatoria. A través de ella, el Ministerio Público no solo informa a una persona que es investigada, sino que precisa los hechos atribuidos, su calificación jurídica y los riesgos procesales que, a su juicio, hacen necesaria la aplicación de una medida cautelar. La jurisprudencia constitucional, a través de la SC 0731/2007-R de 20 de agosto, ha establecido un estándar de previsibilidad y lealtad procesal que resulta vinculante, pues la imputación formal constituye la oportunidad preclusiva para que el Fiscal de Materia exponga los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan los riesgos procesales contenidos en los arts. 233, 234 y 235 del CPP, al sostener que: “…el art. 302 del CPP establece que la imputación presentada por el fiscal -una vez concluida la investigación preliminar-, debe ser formalizada mediante resolución fundamentada, conteniendo entre otros aspectos, la solicitud de medidas cautelares si procede; lo que significa que el representante del Ministerio Público al solicitar la aplicación de medidas cautelares debe hacerlo también de manera fundamentada, estableciendo con precisión la existencia de los requisitos previstos en los art. 233 y 240 del CPP, sea que se trate de detención preventiva o medidas sustitutivas, así como la indicación concreta de cual o cuales circunstancias concurren al caso concreto de las descritas en los arts. 234 y 235 del CPP; esta necesaria fundamentación resulta exigible ante la necesidad de que el imputado a tiempo de asumir conocimiento de la imputación formal a través de la respectiva notificación, conozca los fundamentos de la solicitud, a efecto de que en ejercicio de su derecho a la defensa, vinculado a la concesión de tiempo y medios adecuados para su preparación (art. 8.II.c de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), pueda en su caso preparar una estrategia de defensa a ser desarrollada en la audiencia cautelar, que le permita refutar, contradecir e incluso acreditar la inexistencia de las circunstancias que fundamentan la petición fiscal o la presentada por la parte querellante; defensa que resultaría limitada en el caso de que recién en la audiencia se conozcan los argumentos del Ministerio Público y del querellante para solicitar la aplicación de una medida cautelar”.
De lo anterior se concluye que, en audiencia de medidas cautelares, el representante del Ministerio Público podrá ampliar, reforzar o detallar los fundamentos ya expuestos en la imputación formal; sin embargo, no podrá incorporar un riesgo procesal nuevo que no haya sido previamente anunciado en dicho acto conclusivo. Lo contrario supondría someter al imputado a un cuadro acusatorio incierto y variable, respecto del cual no tuvo oportunidad de preparar su estrategia de defensa, ofrecer prueba de descargo ni siquiera, conocer con certeza las cargas que debería desvirtuar en la audiencia, lesionando así su derecho a la defensa en su dimensión material y su garantía a ser informado previamente de la imputación en los términos del art. 8.2 inc. c) de la CADH.
La Ley 348, en su art. 4.11, consagra el principio de informalidad, señalando que “En todos los niveles de la administración pública destinada a prevenir, atender, detectar, procesar y sancionar cualquier forma de violencia hacia las mujeres, no se exigirá el cumplimiento de requisitos formales o materiales que entorpezcan el proceso de restablecimiento de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables”. De su tenor literal se desprende que la disposición se dirige a la totalidad de la administración pública -en todos sus niveles e instituciones- que cumpla funciones relacionadas con la violencia de género. Asimismo, el ámbito funcional de aplicación comprende todo el ciclo de respuesta estatal como acciones preventivas, atención a víctimas, detección de situaciones de violencia, procesamiento de denuncias e investigación de hechos y sanción de los responsables. Por otro lado, el núcleo normativo de este principio impone una prohibición imperativa expresado en “no se exigirá”, lo que constituye un mandato de abstención a las entidades públicas de requerir el cumplimiento de ciertos requisitos. La informalidad opera en el plano de la tramitación y la actuación administrativa y judicial, flexibilizando aquellos requisitos que, por su naturaleza formal o material, podrían dilatar innecesariamente la protección de los derechos de la víctima. Por ejemplo, la admisión de denuncias verbales, la dispensa de ciertas solemnidades en la toma de declaraciones, etc.; sin embargo, la prohibición no es absoluta, sino que está condicionada por un elemento teleológico, ya que únicamente alcanza a aquellos requisitos que entorpezcan -esto es, que dificulten, obstaculicen, retarden o impidan-la consecución de los dos fines complementarios que la norma protege en el marco de su objeto, el restablecimiento de los derechos vulnerados de la víctima, lo que implica el cese de la violencia, así como su protección, atención y reparación integral; y, la sanción efectiva de los responsables mediante su investigación, juzgamiento y sanción. No obstante, el principio de informalidad no puede ni debe entenderse como una cláusula de suspensión de derechos y garantías de la parte acusada incluso sean procesos especiales de violencia de género. Por el contrario, debe entenderse como un mandato de simplificación y agilización procedimental dirigido a los operadores de justicia, orientado a eliminar barreras burocráticas, a fin de que, en el cumplimiento de sus funciones, no antepongan formalidades excesivas que obstaculicen el acceso a la justicia de las víctimas ni la sanción efectiva de la violencia en razón de género.
El 5 de mayo de 2023, se celebró la audiencia pública de consideración de medidas cautelares dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, por la presunta comisión del delito de acoso sexual. En dicha audiencia, el Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro pronunció el Auto Interlocutorio 417/2023, disponiendo la detención preventiva del nombrado en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de Oruro, fundando su decisión en la acreditación de un peligro para la víctima y la sociedad, componente último que no se encontraba desarrollado en la imputación formal ambos previstos sin embargo como riesgos procesales en el art. 234.7 del CPP (Conclusión II.1). Contra dicha resolución interpuso recurso de apelación incidental, el cual fue resuelto por la Vocal hoy demandada, mediante Auto de Vista 173/2023 de 17 de mayo, declarando improcedente dicho recurso y confirmó en su integridad el impugnado Auto Interlocutorio 417/2023 (Conclusión II.2).
Previamente a analizar el fondo de la problemática corresponde considerar el argumento de la autoridad demandada respecto a que, aun concediendo la tutela, subsistiría en todo caso la detención preventiva del accionante pues incluso si se desvirtuara el riesgo para la sociedad continuaría vigente el riesgo para la víctima. Al respecto, en el caso concreto el impetrante de tutela no cuestiona la totalidad de los argumentos que sustentan la detención preventiva; no obstante, la incorporación del peligro para la sociedad -ahora cuestionado- si guarda vinculación con su libertad, pues, de resultar arbitrario, agrava su situación jurídica, al imponerle una carga probatoria adicional y cualitativamente distinta para acceder a una medida menos gravosa a la restricción a este derecho. Por lo expuesto, al no advertirse óbice que impida el análisis de fondo, corresponde ingresar al control de constitucionalidad de la resolución cuestionada y examinar el problema jurídico planteado. Ahora bien y respecto al fondo de la problemática debe considerarse que el art. 234 del CPP enumera los riesgos procesales que hacen viable la detención preventiva. En su numeral 7, la norma establece dos componentes claramente diferenciables: “Peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante…”. De esta disposición se desprenden dos supuestos autónomos. Por un lado, el peligro efectivo para la víctima -o el denunciante-, el cual se vincula a una relación de proximidad o a un daño específico respecto de una persona determinada o su familia. Por otro lado, el peligro efectivo para la sociedad, asociado a la peligrosidad del imputado en términos de afectación a un colectivo indeterminado. La norma, al emplear la conjunción disyuntiva “o”, denota con claridad que se trata de supuestos alternativos y no necesariamente concurrentes. Cada uno de ellos responde a presupuestos fácticos y probatorios distintos y, por consiguiente, exige una fundamentación separada y específica. No resulta admisible inferir automáticamente la concurrencia del peligro para la sociedad a partir de los mismos hechos que acreditan el peligro para la víctima, salvo que exista una conexión funcional explícitamente motivada que así lo justifique. De lo contrario, se desdibuja la estructura normativa del tipo, lo que genera una construcción argumentativa deficiente que repercute directamente en el ámbito probatorio y en las garantías del imputado. En ese marco, se tiene que el Auto de Vista 173/2023 emitido por la autoridad demandada luego de describir mensajes que representarían la figura de acoso sexual a la estudiante del imputado sostuvo: “…el imputado es un peligro efectivo para la sociedad, como bien hace referencia el Ministerio Público, porque el imputado es docente de varias universidades, en la cual estudian varias mujeres regentadas por el ahora imputado y se sustenta este entendimiento, en la declaración informativa de Carmen Gabriela Guizada Quiroz, como también de Juan Carlos Guizada Poma, haciendo ver que no sería la primera vez que el imputado hubiera ejercido este tipo de acciones, entendiéndose que efectivamente, esto no se ha denunciado de esta manera en la imputación formal; empero, no debe perderse de vista que existe un procedimiento especial para el juzgamiento de delitos de violencia de género, entre los cuales contempla ciertos principios, entre ellos el principio de no formalidad y considera la suscrita Vocal que, no existe vulneración o derecho a la defensa del imputado, cuando propiamente no se ha incorporado un peligro procesal nuevo…” (sic).
De lo anterior se colige que la Vocal demandada, en el Auto de Vista 173/2023, justificó la convalidación de la incorporación oral y sorpresiva del peligro efectivo para la sociedad -extremo no contenido en la imputación formal- invocando el principio de informalidad aspecto que denota que sí existió una respuesta a este agravio aunque ignorando la prohibición al juzgador de consentir que el Ministerio Público introduzca en audiencia fundamentos nuevos sobre riesgos procesales no comunicados en la imputación formal. La incorporación de un riesgo procesal no permitido tampoco podía justificarse por tratarse de un procedimiento especial para delitos de violencia de género, pues conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional dicho principio habilitaba al Juez de Instrucción Penal a acoger ese fundamento con la finalidad de garantizar el derecho de la víctima a una vida libre de violencia, pero no a dejar en indefensión a la parte imputada. En su caso para utilizar el principio de no formalismo debió exponerse las razones que le permitieran determinar: a) Si la omisión del Ministerio Público constituía efectivamente un requisito formal susceptible de flexibilización; y, b) De qué manera dicha flexibilización resultaba necesaria para garantizar los fines de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia en el caso concreto. La sola mención del principio para convalidar la incorporación sorpresiva del peligro para la sociedad, sin el desarrollo argumentativo que exige el art. 115.II de la CPE, convierte su decisión en una resolución carente de la motivación exigible, lesionando así el debido proceso en cuanto a este elemento y vinculado a ello, la debida fundamentación de la resolución. Finalmente, corresponde observar sobre el argumento de la autoridad demandada en sentido de que la concurrencia del peligro efectivo para la sociedad no era un riesgo procesal nuevo debido a que se encontraba acreditado el peligro efectivo para la víctima no es aceptable pues todo riesgo procesal debe ser individualizado sin que resulte admisible la extrapolación automática de un componente a otro riesgo procesal. El peligro efectivo para la sociedad y el peligro para la víctima, previstos en el art. 234.7 del CPP, constituyen supuestos autónomos por lo que exigen argumentación separada y específica, sin que sea admisible inferir automáticamente la concurrencia de uno a partir de los mismos hechos que acreditan el otro por lo que tampoco se satisface el debido proceso en la debida fundamentación y obliga a esta Sala a conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada -aunque con fundamentos distintos- actuó de manera parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 23/2023 de 5 de junio, cursante de fs. 43 a 52, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, ante la evidenciada lesión de los derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; a la defensa y a la libertad; 2° DENEGAR la tutela impetrada en relación al derecho al debido proceso en su elemento congruencia; y, 3º Dejar sin efecto el Auto de Vista 173/2023 de 17 de mayo, emitido por la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, debiendo dicha Sala pronunciar una nueva resolución en plazo legal salvo que por el transcurso del tiempo la situación de la parte accionante no se hubiese determinado por una resolución posterior. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0256_2026-S2.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 844e0486f91fcf475d179c10e74e669679dd927a939bc9f76d4d34779e2f3c5c
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