B.IA.LEGAL

SCP 0252/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 16 de abril de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
16 de abril de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
51195-2022-103-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante, denunció como lesionado el debido proceso en sus elementos de valoración de la prueba; fundamentación y motivación; así como su derecho a la libertad, toda vez que la autoridad ahora demandada, en resolución de la apelación incoada de su parte -en objeción de la decisión asumida por el a quo de rechazar su solicitud de cesación a la detención preventiva-, sin una debida fundamentación y motivación; omitiendo efectuar una correcta aplicación de la jurisprudencia constitucional; así como valorar adecuadamente la prueba, confirmó el fallo objetado manteniendo vigentes los riesgos procesales descritos en los arts. 234.7 y 235.2 del adjetivo penal, con base en apreciaciones subjetivas y sin dar respuesta a los agravios formulados de su parte. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 06/2022 de 19 de octubre, cursante de fs. 135 a 140 vta., emitida por Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segunda del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, y, en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela impetrada, conforme a los fundamentos expresados en el presente fallo constituciuonal.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La exigencia de motivar y fundamentar en los tribunales de apelación al momento de resolver medidas cautelares.
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0252/2025-S3 Sucre, 16 de abril de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 51195-2022-103-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 06/2022 de 19 de octubre, cursante de fs. 135 a 140 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jhimmy Remberto Almanza Pardo y/o Carlos Justiniano Mariaca Riveros en representación sin mandato de Daniel Glen Hidalgo Suárez contra María Giovanna Pizo Guzmán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 18 de octubre de 2022, cursante de fs. 1 y 115 a 123 vta., manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra, por la supuesta comisión del delito de asesinato, mediante Auto Interlocutorio de 7 de mayo de 2021, se le impuso medida cautelar de detención preventiva, al considerar el juez de la causa, que concurrían -entre otros- los riesgos procesales descritos en los arts. 234.7 y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Posteriormente, habiendo solicitado la cesación a la medida impuesta, en audiencia de 24 de agosto de 2022, por resolución de igual mes y año, su pretensión fue rechazada, manteniendo vigentes y persistentes, los riesgos procesales antes referidos, motivo por el cual, interpuso recurso de apelación impugnando dicha determinación. En tal sentido, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en resolución de su objeción, dictó el Auto de Vista 265/2012 -lo correcto es 265/2022- de 13 de septiembre, ratificando los riesgos procesales establecidos por el a quo; decisión que le provocó la continuidad de la privación de su libertad y que fue asumida sin ninguna fundamentación ni motivación razonable y congruente; pues, omitió efectuar una adecuada valoración probatoria, contravino la jurisprudencia constitucional e infringió los marcos de razonabilidad y favorabilidad, quebrantando el principio de legalidad que rige en medidas cautelares, conllevando en consecuencia la lesión del derecho a la libertad física y haciendo ilegal e indebida su privación de libertad. El señalado Auto de Vista 265/2022, adolece de los defectos indicados, debido a que, al resolver respecto al riesgo previsto en el art. 234.7 del Código adjetivo penal, pese a que los argumentos expuestos en la apelación que daban lugar a su reajuste, al no responder al parámetro, exigencias y canon de interpretación descritos en la SCP 0583/2017-S2 de 19 de junio con relación a la SCP 0056/2014 de 3 de enero, que determinan que el riesgo procesal de fuga y peligro para la sociedad, únicamente resulta existente cuando el imputado hubieran incurrido con anterioridad en un delito anterior ligado al del objeto del proceso. Situación inexistente en el caso de autos; empero, la autoridad ahora demandada de forma incongruente, errónea y equivocada, además de ausente de fundamentos jurídicos válidos, determinó que los fallos constitucionales precitados no eran de aplicación en la especie, al tratarse -en su criterio-, de aspectos que no guardaban analogía, omitiendo considerar que las decisiones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, constituyen precedentes obligatorios. El apartamiento de la autoridad ahora demandada de los entendimientos jurisprudenciales, sobre la interpretación del art. 234.7 del CPP, constituye un “error de proporciones galácticas” (sic), contrario a los marcos de razonabilidad en los que debe encuadrarse una resolución judicial. Siendo que además, la falta de fundamentación y motivación razonables, al no darse razones jurídicas válidas que justifiquen la inaplicación del precedente constitucional, bajo el solo argumento de que no existe analogía de supuestos fácticos, deja al procesado en total estado de incertidumbre. Configurando una respuesta superficial al agravio denunciado que no expone un mínimo análisis de los que permita concluir que efectivamente se configura el indicador de fuga y que éste se adecua al riesgo previsto en el precepto legal señalado, no siendo suficiente justificación, establecer que su persona es un peligro para la sociedad y en específico para la comunidad transexual. Debido a que sostuvo contacto sexual con diferentes personas de dicho colectivo y que sabe cómo ubicarlas al conocer su identidad; argumento que resulta ilegal y se aparta de la norma jurídica y los cánones establecidos por la doctrina constitucional. Al ser evidente, por la documental aportada en calidad de prueba, que el imputado no fue procesado ni condenado por un ilícito anterior vinculado al que motiva la causa actual; impidiéndole en consecuencia, beneficiarse con la cesación a la detención preventiva. De otro lado, en cuanto al riesgo contenido en el art. 235.2 del CPP, la autoridad demandada, mantuvo persistente el riesgo de obstaculización, explicando que los testigos identificados se encuentran en la acusación y el recurso de apelación era carente de carga argumentativa. Sin considerar que la conclusión de la investigación, acusación y entrevistas, agotan la posibilidad objetiva y material de que el procesado pudiera generar influencia negativa con la finalidad de obstaculizar la averiguación de la verdad de los hechos. Extremos sobre los cuales no existe pronunciamiento alguno, no habiéndose explicado las razones por las que se considera que dicho riesgo procesal se mantiene, y si durante la investigación existió o no algún acto de obstaculización. Lo que permite inferir la imposibilidad de que los testigos propuestos pudieran ser influenciados durante el juicio oral, ya que, bajo los principios de oralidad, publicidad, contradicción e inmediación, los testigos serán convocados a declarar en una audiencia de juicio oral en la que deberán proporcionar información sobre los hechos; empero, no se explicó ni fundamentó, porqué el riesgo se mantendría latente, así como tampoco argumentó cómo es que el procesado podría influenciar negativamente en los testigos, siendo asimismo, que se omitió señalar la prueba en la que basa o sustenta su determinación; de donde resulta inverosímil que se mantenga el riesgo procesal bajo apreciaciones subjetivas que generan más incertidumbre que certeza, lo que lesiona los elementos de fundamentación y motivación del debido proceso que repercute en el derecho a la libertad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión del derecho al debido proceso en sus elementos de valoración de la prueba; fundamentación y motivación; así como su derecho a la libertad, sin citar la norma constitucional que los contiene.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela demandada y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista 265/2022 de 13 de septiembre, ordenando se dicte nuevo pronunciamiento respetando el principio de congruencia de conformidad al art. 398 del adjetivo penal, fundamentando y motivando la decisión en mérito al principio de favorabilidad.

I.2. Audiencia y resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual, el 19 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 133 a 134, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El solicitante de tutela, ratificó los argumentos de su demanda de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

María Giovanna Pizo Guzmán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 19 de octubre de 2022, cursante de fs. 131 a 132; señaló que: a) En cuanto al peligro de fuga previsto por el art. 234.7 del CPP, los argumentos desglosados en la presente acción de defensa, no fueron desarrollados oportunamente a tiempo de incoarse el recurso de apelación, derivando esa circunstancia en insuficiente carga argumentativa que no puede pretenderse subsidiar mediante la jurisdicción constitucional; y si bien se reclamó las concomitancias de la doble identidad del procesado, dicha eventualidad obedece a conjeturas efectuadas por la defensa técnica del mismo, debido a que tal razonamiento fue incorporado por el Auto de Vista 344/2021 de 22 de julio que no fue objeta en la vía constitucional; b) Sobre el riesgo de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, el accionante incorpora en su demanda tutelar presupuestos que no motivaron la expresión de agravios analizados en la audiencia de resolución del recurso de apelación. De cuyo resultado se dictó resolución en torno a la extracción de la causa de la testigo “Karen Lorena”, que no fue propuesta como testigo de cargo en el pliego acusatorio, así como la identificación de las personas con las que el imputado mantuvo relaciones sexuales y su vinculación con la comunidad LGTB, pretensiones que fueron resueltas a cabalidad. Por ende, los presupuestos denunciados en la acción de libertad no fueron dilucidados en la resolución cuestionada, pretendiendo desconocerse los alcances del pronunciamiento y, esencialmente, buscar una nueva consideración; esto al margen de la interpretación parcial de antecedentes; c) La fundamentación y motivación de una resolución no deben ser necesariamente ampulosas en consideraciones y citas legales, como mal pretende el impetrante de tutela, siendo necesaria una estructura de forma y fondo que, en el caso, fueron satisfechas; de ahí que la sola disconformidad con lo decidido no funda causal suficiente para solicitar se conceda la tutela; máxime si la instancia constitucional no asume un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad jurisdiccional; d) En el contexto de la SCP 0026/2012 de 16 de marzo, citada a su vez por la SCP 0150/2018-S4 de 16 de abril, la valoración de la prueba es una atribución privativa de la jurisdicción ordinaria, encontrándose la justicia constitucional, impedida de valorar la probanza a no ser que, quien lo solicita, demuestre que existió apartamiento de los marcos legales de razonabilidad o se hubiera omitido arbitrariamente tomar en cuenta la evidencia, resultando como lógica consecuencia, la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales; y, e) El Auto de Vista 265/2022, no se aparta de los marcos legales de razonabilidad y equidad, ni valoró arbitrariamente los elementos probatorios, no concurriendo por ende los presupuestos que permitan ingresar a una nueva tasación a través de la acción de libertad. Por todo lo manifestado, solicitó se deniegue la tutela.

I.2.3. Resolución de la Jueza de garantías

La Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segunda del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 06/2022 de 19 de octubre, cursante de fs. 135 a 140 vta., concedió en parte la tutela solicitada, únicamente respecto a la omisión valorativa reclamada en relación al riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP; disponiendo que, la autoridad demandada, en el plazo de tres días, complemente el Auto de Vista 265/2022 de 13 de septiembre (no establece respecto a qué deniega la tutela); basando su decisión en los siguientes fundamentos: 1) De la verificación de los argumentos planteados por el accionante en la apelación incidental de 13 de septiembre de 2022, y lo resuelto por la autoridad ahora demandada, se advierte que los agravios denunciados fueron resueltos, excepto el reclamo sobre la omisión valorativa de los elementos de convicción presentados por el imputado a efectos de desvirtuar el riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP, sobre el cual se advierte falta de pronunciamiento, lo que permite advertir que no existió respuesta al respecto; 2) Con relación al riesgo descrito en el art. 234.7 del adjetivo penal, el impetrante de tutela no identificó con claridad cuál es la incongruencia del Auto de Vista 265/2022, habiéndose limitado en su intervención en audiencia a reiterar que los argumentos de la demandada serían incongruentes e ilógico, sin especificar cuáles son las contradicciones internas o externas que contiene la decisión que se objeta; 3) El peticionario de tutela no señaló qué reglas de la lógica se quebrantaron en el indicado Auto de Vista, que permitieran concluir que dicha motivación sería irrazonable, extremo que no puede ser suplido por la justicia constitucional; y, 4) La presunta exigencia del Certificado del REJAP por la autoridad demandada por lo que habría fallado ultra petita, se advierte de la resolución confutada que aquello no es evidente, por cuanto, la razón de la decisión no radica en ese presupuesto que resulta ser meramente referencial, dado que dicha exigencia se contiene en el Auto de Vista de 22 de julio de 2022 que no es objeto de esta acción de defensa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes aparejados que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. En audiencia de aplicación de medidas cautelares de 7 de mayo de 2021, la Jueza de Instrucción Penal Sexta del departamento de Cochabamba, dispuso la detención preventiva de Daniel Glen Hidalgo Suárez -impetrante de tutela-, al considerar que concurrían los riesgos procesales descritos en los arts. 234 numerales 2, 4, 7 y 8; y, 235 numerales 1 y 2 del CPP (fs. 2 a 9 vta.). II.2. Consta Acta de audiencia de apelación Incidental de Medida Cautelar de 22 de julio de 2021 y Auto de Vista 344/2021 de idéntica fecha, mediante el cual, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, la declaró improcedente, confirmando en consecuencia el fallo objetado, ratificando en el fondo la concurrencia de los riesgos procesales descritos en los arts. 234.2, 4 y 7; y, 235.2 del CPP (fs. 10 a 16 vta.). II.3. Por memorial presentado el 5 de noviembre de 2021, el Ministerio Público, formuló acusación formal contra Daniel Glenn Hidalgo Suárez –impetrante de tutela-, por la comisión del delito de asesinato impetrado contra Robert Torrez (nombre convencional Alessandra Ferreti, miembro de la comunidad LGTB [fs. 74 a 81]).

II.4. Mediante Resolución de 9 de junio de 2022, el Tribunal de Sentencia Segundo del departamento de Cochabamba, resolviendo la solicitud de cesación a la detención preventiva, impetrada por el imputado -ahora accionante-, declaró la improcedencia de la pretensión, al persistir los riesgos procesales contenidos en los numerales 2, 4 y 7 del art. 234 del CPP, así como el numeral 2 del art. 235 del mismo cuerpo legal; decisión que habiendo sido recurrida en apelación, ameritó la emisión del Auto de Vista de 23 de igual mes y gestión por el que, la Sala Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del distrito señalado, revocó en parte la decisión confutada, disponiendo extraerse de la situación jurídica del imputado, el riesgo procesal establecido en el numeral 4 del art. 234 del adjetivo penal, confirmando el resto de la resolución impugnada (fs. 17 a 31 vta.). II.5. El 24 de agosto de 2022, fue celebrada la audiencia de cesación a la detención preventiva, impetrada por el hoy accionante aludiendo la inexistencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 234.2 y 7 y 235.2 del adjetivo penal, dictándose resolución de la misma fecha, a través de la cual, el Tribunal de Sentencia Segundo del Tribunal Departamental de Cochabamba, declaró improcedente la pretensión formulada por la persistencia de los riesgos procesales contenidos en los numerales 2 y “4” del art. 234 y numeral 2 del art. 235, ambos del CPP; determinación que fue objeto de impugnación en audiencia por parte del procesado (fs. 91 a 98). II.6. Por Auto de Vista 265/2022 de 13 de septiembre, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Cochabamba, en resolución del recurso de apelación planteado por el solicitante de tutela contra el Auto Interlocutorio de 24 de agosto de idéntica gestión, lo declaró procedente en parte, únicamente en lo referido al peligro de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP y no así en cuanto a los demás, ratificando in extenso la decisión confutada (fs. 105 a 109).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante, denunció como lesionado el debido proceso en sus elementos de valoración de la prueba; fundamentación y motivación; así como su derecho a la libertad, toda vez que la autoridad ahora demandada, en resolución de la apelación incoada de su parte -en objeción de la decisión asumida por el a quo de rechazar su solicitud de cesación a la detención preventiva-, sin una debida fundamentación y motivación; omitiendo efectuar una correcta aplicación de la jurisprudencia constitucional; así como valorar adecuadamente la prueba, confirmó el fallo objetado manteniendo vigentes los riesgos procesales descritos en los arts. 234.7 y 235.2 del adjetivo penal, con base en apreciaciones subjetivas y sin dar respuesta a los agravios formulados de su parte. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La exigencia de motivar y fundamentar en los tribunales de apelación al momento de resolver medidas cautelares.

Al respecto la SCP 0036/2020-S2 de 17 de marzo, estableció que: «La jurisprudencia constitucional ha establecido de manera uniforme, la observancia en el cumplimiento de las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga la detención preventiva de un imputado, exigencia que debe ser observada tanto por el juez de instrucción penal como por el tribunal de alzada; en esa perspectiva, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, señaló: “…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establece la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquel conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o participación de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se expresa la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar. En consecuencia, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permitan concluir en la necesidad de revocar las sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva”. El deber de motivación de los fallos supone un elemento fundamental del debido proceso, conforme ha expresado la SC 0012/2006-R de 4 de enero, al señalar que: “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso ya la tutela jurisdiccional eficaz, (…), y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible constatar a través de su análisis, si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una estructura particular; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al juez a tomar la decisión de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisadas; fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla”. Ahora bien, con relación a los límites que deben observar los Tribunales de alzada, al momento de conocer y resolver los recursos de apelación presentados por las partes, en el marco de la aplicación de cautelares, el art. 398 del CPP, establece lo siguiente: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”. Sobre la norma legal precedente, la SCP 0077/2012 de 16 de abril concluyó lo siguiente:“…los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir más allá de lo que la parte apelante no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada, dado que el ámbito en el que deben circunscribir su actuación es a resolver los aspectos impugnados de quien tiene derecho de recurrir. (…) En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva…”. Más adelante, la SCP 1471/2012 de 24 de septiembre, respecto a este tema señaló: “…ante la interposición medidas de una apelación incidental de cautelares o su sustitución, previo a la celebración de la audiencia de consideración, deberá asegurarse la notificación efectiva a las partes implicadas en el proceso, lo que implica además, que si el imputado se encuentra privado de su libertad, el tribunal de alzada, deberá garantizar su presencia en el verificativo, corriendo con los trámites de rigor para el efecto Luego y una vez verificada la presencia de las partes, se dará inicio al mismo, otorgándoles la oportunidad de fundamentar oralmente sus alegatos, para finalmente emitir una resolución debidamente motivada, en la que, las autoridades jurisdiccionales, de un lado, deben dar respuesta a todos los agravios denunciados en la apelación no correspondiendo por tanto, pronunciarse sobre aquellos no apelados, salvo que se trate de defectos absolutos, al no ser, estos últimos, susceptibles de convalidación; y de otro, tratándose de cautelares, fundamentar sobre la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, como es la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible; y la existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso y/u obstaculizará la averiguación de la verdad; sustento que imprescindiblemente deberán estar incluidos en la resolución de alzada; argumentos jurídicos que no pueden ser sustituidos por los relacionados por el a quo en el fallo impugnado; y menos dar lugar a la nulidad de obrados, por su falta de consideración”. Según la jurisprudencia glosada precedentemente, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establece la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, no sólo alcanza al juez de instrucción penal, sino también al tribunal de alzada que conozca en apelación el fallo que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, ejerciendo sus facultades que tiene para revisar y en su caso modificar la determinación impugnada remitida a su conocimiento por la autoridad jurisdiccional de primera instancia, debiendo igualmente dar respuesta a todos los agravios denunciados en la apelación».(Las negrillas pertenecen a texto original).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante, denunció como lesionado el debido proceso en sus elementos de valoración de la prueba; fundamentación y motivación; así como su derecho a la libertad, toda vez que la autoridad ahora demandada, en resolución de la apelación incoada de su parte en objeción de la decisión asumida por el a quo de rechazar su solicitud de cesación a la detención preventiva, sin una debida fundamentación y motivación, omitiendo efectuar una correcta aplicación de la jurisprudencia constitucional, así como valorar adecuadamente la prueba, confirmó el fallo objetado, manteniendo vigentes los riesgos procesales descritos en los arts. 234.7 y 235.2 del adjetivo penal, con base en apreciaciones subjetivas y sin dar respuesta a los agravios formulados de su parte. En ese marco, con carácter previo a la resolución de la presente causa, resulta necesario efectuar la contextualización fáctica de los antecedentes que informan el proceso. En ese sentido, se tiene que, conforme se estableció en el apartado de Conclusiones de este fallo constitucional, dentro del proceso penal instaurado contra el peticionante de tutela por la supuesta comisión del delito de asesinato perpetrado contra Robert Torrez (nombre convencional Alessandra Ferreti, miembro de la comunidad LGTB), el 7 de mayo de 2021, en audiencia de aplicación de medidas cautelares de la Jueza de Instrucción Penal Sexta del departamento de Cochabamba, dispuso su detención preventiva, al considerar que concurrían los riesgos procesales descritos en los arts. 234 numerales 2, 4, 7 y 8; y, 235 numerales 1 y 2, ambos del CPP (Conclusión II.1). Con posterioridad, tal como acredita el Acta de audiencia de apelación Incidental de Medida Cautelar de 22 de julio de 2021, fue dictada la Auto de Vista 344/2021 de idéntica fecha, mediante la cual, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, la declaró improcedente, confirmando en consecuencia el fallo objetado y ratificando en el fondo la concurrencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 234.2, 4 y 7; y, 235.2 del adjetivo penal (Conclusión II.2). Es así que el 5 de noviembre de 2021, el Ministerio Público formuló acusación formal contra Daniel Glenn Hidalgo Suárez -impetrante de tutela-, por la comisión del delito de asesinato cometido contra Robert Torrez (nombre convencional Alessandra Ferreti, miembro de la comunidad LGTB (Conclusión II.3). Se advierte igualmente que, el 9 de junio de 2022, el Tribunal de Sentencia Segundo del departamento de Cochabamba, resolviendo la solicitud de cesación a la detención preventiva impetrada por el imputado -ahora accionante-, por Resolución de la fecha, declaró la improcedencia de la pretensión, al persistir los riesgos procesales contenidos en los numerales 2, 4 y 7 del art. 234 del CPP, así como el numeral 2 del art. 235 del mismo cuerpo legal; decisión que habiendo sido recurrida en apelación, ameritó la emisión del Auto de Vista de 23 de igual mes y gestión por el que, la Sala Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del distrito señalado, revocó en parte la decisión confutada, disponiendo extraerse de la situación jurídica del imputado, el riesgo procesal establecido en el numeral 4 del art. 234 del adjetivo penal, confirmando el resto de la decisión impugnada (Conclusión II.4). El 24 de agosto de 2022, fue celebrada nueva audiencia de cesación a la detención preventiva, a solicitud del accionante, quien aludió la inexistencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 234.2 y 7 y 235.2 del adjetivo penal, dictándose resolución de la misma fecha, a través de la cual, el Tribunal de Sentencia Segundo del Tribunal Departamental de Cochabamba, declaró improcedente la pretensión formulada, al persistir los riesgos procesales previstos en los numerales 2 y “4” –lo correcto es 7- del art. 234 y numeral 2 del art. 235, ambos del CPP. Determinación que fue objeto de impugnación en audiencia por parte del procesado (Conclusión II.5), profiriéndose el Auto de Vista 265/2022 de 13 de septiembre, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Cochabamba, en sustanciación del recurso de apelación planteado por el solicitante de tutela contra la resolución de 24 de agosto de idéntica gestión, lo declaró procedente en parte, únicamente en lo referido al peligro de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP y no así en cuanto a los demás, ratificando in extenso la decisión confutada (Conclusión II.6). Resolución última que el hoy solicitante de tutela considera lesiva al debido proceso en sus elementos de valoración de la prueba; fundamentación y motivación; así como su derecho a la libertad, ya que la misma carece de una debida fundamentación y motivación, omitiendo efectuar una correcta aplicación de la jurisprudencia constitucional, así como valorar adecuadamente la prueba, yerros que decantaron –a su criterio- en la confirmación del fallo objetado, manteniendo vigentes los riesgos procesales descritos en los arts. 234.7 y 235.2 del adjetivo penal, con base en apreciaciones subjetivas y sin dar respuesta a los agravios formulados de su parte. Ahora bien, teniendo presentes los antecedentes procesales, así como los argumentos de la acción de libertad, se advierte que el fondo de la problemática planteada ante esta jurisdicción, se circunscribe esencialmente a la falta de fundamentación y motivación del Auto de Vista 265/2022 emitido por la autoridad hoy demandada en resolución de su recurso de apelación; omisión que conllevaría además, la lesión del debido proceso en su elemento de valoración de la prueba y consecuentemente, su derecho a la libertad, al haber decantado en la confirmación del fallo confutado y la ratificación de los riesgos procesales descritos en los arts. 234.7 y 235.2 del adjetivo penal; esto, en razón a no haberse efectuado una correcta aplicación del jurisprudencia constitucional así como no haberse atendido los agravios formulados en su impugnación. En este contexto y a efectos de verificar si las denuncias formuladas son evidentes o no, corresponde realizar la contrastación entre los agravios postulados en el recurso de apelación y los argumentos que sustentan el Auto de Vista 265/2022 hoy cuestionado; labor que será desarrollada a continuación. Cabe aclarar en este punto que, pese a que la carga de la prueba corre a cuenta de quien acude a la justicia constitucional, se advierte del cuaderno procesal que el recurso de apelación no se adjuntó a la presente acción tutelar,; empero, dicha omisión no constituye óbice a los efectos de análisis de la Resolución emitida por la autoridad hoy demandada, siendo que los agravios propuestos en aquella vía, serán extraídos del Acta de audiencia de apelación de 13 de septiembre de 2022; oportunidad en la que, el abogado defensor del ahora accionante, puntualizó los mismos de la forma que sigue: i) La valoración del Tribunal a quo sobre la concurrencia del riesgo procesal del art. 234.7, se basó en la mera referencia de que el imputado mantuvo contacto con personas de la comunidad LGTB, sin establecer una relación concreta con la posible obstaculización de la investigación. Razonamiento que no cumple con los estándares de interpretación fijados en la SC 056/2014 y SC 070/2014 de 3 de enero, que exigen que el riesgo procesal sea concreto y basado en elementos objetivos; asimismo, la inexistencia de una sentencia condenatoria ejecutoriada impide configurar el supuesto fáctico exigido por el señalado art. 234.7 del adjetivo penal, existiendo falta de fundamentación al respecto que vulnera el debido proceso en su dimensión de legalidad, potestad reglada y motivación; y, ii) Respecto al riesgo procesal descrito en el art. 235.2 del CPP, el Tribunal inferior no valoró adecuadamente nuevos elementos probatorios, como la acusación fiscal de noviembre de 2021 y declaraciones testimoniales, que desvirtúan el peligro de fuga. Elementos de probanza que fueron desestimados sin una fundamentación suficiente, incurriendo en una omisión valorativa y vulnerando el debido proceso; además. la testigo clave inicialmente mencionada (Karen Lorena Aviles Crespo) no fue ofrecida en la acusación, lo que debilita la construcción del riesgo; de ahí que la acusación no identifica a las personas de la comunidad LGTB con quienes el imputado habría mantenido contacto y que las declaraciones presentadas descartan dicho vínculo, lo que enerva el supuesto riesgo procesal. En análisis de dichos agravios, la autoridad hoy demandada, en el Auto de Vista 265/2022, objeto de la presente acción de libertad, estableció que: a) El art. 23.III de la CPE, establece que nadie puede ser privado de su libertad salvo en los casos y formas previstos por ley, principio desarrollado en el art. 221 de la Ley 1970, que permite restringir la libertad solo cuando sea indispensable para la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley. Este criterio orienta la aplicación de las medidas cautelares previstas en el art. 231 del CPP, exigiendo que su imposición responda a la necesidad de evitar un daño procesal concreto. Además, el art. 180.I de la CPE, consagra el principio de verdad material, que debe ser garantizado en el análisis del caso como parte del debido proceso, en relación con la justicia material y la valoración basada en la sana crítica conforme al art. 173 del CPP; b) La SCP 0712/2015 de 3 de julio, establece que el debido proceso constituye un derecho fundamental de los procesados y tiene dentro de su núcleo, el deber y obligatoriedad de los juzgadores de exponer una debida fundamentación y motivación de sus fallos a efectos de lograr la convicción de las partes sobre los motivos de la decisión; garantía procesal que se halla prevista en el art. 124 del adjetivo penal. Sin embargo, este deber de fundamentación si bien es exigible al juzgador, resulta igualmente extensible a los sujetos procesales al momento de interponer un recurso conforme dispone el art. 396.3 del CPP, que estipula que, a los efectos de satisfacer los presupuestos relativos a la carga argumentativa, es imprescindible la exposición de una crítica razonada y concreta sobre los fundamentos expuestos por el a quo en la decisión apelada, no siendo suficiente la mera repetición de los argumentos enunciados ante el juez de instancia y que fueran desestimado por éste; c) La parte recurrente, pese a su extenso desarrollo argumentativo, no ha satisfecho plenamente el presupuesto necesario para desvirtuar los riesgos procesales cuestionados, debido a que su fundamentación se limita a ratificar los argumentos originales y las pruebas presentadas, sin ofrecer una crítica razonada que evidencie un apartamiento de la sana crítica o de la razonabilidad exigida; además, se observa que la Sentencia Constitucional citada (SC 583/2017-S2 de 19 de junio) no guarda identidad con los supuestos fácticos del caso, por lo que su invocación no resulta de aplicación obligatoria según dispone el art. 203 de la CPE. Asimismo, se advierte que la interpretación realizada por la defensa técnica es parcial y sesgada, omitiendo que la propia SC 583/2017-S2 establece que las medidas cautelares pueden modificarse solo cuando existan elementos de convicción suficientes para justificar dicha variación, conforme a los arts. 233, 234 y 235 del CPP; por consiguiente, corresponde evaluar si la argumentación y la prueba presentada son suficientes para modificar los riesgos procesales, respetando el principio de carga argumentativa y probatoria; d) No es aceptable efectuar una interpretación sesgada de los antecedentes del caso, ya que ello afectaría los principios de predictibilidad y seguridad jurídica; además, debe considerarse que el mismo Tribunal de alzada ya emitió un pronunciamiento previo en un recurso de apelación sobre cesación a la detención preventiva, en el que ratificó el razonamiento de la autoridad de instancia respecto al riesgo de fuga; oportunidad en la que se valoró la existencia de una doble identidad utilizada por el imputado: una como Luis Gabriel Zeballos Canto, que fue utilizada para solicitar servicios sexuales, y otra como Daniel Glen Hidalgo Suárez, identidad bajo la cual se encuentra procesado. Este hecho, refuerza el riesgo procesal, y no puede ser omitido al analizar la situación jurídica del imputado, ya que la evaluación de las medidas cautelares debe orientarse a su finalidad y al principio de verdad material, superando cualquier interpretación formal que pretenda desconocer estos antecedentes; e) En relación con la configuración del riesgo de fuga, del acta de aplicación de medidas cautelares de 7 de mayo de 2021, se advierte que la autoridad de instancia fundamentó dicho riesgo en la supuesta amenaza a personas de la comunidad transexual mediante WhatsApp, aunque la representante de dicha comunidad no amplió ni sustentó esta afirmación. No obstante, el a quo consideró que el imputado representaba un peligro para la sociedad, en particular para la comunidad transexual, basándose en su propia declaración de haber mantenido contactos sexuales con varias personas de este colectivo, incluyendo a la víctima, lo que le permitiría identificarlas y ubicarlas; extremos que llevaron a concluir al inferior que concurre el peligro de fuga conforme al art. 234.7 del CPP; f) Sobre los argumentos vertidos por el inferior respecto a dicho riesgo procesal, se observa que la mención a amenazas mediante WhatsApp hacia miembros de la comunidad transexual, fue solo una parte de la exposición del Ministerio Público y no un argumento central en la decisión del juez de instancia; además, esta afirmación no fue debidamente sustentada por la parte acusadora, lo que requiere una aclaración en resguardo del derecho a la defensa del apelante. Sin embargo, este punto no tuvo un impacto determinante en el rechazo de la solicitud de enervación del riesgo procesal. Asimismo, la referencia de la parte apelante a la inexistencia de conductas discriminatorias contra la comunidad LGTB, carece de trascendencia en la decisión del Tribunal de alzada, dado que su competencia se limita a cuestiones de derecho y no a aspectos fácticos, conforme al criterio establecido en la SCP 244/2018-S2; siendo que la simple presentación de un registro de antecedentes penales, tampoco subsana las observaciones previas del mismo Tribunal de apelación en otra oportunidad, ni desvirtúa el riesgo procesal analizado; g) En cuanto al riesgo de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, el agravio alegado por la parte apelante carece de mérito, ya que, aunque “Karen Lorena” (sic) no fue propuesta como testigo en la acusación, la defensa del imputado no logró desvirtuar el riesgo procesal con la simple afirmación de que los otros testigos no pertenecen a la comunidad transexual. Esto, en razón a que la identificación de los testigos no exige necesariamente que éstos se hallen adscritos a dicho colectivo, verificándose asimismo de los antecedentes del caso, que la Fiscalía individualizó testigos relevantes, como Andrea Scarlett Becerra Daza y Ambrosio Vázquez Cisneros, entre otros. A ello se añade que la apelación reproduce los argumentos desestimados en primera instancia sin aportar elementos nuevos que permitan enervar el riesgo procesal en análisis; y, h) Pese a lo anterior, se debe rectificar parcialmente el análisis del riesgo de fuga previsto en el art. 234.7, eliminando la referencia a supuestas amenazas mediante WhatsApp, pues tal elemento no fue determinante en la decisión del juez de instancia. En lo demás, corresponde desestimar la apelación por falta de sustento en los agravios alegados. Ahora bien, del contraste entre los agravios denunciados en audiencia de apelación por el abogado del peticionante de tutela y de la decisión asumida por la autoridad demandada, se puede arribar a lo siguiente: - En cuanto al riesgo de fuga descrito en el art. 234.7 CPP, el accionante denunció en apelación que el Tribunal a quo, fundamentó el mismo en la mera referencia a los contactos del imputado con personas de la comunidad LGTB, sin establecer una relación concreta con la obstaculización de la investigación, lo que vulnera el debido proceso al no cumplir con los estándares de las SC 056/2014 y SC 070/2014; además, que la inexistencia de una sentencia condenatoria ejecutoriada, impide configurar el supuesto fáctico exigido por el art. 234.7 CPP.

Sobre dicho punto, la autoridad ahora demandada, en el Auto de Vista 265/2022, objeto de esta acción tutelar, determinó que el Tribunal inferior valoró la existencia de una doble identidad utilizada por el imputado (como Luis Gabriel Zeballos Canto y como Daniel Glen Hidalgo Suárez), lo que reforzó la persistencia del riesgo procesal de fuga; por ello, se arribó a la conclusión de que la objeción postulada respecto a que la fundamentación del fallo impugnado en relación al referido riesgo fue insuficiente, resultaba no ser cierta, debido a que el Tribunal inferior incorporó un nuevo elemento que lo sustenta; a ello se añade que el imputado admitió haber mantenido contactos sexuales con varias personas de la comunidad transexual, lo que le permitiría identificarlas y ubicarlas. Elemento éste que justificó plenamente el criterio del Tribunal inferior sobre su peligrosidad procesal; empero, con referencia a las supuestas amenazas vertidas por el procesado mediante WhatsApp a miembros de la comunidad LGTB, se aclaró que dicho aspecto no fue determinante en la decisión del juez de instancia, por lo que, al respecto se rectificó sobre la inclusión de dicho elemento en el análisis del riesgo, manteniéndose intacto el mismo con base en los otros elementos señalados. Los argumentos expresados por la autoridad ahora demandada con referencia al riesgo procesal de fuga descrito en el art. 234.7 del adjetivo penal, desglosados y sintetizados precedentemente, dejan evidencia, que el Auto de Vista 265/2022, respondió al agravio denunciado; toda vez que, justifica la decisión del Tribunal a quo con nuevos elementos (doble identidad y capacidad del imputado de identificar testigos clave), lo que desvirtúa la alegación de falta de fundamentación objetiva; además, corrige un punto erróneo (amenazas por WhatsApp), demostrándose que el análisis efectuado por la autoridad hoy demandada, fue debidamente razonado. - Con referencia al riesgo de obstaculización enunciado en el art. 235.2 CPP, el hoy peticionario de tutela -entonces apelante-, denunció ante la autoridad ahora demandada, que el Tribunal inferior no valoró adecuadamente los nuevos elementos probatorios, como la acusación fiscal de noviembre de 2021 y las declaraciones testimoniales que lo desvirtúan, siendo además, que la testigo clave Karen Lorena Avilés Crespo, no fue ofrecida en la acusación, debilitándose en consecuencia, la construcción del riesgo procesal.

En respuesta a esta denuncia, el Vocal demandado, estableció en el fallo objeto de la presente acción de libertad, que la identificación de testigos no requiere que los mismos pertenezcan a la comunidad transexual. Lo que responde a la objeción de que la Fiscalía no individualizó correctamente a las personas de contacto del imputado; esto, además, teniendo presente que el Ministerio Púbico presentó otros testigos relevantes como Andrea Scarlett Becerra Daza y Ambrosio Vázquez Cisneros, lo que desvirtúa la crítica de que la acusación no identificó testigos clave; a ello se añade que la autoridad ahora demandada, enfatizó de igual forma que la apelación se limitó a reproducir los mismos argumentos que ya habían sido desestimados en primera instancia, sin aportar elementos nuevos; extremo que desvirtúa la afirmación del recurrente de que el Tribunal inferior hubiera omitido valorar pruebas nuevas; argumentos estos que permiten establecer que sí existió respuesta a la denuncia de falta de valoración probatoria, pues el Auto de Vista 265/2022, claramente establece que la Fiscalía presentó otros testigos al margen de Karen Lorena Aviles Crespo y que los argumentos de la apelación no aportaron elementos nuevos que ameriten reconsideración. Por lo manifestado precedentemente, de la compulsa y contrastación entre los agravios postulados por el accionante y las razones de la decisión asumida por la autoridad hoy demandada, queda evidenciado por este Tribunal Constitucional Plurinacional, que el Auto de Vista 265/2022 de 13 de septiembre, objeto de la presente acción de libertad, sí responde a los agravios denunciados; pues, justifica la existencia del riesgo procesal de fuga a partir de elementos concretos; entre ellos la doble identidad del imputado y su capacidad de ubicar los testigos clave del proceso. Asimismo, rectifica un error en la argumentación original referida a las amenazas por WhatsApp; demostrando en igual forma que sí existió valoración de las pruebas nuevas por parte del Tribunal inferior; empero que las mismas no fueron suficientes para desvirtuar los riesgos procesales. En ese contexto, si bien a criterio del accionante la decisión adoptada por la autoridad hoy demandada no responde a los agravios denunciados de su parte en apelación .-tal como se tiene analizado y explicado-, el Auto de Vista 265/2022, sí aborda los puntos críticos planteados en apelación y ofrece una fundamentación que rebate las denuncias de falta de motivación y valoración probatoria reclamados en esta vía constitucional, por lo que, aunque el impetrante de tutela considere que sus postulaciones no fueron atendidas, ello no resulta evidente, correspondiendo denegar la tutela impetrada, en lo referente a la falta de fundamentación y motivación respecto a la valoración de la prueba, como elementos del debido proceso y consecuentemente, su derecho a la libertad. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber concedido en parte la tutela impetrada obró de forma parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 06/2022 de 19 de octubre, cursante de fs. 135 a 140 vta., emitida por Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segunda del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, y, en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela impetrada, conforme a los fundamentos expresados en el presente fallo constituciuonal. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0252_2025-S3.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): 67ef273aa39934a900fd566a2d12e550c81795e7822a6db09aef1f60b26ca779

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