B.IA.LEGAL

SCP 0253/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 24 de mayo de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
24 de mayo de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
49811-2022-100-AAC
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante a través de su representante legal denuncia la vulneración de sus derechos a la libre circulación, al trabajo y a la propiedad privada; puesto que, los ahora accionados, desde el momento de la autorización para la construcción de parada por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos del departamento de Cochabamba, buscando tener monopolio de transporte de pasajeros, no les permiten la circulación por las vías, calles y avenidas del citado municipio, privándoles del derecho al trabajo; ya que, un grupo de personas altamente peligrosas al mando de los hoy accionados destrozaron la parada que estaba en construcción en la acera sur de la Terminal Municipal de Entre Ríos, además serian víctimas de manera sistemática y continua de daños materiales en sus instrumentos de trabajo al pinchar las llantas, siendo agredidos físicamente los conductores, así como amenazados de que si continúan circulando serian quemados sus motocicletas incluido los conductores, es más atacarían sus casas, para quemarlos juntamente con los integrantes de sus familias; por lo que, se encuentran viviendo temerosos y aterrorizados por esas personas, pasando los días sin poder trabajar, ni generar recursos económicos para el sustento de sus familias. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 001/2022 de 7 de marzo, cursante de fs. 136 a 145 vta., pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Entre Ríos del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, de forma provisional con relación al derecho a la libre circulación y al trabajo, disponiendo que los hoy accionados cesen y se abstengan de realizar cualquier acto perturbatorio o amenaza de restricción o supresión de los citados derechos, hasta tanto no se logre la revocación o la anulación de la personalidad jurídica y de autorización de parada y circulación de la Asociación de Moto Taxi Tropical Entre Ríos ante las autoridades competentes llamadas por ley. 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación al derecho a la propiedad privada conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la flexibilización del principio de subsidiariedad en medidas de hecho, su modulación en casos de avasallamientos de propiedades agrarias o rurales
  2. III.2. La acción de amparo constitucional y su resguardo ante vías de hecho
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0253/2024-S3 Sucre, 24 de mayo de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 49811-2022-100-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 001/2022 de 7 de marzo, cursante de fs. 136 a 145 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por la Asociación de Moto Taxi Tropical Entre Ríos representado por Juan Carlos Ramos Llampa contra la Cooperativa Trans Entre Ríos, representado legalmente por Jimmy Lobaton Encinas y la Asociación de Transporte Mixto 2 de Septiembre de Entre Ríos todos del departamento de Cochabamba, representado legalmente por Ponciano Bustamante Ledezma.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La parte accionante a través de su representante legal, por memoriales presentados el 8 y 11 de febrero de 2022, cursantes de fs. 36 a 47 vta.; y, 64 a 66, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Nuestra Asociación de Moto Taxi Tropical Entre Ríos fue constituida para el transporte de pasajeros en el municipio de Entre Ríos del departamento de Cochabamba, siendo su actividad completamente legal, contando con certificación de autorización de parada y circulación otorgado por el Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos del señalado departamento, a través de la Unidad de Tráfico y Vialidad, respaldado por la Ley Municipal 515 de 14 de octubre de 2021; además de contar con personalidad jurídica reconocida por el Gobierno Autónomo Departamental del indicado departamento mediante Decreto Departamental 4284 de 4 de noviembre de 2019, siendo por lo tanto una asociación civil, reconocida por el Estado, dedicada a una actividad lícita, con derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado. En ese contexto, la parte ahora accionada actuando con intereses particulares, caprichos personales y con la intención de vulnerar sus derechos fundamentales, desde el momento de la autorización para la construcción de parada por parte del municipio de Entre Ríos del departamento de Cochabamba, buscando tener monopolio en el transporte de pasajeros, no les permiten la circulación por las vías, calles y avenidas del citado municipio, privándoles del derecho al trabajo; ya que, un grupo de personas altamente peligrosas al mando de los hoy accionados procedieron a destrozar dicha parada que estaba en construcción en la acera sur de la Terminal Municipal de Entre Ríos del indicado departamento, así como les amenazaron con quemar sus motocicletas, agrediéndoles verbalmente, al extremo de amenazarles de muerte, abusos que estarían plenamente acreditados con videos, audios visuales captados por sus celulares. Aparte de lo anterior, de manera sistemática y continua serian víctimas de daños materiales en sus instrumentos de trabajo al pinchar llantas, siendo agredidos físicamente los conductores, amenazados de que si continúan circulando serian quemados sus motocicletas incluido los nombrados, así como les advirtieron con atacar sus casas, de quemarlos juntamente con los integrantes de sus familias; por lo que, se encuentran viviendo temerosos y aterrorizados con las amenazas vertidas, pasando los días sin poder trabajar, ni generar recursos económicos para el sustento de sus familias, siendo de ese modo vulnerados sus derechos a la libre circulación, al trabajo y a la propiedad privada, “DERECHOS QUE HAN SIDO VULNERADOS SISTEMATICAMENTE ELLO A LAS RESTRICCIONES E IMPEDIMENTO DE CIRCULACION DE LAS MOTOCICLETAS QUE SON LA FUENTE DE NUESTRO TRABAJO, ASI COMO LA INTIMIDACION A LOS AFILIADOS IMPIDIENDO A LA LIBERTAD AL TRABAJO CON AGRESIONES Y QUEMA DE MOTOCICLETAS, ASI COMO LA PROPIEDAD PRIVADA DE NUESTROS AFILIADOS DE SU HERRAMIENTA DE SU TRABAJO…” (sic). Por lo que, denunciaron esos hechos al Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos del departamento de Cochabamba, a la Policía Boliviana, a la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) y al pueblo en general; empero, no fueron escuchados, siendo vanos los pedidos de auxilio, motivo por el cual acudieron ante la justicia constitucional.

I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

La parte accionante a través de su representante legal denuncia la vulneración de sus derechos a la libre circulación, al trabajo y a la propiedad privada; citando al efecto los arts. 13.I, II, III y IV; 14.III, IV y V; 21.4 y 7, 46.I, 47.I, 56.I y II, y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela y, en consecuencia, se ordene: el cese inmediato de la vulneración, restricción y supresión de sus derechos restringidos a través de actos y omisiones, por parte de las dos asociaciones de transporte ahora accionadas.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 7 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 133 a 136, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de las personas particulares accionadas

Ponciano Bustamante Ledezma, Presidente de la Asociación de Transporte Mixto 2 de Septiembre de Entre Ríos del departamento de Cochabamba, mediante informe de 7 de marzo de 2022, cursante de fs. 81 a 87 vta., manifestó que: a) No se acreditó las medidas de hecho denunciadas; por cuanto, la parte accionante genéricamente señaló que desde el momento de la autorización y construcción de parada por el Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos del referido departamento, “hasta estos días”, no se precisaron las fechas concretas en las que se hubiesen producido dichas medidas, lo cual no permite asumir defensa en el marco del derecho al debido proceso; posteriormente la parte accionante afirmó que algunas personas que persiguen el monopolio de transporte de pasajeros de moto taxi, no les permiten la circulación; empero, no identificaron a quienes se refieren; por lo que, lo señalado por la parte accionante es contradictoria; puesto que, también mencionaron a dos instituciones de moto taxis sin identificarlos; además temerariamente afirmaron, que son “personas altamente peligrosas”, cometiendo así el “libelo infamatorio”, porque de referirse a sus socios o afiliados, los mismos, no son delincuentes; ya que, se dedican al transporte de pasajeros que es una actividad lícita; b) La parte accionante carece de personería jurídica para interponer la acción de defensa; puesto que, no presentó el documento que acredite su personería; es decir, el testimonio de poder otorgado por el Directorio; c) No existe pruebas que demuestren la participación de sus afiliados en las supuestas medidas de hecho, menos fueron identificados; por cuanto, no es posible asumir defensa ante meras generalizaciones; d) Tampoco existen elementos probatorios que demuestren la quema de motos, menos la destrucción de la construcción de parada, siendo por lo tanto meras generalizaciones de hechos sin sustento probatorio; y, e) No se cumple con el requisito de exponer con claridad los hechos, efectuando la relación de causalidad con los derechos supuestamente vulnerados. Jimmy Lobaton Encinas, Presidente de la Cooperativa Trans Entre Ríos del departamento de Cochabamba, a través de su abogado, en audiencia, manifestó que: 1) Si bien la Ley Municipal 515, autoriza a la Asociación de Moto Taxi Tropical Entre Ríos -accionante-, la parada emplazada en la Av. Santa Cruz esquina Terminal de Buses; empero, en la Ley del Transporte y en la misma Ley del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), indica que ninguna moto puede ser del servicio público, al ser un vehículo peligroso; por lo que, esas resoluciones o decretos municipales tendrían que ser cuestionadas en su momento, incluso las autoridades que las dictaron, deben ser sancionadas en la vía penal, porque es contrario a las leyes nacionales; 2) El Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba en el documento de personería jurídica no reconoce derecho propietario, no les otorga la exclusividad del servicio de transporte, tampoco constituye autorización de rutas, paradas y licencia de operaciones, si bien se les otorgó personería jurídica como asociación; empero, sutilmente se les indicó que no pueden trabajar como moto taxistas; 3) Del informe de inspección técnica que realizó el Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos del señalado departamento, se puede establecer que diez motocicletas fueron puestas en revisión técnica para obtener la licencia de operaciones; no obstante, contrastada con el acta de posesión del directorio de esa asociación, existen como cuarenta personas afiliadas, existiendo en consecuencia, más motocicletas que estarían operando ilegalmente; 4) Refieren que se quemaron sus motocicletas, se pincharon las llantas, que se destrozó la construcción de la parada o terminal de buses, que fueron agredidos; empero, en las notas de reclamo que presentaron a la junta de vecinos, al Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos del departamento de Cochabamba, a la Policía Boliviana y otros, no denunciaron los hechos que reclaman en esta acción tutelar; y, 5) Si consideran que los hechos que describen como medidas de hecho son un atentando a la vida de los afiliados de la Asociación de Moto Taxi Tropical Entre Ríos -accionante-, entonces podían haber iniciado un proceso penal contra los responsables por la presunta comisión del delito de atentado contra la vida y al trabajo lícito; sin embargo, no lo hicieron, tampoco se les vulneró el derecho a la circulación, ya que su protección corresponde a la acción de libertad, menos pueden alegar la vulneración del derecho a la propiedad privada, porque no tienen ningún derecho de propiedad sobre el lugar donde supuestamente se estaba construyendo la parada, tampoco acreditaron la quema de sus motocicletas y el pinchado de las llantas.

I.2.3. Resolución

El Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Entre Ríos del departamento de Cochabamba, mediante Resolución 001/2022 de 7 de marzo, cursante de fs. 136 a 145 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) Con relación a la legitimación activa, se tiene por acreditado la personalidad jurídica de la parte accionante, con el Decreto Departamental 4284 de 4 de noviembre de 2019 de su reconocimiento con domicilio en el municipio de Entre Ríos, provincia Carrasco del indicado departamento, corroborado con el Certificación de Personalidad Jurídica con CITE: CE/DAJN/009/2022 de 12 de enero, siendo su representante Juan Carlos Ramos Llampa; puesto que, se adjunta el acta de elección y posesión de su Directorio de 5 de diciembre de 2021, afiliado a la FEJUVE del indicado municipio, en el que fue elegido con más de treinta votos; empero, se desconoce la cantidad de sus miembros y la identidad de sus afiliados; ii) En cuanto a la legitimación pasiva, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional estableció que cuando se trata de medidas de hecho, al ser esos una afrenta al orden constitucional vigente, opera la excepción a dicho principio; por lo que, la parte accionante no estaba obligado a agotar las vías judiciales o administrativas que pudieran existir, siendo correcto su actuación al activar directamente la acción tutelar; iii) Si bien cuentan con personalidad jurídica por Decreto Departamental 4284, ratificado por Certificación -de Personalidad Jurídica con CITE: CE/DAJN/009/2022-; empero, en ese documento solamente se indica que tiene su domicilio legal en el municipio de Entre Ríos, provincia Carrasco del departamento de Cochabamba, omitiendo indicar su dirección, el lugar donde tiene su domicilio real; por lo que, se desconoce su sede principal donde hacen sus reuniones; iv) No acreditaron la existencia de una parada consolidada a excepción de una autorización de una parada de una dimensión de 5 m a 6 m, emplazada sobre la Av. Santa Cruz de 32 m esquina Terminal de Buses Barrio Sajta, Distrito 3 de Entre Ríos, respecto del cual el Informe Técnico de Tráfico y Vialidad de 7 de marzo de 2022, señala que existe la Ley Municipal de autorización o fijación de parada de 20 de octubre de 2021, en la que señala que “En la actualidad dicha parada no se llegó a construir porque fue obstaculizado por otra asociaciones de transporte del municipio” (sic), por lo que se desconoce la parada de la asociación de la parte accionante, que la parte hoy accionada hubiese obstaculizado o destruido; v) No existe suficientes medios de prueba que demuestren que las medidas de hecho fueron protagonizados por los ahora accionados, además de no precisar las fechas, horas y lugares en que se hubiesen ejecutado las destrucciones y obstaculizaciones, más aun cuando no se conoce su sede principal; vi) De acuerdo al Informe Técnico de Inspección de 24 de agosto de 2020, solamente diez motocicletas son las que cumplen las condiciones para prestar el servicio de transporte; empero, ningún miembro de la mesa directiva se encuentra identificada en dicho informe con sus motocicletas y sus placas de circulación, aparte de que en la elección de la mesa directiva participaron como treinta afiliados que no se encuentran identificados con sus cédulas de identidad; vii) Si bien presentaron informes médicos y Certificados Médico Legal Forenses de 31 de enero de 2022 correspondientes a Margarita Ortega Moreno, Marisabel Mamani Sanca, Ciprian Ortega Moreno, Adela Panoso Pardo y Felipe Álvarez Panoso, se desconoce si son miembros o afiliados de la parte accionante; porque esos certificados si bien consignan nombres, pero no así las motocicletas y sus placas; viii) Las notas que presentaron a diferentes instancias dentro del municipio solamente se denuncia los abusos y atropellos por parte de la Cooperativa Trans Entre Ríos y la Asociación de Transporte Mixto 2 de Septiembre, señalando que serían víctimas de agresiones físicas y verbales, de hostigamiento y persecución, respecto al cual la SCP 0329/2017-S1 de 12 de abril, es clara al señalar que las medidas de hecho que no fueron puestos en conocimiento de Tránsito, de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) o del Ministerio Público o bien existe silencio de esas instituciones que no pueden ser entendidos como presunción de verdad, más aun cuando no se identificó las motocicletas con sus placas de circulación y sus titulares; ix) No está en discusión la personalidad jurídica de la parte accionante ni su representación; empero, esa condición no reconoce derecho propietario ni exime de la aplicación de normas sectoriales y municipales, tampoco otorga licencia exclusiva en las actividades, ya que las instancias que otorga rutas y licencias es el municipio en la que deben desarrollar sus actividades; y, x) Las partes deben acudir ante las instancias pertinentes o administrativas a objeto de que sean respondidas sus inquietudes y no se vulnere el derecho al trabajo de los trabajadores de la parte accionante. En vía de complementación y enmienda la parte accionada solicitó al Juez de garantías complementar su resolución con relación a la solicitud de que la denegatoria de tutela se haga con costas y costos a la parte accionante. En mérito a esa solicitud, el Juez de garantías emitió el Auto de 7 de marzo de 2022, indicando que de momento estese a lo previsto por el art. 39.I del Código Procesal Constitucional (CPCo).

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Decreto Departamental 4284 de 4 de noviembre de 2019, emitido por Iván Jorge Canelas Alurralde, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba; por la cual, se reconoció la personalidad jurídica de la Asociación Civil denominada Asociación de Moto Taxi Tropical Entre Ríos -ahora parte accionante- con domicilio legal en el municipio de Entre Ríos, provincia Carrasco del departamento de Cochabamba (fs. 10). II.2. Cursa Informe Técnico de Inspección de 24 de agosto de 2020, realizado por la Policía Boliviana, a solicitud de la Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos del departamento de Cochabamba, en el que se informó que fueron inspeccionados diez motocicletas identificando a sus conductores y placas de circulación de: Francisco Pérez Torrez, Romer Aguilar, Sandy Nina Flores, Bruno Sejas Zurita, Martin Pérez Quispe, Leoncio Saldaña Zurita, Teófilo Zelaya Bejarano, Rodrigo Aguilar, Abraham Miranda Nogales y Jhony Fuentes Carbajal, señalando que están en condiciones de operar, sugiriendo que la parada está dentro de lo permitido sin que sea perjudicial a los colindantes y vehículos que circulan por el sector de acuerdo a normas municipales (fs. 11 a 15). II.3. Por Ley Municipal 515 de 14 de octubre de 2021, emitido por el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos del departamento de Cochabamba, se autorizó la fijación de parada de la Asociación de Moto Taxi Tropical Entre Ríos -accionante-, emplazada sobre la Av. Santa Cruz, esquina Terminal de Buses, Barrio Sajta de 30 m, por un plazo de dos años (fs. 3 a 7);

Asimismo, cursa documento de Autorización Provisional de Parada de Moto Taxis Tropical Entre Ríos de 16 de noviembre del indicado año, con una dimensión de 5 m por 6 m, emplazada sobre la Av. Santa Cruz de 32 m esquina Terminal de Buses Entre Ríos, Barrio Sajta, ubicado en el Distrito 3 del citado municipio (fs. 8). II.4. Constan Notas de denuncia de 23 de noviembre de 2021, presentado por Octavio Juárez Toro, al Pleno del Concejo Municipal de Entre Ríos del departamento de Cochabamba, a la Policía Cantonal y al Comité Cívico ambos del citado municipio, denunciando los abusos y atropellos cometidos por la Cooperativa Trans Entre Ríos y la Asociación de Transporte Mixto 2 de Septiembre -hoy accionados-, al perturbar y obstruir la construcción de parada provisional aprobada por el Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos del departamento de Cochabamba (fs. 16, 18 y 21); de igual manera, cursan Notas de denuncia presentadas el 23 de noviembre y 10 de diciembre del citado año; dirigidas al Presidente de la Asociación de Moto Taxi Tropical Entre Ríos -accionante- al Presidente de la FEJUVE de Entre Ríos, al Pleno del Consejo Municipal, al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos, a la Policía Cantonal del citado municipio y al Secretario General de Mamoré Bulo Bulo de Entre Ríos; por lo que, Juan Carlos Ramos Llampa, denunció los abusos y atropellos por parte de los denunciados, indicando que desde noviembre “hasta la fecha” son víctimas de persecución, amedrentamiento, hostigamiento, amenazas y pinchado de llantas de sus motocicletas, quienes de manera criminal con rostros encapuchados estarían atacando en lugares silenciosos corriendo riesgo inminente la vida de sus afiliados (fs. 17, 19, 20, 22 y 23). II.5. Cursa Acta de Elección y Posesión del Nuevo Directorio de la Asociación de Moto Taxi Tropical Entre Ríos -accionante- afiliado a la FEJUVE, Distrito 3 del indicado municipio de 5 de diciembre de 2021; por la cual, se posesionó al Directorio de dicha Asociación conformado por Juan Carlos Ramos Llampa, Presidente, con ocho votos; Francisco Pérez Torrez, Vicepresidente, con siete votos; Juan Carlos Huayhuati, Secretario de Actas, con diez votos; Santos Coca, Secretario de Hacienda con nueve votos; Gabriel Ramallo Vegamonte, Secretario Transporte con tres votos y Silverio Venegas Guerrero, Jefe de Grupo con dos votos (fs. 1). II.6. Por Acta de Reunión de “3” Transportes de 24 de diciembre de 2021, llevado a convocatoria del Directorio de la FEJUVE de Entre Ríos del departamento de Cochabamba, se solicitó información a las tres asociaciones de transporte, sobre cuál sería el problema de fondo para que sigan los conflictos; por lo que: a) La Cooperativa Trans Entre Ríos -ahora accionado- por medio de su representante manifestó que el “Transporte Tropical” -se entiende la Asociación de Moto Taxi tropical Entre Ríos, accionante- es ilegal, no cumple con todos los requisitos, se debe solucionar el problema en el Subconcejo de Transporte, aparte de que estaría conformado por rebeldes de ambas instituciones de transporte; b) La Asociación de Transporte Mixto 2 de Septiembre -hoy coaccionado-, manifestó que la Asociación de Moto Taxi Tropical Entre Ríos -accionante- está conformado por rebeldes, incluso el fundador sería un ex dirigente de su asociación, razón por la cual se sienten traicionados; y, c) Solicitaron que la “Asociación Tropical”, presente su documentación original de sus autorizaciones, postergando la reunión para el 6 de enero de 2022 (fs. 122 y vta.). II.7. Consta Acta de Reunión Extraordinaria de la FEJUVE del Distrito 3 del municipio de Entre Ríos de 6 de enero de 2022; en la cual, los sindicatos involucrados, manifestaron que: 1) La Cooperativa Trans Entre Ríos -ahora accionado-, aseveró que la Asociación de Moto Taxi Tropical Entre Ríos -accionante-, es de otro departamento, sus afiliados no son del lugar, y que los socios no tienen conocimiento del documento; 2) La Asociación de Transporte Mixto 2 de Septiembre -hoy coaccionado-, señaló que sus bases en una reunión ordinaria desconocieron los documentos presentados; por cuanto, esos no tienen validez; 3) La parte accionante, manifestó que toda la documentación es legal y todos sus afiliados son del Distrito 3; y, 4) El Defensor del Pueblo informó que la personería jurídica de la parte accionante, está reconocida por el Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos del departamento de Cochabamba y por el Gobierno Autónomo Departamental del citado departamento, quedando el esclarecimiento de los documentos para una siguiente reunión (fs. 131 y vta.). Finalmente, cursa el Acta de Reunión de 24 de enero de 2022, en la que la Asociación de Transporte Mixto 2 de Septiembre -ahora coaccionado-, observó la documentación presentada insinuando que puede haber suplantación de documentos; por lo que, se estaría revisando la firma de los afiliados; por su parte, la Cooperativa Trans Entre Ríos también observó señalando que no están completas, falta croquis, informe de tránsito y del Subconcejo de Transporte. Por su parte, otros sectores como el Defensor del Pueblo y la Federación Mamoré Bulo Bulo, dijeron que se debe respetar el derecho al trabajo así sean de otro departamento; por lo que, llegaron a la conclusión de que las instituciones siguen con sus mismas observaciones, exhortando a que no lleguen a más violencia, más bien se trabaje con equidad y respeto (fs. 132 y vta.). II.8. Mediante Certificación de Personalidad Jurídica con CITE: CE/DAJN/009/2022 de 12 de enero, Florinda Guevara Zambrana, Responsable de Personalidades Jurídicas de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Normativos del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, hizo conocer que por Decreto Departamental 4284, se otorgó personalidad jurídica a la Asociación de Moto Taxi Tropical Entre Ríos -accionante- (fs. 9).

II.9. Consta Disco Compacto (CD) -con archivo dañado- y placas fotográficas en las que se puede observar una concentración de personas, algunos con heridas en los pies y en la cara (fs. 49 a 63). II.10. Cursan informes médicos de 30 de enero de 2022, a nombre de Margarita Ortega Moreno, Marisabel Mamani Sanca y Ciprian Ortega Moreno, quienes refieren que el 29 del citado mes y año, cuando se encontraban en una concentración por problemas de línea en la plaza principal del municipio de Entre Ríos del departamento de Cochabamba fueron impactados con objetos sólidos, con “lluvia de piedras” (fs. 24 a 26); asimismo, constan Certificados Médico Legal Forenses de 31 del indicado mes y año, a nombre de Adela Panoso Pardo, Felipe Álvarez Panoso y Ciprian Ortega Moreno, quienes refieren que el 29 del referido mes y año, fueron objeto de agresiones físicas en la plaza principal de Entre Ríos, siendo los agresores varias personas conocidas (fs. 27 a 32). II.11. Consta Informe Técnico de Tráfico y Vialidad 10/22 de 7 de marzo de 2022, emitido por el Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos del departamento de Cochabamba; por la cual, se estableció que la Asociación de Moto Taxi Tropical Entre Ríos -accionante- dio cumplimiento a la Ley Municipal “135”, Ley de Determinación y Autorización de Paradas, Pasajes y Rutas del Municipio de Entre Ríos, en virtud del cual se emitió la Ley Municipal 515/2021 de 14 de octubre, determinando la autorización o fijación de Parada de la referida Asociación; por lo que, el señalado Gobierno Autónomo Municipal autorizó la construcción de la parada emplazada sobre la Av. Santa Cruz, esquina Terminal de Buses, Barrio Sajta de 30 m; empero, “En la actualidad dicha parada no se llegó a construir porque se vio obstaculizada por otras asociaciones de transporte del municipio” (sic [fs. 77]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante a través de su representante legal denuncia la vulneración de sus derechos a la libre circulación, al trabajo y a la propiedad privada; puesto que, los ahora accionados, desde el momento de la autorización para la construcción de parada por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos del departamento de Cochabamba, buscando tener monopolio de transporte de pasajeros, no les permiten la circulación por las vías, calles y avenidas del citado municipio, privándoles del derecho al trabajo; ya que, un grupo de personas altamente peligrosas al mando de los hoy accionados destrozaron la parada que estaba en construcción en la acera sur de la Terminal Municipal de Entre Ríos, además serian víctimas de manera sistemática y continua de daños materiales en sus instrumentos de trabajo al pinchar las llantas, siendo agredidos físicamente los conductores, así como amenazados de que si continúan circulando serian quemados sus motocicletas incluido los conductores, es más atacarían sus casas, para quemarlos juntamente con los integrantes de sus familias; por lo que, se encuentran viviendo temerosos y aterrorizados por esas personas, pasando los días sin poder trabajar, ni generar recursos económicos para el sustento de sus familias. Hechos que fueron denunciados al Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos, a la Policía Boliviana, a la FEJUVE y al pueblo en general; empero, no fueron escuchados, siendo vanos los pedidos de auxilio, motivo por el cual acudieron ante la justicia constitucional. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la flexibilización del principio de subsidiariedad en medidas de hecho, su modulación en casos de avasallamientos de propiedades agrarias o rurales

La SCP 0140/2018-S4 de 16 de abril, con relación al tema señaló que: “…uno de los casos en los que opera la excepción a la aplicación del principio de subsidiariedad, es precisamente cuando se denuncia la existencia de medidas de hecho, en ese sentido la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, con relación al primer presupuesto, afirma que: ‘...las vías de hecho, constituyen una excepción a la aplicación del principio de subsidiariedad, por tanto, el control tutelar de constitucionalidad puede ser activado frente a estas circunstancias sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa, aspecto reconocido de manera uniforme por la jurisprudencia emanada en ejercicio del control de constitucionalidad y que debe ser ratificado por este Tribunal Constitucional Plurinacional’. Así, la SCP 1357/2014 de 7 de julio, agregó que: ‘En este entendido, las medidas de hecho, constituyen una excepción a la aplicación del principio de subsidiariedad y en casos de denunciarse la existencia de las mismas, no es necesario agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa”’.

III.2. La acción de amparo constitucional y su resguardo ante vías de hecho

La SCP 0881/2021-S3 de 8 de noviembre, citando a su vez a la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, estableció que: “…en el marco de los postulados del Estado Constitucional de Derecho, debe definirse a las llamadas ‘vías de hecho’, a cuyo efecto, es imperante señalar que la tutela de derechos fundamentales a través de la acción de amparo constitucional frente a estas vías de hecho, tiene dos finalidades esenciales: a) Evitar abusos contrarios al orden constitucional vigente; y, b) Evitar el ejercicio de la justicia por mano propia; en ese orden, a partir de estas dos finalidades y dentro del alcance de los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional como mecanismo idóneo para la eficacia tanto vertical como horizontal de derechos fundamentales, las vías de hecho se definen como el acto o los actos cometidos por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales reconocidos por el bloque de constitucionalidad, por lo que al ser actos ilegales graves que atentan contra los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, de acuerdo al mandato inserto en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la acción de amparo constitucional, es un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales lesionados como consecuencias de vías de hecho. Ahora bien, en el marco de la definición de las vías de hecho desarrollada precedentemente, corresponde en este estado de cosas, delimitar los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional frente a vías de hecho, razón por la cual, es pertinente señalar que al ser las vías de hecho actos ilegales graves que necesitan una tutela pronta y oportuna, con la finalidad de brindar una tutela constitucional efectiva, es necesario precisar tres aspectos esenciales para la activación del control tutelar de constitucionalidad: 1) La flexibilización del principio de subsidiaridad; 2) La carga probatoria a ser cumplida por la parte peticionante de tutela; y, 3) Los presupuestos de la legitimación pasiva, su flexibilización excepcional y la flexibilización del principio de preclusión para personas que no fueron expresamente demandadas…”. En cuanto a la carga probatoria, la supra citada Sentencia Constitucional Plurinacional, precisó: “Por su parte, si bien debe garantizarse para los afectados con vías de hecho una tutela constitucional efectiva y un real acceso a la justicia constitucional, por la naturaleza de estos actos ilegales graves, para asegurar una certeza jurídica y consolidar así la justicia material, debe establecerse deberes o cargas probatorias para la parte peticionante de tutela; en ese orden, para la determinación de las mismas, debe considerarse como punto de inicio que las vías de hecho se configuran por la realización de actos y medidas al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, por tanto, la carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir, en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos. En este contexto, debe establecerse además que la finalidad de la justicia constitucional en su ámbito tutelar, es el resguardo a derechos fundamentales, por cuanto, a través de esta instancia, no pueden analizarse hechos controvertidos cuya definición está encomendada al Órgano Judicial, por tal razón, la carga probatoria atribuible a la parte peticionante de tutela para vías de hecho, debe estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria.

En el marco de lo indicado, es imperante precisar que de manera general, cualquier acto o medida que implique asumir la justicia por mano propia prescindiendo en absoluto de los mecanismos institucionales para la definición de hechos o derechos, se configura como una típica vía de hecho, a cuyo efecto, será necesario cumplir con las cargas probatorias señaladas precedentemente…”.

III.3. Análisis del caso concreto

La parte accionante a través de su representante legal denuncia la vulneración de sus derechos a la libre circulación, al trabajo y a la propiedad privada; puesto que, los ahora accionados, desde el momento de la autorización para la construcción de parada por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos del departamento de Cochabamba, buscando tener monopolio de transporte de pasajeros, no les permiten la circulación por las vías, calles y avenidas del citado municipio, privándoles del derecho al trabajo; ya que, un grupo de personas altamente peligrosas al mando de los hoy accionados destrozaron la parada que estaba en construcción en la acera sur de la Terminal Municipal de Entre Ríos, además serian víctimas de manera sistemática y continua de daños materiales en sus instrumentos de trabajo al pinchar las llantas, siendo agredidos físicamente los conductores, así como amenazados de que si continúan circulando serian quemados sus motocicletas incluido los conductores, es más atacarían sus casas, para quemarlos juntamente con los integrantes de sus familias; por lo que, se encuentran viviendo temerosos y aterrorizados por esas personas, pasando los días sin poder trabajar, ni generar recursos económicos para el sustento de sus familias. Hechos que fueron denunciados al Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos, a la Policía Boliviana, a la FEJUVE y al pueblo en general; empero, no fueron escuchados, siendo vanos los pedidos de auxilio, motivo por el cual acudieron ante la justicia constitucional. Identificada la problemática planteada, tomando en cuenta que la parte accionante denuncia la presunta comisión de las medidas de hecho protagonizado por los ahora accionados, de acuerdo al entendimiento jurisprudencial desarrollado en los Fundamentos Jurídicos III.1. y III.2. del presente fallo constitucional, corresponde precisar que las medidas de hecho son actos propiciados por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los principios del Estado Constitucional de Derecho, prescindiendo de los mecanismos legales vigentes para la definición de hechos y derechos; siendo posible tutelar en ese contexto, de forma excepcional y provisoria los derechos fundamentales a través de la acción de amparo constitucional frente a las vías de hecho, con la finalidad de evitar: i) Abusos contrarios al orden constitucional vigente; y, ii) El ejercicio de la justicia por mano propia; es decir, la tutela extraordinaria se activa ante actos ilegales arbitrarios que desconocen y prescinden de las instancias y procedimientos legales que el ordenamiento jurídico brinda para resolver conflictos, ante el abuso del poder que detentan los que recurren a la violencia frente al agraviado y la inminencia de un daño irreparable en los derechos, que justifican su protección inmediata. Para tal efecto, requiere que la parte accionante cumpla con los presupuestos necesarios para que la justicia constitucional pueda otorgar la tutela provisional, flexibilizando el principio de subsidiariedad y la legitimación pasiva; es decir, que no es necesario que se agoten previamente las vías judiciales y administrativas que pudieran existir para la protección de los derechos conculcados; asimismo, tampoco es necesario identificar a todos los que hubiesen participado de las medidas de hecho denunciados; por lo que, aplicando esos criterios de flexibilización al presente caso, corresponde ingresar directamente al análisis de fondo de la problemática planteada, para lo cual es necesario que se cumpla con la carga probatoria, que acredite de manera objetiva lo siguiente: a) La existencia de las medidas de hecho asumidas sin causa jurídica por los hoy accionados que no impliquen la existencia de hechos controvertidos; y, b) La titularidad de los derechos presuntamente conculcados con las medidas de hecho, el cual puede ser demostrado por todos los medios de prueba que la parte accionante considera conducente a su pretensión; justificando, la necesidad de una tutela provisional inmediata ante la inminencia de un daño irreparable e irremediable a sus derechos; por cuanto, no puede postergarse la tutela por parte de la jurisdicción constitucional. En ese orden, inicialmente corresponde precisar que, de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia que la Asociación de Moto Taxi Tropical Entre Ríos -accionante- cuenta con personalidad jurídica reconocida mediante Decreto Departamental 4284 de 4 de noviembre de 2019, emitido por el Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, con domicilio legal en el municipio de Entre Ríos, provincia Carrasco del señalado departamento, aclarando que dicho acto no implica reconocimiento de derecho propietario o concesión alguna, tampoco exime del cumplimiento de las normas sectoriales y municipales, ni otorga licencia o exclusividad en las actividades que desarrolle, menos es una autorización de rutas, paradas y licencia de operaciones, el cual fue corroborado con la Certificación de Personalidad Jurídica con CITE: CE/DAJN/009/2022 de 12 de enero (Conclusiones II.1. y II.8.). Asimismo; mediante el Acta de Elección y Posesión del Nuevo Directorio de la Asociación de Moto Taxi Tropical Entre Ríos -accionante- afiliado a la FEJUVE, Distrito 3 del indicado municipio de 5 de diciembre de 2021, consta la elección y posesión de Juan Carlos Ramos Llampa, como Presidente de la citada Asociación (Conclusión II.5.); por lo que, cuenta con facultades para interponer la presente acción tutelar, quedando establecida la existencia de legitimación activa.

Con la aclaración que precede, corresponde analizar en el caso concreto, si la parte accionante acreditó los presupuestos requeridos para acceder a la tutela provisional que presta la acción de amparo constitucional cuando se denuncian las medidas de hecho. Pues bien, con relación al primer presupuesto de acreditar de manera objetiva las medidas de hecho, traducidos en que los ahora accionados, desde el momento de la autorización para la construcción de la parada por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos del departamento de Cochabamba, no les permiten la circulación por las vías, calles y avenidas del citado municipio, privándoles del derecho al trabajo; puesto que, un grupo de personas altamente peligrosas al mando de los hoy accionados destrozaron la parada que estaba en construcción en la acera sur de la Terminal Municipal de Entre Ríos; es más, de manera sistemática y continua serian víctimas de daños materiales en sus instrumentos de trabajo al pinchar las llantas, siendo agredidos físicamente, así como amenazados de que si continúan circulando serian quemados sus motocicletas incluido los conductores, atacarían sus casas para quemarlos juntamente con los integrantes de sus familias; por lo que, se encuentran viviendo temerosos y aterrorizados sin poder trabajar, ni generar recursos económicos para el sustento de sus familias. Al respecto, presentaron en calidad de prueba conforme se observa de la Conclusión II.9., un CD -con archivo dañado- y placas fotográficas en las que se puede observar concentración de personas, algunos con heridas en los pies y en la cara con sangrado; asimismo, de la Conclusión II.10., se tiene los informes médicos de 30 de enero de 2022, a nombre de Margarita Ortega Moreno, Marisabel Mamani Sanca y Ciprian Ortega Moreno, quienes refirieron que el 29 del citado mes y año, cuando se encontraban en una concentración por problemas de línea en la plaza principal del municipio de Entre Ríos del departamento de Cochabamba fueron impactados con objetos sólidos, con “lluvia de piedras”. También se adjunta Certificados Médico Legal Forenses de 31 de igual mes y año, a nombre de Adela Panoso Pardo, Felipe Álvarez Panoso y Ciprian Ortega Moreno, indicando que el 29 del referido mes y año, fueron objeto de agresiones físicas en la plaza principal del municipio de Entre Ríos, siendo los agresores varias personas conocidas. De igual forma, conforme se registra en la Conclusión II.4., se arrimó Notas de denuncia de 23 de noviembre de 2021, presentado por Octavio Juárez Toro, al Pleno del Consejo Municipal de Entre Ríos, a la Policía Cantonal y al Comité Cívico, ambos del citado municipio, denunciando los abusos y atropellos cometidos por la Cooperativa Trans Entre Ríos y la Asociación de Transporte Mixto 2 de Septiembre ahora accionados, al obstruir la construcción de la parada provisional aprobado por el señalado municipio. También se adjuntó Notas de denuncia presentadas el 23 de noviembre y 10 de diciembre del citado año; dirigidas al Presidente de la Asociación de Moto Taxi Tropical Entre Ríos -accionante-, al Presidente de la FEJUVE de Entre Ríos, al Pleno del Consejo Municipal, al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos, a la Policía Cantonal del citado municipio y al Secretario General de Mamoré Bulo Bulo de Entre Ríos; por la cual, Juan Carlos Ramos Llampa, denunció los abusos y atropellos por parte de los denunciados, indicando que desde noviembre “hasta la fecha” son víctimas de persecución, amedrentamiento, hostigamiento, amenazas y pinchado de llantas de sus motocicletas, quienes de manera criminal con rostros encapuchados estarían atacando en lugares silenciosos corriendo riesgo inminente la vida de sus afiliados. En respuesta a las notas enviadas, la FEJUVE de Entre Ríos del departamento de Cochabamba, conforme se evidencia de la Conclusión II.6., convocó a las partes en conflicto, llevando la primera reunión el 24 de diciembre de 2021, donde solicitó información a las tres asociaciones de transporte, sobre cuál sería el problema de fondo para que sigan los conflictos; por lo que, la Cooperativa Trans Entre Ríos por medio de su representante manifestó que la Asociación de Moto Taxi Tropical Entre Ríos -accionante- sería ilegal, no cumple con todos los requisitos, sugiriendo que debe solucionarse el problema en el Subconcejo de Transporte, aparte de que estaría conformado por rebeldes de ambas instituciones de transporte; por su parte, la Asociación de Transporte Mixto 2 de Septiembre, ahora coaccionado, manifestó que la Asociación de Moto Taxi Tropical Entre Ríos -accionante- está conformado por rebeldes, incluso el fundador sería un ex dirigente de su asociación, razón por la cual se sienten traicionados. Posteriormente, se llevó una segunda reunión extraordinaria el 6 de enero de 2022, conforme consta en la Conclusión II.7., en la que la Cooperativa Trans Entre Ríos, acusó que la Asociación de Moto Taxi Tropical Entre Ríos -accionante-, es de otro departamento, que sus afiliados no son del lugar; por su parte, la Asociación de Transporte Mixto 2 de Septiembre, indicó que sus bases desconocieron en una reunión ordinaria los documentos presentados por la parte accionante; por lo que, los mismos no tendrían validez. En dicha reunión, el Defensor del Pueblo informó que la personería jurídica de la asociación cuestionada, está reconocido por el Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos del departamento de Cochabamba y la Gobernación del citado departamento. Finalmente, llevaron una tercera reunión el 24 de enero de 2022, en la que los representantes de la Asociación de Transporte Mixto 2 de Septiembre, observaron la documentación presentada indicando que no debe haber suplantación de documentos; por cuanto, se estarían revisando la firma de los afiliados; por su parte los de la Cooperativa Trans Entre Ríos, también observaron señalando que no están completas, faltaría croquis, el informe de tránsito y del Subconcejo de Transporte; empero, otros sectores como Defensor del Pueblo, Federación de Mamoré Bulo Bulo, dijeron que se debe respetar el derecho al trabajo así sean de otro departamento; por cuanto, el Directorio de la FEJUVE, llegó a la conclusión de que, las instituciones siguen con sus mismas observaciones, exhortando a que no lleguen a más violencia, que se trabaje con equidad y respeto. En ese orden, revisado, analizado y contrastado los referidos medios de prueba, se puede establecer que en sus contenidos no se reflejan las medidas de hecho descritos y denunciados en la presente acción de defensa; es decir, no ofrecen datos reales sobre la destrucción de la parada provisional que presuntamente estaba en construcción, no especifica las fechas, lugares y circunstancias en las que se hubiese producido los hechos violentos, tampoco reflejan el pinchado de las llantas de las motocicletas y menos demuestran que hubiesen sido quemados, además de no identificar, si los ahora accionados participaron de esos hechos. A parte de ello, si bien la parte accionante presentó notas a diferentes instituciones; sin embargo, no denunció propiamente las medidas de hecho descritas en la acción de defensa, señalando solamente abusos y atropellos del que serían objeto por parte de los hoy accionados, traducidos en que serían víctimas de persecuciones, amedrentamientos y amenazas de pinchado de llantas de sus motocicletas, quienes además de manera criminal con rostros encapuchados estarían atacando en lugares silenciosos corriendo riesgo inminente la vida de sus afiliados; razón por la cual, la FEJUVE de Entre Ríos del departamento de Cochabamba solamente se limitó a pedir que la Asociación de Moto Taxi Tropical Entre Ríos -accionante- presente toda su documentación a fin de que se establezca su veracidad y los ahora accionados reconozcan su validez, lo cual tampoco fue logrado. Asimismo, la parte accionante, denunció que serían objeto de agresiones físicas; empero, dichas agresiones tampoco fueron plenamente demostrados, por cuanto los Certificados Médico Legal Forenses de 31 de enero de 2022 que presentaron de los supuestos afiliados Margarita Ortega Moreno, Marisabel Mamani Sanca, Ciprian Ortega Moreno, Adela Panoso Pardo y Felipe Álvarez Panoso, que supuestamente serian víctimas de las agresiones físicas (Conclusión II.10.); sin embargo, ninguno de los nombrados aparecen, según se evidencia de la Conclusión II.2., en el Informe Técnico de Inspección de 24 de agosto de 2020, realizado por la Policía Boliviana a solicitud del Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos del departamento de Cochabamba, en la que se informa que fueron inspeccionados diez motocicletas de la referida Asociación de Moto Taxi Tropical Entre Ríos -accionante- identificando sus conductores y placas de circulación, quienes serían Francisco Pérez Torrez, Romer Aguilar, Sandy Nina Flores, Bruno Sejas Zurita, Martin Pérez Quispe, Leoncio Saldaña Zurita, Teófilo Zelaya Bejarano, Rodrigo Aguilar, Abraham Miranda Nogales y Jhony Fuentes Carbajal, en la que no figuran las supuestas víctimas, así como tampoco aparece el nombre del actual representante de la parte accionante; por lo que, se concluye que las personas consignadas en los informes médicos y Certificados Médico Legal Forenses de 31 de enero de 2022 no son afiliados de la Asociación de Moto Taxi Tropical Entre Ríos -accionante-. De igual forma, se denunció que son perseguidos, amedrentados y amenazados de que si continuaban circulando por las vías serian quemados sus motocicletas incluido los conductores, es más atacarían sus casas, para quemarlos juntamente con los integrantes de sus familias; por lo que, se encuentran viviendo temerosos y aterrorizados sin poder trabajar, ni generar recursos económicos para el sustento de sus familias. Al respecto, los hoy accionados, si bien en su informe presentado con motivo de esta acción de defensa reconocieron que la Asociación de Moto Taxi Tropical Entre Ríos -accionante-, según la Ley Municipal 515, tiene autorización de parada emplazada en la Av. Santa Cruz esquina Terminal de Buses; empero, manifestaron que en la Ley del Transporte y en la misma Ley de SOAT, prevé que ninguna motocicleta puede ser del servicio público, al ser un vehículo peligroso; por lo que, esas resoluciones o decretos municipales tendrían que ser cuestionadas en su momento, incluso las autoridades que las dictaron, deben ser sancionados en la vía penal, porque es contrario a las leyes nacionales. Es más, conforme expresaron en las reuniones sostenidas a convocatoria de la FEJUVE del municipio de Entre Ríos del departamento de Cochabamba, los ahora accionados manifestaron que la Asociación de Moto Taxi Tropical Entre Ríos, sería ilegal, que no cumple con todos los requisitos, lo cual debe solucionarse en el Subconcejo de Transporte, aparte de que estaría conformado por rebeldes de ambas instituciones de transporte; incluso el fundador sería un ex dirigente de la Asociación de Transporte Mixto 2 de Septiembre, razón por la cual se sienten traicionados. Posteriormente, en la segunda reunión acusaron de que serían de otro departamento, porque sus afiliados no son del lugar; es más, los de la Asociación de Transporte Mixto 2 de Septiembre indicaron que sus bases desconocieron en una reunión ordinaria los documentos presentados por la parte accionante; por lo que, esos no tienen validez. En la tercera reunión, insinuaron que existe suplantación de documentos; por cuanto, se estaría revisando la firma de los afiliados; además de que estarían incompletas, faltando el croquis, el informe de tránsito y del Subconcejo de Transporte. Por su parte, otros sectores como el Defensor del Pueblo y la Federación de Mamoré Bulo Bulo, exhortaron a que debe respetarse el derecho al trabajo, así sean de otro departamento; por ello, la FEJUVE llegó a la conclusión de que las instituciones siguen con sus mismas observaciones, alegando a que no se llegue a más violencia, más bien se trabaje con equidad y respeto. De las actuaciones y afirmaciones descritas, se puede advertir que los ahora accionados pretenden hacerse justicia con propia mano, al haber desconocido en una reunión ordinaria los documentos presentados por la parte accionante, respecto al reconocimiento de su personalidad jurídica y la autorización de parada, ruta y licencia de operaciones, además de insinuar que la validez de los documentos se debe determinar en la Subcomisión de Transporte del que serían parte los mismos hoy accionados, exigencia que se encuentra fuera del marco legal; por cuanto, la valides de los citados documentos no puede ser definido por los ahora accionados en sus asambleas ordinarias o extraordinarias o a través de subcomisiones irregulares, sino por las autoridades administrativas competentes que emitieron los documentos; es decir, el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba en cuanto a la otorgación de la personalidad jurídica y el Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos del señalado departamento, con relación a la concesión de parada, ruta y licencia de operaciones. En ese marco, se concluye que la parte accionante acreditó de manera objetiva las medidas de hecho asumidas sin causa jurídica por los hoy accionados; ya que, directamente desconocieron la valides de los documentos presentados por la parte accionante en la reunión de sus bases o al pretender que una Subcomisión de transporte integrado por ellos mismos, solucione el conflicto, pretendiendo hacerse justicia con prescindencia de los mecanismos institucionales para dirimir conflictos, lo cual no está permitido dentro del Estado Constitucional de Derecho; por lo que se tiene por demostrado las perturbaciones, persecuciones, amedrentamientos, obstaculizaciones y amenazas que no les permite desarrollar con normatividad su trabajo a los afiliados de la parte accionante, circulando por las rutas autorizadas en el municipio de Entre Ríos del departamento de Cochabamba. Con relación al segundo presupuesto de acreditar la titularidad de los derechos consolidados, la parte accionante presentó, conforme se tiene de la Conclusión II.1., el Decreto Departamental 4284, emitido por el Gobernador del Departamento de Cochabamba, que reconoce la personalidad jurídica de la Asociación de Moto Taxi Tropical Entre Ríos -accionante- con domicilio legal en el municipio de Entre Ríos, provincia Carrasco del indicado departamento, corroborado con la Certificación de Personalidad Jurídica con CITE: CE/DAJH/009/2022 (Conclusión II.8.). Asimismo; mediante fotocopia legalizada del acta de elección y posesión del nuevo Directorio de la Asociación de Moto Taxi Tropical Entre Ríos -accionante- afiliado a la FEJUVE, Distrito 3 del indicado municipio de 5 de diciembre de 2021, consta la elección y posesión de Juan Carlos Ramos como Presidente de la citada Asociación (Conclusión II.5.); por lo que, la referida Asociación es titular de derechos y obligaciones, además de que el representante legal tiene suficiente personería para interponer esta acción tutelar. Asimismo, según se evidencia de la Conclusión II.3., el Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos del departamento de Cochabamba, a través del Concejo Municipal, emitió la Ley Municipal 515, autorizando la fijación de parada de la Asociación de Moto Taxi Tropical Entre Ríos, emplazado sobre la Av. Santa Cruz, esquina Terminal de Buses, Barrio Sajta de 30 m, por un plazo de dos años. De igual forma, existe documento de autorización provisional de Parada de la referida Asociación de 16 de noviembre de 2021, con una dimensión de 5 m por 6 m, emplazada sobre la Av. Santa Cruz de 32 m esquina Terminal de Buses Entre Ríos, Barrio Sajta, ubicado en el Distrito 3 del citado municipio. Es más, con motivo de los abusos y atropellos denunciados por la parte accionante, el Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos, conforme se evidencia de la Conclusión II.11., respondió mediante Informe Técnico de Tráfico y Vialidad 10/22 de 7 de marzo de 2022, señalando que la Asociación de Moto Taxi Tropical Entre Ríos -accionante-dio cumplimiento a la Ley Municipal 135, en virtud del cual se emitió la Ley Municipal 515, determinando la autorización o fijación de Parada de la referida Asociación; por lo que, el Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos autorizó la construcción de la parada emplazada sobre la Av. Santa Cruz, esquina Terminal de Buses, Barrio Sajta de 30 m; empero, “En la actualidad dicha parada no se llegó a construir porque se vio obstaculizada por otras asociaciones de transporte del municipio” (sic), lo cual confirma que los ahora accionados vienen obstaculizando y obstruyendo el normal desarrollo de las actividades de los afiliados de la Asociación de Moto Taxi Tropical Entre Ríos. Por consiguiente, la parte accionante cuenta con personalidad jurídica reconocida por autoridad competente, así como tiene autorización de ruta, parada y licencia de funcionamiento en el municipio de Entre Ríos, teniendo en consecuencia, sus afiliados el derecho a circular por las rutas y paradas autorizadas con sus motocicletas transportando pasajeros, siendo por lo tanto dicha actividad lícita y legal; lo cual si bien se encuentra cuestionada por los hoy accionados; empero, no existe en los antecedentes alguna evidencia de que hubiesen iniciado alguna acción legal destinado a revocar o anular la personalidad jurídica y menos la autorización de ruta y parada otorgada por las autoridades competentes (Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba o Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos del señalado departamento); existiendo en consecuencia la obstrucción y amenaza latente de vulneración del derecho al trabajo de los afiliados de la parte accionante; puesto que, los ahora accionados pretenden desconocer la validez de los citados documentos por sí mismos de manera unilateral y arbitraria, a través de una instancia que no tiene atribuciones legales para dicho cometido (Asambleas internas y Subcomisión de Transporte); por lo que, corresponde otorgar la tutela solicitada con respecto al derecho al trabajo vinculado con el derecho a la libre circulación. En cuanto a la presunta vulneración del derecho a la propiedad privada, conforme se tiene concluido sobre la presunta destrucción de la parada que estaba en construcción, la quema de motocicletas y el pinchado de las llantas, debido a que esos hechos no fueron acreditados con elementos probatorios corresponde denegar la tutela solicitada al respecto. Finalmente, también reclamó que las notas de denuncia interpuestas al Pleno del Concejo Municipal y Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos, a la Policía Cantonal, a la FEJUVE de Entre Ríos, a la Federación Mamoré de Bulo Bulo y al pueblo en general, no fueron escuchados, siendo vanos los pedidos de auxilio; sin embargo, en la acción de defensa que se revisa no alegó propiamente la vulneración del derecho de petición, motivo por el cual, resulta imposible para esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional emitir un pronunciamiento al respecto. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 001/2022 de 7 de marzo, cursante de fs. 136 a 145 vta., pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Entre Ríos del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, de forma provisional con relación al derecho a la libre circulación y al trabajo, disponiendo que los hoy accionados cesen y se abstengan de realizar cualquier acto perturbatorio o amenaza de restricción o supresión de los citados derechos, hasta tanto no se logre la revocación o la anulación de la personalidad jurídica y de autorización de parada y circulación de la Asociación de Moto Taxi Tropical Entre Ríos ante las autoridades competentes llamadas por ley. 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación al derecho a la propiedad privada conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0253_2024-S3.pdf · páginas 1 a 21.

Huella digital del PDF (SHA-256): 380a145f783b078e6883619ec75e73ea81f80fc66f538c24a60221c6c5b2004c

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