Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 3 de abril de 2025
Concede la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, al empleo, a la estabilidad laboral y al derecho de las familias; así como a los principios protector, de la continuidad de la relación laboral, de la primacía de la realidad, de no discriminación; puesto que, ante los supuestos actos ilegales de la Organización hoy accionada y su posterior desvinculación laboral, se apersonó al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social solicitando su reincorporación laboral, emitiéndose la Conminatoria J.D.T.-L.P. /NTLF/ 136/2022 de 11 de marzo, la cual no fue cumplida a pesar de realizarse la verificación de reincorporación laboral por el Inspector de la Jefatura Departamental de La Paz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se desarrollarán los siguientes temas: 1) El incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral denunciado a través de la acción de amparo constitucional; 2) Presentación directa de la acción de amparo constitucional ante el incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral; y, 3) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 121/2022 de 8 de julio, cursante de fs. 108 a 111, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en todo la tutela solicitada de manera provisional conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.
a) Disponer la reincorporación de Milton Rogelio Quisbert Valenzuela, a "SOFORTHILFE LA PAZ E.V.", al mismo puesto que ocupaba al momento de su despido, más el pago de salarios devengados y demás derechos laborales que correspondan a la fecha de su respectiva reincorporación, debiendo el representante legal de esa Organización dar cumplimiento a lo dispuesto en la Conminatoria J.D.T.-L.P. /NTLF/ 136/2022 de 11 de marzo, en su integridad y sin omitir ninguna de sus determinaciones.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0256/2025-S1 Sucre, 3 de abril de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 53900-2023-108-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 121/2022 de 8 de julio, cursante de fs. 108 a 111, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Milton Rogelio Quisbert Valenzuela contra Heidi Martina Brandenberg, en representación legal de "SOFORTHILFE LA PAZ E.V.".
El accionante por memorial presentado el 9 de junio de 2022, cursante de fs. 14 a 20, manifestó lo siguiente:
A partir de 2004 desempeñó sus funciones en la Organización hoy accionada en diferentes cargos a través de un contrato verbal; posteriormente, el 16, 17, 19 y 27 de agosto de 2021 recibió cinco llamadas de atención sin fundamento alguno, efectuadas con la única finalidad de desvincularle de su fuente laboral, lo que fue materializado; por lo que, el 15 de febrero de 2022 denunció actos ilegales ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social solicitando su reincorporación laboral, mereciendo en consecuencia la Conminatoria J.D.T.-L.P. /NTLF/ 136/2022 de 11 de marzo, que dispuso su reincorporación laboral más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales, la cual fue notificada a la referida Organización el "23" de ese mes de 2022; empero, hasta la fecha de interposición de la acción de amparo constitucional no se dio cumplimiento. Debido al incumplimiento de la Conminatoria J.D.T.-L.P. /NTLF/ 136/2022, el "12 de abril" de 2022, el Inspector de la Jefatura Departamental de La Paz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social se apersonó a la Organización hoy accionada para la verificación de su reincorporación, señalando en su Informe -J.D.T.L.P.-BDFB-VR 091/2022 de 6 de abril- que el abogado de la citada Organización respondió negativamente indicando que no fue reincorporado y que se habría tomado acciones legales; en ese sentido, es que el 20 de mayo del indicado año, pidió certificación de que si se presentó algún recurso contra la referida Conminatoria, por lo que el 27 de igual mes y año, se certificó que no se encontró recurso o impugnación contra la mencionada Conminatoria.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, al empleo, a la estabilidad laboral y al derecho de las familias; así como a los principios protector, de la continuidad de la relación laboral, de la primacía de la realidad, de no discriminación; citando al efecto los arts. 46, 48, 49.III, 62 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8, 23, 24 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); “XIV” y “XVI” de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH); 6, 7, 8 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC); y, 4 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga la restitución de sus derechos y garantías restringidos, ordenando su reincorporación inmediata a su fuente laboral en la Organización hoy accionada más el pago de sueldos devengados en estricto cumplimiento de la Conminatoria J.D.T.-L.P. /NTLF/ 136/2022 de 11 de marzo.
Celebrada la audiencia virtual el 8 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 102 a 107 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional. Ante las preguntas efectuadas por la Sala Constitucional, el accionante señaló que: a) Fue obligado a firmar su renuncia y otras que de la misma forma presentó desde el 2017, sabiendo que cada año se tenía que renovar el contrato; b) No cobró los beneficios sociales, la Organización hoy accionada siempre le hizo firmar documentos que no sabía cuales fueron su contenido, los señalados beneficios sociales consistían en sueldos que le adeudaba la referida Organización, aspectos que se valoraron por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; y, c) Respecto a las renuncias efectuadas desde el 2017, en parte se entregaron al referido Ministerio y otra documentación que fue robada en la citada Organización para que no pueda asumir algún tipo de defensa.
Heidi Martina Brandenberg, en representación legal de "SOFORTHILFE LA PAZ E.V." representada a su vez por Carlos Andrés Vásquez Zubieta, a través de memorial presentado el 8 de julio de 2022, cursante de fs. 57 a 65, manifestó que: 1) Al accionante se le otorgó cargos de confianza que detentó hasta la finalización del vínculo laboral a través de su renuncia voluntaria; 2) Con el tiempo el nombrado incurrió en varias faltas graves; por lo que, no le quedó otra alternativa que terminar con el vínculo laboral de manera unilateral a través de su renuncia voluntaria; 3) Las llamadas de atención efectuadas, que el accionante refiere que carecen de respaldo y no se encontrarían justificadas ni motivadas, no fueron representadas en su oportunidad; 4) El 1 de diciembre de 2021, el nombrado presentó su carta de renuncia voluntaria, suscrita con su puño y letra, efectuándose el pago de su indemnización de ese año el 31 de marzo de igual año, formulario de pago de beneficios sociales en el cual también se consigna la firma del accionante; por lo que, no hubo despido intempestivo, constituyéndose la Conminatoria J.D.T.-L.P. /NTLF/ 136/2022 a disposición inejecutable; 5) La estabilidad laboral alegada debe ser dilucidada en la vía judicial; 6) Se presentaron los recursos de revocatoria y jerárquico contra la referida Conminatoria, encontrándose este último recurso pendiente de resolución; en ese sentido, por el principio de subsidiariedad no es factible el conocimiento del caso concreto por la jurisdicción constitucional, decayendo en su improcedencia; 7) La acción de defensa interpuesta señala claramente que el accionante fue despedido; sin embargo, existe una nota de renuncia voluntaria, aspecto que viciaría cualquier conminatoria porque es objeto de controversia, la cual debe dilucidarse en un proceso judicial que respete el debido proceso; 8) El nombrado ocupó cargos de dirección y confianza encontrándose en un nivel especial de responsabilidad, estableciendo límites a la estabilidad laboral en razón de la especial característica que traduce el cargo de dirección y confianza; 9) La Nota de renuncia del accionante fue presentada el 1 de diciembre de 2021, desde ese momento se conocía que el vínculo laboral fue concluido unilateralmente, momento desde el cual el accionante podía manifestar un cambio de opinión, lo que no ocurrió hasta el 30 de mayo de 2022, pasaron seis meses; por lo que, la acción de amparo constitucional presentada el 9 de junio de ese año es extemporánea; y, 10) La organización que representa no vulneró los derechos y garantías del nombrado; ya que, el mismo presentó su renuncia voluntaria, cobró beneficios sociales, ocupó cargos de confianza y de dirección; por lo que, no se procedió a su reincorporación laboral. Solicita la improcedencia de la acción de amparo constitucional. Ante las preguntas efectuadas por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la Organización ahora accionada a través de su abogada refirió que: i) El formulario del finiquito presentado demuestra que se efectivizó su pago; existe constancia en planillas, así como se tienen las huellas digitales del accionante; ii) Existe amplia jurisprudencia que determina que no es necesario el visado del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social al formulario del finiquito; y, iii) El nombrado presentó su renuncia voluntaria; puesto que, ya no sabía cómo descargar los montos económicos manejados en su cargo.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 121/2022 de 8 de julio, cursante de fs. 108 a 111, concedió en parte la tutela solicitada al advertirse que la Organización hoy accionada generó una supresión del derecho al trabajo y a la estabilidad laboral del accionante vinculado a la omisión de cumplimiento de la Conminatoria J.D.T.-L.P. /NTLF/ 136/2022; y, denegó la tutela con relación al pago de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que puedan corresponder al accionante, disponiendo el cumplimiento parcial de la referida Conminatoria en favor del accionante en el mismo puesto que ocupaba al momento de su desvinculación laboral que ya fue advertida por la instancia administrativa laboral, otorgándose para el cumplimiento cinco días hábiles a partir de su notificación con esa Resolución, todo ello, bajo los siguientes fundamentos: a) Con la mencionada Conminatoria, la Organización hoy accionada fue notificada el "23" de marzo de 2022; empero, el "12′′ de abril de ese año, se verificó su cumplimiento a través del Informe J.D.T.L.P.-BDFB-VR-091/2022 de 6 de igual mes, el cual acredita su incumplimiento, siendo esta la única omisión que afecta los derechos y garantías del accionante; b) En cuanto al principio de subsidiariedad de acuerdo a la SCP "1712/2013", se entiende que la activación de los mecanismos de impugnación administrativos no suspenden el acto de ejecución de la conminatoria de reincorporación laboral; c) Respecto principio de inmediatez, la omisión que se acusa como lesiva es la inobservancia de no cumplir la Conminatoria J.D.T.-L.P. /NTLF/ 136/2022; en ese sentido, al notificarse con dichas acto administrativo a la Organización hoy accionada el “22′′ de marzo 2022, esta Sala Constitucional no advierte que transcurrió o se venció el plazo de los seis meses; d) Con relación a que el accionante incurrió en faltas y contravenciones que burlaron la confianza brindada por la citada Organización, son aspectos que tampoco pueden ser analizados en sede constitucional, lo que debe ser objeto de análisis en un debido proceso en el que el accionante pueda establecer los descargos que crea pertinentes, e) Respecto al argumento de verificar si la referida Conminatoria cumplió o no el debido proceso, ese contexto jurisprudencial ya fue superado y modulado por el Tribunal Constitucional Plurinacional; por lo que, al advertirse que la Organización hoy accionada fue notificada el "22" de ese mes y año y corroborado aquello del Informe J.D.T.L.P.-BDFB-VR-091/2022 incurrió en una omisión de carácter indebido que se encuentra vinculado al derecho al trabajo y a la estabilidad laboral que asisten al accionante, teniendo la mencionada Organización plena facultad de activar la judicatura laboral; puesto que, las decisiones adoptadas en la vía administrativa laboral como la vía constitucional son de carácter provisional, en tanto no exista la toma de decisión distinta por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) en grado jerárquico o por la judicatura laboral a través de la activación el proceso que las partes entiendan pertinente; f) Se concluye que la mencionada Organización generó una inobservancia y una restricción de los derechos al trabajo y a la estabilidad laboral que asiste al accionante; g) Si bien se acompaña el Finiquito de 31 de diciembre de 2021, el cual no tiene visado del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, siendo esa la modalidad de cumplir el pago de beneficios sociales, esa Sala Constitucional no puede acoger la pretensión de la Organización hoy accionada vinculado a la imposibilidad de dar cumplimiento a la Conminatoria J.D.T.-L.P. /NTLF/ 136/2022 debido a la previa cancelación de beneficios sociales, aspectos que también podrán hacer valer en la instancia que entiendan pertinente; y, h) La jurisprudencia constitucional evidentemente señaló que el Juez o el Tribunal de garantías debe disponer el cumplimiento íntegro de las conminatorias de reincorporación laboral; empero, también se estableció la posibilidad de que se determine y verifique la pertinencia de acoger las pretensiones postuladas por el accionante; en ese sentido, se refirió que se efectuó el cobro de los beneficios sociales de las gestiones 2020 y 2021; por lo que, esa Sala Constitucional entendió que no corresponde la pretensión vinculada al pago de salarios devengados sea determinada y dilucidadas en la jurisdicción constitucional, lo cual si el accionante considera pertinente debe ser reclamado en la instancia competente que sería la judicatura laboral, correspondiendo sobre esta segunda pretensión no acoger la tutela solicitada por el accionante.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Nota presentada el 1 de diciembre de 2021, ante Heidi Martina Brandenberg, en representación legal de "SOFORTHILFE LA PAZ E.V." -hoy accionada-; Milton Rogelio Quisbert Valenzuela -ahora accionante-presentó renuncia de manera voluntaria a sus funciones que desempeñaba como responsable del proyecto “SIF”, realizando sus funciones hasta el 31 de diciembre de ese año (fs. 30). II.2. Consta Finiquito de 31 de diciembre de 2021, por concepto de liquidación de beneficios sociales por el monto de Bs4 056 (cuatro mil cincuenta y seis bolivianos) a nombre del accionante, suscrito entre este último y la hoy accionada, no consta visado del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (fs. 34 y vta.).
II.3. Cursa Conminatoria J.D.T.-L.P. /NTLF/ 136/2022 de 11 de marzo, emitida por la Jefa Departamental de La Paz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de la cual se conminó a "SOFORTHILFE LA PAZ E.V." -Organización hoy accionada- a la inmediata reincorporación del accionante; al mismo puesto que ocupaba al momento de su despido, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que correspondan a la fecha de su respectiva reincorporación (fs. 8 a 10). II.4. Mediante memorial presentado el 5 de abril de 2022, ante la Jefa Departamental de La Paz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, la Organización hoy accionada formuló recurso de revocatoria contra la Conminatoria J.D.T.-L.P. /NTLF/ 136/2022 -solo cursa la primera hoja- (fs. 32).
II.5. A través del Informe J.D.T.L.P.-BDFB-VR-091/2022 de 6 de abril, emitido por el Inspector de la Jefatura Departamental de La Paz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, se evidencia que la Conminatoria J.D.T.-L.P. /NTLF/ 136/2022, notificada el 25 de marzo de 2022, no fue cumplida (fs. 11 y vta).
II.6. Consta Nota presentada el 20 de mayo de 2022, ante el Jefe Departamental de La Paz a.i. del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; a través de la cual el accionante solicitó certificación con referencia a que, si la Organización ahora accionada presentó contra la Conminatoria J.D.T.-L.P. /NTLF/ 136/2022, indicó que con la finalidad de poder realizar el trámite de la acción de amparo constitucional (fs. 12); Nota que mereció el Informe MTEPS-JDT LP-IT-MOG-INF. 0791/22 de 27 de mayo de 2022, emitido por la Inspectora de la referida Jefatura; por la cual conforme a la revisión de la base de datos y documentación no se pudo encontrar ningún recurso de objeción de la referida Conminatoria (fs. 13).
II.7. Mediante memorial presentado el 26 de mayo de 2022, ante la Jefatura Departamental de La Paz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, la hoy accionada formuló recurso jerárquico contra la Resolución Administrativa (RA) "318-22 de 5 de mayo" -solo cursa la primera hoja-(fs. 31).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, al empleo, a la estabilidad laboral y al derecho de las familias; así como a los principios protector, de la continuidad de la relación laboral, de la primacía de la realidad, de no discriminación; puesto que, ante los supuestos actos ilegales de la Organización hoy accionada y su posterior desvinculación laboral, se apersonó al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social solicitando su reincorporación laboral, emitiéndose la Conminatoria J.D.T.-L.P. /NTLF/ 136/2022 de 11 de marzo, la cual no fue cumplida a pesar de realizarse la verificación de reincorporación laboral por el Inspector de la Jefatura Departamental de La Paz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se desarrollarán los siguientes temas: 1) El incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral denunciado a través de la acción de amparo constitucional; 2) Presentación directa de la acción de amparo constitucional ante el incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral; y, 3) Análisis del caso concreto.
Conforme a la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, se unificó la línea jurisprudencial de los precedentes jurisprudenciales emitidos por las Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional, en cuanto al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, denunciado a través de la acción de amparo constitucional, en los siguientes términos:
“1) En cuanto al cumplimiento integral de la conminatoria de reincorporación, esto es además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, precautelando el derecho al trabajo del cual derivan otros derechos conexos, conforme a los entendimientos y la sistematización realizada en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, es decir:
1.i) Cuando una trabajadora o trabajador sea despedido injustificadamente o por causas no contempladas en el art. 16 de la LGT, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación;
1.ii) Es posible interponer directamente la acción de amparo constitucional -abstrayendo el principio de subsidiariedad- cuando la trabajadora o el trabajador demande el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo por parte de su empleador;
1.iii) La referida conminatoria no constituye una resolución definitiva respecto a la situación laboral de la trabajadora o el trabajador siendo netamente provisional la otorgación de la tutela puesto que las autoridades administrativas o judiciales en materia laboral son las idóneas para resolver en el fondo y con carácter definitivo la situación laboral tanto para el empleador como para el trabajador;
1.iv) El prenombrado tiene el deber de dar cumplimiento inmediato a la conminatoria precitada aunque hubiera planteado recurso de revocatoria o jerárquico que este pendiente de resolverse o hubiera interpuesto cualquier otro recurso en la vía judicial o administrativa; 1.v) La justicia constitucional se encuentra imposibilitada de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar -incluyendo la prueba-, ameritaban tal determinación, debido a que ese aspecto le corresponde a la jurisdicción ordinaria; y, 1.vi) La conminatoria de reincorporación antedicha debe ser acatada en su integridad, sin omitir ninguna de las determinaciones dispuestas.
(…)
1° En cuanto al alcance de la conminatoria de reincorporación laboral de trabajadoras y trabajadores en general, que contemple además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, se dispone la vigencia de los entendimientos y la sistematización asumidos en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, correspondiendo a la jurisdicción constitucional velar por el cumplimiento integral de la conminatoria sin omitir ninguna de su determinaciones” (las negrillas son nuestras).
La SCP 0552/2021-S1 de 18 de octubre, señala que: “El 1 de mayo de 2006 se dictó el DS 28699, que en sus arts. 10 y 11, establece la posibilidad que cualquier persona que se encuentre sometida al régimen laboral y crea que fue injustamente despedida o alejada de su fuente laboral -salvo las causas de despido previstas por el art. 16 de la LGT, pueda acudir ante el ahora Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, reclamando su derecho a la estabilidad laboral o el pago de beneficios sociales; en contraposición al derogado art. 55 del DS 21060 de 29 de agosto de 1985, que permitía libremente rescindir los contratos de trabajo.
Posteriormente, el 1 de mayo de 2010, se emitió el DS 0495, que en su Artículo Único modificó el parágrafo III del art. 10 del DS 28699, señalando: En caso de que el trabajador opte por su reincorporación podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, donde una vez constatado el despido injustificado, se conminará al empleador a la reincorporación inmediata al mismo puesto que ocupaba la trabajadora o trabajador al momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan a la fecha de la reincorporación, a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo.
Además, incluyó los parágrafos IV y V, con los siguientes textos: ‘IV. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y (únicamente) podrá ser impugnada en la vía judicial, cuya interposición no implica la suspensión de su ejecución’; se aclara que la palabra únicamente fue declarada inconstitucional por la SCP 0591/2012 de 20 de julio. Por su parte, el parágrafo V indica: ‘V. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo IV del presente Artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral’; se entiende que esto ocurre en la fase de la conminatoria.
Por su parte, la RM 868/10 de 26 de octubre de 2010, que reglamenta el procedimiento para la aplicación del DS 0495, en su art. 3 refiere:
ARTÍCULO 3.- (Acciones Constitucionales).
Ante el incumplimiento de la Reincorporación instruida, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral.
Vale decir, que ante la inobservancia del plazo para que un empleador ejecute una resolución de reincorporación de un trabajador a su fuente laboral, éste último puede acudir directamente a la jurisdicción constitucional, en procura de la reparación de los derechos que considere afectados.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en numerosas oportunidades se pronunció sobre el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación dispuesta por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, señalando que en estos casos procede directamente la acción de amparo constitucional.
Así, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012 de 4 de mayo y 0177/2012 de 14 de mayo, establecen que debe hacerse abstracción del principio de subsidiariedad en aquellos casos en los que una trabajadora o trabajador demande la reincorporación a su fuente laboral ante un despido sin causa legal justificada, con el único requisito previo de recurrir a las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo denunciando este hecho, a objeto que estas entidades, una vez establecido el retiro injustificado, conminen al empleador la reincorporación inmediata, en los términos previstos por el DS 0495 de 1 de mayo de 2010; y ante su incumplimiento, se hace viable la tutela constitucional a través de la acción de amparo constitucional; efectivamente, la señalada SCP 0177/2012, tuvo el siguiente razonamiento en el Fundamento Jurídico III.3: 1) En caso de que una trabajadora o un trabajador, ante un eventual retiro intempestivo sin causa legal justificada opte por su reincorporación, deberá denunciar este hecho ante las Jefaturas Departamentales de Trabajo; entidades que deberán asumir el trámite previsto por el DS 0495, emitiendo si corresponde la conminatoria de reincorporación en los términos previstos en esta norma, y en caso de que el empleador incumpla la conminatoria, el trabajador o trabajadora podrá interponer la acción de amparo constitucional, misma que resulta más idónea en estos casos por las razones antes expuestas.
2) Aclarando que la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en los alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria, conforme previene el referido Decreto Supremo; vale decir, interponiendo una acción laboral dentro los alcances establecidos por el art. 65 del Código Procesal del Trabajo (CPT), precepto que otorga la posibilidad al empleador de constituirse en parte demandante en una acción social, instancia en la que en definitiva se establecerá si el despido fue o no justificado, esto debido a que la justicia constitucional sólo viabiliza la tutela inmediata ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo sin causa legal justificada.
3) En aquellos casos en que la trabajadora o trabajador, fuera sometido a un proceso interno dentro el cual se determine su despido por una de las causales establecidas en el art. 16 de la LGT y art. 9 del DR, en su caso por vulneración a su Reglamento Interno, el procedimiento previsto por el DS 0495, no será aplicable; debiendo la trabajadora o trabajador, que estime que su destitución fue ilegal o injustificada, incoar la correspondiente demanda de reincorporación ante la judicatura laboral.
Por lo referido, las conminatorias de reincorporación emitidas por las jefaturas departamentales o regionales de trabajo, deben ser cumplidas de manera obligatoria, sin perjuicio que puedan ser impugnadas por el empleador o parte patronal en la vía administrativa o judicial; no obstante, mientras se suscite dicho aspecto, la conminatoria pronunciada debe ser ejecutada con la finalidad de resguardar los derechos constitucionales de los trabajadores, otorgándoles seguridad jurídica y estabilidad laboral, siendo posible en caso de inobservancia, la formulación de una acción de amparo constitucional, para la restitución de los derechos lesionados.
Por otra parte, en los casos que este Tribunal concedió la tutela ante incumplimiento de conminatorias de reincorporación, también se pronunciaba sobre los sueldos devengados y otros beneficios sociales establecidos por ley, por entender, que forman parte de la reparación que debe brindar la justicia constitucional ante la lesión a los derechos fundamentales.
(…)
Conforme a lo anotado y en el marco de la contextualización de la línea jurisprudencial vinculada a la tutela directa de la acción de amparo constitucional por incumplimiento de la conminatoria de reincorporación, cabe señalar que el estándar jurisprudencial más alto se encuentra en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012, 0177/2012, 1608/2012, 0016/2018-S2, 0028/2018-S2, 0058/2018-S2 y 0060/2018-S2, al contener razonamientos que aseguran la máxima eficacia del derecho al trabajo, estabilidad laboral y el derecho a la reparación; por cuanto, por una parte, se concede la tutela ante el incumplimiento de la conminatoria, sin necesidad de efectuar otras consideraciones como la fundamentación o la legalidad de la misma, exigencias que no toman en cuenta los principios que informan la materia laboral, que se encuentran reconocidos en el art. 48 de la CPE, que establece que las normas laborales se interpretarán sobre la base de los principios de, entre otros, protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; y, de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador.
Cabe aclarar, que lo señalado no implica una negación del derecho a la defensa de la parte empleadora, quien, como lo indicó la jurisprudencia constitucional, podrá acudir a la jurisdicción laboral denunciando la supuesta ilegal conminatoria, con independencia de la concesión de la tutela. Por otra parte, las citadas Sentencias Constitucionales Plurinacionales se pronuncian sobre los sueldos devengados y otros beneficios, conforme a los principios de interpretación referidos en el anterior párrafo y considerando que toda concesión de la tutela supone la reparación de la lesión del derecho o la garantía constitucional invocada como vulnerada, en el marco de lo señalado por el art. 113.I de la CPE, que establece que: ‘La vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna’; norma constitucional que es coherente con las normas internacionales sobre Derechos Humanos, y en concreto, con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -que forma parte del bloque de constitucionalidad-que desarrolló la reparación como concepto genérico que contiene varios elementos.” (las negrillas nos pertenecen).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, al empleo, a la estabilidad laboral y al derecho de las familias; así como a los principios protector, de la continuidad de la relación laboral, de la primacía de la realidad, de no discriminación; puesto que, ante los supuestos actos ilegales de la Organización hoy accionada y su posterior desvinculación laboral, se apersonó al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social solicitando su reincorporación laboral, emitiéndose la Conminatoria J.D.T.-L.P. /NTLF/ 136/2022 de 11 de marzo, la cual no fue cumplida a pesar de realizarse la verificación de reincorporación laboral por el Inspector de la Jefatura Departamental de La Paz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados se tiene que el accionante desempañaba sus funciones en la Organización hoy accionada como Administrador de proyecto “SIF” como se puede evidenciar del Certificado de Trabajo de 6 de septiembre de 2021; posteriormente, por Nota presentada el 1 de diciembre de ese año, el nombrado presentó renuncia de manera voluntaria a sus funciones que desempeñó como responsable del proyecto “SIF”, realizando sus funciones hasta el 31 de diciembre de ese año (Conclusión II.1.); además, se tiene el Finiquito de esa fecha por concepto de liquidación de beneficios sociales por el monto de Bs4 056 a nombre del accionante con la ausencia del visado del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (Conclusión II.2.); posteriormente, se emitió la Conminatoria J.D.T.-L.P. /NTLF/ 136/2022 a través de la cual conminó a la citada Organización a la inmediata reincorporación del accionante al mismo puesto que ocupaba al momento de su despido, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que correspondan a la fecha de su respectiva reincorporación (Conclusión II.3.), y que a través del Informe J.D.T.L.P.-BDFB-VR-091/2022, emitido por el Inspector de la Jefatura Departamental de La Paz, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, se verificó su incumplimiento (Conclusión II.5.).
Por Nota presentada el 20 de mayo de 2022, ante el Jefe Departamental de La Paz a.i. del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; por el que el accionante solicitó certificación con referencia a que si la Organización ahora accionada presentó contra la Conminatoria J.D.T.-L.P. /NTLF/ 136/2022, lo que mereció el Informe MTEPS-JDT LP-IT-MOG-INF. 0791/22; por el cual conforme a la revisión de la base de datos y documentación no se pudo encontrar ningún recurso de objeción de la referida Conminatoria (Conclusión II.6.).
Asimismo, se tienen los memoriales presentados el 5 de abril y el 26 de mayo, ambos de 2022; por la que la Organización hoy accionada formuló los recursos de revocatoria y jerárquico (Conclusiones II.4 y II.7.). Previamente a ingresar al análisis del presente caso, es necesario precisar que conforme a la SCP 0758/2024-S1 de 31 de diciembre, que expresa lo siguiente: "La Jurisprudencia citada ha señalado, que al haber ingresado en vigencia la Ley 1468 el 3 de noviembre de 2022 no puede aplicarse retroactivamente a las conminatorias por las Jefaturas Departamentales de Trabajo con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 1468; por lo que las acciones de amparo constitucional en las que se denuncie el incumplimiento de esas conminatorias y que fueren presentadas antes de su vigencia -3 de noviembre de 2022- y dentro del plazo de la inmediatez deberán resolverse conforme lo establecido por el DS 28699 y la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021.
De lo precedentemente expuesto, se extrae que el trámite previsto en la Ley 1468 solo debe ser aplicado a las conminatorias de reincorporación emitidas con posterioridad a la vigencia de la Ley; en consecuencia, no es la instancia constitucional la competente para conocer las conminatorias emitidas con posterioridad a la vigencia de la Ley" (las negrillas son nuestras); con ese entendimiento, la Ley 1468 -Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales-, vigente a la fecha de emisión de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, no es aplicable al caso concreto; puesto que, la referida norma ingresó en vigencia a partir del 3 de noviembre de 2022; y, en la vía administrativa la Conminatoria J.D.T.-L.P. /NTLF/ 136/2022 fue pronunciada el 11 de marzo de ese año; es decir, con anterioridad a la vigencia de la citada Ley, debiendo aplicarse en consecuencia el procedimiento anterior, bajo el marco de lo previsto por la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021.
Conforme con los entendimientos asumidos y a la sistematización efectuada en la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 señalados en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, ante el incumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral, se puede interponer directamente la acción de amparo constitucional; asimismo, se tiene que dicha conminatoria no se constituye en una resolución definitiva en cuanto a la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, sino provisional; puesto que, las autoridades administrativas o judiciales en materia laboral son las idóneas para resolver el fondo y con carácter definitivo la situación laboral tanto para el empleador como para el trabajador; así también, el empleador debe dar cumplimiento inmediato a las conminatorias de reincorporación laboral aún se interpongan los recursos de revocatoria y jerárquico o cualquier recurso en la vía judicial o administrativa finalmente, la jurisdicción constitucional se encuentra impedida de ingresar a analizar la fundamentación ni la razonabilidad de las conminatorias; puesto que, ese aspecto le corresponde a la jurisdicción ordinaria y su cumplimiento debe ser integral sin omitir ninguna de las determinaciones.
En ese contexto, el accionante denuncia que la Organización hoy accionada no dio cumplimiento a la Conminatoria J.D.T.-L.P. /NTLF/ 136/2022 pronunciada por el Jefe Departamental de La Paz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que determinó conminar a la inmediata reincorporación del accionante; al mismo puesto que ocupaba al momento de su despido, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que correspondan a la fecha de su respectiva reincorporación (Conclusión II.3.); es así que, de la revisión de antecedentes se tiene que entre la emisión de dicha Conminatoria hasta la fecha de presentación de la acción de defensa, transcurrieron más de dos meses sin que sea acatada por la referida Organización, dilatando su cumplimiento, el cual debió ser de forma inmediata, verificando esos extremos a través del Informe J.D.T.L.P.-BDFB-VR-091/2022 emitido por el Inspector de la citada Jefatura quien manifestó que la mencionada Organización notificada con la indicada Conminatoria el 25 de marzo de 2022, no efectuó su cumplimiento, más aún cuando la parte hoy accionada en su informe presentado en la audiencia de consideración de la acción tutelar confirmó que no se procedió a la reincorporación del accionante, evidenciándose de esa forma la renuencia del cumplimiento a la indicada Conminatoria y la vulneración de los derechos del accionante; situación que en coherencia con el entendimiento y sistematización citado en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional permiten que esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, conceda la tutela provisional solicitada por el nombrado, debiendo la Organización ahora accionada cumplir con la Conminatoria J.D.T.-L.P. /NTLF/ 136/2022 en su integridad, sin omitir ninguna de sus determinaciones; es decir, que además de proceder a la reincorporación laboral, se debe cumplir lo dispuesto con relación al pago de los salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que le correspondan a la fecha de su reincorporación, mientras no exista una decisión administrativa o judicial debidamente ejecutoriada que la deje sin efecto.
Además, es necesario señalar que la Conminatoria J.D.T.-L.P. /NTLF/ 136/2022 fue impugnada en la vía administrativa mediante el recurso de revocatoria presentado el 5 de abril de 2022, mereciendo en consecuencia la RA "318-22′′ la cual también fue impugnada por recurso jerárquico presentado el 26 de mayo de ese año, (Conclusiones II.4. y II.7.) el que se encontraría pendiente de resolución; empero, conforme a los Fundamentos Jurídicos III.1. y III.2. de este fallo constitucional, la activación de los recursos administrativos no implica la suspensión de la ejecución de la conminatoria de reincorporación laboral.
Otra cuestión planteada en el informe de la Organización hoy accionada, es la inobservancia del principio de la inmediatez, por la presunta presentación extemporánea de la acción de amparo constitucional. Al respecto es necesario precisar que de acuerdo a la SCP 1712/2013 de 10 de octubre, el cómputo del plazo de inmediatez en la acción de amparo constitucional para solicitar el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral es a partir de “… la negativa por parte del empleador de dar cumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por la Jefatura del Trabajo abre inmediatamente la posibilidad de activar la acción de amparo constitucional, no siendo necesario esperar hasta que la vía administrativa se encuentre en estado de ejecutoria” y conforme a las normas reglamentarias laborales -Decretos Supremos (DDSS) 28699 de 1 de mayo de 2006 y 495 de 1 de mayo de 2010- que regulan el procedimiento administrativo de denuncia de despido injustificado y solicitud de reincorporación laboral, disponen que la conminatoria de reincorporación laboral es de ejecución inmediata, la impugnación en sede administrativa a través de los recursos de revocatoria y jerárquico o en sede judicial, no tienen efectos suspensivos de la ejecución de la conminatoria; en caso de subsistir la renuencia para cumplir la conminatoria de reincorporación por el empleador, el trabajador puede acudir a la vía constitucional en procura de la protección del derecho constitucional a la estabilidad laboral tomando en cuenta el principio de inmediatez.
En ese marco, la Organización ahora accionada fue notificada con la Conminatoria J.D.T.-L.P. /NTLF/ 136/2022, el 25 de marzo de 2022, como se extrae del Informe J.D.T.L.P.-BDFB-VR-091/2022; por lo que, a partir de la renuencia o resistencia del cumplimiento de la conminatoria, el accionante tenía la facultad de presentar la acción de amparo constitucional para la protección de su derecho constitucional de estabilidad laboral, y no así debe computarse desde el 1 de diciembre de 2021, que fue presentada la renuncia del accionante como erróneamente manifiesta la referida Organización, la acción tutelar que efectivamente fue presentada el 9 de junio de 2022; consiguientemente, se puede concluir que la acción de defensa fue presentada dentro del plazo de los seis meses; por lo cual se cumplió con el principio de inmediatez, encontrándose esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional obligada a realizar el análisis de la problemática planteada.
En ese orden, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia constitucional citada en los Fundamentos Jurídicos III.1. y III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, ante la denuncia de vulneración del derecho al trabajo y a la estabilidad laboral, por despido injustificado, que derivó en la emisión de una conminatoria de reincorporación laboral por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, siendo la finalidad de la jurisdicción constitucional el resguardo de los derechos fundamentales cuando estos son amenazados, a efectos de otorgar una tutela provisional inmediata: "Es posible interponer directamente la acción de amparo constitucional -abstrayendo el principio de subsidiariedad- cuando la trabajadora o el trabajador demande el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación..."; siendo en estos casos labor de la jurisdicción constitucional verificar la emisión de la conminatoria, su notificación al empleador y su incumplimiento, debiendo en esa circunstancia disponer el cumplimento integral de la conminatoria de reincorporación laboral, sin omitir ninguna de sus determinaciones.
Por otra parte, si bien es cierto que la ahora accionada alega el pago y aceptación del finiquito al trabajador, la existencia de hechos controvertidos y la inejecutabilidad de la Conminatoria J.D.T.-L.P. /NTLF/ 136/2022, entre otros, que impedirían la concesión de la tutela constitucional solicitada, es necesario recalcar que para tal efecto se encuentra instituida la jurisdicción ordinaria laboral, misma que podrá ser activada por la parte empleadora, si así considera pertinente, para determinar con mayor libertad probatoria si el despido fue justificado o no; empero, esta jurisdicción constitucional mediante la presente acción de defensa no tiene la facultad para abrir un término probatorio, es por cuya razón que la tutela constitucional concedida tiene carácter provisional y susceptible de ser modificada en función a los fallos o determinaciones de dicha jurisdicción.
En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 121/2022 de 8 de julio, cursante de fs. 108 a 111, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en todo la tutela solicitada de manera provisional conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.
a) Disponer la reincorporación de Milton Rogelio Quisbert Valenzuela, a "SOFORTHILFE LA PAZ E.V.", al mismo puesto que ocupaba al momento de su despido, más el pago de salarios devengados y demás derechos laborales que correspondan a la fecha de su respectiva reincorporación, debiendo el representante legal de esa Organización dar cumplimiento a lo dispuesto en la Conminatoria J.D.T.-L.P. /NTLF/ 136/2022 de 11 de marzo, en su integridad y sin omitir ninguna de sus determinaciones. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0256_2025-S1.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): 201fc3d96664d1b38ed517d958a0216befb8d55f76b33fe6de2d8e5f1468f7ba
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