Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 3 de abril de 2025
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 002/2023 de 9 de enero, cursante de fs. 51 a 54, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0255/2025-S1 Sucre, 3 de abril de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 53897-2023-108-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 002/2023 de 9 de enero, cursante de fs. 51 a 54, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Karol Clarett Terceros Chumacero contra Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
La accionante mediante memoriales presentados el 10 de noviembre y 5 de diciembre de 2022, cursantes de fs. 11 a 14; y, 17 a 21 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por su persona contra José María Condori Cantuta -ahora tercero interesado-, por la presunta comisión del delito de abuso de confianza, previsto y sancionado por el art. 436 del Código Penal (CP); presentó acusación particular que fue observado por el Juez de Sentencia Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz, misma que subsanó el 25 de enero de 2022; sin embargo, el citado Juez de sentencia Penal a través de la Resolución 27/2022 de 27 de enero, desestimó la admisión de su acusación. En ese entendido, el 14 de febrero de 2022, planteó recurso de apelación incidental contra la Resolución 27/2022, que fue de conocimiento del Vocal ahora accionado, quien señaló audiencia para el 12 de abril de igual año, a las 15:50 horas, es así que se le notificó un día antes a la celebración de la audiencia.
El día de la audiencia del recurso de apelación incidental su persona y su abogado se encontraban en plataforma virtual de espera y su abogado para asegurar su presencia, se comunicó varias veces con el personal de apoyo jurisdiccional de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, quienes le indicaron que aún no inició dicha audiencia, por la existencia normal de retrasos en las audiencias virtuales; por lo que, esperaron toda la tarde, hasta que se cumplió el horario laboral; sin embargo, su impugnación fue resuelta confirmando la Resolución 27/2022, también es menester señalar que la referida Resolución fue arbitraría porque no pudo participar en la referida audiencia a pesar de estar conectada; ya que no fue aceptada por la plataforma virtual y tampoco no consideró que faltaba una pieza principal del proceso -el memorial donde hizo conocer su imposibilidad de asistir a la audiencia-; por lo que, el Vocal ahora accionado omitió garantizar su participación en la audiencia del recurso de apelación incidental, más aun cuando su inasistencia no se debió a su incumplimiento, sino a factores técnicos que pueden darse en audiencias virtuales, lo que implica que fue por causa de fuerza mayor que se encontraba fuera del alcance de su persona, ya que únicamente es usuario de una plataforma virtual; es decir, no puede ser responsable de que dicha plataforma no le admita, constituyéndose aquello en una omisión indebida. Al día siguiente, anticipándose a cualquier observación sobre una supuesta inasistencia dio a conocer mediante memorial de 13 de abril de 2022, a las 13:30 horas, a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que su persona y su abogado estuvieron conectados para la audiencia del recurso de apelación incidental, esperando ser admitidos por la plataforma virtual, memorial que el Vocal ahora accionado omitió por no ordenar que se acumule al legajo del referido recurso de apelación, consecuentemente no se pronunció; por lo que, su persona no tuvo oportunidad de plantear ningún recurso ordinario, desapareciendo dicho memorial de obrados, encontrándose en una situación que puede implicar sustracción de documento; empero, en su buena fe comprende que el personal de apoyo jurisdiccional de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz pudieron entrepapelar el citado memorial. Una vez que el proceso fue devuelto al Juzgado de Sentencia Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz, mediante memorial de 7 de julio de 2022, extrañó la falta de su memorial de 13 de abril de ese año; por lo que, solicitó una certificación, es por ello que el 28 de julio de igual año, el Secretario del referido Juzgado certificó que de la revisión integra del cuaderno de control jurisdiccional tenía a bien certificar que el memorial de 13 de abril del referido año, no cursa en el proceso penal.
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la impugnación y a una justicia transparente; citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) Revocar el Auto de Vista 118/2022 de 12 de abril, emitida por los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, debido a que resolvieron sin considerar la causa de fuerza mayor ni el memorial que presentó el 13 de abril de 2022; b) Que los referidos Vocales fijen día y hora de audiencia de fundamentación del recurso de apelación incidental, para que restituyan su derecho a la impugnación penal; y, c) Los citados Vocales decreten el mencionado memorial que presentó y que hasta la fecha no es “habido”, para evitar procesos penales.
Celebrada la audiencia virtual el 9 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 48 a 50, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que: 1) Cuando intentó presentar un memorial ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, para que se disponga la reposición de su memorial, el encargado de plataforma de recepción de memoriales no le permitió presentar, debido a que la causa ya no radicaba en la referida Sala Penal; 2) El memorial que presentó no fue cargado en el libro correspondiente; 3) No es responsabilidad de la accionante que la plataforma virtual de audiencias no funcione “para todos” y en todo momento; y, 4) El Vocal ahora accionado no pudo conocer los fundamentos de su recurso de apelación incidental porque la plataforma virtual no le permitió ingresar a dicha audiencia.
Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante memorial presentado el 9 de enero de 2022, cursante de fs. 43 a 47 vta., manifestó que: i) Mediante el Auto de Vista 118/2022, dispuso confirmar la Resolución 27/2022; ii) Los Tribunales de alzada deben regirse por los principios de limitación previsto por el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP); es decir, por los agravios expuestos por la accionante y la respuesta a las mismas, aspecto que apertura su competencia, lo que debe estar relacionado al principio de imparcialidad previsto por el art. 178.I del CPE; iii) Emitió el referido Auto de Vista debidamente fundamentado y motivado con aspectos de hecho, derecho y jurisprudencia, cumpliendo con la estructura de forma y fondo; por lo que, no se vulneró el derecho al debido proceso de la accionante; iv) El día de la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental la accionante y su abogado tenían la obligación de estar en la audiencia virtual; empero, no se presentaron a pesar de estar notificados tal como se establece de la diligencia de notificaciones, siendo además que las audiencias son virtuales y las partes pueden conectarse desde cualquier dispositivo; v) La accionante debió estar presente para fundamentar su recurso de apelación incidental interpuesta, al ser evidente que por los principios de oralidad e inmediatez establecido por el art.
180.I de la CPE, la fundamentación se la efectúa ante el Tribunal de alzada de manera oral, lo que no ocurrió en el caso, coligiéndose de su ausencia decidieron no acudir al actuado procesal al no presentar justificación alguna, al ser programada para las 15:50 horas; pero, la audiencia fue instalado a las 16:40 horas, sin que la accionante ni su defensa hubiesen ingresado a la sala de la audiencia virtual; a pesar, de la comunicación del link para ingresar al sistema CISCO WEBEX que conforme al protocolo de audiencias virtuales debió ingresar a dicha audiencia quince minutos antes, esperándoles un tiempo por demás razonable; vi) En la audiencia del recurso de apelación incidental la inasistencia de la accionante generó que no existan argumentos o agravios para ser considerados conforme exige la Disposición Décima Tercera de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres que dio lugar a la creación del “Reglamento 19/2019” -siendo lo correcto Reglamento 12/2019 de 10 de junio-, la cual establece que cuando no asista el apelante se declarará la perención de derechos, y en consecuencia, el abandono y renuncia tácita a su recurso de apelación es más dicho recurso no fue corroborado por ningún elemento de convicción, siendo la emisión de la resolución que es responsabilidad entera de la accionante; vii) La nombrada señala que se comunicó con el personal de apoyo jurisdiccional de la referida Sala Penal, sin mencionar con quien; viii) La accionante a través de su defensa debió solicitar una complementación, explicación y enmienda del Auto de Vista 118/2022, la cual no hizo; por lo que, se entendió que estaba plenamente de acuerdo con el referido Auto de Vista; pero, luego de ocho meses sin agotar la instancia rápida y oportuna, vulnerando el principio de subsidiariedad, interpuso la presente acción de defensa; ix) La acción de amparo constitucional fue formulada fuera del plazo establecido por el art. 129 de la CPE; es decir, fuera de los seis meses, debido a que el citado Auto de Vista fue emitido el 12 de abril de 2022 y la presente acción fue planteada el 10 de noviembre de igual año, y admitida por Auto de 3 de enero de 2023; x) La accionante no explicó como el Tribunal de alzada vulneró sus derechos y garantías constitucionales; es decir, no está debidamente fundamentada; ya que, solo fueron mencionados; y, xi) El Auto de Vista 118/2022 es congruente en todas sus partes, al existir plena coincidencia entre lo resuelto y lo “mal” impugnado por la accionante; por lo que, pide se deniegue la tutela solicitada.
José María Condori Cantuta, no asistió a la audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional, pese a su notificación cursante a fs. 23.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 002/2023 de 9 de enero, cursante de fs. 51 a 54, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: a) De los antecedentes que cursan en el cuaderno principal, se tiene que el Auto de Vista 118/2022 fue puesto en conocimiento de la accionante, conforme al formulario de notificaciones cursante a “fs. 76”, de 12 de abril de 2022, acto de comunicación que de antecedentes se tiene que no fue cuestionada de ninguna manera; b) La accionante fue notificada con el Auto de Vista 118/2022 de 12 de igual mes, el cual no fue cuestionado ni impugnado entendiendo por ello que es válido; por lo que, los Vocales de la referida Sala Constitucional concluyeron que esta acción tutelar no cumplió con el art. 129.II de la CPE, que refiere que el mecanismo de control tutelar debe ser activado en el plazo máximo de seis meses a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial; por lo que, en el presente caso el plazo máximo de presentación era el 12 de octubre del mismo año; empero, fue presentada el 10 de noviembre del mencionado año; consecuentemente, se encuentran impedidos de conocer el fondo por inobservancia del principio de inmediatez; y, c) La segunda pretensión de la accionante refiere a que se ordene al Vocal ahora accionado reanudar la audiencia llevada a cabo el 12 de abril del citado año, en la cual se encuentra relacionado al primer acto con relación a la solicitud de revocar el Auto de Vista 118/2022; por lo tanto, conforme se refirió no existió observancia del principio de inmediatez, es así que tampoco puede ser atendida. En vía de aclaración, complementación y enmienda, la accionante a través de su abogado solicitó se complemente que el Vocal ahora accionado de forma implícita en su informe reconoció que su memorial extrañado se extravió en la Sala Penal a su cargo y que hasta la fecha de la presentación de esta acción de defensa seguía extraviado. En mérito a esa solicitud, la Sala Constitucional emitió el Auto de 9 de enero de 2023; declarando sin lugar a considerar la solicitud de enmienda y complementación al no ingresar al análisis de fondo por inobservancia del principio de inmediatez.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Resolución 27/2022 de 27 de enero, emitida por el Juez de Sentencia Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz, desestimó la querella y la acusación particular planteada por Karol Clarett Terceros Chumacero -ahora accionante- contra José María Condori Cantuta -ahora tercero interesado- por la presunta comisión del delito de abuso de confianza (fs. 24 a 25 vta.). II.2. Mediante memorial presentado el 14 de febrero de 2022, ante el Juez de Sentencia Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz, la accionante formuló recurso de apelación incidental contra la Resolución 27/2022 (fs. 27 a 28 vta.), dicho escrito mereció el Auto de 15 de febrero de igual año, a través del cual señaló audiencia virtual del referido recurso de apelación para el 12 de abril del mismo año (fs. 30). II.3. Cursa Acta de audiencia virtual de fundamentación del recurso de apelación incidental de 12 de abril de 2022 (fs. 32); Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del de La Paz, en suplencia legal y Henry Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercero del citado Tribunal Departamental -hoy accionado-, emitieron el Auto de Vista 118/2022, declarando la perención del derecho a fundamentar y consiguiente inadmisibilidad del recurso de apelación incidental de la accionante; en consecuencia, confirmaron la Resolución 27/2022 (fs. 33 a 34 vta.), con esa determinación la accionante fue notificada el 12 de abril de igual año, a las 17:00 horas, en Secretaria de la referida Sal Penal (fs. 35). II.4. Por memorial presentado el 13 de abril de 2022, ante los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la accionante señalo que día antes -12 de abril de 2022- esperó a ser conectada a la audiencia virtual del recurso de apelación incidental contra la Resolución 27/2022, pero, no fue posible su conexión; por lo que, solicitó se tenga por admitido dicho recurso de apelación y se declare procedente disponiendo que la causa penal debe proseguir en el Juzgado de Sentencia Penal Sexto de El Alto del referido departamento (fs. 10).
III FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO La accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la impugnación y a una justicia transparente; puesto que, para la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental contra la Resolución 27/2022 -que desestimó su querella y acusación particular-programada para el 12 de abril de 2022, su persona y su abogado se encontraban conectados en la plataforma virtual de espera; sin embargo, no fueron admitidos por factores técnicos de la plataforma; sin embargo, el Vocal ahora accionado resolvió dicho recurso de apelación de manera arbitraría, debido a que omitió garantizar su participación en la audiencia, situación que la accionante observó mediante memorial presentado el 13 de igual mes y año; pero, dicho memorial desapareció de obrados; por lo que, no fue considerado en la audiencia del referido recurso de apelación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La inmediatez y el plazo máximo para interponer la acción de amparo constitucional; y, 2) Análisis del caso concreto.
La SCP 0083/2018-S2 de 4 de abril, respecto al plazo máximo para interponer la acción de amparo constitucional, establece que: “El principio de inmediatez se encuentra previsto en el art. 55.I del CPCo, entendido como el requisito de solicitar la tutela de manera pronta, oportuna y sin dilaciones innecesarias; es decir, una vez que se opere la vulneración del derecho o garantía y se agoten las vías legales ordinarias pertinentes; plazo que también se encuentra previsto en el art. 129.II de la CPE, que señala: ‘La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial’. De manera más específica, sobre el inicio para el cómputo de los seis meses referido supra, se indicó que el mismo corre a partir de la comisión de la lesión alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial efectiva, para que el afectado pueda acudir a la vía constitucional a fin que sea reparado el agravio a derechos o garantías constitucionales; en ese sentido, la jurisprudencia consolidada por el entonces Tribunal Constitucional, a través de la SC 0791/2010-R de 2 de agosto, se determinó que los medios reparadores a los que acuda el accionante deben ser idóneos, lo que significa que debe estar previsto por ley, y que tenga la posibilidad de cambiar el fondo, lo que implica que se excluye del cómputo de los seis meses aquellos medios y recursos no previstos por ley o aquellos que fueron presentados de manera errónea, por el hecho que el objeto de esta acción de defensa es la de tutelar derechos fundamentales y no el de reparar los errores del agraviado. El Tribunal Constitucional mediante la SC 0521/2010-R de 5 de julio, determinó modular los alcances de la SC 0261/2010-R de 31 de mayo, estableciendo que, específicamente en los casos en que se hubiese solicitado una complementación y enmienda, sólo se tomará en cuenta, para efectos del cómputo del plazo de los seis meses, aquellos casos en los que se hubiera dado curso a dicha solicitud, ya que la resolución dictada pasaría a formar parte del contenido de la resolución principal, sin embargo, cuando esta solicitud sea rechazada, al no tener efecto alguno ni ser considerada por la autoridad jurisdiccional o administrativa, el plazo corre desde la notificación con la resolución principal; por lo anteriormente desarrollado, esta línea jurisprudencial contiene una interpretación de carácter restrictivo respecto a las solicitudes de complementación y enmienda, en la que este tipo de solicitudes, para poder ser tomadas en cuenta dentro del plazo de caducidad de los seis meses, debieron haber sido asumidas por las autoridades jurisdiccionales o administrativas, caso contrario, es decir, cuando éstas sean rechazadas, al considerarse las mismas como ‘intrascendentes’. Por su parte la SCP 0113/2013-L de 20 de marzo modula el precedente previamente citado líneas supra, y estableció que el cómputo tomará en cuenta la fecha de notificación con el Auto de explicación o enmienda sea que la conceda o rechace, estipulado de esta forma en el art. 55.II del CPCo, implementando la subregla que dicha solicitud cuando se presente dentro del plazo procesal determinado por el art. 196.2 del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrg), teniendo como norma vigente el art. 226.III del Código Procesal Civil (CPC), es decir, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la emisión de la resolución de carácter definitivo deberá ser tomada en cuenta respecto al plazo de inmediatez, por lo que el mismo correrá a partir de la notificación con la resolución que rechace o acepte la misma; y solamente en el caso en que esta solicitud sea presentada de manera completamente extemporánea y que la misma sea rechazada precisamente por este motivo, entonces no podría tomarse en cuenta para el computo del plazo de inmediatez, por lo que esta línea jurisprudencial es la más favorable para materializar el derecho de acceso a la justicia”.
La accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la impugnación y a una justicia transparente; puesto que, para la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental contra la Resolución 27/2022 -que desestimó su querella y acusación particular- programada para el 12 de abril de 2022, su persona y su abogado se encontraban conectados en la plataforma virtual de espera; sin embargo, no fueron admitidos por factores técnicos de la plataforma; sin embargo, el Vocal ahora accionado resolvió dicho recurso de apelación de manera arbitraría, debido a que omitió garantizar su participación en la audiencia, situación que la accionante observó mediante memorial presentado el 13 de igual mes y año; pero, dicho memorial desapareció de obrados; por lo que, no fue considerado en la audiencia del referido recurso de apelación. Ahora bien, de la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que por Resolución 27/2022, el Juez de Sentencia Penal Sexto de El Alto de departamento de La Paz, desestimó la querella y la acusación particular planteada por la accionante contra el ahora tercero interesado por la presunta comisión del delito de abuso de confianza (Conclusión II.1.); por lo que, mediante memorial presentado el 14 de febrero de 2022, ante el Referido Juez, la accionante planteó recurso de apelación incidental contra la citada Resolución; dicho escrito mereció el Auto de 15 de febrero de igual año, a través del cual señaló audiencia virtual del mencionado recurso de apelación para el 12 de abril del citado año (Conclusión II.2.), Cursa Acta de audiencia virtual de fundamentación del recurso de apelación incidental de la misma fecha en la que los Vocales de la Sala Penal Segunda Tercera respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento, emitieron el Auto de Vista 118/2022, declarando la perención del derecho a fundamentar y consiguiente inadmisibilidad del recurso de apelación; en consecuencia, confirmaron la Resolución 27/2022, con esa determinación la accionante fue el 12 de abril de igual año, a las 17:00 horas, en Secretaría de la Referida Sal penal (Conclusión II.3.). Asimismo, por memorial presentado el 13 de abril de 2022, ante los Vocales de la referida Sala Penal, la accionante señaló que día antes -12 de abril de 2022- esperó a ser conectada a la audiencia del recurso de apelación incidental contra la Resolución 27/2022; empero, no fue conectada a la audiencia; por lo que, solicitó se tenga por admitidó dicho recurso de apelación y se declare procedencia disponiendo que la causa penal debe proseguir en el citado Juzgado de Sentencia Penal (Conclusión II.4.). En ese contexto, el Auto de Vista 118/2022, emitida por los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la accionante alegó a través de esta acción de defensa, que es arbitraria porque para su emisión no se verificó que su ausencia en la audiencia del recurso de apelación incidental fue por causa de fuerza mayor no atribuible a su persona, sino por factores técnicos de la plataforma virtual de audiencias; a pesar, de encontrarse su persona y su abogado en sala de espera, no fueron admitidos por la plataforma; como tampoco consideraron que existía una pieza faltante en obrados -su memorial de 13 de abril de 2022 en la que dio a conocer que se encontraba conectada a la audiencia de apelación a la espera de ser aceptada-, la accionante fue notificada el 12 de igual mes y año, tal cual se tiene del formulario de notificaciones de la citada Sala Penal, siendo presentada la presente acción tutelar el 10 de noviembre del referido año, luego de casi siete meses, cuando la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, establece que, para la obtención de la tutela que brinda la jurisdicción constitucional, la accionante si considera que sus derechos fundamentales o garantías constitucionales fueron vulnerados, debió activar la acción de amparo constitucional en el plazo de seis meses computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada con la última decisión administrativa o judicial. En ese sentido, esta acción de amparo constitucional fue presentada fuera de los seis meses establecido por los arts. 129.II de la CPE y 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), siendo que el cómputo debe efectuarse desde la fecha de notificación -12 de abril de 2022- con el Auto de Vista 118/2022; por lo que, el plazo para interponer la acción de amparo constitucional feneció el 12 de octubre de 2022, no constituyéndose en justificativo válido que la accionante extrañara su memorial de 13 de abril de igual año, recién el 7 de julio del citado año, cuando se devolvió su proceso al Juzgado de Sentencia Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz, pretendiendo hacer entender que desconocía los actuados posteriores a la audiencia del recurso de apelación incidental a la que no tuvo acceso, siendo que aquello únicamente hace visible la negligencia en perjuicio propio que ejerció la accionante en el seguimiento de su trámite del referido recurso de apelación incidental que planteó; consecuentemente, la accionante incumplió con el plazo del principio de inmediatez que rige en esta acción de defensa al presentar de manera extemporánea esta acción de amparo constitucional, razón por la cual corresponde denegar la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 002/2023 de 9 de enero, cursante de fs. 51 a 54, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0255_2025-S1.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 9c6caf66fa24dcf90b67294f3e3020e456ecd7c434d8ad261a9a0b69d9486b75
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