Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 16 de abril de 2025
Deniega la tutela
La accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la vida, a la libertad personal, al debido proceso y a la defensa vinculada a la valoración irracional y arbitraria de la prueba; alegando que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, el Vocal demandado en audiencia de apelación incidental, mediante Auto de Vista 467/2022 de 4 de noviembre, ordenó su detención preventiva por el plazo de tres días a partir de su ejecución, debido al incumplimiento de las medidas de protección adoptadas a favor de la víctima; sin embargo, no le correspondía a dicha autoridad considerar ese aspecto, al no haber sido el motivo de la impugnación, y que la misma que estaba dirigida exclusivamente a la concurrencia del riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP; resultando ultra petita su actuación, transgrediendo la correcta aplicación del art. 389 quinquies del citado Código, generando su indebida y arbitraria privación de libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución ACC.LIB. 06/2022 de 12 de noviembre, cursante de fs. 177 a 179 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, con base en los fundamentos jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° EXHORTAR a Luis Benjamín Rojas Latorre, Juez de garantías, aplicar perspectiva de género y enfoque de interseccionalidad, en los casos de violencia en razón de género, resolviendo los mismos acorde a la progresividad y tutela reforzada de los derechos y garantías fundamentales que involucran este tipo de delitos; aplicando una interpretación normativa conforme y desde la Constitución Política del Estado.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0256/2025-S3 Sucre, 16 de abril de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Magistrado Correlator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 51253-2022-103-AL Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución ACC.LIB. 06/2022 de 12 de noviembre, cursante de fs. 177 a 179 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan David Quiñones Campos en representación sin mandato de Zulema Edith Vargas Zamorano contra Jaime René Conde Andrade, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.
Por memorial presentado el 11 de noviembre de 2022, cursante a fs. 2; y, 143 a 155 vta., la accionante a través de su representante, expresó que:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, a instancia de Patricia Frida Lluen Vargas, en representación de Esther Vargas Rojas de Lluen, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal (CP); en audiencia de consideración de medidas cautelares de carácter personal, el Juez de la causa emitió el Auto Interlocutorio de 18 de octubre de 2022, declarando improcedente la solicitud de detención preventiva; decisión que fue apelada por la víctima, a cuyo efecto, el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -ahora demandado-, pronunció el Auto de Vista 467/2022 de 4 de noviembre, ordenando su detención preventiva por el plazo mínimo de tres días a partir de su ejecución, ante el incumplimiento de las medidas de protección adoptadas a favor de la víctima, en observancia del art. 389 quinquies del Código de Procedimiento Penal (CPP).
Sin embargo, no le competía al Vocal demandado considerar las referidas medidas de protección como un motivo de la impugnación; puesto que, dicho aspecto no fue solicitado en el recurso de apelación incidental planteado, sino más bien estaba dirigido exclusivamente a la concurrencia de un riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del citado Código; y, ante la inobservancia de las mismas, correspondía su tratamiento al Juez a quo y de ninguna manera al Tribunal de alzada que conoció el medio recursivo, cuya actuación resulta ultra petita; ya que, durante la sustanciación de la audiencia de medidas cautelares, jamás se tramitó, menos se pidió considerar ese extremo, vulnerando la correcta aplicación de los arts. 389 quinquies y 398, ambos del Código Adjetivo Penal, generando su indebida y arbitraria detención preventiva.
Denunció la lesión de sus derechos a la vida, a la libertad personal, al debido proceso y a la defensa vinculada a la valoración irracional y arbitraria de la prueba, citando al efecto los arts. 13.I, 15.I, 21.7, 22, 23.I. III y IV, 115 y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo su inmediata libertad, al encontrarse arbitrariamente privada de ese derecho en el Centro Penitenciario San Roque, con responsabilidad de la autoridad judicial que determinó su detención preventiva.
Celebrada la audiencia pública el 12 de noviembre de 2022, según consta en acta cursante a fs. 173 a 177, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado, reiteró los fundamentos expuestos en su memorial de acción de libertad, y ampliándolos refirió que: a) Al no haber el Vocal demandado presentado informe escrito ni asistido a la audiencia de verificación de acción del libertad, para refutar las afirmaciones de la parte accionante, opera la presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados, conforme determina la SCP 0027/2019-S2 de 25 de marzo, correspondiendo la denegatoria de la acción tutelar presentada; y, b) Reiteró la concesión de la tutela, reparando el derecho a la libertad de locomoción que fue vulnerado, inclusive a la vida, ya que se encuentra delicada de salud.
Enrique Montaño, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías, manifestó que: 1) El Juez de la causa, a fin de hacer efectivo el resguardo de la vida, integridad física o psicológica de la víctima, de oficio o a solicitud del Fiscal de Materia o de la víctima y representante legal, puede imponer una detención preventiva al infractor de un mínimo de tres o máximo de seis días; y, 2) La autoridad demandada aplicó preferentemente el art. 389 quinquies del CPP, que iba a ofrecer protección a una persona adulta mayor que es mujer, conforme lo previsto en los arts. 67 y 68 de la CPE, así como el art. 46 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-; por lo cual, dio una cabal aplicación a las medidas de protección y el bloque de constitucionalidad inserto en el art. 410 de la Norma Suprema; por lo que, solicitó se deniegue la acción de libertad, manteniendo incólume el Auto de Vista cuestionado.
Esther Vargas Rojas, mediante su abogado en audiencia de garantías señaló que: i) La parte final del art. 389 quinquies del referido Código, señala que la autoridad jurisdiccional de oficio o a solicitud de las partes, dispondrá la detención preventiva, no dice el Juez de primera instancia; es decir, no es una facultad privativa del mismo; en el presente caso, el Tribunal de alzada cumplió con lo establecido por dicha normativa penal; ii) Según la SCP “…134/2021S-3 de 12 de noviembre…” (sic), respecto a las medidas de protección, no puede haber formalidades, debiendo más bien la protección ser de inmediata accesibilidad, la falta de requisitos formales y materiales en el procedimiento, no deberá impedir o entorpecer la restitución de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables; iii) El Vocal demandado podía ingresar de oficio a examinar el incumplimiento de las medidas de protección, no siendo necesario que se las pida, no habiendo limitado el derecho a la defensa de la peticionante de tutela, ya que tuvo la oportunidad de intervenir en la audiencia, refutando los argumentos del contrario; empero, no lo hizo; iv) No es evidente la irrazonable valoración de la prueba, en relación a la arbitraria fundamentación que manifestó la prenombrada, al haber efectuado un fraccionamiento de la prueba, “…contrario a lo que piden deberían haberse valorado todo en las fechas pero las fechas temporalmente no hablan o no reflejan lo que la defensa de la señora Zulema hoy nos ha dicho en audiencia…” (sic); y, v) La otorgación de la tutela es intrascendente; puesto que, la impetrante de tutela continuará con las medidas menos gravosas que la autoridad demandada dispuso en su fallo de alzada; es decir, que no variará su detención preventiva por tres días; solicitando se deniegue la tutela y se mantenga incólume el Auto de Vista objetado.
Jaime René Conde Andrade, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, no presentó informe alguno, tampoco asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 163.
El Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución ACC.LIB. 06/2022 de 12 de noviembre, cursante de fs. 177 a 179 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad demandada libre en el acto, mandamiento de libertad en favor de la accionante, con base en los siguientes fundamentos: i) No es coherente ingresar al tratamiento de los arts. 221 y 389 quinquies, ambos del CPP simultáneamente, menos por el Tribunal de alzada; ya que, de ese modo el Vocal demandado privó de los derechos a la libertad y a la defensa de la accionante, del derecho a recurrir de todo fallo judicial, de someter a control una decisión asumida por el Juez de instancia, reconocido por el art. 180.II de la CPE; y, ii) El art. 389 quinquies del citado Código, establece que será en una audiencia ante el juez de instancia que deberá tramitarse el cumplimiento o no de medidas de protección; al no haberse procedido del modo señalado, resulta cierto que la autoridad demandada, vulneró los derechos fundamentales referidos anteriormente, “…trastocando su decisión en una resolución que hace de la detención preventiva dispuesta una medida arbitraria al encontrarse carente de respaldo legal; por lo que, corresponde deferir favorablemente a la pretensión invocada por la accionante” (sic).
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Patricia Frida Lluen Vargas en representación de Esther Vargas Rojas de LLuen contra Zulema Edith Vargas Zamorano -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del CP, el Fiscal de Materia mediante Resolución de 28 de octubre de 2021, dispuso las medidas de protección a favor de la víctima, establecidas en los numerales 4, 6 y 7 del art. 35 de la Ley 348, a ser homologadas por el Juez a quo, en cumplimiento del art. 61 del CPP (fs. 26 y vta.). II.2. Por memorial de 14 de febrero de 2022, dirigido al Juez de la causa, la Fiscal de Materia imputó formalmente a la peticionante de tutela, por la probable comisión del delito de violencia familiar o doméstica en su vertiente de violencia psicológica, incurso en el art. 272 bis.3 del CP, con relación al art. 7.3 de la Ley 348, en grado de autoría (fs. 38 a 41 vta.). Posteriormente, mediante escrito de 31 de agosto del mismo año, la citada autoridad fiscal acusó a la impetrante de tutela por el ilícito imputado (fs. 48 a 53 vta.). II.3. El Juez de Sentencia Penal contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca, en audiencia de consideración de medidas cautelares de carácter personal, mediante Auto Interlocutorio de 18 de octubre de igual año, declaró la improcedencia de la solicitud de detención preventiva impetrada por Esther Vargas Rojas de LLuen -víctima-contra la solicitante de tutela (fs. 63 a 68 vta.). II.4. En virtud al recurso de apelación incidental formulado por la víctima contra el fallo supra mencionado; Jaime René Conde Andrade, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento -hoy demandado-, en audiencia emitió el Auto de Vista 467/2022 de 4 de noviembre, con relación al incumplimiento de las medidas de protección, ordenando la detención preventiva de la accionante, en cumplimiento del art. 389 quinquies del CPP, por el plazo de tres días a partir de su ejecución, en el Centro Penitenciario San Roque de Sucre. Posteriormente, se pronunció respecto a los motivos de agravio, resolviendo declarar la procedencia en parte de la impugnación formulada, disponiendo la aplicación de medidas cautelares menos graves que la solicitada por la víctima contra la peticionante de tutela, quien deberá cumplir las mismas independientemente de las ordenadas y requeridas por el Ministerio Público y homologadas por el Juez a quo en su oportunidad; disponiendo se libre el mandamiento de detención preventiva de la prenombrada (fs. 69 a 84). II.5. Cursa mandamiento de detención preventiva de la impetrante de tutela, librado el 4 de noviembre de 2022, por el Vocal demandado, por el plazo de tres días en el Centro Penitenciario San Roque de Sucre, a objeto de que responda ante el incumplimiento de las medidas de protección, al amparo del art. 389 quinquies del CPP (fs. 135).
La accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la vida, a la libertad personal, al debido proceso y a la defensa vinculada a la valoración irracional y arbitraria de la prueba; alegando que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, el Vocal demandado en audiencia de apelación incidental, mediante Auto de Vista 467/2022 de 4 de noviembre, ordenó su detención preventiva por el plazo de tres días a partir de su ejecución, debido al incumplimiento de las medidas de protección adoptadas a favor de la víctima; sin embargo, no le correspondía a dicha autoridad considerar ese aspecto, al no haber sido el motivo de la impugnación, y que la misma que estaba dirigida exclusivamente a la concurrencia del riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP; resultando ultra petita su actuación, transgrediendo la correcta aplicación del art. 389 quinquies del citado Código, generando su indebida y arbitraria privación de libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 0346/2018-S2 de 18 de julio, ha definido las medidas de protección en los siguientes términos:
“[L]as medidas de protección son mecanismos procesales que forman parte del derecho a la tutela judicial efectiva, siendo un deber del Estado garantizar las condiciones para que este derecho pueda ser ejercitado.
En ese orden, el art. 32 de la Ley 348, sobre la finalidad de las medidas de protección, señala:
I. Las medidas de protección tienen por objeto interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantizar, en caso de que éste se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente. II. Las medidas de protección son de aplicación inmediata, que impone la autoridad competente para salvaguardar la vida, la integridad física, psicológica, sexual, derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia y los de sus dependientes (las negrillas son añadidas).
Las medidas de protección contempladas en la citada Ley 348, son mecanismos procesales destinados a neutralizar o minimizar los efectos nocivos del ejercicio de la violencia contra la mujer y la persona que por su situación de vulnerabilidad sufra cualquiera de las formas de violencia contra la mujer, independiente de su género; salvaguardando de esta manera, la vida, la integridad física, psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos y laborales de la víctima y sus dependientes; las cuales, son de aplicación inmediata.
(…)
Ahora bien, los tipos de medidas de protección se encuentran previstos en el art. 35 de la Ley 348 y se caracterizan por ser medidas integrales; pues, no solo están dirigidas a interrumpir o impedir la violencia física como tal, sino, a otorgar los medios necesarios para afrontar la violencia e inclusive, disponer de los medios económicos necesarios que les permitan cubrir sus propias necesidades y las de sus hijas e hijos” (las negrillas corresponden al texto original). En el marco de dicho entendimiento se establece que las medidas de protección al estar destinadas a interrumpir e impedir hechos de violencia contra la víctima, bajo un enfoque preventivo y disuasivo, por su naturaleza deben ser de aplicación inmediata y no puede condicionarse a ninguna situación su directa y eficaz aplicación y ejecución en cualquier etapa o instancia del proceso penal, dado su carácter preventivo.
La Ley 348, es una Ley Integral que tiene el objetivo de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, dando concreción así, al art. 15.II de la CPE, que señala que “Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica tanto en la familia como en la sociedad” En esa línea, la norma en estudio tiene como una de sus finalidades establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención protección y reparación a las víctimas de violencia, así como perseguir y sancionar a sus agresores, para de esta manera garantizar una vida digna y libre de violencia; el reconocimiento de dichos derechos requieren acciones positivas del Estado, que disminuyan cualquier situación de violencia en razón de género; por lo que, a fin de garantizar las mismas, los representantes estatales deben actuar en el marco de la debida diligencia. Al respecto, la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, señaló:
“…[a] continuación se anotarán algunos de los estándares más importantes, aplicables al caso, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y las obligaciones que genera para el Estado:
[D]ebida diligencia: El Comité Para la Eliminación de la Discriminación i) Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), supervisa el cumplimiento de las normas contenidas en la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; la cual, se constituye en el instrumento jurídico internacional del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, que significó un importante avance en el reconocimiento de la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres.
El CEDAW, emitió la Recomendación General 19 de 29 de enero de 1992 -sobre La Violencia Contra la Mujer-; la cual, afirma que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación, que impide gravemente que ésta, goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre; y que dicha violencia, conlleva responsabilidad estatal, no solamente por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para proteger a las mujeres, y cuando no adopta medidas con la diligencia debida, para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas.
El mismo CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el Acceso de las Mujeres a la Justicia, encomendó a los Estados a ejercer la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia 1ÓRGANO JUDICIAL, Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, 2017, P. 371 2 ÓRGANO JUDICIAL, Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, 2017, P. 379 contra la mujer, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar.
Por su parte, en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), en su art. 7, establece, entre otras, las obligaciones de los Estados de:
b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (…)
Asimismo, el Estado boliviano al ratificar la Convención de Belém do Pará, mediante Ley 1599 de 18 de octubre de 1994; por ende, asume la norma de la debida diligencia; en ese sentido, la violencia hacia la mujer es un asunto que compromete y responsabiliza al mismo, que está obligado a realizar acciones -legislativas, administrativas y judiciales- para prevenir, intervenir, erradicar y sancionar los diferentes tipos de violencia ejercidos contra la mujer, entre ellos, la violencia en la familia. Para ello y como punto de partida, se dejó atrás aquella postura pasiva, en la cual, se sostenía que por principio, todas las cuestiones relativas a la familia formaban parte de la esfera privada de sus integrantes, y por lo tanto, estaban exentas de toda intromisión estatal. Conforme a lo desarrollado se entiende que el deber de la debida diligencia abarca cuatro componentes: el deber prioritario de prevención, deber reforzado de investigación, deber reforzado de sanción y deber reforzado de reparación; encontrando que las medidas de protección tienen fundamento en el deber prioritario de prevención; toda vez que, están destinadas a interrumpir e impedir las situaciones de violencia que sufren las víctimas antes, durante y después del inicio del procesos penales; por lo que, en el marco de la debida diligencia, el Estado, a través de sus representantes, debe asumir medidas eficaces para la protección de las víctimas directas o indirectas por violencia en razón de género, a través de las medidas de protección, las cuales son interdependientes a la prohibición de revictimización en el marco de un trato digno a las víctimas en violencia en razón de género; así, en relación a la protección de las víctimas la mencionada SCP 00017/2019-S2, estableció lo siguiente:
[E]l CEDAW, en la referida Recomendación General 19, señala que los Estados Partes, entre otras medidas, deben velar porque las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de agresión contra la mujer, protejan de manera adecuada a todas las mujeres, respetando su integridad y su dignidad; proporcionando protección y apoyo a las víctimas; capacitando a los funcionarios judiciales, a los agentes del orden público y a otros funcionarios públicos, para que apliquen la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer .
Por otra parte, la Convención de Belém do Pará, en el art. 7.d. y f. establece que los Estados tienen el deber de:
d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; (…)
f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; (…) [las negrillas son nuestras].
El art. 389 quinquies del CPP, incorporado por el art. 14 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, señala que: “En caso de incumplimiento de las medidas de protección especial, impuestas por la jueza o el juez, a efecto de hacer efectivo el resguardo de los derechos de la vida, integridad física o psicológica de las víctimas, de oficio o a solicitud del fiscal, la víctima, representante legal, querellante o la instancia de defensa de los derechos de la niñez y adolescencia o de las mujeres, en audiencia, la autoridad jurisdiccional dispondrá la detención preventiva del infractor de un mínimo de tres (3) a un máximo de seis (6) días, según la gravedad” (el resaltado es ilustrativo). Conforme la normativa glosada, se infiere claramente que ante el eventual incumplimiento de las medidas de protección impuestas al presunto agresor, éste será sancionado con una pena privativa de libertad de tres a seis días. Ahora bien, considerando que las medidas de protección según su naturaleza están destinadas al deber prioritario de prevención de nuevos hechos de violencia que pudieran poner en peligro la vida e integridad de las víctimas, el incumplimiento de las mismas, debe ser sancionado de oficio, a solicitud del fiscal, la víctima, denunciante o cualquier parte interviniente del proceso; así en el marco de la debida diligencia, una vez establecidas las medidas de protección, estas deben tener un seguimiento adecuado y coordinado por todas las instancias intervinientes en el proceso; por lo cual, ante la verificación de su incumplimiento, la autoridad jurisdiccional debe -de oficio o a solicitud de parte-, imponer las sanciones correspondientes al imputado o acusado infractor, en cualquier estado e instancia del proceso penal. Por otra parte, el incumplimiento de las medidas de protección, al ser un indicador que el peligro para la víctima se mantiene latente, se constituye en un factor de riesgo que permite al autoridad jurisdiccional imponer una medida cautelar de carácter personal, previa evaluación del contexto de violencia sufrido por la víctima y la valoración de riesgos que pudieran poner en peligro su vida e integridad física; al respecto, la SCP 0394/2018-S2, en relación a los criterios sobre riesgos procesales de fuga, para casos en los que debe valorarse el peligro o riesgo que corre la víctima, interpretó el art. 234.10 del CPP, de conformidad con el bloque de constitucionalidad y desde una perspectiva de género, estableciendo lo siguiente:
[C]onsiguientemente, a partir de todo lo explicado, en el marco de las medidas de protección exigidas al Estado boliviano, por las normas nacionales e internacionales, las autoridades fiscales y judiciales, deben considerar que:
a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante… Entendimiento por el que se establece que cuando las medidas de protección no resultan suficientes para asegurar la interrupción de los riesgos a la integridad física, psicológica o la propia de la vida de víctima, opera la aplicación de medidas cautelares personales, como efecto del incumplimiento de las mismas; siempre dentro de los marcos de valoración integral y excepcionalidad de esta medida cautelar.
Enfoque diferencial e interseccional
La Constitución Política del Estado, tiene previsto dentro su Título II, Capítulo Quinto, Sección VII, los Derechos de las Personas Adultas Mayores, señalando en su art. 67.I, que: “Además de los derechos reconocidos en esta Constitución, toda las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana”.
Por su parte, el art. 68 del citada Ley Fundamental, refiere:
I. El Estado adoptará políticas públicas para la protección, atención, recreación, descanso y ocupación social de las personas adultas mayores, de acuerdo con sus capacidades y posibilidades.
II. Se prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación a las personas adultas mayores.
Asimismo, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por el Estado Plurinacional mediante Ley 872 de 21 de diciembre de 2016, en su art. 5 señala:
Los Estados Parte desarrollarán enfoques específicos en sus políticas, planes y legislaciones sobre envejecimiento y vejez, en relación con la persona mayor en condición de vulnerabilidad y aquellas que son víctimas de discriminación múltiple, incluidas las mujeres, las personas con discapacidad, las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, las personas migrantes, las personas en situación de pobreza o marginación social, los afrodescendientes y las personas pertenecientes a pueblos indígenas, las personas sin hogar, las personas privadas de libertad, las personas pertenecientes a pueblos tradicionales, las personas pertenecientes a grupos étnicos, raciales, nacionales, lingüísticos, religiosos y rurales, entre otros (las negrillas no corresponden).
En el marco de ambas previsiones constitucionales e internacionales, la Ley General de las Personas Adultas Mayores en su art. 3, establece los principios de dicha norma, entre los cuales se encuentran:
1. No Discriminación. Busca prevenir y erradicar toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos fundamentales y libertades de las personas adultas mayores”. 2. Protección. Busca prevenir y erradicar la marginalidad socioeconómica y geográfica, la intolerancia intercultural, y la violencia institucional y familiar, para garantizar el desarrollo e incorporación de las personas adultas mayores a la sociedad con dignidad e integridad (…). De igual forma, en el Capítulo Segundo, art. 5.b. y c. de la citada Ley, se reconocen los derechos y garantías de las personas adultas mayores; entre ellos, el derecho a una vejez digna, garantizado, entre otras medidas, por un desarrollo integral, sin discriminación y sin violencia; y, por la promoción de la libertad personal en todas sus formas. A partir de dichas normas, este Tribunal, en su amplia y uniforme línea jurisprudencial, ha establecido que las personas adultas mayores son parte componente de los llamados grupos vulnerables o de atención prioritaria; en este sentido, sus derechos están reconocidos, otorgándoles una particular atención, considerando su situación de desventaja en la que se encuentran frente al resto de la población; así la SCP 0112/2014-S1 de 26 de noviembre manifiesta que el trato preferente y especial del que deben gozar los adultos mayores es comprensible, “…dado que la vejez supone la pérdida de medios de subsistencia ya sea por el advenimiento de enfermedades y su consecuente pérdida de la salud o ya sea porque pasan al grupo de personas inactivas económicamente, viéndose limitadas por tal motivo en el ejercicio de sus derechos”. Así también, es importante mencionar la SC 0989/2011-R de 22 de junio, en cuyo Fundamento Jurídico III.1, refiere:
…La Constitución Política del Estado Plurinacional reconoce una diversidad de derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, teniendo en cuenta que estas normas fundamentales no solamente rigen las relaciones entre iguales, sino que tiene como finalidad el proteger a los ostensiblemente más débiles -mejor conocidos en la doctrina como grupos vulnerables- por lo que el Estado, mediante `acciones afirmativas´ busca la materialización de la igualdad (que goza de un reconocimiento formal reconocida en los textos constitucionales y legales pero que en la realidad no se materializa) y la equidad, por lo que se establecen políticas que dan a determinados grupos sociales (minorías étnicas o raciales, personas discapacitadas, mujeres, menores de edad, adultos mayores) un trato preferencial en el acceso a determinados derechos -generalmente de naturaleza laboral- o distribución de ciertos recursos o servicios, así como acceso a determinados bienes, con el fin de mejorarles su calidad de vida y compensarles, en algunos casos, por los perjuicios o la discriminación y exclusión de las que fueron víctimas en el pasado ( las negrillas fueron añadidas). Reiterando dicho entendimiento, la citada SCP 0112/2014-S1 de 26 de noviembre, señala que nuestra Norma Suprema, consagra, garantiza y protege los derechos y garantías fundamentales inherentes a las personas de la tercera edad, proclamando una protección especial. La sistematización jurisprudencial que antecede, fue desarrollada en la SCP 0264/2020-S1 de 5 de agosto.
La accionante a través de su representante, denunció la lesión de sus derechos a la vida, a la libertad personal, al debido proceso y a la defensa vinculada a la valoración irracional y arbitraria de la prueba; en razón que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, el Vocal demandado en audiencia de apelación incidental, mediante Auto de Vista 467/2022 de 4 de noviembre, ordenó su detención preventiva por el plazo de tres días por supuesto incumplimiento de las medidas de protección; aspecto que no correspondía ser considerado por dicha autoridad al no haber sido el motivo de la impugnación, ya que la misma estaba dirigida exclusivamente a la concurrencia del riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP; lo que generó su indebida y arbitraria privación de libertad.
5 El FJ III.4, indica: “Bajo esa lógica, el orden constitucional vigente, consagra, garantiza y protege los derechos y garantías fundamentales inherentes a las personas de la tercera edad, proclamando una protección especial; así, el art. 67 de la Norma fundamental, señala los derechos a una vejez digna, con calidad y calidez humana, dentro de los márgenes o límites legales; además de ello, el Estado boliviano ha dotado de una serie de medidas e instrumentos legales con miras a una protección real de este grupo en situación de vulnerabilidad; esa afirmación encuentra sustento, en la emisión de la Ley General de las Personas Adultas Mayores, de 1 de mayo de 2013, que tiene por objeto regular los derechos, garantías y deberes de las personas adultas mayores, así como la institucionalidad para su protección (art. 1), siendo titulares de los derechos en ella expresados las personas adultas mayores de sesenta o más años de edad, en el territorio boliviano (art. 2). Los derechos fundamentales y protección especial que merecen las personas de la tercera edad, se encuentran recogidos asimismo, en instrumentos internacionales, concretamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en sus arts. 2, 22, y 25; así como dentro de los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 1991, en sus numerales 12 y 17, en los que se destaca el derecho que tienen los ancianos a tener: `…acceso a servicios sociales y jurídicos que les aseguren mayores niveles de autonomía, protección y cuidado´; y, a: `…poder vivir con dignidad y seguridad y verse libre de explotaciones y de malos tratos físicos o mentales´”.
Conforme los antecedentes que informan la presente acción de libertad, se tiene que dentro del proceso penal por violencia familiar o doméstica iniciado contra la accionante, el representante del Ministerio Público mediante Resolución de 28 de octubre de 2021, impuso las medidas de protección, establecidas en los numerales 4, 6 y 7 del art. 35 de la Ley 348, a ser homologadas por el Juez de control jurisdiccional; proceso penal que alcanzó la etapa de juicio oral, instancia en la cual la víctima solicitó imposición de la medida cautelar de detención preventiva contra la accionante por concurrir los riesgos procesales previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP; la cual fue desvirtuada por el Juez de Sentencia Penal contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca. Contra dicho fallo, la víctima interpuso recurso de apelación, mismo que fue resuelto por Jaime René Conde Andrade, Vocal de la Sala Primera del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento, por Auto de Vista 467/2022, que acorde a los elementos probatorios cursantes en el cuaderno de control jurisdiccional, verificó que las medidas de protección impuestas, fueron incumplidas por la accionante; por lo que, en aplicación del art. 389 quinquies del CPP, ordenó la detención preventiva de la impetrante de tutela, por el plazo de tres días a partir de su ejecución, en el Centro Penitenciario San Roque de Sucre. En relación a los agravios denunciados declaró la procedencia en parte de la apelación de medidas cautelares personales, disponiendo medidas cautelares menos gravosas a la detención preventiva, a ser cumplidas independientemente de las ordenadas y requeridas por el Ministerio Público y homologadas por el Juez a quo en su oportunidad. Ahora bien, de acuerdo a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, se tiene que las medidas de protección por su naturaleza están destinadas a interrumpir e impedir nuevos hechos de violencia contra la víctima antes, durante o después del proceso penal, bajo un enfoque preventivo y disuasivo; por lo que, su aplicación debe ser inmediata a fin de salvaguardar la vida e integridad de la víctima; es así que, conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, dentro del marco de la debida diligencia, la labor de los representantes del Estado, no concluye con la imposición de las medidas de protección, sino que dentro del principio de coordinación interinstitucional e interdisciplinaria para un eficaz cumplimiento de las mismas, debe realizarse el seguimiento de oficio en cualquier etapa o instancia del proceso, realizando inexcusablemente una supervisión periódica en el marco de sus funciones, con la finalidad de proteger los derechos fundamentales de las víctimas de violencia en razón de género. En ese orden, se tiene que el incumplimiento de las medidas de protección conlleva como efecto inmediato la aplicación de la sanción prevista en el art. 389 quinquies del CPP; por otra parte, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, se constituye en un elemento a ser considerado por la autoridad jurisdiccional competente, para la aplicación de una medida cautelar de carácter personal; toda vez que, resulta un indicador de riesgo inminente para la víctima; consiguientemente, en aplicación de la perspectiva de género en casos donde se encuentren involucrados los derechos de mujeres víctimas de violencia -identificando además factores interseccionales de vulnerabilidad- las autoridades judiciales deberán considerar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentren las víctimas respecto al imputado o acusado; así como, las características del delito que se le imputa, evaluando la conducta exteriorizada hacia la víctima, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso o pone en peligro a la víctima, debiendo tomar las medidas preventivas y sancionatorias pertinentes. En el marco de lo expuesto, se tiene que el Vocal demandado, actuó bajo los parámetros establecidos en los Fundamentos Jurídicos desarrollados en este fallo constitucional; toda vez que, atendiendo la naturaleza preventiva de las medidas de protección, y haciendo una adecuada ponderación de los derechos de la víctima, que además se constituye en parte de la población vulnerable que por su avanzada edad, actuó con la debida diligencia prevista por la Norma Suprema y normativa internacional que forman parte del bloque de constitucionalidad; por lo que, era perfectamente posible que la autoridad jurisdiccional demandada, inclusive en apelación, verifique si las medidas de protección fueron acatadas por la accionante, aspecto que le permitía aplicar la sanción prevista en el art. 389 quinquies del CPP, sin ser esta una atribución únicamente reservada al Juez cautelar, como equivocadamente señaló el Juez de garantías; pues conforme se fundamentó ampliamente, de una interpretación teleológica de la norma citada precedentemente, la aplicación de medidas de protección, así como su seguimiento y sanción pueden ser consideradas en cualquier etapa o instancia del proceso penal, por su carácter primordialmente preventivo; asimismo, el incumplimiento de las medidas de protección por parte de la accionante demostró que el riesgo hacía la víctima se mantenía, situación que facultaba al Vocal de alzada, imponer una medida cautelar inclusive de carácter personal; sin embargo, evaluando el caso concreto y las pruebas aportadas, optó por disponer la aplicación de una medida menos gravosa a la detención preventiva, lo cual también es totalmente válido; por lo que, la determinación asumida, de ninguna manera constituyó un acto lesivo. Un razonamiento contrario provocaría que aspectos procesales prevalezcan sobre el riesgo a la vida e integridad de la víctima, no obstante que la autoridad judicial hubiere evidenciado que existen elementos que permiten concluir que el riesgo a la víctima está latente; aspecto que ocurre cuando las medidas de protección impuestas no han sido cumplidas, debiendo además en el caso en concreto, aplicarse criterios para la valoración de riesgos considerando situaciones asimétricas de poder de la víctima, en razón de ser mujer y adulta mayor; por lo que, merece atención prioritaria por encontrarse en desventaja frente al resto de la población, criterios que fueron correctamente aplicados por el Vocal demandado. En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución ACC.LIB. 06/2022 de 12 de noviembre, cursante de fs. 177 a 179 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, con base en los fundamentos jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° EXHORTAR a Luis Benjamín Rojas Latorre, Juez de garantías, aplicar perspectiva de género y enfoque de interseccionalidad, en los casos de violencia en razón de género, resolviendo los mismos acorde a la progresividad y tutela reforzada de los derechos y garantías fundamentales que involucran este tipo de delitos; aplicando una interpretación normativa conforme y desde la Constitución Política del Estado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
3 Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su Resolución 34/180 de 18 de diciembre de 1979. Ratificada por Bolivia mediante Ley 1100 de 15 de septiembre de 1989. Depósito del instrumento de ratificación de 8 de junio de 1990.
4 El FJ III.4. señala: “Los derechos de los adultos mayores se encuentran reconocidos y se les otorga una particular atención dadas las circunstancias que ubican a este grupo de personas en una situación de desventaja frente al resto de la población, por cuanto la edad provoca en ellas una serie de limitaciones físicas, psicológicas, y económicas, de donde su resguardo tiene como objeto otorgarles una mejor calidad de vida. Es comprensible el trato preferente y especial, del que deben ser objeto los ancianos, dado que la vejez supone la pérdida de medios de subsistencia ya sea por el advenimiento de enfermedades y su consecuente pérdida de la salud o ya sea porque pasan al grupo de personas inactivas económicamente, viéndose limitadas por tal motivo en el ejercicio de sus derechos”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0256_2025-S3.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): 879f6c835453cde6d68f505751d4f0866b5eaebd97fc8204c499e587c8fb1354
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