B.IA.LEGAL

SCP 0253/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 21 de abril de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
21 de abril de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
51173-2022-103-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de “locomoción”, al debido proceso, a la defensa y a la impugnación; toda vez que, habiendo apelado el Auto Interlocutorio 449/2022-P que en primera instancia denegó su solicitud de cesación de la detención preventiva, la respectiva audiencia virtual de apelación fue instalada antes de la hora fijada, resolviendo la Vocal accionada mediante Auto de Vista 746/2022 declarar improcedente el recurso de apelación que interpuso por no haber sido fundamentado oralmente, confirmando el Auto Interlocutorio remitido en grado de apelación, sin considerar que su persona se encontraba conectado a la referida audiencia sin la asistencia de un defensor ni dar la oportunidad a su abogado de realizar la fundamentación de sus agravios, pese a que dicho profesional logró ingresar a la plataforma virtual de manera puntual en la hora programada. Al respecto la Vocal accionada, señaló que, por la amplia carga procesal con la que cuenta, en el decreto de señalamiento textualmente indicó a las partes que debían ingresar a plataforma virtual con minutos de anticipación, no siendo cierto lo denunciado por el accionante, ya que, en la audiencia de apelación en cuestión previamente realizó la verificación de la asistencia de las partes procesales para luego instalar la audiencia en la hora indicada. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 18/2022 de 6 de octubre, cursante de fs. 16 a 18 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto al derecho al debido proceso en su elemento de defensa vinculado a su libertad con incidencia en su derecho a la impugnación. 2° Disponer dejar sin efecto el Auto de Vista 746/2022 de 5 de octubre, debiendo convocarse a una nueva audiencia de apelación incidental en la que el accionante ejerza el derecho a la defensa técnica y material que le asiste permitiendo -al abogado defensor- la exposición de los fundamentos de agravio de su apelación y que la misma sea resuelta en el fondo, salvo que en función al carácter modificable y transitorio de las medidas cautelares la situación procesal del mismo haya cambiado o en su caso se haya definido.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre el derecho a la defensa material y técnica.
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0253/2025-S2 Sucre, 21 de abril de 2025 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 51173-2022-103-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 18/2022 de 6 de octubre, cursante de fs. 16 a 18 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por David Alcon Mamani en representación sin mandato de Juan José Choque Calle contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 5 de octubre de 2022, cursante a fs. 1; y 5 a 6, el accionante a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona por la presunta comisión del delito de estupro, encontrándose recluido en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, solicitó la cesación de su detención preventiva, la cual mediante “Resolución” -Auto Interlocutorio-449/2022-P de 20 de septiembre, fue “denegada” por la Jueza Pública de la Niñez Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del citado departamento; decisión contra la cual, “…en la misma audiencia…” (sic), interpuso recurso de apelación incidental, siendo remitida ante Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora accionada-, quien a través de la providencia de 4 de octubre de similar año, señaló audiencia de apelación para el 5 de igual mes y año, a horas 8:35.

No obstante, dicho acto procesal fue instalado antes de la hora programada, resolviendo la Vocal accionada -mediante Auto de Vista 746/2022 de 5 de octubre-confirmar el Auto Interlocutorio -449/2022-P- por no haber sido fundamentada oralmente, a pesar que su abogado -ahora representante sin mandato- “…ingresó a dicha audiencia a la hora citada, sin embargo a las 08:35 se estaba concluyendo con la emisión de Auto de Vista…” (sic), sin darle la oportunidad de realizar la fundamentación oral del recurso de apelación incidental formulado, transgrediendo de esa manera su derecho a la libertad de “locomoción”, dado que su situación jurídica en grado de apelación debía resolverse “hoy”.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad de “locomoción”, citando al efecto el art. 22 de la Constitución Política del Estado (CPE). En audiencia alegó la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la impugnación, citando los arts. 115, 116 y 180 de la Norma Suprema.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se ordene a la Vocal accionada deje sin efecto el Auto de Vista 746/2022, y se señale nueva audiencia para considerar el recurso de apelación incidental de manera inmediata.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 6 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 13 a 15; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado y representante sin mandato, ratificó los argumentos del memorial de esta acción de libertad; y, ampliando en audiencia, señaló que: a) A pesar de las dificultades que tuvo su defensa técnica para conectarse de forma virtual a la audiencia de apelación programada, debido a que se encuentra en la provincia de Caranavi del departamento de La Paz, logró ingresar a plataforma virtual de forma puntual a horas 8:35, aclarándose que “minutos antes” su persona -imputado ahora accionante- ya se encontraba -conectado a la referida audiencia-; b) La autoridad accionada, al haber instalado la audiencia antes de la hora programada y confirmado el Auto Interlocutorio apelado vulneró flagrantemente sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la impugnación, pues no consideró que su abogado defensor no se encontraba presente, pero su persona en su condición de imputado, y sobre quien recae la decisión de “rechazar” la solicitud de la cesación de la detención preventiva sí estaba en dicho acto procesal, motivo por el cual ofrecieron en calidad de prueba la grabación digital de la referida audiencia, a fin de determinar objetivamente la hora de ingreso de su abogado y su presencia en tal actuado procesal; c) Ante la ausencia de su defensa técnica, correspondía la suspensión de la audiencia de apelación y el señalamiento de nueva audiencia con la designación de un abogado de oficio, conforme lo dispuesto por la SCP 0429/2018-S4 de 15 de agosto; d) Se vulneró sus derechos a la defensa y a la impugnación, previstos por los arts. 22, 115, 116 y 180 de la CPE, pues la autoridad accionada tenía la obligación de escuchar sus agravios; empero, instaló la audiencia y emitió una resolución, sin que contara con un abogado, considerando que de haberse escuchado los agravios expuestos por su defensa, probablemente la Vocal accionada podría haber dispuesto la cesación de su detención preventiva; y, e) No obstante, que dentro la presente acción tutelar ofreció como prueba la grabación del desarrollo de audiencia de apelación, dicha información no fue remitida por la autoridad accionada, de lo que se denota que la misma pretende ocultar la verdad de lo ocurrido. En respuesta a las preguntas realizadas por el Juez de garantías, la parte accionante reiteró que pese a las dificultades con la conexión del internet, logró ingresar exactamente a la hora señalada para la audiencia; sin embargo, solo pudo escuchar que la autoridad accionada dispuso confirmar el Auto Interlocutorio remitido en apelación.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito cursante a fs. 11, sostuvo que: 1) Por la amplia carga procesal con la que cuenta, fijando alrededor de catorce audiencias al día, de manera textual en el decreto de señalamiento indicó que las partes debían ingresar a plataforma virtual con minutos de anticipación, ello con la finalidad de verificar la asistencia de las partes procesales; y, 2) No es cierto lo manifestado por el accionante; toda vez que, previamente realizó la verificación de la asistencia de las partes procesales para posteriormente instalar la audiencia en la hora indicada, por lo que solicitó se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 18/2022 de 6 de octubre, cursante de fs. 16 a 18 vta., denegó la tutela impetrada, “…al no estar al alcance del Artículo 125 de la Constitución Política del Estado” (sic); determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: i) La problemática se centra en si resulta viable atender vía acción de libertad el reclamo del accionante relacionado a que no se permitió la participación de la defensa técnica -en la audiencia de apelación- fijada para el 5 de igual mes y año a horas 8:35, a fin de que pueda fundamentar los agravios; ii) El presente caso deviene de un proceso penal por la presunta comisión del delito de estupro, en el cual se apeló contra la resolución que resolvió la aplicación de medidas cautelares; en la audiencia de apelación la verificación de la presencia de los sujetos procesales (Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la víctima o el representante del Ministerio Público) es un aspecto a realizarse de manera previa al inicio de la audiencia, siendo el reclamo en esta instancia -constitucional- el haber ingresado -el abogado del peticionante de tutela- de manera directa a las 8:35, lo que derivó en que la Vocal accionada haya estado emitiendo la resolución; iii) El art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- en su párrafo segundo establece la necesidad que las resoluciones emitidas en instancia de apelación sean resueltas a la mayor brevedad posible; es decir, dentro del plazo de tres días siguientes de recibidas las actuaciones, máxime cuando se trata de la situación jurídica de los privados de libertad “…no se pueden esperar a las partes para que esté presente…” (sic), , teniendo en cuenta también que el abogado puede solicitar la suspensión por algún motivo de salud o de alguna otra circunstancia que le impidiera asistir; iv) No se cuenta con los datos, documentos o alguna prueba que demuestre quiénes se encontraban en la referida audiencia de apelación, “…si estaban presentes los otros sujetos procesales de esa causa…” (sic), por lo que la determinación estará conforme a la documentación presentada; y, v) Las partes deben ingresar a la sala virtual con la anticipación mínima de 10 a 15 minutos, considerado la diferencia de horarios de un celular o computadora que están programados por sistema, aspectos que inciden en el horario de ingreso a la audiencia programada, ello con la finalidad de evitar “este tipo” de reclamos posteriores. En vía de aclaración, complementación y enmienda, la parte accionante, solicitó al Juez de garantías, se pronuncie sobre lo siguiente: a) No se fundamentó sobre lo ampliado en la audiencia de acción de libertad, ya que independientemente que el abogado defensor haya ingresado o no oportunamente a la audiencia de apelación, lo esencial es que el imputado se encontraba en todo el desarrollo de la audiencia de consideración del recurso de apelación que interpuso; b) Respecto a que no se hubiera demostrado quiénes estaban en la referida audiencia, en virtud a la facultad coercitiva con la que cuenta el Juez de garantías, le corresponde a dicha autoridad recabar toda la información necesaria; c) Ofrecieron en calidad de pruebas, entre otros, la grabación de la señalada audiencia; empero, no fueron remitidas por la autoridad accionada, aspecto que denota su pretensión de ocultar la verdad, debiéndose tomar en cuenta que la omisión de remisión implica una presunción de veracidad; y, d) Ante la imposibilidad de acceder a la prueba ofrecida, debió ordenarse su remisión. Resolviendo dichos planteamientos, el Juez de garantías señaló que la grabación de la audiencia de consideración del recurso de la apelación incidental, debió ser solicitada de manera directa ante la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz por la parte interesada, no pudiendo en su condición de autoridad de garantías “…buscar toda la documentación…” (sic), sino que debe resolver la problemática con base a la documentación arrimada; en tal sentido, para la emisión de la Resolución 18/2022 fue tomado en cuenta el informe remitido por la autoridad accionada, el Auto Interlocutorio 449/2022-P y Auto de Vista 746/2022, no contando con “mayores detalles”, por lo que se tiene por aclarado lo solicitado.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Juan José Choque Calle -ahora accionante-, mediante “Resolución” -Auto Interlocutorio- 449/2022-P de 20 de septiembre, la Jueza Pública de la Niñez Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz, resolvió “DENEGAR” la solicitud de cesación de detención preventiva interpuesta por el prenombrado (fs. 2 a 4). II.2. Por “Resolución” -Auto de Vista- 746/2022 de 5 de octubre, Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora accionada- determinó la admisibilidad del recurso de apelación declarándolo improcedente por no haberse “escuchado” ningún agravio y en el fondo confirmó el Auto Interlocutorio 449/2022-P, emitido por la Jueza de la causa (fs. 12).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de “locomoción”, al debido proceso, a la defensa y a la impugnación; toda vez que, habiendo apelado el Auto Interlocutorio 449/2022-P que en primera instancia denegó su solicitud de cesación de la detención preventiva, la respectiva audiencia virtual de apelación fue instalada antes de la hora fijada, resolviendo la Vocal accionada mediante Auto de Vista 746/2022 declarar improcedente el recurso de apelación que interpuso por no haber sido fundamentado oralmente, confirmando el Auto Interlocutorio remitido en grado de apelación, sin considerar que su persona se encontraba conectado a la referida audiencia sin la asistencia de un defensor ni dar la oportunidad a su abogado de realizar la fundamentación de sus agravios, pese a que dicho profesional logró ingresar a la plataforma virtual de manera puntual en la hora programada. Al respecto la Vocal accionada, señaló que, por la amplia carga procesal con la que cuenta, en el decreto de señalamiento textualmente indicó a las partes que debían ingresar a plataforma virtual con minutos de anticipación, no siendo cierto lo denunciado por el accionante, ya que, en la audiencia de apelación en cuestión previamente realizó la verificación de la asistencia de las partes procesales para luego instalar la audiencia en la hora indicada. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre el derecho a la defensa material y técnica.

Jurisprudencia reiterada Sobre el particular, la SCP 0537/2020-S3 de 15 de septiembre, sostuvo que: [Respecto a la inviolabilidad de la defensa, este Tribunal a través de la SCP 0552/2018-S4 de 19 de septiembre, que recoge y ratifica a su vez los entendimientos asumidos por la SCP 0224/2012 de 24 de mayo, estableció que: «El art. 119.II de la CPE dispone que: “Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa”, derecho que cobra mayor relevancia en el proceso penal dada la supremacía de los bienes o valores jurídicos que se ponen en juego, motivo por el que debe ser interpretado a luz de los Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por el Estado boliviano, de acuerdo a lo establecido en la última parte del art. 13.IV de la Ley Fundamental. En ese entendido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su art. 14.3 señala que: “Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección…”. De igual forma, la Convención Americana sobre Derecho Humanos, en su art. 8.2 expresa que: “Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor”». (…) En ese sentido y aplicando los entendimientos que hacen a la defensa como garantía del debido proceso en una audiencia de apelación de medidas cautelares, al resolver el caso concreto, en su ratio decidendi el citado fallo constitucional, SCP 0552/2018-S4, estableció: «“(…) asumiendo un criterio subjetivo respecto a la advertida ausencia del abogado del accionante, implicando con dicho razonamiento el desconocimiento del derecho a la defensa material y técnica del ahora impetrante de tutela, toda vez que, conforme el acta de audiencia de fundamentación oral de apelación de medidas cautelares el Secretario de Cámara hoy también codemandado, hizo conocer al Tribunal de alzada que el imputado se encontraba en la audiencia sin su abogado defensor, no se advierte que los Vocales demandados le hubieren cedido la palabra, para que pudiera exponer argumento alguno respecto a la finalidad de la actuación procesal desarrollada; contraviniendo la esencia del derecho a la defensa material, que trasunta en la posibilidad que el imputado tiene que defenderse por sí mismo e intervenir en todos los actos del proceso que incorporen elementos de prueba y a formular las peticiones y observaciones que considere oportunas conforme lo establece el art. 8 del CPP. En esta misma línea de análisis, con relación al derecho a la defensa técnica, el art. 9 del CPP, establece que: “Todo imputado tiene derecho a la asistencia y defensa de un abogado desde el primer acto del proceso hasta el fin de la ejecución de la sentencia. Este derecho es irrenunciable”, por ello el derecho a la defensa es inviolable por los particulares o autoridades que impidan o restrinjan su ejercicio, es decir, que contar con la asistencia de un abogado que ejerza la defensa técnica en las diferentes etapas del proceso penal es un derecho que resulta ser irrenunciable, y que constituye una efectiva garantía para el resguardo y protección de los derechos fundamentales del imputado, que imperativamente debe ser ejercida sea por el abogado de confianza, abogados de Defensa Pública o el defensor de oficio, exigencia que de ninguna manera puede ser desconocida por las autoridades jurisdiccionales, por lo que, el argumento de los Vocales demandados de que “…en audiencia no se ha expuesto argumento alguno por parte del apelante, debido a la inasistencia de su abogado defensor”, son fundamentos que no justifican de ninguna manera la omisión de garantizar la asistencia de defensa técnica al apelante». Con relación al derecho amplio e irrestricto a la defensa, en la Opinión Consultiva (OC) 11/90 de 10 de agosto de 1990, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se manifestó que: “24. Ese deber de organizar el aparato gubernamental y de crear las estructuras necesarias para la garantía de los derechos está relacionado, en lo que a asistencia legal se refiere, con lo dispuesto en el artículo 8 de la Convención. Este artículo distingue entre acusación[es] penal[es] y procedimientos de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter (…). (…)” En el contexto de la jurisprudencia constitucional glosada y los elementos desarrollados en la Opinión Consultiva citada precedentemente, -que si bien no es vinculante al no ser un fallo emitido por la CIDH; empero, se constituye en doctrina- se concluye que el derecho a la defensa es un elemento constitutivo del debido proceso, que tiene mayor incidencia procesal en su eficacia cuando se trata de materia penal, lo que obliga a la jurisdicción ordinaria a garantizar el ejercicio de ese derecho durante todo el desarrollo de un proceso penal, desde los actos iniciales hasta la emisión de la sentencia que corresponda y que la misma esté ejecutoriada; ello conlleva no una mera enunciación formal, sino la garantía eficaz de la defensa material, que implica el derecho del procesado a defenderse haciendo uso de la palabra cuando así lo requiera para exponer determinadas situaciones, y la defensa técnica, que importa a su vez la elección de un profesional causídico de confianza y el patrocinio de este durante el proceso o en su defecto ante la imposibilidad de ejercicio de un abogado de confianza ya sea de forma temporal o permanente, la obligación que tiene el Estado de proporcionar un defensor de oficio, nótese en consecuencia la connotación constitucional de este derecho que impide se lleven adelante actos procesales en ausencia de defensa técnica y/o impidiendo la defensa material, así como la suspensión de los mismos sin proporcionar un defensor de oficio, evitando la prosecución del proceso»] (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

Identificado como se tiene precedentemente el marco de la reclamación constitucional que contiene la exposición planteada en la presente acción de defensa, a fines de su resolución es necesario inicialmente contextualizar la situación fáctico procesal.

En ese entendido, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el impetrante de tutela, por la presunta comisión del delito de estupro, se emitió “…sentencia de fecha 30 de junio de 2022 de procedimiento abreviado, sin embargo (…) se encuentra con una apelación restringida…” (sic); por lo que la parte ahora accionante, invocando el art. 239.1 del CPP solicitó la cesación de su detención preventiva, la cual fue resuelta mediante Auto Interlocutorio 449/2022-P de 20 de septiembre, por el que la Jueza Pública de la Niñez Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz, resolvió “DENEGAR” dicha solicitud (Conclusión II.1). Contra esa decisión, el peticionante de tutela manifiesta que planteó recurso de apelación incidental “…en la misma audiencia…” (sic) extremo sobre el cual, si bien no consta en el contenido del referido Auto Interlocutorio 449/2022-P; sin embargo, la interposición de dicha impugnación se halla respaldada precisamente por la documental del Auto de Vista 746/2022 de 5 de octubre, ahora cuestionado, el cual fue emitido por la ahora Vocal accionada que determinó la admisibilidad del mencionado recurso declarándolo improcedente por no haberse “escuchado” ningún agravio y en el fondo confirmó el fallo impugnado fundamentando que: “CONSIDERANDO.- Que, el artículo 398 abre el ámbito de competencia, a este Tribunal de Alzada a los aspectos cuestionados en contra de la resolución apelada en el presente caso, no se ha escuchado ningún agravio en contra de la resolución Nro. 449/2022-P tomándose en cuenta que se encuentra presente la parte apelante Juan José Choque Calle, no así su defensa técnica a los fines de fundamentar su recurso de apelación. Asimismo, no cursa memorial alguno de solicitud de suspensión del acto procesal con el debido justificativo, aspecto por el cual imposibilita este Tribunal de Alzada ingresar al fondo del recurso de apelación” (sic [Conclusión II.2]). A partir del referido contexto fáctico procesal, y en atención a la problemática planteada, dado que el accionante invoca de manera expresa como lesionado su derecho a la libertad de “locomoción” -que se entiende como la restricción a su libertad física o personal al estar detenido preventivamente-; considerando además que el Juez de garantías utilizó como uno de los argumentos para denegar la tutela que el problema jurídico expuesto no se encontraría “…al alcance del Articulo 125 de la Constitución Política del Estado” (sic), inicialmente corresponde dejar establecido que, en virtud al principio de informalidad que rige a este mecanismo de defensa, resulta evidente que las circunstancias expuestas conciernen a la restricción de la libertad del impetrante de tutela, al estar cuestionando mediante esta acción de defensa el Auto de Vista 746/2022 que resolvió la apelación incidental contra la resolución que rechazó la cesación de la detención preventiva que impetró; por lo tanto, la lesión del presunto procesamiento indebido ahora reclamado se encuentra expresamente conectado con su derecho a la libertad física o personal y consiguiente consideración y definición de su situación jurídica en torno a dicha medida cautelar personal; por tanto, el ámbito de tutela de dicha problemática se circunscribe sin lugar a dudas al de la acción de libertad, ameritando ingresar a su análisis de fondo. Bajo tales antecedentes, y en virtud al alcance de la reclamación planteada dentro de esta acción tutelar, que converge sobre la participación del procesado -hoy accionante- en la audiencia de apelación incidental de medida cautelar en ausencia de su abogado; es pertinente señalar que conforme a lo vertido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, el derecho a la defensa como elemento constitutivo del debido proceso, es comprendido como la oportunidad que le asiste a todo ciudadano para que dentro de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa pueda ser oído, hacer valer sus argumentos o razones, controvertir pruebas e impugnar de manera efectiva las decisiones asumidas a través de los recursos establecidos en la ley, constituyendo una dimensión esencial del mismo el derecho irrenunciable a contar con la asistencia de un abogado que ejerza la defensa técnica con mayor incidencia procesal en su eficacia en materia penal, dada la supremacía de los bienes o valores jurídicos que se encuentran involucrados, por lo que debe ser imperativamente ejercido en todas las etapas del proceso penal incluidas la tramitación y resolución de medidas cautelares y recurso de apelación de estas, ya sea por el abogado de confianza, abogados de Defensa Pública o el defensor de oficio; por lo tanto, de ninguna manera puede ser desconocido o restringido en su ejercicio por las autoridades jurisdiccionales, pues constituye una garantía efectiva para el resguardo y protección de los derechos fundamentales del procesado.

En esa misma línea de análisis, el derecho a la defensa material comprende entonces, por un lado, en el derecho irrenunciable a la asistencia técnica ejercida por un abogado de elección o por un defensor proporcionado por el Estado, así como la posibilidad que el imputado pueda defenderse por sí mismo e intervenir en todos los actos del proceso que incorporen elementos de prueba y a formular las peticiones y observaciones que considere oportunas.

En ese contexto jurisprudencial, si bien conforme lo alegado por el Juez de garantías que conoció esta acción de defensa, no se cuenta con el audio de grabación del acta de la audiencia de apelación en cuestión; no obstante, a que fue solicitado por el accionante -a través de su representante sin mandato- a tiempo de la presentación de esta acción de libertad, según manifiesta, con el objeto de demostrar que se encontraba presente y que su defensa técnica ingresó a la plataforma virtual en la hora programada de “manera puntual”; empero, que al haberse instalado tal acto procesal antes de la hora programada, la autoridad accionada a tiempo de su ingreso ya hubiera determinado confirmar el fallo impugnado; dicho extremo no fue controvertido documentalmente por la autoridad accionada, quien en su informe presentado en esta acción tutelar, se limitó a indicar que se hubiera instalado la referida audiencia luego de verificar la asistencia de las partes procesales, y en la hora indicada, pero al contrario de desvirtuar la hora de celebración de audiencia, admitió implícitamente su accionar, manifestando que en el decreto de señalamiento de audiencia, se había expresamente indicado a las partes que debían ingresar a la plataforma virtual con minutos de anticipación, considerando la amplia carga procesal con la que cuenta.

Sin embargo, independientemente de la certeza de la hora de inicio de la audiencia; de la lectura del Auto de Vista 746/2022 -hoy impugnado- se advierte que la Vocal accionada respecto a la concurrencia de las partes dejó claramente establecido que: “…se encuentra presente la parte apelante Juan José Choque Calle, no así su defensa técnica a los fines de fundamentar su recurso de apelación” (sic [las negrillas y el resaltado son nuestros]), sustentando su determinación de confirmar el Auto Interlocutorio- 449/2022-P impugnado, “…por no haberse escuchado ningún agravio…” (sic), señalando que no se hubiera solicitado la suspensión de dicho acto procesal “de manera justificada”, lo que hubiera generado -a su criterio- una imposibilidad de ingresar a analizar el fondo del recuso planteado; de lo que resulta evidente que la dinámica jurisdiccional asumida por la autoridad accionada no se encuentra acorde al procedimiento y reglas de aplicación al desarrollo de la audiencia fijada concerniente precisamente a la ausencia del abogado defensor, dado que si bien la tramitación y resolución de la apelación incidental contra resoluciones concernientes a las medidas cautelares de carácter personal, atañe un régimen especial previsto en el art. 251 del CPP modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- que se constituye en un procedimiento sumario y rápido que no admite dilación alguna, debiendo resolverse en audiencia sin más trámite dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, bajo responsabilidad y sin recurso ulterior. No obstante, en la misma Ley se encuentran previstas las excepciones en cuanto a la imposibilidad de desarrollar dicho acto procesal eventualmente por la ausencia de las partes procesales -en lo que involucra al presente caso del abogado defensor-, las cuales se constituyen en reglas generales que deben aplicarse en el desarrollo de las audiencias dentro el proceso penal y por ende de igual manera en las audiencias en instancias de apelación incidental dentro del régimen de medidas cautelares. Así, el art. 113. (AUDIENCIAS) de la citada norma dispone que: “(…) II. Las audiencias se realizarán con la presencia ininterrumpida de las partes, salvo las excepciones establecidas en este Código. (…) Si el defensor, de manera injustificada, no comparece a la audiencia o se retira de ella, se considerará abandono malicioso y se designará un defensor estatal o de oficio. La jueza, el juez o tribunal sancionará al defensor conforme prevé el Artículo 105 del presente Código. Sin perjuicio, se remitirán antecedentes al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, para fines de registro. (…)

Excepcionalmente, ante la imposibilidad de llevar a cabo la audiencia por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados o ante la necesidad del abogado estatal o de oficio de preparar la defensa, la jueza, el juez o tribunal señalará audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas, debiendo habilitarse incluso horas inhábiles (…)” (subrayado y las negrillas nos corresponden).

En dicho contexto normativo y jurisprudencial glosado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, se concluye que la autoridad accionada en el desarrollo de la audiencia virtual en instancia de apelación, incumplió su deber de resguardar el derecho a la defensa del procesado -ahora accionante-, pues ante la inconcurrencia del abogado defensor del nombrado a dicho acto procesal -que suponía una suspensión excepcional del mismo- en aplicación de las reglas generales que deben aplicarse en el desarrollo de las audiencias, resultaba preciso que proceda a la designación de un abogado estatal o de oficio o del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP), a efectos de que el prenombrado pueda asumir su defensa, con la consecuente convocatoria a una nueva audiencia, estableciéndose un plazo determinado a ese efecto -cuarenta y ocho horas- máxime si el mismo tenía la finalidad de la consideración y definición de su situación jurídica, lo que a su vez conlleva una posible sanción al abogado inasistente de comprobarse su ausencia injustificada. Sin embargo, la autoridad accionada a pesar de advertir que el impetrante de tutela se encontraba presente en el indicado acto procesal sin su abogado, obviando precautelar su derecho a la defensa técnica, y sin concederle además el uso de la palabra, a efectos de que el mismo ejerza su derecho a la defensa material y pueda explicar personalmente la situación o efectúe las observaciones u peticiones que considerara pertinentes sobre el recurso de apelación interpuesto de su parte, mediante Auto de Vista 746/2022 determinó de manera directa declarar inadmisible el referido medio de impugnación, confirmando el Auto Interlocutorio 449/2022-P pronunciado por la Jueza de la causa, actuación arbitraria que no se sujetó al procedimiento previsto al efecto, lo que no solo repercutió en la tramitación del recurso de apelación incidental que interpuso sino también en la efectivización del mismo al no habérsele otorgado la oportunidad de fundamentar sus agravios, lo que evidentemente lesionó el derecho al debido proceso en sus elementos de defensa material y técnica vinculado a la libertad del accionante y con incidencia en su derecho a la impugnación, lo que amerita se conceda la tutela impetrada, disponiendo se deje sin efecto el mencionado Auto de Vista, aclarando que la concesión de la tutela responde únicamente al resguardo del derecho a la defensa del prenombrado, debiendo resolver la autoridad de alzada, conforme corresponda en derecho, el recurso de apelación incidental planteado. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 18/2022 de 6 de octubre, cursante de fs. 16 a 18 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto al derecho al debido proceso en su elemento de defensa vinculado a su libertad con incidencia en su derecho a la impugnación. 2° Disponer dejar sin efecto el Auto de Vista 746/2022 de 5 de octubre, debiendo convocarse a una nueva audiencia de apelación incidental en la que el accionante ejerza el derecho a la defensa técnica y material que le asiste permitiendo -al abogado defensor- la exposición de los fundamentos de agravio de su apelación y que la misma sea resuelta en el fondo, salvo que en función al carácter modificable y transitorio de las medidas cautelares la situación procesal del mismo haya cambiado o en su caso se haya definido. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0253_2025-S2.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 1b3eb32cbdf20eead9322e3e5186f3a69c40c4ecb74858c6bc64f2bf3006d3da

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