B.IA.LEGAL

SCP 0256/2025-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 10 de abril de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
10 de abril de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
51302-2022-103-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante a través de su representante sin mandato, expresa que, durante la tramitación de la causa ordinaria por violencia intrafamiliar o domestica contra la ex pareja de la impetrante de tutela, se solicitó al Fiscal de Materia –hoy demandado–, que se proceda a programar una audiencia de verificación sobre el cumplimiento de las medidas de protección impuestas, sin haberse podido materializar, lo que le genera un peligro inminente a su derecho a la vida, porque el denunciado imprime actos de violencia y hostigamiento en franco desconocimiento a las prohibiciones impuestas. En consecuencia, corresponden revisión, analizar si lo alegado es evidente, a fin conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 75/2022 de 31 de agosto, cursante de fs. 18 a 21, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Noveno del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que:

1º Juan Flores Huanca Fiscal de Materia, cumpla en el plazo de cuarenta y ocho horas desde su notificación para tramitar la audiencia de verificación de cumplimiento de medidas de protección a favor de Lorena Felicidad Ibáñez Sánchez; siempre y cuando por el transcurso del tiempo ésta ya hubiere sido realizada; y,

2º La citada autoridad, asuma las acciones necesarias que permitan garantizar la seguridad de la víctima.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Respecto a la protección reforzada de las víctimas de violencia en razón de género, la debida diligencia y la obligación de las autoridades judiciales de juzgar con perspectiva de género
  2. III.2. La acción de libertad y su ámbito de protección: Tutela sobre el derecho a la vida e integridad personal
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0256/2025-S4 Sucre, 10 de abril de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 51302-2022-103-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 75/2022 de 31 de agosto, cursante de fs. 18 a 21, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Boris Gustavo Arias Pizarro en representación sin mandato de Lorena Felicidad Ibáñez Sánchez contra Javier Flores Huanca, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados, el 29 de agosto de 2022, cursante a fs. 1 a 2 vta.; y, de subsanación, de 30 de igual mes y año (fs.4); la accionante a través de su representante sin mandato manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Se encuentra en plena tramitación un proceso penal por el delito de violencia familiar o doméstica, a denuncia de Lorena Felicidad Ibáñez Sánchez contra Fernando Jesús Zabaleta Flores, signado con el Número de Registro Judicial (NUREJ) 20113052200482, causa tramitada en el marco de la Ley N° 348 de 9 de marzo de 2013 –Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una vida libre de Violencia–; el Ministerio Público dispuso la aplicación de medidas de protección a la víctima, las cuales han sido desobedecidas por el denunciado, quien ha sometido a la agraviada a una serie de episodios de violencia, psicológica, física, sexual y económica. El 27 de julio, se solicitó por el conducto regular una valoración psicológica pericial para que se practique en la victima –ahora accionante– y también al denunciado.

El 8 de agosto de 2022, peticionó que se desarrolle una audiencia de verificación sobre el incumplimiento a las medidas de protección y también para que declaren los testigos de cargo propuestos; de igual manera, se adjuntó un dispositivo de almacenamiento digital en calidad de Disco Versátil Digital (DVD) que tiene contenido audiovisual sobre los ataques a su tranquilidad, amenazas a su integridad y la de su hija menor de edad, que cuenta con un año y tres meses de nacida pues el denunciado (Fernando Jesús Zabaleta Flores) en horas de la noche el 4 de junio de igual año, mientras ella circulaba por una calle cercana a su domicilio, el denunciado se había ocultado detrás de un vehículo motorizado tipo minibús, salto abruptamente y comenzó a hostigarla insultándola y amenazando su integridad corporal, actitud violenta de que fue interrumpida, cuando el perturbador se dio cuenta que la víctima activó la cámara de su teléfono celular y comenzó a grabar el suceso. Similar situación también sucedió, el 24 de agosto de 2022, en horas de la madrugada, la víctima se despertó por ruidos y golpes extraños que se desarrollaban en la ventana de la pequeña habitación que le sirve de hogar a ella y su pequeña hija de un año y tres meses de edad; el supuesto agresor, vociferaba y golpeaba la ventana intentando ingresar, se encontraba en aparente estado de ebriedad y vociferaba improperios, nuevamente se tomó imágenes y audio con la cámara del teléfono celular de la víctima y ante el anuncio de que se llamaría a la Policía, recién ceso sus reacciones violentas y huyo repentinamente; luego comenzaron a llamarle desde un número no identificado y era el denunciado que le agredía verbalmente, recibiendo esas llamadas en más de una ocasión y en horas de la madrugada, perturbando su descanso y el de su pequeña infante. Todo lo antes relatado, fue puesto en conocimiento del representante del Ministerio Publico, pero dicha entidad no ha tomado las medidas necesarias para precautelar su integridad física y psicológica que se encuentran bastante afectadas, el 26 de agosto de 2022, debía llevarse a cabo la audiencia de verificación de medidas de protección, pero fue suspendida por falta de notificaciones a sujetos procesales, además de que la causa no cuenta con un investigador asignado al caso, porque la Policía Boliviana constantemente dispone la rotación de dichos funcionarios y el Ministerio Publico no toma las medidas necesarias para evitar esa dilación que constituye en un perjuicio para el avance de la tramitación.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

La accionante a través de su representante sin mandato, denunció como lesionado su derecho a la vida al igual que el de su hija menor de edad, sin mencionar norma Constitucional.

I.1.3. Petitorio

Solicitó que se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, la autoridad demandada pueda programar y desarrollar la audiencia de verificación de cumplimiento de medidas de protección y se proceda a aplicar medida cautelar al denunciado en el proceso penal del cual deviene la presente acción tutelar.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 31 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 10 a 17 vta.; presentes, la solicitante de tutela y su representante sin mandato, así como también la autoridad demandada; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La impetrante de tutela, por intermedio de su abogado en audiencia , ratificó los fundamentos contenidos en su memorial de acción de libertad y ampliando sus argumentos, expuso lo siguiente: a) Se puso en conocimiento del demandado las grabaciones audiovisuales, donde se acreditó los actos violentos que Fernando Jesús Zabaleta Flores ejerce contra la víctima y el Fiscal de Materia no ha reaccionado, se ha cambiado al investigador asignado al caso, se va a reclamar y les derivan a distintas instancias y dependencias tanto del Ministerio Público como de la Policía Boliviana sin resultado alguno; y, b) Está en riesgo la vida de la accionante porque no se han tomado las medidas respectivas para que se verifique el cumplimiento de las medidas de protección impuestas. Ante la solicitud de intervención por parte del Juez de garantías, expresó que constantemente es acosada y hostigada por parte de su ex pareja –Fernando Jesús Zabaleta Flores–, al extremo de no poder ni siquiera salir a comprar alimentos para cenar, porque el individuo merodea su vecindario y alrededores, siempre en un estado inconveniente y no solo está en peligro su integridad propia, sino también la de su hija menor de edad.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Javier Flores Huanca, Fiscal de Materia en audiencia manifestó que: 1) Si la – ahora accionante– tenia observaciones o agravios sufridos por el trabajo de investigación o cualquier otro aspecto, debería primero haber acudido al control jurisdiccional ante la autoridad jurisdiccional a cargo; 2) Se ha cumplido respondiendo a los requerimientos de la víctima, se puede revisar la actividad procesal en el Sistema Informático de Justicia Libre (JL1); y, 3) La ausencia de investigador es responsabilidad del Comando de la Policía Boliviana, el Ministerio Público solo controla la labor investigativa, no tiene dominio sobre las designaciones policiales.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Noveno del departamento de La Paz, por Resolución 75/2022 de 31 de agosto, cursante de fs. 18 a 21, concedió en parte la tutela impetrada, bajo los siguientes argumentos: i) Se debe tener presente la SC 0690/2014 de 10 de abril, que desarrolla la naturaleza de la acción de libertad cuyo objeto de tutela es el derecho a la vida; y, ii) Las mujeres en virtud de la Convención Belem do Pará, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tienen la garantía de desarrollar una vida libre de violencia, es obligación del Estado, precautelar ese beneficio porque contribuye a una vida libre de violencia, por lo que si la victima solicitó el auxilio para que sus derechos sean respetados, se le debe otorgar toda protección que la normativa tenga prevista a efectos de lograr que se cumplan los postulados.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal proceso penal por el delito de violencia familiar o doméstica, a denuncia de Lorena Felicidad Ibáñez Sánchez –hoy accionante–contra Fernando Jesús Zabaleta Flores, signado con el NUREJ 20113052200482, causa tramitada en el marco de la Ley 348; el Ministerio Público dispuso la aplicación de medidas de protección a la víctima, pero debido a diversas situaciones de violencia ejercida por el agresor contra la víctima se habría solicitado ante el Fiscal de Materia asignado al caso, para que esta autoridad convoque a una audiencia de verificación del cumplimiento de las medidas de protección, habiéndose suspendido una primera audiencia fijada por falta de notificación y una segunda por no tener investigador asignado al caso (fs. 2 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante a través de su representante sin mandato, expresa que, durante la tramitación de la causa ordinaria por violencia intrafamiliar o domestica contra la ex pareja de la impetrante de tutela, se solicitó al Fiscal de Materia –hoy demandado–, que se proceda a programar una audiencia de verificación sobre el cumplimiento de las medidas de protección impuestas, sin haberse podido materializar, lo que le genera un peligro inminente a su derecho a la vida, porque el denunciado imprime actos de violencia y hostigamiento en franco desconocimiento a las prohibiciones impuestas. En consecuencia, corresponden revisión, analizar si lo alegado es evidente, a fin conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Respecto a la protección reforzada de las víctimas de violencia en razón de género, la debida diligencia y la obligación de las autoridades judiciales de juzgar con perspectiva de género

Al respecto, la SCP de Avocación 0001/2022 de 31 de marzo, señaló que “La violencia de género se constituye en un flagelo a los derechos humanos y un problema social de gran magnitud, debido a su considerable incidencia y riesgo respecto a las secuelas físicas y psicológicas a consecuencia de la misma; así como, el alto costo social que representa para toda la sociedad, lamentablemente a lo largo de los años, el incremento de esta –principalmente contra las mujeres–, se ha visto reflejado en el aumento de feminicidios en Latinoamérica y en particular en Bolivia, delito que se instituye en el último eslabón de las diversas formas de violencia contra las mujeres. El Estado boliviano, en respuesta ante esta grave problemática que aqueja a nuestra sociedad, estableció un marco normativo que tiene por objeto la prevención, investigación, sanción y erradicación de este tipo de violencia, entre cuyas disposiciones, se tiene a la propia Norma Suprema, la cual en su art. 15.II y III, estipula que: ‘II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad.

III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y

sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privadoʼ . Así, emergente de sus obligaciones convencionales; así como, los derechos fundamentales y garantías constitucionales plasmados en su Ley Fundamental, el Estado Boliviano, emitió normativa específica para la prevención, atención, protección y reparación de las víctimas de violencia de género y generacional; entre ellas, la “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia” (Ley 348); la cual, dispone: ‘ARTÍCULO 2. (OBJETO Y FINALIDAD). La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien. ARTÍCULO 3. (PRIORIDAD NACIONAL).

I. El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género. (…)

ARTÍCULO 47. (APLICACIÓN PREFERENTE DE DERECHO). En caso de conflicto o colisión entre derechos individuales y colectivos, se dará preferencia a los derechos para la dignidad de las mujeres, reconocidos en los tratados internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política del Estado y en la presente Ley. ARTÍCULO 80. (MEDIDAS DE SEGURIDAD). La autoridad judicial en ejecución de sentencia, cuando se hayan dispuesto sanciones alternativas, aplicará las medidas de seguridad necesarias para proteger a la mujer que se encuentra en situación de violencia, y a sus hijas e hijos o su núcleo familiar. (…)ʼ Por ello, en el marco normativo y jurisprudencial desarrollado previamente, se advierte la relevancia primordial de la protección de las víctimas de violencia de género en todas las etapas del proceso penal; más aún, cuando se trate víctimas de violencia feminicida –en el entendido de que el término víctima abarca de igual manera a la familia directa de aquellas personas que fallecieron a raíz de dicho ilícito–, definida como ‘…la acción de extrema violencia que viola el derecho fundamental a la vida y causa la muerte de la mujer por el hecho de serloʼ (art. 7.2 de la Ley 348); dado que, éstas se encuentran en condición de vulnerabilidad para afrontar los riesgos de sufrir una nueva victimización, intimidación o represalias al momento de que la persona que cometió el delito sea puesta en libertad; puesto que, esta vulnerabilidad procede de las circunstancias de la infracción penal. Ante esta situación de vulnerabilidad, la SCP 0152/2021-S4 de 17 de mayo, entre otras, ha remarcado la obligación de juzgar con perspectiva de género y la debida diligencia en los casos de violencia de género y generacional; así como, la aplicación preferente de la Ley 348, con base en la normativa nacional y convencional emitida al efecto; señalando que: “La violencia contra la mujer, y más aún cuando se trata de víctimas niñas, niños o adolescentes, se reviste de primordial atención para todas las instancias del Estado, que es el llamado a prevenir, investigar, sancionar y eliminar la violencia de género y generacional, en todas sus especies… (…)

En este contexto, sobre el deber de los Estados respecto a la debida diligencia, especialmente en casos de violencia en razón de género la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), en el caso González y otras (‘Campo Algodonero’) Vs. México[1].; estableció que: (…) 254. Desde 1992 el CEDAW estableció que «los Estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas». En 1993 la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de la Asamblea General de las Naciones Unidas instó a los Estados a «[p]roceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares» y lo mismo hizo la Plataforma de Acción de la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing. En el 2006 la Relatora Especial sobre violencia contra la mujer de la ONU señaló que «[t]omando como base la práctica y la opinio juris […] se puede concluir que hay una norma del derecho internacional consuetudinario que obliga a los Estados a prevenir y responder con la debida diligencia a los actos de violencia contra la mujer»’ (las negrillas son nuestras). Así también, respecto a la debida diligencia en los casos de violencia de género; se tiene que: ‘En el marco de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), ha determinado que la violencia contra la mujer es una manera de impedir que se ejercite en libertad e igualdad los derechos que se reconocen a las mujeres, lo cual implica que el Estado es responsable no solo de sus actos, sino también de particulares. Entonces el aparato estatal cuando no instituye los mecanismos para proteger a las mujeres y sin la debida diligencia, incumple no solo sus obligaciones internacionales sino un mandato constitucional, conforme a lo comprendido por el bloque de constitucionalidad y el carácter de aplicación preferente de los instrumentos internacionales en la materia, cuando consignan una protección más enfática que la Norma Suprema. Asimismo, debe prevenirse, investigarse, castigarse y repararse con la debida diligencia los delitos efectuados contra mujeres, sean éstos perpetrados por agentes estatales o por particulares, generando las condiciones aptas para denunciar estos ilícitos, reclamar el respeto de los derechos de las mujeres, optimizando la respuesta de la justicia penal ante hechos de violencia contra la mujer. La debida diligencia que debe ejecutarse desde todos los niveles del Estado, también se encuentra prevista en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), la cual a través de lo dispuesto en su art. 7, indica entre otras obligaciones, que se debe prevenir, investigar y sancionar con la debida diligencia la violencia contra la mujer, además de incluir en la legislación doméstica las normas penales, civiles, administrativas y de cualquier otra naturaleza para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. En el ordenamiento jurídico boliviano, la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia ‘Ley 348’, se han tipificado delitos penales en razón de género, para la prevención de estos ilícitos, determinando incluso, en el marco de lo establecido en el art. 3.I de la citada ley, que el Estado Boliviano tiene la prioridad de erradicar la violencia hacia las mujeresʼ. En ese contexto; y, bajo el entendido de que, la administración de justicia, recae en las distintas jurisdicciones establecidas por el art. 179 de la Ley Fundamental, este Tribunal emitió el ‘Protocolo de Juzgamiento con Perspectiva de Género Interseccional para la Jurisdicción Constitucional”, dirigido al personal vinculado a la jurisdicción constitucional, desde sus máximas autoridades hasta los foros judiciales relacionados a la tutela de derechos y protección de garantías, quienes son responsables de actuar con la debida diligencia y compromiso que demanda la interpretación y aplicación de la perspectiva de género en todo asunto en el que se identifiquen brechas de marginalidad, vulnerabilidad o desigualdad; mismo que tiene como finalidad concretar en la práctica jurisdiccional la igualdad y género en estrados judiciales; mediante la adopción de esta medida institucional positiva tendiente a evitar que, por cuestiones de género, no se materialicen los derechos fundamentales, peor cuando la ciudadanía se vea imbuida en procesos judiciales, se concentra la triada de justicia constitucional, mujeres y género. A su vez, el Órgano Judicial, dentro del cual se encuentra la jurisdicción ordinaria, ejercida por el Tribunal Supremo de Justicia, los Tribunales Departamentales de Justicia, los Tribunales de Sentencia y los Jueces, como actores que ejercen el rol del Estado, a la hora de lograr el procesamiento y sanción efectiva de la violencia de género, mediante Acuerdo de Sala Plena 126/2016 de 22 de noviembre, del Tribunal Supremo de Justicia; el Acuerdo SP.TA. 23/2016 de 23 de noviembre, del Tribunal Agroambiental; y, el Acuerdo 193/2016 de 16 de noviembre, del Consejo de la Magistratura; aprobó el “Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Géneroʼ, que se constituye en un instrumento para los administradores de justicia, que tiene la finalidad de promover el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y garantizar el juzgamiento desde una visión de igualdad de género como elemento esencial y de cumplimiento obligatorio.

De este modo, con base en la normativa y jurisprudencia desglosada previamente; se concluye que, con la finalidad de materializar los presupuestos de protección a las víctimas de violencia de género, mediante el cumplimiento del marco legal citado supra, no como una mera obligación sino principalmente porque a través de ellos, las mujeres y las víctimas de violencia en general, sometidas a un estado de vulnerabilidad, encuentran el valor justicia y se restituye su dignidad humana, logrando de este modo trascender del ámbito individual repercutiendo a la restitución de los valores de la sociedad en su conjunto, en el marco del vivir bien, el Estado boliviano, tiene la obligación de prevención, atención, protección y reparación de las víctimas de violencia de género, en todas sus instancias; más aún, en los procesos judiciales, donde mediante el procesamiento y sanción efectiva de los autores de estos delitos, se materializa la potestad de impartir justicia delegada por el pueblo boliviano a las autoridades jurisdiccionales competentes; aspecto que, no se encuentra restringido a una fase procesal, sino de forma permanente; debiendo por ello, las autoridades de todas las instancias y de todas las jurisdicciones reconocidas por la Ley Fundamental, juzgar siempre con perspectiva de género y en el marco de la debida diligencia a objeto de prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género” (las negrillas son añadidas).

III.2. La acción de libertad y su ámbito de protección: Tutela sobre el derecho a la vida e integridad personal

Al respecto la SCP 0784/2020-S4 de 1 de diciembre, señaló que: “De acuerdo al nuevo diseño constitucional, previsto en la Constitución Política del Estado el 7 de febrero de 2009, la acción de libertad, por expreso reconocimiento constitucional, extendió el ámbito de su protección al derecho a la vida e integridad personal, sin previa exigencia de vinculación alguna con los derechos de libertad personal o de locomoción del agraviado.

Esta nueva configuración otorgada a la acción de libertad, se encuentra explicada y desarrollada en la SCP 2150/2013 de 21 de noviembre, de la siguiente manera: ʽ…el habeas corpus, en nuestro caso acción de libertad, es la garantía jurisdiccional idónea para controlar el respeto a la vida e integridad del detenido, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, y para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; ámbito de protección que; sin embargo, en el caso boliviano, no abarca únicamente a los supuestos de detención, sino también en los casos en los cuales exista amenaza al derecho a la vida, conforme lo establece el art. 125 de la CPE, que asume, en este punto un criterio más favorable para la efectiva protección de este derecho que, conforme se tiene señalado es considerado por la jurisprudencia constitucional como el bien jurídico más importante de cuantos consagra el orden constitucional.

En ese sentido, debe mencionarse a la SCP 1278/2013 de 2 de agosto, que reflexionó sobre el nuevo alcance de la acción de libertad con relación al derecho a la vida, al señalar:

«…en virtud a la tutela que brinda respecto al derecho a la vida y también a la integridad física o personal (art. 64 del Código Procesal Constitucional [CPCo]), la acción de libertad es concebida como una acción esencial y, por lo mismo, debe señalarse que si bien su génesis como garantía jurisdiccional está asociada con la defensa del derecho a la libertad física y personal; no es menos cierto que, dado el carácter primario y básico del derecho a la vida, del cual emergen el resto de los derechos, la acción de libertad también se activa en los casos en que exista un real peligro para éste, aunque no se dé la estrecha vinculación del mismo con la libertad física o personal, en el ámbito clásico del hábeas corpus o acción de libertad instructiva.

Debe señalarse que esta conclusión, que emerge de la naturaleza del derecho a la vida y de la acción de libertad como un medio inmediato para su defensa, encuentra sustento en la Constitución Política del Estado y en el propio Código Procesal Constitucional. Efectivamente, de acuerdo al art. 125 de la CPE antes glosado, la acción de libertad puede ser presentada por toda persona 'que considere que su vida está en peligro', sin condicionar la procedencia de esta acción a la vinculación con el derecho a la libertad física o personal. En igual sentido, el art. 47 del CPCo, señala que la acción de libertad procederá cuando cualquier persona crea que 'su vida está en peligro».

Consecuentemente, las propias normas constitucionales y legales configuran procesalmente a la acción de libertad como un medio para la defensa del derecho a la vida, cuando éste estuviere en peligro y, por lo mismo, no cabe una interpretación restrictiva de esta norma limitando su alcance únicamente a los supuestos en que exista vinculación con el derecho a la libertad física o personal.

Sin embargo, debe señalarse que, en todo caso, será la parte accionante la que, tratándose del derecho a la vida, asuma la decisión de formular una acción de libertad o de amparo constitucional; empero, también debe dejarse establecido que, es la justicia constitucional la que deberá analizar si realmente se está ante una lesión o peligro directo al derecho a la vida tutelable a través de la acción de libertad, pues su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción’.

Conforme a ello, la acción de libertad en su modalidad de instructiva, se activa ante cualquier amenaza que ponga en riesgo el derecho a la vida, para ello, las acciones y omisiones de servidores públicos y personas particulares, que de alguna manera pongan en peligro la eficacia y la integridad de dicho derecho, deben ser analizadas por la justicia constitucional, a través de este mecanismo de defensa, lo contrario implicaría inobservar el mandato constitucional, quebrantándose con ello la Norma Suprema del Estado. (…) En la misma línea jurisprudencial, la SCP 0575/2016-S3 de 17 de mayo, –invocada por la accionante–, asumiendo el entendimiento plasmado en la SC 0589/2011-R de 3 de mayo, sobre el amplio ámbito de protección de la acción de libertad, en la resolución del caso concreto, corroboró lo siguiente: ʽConsiderando la necesidad y urgencia para atender el presente caso, toda vez que, la vida del accionante se encuentra en inminente peligro sin un debido control, conforme lo demuestra el certificado aportado por este (Conclusión II.3.), corresponde activar la ‘noción protectiva’ de la acción de libertad en relación a la vida, esto implica el alejamiento de los formalismos procesales, conforme se tiene glosado en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, debiendo en consecuencia analizar la problemática planteada en esta acción tutelar. (…)

Conforme a los razonamientos expuestos, se tiene que la acción de libertad tiene un amplio ámbito de protección que incluye el derecho a la libertad en sus esferas física y de locomoción. Asimismo, protege de manera directa el fundamentalísimo derecho a la vida e integridad personal, circunstancia en la cual, el deterioro o la afectación en la salud del impetrante de tutela podría poner en riesgo real e inminente su vida o integridad personal; en consecuencia, a efecto de que la tutela vía acción de libertad proceda, el peligro que se alega con respecto a la vida no debe limitarse a una simple enunciación, sino que corresponde que guarde las características de real, directa e inminente” (las negrillas y subrayado corresponden al texto original).

III.3. Análisis del caso concreto

La accionante a través de su representante sin mandato; expresa que, durante la tramitación de la causa ordinaria por violencia intrafamiliar o domestica contra la ex pareja de la solicitante de tutela, se peticionó al Fiscal de Materia –ahora demandado–, que se proceda a programar una audiencia de verificación sobre el cumplimiento de las medidas de protección impuestas, sin haberse podido materializar dicho actuado, lo que le genera un peligro inminente a su derecho a la vida, porque el denunciado imprime actos de violencia y hostigamiento en franco desconocimiento a las prohibiciones impuestas.

Es decir, la ahora impetrante de tutela, acudió ante el Ministerio Público a denunciarlo por el delito de violencia familiar o doméstica, conducta descrita en el art. 272 bis del Código Penal (CP), esta tipificación fue introducida en la norma sustantiva penal por la Ley 348, norma jurídica que tiene por objetivo desterrar la práctica de violencia hacia las mujeres a través del poder punitivo que ostenta el Estado, para perseguir y procesar a los justiciables que incurran en conductas tipificadas como delitos y deban ser expuestos al juicio de reproche, pero el Ministerio Público como ente defensor de los intereses de la sociedad (art. 225 de la CPE), no habría cumplido con la debida atención a sus pretensiones, ya que por distintos motivos no se ha podido llevar a cabo la audiencia de verificación de cumplimiento de medidas de protección y tampoco se ha podido subsanar la falta de investigador asignado al caso, porque los oficiales que estaban cargo fueron removidos por orden de sus superiores, ya que son oficiales policiales adscritos a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV); así también el reclamo establece que se pusieron a conocimiento del Fiscal –hoy demandado–, materiales audiovisuales que demuestran el incumplimiento por parte del denunciado respecto de las medidas de protección, porque en reiteradas oportunidades este último habría concurrido al domicilio de la accionante e incurrió en conductas violentas y actitudes lesivas que continúan soslayando la tranquilidad de la accionante que también es madre de una menor de edad, la autoridad demandada, hizo conocer al Juez de garantías, que no tuvo acceso al material audiovisual, porque estaría esperando el tratamiento técnico que deben realizar los peritos para poder extraer la información, entonces la victima genera su reclamo porque pese a que ha denunciado y cumplido con los pasos que la Ley 348 establece como norma protectiva contra la Violencia Hacia las Mujeres; aún se encuentra en situación de peligro arriesgando su vida e integridad física, porque la cobertura que debería desplegar el ente persecutor, aun no se materializa (Conclusiones II.1.).

Como se ha determinado en los Fundamentos Jurídicos III.1. del presente fallo Constitucional, el Estado Plurinacional de Bolivia, ha determinado que la violencia de género es un elemento nocivo para la comunidad, por lo que debe erradicarse, para ello la sociedad jurídica y políticamente organizada, ha adoptado una serie de mecanismos que generan un sistema de protección a la víctima y castigo al agresor. Tal como la Constitución Política del Estado expresa en su art. 15, todo ser humano tiene derecho a vivir libre de violencia y el Estado tiene que adoptar las medidas necesarias para prevenir los posibles fenómenos de figuras de violencia que puedan afectar al conglomerado social y en especial a un sector vulnerable cual es el de género femenino; el Ministerio Público juega un rol importante dentro de toda esta problemática porque, es la primera instancia de contacto que tiene la víctima a objeto de ser beneficiaria de la protección estatal, por lo que la reacción de la Fiscalía tiene que ser inmediata, oportuna y sobre todo efectiva, en la especie la impetrante de tutela, en su condición de víctima de violencia de género, ha denunciado al supuesto agresor, y a consecuencia de ello se evacuaron las medidas de protección (art. 32 de la Ley 348), esto con el afán de cumplir el postulado de dicho cuerpo normativo, al proceder a evitar o interrumpir los episodios de violencia que la víctima podría sufrir y que genere una vulneración mayor a sus bienes jurídicos, además dicho instituto jurídico es de aplicación inmediata sin demora en su tramitación; la accionante hizo conocer que el denunciado (Fernando Jesús Zabaleta Flores), continua ejerciendo actos de violencia hacia ella y su pequeña hija, como consecuencia de haber judicializado su pretensión de cese de violencia hacia ellas, pero el Ministerio Público en la persona de la autoridad demandada, no ha procedido a imprimir los actos procesales necesarios para que se asegure la realización de la audiencia de verificación de cumplimiento de medidas de protección, lo cual ha generado la emergencia de que la solicitante de tutela active la vía de la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad, que se constituye en el mecanismo idóneo para precautelar el derecho a la vida cuando la amenaza o lesión es inminente; ya que, ella vive sola junto a su pequeña hija menor de edad y debe soportar el hostigamiento y actos de violencia que desata el agresor vulnerando las medidas de protección contenidas en el art. 35 de la Ley 348, por lo que es pertinente instrumentalizar la acción de libertad para resguardar el derecho a la vida de la accionante como el bien jurídico más importante de los insertos en la Norma Suprema tal como razonan los Fundamentos Jurídicos III.2.

En conclusión, corresponde atender la solicitud de tutela, porque la dilación indebida para atender las pretensiones procesales de la víctima en los casos de violencia de género, no solo generan retardo procesal como elemento adverso a la economía y celeridad procesales, sino que puede convertirse en una cifra más de las estadísticas sobre las víctimas fatales de la violencia de genero.

Por lo expuesto, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 75/2022 de 31 de agosto, cursante de fs. 18 a 21, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Noveno del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que:

1º Juan Flores Huanca Fiscal de Materia, cumpla en el plazo de cuarenta y ocho horas desde su notificación para tramitar la audiencia de verificación de cumplimiento de medidas de protección a favor de Lorena Felicidad Ibáñez Sánchez; siempre y cuando por el transcurso del tiempo ésta ya hubiere sido realizada; y,

2º La citada autoridad, asuma las acciones necesarias que permitan garantizar la seguridad de la víctima. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

Notas al pie

1 Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Bolivia tenía el 2018, la tasa más alta de feminicidio en Sudamérica, con 2, 3 muertes por cada 100 mil mujeres. Boletín Vida libre de violencia.

2 “Protocolo de Juzgamiento con Perspectiva de Género Interseccional para la Jurisdicción Constitucional”, 2021, pág. 49, Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0256_2025-S4.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): c0194c160790336e55c6a9483d3c4f2ed18188128b907e00fd2005a5469c67df

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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