B.IA.LEGAL

SCP 0256/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 24 de mayo de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
24 de mayo de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
50948-2022-102-AAC
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos al juez natural, fundamentación, motivación, valoración de la prueba, y los principios de seguridad jurídica y de legalidad; puesto que, los Vocales hoy accionados, emitieron el Auto de Vista 14/2022 de 25 de agosto, a través del cual, resolvieron rechazar su excusa y revocar el Auto Interlocutorio 459/2022 de 24 de agosto, disponiendo que prosiga con la sustanciación del proceso penal, argumentando de forma indebida y subjetiva, que no probó la causal de excusa alegada -art. 316.11 del CPP- al no haberse acreditado la amistad íntima con el imputado -hoy tercero interesado- con los elementos de prueba que adjuntó, al contrario fuera de la normativa legal aplicable y del sentido común, existiendo una omisión valorativa de la prueba presentada. De igual manera, dicho Auto de Vista y su Auto complementario de de 30 de agosto de 2022, emitieron de forma colegiada; es decir, por ambos Vocales hoy accionados, a pesar que la norma señala que debe ser una resolución unipersonal -art. 318.II del CPP-. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 01/2024 de 25 de enero, cursante de fs. 365 a 371, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia, 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente con relación al derecho al debido proceso en su elemento al juez natural, y a los principios de legalidad y de seguridad jurídica, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.

a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 14/2022 de 25 de agosto y el Auto complementario de 30 de agosto de 2022, emitidos por los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por la inobservancia del procedimiento de la excusa, establecido por el art. 318.II del Código de Procedimiento Penal modificado por el art. 12 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, debiendo actuar según la norma citada y con celeridad a efectos de que se resuelva dicha excusa por autoridad competente. 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto a los derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Asimismo, con relación a la solicitud de pago de costas.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El derecho al debido proceso y al juez natural
  2. III.2. Sobre el trámite de la excusa formulada en materia penal
  3. III.3. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página. La hoja 17 del PDF es imagen: su texto se leyó con reconocimiento óptico y puede tener algún error de lectura.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0256/2024-S3 Sucre, 24 de mayo de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 50948-2022-102-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 01/2024 de 25 de enero, cursante de fs. 365 a 371, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Arnold John Campos Atanacio contra Eve Carmen Mamani Roldán y José Miguel Vásquez Castelo, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante por memorial presentado el 30 de septiembre de 2022, cursante de fs. 19 a 25, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 24 de agosto de 2022, ingresó a su despacho judicial la causa penal signada con el Código Único de Denuncia (CUD) 508102102200373, seguida por el Ministerio Público, a denuncia de Roxana Nina Mendoza contra Dennis Chambi Ramírez -hoy tercero interesado-, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño y adolescente con agravante previsto y sancionado por el art. 308 bis, con relación al art. 310 incs. g), m) y o) ambos del Código Penal (CP), y teniendo conocimiento del inicio de la investigación y el requerimiento de imputación formal en dicho proceso penal, emitió el Auto Interlocutorio 459/2022 de 24 de agosto, a través del cual formuló su excusa amparado por el art. 316.11 del Código de Procedimiento Penal (CPP), argumentando que el imputado -hoy tercero interesado- fue su compañero de curso en el colegio Simón Bolívar de la ciudad de Oruro, en virtud a ello sostuvo una relación estrecha de amistad entre las gestiones 1992 a 1997 y después realizó actividades deportivas y sociales por más de veinticinco años e incluso un mes antes -23 de julio de 2022- confraternizaron en una reunión de ex alumnos de su promoción. Esa causal de excusa es difícil de acreditarla, no solo por el plazo que brinda la norma para emitir ese tipo de resoluciones, que limita la obtención de prueba, sino también por el presupuesto de excusa que imposibilita. Después de haber emitido el Auto Interlocutorio 459/2022, en cumplimiento a lo previsto por el art. 318.II del CPP, elevó en consulta a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que mediante Auto de Vista 14/2022 de 25 de agosto, resolvió rechazar su excusa y revocar el mencionado Auto Interlocutorio, disponiendo que se prosiga con la sustanciación del proceso penal, argumentando que no probó la causal de excusa alegada al no haberse acreditado la amistad íntima con el imputado -hoy tercero interesado- los elementos de prueba que adjuntó; puesto que, la relación íntima es aquella que se mantiene de forma estrecha y de gran confianza. Asimismo, se señaló que no se acreditó el trato frecuente con el nombrado, sino un relacionamiento momentáneo, casual, interrumpido, poco frecuente, simple convivencia que no puede pasar de una relación de conocidos o de trato de relaciones sociales, que no se asume como de gran familiaridad íntima o de trato constante que produzcan un afecto suficiente para fundar el temor de imparcialidad, efectuando una omisión valorativa de las pruebas que presentó para justificar su excusa, como ser las fotografías impresas. En ese sentido, los Vocales ahora accionados argumentaron su determinación con base a elementos subjetivos, indicando que la prueba fue insuficiente para probar una amistad íntima. Asimismo, se emitió el Auto de Vista 14/2022 hoy cuestionado en forma colegiada; es decir, por los referidos Vocales, a pesar que la norma señala que debe ser una resolución unipersonal, vulnerando con ello las disposiciones procesales. Posteriormente, mediante memorial presentado el 30 de agosto de 2022, solicitó una serie de aclaraciones y complementaciones, que fueron respondidas por los Vocales hoy accionados, señalando que solamente se cumplió con el art. 318.II del CPP, sin aclarar lo que se pidió; es decir, por qué esa determinación se emitió de forma colegiada y sin tomar en cuenta lo que establece la norma; ya que, solamente se debe realizar una interpretación literal o gramatical de ese precepto legal, concluyendo que se modificó la competencia para resolver ese tipo de controversias; puesto que, no corresponde a la Sala Penal en su conjunto, sino al Vocal de Turno asignado por sorteo, con el objeto de garantizar que la resolución sea pronta y oportuna. De igual manera señalaron que las demás aclaraciones se encuentran en el Auto de Vista 14/2022 y su Auto complementario de 30 de agosto de 2022, situación que no se evidencia y si bien indicaron que existe carga argumentativa en dicho Auto de Vista; empero, no sí la carga probatoria al no haberse acreditado la frecuencia de trato diario, ya que ambas determinaciones vulneraron sus derechos al debido proceso, al juez natural y a los principios de legalidad y de seguridad jurídica.

I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos al juez natural, fundamentación, motivación, valoración de la prueba, y los principios de seguridad jurídica y de legalidad; citando al efecto los arts. 116.II y 120.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga la nulidad del Auto de Vista 14/2022 de 25 de agosto y su Auto complementario de 30 de igual mes de 2022, emitido por los Vocales hoy accionados, ordenándose que: a) Emitan nuevo auto de vista sin esperar su turno, en la que acepte su excusa en el proceso penal con CUD 508102102200373; y, b) En el fondo se resuelva el cese de su competencia en el referido proceso penal, la remisión de antecedentes y ulterior trámite ante la autoridad llamada por ley; y, c) La condena en costas de acuerdo al art. 39 del Código Procesal Constitucional (CPCo), según el arancel del Ministerio de Justicia.

I.2. Trámite procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional

I.2.1. Improcedencia de la acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Resolución de 3 de octubre de 2022, cursante de fs. 26 a 27 vta., declaró la improcedencia de la acción de amparo constitucional interpuesta por el accionante, bajo el argumento de que el accionante carece de legitimación activa; puesto que, en la causa penal que es motivo de la presente acción tutelar funge como autoridad ordinaria y no así como parte en el proceso penal; en consecuencia, el nombrado por memorial presentado el 7 de igual mes y año, cursante de fs. 29 a 31, impugnó dicha determinación.

I.2.2. Admisión de la acción de amparo constitucional

Por Auto Constitucional (AC) 0217/2022-RCA de 14 de noviembre, cursante de fs. 36 a 42, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, con la facultad conferida por el art. 30.III del CPCo, resolvió revocar la Resolución de 3 de octubre de 2022, disponiendo en consecuencia, se admita la presente acción de defensa, debiendo pronunciarse resolución en audiencia pública, concediendo o denegando la tutela solicitada, según corresponda en derecho.

I.3. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 25 de enero de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 359 a 364 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.3.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que: 1) El Auto de Vista 14/2022 y su Auto complementario de 30 de agosto de 2022 cuestionados en la presente acción de defensa, fueron emitidos por los Vocales ahora accionados, siendo que el art. 318.II del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, establece actualmente que a tiempo de la emisión de la resolución de la excusa, debe ser emitida por la Vocal o el Vocal asignado por turno; es decir, de forma unipersonal. En ese sentido, en el presente caso los Vocales ahora accionados, no actuaron conforme al procedimiento establecido, sino más bien, emitieron el Auto de Vista 14/2022 y su Auto complementario de 30 de agosto de 2022 cuestionados, sin tener competencia, bajo un procedimiento que no cumple con la legalidad y ocasionó inseguridad jurídica; por ello, ambos actos procesales son nulos de pleno derecho; 2) Con relación al fondo de la excusa, lo Vocales hoy accionados no dieron una explicación de cuál era la frecuencia de trato momentáneo o temporal; puesto que, más bien parece una apreciación subjetiva y en la aclaración señalaron que la relación de amistad o trato frecuente debería ser de forma diaria. Argumentación que se considera no valedera ya que carece de fundamentación y motivación, porque una relación de amistad íntima puede perdurar en el tiempo sin la necesidad de existir un trato diario; y, 3) El accionante, en su calidad de autoridad judicial resaltó que no tiene ningún tipo de interés en el proceso penal, en el cual formuló su excusa, sino más bien que el art. 187.3 de la Ley del Órgano judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, establece como una falta grave la declaración de ilegalidad de excusa y dos faltas graves en un año hacen la posibilidad de falta gravísima y en consecuencia, la posibilidad del cese de las funciones; por lo tanto, su intención es establecer bases sólidas para que una autoridad jurisdiccional pueda o no ser competente en un caso como este.

I.3.2. Informe de las autoridades accionadas

Eve Carmen Mamani Roldán, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en audiencia manifestó que: i) En cuanto a la competencia del Tribunal de segunda instancia, dicha Sala está compuesta por dos Vocales y cualquier causa que sea remitida, ya sea en consulta, en recurso de apelación incidental o restringida, los antecedentes son remitidos al “Tribunal de alzada”. Si bien una consulta de excusa debe ser resulta según lo establecido por el Código de Procedimiento Penal, por un vocal relator, no es menos evidente que el Auto de Vista 14/2022 y su Auto complementario de 30 de agosto de 2022, que son cuestionados en la presente acción tutelar, fueron emitidos por José Miguel Vásquez Castelo, Vocal relator -accionado-, a través de un sorteo en Sala, a partir de aquello se dio cumplimiento a lo establecido por la norma adjetiva penal; ii) La del Órgano judicial, respecto a la competencia establece que: “ʽEs aquella facultad que tienen una magistrada vocal, juez, autoridad indígena para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto”ʼ (sic), a partir de ello, ese Tribunal colegiado, desde la jurisdicción que ejerce en materia penal, resolvió la consulta de excusa en pleno ejercicio de su competencia; puesto que, en un sorteo interno se designó a un Vocal relator, quien emitió la resolución que hoy pretende ser anulada a través de esta acción de defensa; es decir, que no existió ninguna vulneración a la regla de competencia porque se cumplió con la reserva legal, cuando la Ley señala que las Salas Penales son competentes para resolver esos temas; iii) La acción de amparo constitucional no protege principios, sino derechos y garantías; por lo que, la seguridad jurídica al no ser un derecho ni una garantía, no es objeto de protección mediante esta acción de defensa; iv) En la presente acción tutelar no se identificaron cuál sería el acto ilegal o la omisión indebida para que se tutele algún derecho o garantía alegados por el accionante; ya que, el Auto de Vista 14/2022 cuestionado, cumplió con los parámetros legales; puesto que, ingresó a una Sala colegiada donde se sorteó a un Vocal relator, quien emitió el referido Auto de Vista en plena competencia y bajo los términos establecidos por la Ley del Órgano Judicial; v) En cuanto al análisis de fondo el dicho Auto de Vista, al tenor del art. 316.II del CPP, el accionante señaló que tiene una amistad íntima con una de las personas que estaba sometida a un proceso penal; sin embargo, la citada norma establece que la amistad íntima debe exteriorizarse por frecuencia de trato; es decir, que la norma exige que al alegar una amistad íntima que fue el fundamento de la excusa, se debe acreditar una frecuencia de trato; empero, el accionante adjuntó varias fotografías, que en algunas se lo podría distinguir y solo en una, se encuentra en un grupo; asimismo, acompañó una postal del aniversario del colegio Simón Bolívar de la ciudad de Oruro, donde hubiese cursado su nivel secundario, que no les permiten establecer la frecuencia de trato que exige la norma y no ese Tribunal y precisamente sujetos al principio de legalidad advirtieron que no existía prueba suficiente para acreditar esa frecuencia de trato; vi) Se pretende anular el citado Auto de Vista cuestionado alegando la vulneración del derecho al debido proceso sin establecer en cuál de sus elementos y si se refirió al principio de legalidad, ese Tribunal solamente se sujetó a lo que señala en la norma para determinar una amistad íntima con frecuencia de trato; vii) Resaltó que se encuentra pendiente el proceso disciplinario contra el accionante, por esa declaración de excusa; es decir, que aún no se remitieron los antecedentes a dicho Tribunal; y, viii) Respecto a los argumentos de que el juez natural a partir de su imparcialidad tuviera componentes subjetivos y objetivos, la norma es clara y exige elementos objetivos de trato frecuente y como Tribunal de segunda instancia se sometieron a esa determinación legal y por todo lo expuesto, solicitó que se deniegue la tutela.

José Miguel Vásquez Castelo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar ni remitió informe alguno, pese a su citación, cursante a fs. 44.

I.3.3. Intervención de los terceros interesados

Dennis Chambi Ramírez, en su calidad de imputado; y, Roxana Nina Mendoza, en su calidad de denunciante, no asistieron a la audiencia de consideración de la presente acción de defensa, pese a su notificación cursante de fs. 55 y 56.

I.3.4. Intervención de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia

La “Defensoría de la Niñez y Adolescencia”, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar ni remitió informe alguno, pesar de la notificación cursante a fs. 52.

I.3.5. Intervención del Ministerio Público

El representante del Ministerio Público, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de defensa, ni remitió informe alguno pese a su notificación cursante a fs. 54.

I.3.6. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Resolución 01/2024 de 25 de enero, cursante de fs. 365 a 371, concedió en parte la tutela solicitada, únicamente con relación al derecho del debido proceso en sus elementos de motivación, valoración de la prueba, al juez natural y el principio de seguridad jurídica; y, denegó la tutela solicitada con referencia al debido proceso en su elemento de fundamentación, sin disponer la nulidad del Auto de Vista 14/2022, emitido por los Vocales hoy accionados. Todo lo señalado, bajo los siguientes fundamentos: a) De acuerdo al art. 318 del CPP, referido al procedimiento de las excusas, establece que serán resueltas por la Sala competente; sin embargo, posteriormente el señalado artículo fue modificado por el art. 12 de la Ley 1173, que en su parágrafo II establece lo siguiente: ʽ“La Jueza o el Juez que se excuse, remitirá en el día la resolución a la Oficina Gestora de Procesos, que efectuará el sorteo en el sistema Informático de Gestión de Causas de forma inmediata y comunicará a la autoridad judicial, que remita el proceso a la juez o juez asignado, quien asumirá conocimiento del proceso inmediatamente y proseguirá su curso sin interrupción de actuaciones y audiencias. Asimismo, remitirá en el día los antecedentes pertinentes a la o el Vocal de la Sala Penal de turno asignado por sorteo, quien debe pronunciarse sin necesidad de audiencia en el plazo de 48 horas de recibido los actuados”ʼ (sic). En ese sentido, la competencia para resolver las excusas de los jueces corresponde a la o el Vocal de la Sala Penal de turno asignado por sorteo y no así de manera colegiada; por lo que, en el presente caso, el Auto de Vista 14/2022 cuestionado fue resuelto por los Vocales hoy accionados de manera colegiada, sin haber considerado las modificaciones efectuadas al art. 318 del CPP, por el art. 12 de la Ley 1173, vulnerando con ello el derecho al juez natural como parte del debido proceso (SCP 0011/2023-S1de 24 de enero reiterando la SC 0418/2000-R de 2 de mayo); y por lo tanto, también al principio de seguridad jurídica que se encuentra vinculado a ese derecho; razón por la cual, sobre ese punto se concedió la tutela solicitada; b) El accionante también alega que los Vocales ahora accionados al emitir el citado Auto de Vista y su Auto complementario de 30 de agosto de 2022, que fueron cuestionados, incurrieron en la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba, al resolver el rechazo del Auto Interlocutorio 459/2022 de excusa, disponiendo que se prosiga con la sustanciación del proceso penal, al no haberse probado la causal de la excusa; es decir, que no se acreditó su amistad con el imputado -hoy tercero interesado- con los elementos de prueba adjuntos. En ese marco, se evidenció que los Vocales hoy accionados enmarcaron el aludido Auto de Vista en el art. 316.11 del CPP, refiriendo que entre las causales de excusa se encuentra la de tener amistad íntima que se exteriorice por frecuencia de trato de partes, en virtud a ello concluyeron que el Juez de primera instancia, no ha probado de ninguna manera las causales de excusa en su Auto Interlocutorio 459/2022, incumpliendo con la citada norma; es decir, que no acreditó esa amistad íntima con el imputado -hoy tercero interesado- con las pruebas presentadas, reiterando que no existe ese tipo de amistad que se mantiene en una relación estrecha de gran confianza. Asimismo, señalaron que no se evidenció la existencia de un trato frecuente con el imputado -hoy tercero interesado-, sino más bien que ese trato fue momentáneo y casual; por lo que, su relación de amistad no se traduce en una gran familiaridad íntima o trato constante que produzca un afecto suficiente para fundar el temor a la imparcialidad del Juez. En el Auto complementario de 30 de agosto de 2022, señalaron que en el Auto de Vista 14/2022 se dio cumplimiento a lo previsto por el Código de Procedimiento Penal y con el argumento expuesto quedó aclarado y complementado sin efectuar modificaciones al fondo de dicho Auto de Vista; c) Con relación al debido proceso en su elemento fundamentación, los Vocales hoy accionados en el Auto de Vista 14/2022 y su Auto Complementario, sostuvieron sus argumentos en el art. 316.11 del CPP; es decir, expresando la disposición jurídica aplicable; por ello, no se vulneró el derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación, correspondiendo denegar la tutela sobre ese punto; d) En cuanto al elemento de la motivación, se evidencia que las razones expuestas por los Vocales ahora accionados no son suficientes; puesto que, si bien la amistad íntima está relacionada con el trato frecuente, conforme el art. 316.II del CPP, el mismo no puede entenderse de manera general como un trato diario; es así, que la amistad debe medirse por un grado de frecuencia o continuidad, ser diaria, ello surge partiendo de las circunstancias de la vida de cada persona y sobre todo se enlaza con un elemento subjetivo de la misma persona, y de sus sentimientos hacia la misma que se considera que tiene una amistad íntima. No se puede limitar al entendimiento asumido por los Vocales ahora accionados, sin haber considerado que el accionante tiene una gran amistad con el imputado -hoy tercero interesado- desde la etapa escolar -1992 a 1997- y hasta el momento permanece su amistad durante veinticinco años, probando esa amistad con algunas fotografías presentadas por el accionante. El trato frecuente que tuvieron entre el nombrado y el imputado -ahora tercero interesado- fue de veinticinco años de amistad íntima; por lo tanto, se hubiese acreditado la amistad íntima. Bajo esas circunstancias, los Vocales ahora accionados no justificaron de manera razonable su decisión de declarar ilegal la excusa presentada por el accionante, vulnerando con ello su derecho al debido proceso en su elemento de motivación, al efecto se concedió la tutela solicitada; e) Respecto a la falta de valoración de la prueba presentada que alega el accionante, se evidenció que Vocales ahora accionados, no incurrieron en una valoración omisiva; puesto que, en el Auto de Vista 14/2022 cuestionado, se refieren a las fotografías presentadas por el accionante y en respuesta a la solicitud de complementación y enmienda aclararon que esas pruebas no acreditarían que exista una frecuencia de amistad; es decir, que se pronunciaron sobre las pruebas y les otorgaron un valor; sin embargo, se apartaron del marco legal de razonabilidad y equidad; por ello, se concedió la tutela; y, f) Se otorgó en parte la tutela solicitada; sin embargo, no se dispuso la nulidad de obrados hasta el referido Auto de Vista cuestionado, enmarcándose en que los actos de los jueces de primera instancia en los principios de provisionalidad, temporalidad y variabilidad, no causan estado; puesto que, el hecho de que se hubiese “denegado” la excusa, no significa que tuviesen que anular todos los actuados procesales realizados hasta el momento dentro del proceso penal, más aun considerando que con base al principio del interés superior y la protección reforzada que gozan los niños, niñas y adolescentes y en el marco de una justicia pronta y oportuna, no se pueden retrotraer los actos procesales hasta el Auto de Vista 14/2022 cuestionado; empero, como efecto a lo expuesto en los fundamentos jurídicos, se declaró como legal la excusa del accionante presentada mediante Auto Interlocutorio 459/2022, sin imponer medidas disciplinarias, ni el pago de daños y perjuicios, por ser excusables.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 24 de agosto de 2022, el representante del Ministerio Público presentó la imputación formal contra Dennis Chambi Ramírez -hoy tercero interesado-, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niño, niña o adolescente con su agravante, ante el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro (fs. 6 a 9 vta.).

II.2. A través de Auto Interlocutorio 459/2022 de 24 de agosto, Arnold John Campos Atanacio, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Oruro -ahora accionante- formuló su excusa del conocimiento de la causa, argumentando que mantiene una relación de amistad con el imputado -hoy tercero interesado- desde hace más de veinticinco años, disponiendo su remisión a otro juzgado, disposición que debería cumplirse por la “Oficina Gestora de Procesos” (fs. 13 y 14).

II.3. Cursa Auto de Vista 14/2022 de 25 de agosto, emitido por Eve Carmen Mamani Roldán y José Miguel Vásquez Castelo, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora accionados-, mediante el cual, rechazaron la excusa promovida por el accionante, explicando que no se demostró la amistad íntima ni el trato frecuente de partes, tal como establece el art. 316.11 del CPP (fs. 15 y 16). En consecuencia, mediante Auto de 30 de agosto de 2022, emitido por los Vocales hoy accionados, aclararon y complementaron dicho Auto de Vista en cumplimiento del art. 318.II del CPP, argumentando que no existe carga probatoria suficiente que demuestre lo señalado por el accionante (fs. 18 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos al juez natural, fundamentación, motivación, valoración de la prueba, y los principios de seguridad jurídica y de legalidad; puesto que, los Vocales hoy accionados, emitieron el Auto de Vista 14/2022 de 25 de agosto, a través del cual, resolvieron rechazar su excusa y revocar el Auto Interlocutorio 459/2022 de 24 de agosto, disponiendo que prosiga con la sustanciación del proceso penal, argumentando de forma indebida y subjetiva, que no probó la causal de excusa alegada -art. 316.11 del CPP- al no haberse acreditado la amistad íntima con el imputado -hoy tercero interesado- con los elementos de prueba que adjuntó, al contrario fuera de la normativa legal aplicable y del sentido común, existiendo una omisión valorativa de la prueba presentada. De igual manera, dicho Auto de Vista y su Auto complementario de de 30 de agosto de 2022, emitieron de forma colegiada; es decir, por ambos Vocales hoy accionados, a pesar que la norma señala que debe ser una resolución unipersonal -art. 318.II del CPP-. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El derecho al debido proceso y al juez natural

La SCP 0649/2021-S3 de 20 de septiembre, haciendo referencia a la SCP 0115/2021-S3 de 26 de abril, al respecto estableció que: [El juez natural se constituye en una de las garantías del debido proceso y conforme lo establece el art. 120 de la CPE, consiste en que toda persona que acceda a la justicia sea oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, y además que no sea sometida a comisiones especiales u otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al hecho de la causa. En ese marco, la Corte Interamericana de Derechos Humanos a tiempo de aplicar el art. 8 de la Convención y establecer lo que debe ser entendido por esta garantía, estableció que: «El artículo 8.1 de la Convención garantiza el derecho a ser juzgado por “un tribunal competente (…) establecido con anterioridad a la ley”. Esto implica que las personas “tienen derecho a ser juzgadas por tribunales de justicia ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente establecidos” razón por la cual el Estado no debe crear tribunales que no apliquen normas procesales debidamente establecidas para el caso o ad hoc» (caso Apitz Barbera y otros vs. Venezuela). Asimismo, en otro caso, sostuvo que: «El juez natural deriva su existencia y competencia de la ley, la cual ha sido definida por la Corte como la “norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los órganos legislativos constitucionales previstos y democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento establecido por las constituciones de los Estados Partes para la formación de las leyes”. Consecuentemente en un Estado de Derecho, sólo el Poder Legislativo puede regular a través de leyes la 14 competencia de los juzgadores» (caso Barreto Leiva vs. Venezuela).

En ese sentido, la garantía al juez natural es el derecho de toda persona a contar con un juzgador preestablecido y que sus competencias estén determinadas por ley, de modo que se garantice que los casos sometidos a su conocimiento no se resuelvan a partir de apreciaciones preconcebidas parciales y alejados de los cánones establecidos por ley (SCP 0094/2015-S1 de 13 de febrero). Por su parte, la SCP 0094/2014-S1 de 24 de noviembre, asumiendo y remitiéndose a entendimientos jurisprudenciales que determinaron los elementos esenciales de este derecho, manifestó que: «…la SC 0491/2003-R de 15 de abril, estableciendo que: “(...) Uno de los elementos esenciales de la garantía del debido proceso es el derecho al juez natural competente, independiente e imparcial; debiendo entenderse por Juez competente aquel que de acuerdo a las normas jurídicas previamente establecidas, conforme criterios de territorio, materia y cuantía, es el llamado para conocer y resolver una controversia judicial; Juez independiente aquel que, como se tiene referido, resuelve la controversia exenta de toda injerencia o intromisión de otras autoridades o poderes del Estado;

y Juez imparcial aquel que decida la controversia judicial sometida a su conocimiento exento de todo interés o relación personal con el problema, manteniendo una posición objetiva al momento de adoptar su decisión y emitir la resolución. El cumplimiento de estos requisitos que hacen al juez natural permite garantizar la correcta determinación de los derechos y obligaciones de las personas”.

Precisando dicho entendimiento la SC 1491/2010-R de 6 de octubre, ha señalado que: “El derecho al juez natural contenido en los arts. 14 de la CPEabrg y 120 de la CPE, implica, conforme ha establecido la SC 1055/2006-R de 23 de octubre ‘…el derecho que tiene toda persona a ser oída y juzgada, con las debidas garantías por un juez regular predeterminado, competente, independiente e imparcial, en la substanciación de cualquier acusación penal o disciplinaria formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal, familiar o de cualquier otro carácter. La jurisprudencia de este Tribunal, refiriéndose a la naturaleza y los elementos constitutivos de este derecho ha establecido en la SC 0074/2005, de 10 de octubre que '…el derecho al juez predeterminado exige la concurrencia de las siguientes condiciones: i) el órgano judicial haya sido creado previamente por un precepto legal; ii) el órgano judicial esté investido de jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho motivador del proceso judicial o disciplinario; iii) su régimen orgánico y procesal no permita calificarlo de tribunal ad hoc o de comisión especial; iv) la composición del órgano jurisdiccional venga determinada por la ley; y v) en cada caso concreto se siga el procedimiento legalmente establecido para la designación de los miembros que han de constituir el órgano respectivo. El cumplimiento de estas condiciones, contribuye a garantizar la independencia e imparcialidad del órgano jurisdiccional que es lo que se protege por el derecho al juez predeterminado'"»] (las negrillas son nuestras).

III.2. Sobre el trámite de la excusa formulada en materia penal

Al respecto, el art. 318 del CPP, fue modificado por el art. 12 de la Ley 1173, con el siguiente tenor: “Artículo 318. (TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DE EXCUSAS). I. La jueza o el juez comprendido en alguna de las causales establecidas en el Artículo 316 del presente Código, está obligado a excusarse en el término de veinticuatro (24) horas mediante resolución fundamentada, apartándose de forma inmediata del conocimiento del proceso.

II. La jueza o el juez que se excuse, remitirá en el día la resolución a la Oficina Gestora de Procesos, que efectuará el sorteo en el Sistema Informático de Gestión de Causas de forma inmediata y comunicará a la autoridad judicial que remita el proceso a la jueza o juez asignado, quien asumirá conocimiento del proceso inmediatamente y proseguirá su curso sin interrupción de actuaciones y audiencias; asimismo, remitirá en el día los antecedentes pertinentes a la o el Vocal de la Sala Penal de turno asignado por sorteo, quien debe pronunciarse sin necesidad de audiencia en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas de recibidos los actuados; resolución que no admitirá recurso ulterior. Aceptada o rechazada la excusa, según sea el caso, se ordenará a la jueza o juez reemplazado o a la jueza o juez reemplazante que continúe con la sustanciación del proceso. La resolución deberá ser notificada a las partes y a los abogados para su conocimiento en el plazo de veinticuatro (24) horas de emitida. Todas las actuaciones de uno y otro juez conservarán validez jurídica. III. Las excusas de los integrantes de los Tribunales de Sentencia, deberán ser planteadas hasta las cuarenta y ocho (48) horas de presentadas las pruebas de descargo de la parte acusada. La jueza o el juez que se excuse solicitará la separación del conocimiento del proceso; el Tribunal se pronunciará sobre la aceptación o rechazo de la excusa en el plazo de veinticuatro (24) horas de recepcionada la solicitud. En caso de ser aceptada, se remitirán los antecedentes de la excusa a la o el Vocal de la Sala Penal de turno asignado por sorteo, quien se pronunciará en el plazo improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas desde su recepción, bajo responsabilidad, sin recurso ulterior. El trámite de la excusa suspenderá el inicio del juicio oral, únicamente por los términos señalados para su resolución, y será resuelto sin necesidad de audiencia. IV. Cuando el número de excusas impida la conformación del Tribunal, la o el Presidente del Tribunal remitirá en el día de recepcionado el auto de vista, los antecedentes de la excusa a la Oficina Gestora de Procesos, que efectuará un nuevo sorteo a través del sistema informático de gestión de causas de forma inmediata y comunicará a la autoridad judicial que remita el proceso al Tribunal asignado, que asumirá conocimiento del proceso inmediatamente y proseguirá su curso sin interrupción de actuaciones y audiencias” (las negrillas nos corresponden).

En cuanto a los efectos de la excusa y recusación, el art. 321.I del CPP, también modificado por el art. 8 de la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-, señala: “Artículo 321. (Efectos de la Excusa y Recusación).

I. Producida la excusa o recusación, la o el Juez reemplazante no podrá suspender el trámite procesal; aceptada la excusa o la recusación, la separación de la o el Juez será definitiva, aun cuando desaparezcan las causales que las determinaron. II. Las excusas y recusaciones deberán ser rechazadas in límine cuando:

1. No sea causal sobreviniente; 2. Sea manifiestamente improcedente; 3. Se presente sin prueba; o 4. Habiendo sido rechazada, sea reiterada en los mismos términos. III. Las excusas rechazadas deberán ser puestas en conocimiento de la autoridad disciplinaria competente; si se rechaza la recusación in límine, se impondrá multa equivalente a tres (3) días de haber mensual de una o un Juez técnico; en caso de recusaciones rechazadas consecutivamente, la multa deberá ser progresiva en tres (3) días de haber mensual de una o un Juez técnico. IV. La tramitación de la excusa o la recusación suspenderá en su caso los plazos de la prescripción, de la duración de la etapa preparatoria y de la duración máxima del proceso. V. En caso de rechazo de una recusación que hubiere sido declarada manifiestamente infundada, temeraria o abiertamente dilatoria, se interrumpirán los plazos de la prescripción de la acción penal, de la duración de la etapa preparatoria y de duración máxima del proceso, computándose nuevamente los plazos. Consecuentemente la o el Juez o Tribunal, previa advertencia en uso de su poder coercitivo y moderador, impondrá a la o el abogado una sanción pecuniaria equivalente a dos (2) salarios mínimos nacionales, monto de dinero que será depositado en la cuenta del Órgano Judicial. En caso de continuar con la actitud dilatoria, la o el Juez o Tribunal apartará a la o el abogado de la actuación del proceso en particular, designando a un defensor público o de oficio”.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos al juez natural, fundamentación, motivación, valoración de la prueba, y los principios de seguridad jurídica y de legalidad; puesto que, los Vocales hoy accionados, emitieron el Auto de Vista 14/2022 de 25 de agosto, a través del cual, resolvieron rechazar su excusa y revocar el Auto Interlocutorio 459/2022 de 24 de agosto, disponiendo que prosiga con la sustanciación del proceso penal, argumentando de forma indebida y subjetiva, que no probó la causal de excusa alegada -art. 316.11 del CPP- al no haberse acreditado la amistad íntima con el imputado -hoy tercero interesado- con los elementos de prueba que adjuntó, al contrario fuera de la normativa legal aplicable y del sentido común, existiendo una omisión valorativa de la prueba presentada. De igual manera, dicho Auto de Vista y su Auto complementario de de 30 de agosto de 2022, emitieron de forma colegiada; es decir, por ambos Vocales hoy accionados, a pesar que la norma señala que debe ser una resolución unipersonal -art. 318.II del CPP-. De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que el 24 de agosto de 2022, el representante del Ministerio Público presentó la imputación formal contra el hoy tercero interesado, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niño, niña o adolescente con su agravante, ante el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro (Conclusión II.1.). En consecuencia, a través del Auto Interlocutorio 459/2022 de 24 de agosto, el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Oruro -accionante-, formuló su excusa del conocimiento de la causa, argumentando que mantiene una relación de amistad con el imputado -hoy tercero interesado- desde hace más de veinticinco años, disponiendo su remisión a otro juzgado, disposición que debía cumplirse por la “Oficina Gestora de Procesos” (Conclusión II.2.). Al efecto, mediante Auto de Vista 14/2022, emitido por los Vocales hoy accionados, se rechazó la excusa promovida por el accionante, explicando que no se demostró la amistad íntima ni el trato frecuente de partes, tal como establece el art. 316.11 del CPP. Posteriormente, mediante Auto de 30 de agosto de 2022, se aclaró y complementó dicho Auto de Vista en cumplimiento del art. 318.II del CPP, argumentando que no existe carga probatoria suficiente que demuestre lo señalado por el accionante (Conclusión II.3.).

Bajo esas circunstancias y con relación al caso concreto, se evidencia que el accionante formuló la presente acción tutelar, señalando como primer acto lesivo el hecho que los Vocales ahora accionados emitieron el Auto de Vista 14/2022 y su Auto complementario de 30 de agosto de 2022, de manera colegiada, sin tomar en cuenta lo previsto por el art. 318.II del CPP que fue modificado por el art. 12 de la Ley 1173. En virtud a ello y de acuerdo a la revisión de los mencionados Autos se tiene que efectivamente, ambos Autos fueron firmados por Eve Carmen Mamani Roldán y José Miguel Vásquez Castelo, en su calidad de Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; a pesar que en la parte final del Auto de Vista 14/2022 se señaló que el Vocal relator es ese último.

Bajo esas circunstancias, se concluye que tanto en el Auto de Vista 14/2022 como en el Auto complementario de 30 de agosto de 2022, se encuentran las firmas de los dos Vocales ahora accionadas, lo que implica que al tomar conocimiento de la excusa formulada por el accionante, no actuaron conforme al procedimiento establecido por el art. 318.II del CPP modificado por la Ley 1173, con relación a la remisión de excusas en consulta, refiere de forma expresa que deben ser remitidas con sus antecedentes a la Vocal o el Vocal de la Sala Penal de turno asignado por sorteo y en ningún momento menciona de manera colegiada; es decir, que con la nueva reforma del citado artículo, en la parte que vincula al caso concreto, establece que la excusa debió ser resuelta tal como señala la normativa aplicable al caso, de manera unipersonal por el Vocal o la Vocal de turno asignada por sorteo; por lo que, al no actuar de esa manera vulneraron los derechos al debido proceso en su elemento al juez natural, según lo expuesto en los Fundamentos Jurídicos III.1. y III.2. de este fallo constitucional, y los principios de seguridad jurídica y de legalidad; puesto que, conforme lo expresado en la SCP 0237/2019-S4 de 16 de mayo, establece que: “…ante el cuestionamiento de la imparcialidad del juez que previene la causa penal, a través de la figuras jurídicas de la excusa y recusación, es preciso tener presente, que: ʽ…siendo una característica fundamental del actual procedimiento penal, la clara delimitación de funciones y competencias asignadas a los diferentes representantes del Estado, en el inicio, sustanciación y decisión de un proceso penal, que conlleva necesariamente el respeto de los derechos y garantías de las partes procesales (acusación y defensa); el componente referido al juez imparcial, constitutivo de la garantía del debido proceso, es de medular importancia, por cuanto asegura la resolución de la causa sin que la autoridad jurisdiccional se impregne de los intereses subjetivos de las partes y que ellas se sujeten al procedimiento con la plena confianza que la decisión de la causa responderá al razonamiento objetivo del juez, supeditado única y legalmente a los principios que rigen la materia y, por supuesto, a los plasmados en la Norma Fundamental y en los Convenios y Tratados Internacionales sobre Derechos Humanosʼ (SCP 0209/2018-S4 de 21 de mayo)”; por esa razón, corresponde conceder la tutela solicitada. Por otro lado, el accionante en la presente acción tutelar, también señala como acto lesivo el hecho que los Vocales ahora accionadas emitieron el Auto de Vista 14/2022 y su Auto complementario de 30 de agosto de 2022, sin la debida fundamentación, motivación y valoración de la prueba; empero, es necesario precisar que en razón a la anulación de ambos Autos, conforme lo expuesto anteriormente, no corresponde emitir pronunciamiento alguno sobre el fondo de dichos Autos. Finalmente, respecto al pago de costa y costos procesales alegados por el accionante, estos no pueden ser acogidos en razón a la concesión parcial de la tutela solicitada y la regulación potestativa establecida por el art. 39 del CPCo. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos obró de manera parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 01/2024 de 25 de enero, cursante de fs. 365 a 371, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia, 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente con relación al derecho al debido proceso en su elemento al juez natural, y a los principios de legalidad y de seguridad jurídica, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.

a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 14/2022 de 25 de agosto y el Auto complementario de 30 de agosto de 2022, emitidos por los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por la inobservancia del procedimiento de la excusa, establecido por el art. 318.II del Código de Procedimiento Penal modificado por el art. 12 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, debiendo actuar según la norma citada y con celeridad a efectos de que se resuelva dicha excusa por autoridad competente. 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto a los derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Asimismo, con relación a la solicitud de pago de costas. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0256_2024-S3.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): 338a1b4e55017e7dffad7d0bf582d19edee0f40fff65e1d22636e78bbf721a71

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →