B.IA.LEGAL

SCP 0251/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 3 de abril de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
3 de abril de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
54011-2023-109-AAC
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante considera vulnerado su derecho de petición; toda vez que, luego de haberse suscrito el Contrato DAJ/06/2020 de 7 de julio, entre EBA y el GAM de Oruro, para la dotación de alimentos complementarios escolares para la gestión 2020, habiendo cumplido su contraprestación de dotación, la autoridad ahora demandada, no cumplió con el pago de lo adeudado, no obstante, las insistentes notas solicitando dicho pago, no fueron respondidas. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si se debe conceder o denegar la tutela solicitada; a cuyo efecto se desarrollarán las siguientes temáticas: i) Contenido y alcances del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial más alto; i.a) Contenido esencial; i.b) Requisitos de procedencia; i.c) Legitimación activa; i.d) Legitimación pasiva; y, i.e) Plazo para emitir respuesta; ii) El principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional; y, iii) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 28/2023 de 6 de marzo, cursante de fs. 62 a 66 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Oruro; y, en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela solicitada, únicamente respecto de las solicitudes realizadas mediante las notas notas: EBA/GJU/DAE/2022-00038 de 8 de septiembre de 2022, EBA/GAF/2022-00047 de 23 de septiembre de 2022, “EBA/GJU/DAE/2022-00047” de 7 de octubre de 2022 y EBA/GJU/DAJ/2022-00225 de 21 de noviembre de 2022, disponiendo que el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, brinde una respuesta pronta y oportuna, formal, material, y debidamente argumentada, dotando de la información requerida y sea en el plazo de setenta y dos horas.

2° DENEGAR la tutela solicitada en cuanto a las peticiones realizadas mediante Notas: EBA/GJU/DAE/2021-00174 de 29 de noviembre de 2021; EBA/GJU/DAE/2022-00008 de 5 de abril de 2022 y EBA/GCM/DV/2022-00274 de 30 de mayo de 2022.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Contenido y alcances del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial más alto
  2. III.2. El principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0251/2025-S1 Sucre, 3 de abril de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 54011-2023-109-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 28/2023 de 6 de marzo, cursante de fs. 62 a 66 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Franco Mario Camargo Espejo en representación legal de la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA) contra Adhemar Wilcarani Morales, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La parte accionante, por memoriales presentados el 24 de febrero y 2 de marzo, ambos de 2023, cursantes de fs. 41 a 49 y vta., y 52 a 53 y vta., expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En la gestión 2020, el Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Oruro, suscribió una Minuta de Contrato DAJ/06/2020 de 7 de julio con EBA, con la finalidad de adquirir la alimentación complementaria escolar para esa gestión, mediante la modalidad de contratación directa por un importe total de Bs21 009 989.-(veintiún millones nueve mil novecientos ochenta y nueve bolivianos). Posteriormente ante el incumplimiento injustificado de pago por más de cuarenta y cinco días calendarios, mediante carta notariada EBA/GJU/DAF/2021-00159 de 1 de noviembre de 2021, EBA solicitó la resolución del contrato DAJ/06/2020, petición que fue respondida mediante cartas notariadas con CITES: GAMO 3450/21 de 26 de octubre y GAMO 3656/21 de 22 de noviembre, ambas de 2021, refiriendo que la falta de pago es ajeno a su voluntad por existir un proceso penal en trámite.

Ante dichas respuestas del GAM de Oruro (CITES: GAMO 3450/21 y GAMO 3656/21), la referida empresa mediante Nota EBA/GJU/DAE/2021-00174 de 29 de noviembre de 2021, nuevamente se ratificó en la solicitud de resolución de contrato DAJ/06/2020, debido a la falta de pago del contrato, y explicando que el proceso penal contiene una naturaleza distinta al proceso administrativo; sin que dicha nota hubiere sido respondida hasta la interposición de la presente acción de defensa. Posteriormente, mediante carta EBA/GJU/DAE/2022-00008 de 5 de abril de 2022 -presentada el 11 de igual mes y año-, la empresa EBA reiteró su solicitud de respuesta formal y oportuna respecto a la falta de pago a su favor, sin que la misma sea respondida. Consecutivamente, mediante Nota EBA/GCM/DV/2022-00274 de 30 de mayo de 2022 -presentada el 2 de junio de ese año-, solicitó audiencia, misma que fue respondida hasta la interposición de esta acción de defensa. Asimismo, mediante Nota EBA/GJU/DAE/2022-0038 de 8 de septiembre de 2022, pidió la inscripción de la deuda en el presupuesto de la gestión 2023, a fin de su cancelación a EBA, sin embargo, no se dio respuesta alguna. Posteriormente, mediante carta EBA/GAF/2022-00047 de 23 de septiembre de 2022, la empresa EBA remitió copia simple de la Resolución Jerárquica F.D.O./O.A.Z.S. 253/2022 de 30 de agosto y demás antecedentes, refiriendo que no existe ningún impedimento para que puedan realizar el pago pendiente, sin que exista respuesta hasta el presente. Mediante Nota EBA/GJU/DAE/2022-00047 de 7 de octubre de 2022 -presentada el 10 de ese mes y año-, EBA reiteró su solicitud de pago, nota que tampoco tiene respuesta hasta la interposición de la acción tutelar; asimismo, mediante Nota EBA/GJU/DAJ/2022-00225 de 21 de noviembre del referido año, nuevamente reiteraron su solicitud de pago, sin que se cuente con respuesta hasta la fecha. Afirma que de manera incansable solicitó al GAM de Oruro, respuestas oportunas, formales y fundamentadas, en relación a la solicitud de pago por cumplimiento de la Empresa ahora accionante al objeto de la minuta de contrato DAJ/06/2020; y al no existir respuesta alguna, opera el silencio administrativo positivo en favor de la empresa; a su vez, al no existir recurso ulterior, acuden a la acción de amparo constitucional.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la lesión de su derecho de petición, citando al efecto el art. 24 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: Que la Autoridad demandada brinde una respuesta fundamentada, clara y precisa a todas las solicitudes de pago presentadas ante el GAM de Oruro, y -en audiencia pidió- se le entreguen las fotocopias legalizadas o simples solicitadas.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 6 de marzo de 2023, conforme consta en el acta cursante de fs. 59 a 61, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante a través de su abogado, en audiencia, ratificó íntegramente los términos de su memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Adhemar Wilcarani Morales, Alcalde del GAM de Oruro, mediante informe escrito presentado el 6 de marzo de 2023, cursante de fs. 57 a 58 y vta., manifestó lo siguiente: a) La parte accionante no agotó los medios administrativos existentes; toda vez que, la Minuta de Contrato DAJ/ 06/2020 se rige por las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios -Decreto Supremo (DS) 0181 de 28 de junio de 2009- y la Ley de Administración y Control Gubernamentales (Ley SAFCO) -Ley 1178 de 20 de julio de 1990-; motivo por el cual todas las solicitudes de pago a las que refiere en su integridad, son parte de todo un proceso de contratación y ejecución de un contrato que establece obligaciones a las partes “…y no así una petición o solicitud informal a una entidad en la que evidentemente se circunscribe en el ártico 24 de la CPE, referir que todas las solicitudes de pago son producto de un procedimiento que la misma parte aduce que fue fruto de un procedimiento de resolución de contrato de conformidad a la carta notariada EBA/GJU/DAF/2021-00159 de fecha 01 de noviembre de 2021, de solicitudes de pago a las cuales incluso aplicaron la figura del silencio administrativo establecida en el artículo 17 de la Ley 2341 de procedimiento administrativo, el cual, su magistratura entenderá solo se aplica cuando estamos hablando de un procedimiento administrativo, en este caso especial que son aquellos relacionados con las contrataciones estatales” (sic); b) Conforme a la cláusula decimotercera del contrato suscrito, en el tema de reclamo de la falta de pago y la falta de respuesta así como el posible silencio administrativo positivo; al respecto, refiere que dicha figura opera dentro de un proceso administrativo y se consolida como efecto de dicho silencio una respuesta negativa o positiva, de conformidad a la normativa aplicable; pero ya se generó un efecto jurídico; razón por la que, resulta contradictorio que la parte ahora accionante, primero mencione que ya se generó el silencio administrativo y “ahora” solicite a través de la presente acción tutelar se conceda la tutela y se disponga se emitan respuestas a dichas notas de pago, siendo que los efectos del silencio ya han generado una tipología de respuesta en relación a su situación, por lo que se entendía que se dio una respuesta; lo que le restaría a la parte accionante es acudir a la vía jurisdiccional; c) El reclamo del impago, debe reclamarse en la vía contencioso administrativa, de conformidad a lo previsto en los arts. 775 y 781 del Código Procesal Civil (CPC) y la Ley Transitoria para la Tramitación de los Procesos Contencioso y Contencioso Administrativo -Ley 620 de 29 de diciembre de 2014-; y, d) Al existir silencio administrativo vigente sobre el cual no puede haber un pronunciamiento porque es materia administrativa, se debe acudir a la jurisdicción ordinaria para hacer valer los mismos; en esa razón, no puede activarse la presente acción tutelar, máxime si tampoco existe un riesgo inminente e irreparable; con estos motivos solicita se deniega la tutela.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del departamento de Oruro, mediante Resolución 28/2023 de 6 de marzo, cursante de fs. 62 a 66 vta., denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: 1) De la documentación arrimada, se tiene que no se trata de peticiones puras y llanas, sino que exigen un pronunciamiento, ya que existe la manifestación de la intención de resolución de la Minuta de Contrato DAJ/06/2020, que no es una petición que hace a la tramitación en este proceso administrativo que tiene su marco legal correspondiente; se ha reiterado de manera continua la resolución de Contrato, más aún cuando se solicitó se inscriba en el presupuesto de la gestión 2023, así como se requirió el pago de lo adeudado; en ese entendido -se reitera-, no se trata de peticiones simples que puedan ser atendidas por el Municipio, en los márgenes del derecho de petición, sino que nos encontramos frente a una pretensión que va más allá, y como toda pretensión, tiene que ser resuelta de acuerdo a la normativa inherente para dicho procedimiento administrativo; es decir, que se trata de aspectos de fondo que se exige el cumplimiento; al respecto, se debe hacer énfasis que en varias cláusulas del contrato referido, se establecen los marcos de resolución del mismo, señalando que en el caso de controversias las partes acudirán a la jurisdicción prevista en el ordenamiento jurídico para los contratos administrativos, así también en su cláusula decimosegunda, se refiere a la legislación aplicable al contrato, resultando la Constitución Política del Estado, la Ley de Administración y Control Gubernamentales, Decreto Supremo 0181 y la Ley del Presupuesto General, entre otras; y, 2) La problemática de la presente acción tutelar, conlleva a acudir a una demanda en la vía contenciosa administrativa, debido a que seguramente ya se tiene agotado el procedimiento administrativo, de manera que dichas circunstancias a tratarse, no se enmarcan al derecho de petición sino a una pretensión que tiene que resolverse en el marco del procedimiento administrativo en su caso en la vía judicial; por lo que, no puede pretenderse ingresar al fondo de la problemática planteada mediante una acción de amparo constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Por Nota EBA/GJU/DAE/2021-00174 de 29 de noviembre de 2021

-presentada el 3 de diciembre de igual año-, dirigida a Adhemar Wilcarani Morales, Alcalde del GAM de Oruro -autoridad ahora demandada-, Javier Freire Bustos, Gerente Ejecutivo de EBA, refirió que la resolución de la Minuta de Contrato DAJ/06/2020 de 7 de julio, ya fue comunicada en una anterior nota; asimismo, solicitó se proceda al pago del monto adeudado de Bs21 009 989.- (fs. 23 a 24). II.2. Mediante la Nota EBA/GJU/DAE/2022-00008 de 5 de abril de 2022

-presentada el 11 de ese mes y año-, dirigida al Alcalde ahora demandado, Javier Freire Bustos, Gerente Ejecutivo de EBA, señaló que conforme al Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento dentro del proceso penal con Código Único de Denuncia (CUD) 401502012002040, caso MP 92/20, solicitó el desglose de la documentación secuestrada, correspondiente al proceso de contratación para proseguir al pago del monto adeudado (fs. 32 y vta.). II.3. A través de la Nota EBA/GCM/DV/2022-00274 de 30 de mayo de 2022

-presentada el 2 de junio del referido año-, Javier Freire Bustos, Gerente Ejecutivo de EBA, solicitó al Alcalde ahora demandado, señale día y hora de audiencia a fin de poder tratar la recuperación de los documentos secuestrados por el Ministerio Público y otros temas, que permitan desbloquear los trámites de los pagos pendientes que tiene el GAM de Oruro con EBA (fs. 33). II.4. Por Nota EBA/GJU/DAE/2022-00038 de 8 de septiembre de 2022

-presentada el 9 de igual mes y año-, Javier Freire Bustos, Gerente Ejecutivo de EBA, pidió al Alcalde ahora demandado, el desglose de la documentación secuestrada, a efecto de continuar con el procedimiento del pago de lo adeudado, y en caso de no lograrse el mismo, incluir la deuda en el presupuesto de la gestión 2023, a fin de prever dicho pago (fs. 34). II.5. A través de la Nota EBA/GAF/2022-00047 de 23 de septiembre de 2022,

EBA a tiempo de adjuntar copia de la Resolución Jerárquica F.D.O./O.A.Z.S. 253/2022 de 30 de agosto, solicitó a la autoridad edil ahora demandada, el pago de lo adeudado a la referida Empresa (fs. 35). II.6. Mediante Nota “EBA/GJU/DAE/2022-00047” de 7 de octubre de 2022 -presentada el 10 de dicho mes y año, dirigida al Alcalde ahora demandado, Javier Freire Bustos, Ejecutivo de EBA, con referencia: “RATIFICA CARTA Y REITERA VIABILIDAD DE PAGO” (sic), ratificó la nota presentada el 23 de septiembre de 2022 y reiteró que por la dependencia correspondiente, se viabilice el pago, o en su defecto, se proceda con la propuesta de plan de pagos a favor de EBA a la brevedad posible (fs. 36).

II.7. Por medio de la Nota EBA/GJU/DAJ/2022-00225 de 21 de noviembre de 2022 -presentada el 24 del referido mes y año-, Javier Freire Bustos, Gerente Ejecutivo de EBA, solicitó al Alcalde ahora demandado, la aplicación del silencio administrativo positivo a fin de lograr el cobro de lo adeudado (fs. 37 a 40).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante considera vulnerado su derecho de petición; toda vez que, luego de haberse suscrito el Contrato DAJ/06/2020 de 7 de julio, entre EBA y el GAM de Oruro, para la dotación de alimentos complementarios escolares para la gestión 2020, habiendo cumplido su contraprestación de dotación, la autoridad ahora demandada, no cumplió con el pago de lo adeudado, no obstante, las insistentes notas solicitando dicho pago, no fueron respondidas. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si se debe conceder o denegar la tutela solicitada; a cuyo efecto se desarrollarán las siguientes temáticas: i) Contenido y alcances del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial más alto; i.a) Contenido esencial; i.b) Requisitos de procedencia; i.c) Legitimación activa; i.d) Legitimación pasiva; y, i.e) Plazo para emitir respuesta; ii) El principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional; y, iii) Análisis del caso concreto.

III.1. Contenido y alcances del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial más alto

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0425/2019-S2 de 24 de junio, reiterada por las SSCCPP 0562/2019-S2 de 17 de julio y la SCP 1050/2019-S2 de 3 de diciembre -entre otras-, realizando una sistematización de la jurisprudencia constitucional, desarrolló el siguiente razonamiento:

El art. 24 de la CPE, establece que: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), consagra el derecho de petición en su art. XXIV, señalando: “Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución”. Tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través del tiempo, fueron generando entendimientos respecto al derecho de petición a efectos de su tutela, abordando temáticas que constituyen precedentes constitucionales; sobre la base de los cuales, debe realizarse el análisis de cada caso concreto, al tiempo de verificar la lesión o no, del derecho de petición. En ese sentido, se abordará las siguientes temáticas relativas al derecho de petición: 1) Contenido esencial; 2) Requisitos de procedencia; 3) Legitimación activa; 4) Legitimación pasiva; 5) Plazo para emitir respuesta.

III.1.1. Contenido esencial

La SC 218/01-R de 20 de marzo de 2001 establece que el núcleo esencial del derecho de petición, constituye el derecho a obtener una respuesta pronta y oportuna en la que se resuelva la petición en sí misma; en ese sentido, la jurisprudencia constitucional, fue desarrollando características que debe contener la respuesta: i) Pronta y oportuna; dentro los plazos establecidos por ley o dentro de un plazo razonable como lo determina la jurisprudencia constitucional; ii) Formal; que la respuesta sea escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos que la parte interesada pueda realizar reclamos o utilizar los medios recursivos establecidos por ley; iii) Material, porque debe resolver el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición y no evadirlo; de donde se entiende que la autoridad a quien se presenta la petición, debe atenderla, tramitándola y 1El Cuarto Considerando, señala: “El derecho de petición es considerado como un derecho fundamental del ser humano, consiste en la facultad de toda persona para dirigirse a las autoridades públicas a fin de reclamar, pedir u observar alguna cosa incumbente a aquella, consagrándose como un derecho de los ciudadanos tendiente a morigerar el poder omnímodo del Estado, constituyéndose en un instrumento de particular importancia para que la sociedad civil pueda controlar a sus autoridades y hacer valer sus derechos. Es así que el derecho a formular peticiones (…) se refiere precisamente al derecho fundamental cuyo núcleo esencial comprende la respuesta pronta y oportuna, resolviendo en lo posible la petición en sí misma, es decir resolviendo el asunto objeto de la petición”. 2La SC 1065/01-R de 4 de octubre de 2001, en el Cuarto Considerando, señala que: “…el derecho de petición es la potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona de formular quejas o reclamos frente a las conductas, actos, decisiones o resoluciones irregulares de los funcionarios o autoridades públicas o la suspensión injustificada o prestación deficiente de un servicio público, así como el de elevar manifestaciones para hacer conocer su parecer sobre una materia sometida a la actuación de la administración o solicitar a las autoridades informaciones; en sí es una facultad o potestad que tiene toda persona para dirigirse, individual o colectivamente, ante las autoridades o funcionarios públicos, lo que supone el derecho a obtener una pronta resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el derecho…” (las negrillas son nuestras). 3La SC 843/2002-R de 19 de julio, en su Tercer Considerando, manifiesta: “Que en el marco de la interpretación realizada por este Tribunal, en cuanto al derecho de petición se refiere, debe dejarse claramente establecido que la exigencia de la autoridad pública de resolver prontamente las peticiones de los administrados, no queda satisfecha con una mera comunicación verbal, sino que es necesario que el peticionante obtenga una respuesta formal y escrita, que debe ser necesariamente comunicada o notificada, a efecto de que la parte interesada, si considera conveniente, realice los reclamos y utilice los recursos previstos por Ley (las negrillas son agregadas). 4La SCP 189/01-R de 7 de marzo de 2001 en el Tercer Considerando, indica: “…el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado está obligado a resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa.

Sin embargo, la obligación del Estado no es acceder a la petición sino resolverla. Por ello, no se entiende conculcado el derecho de petición cuando la autoridad responde al peticionario, aunque la respuesta sea negativa, pues la respuesta representa en sí misma, independientemente del sentido que tenga, la satisfacción del derecho de petición. En consecuencia, sólo en la situación en que transcurridos los términos o plazos que establece la ley, el Estado, a través del funcionario o autoridad correspondiente, no emite respuesta alguna el derecho de petición resulta desconocido o vulnerado” (el resaltado es añadido).

resolviendo de forma positiva o negativa a los intereses del solicitante; y, iv) Argumentada; vale decir, motivada y fundamentada, que cubra las pretensiones del solicitante, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición sobre la base de sustentos fácticos y jurídicos.

III.1.2. Requisitos de Procedencia

La SC 0310/2004-R de 10 de marzo, en el Fundamento Jurídico III.2, estableció cuatro requisitos para que sea viable la tutela del derecho de petición:

…a fin de que se otorgue la tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, demuestre los siguientes hechos: a) la formulación de una solicitud expresa en forma escrita; b) que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente; c) que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable y d) se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión. Sin embargo, la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, modulando el entendimiento de la SC 0310/2004-R, a efectos de la tutela del derecho de petición, en el Fundamento Jurídico III.3, exigió únicamente los siguientes requisitos: “…a) La existencia de una petición oral o escrita; b) La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y, c) La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición”; sin embargo, con relación a este último requisito se aclara que:

…dicho requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible cuando no existan esos medios; pues, se entiende que este derecho -como se tiene señalado-busca acercar al administrado al Estado, otorgando a la persona de un instrumento idóneo, expedito e inmediato para acudir ante el servidor público con la finalidad de requerir su intervención en un 5La SC 776/2002-R de 2 de julio, en el Cuarto Considerando, refiere: “…en cuanto al derecho de petición, este Tribunal ha dejado establecido en su uniforme jurisprudencia, que el mismo se puede estimar como lesionado cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley, de forma que cubra las pretensiones del solicitante, ya sea exponiendo las razones del por qué no se la acepta, explicando lo solicitado o dando curso a la misma, en cualquiera de estos casos donde se omita dar los motivos sustentados legalmente o de manera razonable, se tendrá como se dijo vulnerado el derecho.

Que, al contrario, no se tendrá por violado el derecho de petición, cuando se la niega manifestándose el por qué no se dá curso a la petición en forma positiva, pues el derecho de petición en su sentido esencial no implica que el peticionante tenga el derecho de exigir siempre una respuesta positiva, sino que tiene el derecho a exigir una respuesta oportuna y emitida en el término legal, además de motivada. Consiguientemente, cuando la autoridad requerida ha emitido una respuesta negativa pero exponiendo las razones de tal decisión, no se puede considerar dicho acto como ilegal y por tanto tampoco se puede argumentar lesión al derecho de petición (las negrillas son incorporadas).

asunto concreto o de solicitar una determinada información o documentación que cursa en poder de esa autoridad. Ahora bien, del análisis del núcleo del derecho de petición, que es la respuesta a una determinada solicitud como contenido y alcance del mismo; a efectos de su tutela debe tomarse en cuenta lo siguiente: 1) La existencia de una petición oral o escrita; 2) La omisión indistintamente de cualquiera de sus componentes, vale decir, ante una: 2.i) Ausencia de respuesta formal; 2.ii) Falta de respuesta material; 2.iii) Inexistencia de argumentación -motivación y/o fundamentación- en la respuesta; y, 3) El agotamiento de medios de impugnación o reclamo idóneos para hacer efectivo dicho derecho, siempre que estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico para tal efecto, de lo contrario, no es exigible este requisito. Debe tomarse en cuenta, que en ausencia de cualquiera de los componentes que forman parte de una respuesta, se estaría lesionando no solo el derecho de petición, sino también, los principios y valores constitucionales -de celeridad, servicio a la sociedad y respeto a los derechos, en aplicación del art. 178.I de la CPE-; y, de la administración pública -de sometimiento a la ley, debido proceso, eficacia, economía, simplicidad, celeridad y responsabilidad; previstos en los arts. 232 de la CPE y 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA)-, que rigen el actuar de los servidores públicos.

III.1.3. Legitimación activa

Del análisis del art. 24 de la CPE, se tiene que la legitimación activa para solicitar la tutela del derecho de petición, la tiene toda persona individual o colectiva que realizó la petición de forma oral o escrita; con el único requisito, de identificar al peticionario; en igual sentido lo estableció la SCP 0470/2014 de 25 de febrero.

III.1.4. Legitimación pasiva

En cuanto a la legitimación pasiva, la jurisprudencia realizó el siguiente desarrollo: La referida SC 218/01-R, entendió que la legitimación pasiva en los supuestos de lesión del derecho de petición no tiene excepción alguna, alcanzando a cualquier autoridad o servidor público. Así, la SC 0275/2003-R de 11 de marzo, subrayó que el derecho de petición consiste en la facultad que tiene toda persona de dirigirse a las autoridades públicas con el fin de reclamar, pedir u observar alguna cosa que le incumbe a aquella, caracterizado como un instrumento de particular importancia para que la sociedad civil pueda controlar a sus autoridades de la administración pública y hacer valer sus derechos; asimismo, alcanza a las autoridades judiciales, tal cual las SSCC 0560/2010-R de 12 de julio y 1136/2010-R de 27 de agosto, tutelaron este derecho respecto a las mismas. Sobre el particular, es necesario señalar que cuando los destinatarios son las autoridades públicas, en principio la jurisprudencia constitucional a través de la SC 0310/2004-R, señaló que la petición debió ser formulada necesariamente ante una autoridad pertinente o competente, a efectos de su tutela; sin embargo, la SC 1995/2010-R precisó que las autoridades públicas a quienes se dirige la petición, tienen legitimación pasiva incluso cuando carecen de competencia o pertinencia para resolver lo peticionado, debido a que de igual forma tienen la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario; sin embargo, la SCP 2051/2013 de 18 de noviembre, determinó que no es posible conceder la tutela cuando la autoridad no tuvo oportunidad de pronunciarse al respecto, sea positiva o negativamente, porque la petición fue realizada ante autoridad incompetente; empero, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0470/2014 y 0083/2015-S3 de 10 de febrero, ratificaron el razonamiento de la citada SC 1995/2010-R, constituyéndose en el precedente en vigor.

Respecto a personas particulares, las SSCC 0820/2006-R de 22 de agosto y 1500/2010-R de 11 de octubre, reconoció su legitimación pasiva, cuando presten servicios públicos o ejerzan funciones de autoridad; este razonamiento fue modulado por la SCP 0085/2012 de 16 de abril, señalando que el derecho de petición, en el marco de la doctrina de la eficacia horizontal de derechos, es oponible no solamente en relación a los poderes públicos, sino también en cuanto a los particulares; en este contexto, la SCP 1419/2012 de 24 de septiembre, refrendó este entendimiento indicando: “…el derecho a la petición cuenta con eficacia directa y es oponible frente a particulares por lo que su ejercicio no requiere esté refrendada por autoridad pública alguna…”. En resumen, tienen legitimación pasiva a efectos de ser demandados a través de una acción de tutela, reclamándose la lesión del derecho de petición: a) Las Autoridades o servidores públicos, aun no fuesen competentes o pertinentes para resolver el fondo de la pretensión del peticionado, circunstancia en la que la autoridad ante quien se dirigió equivocadamente la petición deberá señalar expresamente cuál la autoridad competente o tramitación atinente, que oriente al peticionante en su pretensión; y, b) Las personas particulares.

III.1.5. Plazo para emitir respuesta

La jurisprudencia constitucional desarrolló los siguientes casos: 1) En el término establecido por ley; y, 2) Cuando no está previsto un plazo en la norma para que la autoridad o servidor público emita respuesta, el derecho de petición se tiene por lesionado cuando la misma no es emitida dentro de un plazo razonable.

III.2. El principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0003/2019-S2 de 19 de febrero, precedida por la SCP 0277/2018-S2 de 25 de junio, recopiló la jurisprudencia constitucional relativa al principio de inmediatez, y reiterada en la SCP 0330/2024-S1 de 19 de julio, asumimos el siguiente razonamiento: El plazo de caducidad de seis meses para la acción de amparo constitucional en mérito al principio de inmediatez, fue inicialmente establecido en el AC 0112/99-R de 7 de septiembre de 1999, señalando en el Considerando Segundo, que:

Que, la censura y destitución del recurrente se ha producido en fecha 4 de junio de 1998 a través de la Resolución Municipal No. 019/98, pretendiendo dejarla sin efecto a través de este recurso de amparo constitucional presentado recién en fecha 26 de marzo de 1999, habiendo dejado transcurrir 9 meses y 22 días, al margen de los cinco meses que ha durado su tramitación, por lo que el presente recurso no cumple con uno de los requisitos fundamentales que son inherentes a su naturaleza y procedencia que es la inmediatez, lo que hace presumir la existencia de libre y expreso consentimiento, resultando improcedente el recurso de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 96 inc. 2) de la Ley del Tribunal Constitucional. Entendimiento asumido también por las SSCC 252/00-R, 091/01-R y 0217/01-R, entre otras. Posteriormente, la SC 544/2002-R de 13 de mayo, aclaró con más precisión los seis meses para el plazo de caducidad; y este criterio, fue asumido de manera uniforme por las SSCC 0703/2002-R, 0720/2002-R, 0632/2003-R y 0560/2003-R, entre otras. Asimismo, la SC 1353/2003-R de 16 de septiembre, indicó que el plazo de seis meses se interrumpe con la interposición de un recurso constitucional; luego, la SC 0814/2006-R de 21 de agosto, aclaró que el cómputo del plazo se suspende durante la interposición y tramitación del referido recurso constitucional, y luego, se reinicia a partir de la notificación con la resolución o sentencia constitucional.

11El Considerando Cuarto, señala: “En el caso que se examina, el Amparo ha sido demandado después de más de seis meses de haberse emitido la Resolución que se impugna - referida al rechazo del recurso de apelación formulado contra el rechazo del incidente de nulidad de remate- desnaturalizando así la esencia de este Recurso, porque uno de los elementos primordiales que lo caracterizan y son inherentes a su fundamento mismo, es precisamente la inmediatez de la protección jurídica que se pretende; sin embargo, el demandante ha cumplido con este requisito de buscar la protección jurídica inmediata, inviabilizando, por extemporánea, la aplicación de la garantía prevista en el art. 19 de la Constitución Política del Estado. 12El FJ III.1, establece: “2) Sobre la supuesta falta de inmediatez. El Tribunal ha establecido que el plazo máximo para interponer el recurso es de seis meses, salvo situaciones especiales que deben ser debidamente acreditadas. En el caso analizado, el plazo aludido fue interrumpido con la interposición, en fecha 7 de marzo de 2003, del recurso de amparo constitucional que mereció la SC 726/2003-R de 30 de mayo de 2003, habiendo presentado la presente acción, en fecha 7 de junio de 2003, es decir dentro del término anteriormente señalado”. 13El FJ III.5, dispone: "...resulta necesario establecer que el cómputo del plazo de los seis meses para interponer el recurso de amparo constitucional, se inicia desde ocurrido el acto ilegal vulneratorio de derechos, y si este permite impugnación se inicia el cómputo desde la última actuación efectuada en reponer el derecho vulnerado; empero, en los casos en que como el presente, se interpuso un recurso de amparo constitucional que culminó con una resolución constitucional que no ingresó al fondo; el plazo se suspende durante ese periodo; es decir, que el cómputo se corta con la interposición del recurso de amparo constitucional en este caso, y luego se reinicia o continúa el cómputo desde la notificación de la Resolución o Sentencia Constitucional que no ingresó al fondo, -como la presente Sentencia Constitucional-”.

Finalmente, el art. 129.II de la CPE, en relación a la inmediatez establece que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”; asimismo, el art. 55.I del CPCo, refiere expresamente que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho”.

III.3. Análisis del caso concreto

La parte accionante considera vulnerado su derecho de petición; toda vez que, luego de haberse suscrito el Contrato DAJ/06/2020 de 7 de julio, entre EBA y el GAM de Oruro, para la dotación de alimentos complementarios escolares para la gestión 2020, habiendo cumplido su contraprestación de dotación, la autoridad ahora demandada, no cumplió con el pago de lo adeudado, no obstante las insistentes notas solicitando el desembolso, no fueron respondidas. Identificada la problemática, con carácter previo es importante realizar la siguiente aclaración, en sentido que en la presente acción de amparo constitucional, se denuncia la posible vulneración al derecho de petición; por lo que, esta instancia jurisdiccional constitucional, únicamente ingresará a revisar si se vulneró o no el mencionado derecho; lejos e independientemente de las obligaciones contractuales que pudieran emerger de la falta de cumplimiento o no, de la Minuta de Contrato DAJ/06/2020 suscrito entre EBA y el GAM de Oruro, puesto que, tal extremo corresponde ser resuelta en la instancia ordinaria. Hecha esa necesaria aclaración, de los antecedentes que informan en la presente acción de amparo constitucional, se tiene que mediante Nota EBA/GJU/DAE/2021-00174 de 29 de noviembre de 2021, dirigida a Adhemar Wilcarani Morales, Alcalde del GAM de Oruro -autoridad ahora demandada-, Javier Freire Bustos, Gerente Ejecutivo de EBA, refirió que la resolución de la Minuta de Contrato DAJ/06/2020 ya fue comunicada en anterior nota; asimismo, solicitó se proceda al pago del monto adeudado de Bs21 009 989.- (Conclusión II.1). Así también, a través de la Nota EBA/GJU/DAE/2022-00008 de 5 de abril de 2022, dirigida al Alcalde ahora demandado, Javier Freire Bustos, Gerente Ejecutivo de EBA, señaló que conforme al Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento dentro del proceso penal con CUD 401502012002040, caso MP 92/20, solicitó el desglose de la documentación secuestrada, correspondiente al proceso de contratación para proseguir al pago del monto adeudado (Conclusión II.2).

De igual manera, mediante Nota EBA/GCM/DV/2022-00274 de 30 de mayo de 2022 -, Javier Freire Bustos, Gerente Ejecutivo de EBA, solicitó al Alcalde ahora demandado, señale día y hora de audiencia a fin de poder tratar la recuperación de los documentos secuestrados por el Ministerio Público y otros temas, que permitan desbloquear los trámites de los pagos pendientes que tiene el GAM de Oruro con EBA (Conclusión II.3). De los antecedentes referidos, se evidencia que la acción tutelar interpuesta, tiene dos fases, la primera, relacionada a las peticiones realizadas mediante las referidas Notas de 29 de noviembre de 2021, 5 de abril y 30 de mayo de 2022, desde esta última fecha hasta la presentación de la acción tutelar que nos ocupa -24 de febrero de 2023- han transcurrido más de seis meses; es decir, que sobrepasó el plazo de caducidad para la interposición de la acción de amparo constitucional. En virtud a ello, en relación a dichas peticiones no se cumple el principio de inmediatez, correspondiendo denegar la tutela por incumplimiento a dicho principio, tal cual se tiene del entendimiento señalado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional. En cuanto a la segunda fase, que corre a partir de la presentación de la Nota EBA/GJU/DAE/2022-00038 de 8 de septiembre de 2022, la parte ahora accionante nuevamente solicitó a la autoridad demandada el pago de lo adeudado, además del desglose de determinada documentación; sin que conste una respuesta a dicho pedido (Conclusión II.4). Por medio de la Nota EBA/GAF/2022-00047 de 23 de septiembre de 2022 nuevamente la parte ahora accionante, solicitó a la autoridad demandada proceda al pago de la suma adeudada como efecto de la dotación de alimentos complementarios escolares; sin que consta respuesta alguna a su pedido (Conclusión II.5). También, a través de la nota “EBA/GJU/DAE/2022-00047” de 7 de octubre de 2022, dirigida al Alcalde ahora demandado, Javier Freire Bustos, Gerente Ejecutivo de EBA, indicó que “RATIFICA CARTA Y REITERA VIABILIDAD DE PAGO” (sic), ratificó la nota presentada el 23 de septiembre de 2022 y reiteró que por la dependencia correspondiente, se viabilice el pago, o en su defecto, se proceda con la propuesta de plan de pagos a favor de EBA a la brevedad posible (Conclusión II.6); sin que conste una respuesta a dicho pedido. Finalmente, por Nota EBA/GJU/DAJ/2022-00225 de 21 de noviembre de 2022 (Conclusión II.7), Javier Freire Bustos, Gerente Ejecutivo de EBA, solicitó a la autoridad edil ahora demandada, la aplicación del silencio administrativo positivo, a fin de lograr el cobro de lo adeudado; sin que consta respuesta a lo pedido.

De la revisión de antecedentes, se tiene que con relación a las notas citadas precedentemente: EBA/GJU/DAE/2022-00038, EBA/GAF/2022-00047, “EBA/GJU/DAE/2022-00047” y EBA/GJU/DAJ/2022-00225, no consta ningún tipo de respuesta brindada por el Alcalde del GAM de Oruro. Al respecto, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, frente a una petición formulada de manera formal ante la autoridad competente, el destinatario cuenta con la obligación de brindar una respuesta pronta y oportuna, formal, material debidamente argumentada; extremo que en el presente caso no se tiene acreditado; toda vez que, ante las insistentes solicitudes de pago de lo adeudado, la autoridad ahora demandada, en ningún momento brindó una respuesta que explique las razones del porqué no se procedía al pago de la deuda como efecto de la dotación de alimentos complementarios escolares para la gestión 2020, brindando una respuesta conforme a los lineamientos expuestos en el citado Fundamento Jurídico, extremo que pone en evidencia la vulneración del derecho de petición del ahora solicitante de tutela. En cuanto al argumento de la autoridad ahora demandada, en sentido que el accionante debió acudir ante la instancia jurisdiccional llamada por ley; al respecto, es importante señalar que justamente EBA -Empresa ahora accionante- a fin de evitar recurrir a una demanda dentro del derecho administrativo público contra el GAM de Oruro, en la vía conciliatoria previamente acudió a solicitar insistentemente el pago de lo adeudado sin recibir una respuesta pronta, oportuna, formal y material, argumentada que sustente su posición de no pretender honrar el pago, a fin que la empresa demandante, conociendo la posición oficial y definitiva del GAM de Oruro, recién active los recursos administrativos o judiciales que correspondan al caso; empero, al guardar absoluto silencio sin brindarle una respuesta a sus insistentes pedidos, demuestra inevitablemente la vulneración del derecho de petición de la Empresa ahora accionante. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, obró de forma parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 28/2023 de 6 de marzo, cursante de fs. 62 a 66 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Oruro; y, en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela solicitada, únicamente respecto de las solicitudes realizadas mediante las notas notas: EBA/GJU/DAE/2022-00038 de 8 de septiembre de 2022, EBA/GAF/2022-00047 de 23 de septiembre de 2022, “EBA/GJU/DAE/2022-00047” de 7 de octubre de 2022 y EBA/GJU/DAJ/2022-00225 de 21 de noviembre de 2022, disponiendo que el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, brinde una respuesta pronta y oportuna, formal, material, y debidamente argumentada, dotando de la información requerida y sea en el plazo de setenta y dos horas.

2° DENEGAR la tutela solicitada en cuanto a las peticiones realizadas mediante Notas: EBA/GJU/DAE/2021-00174 de 29 de noviembre de 2021; EBA/GJU/DAE/2022-00008 de 5 de abril de 2022 y EBA/GCM/DV/2022-00274 de 30 de mayo de 2022.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Notas al pie

6 El FJ III.1, indica: “…el derecho de petición puede ser ejercido por toda persona de manera individual o colectiva, con el único requisito de la identificación de peticionario; es decir, puede ser ejercido por una persona física o por una persona colectiva, en este último supuesto, en cualesquiera de las formas reconocidas por la Constitución Política del Estado o la Ley”.

7 El FJ III.3, refiere: “Con relación al segundo requisito que establece que la solicitud debe ser presentada ante autoridad competente o pertinente, se debe precisar que esta no es una exigencia del derecho de petición, pues aun cuando la solicitud se presente ante una autoridad incompetente, ésta tiene la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando, en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario; conclusión a la que se arriba por el carácter informal del derecho a la petición contenido en la Constitución Política del Estado, que exige como único requisito la identificación del peticionario, y en la necesidad que el ciudadano, encuentre respuesta y orientación respecto a su solicitud, en una clara búsqueda por acercar al administrado con el Estado, otorgándole a aquél un medio idóneo para obtener la respuesta buscada o, en su caso, la información sobre las autoridades ante quienes debe acudir, lo que indudablemente, fortalece el carácter democrático del Estado Boliviano” (las negrillas son agregadas). 8El FJ III.2, indica: “…es lógico que de no dirigirse la petición a la autoridad pertinente, la misma al no tener oportunidad de pronunciarse al respecto, sea positiva o negativamente -siendo que este derecho no implica la otorgación de una respuesta positiva, sino formal, escrita y oportuna-, por falta de conocimiento de la solicitud, no puede atribuírsele una supuesta transgresión del derecho ni del mandato constitucional que lo contiene”.

9 El cuarto Considerando de la SC 0776/2002-R de 2 de junio, establece: “…se puede estimar como lesionado cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley…” (las negrillas son nuestras). 10El FJ III.3 de la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, indica: “…pues sólo si en un plazo razonable, o en el plazo previsto por las normas legales -si existiese- no se ha dado respuesta a la solicitud se tendrá por lesionado el derecho a la petición. …la respuesta solicitada debe ser formal y pronta, dando respuesta material a lo solicitado ya sea en sentido positivo o negativo, dentro de un plazo razonable” (las negrillas son incorporadas). Sobre el particular la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 1675/2013 de 4 de octubre, refiere que al interior del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), las respuestas que impliquen cuestiones de mero trámite deben ser realizadas en el plazo de veinticuatro horas, vencido el cual, se tiene por vulnerado el derecho de petición; asimismo, respecto a particulares, la SCP 1187/2014 de 10 de junio, en el FJ III.2 entiende que: “…debe tomarse en cuenta de forma análoga el plazo de tres días para absolver providencias de mero trámite, previsto en el art. 71.I del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo, en atención a que la solicitud no representaba mayor dificultad y podía ser satisfecha razonablemente en dicho plazo”.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0251_2025-S1.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): 53c0e33d03d270ea2e9bd4bf652dd6eac154c613abc32bd5e1370e32482e55b6

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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